Res. 02966-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of land use permit for spring protectionRechazo de uso de suelo por protección de naciente

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02966 - 2024

Fecha de la Resolución: 07 de Mayo del 2024 a las 15:29

Expediente: 21-007147-1027-CA

Redactado por: Rodrigo Huertas Durán

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 



 

EXPEDIENTE:

	

21-007147-1027-CA - 5




PROCESO:

	

JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)




ACTOR/A:

	

COMPAÑIA INVESTIGACIONES UTOPICAS




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

 

 N° 2024002966

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con veintinueve minutos del siete de Mayo del dos mil veinticuatro.-

Conoce este Tribunal como contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de Apelación interpuesto por el señor Denic Murillo Murillo, en su condición de representante legal de la Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima en contra de la resolución identificada bajo el número MSC-R.A.M-0095-2021 dictada por la Alcaldía Municipal de San Carlos al ser las trece horas cincuenta minutos del día 19 de Octubre del año 2021.

 Redacta el Juez Huertas Durán, y;

 

CONSIDERANDO:

 

 I.-INFORMACIÓN A LAS PARTES:   Para este Despacho resulta de suma importancia informar a las partes que el Tribunal, ha implementado un rediseño total en sus diferentes áreas; que dio como resultado que este asunto haya sido turnado al suscrito juez redactor en fecha cuatro de Abril del año en curso, con el fin de conocer por el fondo la impugnación pendiente de análisis, siendo hasta este momento en que se tiene acceso al expediente para su revisión.-

 II.-HECHOS PROBADOS: De interés para la resolución de este asunto, se tiene por debidamente acreditado lo siguiente: 1) Que la empresa denominada como Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima, como dueña de las propiedades registradas ante el Registro Público de la Propiedad Matrícula de Folio Real número 439753 y 439752, solicitaron uso de suelo para construcción de vivienda, siendo su naturaleza terreno para construir; (ver imágenes 105 y 112 del expediente electrónico con el que cuenta el Tribunal) ; 2) Que la representación apelante, solicitó el permiso de construcción para ambas propiedades los cuales fueron denegados por el Departamento de Ingeniería y Urbanismo de la Municipalidad de San Carlos, por el siguiente motivo: "(...) ESTA PROPIEDAD NO ESTÁ DENTRO DEL PLAN REGULADOR DE CIUDAD QUESADA, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SE RECHAZA. ESTA PROPIEDAD ESTÁ AFECTADA POR LA NACIENTE PORVENIR POR LO QUE SE DEBE DE CUMPLIR CON CON LA LEY DE AGUAS 276 ARTICULO 31. (...)". (ver documentos denominados como "RESOLUCIÓN DE CONSTANCIA" imágenes 84 y 86 del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal); 3) La representación apelante en fecha 21 de junio del año 2021, presentó gestión titulada "Solicitud de levantamiento limitaciones terrenos Porvenir". (ver escrito agregado a imagen 913 a 943 del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal);  4) Por medio de la resolución administrativa identificada bajo el número MSC-RAM-095-2021 dictada por la Alcaldía Municipal de San Carlos al ser las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de Octubre del año dos mil veintiuno, se dispuso lo siguiente: "(...) PRIMERO: Declarar sin lugar el reclamo administrativo interpuesto por el señor Denic Danay Murillo Murillo en su carácter de representante legal de la compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima por el rechazo de dos solicitudes de uso de suelo para construcción de vivienda en las propiedades con folio real 439753 y 439752. SEGUNDO. Informar al señor Denic Danay Murillo Murillo en su calidad dicha, que, contra la presente resolución, de conformidad con el artículo 171 del Código Municipal, pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria ante la Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mismo.(...)". (ver resolución a imagen 1141 a del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal); 5) Que la representación de la compañía actora, en fecha 26 de Octubre del año 2021, formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución número MSC-RAM-095-2021 (ver recursos a imagen 1161 a 1205 del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal); 6) Por medio de la resolución identificada bajo el número MSC-R.A.M.-099-2021 dictada por la Alcaldía Municipal de San Carlos al ser las quince horas cincuenta y cinco minutos del día 03 de Noviembre del año 2021, conoció el recurso de revocatoria formulado por la representación apelante, en contra de la resolución número MSC-RAM-095-2021, disponiendo -entre otras cosas- el rechazo del recurso de revocatoria, y elevando el recurso de apelación ante este Tribunal (ver resolución MSC-R.A.M.-099-2021 a imagen 1227 a 1263 del expediente electrónico con el cual cuenta este Tribunal); 7) Por medio del escrito presentado por la representación apelante en fecha 4 de agosto del año 2023, titulado "Actualización sobre las pretensiones del Recurso Ordinario de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la Resolución Administrativa Municipal MSC-RAM-095-2021", por medio del cual -entre otras cosas- solicita: "(...) Propongo (sic), además, se proceda cuanto antes a reconocer y pagar los daños y perjuicios por sus componentes moral, emocional y sicológico (sic), sufridos por ambos socios propietarios de mi (sic)  representada, estimados prudencialmente en 250.000.000 cada uno, para un total de 500.000.000, monto que debería pagarse ya mismo; y que, de ser necesario, se proceda luego con el peritaje pertinente para la valoración de la restante indemnización por expropiación y por daño material económico. El reconocimiento y cancelación de los daños moral, emocional y sicológico (sic), se debe dar independientemente de que la Administración permita o no el usufructo del bien inmueble, hasta ahora expropiado de hecho, pero no de derecho, ya que el daño está consumado y se sigue acrecentando con el paso del tiempo, siendo que lo restante dependerá de lo que determine este Tribunal y si aplica, el peritaje respectivo.(...)". De esta ampliación, este Tribunal concedió audiencia a la Municipalidad recurrida para que se refiriera al respecto, sin que al día de hoy se haya manifestado (los propios autos, ver escrito agregado al expediente a imagen 1709 a 1720 y resolución dictada al ser las horas diez minutos del día veintitrés de Agosto del año dos mil veintitrés imagen 1721, constancia de notificación de la resolución MSC-RAM-095-2021 a imagen 1155, constancia de notificación de la resolución MSC-R.A.M.-099-2021 imagen 1265 y 1267); 8) en fecha 02 de Abril del año en curso, la representación de la empresa recurrente, formuló lo que denominó como "PRONTO DESPACHO", el cual fue atendido por este Tribunal, al dictarse la resolución de las catorce horas diecinueve minutos del tres de abril de dos mil veinticuatro. (ver escrito agregado a imagen 1724 a 1727 y resolución a imagen 1728 del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal).

 III.-  OBJETO DE IMPUGNACIÓN. En la resolución venida en alzada, sea esta la identificada bajo el número MSC-RAM-095-2021, de las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, el Órgano Director del procedimiento nombrado por la Alcaldía Municipal de San Carlos, dispuso -a lo que resulta de interés- se transcribe literalmente: "(...)PRIMERO: Declarar sin lugar el reclamo administrativo interpuesto por el señor Denic Danay Murillo Murillo en su carácter de representante legal de la compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima por el rechazo de dos solicitudes de uso de suelo para construcción de vivienda en las propiedades folio real 439753 y 439752. SEGUNDO: Informar al señor Denic Danay Murillo Murillo, en su calidad dicha, que, contra la presente resolución, de conformidad con el artículo 171 del Código Municipal, pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria ante la Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mismo. (...)". Esta disposición administrativa tiene relación con el rechazo del uso de suelo gestionado por el aquí apelante, respecto de las fincas inscritas en el Registro Público de la propiedad,  a folio real 439753 y 439752; puesto que esas propiedades se encuentra dentro del radio o perímetro de protección de una naciente, propiedad de la ASADA el Porvenir; de modo que queda afectada por el radio de protección previsto en los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal y 31 de la Ley de Aguas, lo anterior de conformidad con lo consignado por la Municipalidad de de San Carlos en el acto denominado: "RESOLUCIÓN DE CONSTANCIA" a imagen 84 y 86 del expediente electrónico.-

 IV.- SOBRE EL FONDO. En resumen, la parte apelante hace ver que el rechazo de uso de suelo para vivienda que gestionó ante la Municipalidad de San Carlos para los terrenos de su representada, bajo el fundamento del artículo 31 de la Ley de Aguas, implicaría además ilegalidad y nulidad absoluta sobre otras actuaciones previas de la propia Municipalidad, como el otorgamiento de uso de suelos y permisos constructivos, en relación a todos los terrenos dentro del radio de 200 metros fijados a partir de la naciente en cuestión, cuyas consecuencias derivan en una cadena de eventos y omisiones que, por venir fundamentadas sobre actos preliminares ilícitos, han heredado su nulidad, reclamando una desigualdad o discriminación; respecto a propiedades vecinas que si se les ha otorgado el uso de suelo, e incluso han construido en la zona. Agrega que según se observa en los planos de catastro visados por la Municipalidad en enero 2008, los terrenos son el resultado de una segregación con naturaleza "LOTE PARA CONSTRUIR" y así se lee tanto en la Certificación Literal del Registro Nacional como en el propio plano de catastro. Considera que el municipio plantea una diferencia razonable entre el uso de suelos y el visado municipal de catastro -que no cuestiona- que lo que realmente importa es el fondo al que ambos documentos hacen referencia, "sea la naturaleza del bien y los derechos adquiridos" (la negrita es de su original, el subrayado es nuestro). Considera el apelante que si el cambio se dio respecto al visado de plano catastrado, o con respecto al uso de suelos, se está ejecutando un cambio sobre el aprovechamiento pretendido del bien y su naturaleza, "PARA CONSTRUIR" dando paso -cambiando- a "ZONA DE PROTECCIÓN.". Manifiesta que el municipio alega desconocimiento de la naciente declarada y de su radio de protección -a su criterio- pretendiendo justificar el aparente visado irregular de planos, y la posible emisión de "uso de suelos" con omisiones del radio de protección, debido a la carencia de una herramienta tecnológica antes del año 2015. Afirma que esto da a entender, que se da un cambio en el uso de suelos a raíz de la utilización de nueva tecnología, donde se afirma que se "otorgaba el uso de suelo con base en las leyes vigentes a nivel país", cosa que asegura no se entiende, ya que con la tecnología o sin ella, afirma que la Ley de Aguas está vigente desde el 28 de agosto de 1942 y hasta hoy no ha variado. Manifiesta que los terrenos tuvieron disponibilidad de agua hasta el año 2018, desconociendo si antes de esa fecha existió dicha disponibilidad, recayendo el peso de la prueba en el municipio, en aras de mejor resolver si desde el visado municipal, la propia Municipalidad provocó la seguidilla de errores que les tiene en esta instancia. Aunado a ello, considera que, lo mismo aplicaría sobre el principio de igualdad ante la Ley, y de cómo propietarios de inmuebles dentro del mismo radio de 200 metros, obtuvieron no solo el visado de planos y el supuesto uso de suelos aprobado, sino además el permiso de construcción. Afirma que la naciente cuya afectación alcanza los terrenos de su representada, está declarada desde el año 2001 y siendo además explotada desde el año 2003, mucho tiempo antes que los planos de sus propiedades fueran visados por el municipio. Considera que si la naciente ya por sí misma genera un impedimento y avala la aplicación irrestricta del artículo 31 de la Ley de Aguas, sería evidente la violación a los artículos 14, 19 y 36 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, en el entendido que se dividió un inmueble que soportaba limitaciones que afirma el municipio, y que sustentan su fundamento legal para rechazar el uso de suelos de su representada. Aunado a todo ello, a lo largo de la tramitación del procedimiento ha reclamado una indemnización por daños y perjuicios, por no haber podido aprovechar los terrenos de su representada, al punto de pretender una expropiación para satisfacer los extremos que ha liquidado, con ocasión a esos daños y perjuicios reclamados, sin dejar de lado el reclamo por el valor de las propiedades registradas a su nombre. Partiendo de todo lo anterior este Tribunal informa y dispone lo siguiente:  En atención a lo regulado en el ordinal 180 de la Ley General de la Administración Pública, este Tribunal de Jerarquía Impropia tiene delimitada su competencia por los agravios expresados por la parte recurrente en su recurso de apelación, quedando vedado cualquier análisis que esté fuera de los alegatos planteados en ese momento. Dicho lo anterior, se tiene que la sociedad recurrente sustenta su tesis ante esta alzada sobre tres ejes básicos, siendo el primero de ellos, como base para plantear su reclamo del acto, la inexistencia de gravámenes a nivel registral al momento de la adquisición del inmueble; así como la indicación de Terreno Para Construir; tal hecho, que no es refutado por el gobierno local, carece de la fuerza de anular lo actuado. Las anotaciones y gravámenes que recaen sobre las fincas al momento de la inscripción, son útiles a efecto de dar publicidad registral y facilitan a terceros el acceso a información pública confiable que aspira a minimizar los riesgos en las transacciones entre bienes. Sin embargo, existen disposiciones de ley de orden público que afectan o limitan los atributos del derecho de propiedad inmobiliaria que sin ser publicadas a nivel registral, no por ello dejan de estar vigentes y son de aplicación obligatoria para las autoridades, siendo imperativo para el administrado soportarlas. Entre ellas se puede mencionar, en términos muy generales, todo lo relativo a las limitaciones que contemplan los planes reguladores que emanan de los gobiernos municipales, que incorporan restricciones a nivel constructivo y de fraccionamiento. También existe leyes ordinarias, tales como las contenidas en los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal o 40 en la Ley de Planificación Urbana, mediante las cuales se restringe el pleno y libre aprovechamiento de la propiedad. Ninguna de esas restricciones deben ser anotadas en el Registro Nacional siendo resorte del las instituciones públicas competentes (MOPT, INVU, MUNICIPALIDAD, ASADAS, por ejemplo) el señalamiento preciso de los retiros u otras especificaciones. En el caso presente, no es relevante si la afectación se hubiera producido después de la adquisición del inmueble, puesto que la simple existencia de la naciente y su posterior captación para el consumo humano (por ejemplo), generó automáticamente la eficacia de la norma jurídica dispuesta por el legislador y que impacta sobre los derechos que sopesan en terrenos que se ubican dentro de su radio de protección, siendo irrelevante la fecha de adquisición de cada una de las fincas que le circundan (a propósito de las propiedades vecinas, por lo que se reclama desigualdad de trato o trato discriminatorio). Respecto a su naturaleza de lote "Para Construir", como lo ha venido reclamando la parte apelante como un cambio de uso de suelo en la zona, es algo no compartido por este Tribunal. Si bien a lo largo del procedimiento administrativo, se ha tenido a la vista los planos catastrados y la inscripción de los lotes con naturaleza de Terrenos para construir, lo cierto del caso que en aplicación del Principio de Legalidad, la presentación de Estudios de uso de Suelos, no permitiría que la Municipalidad de San Carlos dejara de considerar la normativa ambiental de índole constructiva aplicable al caso, pues en los autos no existe controversia alguna de la existencia de una naciente captada para consumo humano (los propios autos) la cual claramente afecta parte del área pretendida para construcción (por eso se reclama indemnización e incluso expropiación por parte de la representación de la empresa apelante). Como segundo reclamo, la representación apelante cuestiona que en su caso, ese radio de protección de la naciente captada, conforme al numeral 20 de la Ley de Aguas, implica un vaciamiento de su derecho de propiedad; siendo esto la base para reclamar el pago de la indemnización respectiva por responsabilidad de quien le afectó o el "justi precio" en el proceso especial de expropiación. Nótese, que este reclamo indemnizatorio o expropiatorio, no es competencia de esta alzada, en tanto en este caso en particular, el acto dictado por el Alcalde y aquí cuestionado, rechaza la gestión, al considerar que estamos en presencia de una limitación legítima al derecho invocado que debe ser soportada por el administrado. Y es que se debe de evidenciar y por eso se insiste, que la representación apelante, ha venido a esta alzada, no solo cuestionado las disposiciones administrativas que le resultaron adversas a sus intereses; sino y además de ello, ha reclamado el pago de una indemnización, e incluso a venido actualizando los supuestos montos que pretende, por no poder aprovechar los terrenos de su propiedad, precisamente por las limitaciones para construir en ellos. Para tal efecto nos remitimos a las imágenes del expediente que constan en el Tribunal, e incluso esas actualizaciones indemnizatorias han sido base o fundamento para gestionar los prontos despachos que constas en autos; proponiendo el reconocer el pago de daños y perjuicios; por concepto de daño moral, emocional y psicológico, sufridos por los socios propietarios, estimando esto en un monto prudencial de 250.000.000 millones para cada uno de ellos. Estos montos los reclama la parte apelante para que sean acreditados de inmediato al citar: "debería pagarse ya mismo"; aunado a que se solicita -de ser necesario- se proceda con el peritaje pertinente para la valoración de la restante indemnización por expropiación y por daño material económico. (ver escrito del 2 de abril del 2024 a imagen 1724 a 1727 del expediente electrónico con el que cuenta el Despacho). Aparejado a lo anterior, si nos remitidos al escrito que corre agregado a imagen 48 y siguientes, dirigido al Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Carlos, donde después de una serie de reclamos, la representación recurrente arriba a la siguiente conclusión: "(...) De lo anterior, se desprende lo que ya he (sic) dicho, que existen múltiples vicios y omisiones en el proceso de considerar reserva de dominio a favor de la Nación, a las propiedades afectadas. En todo caso no cuestionamos (sic) el espíritu de la Ley, sobre la preservación de bienes inalienables como lo son los recursos naturales y, más específicamente, las cuencas hidrográficas de consumo humano. Es por ello que se busca en esta instancia la liquidación de lo que corresponde, actuando de buena fe y en beneficio de la colectividad, sin exigir sacrificios individuales desproporcionados compensados mediante una una estimación prudencial de la liquidación pretendida, prudencialmente, tiene dos componentes a saber: la indemnización por la expropiación del bien, y la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.(...)". (la negrita es de su original, el subrayado es nuestro). (ver específicamente imagen 70 del expediente electrónico con el que cuenta este Tribunal). Respecto al tema indemnizatorio de daños y perjuicios y/o una posible indemnización por expropiación, este Tribunal comunica, que a manera de excepción a las normas previstas en el numeral 171 y siguientes del Código Municipal y 181 de la Ley General de la Administración Pública, la materia referida a responsabilidad civil mediante la cual el administrado procura una indemnización derivada de las actuaciones estatales, está prevista en el Código Procesal Contencioso Administrativo, artículo 2 inciso b), y constituye un asunto que debe plantearse, discutirse y resolverse en forma plenaria en la sede jurisdiccional (no teniendo porque agotar vía administrativa, respecto a estos temas), conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Constitución Política y sobre la base de los postulados contenidos en el Título Sétimo de la Ley General de la Administración Pública. Respecto al tema indemnizatorio por expropiación ocurren lo mismo, en cuanto a la competencia de este Tribunal para referirse al respecto (ver al efecto el numeral 110 del Código Procesal Contencioso Administrativo, relacionado con el 367 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública y artículo 20 párrafo tercero de la Ley de Aguas). En razón de todo lo expuesto, no encuentra este Tribunal ningún motivo para anula o determinar lo contrario, a lo que dispuso la Alcaldía Municipal de San Carlos; más en este caso evidente, que lo pretendido por la apelante es un tema indemnizatorio, donde no es necesario agotar la vía administrativa ante este Tribunal, pues ello implicaría el ejercicio de competencias que están reservadas, conforme a la Constitución Política y a la Ley, a los Tribunales de Justicia y no al contralor no jerárquico de legalidad por la vía del recurso administrativo; lo que obliga a confirmar el acto del Alcalde con relación a la resolución identificada bajo el número MSC-RAM-095-2021 dictada por la Alcaldía Municipal de San Carlos al ser las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de Octubre del año dos mil veintiuno; en cuanto a lo resuelto sobre la solicitud de levantamiento de las limitaciones consignadas en los usos de suelos de las propiedades inscritas a folio real 439750 y 43972, respecto de lo cual se da por agotada la vía administrativa, y declarar inadmisible el tema o pretensión indemnizatoria planteado y actualizado en autos por la representación recurrente.

 V.- De la devolución del expediente. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de apelación intentado en contra de la resolución identificada bajo el número MSC-RAM-095-2021 dictada por la Alcaldía Municipal de San Carlos al ser las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de Octubre del año dos mil veintiuno. En consecuencia se confirma el acto apelado, únicamente en cuanto a lo resuelto sobre la solicitud de levantamiento de las limitaciones consignados en los usos de suelos de las propiedades inscritas al folio real 439753 y 439752. Aspecto sobre el cual se da por agotada la vía administrativa. Respecto al resto de pretensiones indemnizatorias y/o expropiatorias formuladas, por la representación recurrente, se rechaza de plano el recurso. NOTIFÍQUESE. Rodrigo Huertas Durán; Yetty Hernández Orias; Karla Gabriela Solís Valverde. Jueces.-

 

 

	



VT5TGI5MRTQ61
RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 






43KYMKC43O9MI61
YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



IKTWWZPQJ0U61
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-007147-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:22:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Contentious-Administrative Tribunal  

Resolution No. 02966 - 2024  

Resolution Date: 07 May 2024 at 15:29  

Expediente: 21-007147-1027-CA  

Drafted by: Rodrigo Huertas Durán  

Type of Matter: Improper Hierarchy  

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER  

Text of the resolution  

EXPEDIENTE:  

21-007147-1027-CA - 5  

PROCEEDING:  

IMPROPER HIERARCHY (Municipal)  

PLAINTIFF:  

COMPAÑIA INVESTIGACIONES UTOPICAS  

DEFENDANT:  

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  

No. 2024002966  

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and twenty-nine minutes on the seventh of May of two thousand twenty-four.-  

This Tribunal, acting as a non-hierarchical controller of legality, hears the Appeal filed by Mr. Denic Murillo Murillo, in his capacity as legal representative of Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima, against the resolution identified under number MSC-R.A.M-0095-2021 issued by the Municipal Mayor's Office of San Carlos at thirteen hours fifty minutes on 19 October 2021.  

Drafted by Judge Huertas Durán, and;  

CONSIDERING:  

I.-INFORMATION TO THE PARTIES: For this Chamber, it is of utmost importance to inform the parties that the Tribunal has implemented a complete redesign in its different areas; which resulted in this matter being assigned to the undersigned drafting judge on the fourth of April of the current year, for the purpose of hearing the pending challenge on its merits, it being only at this moment that access to the expediente for review is obtained.-  

II.-PROVEN FACTS: Of interest for the resolution of this matter, the following is duly accredited: 1) That the company named Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima, as owner of the properties registered before the Public Property Registry under Folio Real numbers 439753 and 439752, requested land use for housing construction, its nature being land for building; (see images 105 and 112 of the electronic expediente available to the Tribunal); 2) That the appellant representation requested the construction permit for both properties, which were denied by the Department of Engineering and Urbanism of the Municipalidad de San Carlos, for the following reason: "(...) THIS PROPERTY IS NOT WITHIN THE REGULATORY PLAN OF CIUDAD QUESADA, FOR HOUSING CONSTRUCTION IT IS REJECTED. THIS PROPERTY IS AFFECTED BY THE PORVENIR SPRING, THEREFORE LAW OF WATERS 276 ARTICLE 31 MUST BE COMPLIED WITH. (...)" (see documents named "RESOLUCIÓN DE CONSTANCIA" images 84 and 86 of the electronic expediente available to this Tribunal); 3) The appellant representation, on 21 June 2021, filed a submission entitled "Solicitud de levantamiento limitaciones terrenos Porvenir" (see document added at image 913 to 943 of the electronic expediente available to this Tribunal); 4) By means of the administrative resolution identified under number MSC-RAM-095-2021 issued by the Municipal Mayor's Office of San Carlos at thirteen hours fifty minutes on the nineteenth of October of two thousand twenty-one, the following was ordered: "(...) FIRST: To dismiss the administrative claim filed by Mr. Denic Danay Murillo Murillo in his capacity as legal representative of the company Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima for the rejection of two land-use applications for housing construction on properties with folio real 439753 and 439752. SECOND: To inform Mr. Denic Danay Murillo Murillo in said capacity that, against this resolution, in accordance with Article 171 of the Código Municipal, the ordinary remedies of revocation before the Mayor's Office and appeal before the Contentious-Administrative Tribunal may be filed within the five days following its notification. (...)" (see resolution at image 1141a of the electronic expediente available to this Tribunal); 5) That the representation of the plaintiff company, on 26 October 2021, filed a remedy of revocation with subsidiary appeal against resolution number MSC-RAM-095-2021 (see remedies at image 1161 to 1205 of the electronic expediente available to this Tribunal); 6) By means of the resolution identified under number MSC-R.A.M.-099-2021 issued by the Municipal Mayor's Office of San Carlos at fifteen hours fifty-five minutes on 03 November 2021, the remedy of revocation filed by the appellant representation against resolution number MSC-RAM-095-2021 was heard, ordering -among other things- the rejection of the remedy of revocation, and elevating the appeal remedy to this Tribunal (see resolution MSC-R.A.M.-099-2021 at image 1227 to 1263 of the electronic expediente available to this Tribunal); 7) By means of the submission presented by the appellant representation on 4 August 2023, entitled "Actualización sobre las pretensiones del Recurso Ordinario de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la Resolución Administrativa Municipal MSC-RAM-095-2021", through which -among other things- it requests: "(...) I propose (sic), furthermore, that we proceed as soon as possible to acknowledge and pay the damages for their moral, emotional, and psychological (sic) components, suffered by both partner owners of my (sic) represented party, prudentially estimated at 250,000,000 each, for a total of 500,000,000, an amount that should be paid immediately; and that, if necessary, we then proceed with the pertinent expert appraisal for the valuation of the remaining compensation for expropriation and for economic material damage. The acknowledgment and payment of the moral, emotional, and psychological (sic) damages must occur independently of whether the Administration allows or not the usufruct of the real property, expropriated de facto until now, but not de jure, since the damage is consummated and continues to increase with the passage of time, the remainder depending on what this Tribunal determines and, if applicable, the respective appraisal. (...)" . Regarding this expansion, this Tribunal granted a hearing to the respondent Municipalidad for it to comment, which to date has not manifested itself (the procedural orders themselves, see submission added to the expediente at image 1709 to 1720 and resolution issued at ten hours and ten minutes on the twenty-third of August of the year two thousand twenty-three image 1721, proof of notification of resolution MSC-RAM-095-2021 at image 1155, proof of notification of resolution MSC-R.A.M.-099-2021 image 1265 and 1267); 8) on 02 April of the current year, the representation of the appellant company formulated what it called "PRONTO DESPACHO", which was addressed by this Tribunal, by issuing the resolution of fourteen hours nineteen minutes on the third of April of two thousand twenty-four. (see submission added at image 1724 to 1727 and resolution at image 1728 of the electronic expediente available to this Tribunal).  

III.- SUBJECT OF CHALLENGE. In the resolution that came before us on appeal, namely that identified under number MSC-RAM-095-2021, of thirteen hours fifty minutes on the nineteenth of October of two thousand twenty-one, the Directing Body of the proceeding appointed by the Municipal Mayor's Office of San Carlos, ordered -as relevant- the following is transcribed verbatim: "(...) FIRST: To dismiss the administrative claim filed by Mr. Denic Danay Murillo Murillo in his capacity as legal representative of the company Compañía Investigaciones Utópicas Sociedad Anónima for the rejection of two land-use applications for housing construction on the properties with folio real 439753 and 439752. SECOND: To inform Mr. Denic Danay Murillo Murillo, in said capacity, that, against this resolution, in accordance with Article 171 of the Código Municipal, the ordinary remedies of revocation before the Mayor's Office and appeal before the Contentious-Administrative Tribunal may be filed within the five days following its notification. (...)". This administrative provision relates to the rejection of the land use managed by the appellant here, regarding the properties registered in the Public Property Registry, under folio real 439753 and 439752; since those properties are located within the protection radius or perimeter of a spring, property of the ASADA el Porvenir; so they are affected by the protection radius provided for in sections 33 and 34 of the Ley Forestal and 31 of the Ley de Aguas, in accordance with what was recorded by the Municipalidad de San Carlos in the act called: "RESOLUCIÓN DE CONSTANCIA" at image 84 and 86 of the electronic expediente.-  

IV.- ON THE MERITS. In summary, the appellant party argues that the rejection of the land use for housing that it applied for before the Municipalidad de San Carlos for its represented party's land, based on Article 31 of the Ley de Aguas, would also imply illegality and absolute nullity of other prior actions by the Municipalidad itself, such as the granting of land uses and construction permits, regarding all the land within the 200-meter radius set from the spring in question, whose consequences derive in a chain of events and omissions that, being based on illegal preliminary acts, have inherited their nullity, claiming inequality or discrimination regarding neighboring properties that have been granted land use, and have even built in the zone. It adds that, as observed in the cadastre plans endorsed by the Municipalidad in January 2008, the land is the result of a segregation with the nature "LOTE PARA CONSTRUIR" and thus is read both in the Literal Certification of the National Registry and in the cadastre plan itself. It considers that the municipality proposes a reasonable difference between land use and the municipal cadastral endorsement -which it does not question- that what really matters is the substance to which both documents refer, "being the nature of the property and the acquired rights" (the bold is from its original, the underline is ours). The appellant considers that if the change occurred regarding the endorsement of the cadastral plan, or regarding land uses, a change is being executed on the intended use of the property and its nature, "PARA CONSTRUIR" giving way -changing- to "ZONA DE PROTECCIÓN." It states that the municipality alleges ignorance of the declared spring and its protection radius -in its opinion- attempting to justify the apparent irregular plan endorsement, and the possible issuance of "land uses" with omissions of the protection radius, due to the lack of a technological tool before the year 2015. It affirms that this suggests a change in land uses as a result of the use of new technology, where it is stated that "the land use was granted based on the laws in force at the country level," something it states is not understandable, since with or without technology, it affirms that the Ley de Aguas has been in force since 28 August 1942 and has not varied to this day. It states that the land had water availability until the year 2018, not knowing if before that date said availability existed, the burden of proof falling on the municipality, in order to better resolve whether, from the municipal endorsement, the Municipalidad itself caused the series of errors that has placed them in this instance. In addition to this, it considers that the same would apply regarding the principle of equality before the Law, and how property owners within the same 200-meter radius obtained not only plan endorsement and the supposedly approved land use, but also the construction permit. It affirms that the spring whose affectation reaches the land of its represented party has been declared since the year 2001 and also exploited since the year 2003, long before the plans for its properties were endorsed by the municipality. It considers that if the spring itself already generates an impediment and endorses the unrestricted application of Article 31 of the Ley de Aguas, the violation of Articles 14, 19, and 36 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones would be evident, in the understanding that a property was subdivided that bore limitations that the municipality affirms, and that sustain its legal basis for rejecting the land use of its represented party. In addition to all of this, throughout the processing of the procedure, it has claimed compensation for damages, for not having been able to use its represented party's land, to the point of seeking expropriation to satisfy the amounts it has settled, on the occasion of those claimed damages, without setting aside the claim for the value of the properties registered in its name. Based on the foregoing, this Tribunal informs and orders the following: In accordance with what is regulated in section 180 of the Ley General de la Administración Pública, this Tribunal of Improper Hierarchy has its competence delimited by the grievances expressed by the appellant party in its appeal, any analysis outside the arguments raised at that time being prohibited. That said, it follows that the appellant company sustains its thesis before this appellate court on three basic axes, the first being, as a basis for raising its claim against the act, the non-existence of encumbrances at the registry level at the time of the acquisition of the property; as well as the indication of Land For Building; such fact, which is not refuted by the local government, lacks the force to annul what was acted upon. The annotations and encumbrances that fall on the properties at the time of registration are useful for providing registry publicity and facilitate third parties' access to reliable public information that aims to minimize risks in transactions between property. However, there are legal provisions of public order that affect or limit the attributes of real property rights that, without being published at the registry level, are nonetheless in force and are mandatory for the authorities, it being imperative for the administered party to bear them. Among them can be mentioned, in very general terms, everything related to the limitations contemplated in regulatory plans that emanate from municipal governments, which incorporate restrictions at the construction and subdivision level. There are also ordinary laws, such as those contained in sections 33 and 34 of the Ley Forestal or 40 of the Ley de Planificación Urbana, through which the full and free use of the property is restricted. None of these restrictions must be annotated in the National Registry, it being the responsibility of the competent public institutions (MOPT, INVU, MUNICIPALIDAD, ASADAS, for example) to point out the precise setbacks or other specifications. In the present case, it is not relevant whether the affectation occurred after the acquisition of the property, since the simple existence of the spring and its subsequent capture for human consumption (for example), automatically generated the effectiveness of the legal norm provided by the legislator and which impacts the rights that weigh on land located within its protection radius, the date of acquisition of each of the properties that surround it being irrelevant (regarding the neighboring properties, for which inequality of treatment or discriminatory treatment is claimed). Regarding its nature as a "Para Construir" plot, as has been claimed by the appellant party as a change of land use in the zone, this is not shared by this Tribunal. Although throughout the administrative procedure, the cadastral plans and the registration of the lots with the nature of Land for Building have been on view, the fact of the matter is that in application of the Principle of Legality, the filing of Land Use Studies would not allow the Municipalidad de San Carlos to fail to consider the applicable environmental construction regulations in the case, since in the case file there is no controversy about the existence of a spring captured for human consumption (from the case file itself) which clearly affects part of the area intended for construction (which is why compensation and even expropriation are claimed by the representation of the appellant company). As a second claim, the appellant representation questions that in its case, that protection radius of the captured spring, in accordance with paragraph 20 of the Ley de Aguas, implies an emptying of its property right; this being the basis for claiming the payment of the respective compensation for liability by whoever affected it or the "just price" in the special expropriation process. Note that this claim for compensation or expropriation is not the competence of this appellate court, insofar as in this particular case, the act issued by the Mayor and challenged here, rejects the application, considering that we are in the presence of a legitimate limitation on the invoked right that must be borne by the administered party. And it must be evidenced, and for this reason it is insisted, that the appellant representation has come to this appellate court, not only challenging the administrative provisions that were adverse to its interests; but also, in addition to that, has claimed the payment of compensation, and has even been updating the supposed amounts it seeks, for not being able to use the lands of its property, precisely because of the limitations to build on them. For this purpose, we refer to the images of the expediente that appear in the Tribunal, and even these compensatory updates have been the basis or ground for processing the "prontos despachos" that appear in the case file; proposing the acknowledgment of payment of damages; for moral, emotional, and psychological damage, suffered by the partner owners, prudentially estimating this at an amount of 250,000,000 millions for each of them. These amounts are claimed by the appellant party to be accredited immediately when citing: "should be paid immediately"; coupled with the request -if necessary- to proceed with the pertinent expert appraisal for the valuation of the remaining compensation for expropriation and for economic material damage. (see submission of 2 April 2024 at image 1724 to 1727 of the electronic expediente available to the Chamber). Together with the foregoing, if we refer to the submission added at image 48 and following, addressed to the Department of Urban Development and Control of the Municipalidad de San Carlos, where after a series of claims, the appellant representation reaches the following conclusion: "(...) From the foregoing, it follows what I have (sic) already said, that there are multiple defects and omissions in the process of considering a reservation of domain in favor of the Nation, on the affected properties. In any case, we do not question (sic) the spirit of the Law, on the preservation of inalienable assets such as natural resources and, more specifically, hydrographic basins for human consumption. That is why we seek in this instance the settlement of what corresponds, acting in good faith and for the benefit of the community, without demanding disproportionate individual sacrifices compensated through a prudential estimate of the intended settlement, prudentially, has two components, namely: compensation for the expropriation of the property, and compensation for damages caused. (...)" (the bold is from its original, the underline is ours). (see specifically image 70 of the electronic expediente available to this Tribunal). Regarding the compensatory matter for damages and/or a possible compensation for expropriation, this Tribunal communicates that, as an exception to the rules provided in paragraph 171 and following of the Código Municipal and 181 of the Ley General de la Administración Pública, the matter regarding civil liability through which the administered party seeks compensation derived from state actions, is provided for in the Código Procesal Contencioso Administrativo, Article 2 subsection b), and constitutes a matter that must be raised, discussed, and resolved in a plenary manner at the jurisdictional venue (not having to exhaust the administrative route, regarding these issues), in accordance with the provisions of Article 49 of the Constitución Política and on the basis of the postulates contained in Title VII of the Ley General de la Administración Pública. Regarding the compensatory matter for expropriation, the same occurs, as to the competence of this Tribunal to refer to it (see to this effect paragraph 110 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, related to 367 subsection a) of the Ley General de la Administración Pública and Article 20 third paragraph of the Ley de Aguas). Due to all the foregoing, this Tribunal finds no reason to annul or determine the contrary to what was ordered by the Municipal Mayor's Office of San Carlos; more so in this evident case, that what is sought by the appellant is a compensatory matter, where it is not necessary to exhaust the administrative route before this Tribunal, as that would imply the exercise of competences that are reserved, in accordance with the Constitución Política and the Law, to the Courts of Justice and not to the non-hierarchical controller of legality via the administrative remedy; which obliges the confirmation of the act of the Mayor in relation to the resolution identified under number MSC-RAM-095-2021 issued by the Municipal Mayor's Office of San Carlos at thirteen hours fifty minutes on the nineteenth of October of the year two thousand twenty-one; regarding what was resolved on the request for lifting of the limitations stated in the land uses of the properties registered under folio real 439750 and 43972, regarding which the administrative route is considered exhausted, and to declare inadmissible the compensatory matter or claim raised and updated in the case file by the appellant representation.  

V.- On the return of the expediente. Having been processed at this venue electronically, it is available to the parties to obtain a complete copy containing both the administrative expediente sent by the Municipal Corporation as well as all the pieces that make up this appeal, for which they must provide the electronic storage device (USB flash drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation (plans, photographs, reports, etc.) has been entered that still remains in the custody of the Chamber, whoever provided it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial no. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.  

POR TANTO  

The appeal filed against the resolution identified under number MSC-RAM-095-2021 issued by the Municipal Mayor's Office of San Carlos at thirteen hours fifty minutes on the nineteenth of October of the year two thousand twenty-one is dismissed. Consequently, the appealed act is confirmed, only regarding what was resolved on the request to lift the limitations stated in the land uses of the properties registered under folio real 439753 and 439752. An aspect regarding which the administrative route is considered exhausted. Regarding the other compensatory and/or expropriatory claims formulated by the appellant representation, the appeal is rejected outright. NOTIFY. Rodrigo Huertas Durán; Yetty Hernández Orias; Karla Gabriela Solís Valverde. Judges.-  

EXP: 21-007147-1027-CA  

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]  

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:22:42.  

SCIJ de Hacienda  
SCIJ de la Procuraduría General de la República