Res. 02681-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Request to Suspend Demolition Order for Excess Density in Protected ZoneSolicitud de suspensión de demolición por densidad de vivienda en zona de protección

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02681 - 2024

Fecha de la Resolución: 23 de Abril del 2024 a las 11:30

Expediente: 23-006542-1027-CA

Redactado por: José Alvaro López Camacho

Clase de asunto: Medida Cautelar Intraprocesal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

23-006542-1027-CA - 0




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

LUZ AMPARO LARA  IBARRA




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

 

 N° 2024002681

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con treinta minutos del ventitres de Abril del dos mil venticuatro.-

 

Se conoce medida cautelar intraprocesal interpuesta por MARCO ANTONIO MONTOYA LARA, cédula de identidad 117120427, y LUZ AMPARO LARA IBARRA, cédula de identidad 602180327, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.-

 

RESULTANDO

 

Primero:  Mediante escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2024, la parte promovente formuló solicitud de medida cautelar, planteando como pretensión cautelar lo siguiente: "[…] Se suspendan los efectos jurídicos de la Resolución N° IU-119-2022 de las 7:00 horas del 8 de junio de 2022 y Resolución N° IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024, dictadas ambas por el Departamento de Ingeniería Urbana de la Municipalidad demandada, hasta tanto el Proceso de Conocimiento Principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme. // II. Se le ordene a la Municipalidad demandada no ejecutar la Resolución N° IU-119-2022 de las 7:00 horas del 8 de junio de 2022 y Resolución N° IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024, hasta tanto el Proceso de Conocimiento Principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme." (ver imagen 17 del legajo de medida cautelar). Es evidente entonces que, en síntesis, la solicitud de medida cautelar formulada por la parte accionante consiste en que se suspendan los efectos jurídicos de las resoluciones N° IU-119-2022 y N° IU-010-2024 emitidos por la municipalidad accionada, lo anterior hasta tanto sea resuelta mediante sentencia firme el presente proceso.

 

Segundo: Mediante el auto de las diez horas treinta y uno minutos del catorce de febrero de dos mil veinticuatro, el juez tramitador encargado del caso rechaza la medida provisionalísima en los siguientes términos: "(...) Se rechaza la medida cautelar solicitada en carácter provisionalísima, pues analizada la teoría del caso expuesta y la prueba aportada, se considera conveniente y necesario, de previo a la resolución definitiva del asunto, dar audiencia a la parte accionada, máxime dado que la discusión entre las partes radica en la suspensión de una orden de demolición de áreas de una construcción, sin que se establezca claramente de la prueba aportada o las manifestaciones de la misma parte a cuales sectores de la edificación se refiere, ni tampoco si estos constituyen parte esencial de alguna vivienda o similar. Resulta necesario conferir la audiencia respectiva con el propósito de escuchar la posición municipal para verificar la urgencia del asunto, dado que no se aprecia en los elementos expuestos en la solicitud cautelar. Por ende de la anterior medida cautelar planteada, de conformidad con lo establecido en el articulo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se concede a la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA audiencia escrita por TRES DÍAS HÁBILES, para que se pronuncie y ofrezca la prueba que estime pertinente. Se advierte al accionado, que en el primer escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Así mismo, de previo a dar traslado de la presente resolución al accionado, procesa el interesado a señalar una dirección exacta para notificar al demandado, toda vez que se echa de menos en su escrito. Lo anterior bajo consecuencia de atender futuras gestiones en caso de ser omiso." (ver imagen 32 del legajo de medidas cautelares, destacado propio).

 

Tercero:  Que la representación del accionado se pronunció respecto de la medida cautelar, solicitando, en síntesis, que la misma sea rechazada por no concurrir ninguno de los presupuestos legales para su otorgamiento. La representación de la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA rechaza la gestión formulada indicando que no cumple con los presupuestos y requisitos necesarios para que la medida sea otorgada (ver imágenes 39 a 41 del legajo de medida cautelar). Lo anterior por cuanto, en síntesis, señala la representación del accionado que la gestionante actúa de forma temeraria por cuanto es de larga data conocido por la misma que incumplieron con los permisos constructivos otorgados, convirtiendo una construcción destinada a vivienda en un complejo de apartamentos, en abierto incumplimiento de lo autorizado por la municipalidad cuando solicitaron los permisos constructivos. De tal manera, considera el accionado que no se configura la apariencia de buen derecho de la gestión formulada, sin que exista ningún elemento que permita considerar que exista confusión o anuencia de la autoridad municipal para violentar las autorizaciones otorgadas. Sobre el peligro en la demora la parte accionada señala que al momento de brindar su respuesta no se les ha notificado del proceso de conocimiento, y que se han realizado las prevenciones a los accionantes, después de lo cual se iniciarían las gestiones para la demolición, por lo cual se han extendido todas las garantías para normalizar su actución ilegal. De tal manera, la municipalidad sostiene que no se puede pretender que los daños potenciales alegados por los accionantes existan, incluso cuando la interposición del proceso de conocimiento imposibilitaría de hecho ejecutar el proceso de demolición hasta que la vía judicial sea finalizada. Por tales razones, considera la municipalidad accionada que no existen elementos que permitan el dictado de una medida cautelar como la que se solicita y solicita que sea declarada sin lugar. Como prueba aporta el oficio IU-021-2024 de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, visible a imágenes 42 a 47 del legajo de medida cautelar, en el que se informa de la situación legal de la construcción de los accionantes.

 

Cuarto: Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes.

 

CONSIDERANDO:

 

I.- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto, la parte promovente solicita una medida cautelar con el fin de que se declare lo siguiente: "[…] Se suspendan los efectos jurídicos de la Resolución N° IU-119-2022 de las 7:00 horas del 8 de junio de 2022 y Resolución N° IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024, dictadas ambas por el Departamento de Ingeniería Urbana de la Municipalidad demandada, hasta tanto el Proceso de Conocimiento Principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme. // II. Se le ordene a la Municipalidad demandada no ejecutar la Resolución N° IU-119-2022 de las 7:00 horas del 8 de junio de 2022 y Resolución N° IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024, hasta tanto el Proceso de Conocimiento Principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme." (ver imagen 17 del legajo de medida cautelar). Es evidente entonces que, en síntesis, la solicitud de medida cautelar formulada por la parte accionante consiste en que se suspendan los efectos jurídicos de las resoluciones N° IU-119-2022 y N° IU-010-2024 emitidos por la municipalidad accionada, lo anterior hasta tanto sea resuelta mediante sentencia firme el presente proceso. Tal como se indicó anteriormente, es evidente entonces que, en síntesis, la solicitud de medida cautelar formulada por la parte accionante consiste en una solicitud de tutela cautelar de carácter suspensivo y provisional para que no se ejecuten las resoluciones citadas mientras no se resuelva por sentencia firme el proceso de conocimiento, lo cual la parte actora denomina como medidas "asegurativas" con el objetivo de que la parte demandada no ejecute dichos actos.

 

II.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En términos generales, la parte accionante indica lo siguiente sobre el fundamento de su gestión: En síntesis, la parte accionante realiza un recuento de lo que denomina "relación de hechos" de la solicitud de tutela cautelar, en la cual mantiene que son propietario y usufructuria de la finca N° 4-201282, y en la resolución que se pide suspender (IU-119-2022) se afirma que en dicha finca se realizó una construcción que irrespeta los planos aprobados y sin la debida licencia de construcción, por lo que se ordena en el plazo de 30 días realizar las modificaciones y demoliciones necesarias para poner a derecho la situación y cumplir con la densidad permitida. Señala también que contra dicha decisión se interpusieron los recursos en sede administrativa, por violación al principio de intangibilidad de los actos propios y el principio de confianza legítima interdicción de arbitrariedad y principio de legalidad. Como resultado el departamento de Ingeniería Urbana dicta la resolución IU-145-2022 en la que rechaza la revocatoria y eleva la apelación ante la alcaldía, incorporando hechos y motivos que no fueron mencionados en la resolución IU-119-2022 (impermeabilización de la sección de parqueos). Señala también en dicho recuento que el alcalde municipal emite al resolución AM-82-2021, en la que rechaza la apelación formulada y resuelve mantener el plazo otorgado de 30 días para realizar las modificaciones y demoliciones de obras. Luego contra dicha resolución de la alcaldía indica la parte accionante que se presentó la revocatoria ante el alcalde con apelación en subsidio, recursos que fueron rechazados (resolución AM-84-2022) y N°2023004068 que declara inadmisible la apelación (expediente 22-005262-1027-CA) quedando así agotada la vía administrativa. Por lo que se interpuso el proceso de conocimiento tramitado en el expediente N°23-006542-1027-CA en que se pretende la declaratoria de disconformidad de las resoluciones citadas con el ordenamiento jurídico y su nulidad absoluta. Lo anterior por cuanto la parte actora señala, en síntesis, que sin destruir o anular los actos favorables emitidos durante la tramitación de la licencia de construcción N°5-1563, los desconoce tácitamente. Al respecto de lo indicado señala lo siguiente: "(...) Según se demuestra con los hechos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de la demanda principal, la demandada emitió a lo largo del proceso de construcción una serie de actos administrativos favorables a favor de la construcción de la obra, que van desde los simples actos de los inspectores (boletas de inspección), hasta el acto administrativo final de recibimiento de obra, del 10 de mayo de 2019, en el que la Municipalidad da por terminada la construcción. // Así las cosas, siendo que las resoluciones objeto de nulidad desconocen tácitamente los actos preexistentes firmes y favorables que la Administración emitió a favor de la construcción, y en respeto del principio de intangibilidad de los actos propios, principio de la confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad, no queda más que concluir que dichas resoluciones son absolutamente nulas por lesión al artículo 158 párrafo 3 LGAP. // En segundo lugar, se alega la nulidad absoluta de las resoluciones IU-119-2022, IU-145-2022, AM-82-2021 y AM-84-2022, por ausencia de elementos esenciales del acto (Motivación) en tanto, dichas resoluciones se fundamentan en los artículos 88, 89, 93, y 96 de la Ley de Construcciones, esto, a pesar de que dichos artículos están previstos para edificaciones ilegales, es decir, cuando una construcción se ha realizado sin licencia de construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad, circunstancias de hecho que no ocurrieron en la construcción de mi propiedad, por cuanto la misma se construyó con licencia y aprobación final de la Municipalidad, por lo que es evidente que no pueden ser utilizados como fundamento de estas Resoluciones. // Por ultimo, se argumenta que las resoluciones IU-145-2022, AM-82-2021 y AM-84-2022, lesionan de manera grosera el principio de intimación e imputación, ya que las mismas incorporan en la motivación del acto “considerando”, hechos que nunca me fueron imputados en la Resolución IU-119-2022." (ver imágenes 7 y 8 del legajo de medida cautelar). Finalmente, refiere la parte actora a que estándo en trámite el proceso de conocimiento, el 01 de febrero de 20245 se les notifica la resolución IU-010-2024 - cuyos efectos también se pide suspender - , mediante la cual se ordena la ejecución administrativa de la resolución N° IU-119-2022 al indicarse que los propieterios no han puesto a derecho las obras, así como también que de no cumplirse en el plazo fijado la municipalidad podrá ordenar la desocupación del local y ordenar la destrucción de las partes defectuosas a costa del propietario, con apercibimiento por un eventual proceso penal por desobediencia. Por último indicó la representación de la parte actora que el plazo vencía el 14 de marzo de 2024 y de acuerdo a la última declaración de bienes inmuebles las propiedad tiene un valor total de ¢270.000.000,00 y solo el valor de la construcción alcanza ¢235.000.000,00. Propiamente sobre los prespuestos de la tutela cautelar solicitada, luego del recuento antes señalado, sobre el denominado fumus boni iuris  la parte accionante realiza un desarrollo general de dicho presupuesto, con cita de jurisprudencia, y destaca lo que denomina una "nulidad absoluta" de las resoluciones IU-119-2022, IU-145-2022, AM-82-2021 y AM-84-2022 por violación indirecta al principio de intangibilidad de los actos propios, puesto que la Municipalidad sin destruir o anular expresamente los actos favorables emitidos por ella misma durante la tramitación de la licencia de construcción N°5-1563, los desconoce tácitamente, en los términos antes indicados con detalle. Considera la parte actora que las pretensiones de la demanda de conocimiento giran en torno a la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico de las resoluciones mencionadas, y como consecuencia de esta disconformidad, la declaratoria de nulidad absoluta de las mismas, y el pago de los daños ocasionados por la Administración. En tales términos, la parte accionante señala que considera cumplido el requisito del fumus boni iuris. Ahora bien, sobre el peligro en la demora, al igual que el presupuesto anterior la parte actora realiza un recuento general y citas de jurisprudencia sobre el mismo, y luego de esto destaca que la ejecución de la Resolución N° IU-119-2022 y Resolución N° IU-010-2024, les produciría graves daños y perjuicios, que califica como "irreversibles" en su esfera patrimonial, así como en la emocional. En síntesis, señala lo siguiente respecto de este presupuesto: "(...) Tomando en cuenta que la construcción objeto de demolición tiene un valor económico significativo, concretamente de ₡235.000.000,00, según la última declaración de bienes inmuebles, cualquier modificación que se realice en la misma nos genera un daño y perjuicio patrimonial grave irreversible. // La afectación en nuestra esfera patrimonial se daría a causa de la perdida de valor que sufriría la construcción al verse sometida a demoliciones y/o modificaciones, mismas que como se fundamentan en la demanda principal, son contrarias al ordenamiento jurídico en tanto los actos administrativos que las ordenan son absolutamente nulos.// En caso de que los suscritos no realicen las modificaciones o demoliciones en el plazo de 30 días otorgados, el daño sería peor, en tanto la Municipalidad, procederá, según nos intimó, a ordenar la demolición y modificación de obras que considera no se encuentran a derecho en nuestra construcción, todo esto a costa de nosotros. //  Es decir, no solo se nos estaría afectando patrimonialmente con la perdida de valor que sufriría la construcción, sino que además nosotros tendríamos pagar el costo de la demolición y modificación. // Con un agravante adicional, y es que, según la intimación de la Municipalidad, nos veríamos además sometidos a un proceso penal por el delito de desobediencia del articulo 314 del Código Penal." (ver imágenes 13 a 14 del legajo de medida cautelar). En síntesis, la parte actora considera que de no suspenderse la ejecución la demanda carecería de toda efectividad en el tanto que el perjuicio ya se habría ocasinado, tornándose ilusorio el derecho al acceso a la justicia.  Por último, sobre la ponderación de intereses en juego la representación de la parte actora igualmente realiza un recuento general sobre dicho presupuesto de la tutela cautelar, para luego señalar que la medida de suspensión no lesiona el interés público, ni provoca daños y perjuicios a terceros, mas bien considera que su ejecución sí implica graves daños y perjuicios a la situación jurídica de la parte actora, tal y como ha expuesto en su gestión, en síntesis señala lo siguiente. "(...) La orden de no ejecutar dichas resoluciones no supone una lesión al interés público ni mucho menos una afectación sustantiva al normal funcionamiento de la Municipalidad demandada. // Tome en cuenta este juzgador que las resoluciones objeto de ejecución no se fundamentan en la existencia de una edificación ruinosa, ni se trata de una edificación catalogada como peligrosa que pueda poner en peligro la vida e integridad de personas, con lo cual es claro que al acogerse la medida no se estaría generando daños ni perjuicios a terceros." (ver imagen 16 del legajo de medida cautelar, destacado propio). Por tales razones la parte actora solicita se acoja la medida de suspensión solicitada y ofrece como prueba los siguientes elementos: Elemento de probatorio N°1) La que consta en el expediente aportada con la demanda principal, en que se ofrece, según imagen 29 del expediente principal tres elementos: 1.a. Certificación literal de la propiedad N° 4-201282. 1.b. Copia del expediente administrativo llamado “Finca 201282” debidamente certificado por la Municipalidad, el cual consta de 343 folios. 1.c. Resolución N°2023004068 de las 15:33 del 3 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo como contralor no jerárquico de legalidad. Elemento de probatorio N°2) Resolución IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024 dictada por Ingeniería Urbana de la Municipalidad demanda. Elemento de probatorio 3) Declaración de bienes inmuebles, N°23600, del 15 de julio de 2022.

 

III.- SOBRE LA PARTE DEMANDADA. En síntesis, tal como se indicó previamente, la parte accionada se pronunció respecto de la medida cautelar, solicitando que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento.  Tal como se indicó previamente y consta en imágenes 39 a 41 del legajo de medida cautelar, la representación de la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA rechaza la gestión formulada indicando que no cumple con los presupuestos y requisitos necesarios para que la medida sea otorgada. Lo anterior por cuanto, en lo medular, señala la representación del accionado que la gestionante actúa de forma temeraria por cuanto es de larga data conocido por la misma que incumplieron con los permisos constructivos otorgados, convirtiendo una construcción destinada a vivienda en un complejo de apartamentos, en abierto incumplimiento de lo autorizado por la municipalidad cuando solicitaron los permisos constructivos. De tal manera, considera el accionado que no se configura la apariencia de buen derecho de la gestión formulada, sin que exista ningún elemento que permita considerar que exista confusión o anuencia de la autoridad municipal para violentar las autorizaciones otorgadas. Sobre el peligro en la demora la parte accionada señala que al momento de brindar su respuesta no se les ha notificado del proceso de conocimiento, y que se han realizado las prevenciones a los accionantes, después de lo cual se iniciarían las gestiones para la demolición, por lo cual se han extendido todas las garantías para normalizar su actución ilegal. De tal manera, la municipalidad sostiene que no se puede pretender que los daños potenciales alegados por los accionantes existan, incluso cuando la interposición del proceso de conocimiento imposibilitaría de hecho ejecutar el proceso de demolición hasta que la vía judicial sea finalizada. Por tales razones, considera la municipalidad accionada que no existen elementos que permitan el dictado de una medida cautelar como la que se solicita y solicita que sea declarada sin lugar. Como prueba aporta el oficio IU-021-2024 de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, visible a imágenes 42 a 47 del legajo de medida cautelar, en el que se informa de la situación legal de la cosntrucción de los accionantes.

 

IV.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, así como en fallos anteriores de este Tribunal (ver, entre otros, el fallo N°38-2022 de las diez horas diez minutos del doce de enero de dos mi veintidós) la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). En el voto #4074-2010 el Tribunal Contencioso Administrativo señala que: “los presupuestos de la tutela cautelar son tres, el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho y la ponderación de los intereses, particularmente el interés público” y “[s]ólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada” (Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n.° 4074-2010 de las 13:21 hrs. del 29 de octubre de 2010). También el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha señalado en el mismo sentido: “En el caso de las medidas cautelares, esto implica que, en adición a lo relativo a las características estructurales de instrumentalidad y provisionalidad, la resolución debe explicar de forma clara y suficiente de qué modo concurren o no los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de los intereses en juego, ninguno de ellos puede ser dejado de lado, pues para la procedencia de la medida que se adopte la ley exige la concurrencia de todos ellos […] si este Tribunal hipotéticamente acogiese los alegatos relativos a este extremo, y entendiera que el elemento de ponderación de intereses sí está presente eso obligaría a este Tribunal en primera y única instancia a entrar a analizar y a desarrollar el tema de ponderación de intereses en una forma que omitió el juez de instancia, por lo cual, como bien lo señaló en su momento la parte, estaría haciendo que este Tribunal sustituya al juzgador de instancia en el análisis en primera o en única instancia de ese elemento, privando a la parte por lo tanto del derecho de recurrir al respecto de lo que se ha indicado" (ver resolución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, n.° 132-2017-I de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecisiete.  Cfr. 00:16:24 – 00:21:35 de la grabación digital del fallo correspondiente). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos”. Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba. Fijado el escenario de análisis y los tres elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se analiza de seguido el caso concreto.-

 

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Las medidas cautelares para su aprobación requieren la concurrencia de los tres elementos antes indicados (apariencia de buen derecho en su visión invertida casi asimilable a un "fumus non mali iuris", peligro en la mora y el equilibrio de intereses). Además, esta medida cautelar debe ser instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la eficacia de la sentencia del expediente principal. Es responsabilidad del promovente explicar, analizar y fundamentar cada uno de estos presupuestos y de las partes demandadas debatir los argumentos presentados y así, con base en las teorías de las partes y las pruebas mencionadas determinar lo que derecho corresponde sobre el fondo de la medida solicitada. La pretensión de tutela cautelar de la parte actora pretende que se suspenda la ejecución de lo dispuesto en los actos administrativos impugnados (Resolución N° IU-119-2022 de las 7:00 horas del 8 de junio de 2022 y Resolución N° IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024, dictadas ambas por el Departamento de Ingeniería Urbana de la Municipalidad demandada, en adelante simplemente los "actos administrativos impugnados"); lo anterior hasta tanto el proceso de conocimiento principal no haya sido resuelto mediante sentencia firme, ya que sin destruir o anular los actos favorables emitidos durante la tramitación de la licencia de construcción N°5-1563, los desconoce en forma "tácita" con los actos cuyos efectos que pide suspender. Así las cosas, en lo medular, tal como la parte gestionante manifiesta expresamente, su interés radica en que se suspendan los efectos de los actos administrativos impugnados que considera viciados de nulidad absoluta. Por otro lado, la municipalidad accionada se pronunció solicitando el rechazo de la medida en todos sus extremos por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento por cuanto señala que la accionante actúa de forma temeraria, ya que es de larga data conocido por la misma que incumplieron con los permisos constructivos otorgados, convirtiendo una construcción destinada a vivienda en un complejo de apartamentos, en abierto incumplimiento de lo autorizado por la municipalidad cuando solicitaron los permisos constructivos. V. A).- SOBRE LOS DENOMINADOS "ELEMENTOS ESTRUCTURALES": Para empezar, sobre los denominados "elementos estructurales" de la tutela cautelar, independientemente de lo que pueda llegar a definirse en el proceso de conocimiento y de los cuestionamientos que se plantean respecto de la conducta administrativa, sobre tales denominadas características "estructurales" de la medida cautelar, entre otros, se ha indicado en el fallo 2023006573 de las veintiuno horas con veintisiete minutos del diecinueve de Diciembre del dos mil veintitrés, lo siguiente: "IV.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. // Para la determinación de la procedencia de la medida es también importante tomar en cuenta, - tal y como fuera señalado supra y además de los presupuestos ya indicados-, que la medida que vaya adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.- La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.- La provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las circunstancias así lo impongan. Es decir, tiene efectos supeditados a la pendencia de aquel proceso, tanto como y, - por otro lado-, a la permanencia en el tiempo de las circunstancias que fuesen tomadas en cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-Todo proceso judicial conlleva un debido proceso que da pie a una serie de etapas que deben irse precluyendo para poder llegar a una resolución que el conflicto ya judicializado de manera definitiva. Es justamente la dilatación de los procesos judiciales lo que origina que opere el peligro en la demora, aunado al peligro o urgencia de que mientras se da el curso normal de la acción se pierda o altere el derecho de la parte o de intereses jurídicamente relevantes de alguna de las partes y es así como lo prevee el ordenamiento jurídico en su numeral 78 del Código Procesal Civil, el cual se aplica de manera analógica a esta materia. La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera parte. 4.- La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísimo efectuada por el órgano jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el proceso de conocimiento.-". Ahora bien, en relación con las denominadas características "estructurales" de las medidas cautelares, ha quedado muy claro de las manifestaciones de la representación de la parte actora que su interés principal con la presente solicitud de tutela cautelar consiste en que se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico de lo dispuesto y ordenado en los actos administrativos cuya ejecución se pide suspender. Es decir, se trata de una medida cautelar de carácter suspensivo de los efectos de las resoluciones N° IU-119-2022 y N° IU-010-2024, pues considera que dichas resoluciones están viciadas de nulidad absoluta y violentan los principios de intangibilidad de los actos propios, el confianza legítima, interdicción de arbitrariedad y el principio de legalidad. Así las cosas, lo peticionado sí guarda relación con lo discutido en el proceso de fondo, en el mismo se pretende también que se declare la nulidad absoluta de los actos impugnados, así como una condenatoria en daños y perjuicios (ver apartado 08) "pretensiones" imagen 29 del expediente principal), y en el tanto se solicita como una medida asegurativa que se suspendan los efectos de dichas resoluciones impugnadas mientras se discute el proceso judicial se trata de una solicitud de pronunciamiento en carácter provisional. Distinto es que dicha solicitud de tutela catuelar formulada por la  parte accionante cumpla con los presupuestos para su aprobación, y en este sentido es criterio del presente juzgador que la tutela cautelar solicitada por la parte actora no cumple con ninguno de los presupuestos requeridos para su aprobación en esta sede de tutela cautelar, por lo que la misma debe ser RECHAZADA en todos sus extremos, tal y como se verá a continuación con detalle. V. B).- SOBRE LA DENOMINADA APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Ahora bien, respecto de los presupuestos necesarios para la procedencia de la tutela cautelar, cabe indicar que el análisis del presupuesto de la tutela cautelar contemplado en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) de que la pretensión no es temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, no se corresponde con la acreditación de una verosimilitud de "buen derecho" de la demanda; precisamente porque el análisis que se realiza en sede cautelar de caracter sumario no se corresponde con una valoración del fondo del asunto, ni puede ser así, tal y como ha indicado en su momento el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo el presupuesto de "no temeridad" "[…] no es una valoración del fondo del proceso, ni puede serlo, ni debe serlo, no puede confundir el juzgador los requisitos propios de una cautelar con un procedimiento definitivo sobre la validez o antijuricidad de una conducta administrativa, esto nos llevaría a una justicia definitiva por la vía cautelar y esto no es la finalidad del objeto. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, voto 05-F-TC-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Al respecto, se considera que una vez analizada la denominada "teoría del caso" formulada por la parte actora en su gestión, y referida en esta resolución en los apartados precedentes a los cuales se remite, así como sus argumentos empleados y sin entrar a analizar por el fondo el asunto que plantea la parte actora, este juzgador considera que no se configura ni siquiera el primer requisito para la tutela cautelar, por cuanto la acción formulada carece de la más elemental apariencia de buen derecho, en este sentido lleva razón la representación del accionado al indicar que no se configura ninguno de los presupuestos de la tutela cautelar. Lo anterior resulta evidente si se analiza el contenido de lo dispuesto en los actos cuestionados según la cita que realiza la misma parte actora en su gestión. El primero de estos actos cuya suspensión se pide disponde lo siguiente: "(...) Con base en lo expuesto anteriormente y en cumplimiento a la Ley de Planificación Urbana y sus reglamentos, así como otras normas afines, y en estricto apego al principio de Legalidad regulado en los artículos 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, se le concede un plazo improrrogable de 30 días para (sic) proceda a poner a derecho su situación mediante realizar por su cuenta las modificación y/o demoliciones necesarias de las obras que no se apeguen a cabalidad con la ley, y de esta forma efectúe lo necesario para cumplir con la densidad permitida de una única vivienda y de las áreas y espacios debidamente aprobados en los planos constructivos, y dé acatamiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente" (N°IU-119-2022, ver imagen 3 del legajo de medida cautelar). El segundo de los actos, según cita que realiza también la parte actora dispone lo siguiente: "(...) Con base en lo expuesto anteriormente y en cumplimiento a la Ley de Planificación Urbana y sus reglamentos, así como otras normas afines, y en estricto apego al principio de Legalidad regulado en los artículos 11 constitcional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, se da un plazo improrrgable de 30 días para (sic) proceda a poner a derecho su situación mediante realizar por su cuenta las modificación y/o demoliciones necesarias de las obras que no se apeguen a cabalidad con la ley, y de esta forma efectúe lo necesario para cumplir con la densidad permitida de una única vivienda y de las áreas y espacios debidamente aprobados en los planos constructivos, y dé acatamiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente" (N°IU-010-2024, ver imagen 9 del legajo de medida cautelar). Así las cosas, según la cita que realiza la propia parte actora lo dispuesto por los actos que se pide suspender es que en el plazo de treinta días se proceda a "poner a derecho" su situación mediante la realización de las modificaciones pertinentes en la edificación para ajustarse a la densidad permitida de una única vivienda y los planos constructivos aprobados. En otras palabras, en síntesis, lo ordenado en los actos cuya suspensión se pide es otorgar un plazo al administrado para poner a derecho su situación respecto de los planos aprobados y la densidad de una única vivienda. Así las cosas, del estudio de los autos que conforman el presente legajo de medida cautelar y el expediente principal (ver, entre otros elementos, los documentos que constan en las imágenes 36, 42, 43, 61, 66, 70, 85, 88, 89, 91, 93, 108, 114 y 118 del expediente principal) no puede considerarse que se configure el primer presupuesto de la tutela cautelar, por cuanto se solicita suspender los efectos de actos que otorgan al administrado un plazo para ajustar lo construido a derecho y a la densidad permitida de una única vivienda en la finca. No obstante, en lo medular, los accionantes pretenden que se deje sin efecto dichas resoluciones al alegar violentados "tácitamente" actos propios y el principio de confianza legítima. Ahora bien, lo que se conoce en nuestro ordenamiento como doctrina de los "propios actos" y que se sintetiza en el aforismo venire contra factum propium non valet, tiene sus raíces en principios generales de buena fe y confianza legítima, y en este sentido existe un principio general según el cual nadie puede volver sobre sus propios actos. La hoy abundante jurisprudencia emitida por nuestra Sala Constitucional ha reconocido en incontables ocasiones la vigencia de este principio (entre muchas véanse las resoluciones No. 2866-93 de las diez horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y tres, No.5808-93 de las 16:42 horas del 10 de noviembre de 1993, N° 5910-94 de las once horas treinta y tres minutos del siete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, N°2186-94 de las 17:03 horas del 4 de mayo de 1994; N° 899-95 de las 17:18 horas del 15 de febrero de 1995 y N° 08173-98 de las dieciocho horas con seis minutos del diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Y sobre los actos propios en general los votos 31-89, 458-90, 1605-90, 1635-90, 1721-90, 1850-90, 1732-91, 3171-92, 2754-93) lo cual impide suprimir de la esfera jurídica del administrado lo que ha ingresado en ella en virtud del propio acto de la administración, sin cumplir con los mecanismos dispuestos por el propio ordenamiento para dicha supresión. Asimismo, sobre el principio de confianza legítima ha señalado la jurisprudencia aplicable: “…IV.- EL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL CIUDADANO FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS. Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre constitucional, la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente: “Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró que este principio “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de intereses en juego –interés individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos con graves perjuicios en su patrimonio”. En cuanto a los requisitos del principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes: 1. Debe mediar un acto de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas como interesado son razonables. 2. La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado. 3. Un acto de la Administración Pública –v. gr. un reglamento- que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado. 4. La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado. 5. El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen. El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos: 1. Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales. 2. Opera como una garantía del principio de igualdad. 3. Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados. El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico.” JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –  IUS consultec y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 294-296…” (Voto número 2010-010171 de nueve horas y cincuenta y ocho minutos del once de junio del dos mil diez, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, destacado propio). Ahora bien, para efectos de valorar lo que en derecho corresponda con respecto a las consecuencias de lo indicado previamente para este caso concreto respecto de la tutela cautelar solicitada, es necesario señalar que está fuera de discusión a los efectos del caso que aquí interesa que la propiedad en mención es afectada por el "Área de Control Urbanístico" contemplada en el decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE, una zona especial de protección en la que solamente se permite construir una vivienda por finca para uso de sus propietarios. En el expediente administrativo aportado a los autos, consta que el denomiado permiso de construcción Licencia N°5-1563 indica expresamente: "(...) se está aprobando únicamente una UNIDAD Habitacional Independiente"  (ver imagen 85 del expediente principal donde consta el permiso de construcción) y que en dicha propiedad afectada por el decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE, no está permitido más de una única unidad habitacional independiente, por lo que después de varios rechazos y comunicaciones, lo aprobado por el ente municipal se hizo con la aclaración de que era una única vivienda. Es importante destacar entre los elementos de prueba aportados consta el oficio DPUT-246-2020 en que se indica: "(...) la empresa de Servicios Públicos de Heredia a raíz de una solicitud de nueve disponibilidades de agua potable presentada por le señor Pablo Sánchez Vindas, consulta a la Municipalidad si para la finca 4-201228-000 se ha aprobado un proyecto de nueve apartamentos, consulta que fue contestada mediante el oficio N°MSRH-IUGUT-271-2019 indicando que únicamente se ha aprobado para dicha propiedad un proyecto correspondiente a una casa de habitación de 649m2 y que considerando el sitio donde se encuentra dicho terreno no era posible el desarrollo de apartamentos. // Considerando la información anteriormente expuesta el proyecto en cuestión fue aprobado y recibido por la Municipalidad al cumplir con la normativa vigente, no obstante, cabe la posibilidad que al mismo se le esté dando otro uso, situación que tendría que verificarse con una inspección de campo..." (ver imagen 228 del expediente principal, destacado propio). En el oficio IU-021-2024 visible a imágenes 42 a 47 del legajo de medida cautelar, se realiza un recuento de los resultados de las inspecciones realizadas por la municipalidad, las cuales dan como resultado que "aparentemente hoy día no es una única vivienda ya que se observa numeraciones como indicando número de habitación o apartamento...", concluyendo la Unidad de Gestión Urbana Territorial en el citado oficio lo siguiente: "(...) a la fecha los propietarios registrales no han puesto a derecho las obras que se realizaron y que modificaron el diseño inicialmente aprobado, mismas modificaciones no autorizadas y que cambiaron la densidad máxima permitida irrespetando el Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE" (ver imagen 47 del legajo de medida cautelar). En el mismo sentido también pueden consultase los oficios OIM-A-110-18 (imágenes 108 a 113 del expediente principal), acta de notificación N°04024 (imagen 114 del expediente principal), OIM-H-150-18 (imágenes 118 a 124 del expediente principal), oficio MSRH-IUGUT-271-2019 (visible a imágenes 180 a  183 del expediente principal), oficio DPUT-246-2020 (imágenes 223 a 228 del expediente principal), oficio IPUT-094-2021 (imágenes 298 a 299 del expediente principal). Así las cosas, consta en el expediente administrativo aportado por la propia parte accionante que el ente municipal le comunicó en su momento al administado que debía realizar cambios en lo edificado para poder cumplir con los planos aprobados y eliminar cualquier prevista que pudiera generar más de una unidad habitacional. De tal manera que, a la luz de los elementos de prueba que constan en autos, lo dispuesto en los actos administrativos que se pide suspender en el tanto ordenan poner a derecho la edificación mediante la realización de las modificaciones pertinentes para ajustarse a la densidad permitida de una única vivienda y los planos constructivos aprobados, desde una valoración sumaria propia de la sede cautelar, es plenamente consistente y no podría decirse que la municipalidad ha variado su posición en sede administrativa, dado que los elementos probatorios indican que el "permiso de construcción" Licencia N°5-1563 indica expresamente: "(...) se está aprobando únicamente una UNIDAD Habitacional Independiente"  (ver imagen 85 del expediente principal donde consta el permiso de construcción). Así las cosas, al disponer los actos administrativos cuya suspensión se pide que se ajuste lo construido al permiso de construcción y la densidad permitida de una única vivienda no se evidencia incongruencia alguna. En otras palabras, consta en autos que se otorgó una licencia con la observación que era para una única unidad habitacional, y si lo construido en la realidad se ajusta a dicha licencia, no habría perjuicio alguno con los actos que se pide suspender por cuanto si en la realidad solamente existe una única unidad habitacional independiente no habría que realizar ninguna modificación - nótese que la parte accionante no detalla siquiera en su gestión en qué consistirían exactamente las modificaciones que se vería obligada a asumir como era su obligación y carga procesal- ; por el contrario, si en la realidad se ha construido más de una única unidad habitacional independiente lo que resultaría evidente entonces es mas bien el desajuste con la licencia N°5-1563 y la ausencia de apariencia de buen derecho en lo peticionado. En cualquiera de los dos escenarios, carece de apariencia de buen derecho la suspensión solicitada. Por tal razón, no se cumple ni siquiera con el primero de los presupuestos requeridos para la tutela requerida. V. C).- ACERCA DEL PRESUPUESTO DEL GRAVE DAÑO: Independiente de lo indicado acerca de la no configuración del primer y más elemental requisito de la tutela cautelar visto en el apartado anterior, a los efectos que legalmente correspondan, y para que conste el análisis de lo referente al daño grave, aspecto central en las argumentaciones que presenta la parte gestionante en su gestión, se procede a indicar que dicho presupuesto procesal tampoco se configura tal y como de seguido se verá. Respecto del peligro en la demora, se ha indicado antes por este Tribunal,  en el fallo 009-2021-T de las doce horas y tres minutos del día siete de enero de dos mil veintiuno que: "...para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, a la situación jurídica de la parte promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil." Sobre este presupuesto de tutela cautelar se ha indicado también, en su momento "[…] la actual legislación viene a establecer una flexibilización del antiguo sistema procesal que hablaba de “imposible o difícil reparación” – o sea, era rígido –, pasamos de una posición sumamente rígida de demostración de esos daños y perjuicios de “imposible y difícil reparación” a un sistema más flexible, precisamente en la filosofía de apertura de las cautelares […] a un rango de “gravedad” que tienen que llenar los perjuicios.  Por lo tanto, hablar de que se tienen que demostrar graves daños de difícil o imposible reparación es una frase que ya no existe […] Pero el límite, y esto es lo que es importante, de justamente que establece el artículo 21 son “graves” la palabra “graves”, de esa gravedad “hacia arriba” procede la cautelar, de esa gravedad “hacia abajo”  lo que no pueda entrar y clasificarse como grave no entra dentro del presupuesto de la cautelar.  En otras palabras, si los daños no alcanzan ese rango de “gravedad” la medida no procede […]. (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolución 286-08 de las doce horas treinta minutos del nueve de mayo de 2008. Cfr. 12:34:22 – 12:35:27 de la grabación digital correspondiente, exp. 08-35-1027-CA).  Ahora bien, sobre el peligro en la demora indica la gestionante, en síntesis, que con la medida solicitada se pretende evitar graves daños y perjuicios, que califica como "irreversibles" en su esfera patrimonial, así como en la emocional. En síntesis, señala lo siguiente respecto de este presupuesto: "(...) Tomando en cuenta que la construcción objeto de demolición tiene un valor económico significativo, concretamente de ₡235.000.000,00, según la última declaración de bienes inmuebles, cualquier modificación que se realice en la misma nos genera un daño y perjuicio patrimonial grave irreversible. // La afectación en nuestra esfera patrimonial se daría a causa de la perdida de valor que sufriría la construcción al verse sometida a demoliciones y/o modificaciones, mismas que como se fundamentan en la demanda principal, son contrarias al ordenamiento jurídico en tanto los actos administrativos que las ordenan son absolutamente nulos.// En caso de que los suscritos no realicen las modificaciones o demoliciones en el plazo de 30 días otorgados, el daño sería peor, en tanto la Municipalidad, procederá, según nos intimó, a ordenar la demolición y modificación de obras que considera no se encuentran a derecho en nuestra construcción, todo esto a costa de nosotros. //  Es decir, no solo se nos estaría afectando patrimonialmente con la perdida de valor que sufriría la construcción, sino que además nosotros tendríamos pagar el costo de la demolición y modificación. // Con un agravante adicional, y es que, según la intimación de la Municipalidad, nos veríamos además sometidos a un proceso penal por el delito de desobediencia del articulo 314 del Código Penal." (ver imágenes 13 a 14 del legajo de medida cautelar). En sustento de sus afirmaciones ofrece como prueba los siguientes elementos: Elemento de probatorio N°1) La que consta en el expediente aportada con la demanda principal, en que se ofrece, según imagen 29 del expediente principal tres elementos: 1.a. Certificación literal de la propiedad N° 4-201282. 1.b. Copia del expediente administrativo llamado “Finca 201282” debidamente certificado por la Municipalidad, el cual consta de 343 folios. 1.c. Resolución N°2023004068 de las 15:33 del 3 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo como contralor no jerárquico de legalidad. Elemento de probatorio N°2) Resolución IU-010-2024 de las 8:00 horas del 25 de enero de 2024 dictada por Ingeniería Urbana de la Municipalidad demanda. Elemento de probatorio N°3) Declaración de bienes inmuebles, N°23600, del 15 de julio de 2022. Tal como fue señalado en la resolución de las diez horas treinta y uno minutos del catorce de febrero de dos mil veinticuatro, en que el juez tramitador encargado del caso rechaza la medida provisionalísima la discusión fundamental de este caso radica en la suspensión de una orden de modificación o demolición de áreas de una construcción, sin que se establezca claramente de la prueba aportada o las manifestaciones de la misma parte a cuáles sectores concretos de la edificación se refiere, ni tampoco si estos constituyen parte esencial de alguna vivienda o similar. Sobre éstos aspectos que son los que específicamente interesan para efectos de valorar el grave daño asociado a los actos administrativos impugnados no se incorporan elementos de prueba por parte de la accionante, siendo que la carga procesal reace en la parte actora en este sentido. La declaración de bienes inmuebles visible en imagen 28 del legajo de medida cautelar indica el valor asociado a las obras y construcciones totales, más no específicamente a las modificaciones o demoliciones que, en su caso, tendrían que realizarse para ajustar la densidad a la permitida de una única vivienda y los planos constructivos aprobados, por lo que no existe elemento probatorio útil a los efectos de demostrar el grave daño asociado específicamente a los actos cuya suspensión de solicita, por lo que tampoco se puede tener por configurado este presupuesto, al haber incumplido la parte actora con las reglas que rigen la carga probatoria, ya que se debe presentar la prueba de respaldo de sus afirmaciones al tenor del artículo 41.1.1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria, por disposición del 220 del CPCA). Se debe indicar que en la materia de tutela cautelar rige el principio racional de prueba, que no es otra cosa que el necesario y posible a la luz del caso particular, tal y como ha indicado reiteradamente la jurisprudencia aplicable: "La certeza del daño, no exige sin embargo su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la gestión cautelar, de la urgencia y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es prácticamente imposible su comprobación. Algunas veces incluso, son consecuencia lógica e ineludible de la conducta pública, por lo que no exigen mayor elemento probatorio.  En este caso, debe darse una comprobación a 'través del principio racional de prueba', que no es otra cosa que el necesario y posible en cada caso particular." (Tribunal Contencioso Administrativo, Seccion Segunda, II Circuito Judicial de San José, N° 1-2007 de las once horas del doce de enero de 2007, citando el voto del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, número 167-2002, de las once horas diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dos, entre muchos otros). Así las cosas, los elementos que constan en autos llevan a este juzgador a tener por no configurado el segundo presupuesto de la tutela cautelar, según se ha detallado. Ahora bien, a mayor abundamiento de razones, sobre la aplicación de la carga probatoria en gestiones de tutela cautelar como la que nos ocupa ha indicado este Tribunal, en lo que interesa: "(...) El peligro y el daño no solo debe indicarse sino demostrarse, toda vez que es deber del accionante aportar todos los elementos probatorios que respalden su tesis al amparo de lo regulado por el numeral 41.1.1 del Código Procesal Civil utilizado supletoriamente por el canon 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así que si el actor no aporta prueba que respalde el grave daño que le produce la posible decisión administrativa, no puede este Juzgador suplir la función de la parte y presumir un posible daño sin un sustento probatorio, es decir, daño no solo debe indicarse de manera genérica o presumirse, sino debe detallarse de manera amplia para tratar de justificar adecuadamente el grave daño causado, además debe demostrarse, aspectos que no cumple la medida cautelar solicitada lo que hace difícil y contraproducente su adopción, pues para que opere el otorgamiento es necesario presencia de una probabilidad razonable y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con motivo de la dilación del proceso de conocimiento. Así, se requiere al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el gestionante estima como daño grave...." (resolución número 02274-2019, de las quince horas cincuenta y cinco minutos del 17 de diciembre del 2019, referida dentro del fallo del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, N°349-2020-I de las diez horas treinta minutos del siete de julio de dos mil veinte, destacado propio). En el presente caso, al igual que en el precedente referido del Superior el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, nos encontramos frente a un supuesto en que la prueba aportada a los autos no resulta idónea y suficiente para tener por configurado el segundo presupuesto de la tutela cautelar, por lo antes indicado en detalle. Así las cosas, se considera que a a luz de los elementos de prueba que se han hecho llegar a los autos, no hay prueba suficiente que permita establecer que el segundo elemento necesario para la tutela cautelar. En esencia este Juzgador considera que no se logra acreditar con prueba idónea en qué consistirían las modificaciones necesarias para ajustar lo construido como producto de las órdenes que se pide suspender. Nótese que según se ha indicado el diferendo radica en la suspensión de una orden de modificación o demolición de áreas de una construcción, sin que se establezca claramente de la prueba aportada o las manifestaciones de la misma parte a cuáles sectores concretos de la edificación se refiere, ni tampoco si estos constituyen parte esencial de alguna vivienda o similar. Sobre éstos aspectos que son los que específicamente interesan para efectos de valorar el grave daño asociado a los actos administrativos impugnados no se incorporan elementos de prueba por la parte accionante, siendo que la carga procesal reace en la parte actora en este sentido. Con fundamento en lo anterior, al no haber acreditado la parte accionante el supuesto del daño grave e imputable a la conducta administrativa que se pide suspender, resulta incluso innecesario ahondar en la ponderación de intereses en juego por cuanto los presupuestos para el otorgamiento de medidas cautelares no son excluyentes entre sí y a falta de uno de ellos la consecuencia es el rechazo de la petición formulada, debiendo rechazar la presente medida cautelar, como en efecto se dispone. V. D).- ACERCA DE LA PONDERACIÓN DE INTERESES EN JUEGO:  Así las cosas, aun y cuando los tres presupuestos básicos de la tutela cautelar deben ser analizados en forma de escalerilla, y que la configuración en el caso concreto del segundo supuesto, por lo dicho anteriormente, ha quedado descartado; para efectos de facilitar la tutela judicial efectiva en el presente caso concreto, y para que conste el análisis de los tres presupuestos a los efectos que en derecho correspondan, resulta pertinente entonces entrar al valorar lo correspondiente al tercer presupuesto relativo al equilibrio o ponderación de intereses en juego, de manera que quede plasmado en este fallo también lo pertinente respecto de la ponderación de intereses, así como la posible afectación al interés público y de terceros. Así las cosas, aun y dejando hipotéticamente de lado lo anteriormente indicado en cuanto a la no configuración del segundo presupuesto de la tutela cautelar, a los efectos que legalmente correspondan, ha de analizarse que, en cualquier caso, como tercer presupuesto de la tutela cautelar se encuentra lo relativo al equilibrio o ponderación de intereses en juego, debemos recordar que resulta necesaria la concurrencia de los tres presupuestos antes señalados para poder otorgar una tutela cautelar como la que se pretende, y en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe señalarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los tres presupuestos legales establecidos en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de forma que debe realizarse un análisis final sobre este tema.  El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha analizado dicho presupuesto cautelar en los siguientes términos: "En cuanto al tema del equilibrio o ponderación de los intereses en juego, es necesario recordar que en este tipo de medidas es de rigor ponderar los efectos que la eventual medida pueda llegar a generar en el ámbito del interés particular del petente versus el que se concreta en el interés público, esta exigencia a nivel doctrinario ha sido también objeto de comprensión en lo que se ha denominado la bilateralidad del periculum in mora, el juzgador, de previo a adoptar una medida cautelar, debe mensurar las implicaciones que esta decisión pueda llegar a producir en el interés público y en la situación jurídica de terceras personas, en tal equilibrio es necesario también ponderar la incidencia que la cautelar produzca en la actividad ordinaria de la administración pública pues bien puede llegar a afectar o a truncar la gestión sustantiva de una determinada organización administrativa, en esta línea la correcta ponderación del interés público conlleva a determinar el rechazo de la petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés privado teniendo en cuenta incluso las previsiones financieras o presupuestarias que deba adoptar la administración pública para ejecutar la medida cautelar, finalmente, valga subrayar, que la medida cautelar que se adopte debe ser siempre adecuada de cara al caso concreto en tanto debe resultar idónea para satisfacer los fines perseguidos de modo razonable y proporcionado teniendo en mente los intereses en juego..." (ver resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, N°336-2017-I de las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de agosto de 2017, entre muchas otras). Así las cosas, a la luz del caso concreto, el elemento de ponderación de los intereses en juego el que debe guiar también, en su caso, la decisión que se adopte, y, en el contexto del expediente que nos ocupa, lleva a rechazar la tutela solicitada por la parte accionante. Existe cierto consenso doctrinal acerca de que la ponderación es una técnica de argumentación en la que se procede a través de tres fases sucesivas: a) identificación de los intereses en conflicto; b) atribución de un peso a cada uno de ellos, y finalmente; c) decisión de equilibrio o prevalencia condicionada según el criterio de ‘cuando mayor afectación de uno mayor importancia del cumplimiento del contrario’, o, simplemente, ‘cuanto más… entonces’ según la fórmula del Tribunal Constitucional Federal alemán. En este caso, en cuanto a la identificación de los intereses en conflicto, en síntesis, tenemos que la parte actora alega una afectación económica y emocional, pues señala en su gestión que la ejecución de los actos implica graves daños y perjuicios a la situación jurídica de la parte actora, tal y como ha expuesto en su gestión, en síntesis señala lo siguiente. "(...) La orden de no ejecutar dichas resoluciones no supone una lesión al interés público ni mucho menos una afectación sustantiva al normal funcionamiento de la Municipalidad demandada. // Tome en cuenta este juzgador que las resoluciones objeto de ejecución no se fundamentan en la existencia de una edificación ruinosa, ni se trata de una edificación catalogada como peligrosa que pueda poner en peligro la vida e integridad de personas, con lo cual es claro que al acogerse la medida no se estaría generando daños ni perjuicios a terceros." (ver imagen 16 del legajo de medida cautelar, destacado propio). Por otro lado, la municipalidad alega que no se configuran los requisitos para la tutela cautelar solicitada, y se le han otorgado a la parte actora todas las garantías para normalizar su actuación que califica de ilegal. Nótese que en el caso median intereses públicos de orden superior en virtud de los cuales se ha establecido el "Área de Control Urbanístico" contemplada en el decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE, y una zona especial de protección en la que solamente se permite construir una vivienda por finca para uso de sus propietarios. Asimismo, según indica la resolución de SETENA N°952-2018, visible en imagen 61 del expediente principal, la propiedad se ubica sobre una zona de ALTA vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, por lo que el proyecto deberá cumplir con las restricciones y lineamientos específicos establecidos en la legislación vigente. En síntesis, según los términos en que ha quedado formulado el conflicto, se alega por la parte actora un conflicto entre la afectación económica y emocional que implican los actos impugnados, y cuya valoración concreta no ha quedado demostrada, frente a una afectación de los intereses públicos consistentes en las potestades de ordenamiento territorial y de carácter ambiental que están detrás de la regulación de la denominada "zona especial de protección" en que se ubica la finca. Ahora bien, considerando que la propiedad, como se dijo, está sobre una zona de vulnerabilidad ALTA a la contaminación, la potencial afectación de la desaplicación de la normativa especial de protección es también de caracter muy grave. En este contexto, resulta de extrema importancia referir al sustento probatorio aportado a los autos respecto de la afectación que alega la parte accionante para poder ponderar el peso de la alegada afectación y el juicio de prevalencia condicionada de intereses públicos. En este sentido, ha de señalarse que es criterio de este juzgador que tomando en consideración la falta de sustento probatorio antes señalado para las afirmaciones que realiza la parte accionante, y tomando en consideración lo indicado por SETENA en la resolución N°952-2018 (ver imagen 61 del expediente principal), así como también por la Unidad de Gestión Urbana Territorial en el oficio IU-021-2024 (ver imágenes 42 a 47 del legajo de medida cautelar), y los términos en que fue emitida la licencia de construcción N°5-1563 (visible a imagen 85 del expediente principal), de accederse a lo solicitado se estaría causando una afectación significativa y muy grave a los interses públicos involucrados. En síntesis, en el caso concreto media un conflicto entre los intereses particulares de la parte promovente y las potestades de ordenamiento territorial y potencial afectación de un acuífero de "ALTA" vunerabilidad (afectación potencial al medio ambiente nacional). Ante tal situación, el juicio de ponderación ha de inclinarse por el rechazo de la solicitud formulada por la parte actora, ante la prevalencia de la afectación de los intereses públicos antes referidos. En este caso particular, el interés público prevalente es contrario a lo solicitado. Como corolario de lo anterior y según se explicó líneas atrás, al no sustentar la existencia de todos los presupuestos cautelares de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone como consecuencia el rechazo de la medida cautelar promovida.

 

POR TANTO

 

 Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se RECHAZA y declara sin lugar la solicitud de medida cautelar promovida por MARCO ANTONIO MONTOYA LARA, cédula de identidad 117120427, y LUZ AMPARO LARA IBARRA, cédula de identidad 602180327, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.- Notifíquese. Dr. José Alvaro López Camacho, Juez. JLOPEZCAM

 

 




- Código Verificador -
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7IYPCMGD1TU61



 

Documento firmado por:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 23-006542-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:22:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO**

**First:** By means of a brief filed on February 12, 2024, the moving party filed a request for a precautionary measure (medida cautelar), proposing the following as the precautionary claim: "[…] That the legal effects of Resolution No. IU-119-2022 of 7:00 a.m. on June 8, 2022, and Resolution No. IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, both issued by the Urban Engineering Department of the defendant Municipality, be suspended until the Principal Declaratory Proceeding has been resolved by a final judgment (sentencia firme). // II. That the defendant Municipality be ordered not to execute Resolution No. IU-119-2022 of 7:00 a.m. on June 8, 2022, and Resolution No. IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, until the Principal Declaratory Proceeding has been resolved by a final judgment." (see image 17 of the precautionary measure file). It is evident then that, in summary, the request for a precautionary measure filed by the plaintiff consists of suspending the legal effects of resolutions No. IU-119-2022 and No. IU-010-2024 issued by the defendant municipality, until this proceeding is resolved by a final judgment.

**Second:** By means of the order issued at ten thirty-one hours on February fourteenth, two thousand twenty-four, the judge processing the case rejected the provisional interim measure in the following terms: "(...) The precautionary measure requested in a provisional interim (provisionalísima) nature is rejected, since after analyzing the theory of the case presented and the evidence provided, it is considered appropriate and necessary, prior to the definitive resolution of the matter, to grant a hearing to the defendant, especially given that the discussion between the parties lies in the suspension of a demolition order for areas of a construction, without it being clearly established from the evidence provided or the statements of the same party which sectors of the building are referred to, nor whether these constitute an essential part of any dwelling or similar. It is necessary to grant the respective hearing in order to hear the municipal position to verify the urgency of the matter, given that it is not apparent in the elements set forth in the precautionary request. Therefore, regarding the previously filed precautionary measure, in accordance with the provisions of Article 25 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA is granted a written hearing for THREE BUSINESS DAYS, so that it may respond and offer the evidence it deems pertinent. The defendant is warned that, in the first brief it files, it must indicate a means for receiving notifications, under the warning that as long as it does not do so, subsequent resolutions will be deemed notified twenty-four hours after they are issued, including judgments. Likewise, prior to transferring this resolution to the defendant, the interested party must provide an exact address for notifying the defendant, since it was missing from its brief. The foregoing under the consequence of having future actions addressed in the event of being remiss." (see image 32 of the precautionary measures file, emphasis added).

**Third:** That the representation of the defendant responded regarding the precautionary measure, requesting, in summary, that it be rejected because none of the legal prerequisites for its granting are met. The representation of the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA rejects the filed petition, indicating that it does not meet the prerequisites and requirements necessary for the measure to be granted (see images 39 to 41 of the precautionary measure file). The foregoing because, in summary, the defendant's representation indicates that the petitioner acts recklessly since it has been known to them for a long time that they breached the granted construction permits, converting a construction intended for a single-family dwelling into an apartment complex, in open breach of what was authorized by the municipality when they requested the construction permits. Thus, the defendant considers that the appearance of a good right (apariencia de buen derecho) of the filed petition is not established, and there is no element that allows considering that there is confusion or consent from the municipal authority to violate the granted authorizations. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), the defendant indicates that at the time of providing its response, they had not been notified of the declaratory proceeding, and that warnings have been made to the plaintiffs, after which the procedures for demolition would begin, therefore all guarantees to normalize their illegal action have been extended. Thus, the municipality maintains that one cannot claim that the potential damages alleged by the plaintiffs exist, even when the filing of the declaratory proceeding would make it impossible in fact to execute the demolition process until the judicial route is finalized. For these reasons, the defendant municipality considers that there are no elements that allow the issuance of a precautionary measure such as the one requested and requests that it be declared without merit. As evidence, it provides official letter IU-021-2024 from the Territorial Urban Management Unit, visible in images 42 to 47 of the precautionary measure file, which reports on the legal situation of the plaintiffs' construction.

**Fourth:** That in the case at hand, the required formalities have been observed and no defects are apparent that could cause nullity or defenselessness to the parties.

**CONSIDERANDO:**

**I.- PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE REQUEST.** In this matter, the moving party requests a precautionary measure in order to declare the following: "[…] That the legal effects of Resolution No. IU-119-2022 of 7:00 a.m. on June 8, 2022, and Resolution No. IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, both issued by the Urban Engineering Department of the defendant Municipality, be suspended until the Principal Declaratory Proceeding has been resolved by a final judgment. // II. That the defendant Municipality be ordered not to execute Resolution No. IU-119-2022 of 7:00 a.m. on June 8, 2022, and Resolution No. IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, until the Principal Declaratory Proceeding has been resolved by a final judgment." (see image 17 of the precautionary measure file). It is evident then that, in summary, the request for a precautionary measure filed by the plaintiff consists of suspending the legal effects of resolutions No. IU-119-2022 and No. IU-010-2024 issued by the defendant municipality, until this proceeding is resolved by a final judgment. As previously indicated, it is evident then that, in summary, the request for a precautionary measure filed by the plaintiff consists of a request for suspensive and provisional precautionary protection so that the cited resolutions are not executed while the declaratory proceeding is not resolved by a final judgment, which the plaintiff calls "protective" measures with the objective that the defendant does not execute said acts.

**II.- ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.** In general terms, the plaintiff indicates the following regarding the basis of their petition: In summary, the plaintiff provides a recount of what they call a "relation of facts" of the request for precautionary protection, in which they maintain that they are the owner and usufructuary (usufructuria) of property No. 4-201282, and the resolution they seek to suspend (IU-119-2022) states that on said property a construction was carried out that disregards the approved plans and without the proper construction license (licencia de construcción), therefore ordering within a period of 30 days to carry out the necessary modifications and demolitions to bring the situation into compliance with the law and meet the permitted density. They also indicate that against said decision, appeals were filed in the administrative venue, for violation of the principle of intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios) and the principle of legitimate trust (principio de confianza legítima), prohibition of arbitrariness, and the principle of legality. As a result, the Urban Engineering Department issued resolution IU-145-2022, rejecting the revocation and elevating the appeal to the mayor's office, incorporating facts and reasons not mentioned in resolution IU-119-2022 (waterproofing of the parking section). They also indicate in said recount that the municipal mayor issued resolution AM-82-2021, rejecting the formulated appeal and deciding to uphold the granted 30-day period to carry out the modifications and demolitions of works. Then, regarding said resolution from the mayor's office, the plaintiff indicates that a revocation with a subsidiary appeal was filed, which were rejected (resolution AM-84-2022) and No. 2023004068, declaring the appeal inadmissible (file 22-005262-1027-CA), thus exhausting the administrative venue. Therefore, the declaratory proceeding processed under file No. 23-006542-1027-CA was filed, seeking the declaration of non-conformity of the cited resolutions with the legal system and their absolute nullity (nulidad absoluta). The foregoing because the plaintiff argues, in summary, that without destroying or annulling the favorable acts issued during the processing of construction license No. 5-1563, it tacitly disregards them. Regarding the above, they state the following: "(...) As demonstrated by facts 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of the main complaint, the defendant issued throughout the construction process a series of favorable administrative acts in favor of the construction of the work, ranging from the simple acts of the inspectors (inspection forms), to the final administrative act of work reception, of May 10, 2019, in which the Municipality declares the construction finished. // Thus, given that the resolutions subject to nullity tacitly disregard the pre-existing, final, and favorable acts that the Administration issued in favor of the construction, and in respect for the principle of intangibility of one's own acts, the principle of legitimate trust, and the prohibition of arbitrariness, there is no choice but to conclude that said resolutions are absolutely null due to injury to Article 158, paragraph 3 of the LGAP (Ley General de la Administración Pública). // Secondly, the absolute nullity of resolutions IU-119-2022, IU-145-2022, AM-82-2021, and AM-84-2022 is alleged, due to the absence of essential elements of the act (Motivation), insofar as said resolutions are based on Articles 88, 89, 93, and 96 of the Construction Law (Ley de Construcciones), this, despite the fact that said articles are provided for illegal buildings, that is, when a construction has been carried out without a construction license or project approved by the Municipality, factual circumstances that did not occur in the construction of my property, since it was built with a license and final approval from the Municipality, making it evident that they cannot be used as the basis for these Resolutions. // Finally, it is argued that resolutions IU-145-2022, AM-82-2021 and AM-84-2022 grossly violate the principle of notification and imputation, since they incorporate in the motivation of the act "considerando", facts that were never imputed to me in Resolution IU-119-2022." (see images 7 and 8 of the precautionary measure file). Finally, the plaintiff refers to the fact that while the declaratory proceeding is in progress, on February 1, 2024, they were notified of resolution IU-010-2024 - whose effects they also seek to suspend - by which the administrative execution of resolution No. IU-119-2022 is ordered, indicating that the owners have not brought the works into compliance with the law, and also that if the established deadline is not met, the municipality may order the eviction of the premises and order the destruction of defective parts at the owner's expense, with a warning for a potential criminal proceeding for disobedience. Lastly, the representation of the plaintiff indicated that the deadline expired on March 14, 2024, and according to the latest declaration of real estate, the property has a total value of ₡270,000,000.00 and the value of the construction alone reaches ₡235,000,000.00. Specifically regarding the prerequisites of the requested precautionary protection, after the aforementioned recount, concerning the so-called fumus boni iuris, the plaintiff provides a general development of this prerequisite, citing jurisprudence, and highlights what they call an "absolute nullity" of resolutions IU-119-2022, IU-145-2022, AM-82-2021, and AM-84-2022 due to an indirect violation of the principle of intangibility of one's own acts, since the Municipality, without destroying or expressly annulling the favorable acts issued by it during the processing of construction license No. 5-1563, tacitly disregards them, in the terms previously detailed. The plaintiff considers that the claims of the declaratory complaint revolve around the declaration of non-conformity with the legal system of the mentioned resolutions, and as a consequence of this non-conformity, the declaration of their absolute nullity and the payment of damages caused by the Administration. In such terms, the plaintiff indicates that they consider the requirement of fumus boni iuris to be fulfilled. Now, regarding the danger in delay, similar to the previous prerequisite, the plaintiff provides a general recount and citations of jurisprudence on the matter, and after this highlights that the execution of Resolution No. IU-119-2022 and Resolution No. IU-010-2024 would cause them serious damages and losses, which they describe as "irreversible" in their economic sphere, as well as in their emotional sphere. In summary, they state the following regarding this prerequisite: "(...) Considering that the construction subject to demolition has a significant economic value, specifically ₡235,000,000.00, according to the latest declaration of real estate, any modification made to it generates an irreversible serious financial damage and loss for us. // The impact on our economic sphere would occur due to the loss of value that the construction would suffer from being subjected to demolitions and/or modifications, which, as argued in the main complaint, are contrary to the legal system insofar as the administrative acts ordering them are absolutely null. // In the event that we, the undersigned, do not carry out the modifications or demolitions within the granted 30-day period, the damage would be worse, as the Municipality will proceed, as it warned us, to order the demolition and modification of works it considers are not in compliance with the law in our construction, all at our expense. // That is, not only would we be financially affected by the loss of value that the construction would suffer, but we would also have to pay the cost of the demolition and modification. // With an additional aggravating factor, which is that, according to the Municipality's warning, we would also be subject to a criminal proceeding for the crime of disobedience under Article 314 of the Penal Code." (see images 13 to 14 of the precautionary measure file). In summary, the plaintiff considers that if the execution is not suspended, the complaint would lose all effectiveness as the damage would have already been caused, rendering the right to access to justice illusory. Lastly, regarding the balancing of interests at stake (ponderación de intereses en juego), the plaintiff's representation also provides a general recount regarding this prerequisite of precautionary protection, to then indicate that the suspension measure does not harm the public interest, nor does it cause damages and losses to third parties; rather, they consider that its execution does imply serious damages and losses to the legal situation of the plaintiff, as set forth in their petition. In summary, they state the following: "(...) The order not to execute said resolutions does not entail an injury to the public interest, much less a substantial impact on the normal functioning of the defendant Municipality. // Let this judge consider that the resolutions subject to execution are not based on the existence of a ruinous building, nor is it a building classified as dangerous that could endanger the life and integrity of persons, making it clear that granting the measure would not generate damages or losses to third parties." (see image 16 of the precautionary measure file, emphasis added). For these reasons, the plaintiff requests that the requested suspension measure be granted and offers the following elements as evidence: Probative Element No. 1) That which appears in the file provided with the main complaint, in which three elements are offered, according to image 29 of the main file: 1.a. Literal certification of property No. 4-201282. 1.b. Copy of the administrative file called "Finca 201282" duly certified by the Municipality, consisting of 343 folios. 1.c. Resolution No. 2023004068 of 3:33 p.m. on October 3, 2023, issued by the Contentious Administrative Court as a non-hierarchical legality controller. Probative Element No. 2) Resolution IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, issued by the Urban Engineering Department of the defendant Municipality. Probative Element 3) Declaration of real estate, No. 23600, of July 15, 2022.

**III.- REGARDING THE DEFENDANT.** In summary, as previously indicated, the defendant responded regarding the precautionary measure, requesting that it be rejected because the legal prerequisites for its granting are not met. As previously indicated and noted in images 39 to 41 of the precautionary measure file, the representation of the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA rejects the filed petition, indicating that it does not meet the prerequisites and requirements necessary for the measure to be granted. The foregoing because, in essence, the defendant's representation indicates that the petitioner acts recklessly since it has been known to them for a long time that they breached the granted construction permits, converting a construction intended for a single-family dwelling into an apartment complex, in open breach of what was authorized by the municipality when they requested the construction permits. Thus, the defendant considers that the appearance of a good right of the filed petition is not established, and there is no element that allows considering that there is confusion or consent from the municipal authority to violate the granted authorizations. Regarding the danger in delay, the defendant indicates that at the time of providing its response, they had not been notified of the declaratory proceeding, and that warnings have been made to the plaintiffs, after which the procedures for demolition would begin, therefore all guarantees to normalize their illegal action have been extended. Thus, the municipality maintains that one cannot claim that the potential damages alleged by the plaintiffs exist, even when the filing of the declaratory proceeding would make it impossible in fact to execute the demolition process until the judicial route is finalized. For these reasons, the defendant municipality considers that there are no elements that allow the issuance of a precautionary measure such as the one requested and requests that it be declared without merit. As evidence, it provides official letter IU-021-2024 from the Territorial Urban Management Unit, visible in images 42 to 47 of the precautionary measure file, which reports on the legal situation of the plaintiffs' construction.

**IV.- REGARDING THE PREREQUISITES FOR GRANTING AN ATYPICAL PRECAUTIONARY MEASURE.** As developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as well as in previous rulings of this Court (see, among others, ruling No. 38-2022 of ten hours ten minutes on January twelfth, two thousand twenty-two), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions essential for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Contentious Administrative Procedure Code establishes that the purpose of establishing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an uncontested right, nor to resolve a litigation, but rather to prevent the damages that the litigation may entail or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In ruling #4074-2010, the Contentious Administrative Court indicates that: "the prerequisites for precautionary protection are three: the danger in delay, the appearance of a good right, and the balancing of interests, particularly the public interest" and "[o]nly upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of a good right, the danger in delay, and that from the analysis of balancing of interests it is considered that the damage suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, can the court proceed to grant the requested precautionary measure" (Contentious Administrative Court, resolution No. 4074-2010 of 13:21 hrs. on October 29, 2010). The Court of Appeals for Contentious Administrative Matters has also indicated in the same sense: "In the case of precautionary measures, this implies that, in addition to what relates to the structural characteristics of instrumentality and provisionality, the resolution must clearly and sufficiently explain how the prerequisites of appearance of a good right, danger in delay, and balancing of interests at stake are met or not met; none of them can be disregarded, because for the proceeding of the measure adopted, the law requires the concurrence of all of them [...] if this Court hypothetically were to uphold the allegations regarding this point, and understood that the balancing of interests element is present, this would oblige this Court, in first and sole instance, to analyze and develop the issue of balancing of interests in a way that the judge of first instance omitted; therefore, as the party rightly pointed out in its moment, this Court would be substituting the judge of first instance in the analysis, in first or sole instance, of that element, thereby depriving the party of the right to appeal regarding what has been indicated" (see resolution of the Procedural Contentious Administrative Court, No. 132-2017-I of sixteen hours eighteen minutes on March twenty-ninth, two thousand seventeen. Cf. 00:16:24 – 00:21:35 of the digital recording of the corresponding ruling). This position is complemented by the criterion expressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Court of Cassation for Contentious Administrative Matters, in Decision (Voto) No. 5-F-TC-2008 of ten hours forty-five minutes on February sixth, two thousand eight, regarding the need to fulfill the evidentiary burden in this precautionary phase, stating that "(…) three requirements apply, namely, the fumus bonis iuris or appearance of a good right… the danger in delay and the balancing of interests at stake… the appearance of a good right according to the new legislation does not constitute a burdensome requirement to demonstrate the seriousness of the complaint, but rather the judge's even internal assessment that the claim is not reckless, that it is not lacking in seriousness, which is, by the way, an inverted view of the so-called fumus bonis iuris; this periculum also corresponds to the burden, as an evidentiary burden for whoever requests the precautionary measure, and this is so; therefore, the precautionary measure is a provisional judgment of that danger in delay; it is not… an assessment of the merits of the proceeding… as corresponds to the specific case (…) and this Chamber, after deliberating conscientiously and extensively as it does (…) has determined that the serious or irreparable damages and losses that warrant the adoption of the precautionary measure in question have not been duly demonstrated (…) In short, the Court considers that the principle of rational proof of the precautionary measure, which corresponds to a balancing proof, is not met; although it is true that conclusive proof is not required, because it cannot be so in a precautionary measure, neither can we leave it to the sole discretion of the applicant's statement, as there are potential public interests at stake”. Based on the foregoing regulatory and jurisprudential framework of analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure, we proceed to study the specific case, considering the presentation of the theory of the case and the offering of evidence. Having set the analysis scenario and the three elements required for the granting of a precautionary measure, the specific case is analyzed below.-

**V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE.** Precautionary measures, for their approval, require the concurrence of the three previously indicated elements (appearance of a good right in its inverted vision, almost comparable to a "fumus non mali iuris", danger in delay, and the balance of interests). Furthermore, this precautionary measure must be instrumental, accessory, and provisional, insofar as it seeks to ensure the effectiveness of the judgment of the main file. It is the responsibility of the moving party to explain, analyze, and substantiate each of these prerequisites, and for the defendant parties to debate the arguments presented, and thus, based on the theories of the parties and the evidence mentioned, determine what corresponds in law on the merits of the requested measure. The plaintiff's claim for precautionary protection seeks to suspend the execution of what is ordered in the contested administrative acts (Resolution No. IU-119-2022 of 7:00 a.m. on June 8, 2022, and Resolution No. IU-010-2024 of 8:00 a.m. on January 25, 2024, both issued by the Urban Engineering Department of the defendant Municipality, hereinafter simply the "contested administrative acts"); the foregoing until the principal declaratory proceeding has been resolved by a final judgment, since without destroying or annulling the favorable acts issued during the processing of construction license No. 5-1563, it "tacitly" disregards them with the acts whose effects they seek to suspend. Thus, in essence, as the petitioning party expressly states, their interest lies in the suspension of the effects of the contested administrative acts that they consider vitiated by absolute nullity. On the other hand, the defendant municipality responded requesting the rejection of the measure in all its points because the legal prerequisites for its granting are not met, stating that the plaintiff acts recklessly, since it has been known to them for a long time that they breached the granted construction permits, converting a construction intended for a single-family dwelling into an apartment complex, in open breach of what was authorized by the municipality when they requested the construction permits. V.-

A).- REGARDING THE SO-CALLED "STRUCTURAL ELEMENTS": To begin, regarding the so-called "structural elements" of interim relief (tutela cautelar), independently of what may eventually be defined in the plenary proceeding and of the questions raised concerning the administrative conduct, on such so-called "structural" characteristics of the interim measure (medida cautelar), it has been stated, among others, in ruling 2023006573 of twenty-one hours and twenty-seven minutes on December nineteenth, two thousand twenty-three, the following: "IV.- STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF INTERIM MEASURES (MEDIDAS CAUTELARES). // For determining the appropriateness of the measure, it is also important to take into account, - as noted supra and in addition to the prerequisites already indicated -, that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: 1.- Instrumentality and prior independence in relation to the final judgment rendered in a principal proceeding, an issue which simultaneously determines the subordination or accessory nature of the measure with respect to the principal proceeding within which, or for the purpose of which, it is issued. 2.- Provisionality, insofar as its effectiveness is, in principle, exhausted at the moment the judgment on the merits is rendered in the principal matter or when circumstances so impose. That is, it has effects subject to the pendency of that proceeding, as much as, and - on the other hand -, to the permanence over time of the circumstances that were considered for its adoption, characteristics that originate from its intrinsic possibility of modification or revocation (effectiveness rebus sic stantibus). 3.- Every judicial proceeding entails due process, which gives rise to a series of stages that must be precluded in order to reach a resolution that definitively settles the already judicialized conflict. It is precisely the prolongation of judicial proceedings that causes the danger in delay (peligro en la demora) to arise, coupled with the danger or urgency that during the normal course of the action, the right of a party or legally relevant interests of one of the parties may be lost or altered, and this is how the legal system foresees it in its article 78 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), which applies analogically to this matter. The urgency to avoid the danger in delay (peligro en la mora), a feature that justifies interim measures (medidas cautelares) adopted ante causam, prima facie, or inaudita altera parte. 4.- Summary cognition (sumaria cognitio), that is, that this type of measure is adopted by virtue of a summary cognition carried out by the jurisdictional body, without prejudging the merits of the matter, which in no way substitutes the full succession of steps implied by the plenary proceeding.-". Now, in relation to the so-called "structural" characteristics of interim measures (medidas cautelares), it has become very clear from the statements of the plaintiff's representation that their principal interest with this request for interim relief is for a declaration of non-conformity with the legal system of what is provided and ordered in the administrative acts (actos administrativos) whose execution is sought to be suspended. That is, it concerns an interim measure (medida cautelar) of a suspensive nature regarding the effects of resolutions No. IU-119-2022 and No. IU-010-2024, as it considers that said resolutions are vitiated by absolute nullity and violate the principles of intangibility of one's own acts (actos propios), legitimate expectations (confianza legítima), prohibition of arbitrariness, and the principle of legality. Thus, what is requested does relate to what is discussed in the proceeding on the merits, wherein it is also sought to declare the absolute nullity of the challenged acts, as well as an award for damages (see section 08) "claims" image 29 of the principal file), and insofar as it is requested as a protective measure (medida asegurativa) to suspend the effects of said challenged resolutions while the judicial proceeding is discussed, it constitutes a request for a provisional pronouncement. The issue of whether this request for interim relief formulated by the plaintiff meets the prerequisites for its approval is different, and in this sense, it is this judge's opinion that the interim relief requested by the plaintiff does not meet any of the prerequisites required for its approval in this venue of interim relief, and therefore it must be REJECTED in its entirety, as will be seen in detail below. V. B).- REGARDING THE SO-CALLED APPEARANCE OF GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO): Now, regarding the prerequisites necessary for the appropriateness of interim relief, it must be noted that the analysis of the prerequisite for interim relief contemplated in article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) that the claim is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, does not correspond to the accreditation of a likelihood of a "good right" of the complaint; precisely because the analysis conducted in the summary interim venue does not correspond to an assessment of the merits of the matter, nor can it be so, as the Contentious Administrative Cassation Court (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) has previously indicated, the prerequisite of "non-recklessness" "[...] is not an assessment of the merits of the proceeding, nor can it be, nor should it be, the judge cannot confuse the inherent prerequisites of an interim measure with a definitive proceeding on the validity or unlawfulness of an administrative conduct, this would lead us to definitive justice through the interim route and this is not the purpose of the object. (Contentious Administrative Cassation Court (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo), vote 05-F-TC-08 of ten hours forty-five minutes on February sixth, two thousand eight). In this regard, it is considered that having analyzed the so-called "theory of the case" formulated by the plaintiff in their filing, and referenced in this resolution in the preceding sections to which it refers, as well as their arguments employed and without analyzing the merits of the matter raised by the plaintiff, this judge considers that not even the first prerequisite for interim relief is configured, given that the formulated action lacks the most elementary appearance of good right (apariencia de buen derecho), in this sense the representation of the defendant is correct in indicating that none of the prerequisites for interim relief are configured. The foregoing is evident if one analyzes the content of what is ordered in the questioned acts according to the citation made by the plaintiff themselves in their filing. The first of these acts whose suspension is requested provides the following: "(...) Based on the foregoing and in compliance with the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and its regulations, as well as other related norms, and in strict adherence to the principle of Legality regulated in articles 11 of the Constitution and 11 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), a non-extendable term of 30 days is granted for you to proceed to bring your situation into compliance by carrying out on your own the necessary modifications and/or demolitions of the works that do not fully adhere to the law, and thereby do what is necessary to comply with the permitted density of a single dwelling and the areas and spaces duly approved in the construction plans, and comply with what is established in the current legal system" (No. IU-119-2022, see image 3 of the interim measure file). The second of the acts, according to the citation also made by the plaintiff, provides the following: "(...) Based on the foregoing and in compliance with the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and its regulations, as well as other related norms, and in strict adherence to the principle of Legality regulated in articles 11 of the Constitution and 11 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), a non-extendable term of 30 days is granted for you to proceed to bring your situation into compliance by carrying out on your own the necessary modifications and/or demolitions of the works that do not fully adhere to the law, and thereby do what is necessary to comply with the permitted density of a single dwelling and the areas and spaces duly approved in the construction plans, and comply with what is established in the current legal system" (No. IU-010-2024, see image 9 of the interim measure file). Thus, according to the citation made by the plaintiff themselves, what is ordered by the acts whose suspension is requested is that within thirty days they proceed to "bring into compliance" their situation by carrying out the pertinent modifications to the building to adjust to the permitted density of a single dwelling and the approved construction plans. In other words, in summary, what is ordered in the acts whose suspension is requested is to grant a term to the administered party to bring their situation into compliance regarding the approved plans and the density of a single dwelling. Thus, from the study of the records that make up this interim measure file and the principal file (see, among other elements, the documents found in images 36, 42, 43, 61, 66, 70, 85, 88, 89, 91, 93, 108, 114, and 118 of the principal file) it cannot be considered that the first prerequisite for interim relief is configured, given that the suspension of the effects of acts that grant the administered party a term to adjust what was built to the law and to the permitted density of a single dwelling on the property is requested. Nevertheless, at its core, the plaintiffs seek to nullify said resolutions by alleging that their own acts (actos propios) and the principle of legitimate expectations (confianza legítima) were "tacitly" violated. Now, what is known in our legal system as the doctrine of "one's own acts" (propios actos) and which is synthesized in the adage venire contra factum proprium non valet, has its roots in general principles of good faith and legitimate expectations (confianza legítima), and in this sense, there exists a general principle according to which no one may go back on their own acts. The abundant case law issued by our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has recognized the validity of this principle on countless occasions (among many, see resolutions No. 2866-93 of ten hours forty-eight minutes on June eighteenth, nineteen ninety-three, No. 5808-93 of 16:42 hours on November 10, 1993, No. 5910-94 of eleven hours thirty-three minutes on October seventh, nineteen ninety-four, No. 2186-94 of 17:03 hours on May 4, 1994; No. 899-95 of 17:18 hours on February 15, 1995, and No. 08173-98 of eighteen hours six minutes on November seventeenth, nineteen ninety-eight. And on one's own acts in general, votes 31-89, 458-90, 1605-90, 1635-90, 1721-90, 1850-90, 1732-91, 3171-92, 2754-93) which prevents removing from the legal sphere of the administered party what has entered it by virtue of the administration's own act, without complying with the mechanisms provided by the legal system itself for such removal. Likewise, regarding the principle of legitimate expectations (confianza legítima), the applicable case law has stated: "...IV.- THE GENERAL PRINCIPLE OF PROTECTION OF THE CITIZEN'S LEGITIMATE EXPECTATIONS (CONFIANZA LEGÍTIMA) AGAINST PUBLIC AUTHORITIES. Regarding the development of this principle and its deep constitutional roots, national doctrine has stated the following: "This principle arises in the Federal Republic of Germany and, later, is adopted by the case law of the Court of Justice of the European Community, to define a situation worthy of protection having had the trust placed in the action of the Public Administration violated. The Spanish Supreme Court, in its ruling of February 1, 1990, considered that this principle "... must be applied, not only when any type of psychological conviction occurs in the benefited individual, but rather when it is based on external signs produced by the Administration that are sufficiently conclusive to reasonably induce him to trust in the legality of the administrative action, together with the fact that, given the balancing of interests at play –individual interest and general interest- the revocation or rendering without effect of the act causes to grow in the patrimony of the beneficiary who reasonably trusted in said administrative situation, damages that he does not have to bear derived from expenses or investments that can only be restored to him with serious damages to his patrimony." Regarding the requirements of the principle of legitimate expectations (confianza legítima), Spanish doctrine, following the case law of the Spanish Supreme Court, has established the following: 1. An act of the administration must mediate that is sufficiently conclusive to provoke in the affected person one of the three following types of confidence: a) confidence of the affected person that the Public Administration is acting correctly; b) confidence of the affected person that the conduct they maintain in their relationship with the Public Administration is lawful, given a potential mistake of prohibition; c) confidence of the affected person that their expectations as an interested party are reasonable. 2. The Public Administration must provoke external signs (acts or facts) that, even without needing to be legally binding, guide the administered party towards a specific conduct that, were it not for the appearance of legality created, they would not have undertaken. 3. An act of the Public Administration –e.g., a regulation- that recognizes or constitutes an individualized legal situation in whose stability the administered party trusts. 4. The suitable cause to provoke the legitimate expectations (confianza legítima) of the affected person cannot be caused by mere negligence, tolerance, or ignorance of the Public Administration, or by the irrationality of what is sought by the administered party. 5. The administered party must comply with the duties and obligations incumbent upon them. The breach of the principle of legitimate expectations (confianza legítima) undoubtedly provokes several important legal effects, let us see: 1. Acts as a limit to the exercise of discretionary powers. 2. Operates as a guarantee of the principle of equality. 3. Causes the duty of the Public Administration to compensate for the frustration of legitimate expectations and injured subjective rights. The principle of legitimate expectations (confianza legítima), together with that of good faith in administrative legal relations, emanates from the principle of legal equality, that is, the certainty of relations with public powers, the administered party knowing what to expect from them, who must avoid objectively confusing situations and maintain legal situations even if they are not absolutely in conformity with the legal system. This principle is materialized, among other instances, with the theory of the intangibility of one's own declaratory acts of rights for the administered party, the limitation of adverse acts, and non-retroactivity. It also finds application when a public administration issues and carries out a series of acts and actions, which although legally incorrect, generate a series of expectations in the administered party believing they hold a legal situation in conformity with the legal system." JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –  IUS consultec and Editorial Jurídica Continental, 2nd. Edition, 2009, pp. 294-296..." (Vote number 2010-010171 of nine hours fifty-eight minutes on June eleventh, two thousand ten, of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, emphasis added). Now, for the purpose of assessing what legally corresponds regarding the consequences of the foregoing for this specific case with respect to the interim relief requested, it is necessary to point out that it is undisputed for the purposes of the case at hand that the property in question is affected by the "Urban Control Area (Área de Control Urbanístico)" contemplated in decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, a special protection zone wherein only one dwelling per property is permitted for the use of its owners. In the administrative file provided to the record, it is stated that the so-called construction permit License No. 5-1563 expressly indicates: "(...) only one Independent Housing Unit is being approved" (see image 85 of the principal file where the construction permit is found) and that on said property affected by decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, more than one single independent housing unit is not permitted, so after several rejections and communications, what was approved by the municipal entity was done with the clarification that it was a single dwelling. It is important to highlight among the evidentiary elements provided is official communication DPUT-246-2020 stating: "(…) the Public Services Company of Heredia, following a request for nine water service availabilities presented by Mr. Pablo Sánchez Vindas, consulted the Municipality as to whether a project of nine apartments had been approved for property 4-201228-000, a consultation that was answered through official communication No. MSRH-IUGUT-271-2019 indicating that only a project corresponding to a 649m2 dwelling house has been approved for said property and that considering the site where said land is located, the development of apartments was not possible. // Considering the information previously set forth, the project in question was approved and received by the Municipality as it complied with current regulations, however, there is a possibility that it is being given another use, a situation that would have to be verified with a field inspection..." (see image 228 of the principal file, emphasis added). In official communication IU-021-2024, visible in images 42 to 47 of the interim measure file, a recount is made of the results of the inspections carried out by the municipality, which resulted in the finding that "apparently today it is not a single dwelling as numberings are observed as if indicating room or apartment number...", with the Territorial Urban Management Unit (Unidad de Gestión Urbana Territorial) concluding in the cited official communication the following: "(...) as of today, the registered owners have not brought into compliance the works that were carried out and that modified the initially approved design, the same modifications being unauthorized and that changed the maximum permitted density ignoring Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE" (see image 47 of the interim measure file). In the same vein, official communications OIM-A-110-18 (images 108 to 113 of the principal file), notification record No. 04024 (image 114 of the principal file), OIM-H-150-18 (images 118 to 124 of the principal file), official communication MSRH-IUGUT-271-2019 (visible in images 180 to 183 of the principal file), official communication DPUT-246-2020 (images 223 to 228 of the principal file), official communication IPUT-094-2021 (images 298 to 299 of the principal file) can also be consulted. Thus, it is stated in the administrative file provided by the plaintiffs themselves that the municipal entity communicated at the time to the administered party that they had to make changes to what was built in order to comply with the approved plans and eliminate any feature that could generate more than one housing unit. In such a way that, in light of the evidentiary elements on record, what is ordered in the administrative acts (actos administrativos) whose suspension is requested, insofar as they order the building to be brought into compliance by carrying out the pertinent modifications to adjust to the permitted density of a single dwelling and the approved construction plans, is, from a summary assessment proper to the interim venue, fully consistent and it could not be said that the municipality has varied its position in the administrative venue, given that the evidentiary elements indicate that the "construction permit" License No. 5-1563 expressly states: "(...) only one Independent Housing Unit is being approved" (see image 85 of the principal file where the construction permit is found). Thus, in ordering that the administrative acts (actos administrativos) whose suspension is requested adjust what was built to the construction permit and the permitted density of a single dwelling, no incongruity whatsoever is evident. In other words, it is on record that a license was granted with the observation that it was for a single housing unit, and if what is built in reality conforms to said license, there would be no harm whatsoever with the acts whose suspension is requested, given that if in reality there only exists a single independent housing unit, no modification would need to be made - note that the plaintiff does not even detail in their filing what the modifications they would be obligated to assume would specifically consist of, as was their obligation and procedural burden -; on the contrary, if in reality more than one single independent housing unit has been built, what would then be evident is rather the mismatch with license No. 5-1563 and the absence of appearance of good right (apariencia de buen derecho) in what is requested. In either scenario, the requested suspension lacks appearance of good right (apariencia de buen derecho). For this reason, not even the first of the prerequisites required for the requested relief is met. V. C).- REGARDING THE PREREQUISITE OF SERIOUS HARM (GRAVE DAÑO): Independent of what has been indicated regarding the non-configuration of the first and most elementary prerequisite for interim relief seen in the previous section, for the legally corresponding effects, and for the record of the analysis concerning serious harm (grave daño), a central aspect in the arguments presented by the filing party in their filing, we proceed to indicate that said procedural prerequisite is also not configured, as will be seen below. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), it has previously been indicated by this Court, in ruling 009-2021-T of twelve hours and three minutes on January seventh, two thousand twenty-one, that: "... for the appropriateness of interim relief, it is required according to legal provision that the execution or permanence of the administrative conduct subjected to the proceeding produces serious harm or damages (daños o perjuicios graves), current or potential, to the legal situation of the promoting party. In this regard, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the harm (or damage) (daño (o perjuicio)) serious (grave) (current or potential) but rather it must be proven, a situation that implies a procedural burden (carga procesal) that the interested party must assume, under the terms of articles 220 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and 41 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil)." Regarding this prerequisite for interim relief, it has also been indicated, in its moment, "[…] the current legislation comes to establish a relaxation of the old procedural system that spoke of 'impossible or difficult reparation' – that is, it was rigid –, we moved from an extremely rigid position of demonstrating those damages of 'impossible and difficult reparation' to a more flexible system, precisely in the philosophy of opening up interim measures […] to a range of 'seriousness' (gravedad) that the damages must meet. Therefore, to speak of having to demonstrate serious damages of difficult or impossible reparation is a phrase that no longer exists […] But the limit, and this is what is important, of precisely what article 21 establishes is 'serious' the word 'serious' (graves), from that seriousness 'upwards' the interim measure proceeds, from that seriousness 'downwards' what cannot be included and classified as serious does not fall within the prerequisite for the interim measure. In other words, if the damages do not reach that range of 'seriousness' (gravedad) the measure does not proceed […]. (CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURAL COURT (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), Resolution 286-08 of twelve hours thirty minutes on May nine, 2008. Cf. 12:34:22 – 12:35:27 of the corresponding digital recording, file 08-35-1027-CA). Now, regarding the danger in delay (peligro en la demora), the filing party indicates, in summary, that with the requested measure, it is sought to avoid serious harm and damages (graves daños y perjuicios), which they qualify as "irreversible" to their economic sphere, as well as their emotional sphere. In summary, they state the following regarding this prerequisite: "(...) Taking into account that the construction subject to demolition has a significant economic value, specifically ₡235,000,000.00, according to the last real estate tax declaration, any modification made to it generates an irreversible serious economic harm and damage (daño y perjuicio patrimonial grave). // The impact on our economic sphere would occur due to the loss of value that the construction would suffer from being subjected to demolitions and/or modifications, which, as argued in the principal complaint, are contrary to the legal system insofar as the administrative acts (actos administrativos) that order them are absolutely null.// In the event that the undersigned do not carry out the modifications or demolitions within the granted period of 30 days, the harm would be worse, as the Municipality, will proceed, as it has summoned us, to order the demolition and modification of works it considers are not in compliance in our construction, all at our cost. // That is, not only would we be affected economically by the loss of value that the construction would suffer, but in addition we would have to pay the cost of the demolition and modification. // With an additional aggravating factor, which is that, according to the summons from the Municipality, we would also be subjected to a criminal proceeding for the crime of disobedience under article 314 of the Penal Code." (see images 13 to 14 of the interim measure file). In support of their claims, they offer the following elements as evidence: Evidentiary element No. 1) That which is found in the file provided with the principal complaint, in which, according to image 29 of the principal file, three elements are offered: 1.a. Literal certification of property No. 4-201282. 1.b. Copy of the administrative file called “Property 201282” duly certified by the Municipality, which consists of 343 folios. 1.c. Resolution No. 2023004068 of 15:33 on October 3, 2023, issued by the Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo) as non-hierarchical controller of legality. Evidentiary element No. 2) Resolution IU-010-2024 of 8:00 hours on January 25, 2024, issued by the Urban Engineering Department of the defendant Municipality. Evidentiary element No. 3) Real estate tax declaration, No. 23600, of July 15, 2022. As was indicated in the resolution of ten hours thirty-one minutes on February fourteenth, two thousand twenty-four, in which the processing judge in charge of the case rejected the provisional measure, the fundamental discussion of this case lies in the suspension of an order for modification or demolition of areas of a construction, without it being clearly established from the evidence provided or the statements of the same party which specific sectors of the building are referred to, nor whether these constitute an essential part of any dwelling or similar. Regarding these aspects, which are specifically of interest for the purpose of assessing the serious harm (grave daño) associated with the challenged administrative acts (actos administrativos), no evidentiary elements are incorporated by the plaintiff, with the procedural burden (carga procesal) resting on the plaintiff in this regard. The real estate tax declaration visible in image 28 of the interim measure file indicates the value associated with the total works and constructions, but not specifically with the modifications or demolitions that, in their case, would have to be carried out to adjust the density to the permitted single dwelling and the approved construction plans, and therefore there is no useful evidentiary element for the purposes of demonstrating the serious harm (grave daño) associated specifically with the acts whose suspension is requested, so this prerequisite also cannot be deemed configured, as the plaintiff failed to comply with the rules governing the evidentiary burden (carga probatoria), given that they must present supporting evidence of their claims under the terms of article 41.1.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil) (applicable supplementarily, by provision of article 220 of the CPCA). It must be indicated that in the matter of interim relief, the rational principle of evidence (principio racional de prueba) applies, which is nothing other than that which is necessary and possible in light of the particular case, as the applicable case law has repeatedly indicated: "The certainty of the harm, however, does not demand its full proof, for in view of the summary nature of the interim proceeding, of the urgency, and sometimes of the potentiality of the harm itself, its verification is practically impossible. Sometimes, it is even a logical and inescapable consequence of the public conduct, and therefore does not require a greater evidentiary element. In this case, verification must occur 'through the rational principle of evidence (principio racional de prueba)', which is nothing other than that which is necessary and possible in each particular case." (Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), Second Section, Second Judicial Circuit of San José, No. 1-2007 of eleven hours on January twelfth, two thousand seven, citing the vote of the Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), Second Section, number 167-2002, of eleven hours ten minutes on May thirty-first, two thousand two, among many others). Thus, the elements on record lead this judge to deem the second prerequisite for interim relief not configured, as has been detailed.

Now, for greater abundance of reasons, regarding the application of the evidentiary burden in provisional relief (tutela cautelar) proceedings such as the one before us, this Court has indicated, insofar as relevant: "(...) The danger and the damage must not only be alleged but also demonstrated, since it is the duty of the claimant to provide all evidentiary elements supporting their theory under the protection of what is regulated by numeral 41.1.1 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) used supplementarily by canon 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); thus, if the plaintiff does not provide evidence supporting the grave damage that the potential administrative decision would cause them, this Adjudicator cannot substitute the party's function and presume possible damage without evidentiary support; that is, the damage must not only be alleged generically or presumed, but must be detailed extensively to attempt to adequately justify the grave damage caused, and it must also be demonstrated, aspects which the requested precautionary measure does not satisfy, making its adoption difficult and counterproductive, since for granting to be operative, the presence of a reasonable and objectively founded probability of the existence of a grave impact on the moving party due to the delay of the proceeding on the merits is necessary. Thus, at least the accreditation of a degree of reasonable certainty of the existence of the factual conditions consisting of the threat that the petitioner deems as grave damage is required...." (resolution number 02274-2019, of fifteen hours fifty-five minutes of December 17, 2019, referenced within the judgment of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), First Section, No. 349-2020-I of ten hours thirty minutes of July seven, two thousand twenty, emphasis added). In the present case, as in the aforementioned precedent of the Superior Contentious-Administrative Court of Appeals, we are faced with a scenario where the evidence provided in the case file is not suitable and sufficient to deem the second prerequisite of provisional relief as established, for the reasons previously indicated in detail. This being the case, it is considered that in light of the evidentiary elements that have been brought to the case file, there is insufficient evidence to allow establishing the second element necessary for provisional relief. In essence, this Adjudicator considers that it has not been possible to accredit with suitable evidence what the necessary modifications would consist of to adjust what was built as a result of the orders whose suspension is requested. Note that, as has been indicated, the dispute lies in the suspension of an order to modify or demolish areas of a construction, without it being clearly established from the evidence provided or the manifestations of the same party which specific sectors of the building this refers to, nor whether these constitute an essential part of any dwelling or similar. Regarding these aspects, which are specifically relevant for the purpose of assessing the grave damage associated with the challenged administrative acts, no evidentiary elements are incorporated by the claimant party, the procedural burden falling upon the plaintiff in this regard. Based on the foregoing, since the claimant party has not accredited the premise of grave damage attributable to the administrative conduct whose suspension is requested, it becomes even unnecessary to delve into the balancing of interests at stake, because the prerequisites for granting precautionary measures are not mutually exclusive, and in the absence of any one of them, the consequence is the rejection of the motion filed; consequently, the present precautionary measure must be rejected, as is hereby ordered.

V. D).- REGARDING THE BALANCING OF INTERESTS AT STAKE: This being so, even though the three basic prerequisites for provisional relief must be analyzed in a step-by-step manner, and that the establishment in the specific case of the second premise, for the reasons stated above, has been ruled out; for the purpose of facilitating effective judicial protection in the present specific case, and so that the analysis of the three prerequisites is recorded for whatever legal purposes may apply, it is pertinent then to proceed to assess what corresponds to the third prerequisite regarding the equilibrium or balancing of interests at stake, so that what is pertinent regarding the balancing of interests, as well as the possible impact on public and third-party interests, is also reflected in this decision. This being so, even hypothetically setting aside what was previously indicated regarding the non-establishment of the second prerequisite for provisional relief, for whatever legal purposes may apply, it must be analyzed that, in any case, the third prerequisite for provisional relief is that relating to the equilibrium or balancing of interests at stake; we must remember that the concurrence of the three aforementioned prerequisites is necessary to be able to grant provisional relief as sought, and as for the balancing of the interests involved in the case, it must be noted that for a precautionary measure to be admissible, the simultaneous verification of the three legal prerequisites established in Article 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code is required, so a final analysis on this topic must be conducted. The Contentious-Administrative Court of Appeals has analyzed said precautionary prerequisite in the following terms: "Regarding the issue of equilibrium or balancing of interests at stake, it is necessary to remember that in this type of measure it is essential to weigh the effects that the eventual measure could potentially generate in the realm of the petitioner's private interest versus that which materializes in the public interest. This requirement, at the doctrinal level, has also been the object of comprehension in what has been called the bilaterality of the periculum in mora; the adjudicator, before adopting a precautionary measure, must measure the implications that this decision could produce on the public interest and on the legal situation of third parties. In such balancing, it is also necessary to weigh the incidence that the precautionary measure produces on the ordinary activity of the public administration, as it could well affect or truncate the substantive management of a given administrative organization. In this vein, the correct balancing of the public interest leads to the rejection of the precautionary petition when the harm to the public interest is greater than the private interest, taking into account even the financial or budgetary provisions that the public administration must adopt to execute the precautionary measure. Finally, it is worth emphasizing that the precautionary measure adopted must always be adequate in light of the specific case, as it must be suitable to satisfy the pursued ends in a reasonable and proportionate manner, keeping in mind the interests at stake..." (see resolution of the Contentious-Administrative Court of Appeals, No. 336-2017-I of thirteen hours thirty-five minutes of August nine, two thousand seventeen, among many others). This being so, in light of the specific case, the element of balancing the interests at stake must also guide, where appropriate, the decision adopted, and, in the context of the file before us, it leads to the rejection of the relief requested by the claimant party. There is a certain doctrinal consensus that balancing is a technique of argumentation carried out through three successive phases: a) identification of the conflicting interests; b) attribution of weight to each of them; and finally; c) decision of equilibrium or conditional prevalence according to the criterion of 'the greater the impact on one, the greater the importance of complying with the other,' or simply, 'the more... then' according to the formula of the German Federal Constitutional Court. In this case, regarding the identification of the conflicting interests, in summary, we have that the plaintiff party alleges an economic and emotional impact, since they state in their filing that the execution of the acts implies grave damages and harm to the plaintiff party's legal situation, as they have set forth in their filing; in summary, they state the following: "(...) The order not to execute said resolutions does not entail an injury to the public interest, much less a substantive impact on the normal functioning of the defendant Municipality. // Let this Adjudicator take into account that the resolutions subject to execution are not based on the existence of a dilapidated building, nor is it a building classified as dangerous that could endanger the life and integrity of persons, whereby it is clear that granting the measure would not generate damages or harm to third parties." (see image 16 of the precautionary measure file, emphasis added). On the other hand, the municipality alleges that the requirements for the requested provisional relief are not met, and that the plaintiff party has been granted all guarantees to normalize their conduct, which it classifies as illegal. Note that in the case, superior public interests are at play by virtue of which the "Urban Control Area (Área de Control Urbanístico)" contemplated in decree 25902-MIVAH-MP-MINAE has been established, along with a special protection zone in which only one dwelling per property is permitted for use by its owners. Likewise, as indicated by SETENA resolution No. 952-2018, visible in image 61 of the main file, the property is located on an area of HIGH vulnerability to aquifer contamination, so the project must comply with the specific restrictions and guidelines established in current legislation. In summary, according to the terms in which the conflict has been formulated, the plaintiff party alleges a conflict between the economic and emotional impact that the challenged acts entail – the specific assessment of which has not been demonstrated – versus an impact on public interests consisting of the territorial planning and environmental powers underlying the regulation of the so-called "special protection zone" in which the property is located. Now, considering that the property, as stated, is on an area of HIGH vulnerability to contamination, the potential impact of disapplying the special protection regulations is also of a very grave nature. In this context, it is extremely important to refer to the evidentiary support provided in the case file regarding the impact alleged by the plaintiff party in order to weigh the significance of the alleged impact and the judgment of conditional prevalence of public interests. In this sense, it must be noted that it is the opinion of this Adjudicator that, taking into consideration the lack of evidentiary support previously indicated for the affirmations made by the plaintiff party, and considering what was indicated by SETENA in resolution No. 952-2018 (see image 61 of the main file), as well as by the Territorial Urban Management Unit (Unidad de Gestión Urbana Territorial) in official communication IU-021-2024 (see images 42 to 47 of the precautionary measure file), and the terms under which construction license No. 5-1563 was issued (visible at image 85 of the main file), granting what is requested would cause a significant and very grave impact on the public interests involved. In summary, in the specific case, there is a conflict between the private interests of the moving party and the territorial planning powers and potential impact on an aquifer of "HIGH" vulnerability (potential impact on the national environment). Faced with such a situation, the balancing judgment must lean toward rejecting the motion filed by the plaintiff party, given the prevalence of the impact on the public interests mentioned above. In this particular case, the prevailing public interest is contrary to what is requested. As a corollary of the foregoing, and as explained above, since the existence of all the precautionary prerequisites in accordance with Articles 1, 2, 20, and 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code has not been supported, the consequence of rejecting the precautionary measure promoted is imposed.

 

POR TANTO

 

 Based on the foregoing and in accordance with Articles 20 and 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the request for a precautionary measure promoted by MARCO ANTONIO MONTOYA LARA, identity card 117120427, and LUZ AMPARO LARA IBARRA, identity card 602180327, against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA (MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA) is REJECTED and declared without merit.- Notify. Dr. José Alvaro López Camacho, Judge. JLOPEZCAM

 

 

- Verification Code -
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7IYPCMGD1TU61

 

Document signed by:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUDGE/A PROCESSOR/A

 

EXP: 23-006542-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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SCIJ de la Procuraduría General de la República