Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En cuanto al segundo presupuesto necesario para la procedencia de la tutela cautelar, se requiere -como se dispone legalmente- que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. Al respecto, el gestionante señala que su afectación se debe a que se pone en peligro la pérdida de cosechas como la mora, fresas, hortalizas, entre otras, pérdida de leche y la muerte de animales que tiene en estanques (truchas) y gallinas ponedoras, por ello, tendría un perjuicio irreparable y un peligro inminente. (…) Ahora bien, de la prueba aportada y ofrecida igualmente, se dirige al fondo del proceso de conocimiento, ya que no se logra acreditar el daño grave actual o potencial en su esfera particular; si bien podría presumirse que la situación podría causarle alguna afectación al accionante, es lo cierto que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio sino que para el otorgamiento de una medida cautelar es necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio grave (actual o potencial), por medio de prueba idónea o al menos indiciaria y en la especie no consta prueba en autos que permita determinar algún daño actual o potencial en la esfera particular del petente y que eventualmente, establecer si es grave; el gestionante se limita en indicar que las actividades que desarrolla en “La Chiripa” es su única fuente de ingresos y las pérdidas que sufrirá de los animales y siembras y las diez familias de la comunidad -que sostiene- se verán afectadas, sin embargo, no demuestra su dicho. (…) Finalmente, en cuanto a la ponderación de intereses, en el caso concreto, debe prevalecer el interés público sobre el particular, toda vez que en la especie no se comprobó algún daño grave o perjuicio actual o potencial al gestionante, en otras palabras, no se observa lesión a su interés particular; en contraposición -sin prejuzgar por el fondo- debe prevalecer el interés público, en resguardo del principio indubio pro natura.
English (translation)As for the second prerequisite for granting interim relief, it is required—as legally provided—that the execution or continuation of the administrative conduct under review cause serious, current or potential harm or injury to the applicant's legal position. In this regard, the applicant claims that his harm consists of endangering the loss of crops such as blackberries, strawberries, vegetables, among others, loss of milk, and the death of animals he keeps in ponds (trout) and laying hens, thus incurring irreparable harm and imminent danger. (…) Now, the evidence submitted and also offered goes to the merits of the main proceedings, since it fails to prove the serious, current or potential harm in his private sphere; while it might be presumed that the situation could cause some harm to the applicant, it is true that alleging the existence of harm or injury is not enough; rather, for granting a precautionary measure it is necessary to demonstrate the existence of serious harm or injury (current or potential), by means of suitable or at least circumstantial evidence, and in this case there is no evidence in the record that would allow determining any current or potential harm in the applicant's private sphere and, eventually, establishing whether it is serious; the applicant merely states that the activities he carries out at “La Chiripa” are his only source of income and that he will suffer the loss of animals and crops, and that the ten families in the community—as he claims—will be affected, yet he does not prove his statement. (…) Finally, regarding the balancing of interests, in this particular case the public interest must prevail over the private one, since no serious harm or current or potential injury to the applicant was proven; in other words, no injury to his private interest is observed; in contrast—without prejudging the merits—the public interest must prevail, in safeguard of the in dubio pro natura principle.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 02981 - 2024 Fecha de la Resolución: 08 de Mayo del 2024 a las 10:00 Expediente: 22-000108-1129-AG Redactado por: Ana Katarina Apu Hidalgo Clase de asunto: Medida cautelar Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 22-000108-1129-AG - 4 PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A: RIGOBERTO ARIAS FONSECA DEMANDADO/A: EL ESTADO N° 2024002981 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas del ocho de Mayo del dos mil venticuatro.- Se conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por RIGOBERTO ARIAS FONSECA, mayor, casado una vez, cédula de identidad 1–0734-0745, agricultor, vecino de San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, San José interviene como su apoderada especial judicial Gabriela Quirós Hidalgo, mayor, cédula de identidad 1-955-779, abogada, carné 23162, vecina de Pérez Zeledón contra el ESTADO representado por el procurador Mauricio Castro Lizano, mayor, cédula de identidad 1-767-302, casado, abogado, vecino de Heredia y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.- RESULTANDO 1- La parte accionante en fecha 16 de noviembre de dos mil veintitrés, promueve medida cautelar (ver memorial en imágenes 2 a 9 del legajo de medida cautelar).- 2- El 20 de noviembre de 2023 amplia la pretensión de la medida cautelar (ver imágenes 28 a 32 del legajo de medida cautelar). 3- En resolución de las diecisiete horas cincuenta y siete minutos del veinte de noviembre de dos mil veintitrés, se otorga audiencia al ESTADO y al SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (personería jurídica instrumental) de la gestión cautelar (ver imagen 33 del legajo de medida cautelar).- 4- La representación del ESTADO, se refiere a la medida cautelar incoada (ver imágenes 39 a 42 del legajo de medida cautelar).- 5- El SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN se limita a indicar que no cuenta con competencia para representar al ESTADO (ver imágenes135 y 136 del legajo de medida cautelar).- 6- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.- CONSIDERANDO I. OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. La parte actora promueve medida cautelar a efectos de "...dictar como MEDIDA CAUTELAR O PRECAUTORIA la suspensión del Desalojo dictado en la Orden Administrativa N° 02 SINAC-ACLAP-GASP-PTS-041-2022, ya que este pone en peligro de perdida de cosechas como la mora, fresas, hortalizas, entre otras, perdida de leche, y la muerte de animales ya que tenemos estanques con truchas y gallinas ponedoras. Esto por cuanto hay un perjuicio irreparable y un peligro inminente de por medio al poner en riesgo las cosechas y la vida de los animales", en memoriales el 20 de noviembre del mismo año amplía la pretensión cautelar: "Por esta razón solicito a su autoridad emitir Oficio dirigido al SINAC, donde se indique que mi representado, puede continuar usufructuando la propiedad, hasta tanto no exista una sentencia en firme o que el propio despacho, emita una resolución que indique el desalojo. Esto en razón de que la orden de desalojo administrativa quedo sin efecto y se dio por agotada la Vía Administrativa" y "Por esta razón solicito a su autoridad emitir Oficio dirigido al MINAE (SINAC), donde se indique que mi representado, puede continuar usufructuando la propiedad, hasta tanto no exista una sentencia en firme o que el propio despacho. emita una resolución que indique el desalojo".- II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. a) La parte accionante: Manifiesta, el gestionante que se encuentra en perfecta posesión de la propiedad y en aras de continuar con la actividad ecoturística que realiza en su propiedad denominada “La Chiripa”, actividad que comprende hospedaje, alimentación, camping, tours guiados, turismo educativo, producción agrícola y pecuaria; siendo que es su única fuente de ingresos y para su familia, además de que, de las actividades mencionadas dependen económicamente 10 familias más de la comunidad, siendo esto indispensable para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. De la parte demandada: b) El Estado: Señala que la medida no es instrumental, el objeto es inerte al acto adoptado hace más de un año y tampoco hay interés actual ni derecho. Agrega que la simple presentación de este proceso no impide cumplir lo ordenado; las actividades productivas que refiere el actor están prohibidas en un parque nacional, son contrarias a los ecosistemas nativos. La orden emitida responde a los resultados de una comisión investigativa designada para realizar un diagnóstico de emprendimientos turísticos dentro del Parque Nacional Chirripó (SINAC-ACLA-P-DR-031-2022). Los informes de inspección y del ingeniero topógrafo, detectaron la divulgación en redes sociales de las actividades dentro del Parque poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema por intervención humana con aprovechamientos ilegales: actividades de camping, áreas de fogatas, caminatas, tala de árboles y levantamiento de infraestructura sin autorización (Ley Forestal, artículo 18) y la carencia de plano e inscripción. El procedimiento observó el debido proceso, la orden 02 SINAC-ACLAP-GASP-PTS-041-2022, otorgó 30 días para el retiro voluntario. El 5 de julio de 2022 presentó recurso y prueba contra lo ordenado y en la sesión extraordinaria 05-2023 del 27 de febrero del 2023 se rechazó el recurso y se reiteró R-SINAC-CONAC-4-2023 de 14:30 hrs. del 13 de marzo de 2023. La valoración de la medida se relaciona con el deber de aplicar en materia ambiental un criterio preventivo o de la evitación prudente previniendo anticipadamente posibles daños en los elementos integrantes del ambiente con la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas, pues la coacción posterior es ineficaz ante los efectos biológicos irreversibles. La orden del SINAC es propia del deber de autotutela para defender y proteger el Patrimonio Natural del Estado. El gestionante pretende asegurar un supuesto derecho de posesión, sin sustento registro-catastral. De las actividades lucrativas no hay prueba de ser el medio de subsistencia familiar. Las actividades ocurren al margen del ordenamiento en bienes públicos sin título habilitante (Ley 7575, artículos 13, 14, 15 y 18). Respecto al peligro de la demora, han de ponderarse los efectos de la medida en el ámbito del interés público. Los informes del SINAC son consistentes en la vulneración ambiental al Parque Nacional, sus ecosistemas, recurso hídrico, la flora y fauna asociada, con riesgo inminente de incendios forestales y contaminación, que aconsejan denegar lo pedido, c) El Sistema Nacional de áreas de Conservación: se limita a indicar que no cuenta con competencia para representar al Estado.- III. EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave. Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar.- IV. SOBRE EL CASO CONCRETO. En este asunto se procede a realizar el estudio de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo de la presente solicitud cautelar, considerando los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que constituye carga procesal de la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41.1. del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones y también, se realiza la indicación, que el gestionante omite en su escrito de solicitud de medida cautelar referencia en cuanto a los presupuestos para su otorgamiento. No obstante a lo anterior, se realizará el análisis para verifican si confluyen los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar. Sobre el presupuesto de la tutela cautelar "apariencia de buen derecho", considerando que se conoce la solicitud de medida cautelar peticionada, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo, lo cual no es propio de este proceso cautelar ya que trasciende las potestades de la resolución, se estima que la acción ejercida tiene apariencia de buen derecho por resultar susceptible de ser conocido en un proceso de conocimiento, por ende, se considera que la solicitud de tutela cautelar cumple este presupuesto. En cuanto al segundo presupuesto necesario para la procedencia de la tutela cautelar, se requiere -como se dispone legalmente- que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. Al respecto, el gestionante señala que su afectación se debe a que se pone en peligro la pérdida de cosechas como la mora, fresas, hortalizas, entre otras, pérdida de leche y la muerte de animales que tiene en estanques (truchas) y gallinas ponedoras, por ello, tendría un perjuicio irreparable y un peligro inminente. Además amplia al señalar que la actividad ecoturística que realiza en su propiedad “La Chiripa” comprende hospedaje, alimentación, camping, tours guiados, turismo educativo, producción agrícola y pecuaria, siendo la única fuente de sus ingresos y de su familia, también, que de las actividades mencionadas dependen económicamente 10 familias más de la comunidad, siendo esto indispensable para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. No ofrece prueba en lo particular de la medida cautelar, sino para el proceso de conocimiento, en esos términos consta la prueba testimonial "Los testigos ofrecidos conocen la historia y la posesión decenal de esa propiedad, así como quienes han sido sus dueños anteriores y la situación actual", prueba documental: Ventas protocolizadas de la propiedad con el fin de demostrar la posesión (imágenes 11 a 13 del legajo de medida cautelar), Secuencia de fotografías donde se demuestra que no existe daño al medio ambiente (ver imágenes 14 a 27 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, de la prueba aportada y ofrecida igualmente, se dirige al fondo del proceso de conocimiento, ya que no se logra acreditar el daño grave actual o potencial en su esfera particular; si bien podría presumirse que la situación podría causarle alguna afectación al accionante, es lo cierto que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio sino que para el otorgamiento de una medida cautelar es necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio grave (actual o potencial), por medio de prueba idónea o al menos indiciaria y en la especie no consta prueba en autos que permita determinar algún daño actual o potencial en la esfera particular del petente y que eventualmente, establecer si es grave; el gestionante se limita en indicar que las actividades que desarrolla en "La Chiripa" es su única fuente de ingresos y las pérdidas que sufrirá de los animales y siembras y las diez familias de la comunidad -que sostiene- se verán afectadas, sin embargo, no demuestra su dicho; tome en cuenta el gestionante que la prueba es una carga procesal que asume tal como lo dispone el artículo 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En virtud de lo anterior, se concluye que el presupuesto legal mencionado no se verifica, por cuanto la parte no demuestra fehacientemente dicho daño grave o perjuicio actual o potencial. Finalmente, en cuanto a la ponderación de intereses, en el caso concreto, debe prevalecer el interés público sobre el particular, toda vez que en la especie no se comprobó algún daño grave o perjuicio actual o potencial al gestionante, en otras palabras, no se observa lesión a su interés particular; en contraposición -sin prejuzgar por el fondo- debe prevalecer el interés público, en resguardo del principio indubio pro natura. En consecuencia, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales debe declararse sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas.- POR TANTO Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas. Notifíquese.- Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.- - Código Verificador - GLMMNW7MRF061 Documento firmado por: ANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUEZ/A TRAMITADOR/A EXP: 22-000108-1129-AG Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:23:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Court for Contentious-Administrative Matters Resolution No. 02981 - 2024 Resolution Date: May 8, 2024, at 10:00 a.m. Case File: 22-000108-1129-AG Drafted by: Ana Katarina Apu Hidalgo Type of Matter: Precautionary measure (medida cautelar) Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Text of the Resolution CASE FILE: 22-000108-1129-AG - 4 PROCEEDING: PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) PLAINTIFF: RIGOBERTO ARIAS FONSECA DEFENDANT: THE STATE (EL ESTADO) No. 2024002981 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten o'clock on May eighth, two thousand twenty-four.- A request for a precautionary measure (medida cautelar) filed by RIGOBERTO ARIAS FONSECA, of legal age, married once, identity card number 1–0734-0745, farmer, resident of San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, San José, appearing through his special judicial attorney-in-fact Gabriela Quirós Hidalgo, of legal age, identity card number 1-955-779, attorney, bar number 23162, resident of Pérez Zeledón, against the STATE (ESTADO) represented by the prosecutor Mauricio Castro Lizano, of legal age, identity card number 1-767-302, married, attorney, resident of Heredia, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, is hereby heard.- WHEREAS (RESULTANDO) 1- The moving party, on November 16, two thousand twenty-three, filed a precautionary measure (medida cautelar) (see brief in images 2 to 9 of the precautionary measure file).- 2- On November 20, 2023, the claim for the precautionary measure (medida cautelar) was expanded (see images 28 to 32 of the precautionary measure file). 3- In a resolution issued at seventeen hours fifty-seven minutes on November twenty, two thousand twenty-three, a hearing regarding the precautionary proceeding was granted to the STATE (ESTADO) and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (instrumental legal personality) (see image 33 of the precautionary measure file).- 4- The representation of the STATE (ESTADO) addressed the precautionary measure (medida cautelar) filed (see images 39 to 42 of the precautionary measure file).- 5- The SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN merely indicated that it lacks the authority to represent the STATE (ESTADO) (see images 135 and 136 of the precautionary measure file).- 6- The required procedures have been observed in the proceedings, and no grounds for nullity capable of invalidating what has been done are noted.- WHEREAS (CONSIDERANDO) I. PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). The plaintiff files a precautionary measure (medida cautelar) for the purpose of "...ordering as a PRECAUTIONARY OR PROVISIONAL MEASURE (MEDIDA CAUTELAR O PRECAUTORIA) the suspension of the Eviction ordered in Administrative Order No. 02 SINAC-ACLAP-GASP-PTS-041-2022, since this endangers the loss of crops such as blackberry, strawberries, vegetables, among others, loss of milk, and the death of animals since we have ponds with trout and laying hens. This because there is irreparable harm and an imminent danger involved by putting the crops and the lives of the animals at risk," in briefs on November 20 of the same year, he expands the precautionary claim: "For this reason, I request your authority to issue an Official Letter addressed to SINAC, stating that my client may continue to enjoy the usufruct of the property, until such time as there is a final judgment or the office itself issues a resolution ordering eviction. This because the administrative eviction order was rendered without effect and the Administrative Route was deemed exhausted" and "For this reason, I request your authority to issue an Official Letter addressed to MINAE (SINAC), stating that my client may continue to enjoy the usufruct of the property, until such time as there is a final judgment or the office itself issues a resolution ordering eviction."- II. ARGUMENTS OF THE PARTIES. a) The moving party: The applicant states that he is in perfect possession of the property and for the sake of continuing the ecotourism activity he carries out on his property called "La Chiripa," an activity that includes lodging, food, camping, guided tours, educational tourism, agricultural and livestock production; this being his and his family's only source of income, in addition to the fact that 10 other families in the community depend economically on the aforementioned activities, this being indispensable for the socioeconomic development of the community. From the defendant: b) The State (Estado): Points out that the measure is not instrumental, the purpose is inert to the act adopted more than a year ago, and there is also no current interest or right. It adds that the mere filing of this proceeding does not prevent compliance with what was ordered; the productive activities the plaintiff refers to are prohibited in a national park and are contrary to the native ecosystems. The order issued responds to the results of an investigative commission designated to carry out a diagnosis of tourism ventures within the Chirripó National Park (SINAC-ACLA-P-DR-031-2022). The inspection reports and the topographic engineer's report detected the dissemination on social networks of the activities within the Park, putting the balance of the ecosystem at risk due to human intervention with illegal uses: camping activities, campfire areas, hikes, tree felling (tala de árboles), and the construction of infrastructure without authorization (Forestry Law (Ley Forestal), article 18) and the lack of a survey plan and registration. The procedure observed due process; order 02 SINAC-ACLAP-GASP-PTS-041-2022 granted 30 days for voluntary removal. On July 5, 2022, an appeal and evidence were filed against what was ordered, and in extraordinary session 05-2023 of February 27, 2023, the appeal was rejected and R-SINAC-CONAC-4-2023 of 14:30 hrs. was reaffirmed on March 13, 2023. The assessment of the measure is related to the duty to apply, in environmental matters, a preventive or prudent avoidance criterion, preventing possible damage to the elements that make up the environment in advance by adopting all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain the possible impact on the environment or people's health, since subsequent coercion is ineffective in the face of irreversible biological effects. The SINAC order is proper to the duty of self-protection to defend and protect the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). The applicant seeks to secure an alleged right of possession, without registry-cadastral support. Regarding the lucrative activities, there is no proof that they are the family's means of subsistence. The activities occur outside the legal framework on public assets without an enabling title (Law 7575 (Ley 7575), articles 13, 14, 15, and 18). Regarding the danger of delay (peligro de la demora), the effects of the measure in the sphere of public interest must be weighed. The SINAC reports are consistent in pointing out the environmental violation to the National Park, its ecosystems, water resources, and associated flora and fauna, with an imminent risk of forest fires and contamination, which advise denying the request. c) The Sistema Nacional de Áreas de Conservación: merely indicates that it lacks the authority to represent the State (Estado).- III. GENERALLY ON THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). The case law has extensively developed the purpose of precautionary justice, which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions essential for the issuance and execution of the judgment. In this same sense, article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the purpose of ordering a precautionary measure (medida cautelar) is to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Based on the foregoing, the judge, observing the provisions of article 21 of the indicated procedural norm, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure (medida cautelar), verifying in this regard that the claim of the main proceeding is not reckless or clearly lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if what doctrine and case law have called appearance of good right or fumus boni iuris exists in the case at hand. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure (medida cautelar) when the execution or permanence of the conduct subject to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in the delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, there is a current, real, and objective danger that serious damage will be caused to the moving party. Along the same line of thought, article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes the judge's obligation to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake between the circumstances of the individual, on one hand, and, on the other, the public interest, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure (medida cautelar).- IV. ON THE SPECIFIC CASE. In this matter, a study is conducted of the elements required by articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) for this precautionary request, considering the arguments of both parties and the evidentiary elements provided to the case file, observing that it is the procedural burden of the interested party, under articles 220 of the aforementioned Code and 41.1. of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil), to prove the assertions made in support of its claims, and it is also noted that the applicant omits, in its brief requesting a precautionary measure (medida cautelar), any reference regarding the requirements for its granting. Notwithstanding the foregoing, an analysis will be carried out to verify if the requirements for granting the precautionary measure (medida cautelar) converge. Regarding the requirement for precautionary protection of "appearance of good right," considering that the requested precautionary measure (medida cautelar) is being heard, without entering into a value judgment on the merits, which is not proper to this precautionary proceeding as it transcends the powers of the resolution, it is deemed that the action exercised has an appearance of good right as it is susceptible to being heard in a main proceeding; therefore, it is considered that the request for precautionary protection meets this requirement. As for the second requirement necessary for the appropriateness of precautionary protection, it is required - as legally provided - that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, to the legal situation of the moving party. In this regard, the applicant states that his impact is due to the endangerment of the loss of crops such as blackberry, strawberries, vegetables, among others, loss of milk, and the death of animals he has in ponds (trout) and laying hens; therefore, he would suffer irreparable harm and imminent danger. He also expands by noting that the ecotourism activity he carries out on his property "La Chiripa" includes lodging, food, camping, guided tours, educational tourism, agricultural and livestock production, being his and his family's only source of income, and also that 10 other families in the community depend economically on the aforementioned activities, this being indispensable for the socioeconomic development of the community. He offers no evidence specifically for the precautionary measure (medida cautelar), but rather for the main proceeding; in these terms, the testimonial evidence is on record: "The offered witnesses know the history and the decennial possession of that property, as well as who its previous owners have been and the current situation," documentary evidence: Protocolized sales of the property in order to demonstrate possession (images 11 to 13 of the precautionary measure file), Sequence of photographs demonstrating that there is no environmental damage (see images 14 to 27 of the precautionary measure file). Now, the evidence provided and likewise offered is directed at the merits of the main proceeding, since it fails to prove the serious current or potential damage in his particular sphere; while it could be presumed that the situation could cause some impact on the plaintiff, the fact is that merely alleging the existence of damage or harm is not sufficient; rather, for the granting of a precautionary measure (medida cautelar), it is necessary to demonstrate the existence of serious damage or harm (current or potential) through suitable or at least circumstantial evidence, and in this case, there is no evidence in the case file that allows determining any current or potential damage in the particular sphere of the petitioner and that could eventually establish if it is serious; the applicant merely indicates that the activities he carries out at "La Chiripa" are his only source of income and the losses he will suffer from the animals and plantings, and that the ten families of the community - he asserts - will be affected; however, he does not prove his claim; the applicant should bear in mind that evidence is a procedural burden he assumes, as provided in article 41.1. of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil), of supplementary application in accordance with article 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). By virtue of the foregoing, it is concluded that the aforementioned legal requirement is not met, as the party does not reliably demonstrate said serious damage or current or potential harm. Finally, regarding the weighing of interests, in this specific case, the public interest must prevail over the private interest, since in the case at hand no serious damage or current or potential harm to the applicant was proven; in other words, no harm to his private interest is observed; in contrast - without prejudging the merits - the public interest must prevail, safeguarding the principle of in dubio pro natura. Consequently, since all the legal requirements are not met, the requested precautionary measure (medida cautelar) must be declared without merit. It is resolved without a special award of costs.- THEREFORE (POR TANTO) The requested precautionary measure (medida cautelar) is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without a special award of costs. Notify.- Ana Katarina Apú Hidalgo. Judge.- - Verification Code - GLMMNW7MRF061 Document signed by: ANA KATARINA APÚ HIDALGO, PROCESSING JUDGE (JUEZ/A TRAMITADOR/A) EXP: 22-000108-1129-AG Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:23:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República