Res. 03149-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Lack of passive standing of ESPH in claim over legal restrictions on property with water intakesFalta de legitimación pasiva de ESPH en reclamo por limitaciones legales a inmueble con tomas de agua

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 03149 - 2024

Fecha de la Resolución: 15 de Mayo del 2024 a las 10:11

Expediente: 19-004211-1027-CA

Redactado por: Elías Baltodano Gómez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

19-004211-1027-CA - 9




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A.




DEMANDADO/A:

	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A

 

 N° 2024003149

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con once minutos del quince de Mayo del dos mil venticuatro.-

 

Proceso de Conocimiento interpuesto por INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., cédula jurídica 3-101-244619, representada por su apoderado especial judicial, Licenciado Federico Peralta Bedoya, carnet 20177 contra la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA -ESPH-, representada por sus apoderados (as) especiales judiciales, Licenciado Juan Carlos Chaves Hernández, carnet 5238 y Licenciada Fernanda Paola Sibaja Orozco, carnet 23993.

  RESULTANDO

I.- La parte actora interpuso el Proceso supra indicado, peticionando lo siguiente:“1. Se ordene a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, a pagar la totalidad del inmueble con matrícula de folio real número 4-195657-000, toda vez que la misma se encuentra afectada materialmente por las dos tomas surtidoras de agua denominadas MATA DE MAÍZ y MATA DE CAFÉ. 2. En caso de no proceder el pago correspondiente, se ordene a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, a iniciar los trámites de expropiación respectivos, referentes al inmueble en cuestión, conforme lo indica la Ley de Expropiaciones. 3. Que se condene a la accionada al pago de ambas costas, así como las daños y perjuicios ocasionados y el efectivo pago de los intereses legales hasta su efectiva cancelación y sin perjuicio de la indexación monetaria del caso.” En Audiencia Preliminar se aclaró: “Respecto a la primera pretensión se debe mantener la original, aclarando únicamente que se corrige el error material “mata de caña” y no como por error se consignó, en cuanto a la pretensión segunda es una pretensión subsidiaria; en cuanto a la pretensión tres, se hace una estimación prudencial por concepto de daño material a valorar por un perito en el momento oportuno de la suma de 538.158.741 millones de colones, por la suma de 2.500.000 colones por daño moral subjetivo y objetivo y los perjuicios e intereses dejados de percibir por la suma de un millón de colones.” (Imágenes 2 a 16 y 125 a 128 del expediente judicial. Respaldo electrónico de la Audiencia Preliminar).

II.- Conferido el traslado de ley, la representación del ente demandado contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de Falta de Derecho. (Imágenes 46 a 63 del expediente judicial).

III.- La Audiencia Preliminar en el presente Proceso se llevó a cabo en fecha 6 de noviembre      de 2019. (Imágenes 125 a 128 del expediente judicial. Respaldo electrónico de la referida Audiencia).

IV.- Que con ocasión de las órdenes giradas por la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el marco del proceso de rediseño que se encuentra implementando el Despacho, el presente asunto fue trasladado a esta Sección del Tribunal en el mes de agosto del 2023. Y también por disposición de dicha Comisión, se conoce en el orden que corresponde en acatamiento de los criterios que nos fue instruido aplicar al atender los mismos, de entre decenas de asuntos de este tipo -en los que no se requiere celebración Juicio Oral y Público-, que nos fueron trasladados en la misma data de modo simultáneo, en principio listos para el dictado de la Sentencia.

V.- Se dicta esta Sentencia, previa deliberación de los integrantes de esta Cámara, dentro del plazo que permiten las labores propias de este Tribunal sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.

Redacta el Juez Baltodano Gómez, con el voto afirmativo del Juez Salas Leitón y la Juzgadora Reyes Castillo.

 CONSIDERANDO

I.-HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución del presente asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Que la sociedad actora es propietaria de la finca con matrícula folio real número 4-195657-000, ubicada en la Provincia de Heredia, Cantón San Isidro, Distrito San José; cuya naturaleza es lote dos, terreno de potrero, con una medida de cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. (Imagen 21 del expediente judicial); 2) Que la empresa accionante solicitó a la ESPH disponibilidad de agua potable para el inmueble de su propiedad indicado en el hecho probado inmediato anterior y esta última, mediante oficio UENAP-OP-449-2016 del 21 de julio de 2016, le resolvió que no contaba con disponibilidad de brindar el servicio solicitado, fundamentando su decisión de la siguiente manera: “Esta propiedad se encuentra ubicada dentro de las zonas de restricción 2 y 5 según el acuerdo JD-076-2008, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 70 del jueves 10 de abril del 2008, en la cual se indica: Zona 2: Áreas de protección que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal, según artículo 33 Ley Forestal (No. 7575, 13 de febrero de 1996) y las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio, según artículo 31 de la Ley General de Agua Potable (No. 1634 de 18 de setiembre de 1953). Zona 5: Área delimitadas en el “Informe integral  para la protección de las tomas de agua potable de la ESPH S.A.” elaborado por Tecnoambiente (2002), para las siguientes captaciones de agua: Sacramento, 29, 29A, Anexa Arrieta, Arrieta, Iris Hernández Este y Oeste, Botho Steinvorth, Flores y Flores 2, Carlos Steinvorth, Tibasito, Río Segundo, La Hoja, Breña de Mora, Mata de Plátano y Mata de Maíz. En las zonas 1, 2, 3 la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. no otorgará servicios de energía eléctrica y ni de agua potable, bajo ninguna circunstancia. En la zona 4 y 5 , se restringe la dotación de servicios según los siguientes lineamientos: a) No se realizarán extensiones de línea eléctrica primaria y de red de agua potable. b) No se darán servicios de energía y agua potable a segregaciones de finca, parcelas agrícolas y /o segregaciones frente a calle pública realizadas después de la publicación de este acuerdo. c) Se dará un único servicio por finca para uso residencial a las propiedades que estén frente a calle pública y donde exista tendido eléctrico o red de agua potable al momento de la publicación de este acuerdo. Así mismo se otorgará un servicio para instalaciones con fines científicos y de protección  a la ESPH S.A., o al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Además , el inmueble se encuentran (sic) afectados (sic) por la zona 2 estipulada en el acuerdo JD-185-2015 del 4 de agosto de 2015, el cual tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de emisión...” (Imágenes 26 a 27 del expediente judicial).

II.- DE LA POSICIÓN DE LAS PARTES.- En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, cada una de las partes alegan lo que seguidamente se detalla en este apartado. ACTORA: “PRIMERO: Mi representada, INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., es propietaria de la finca con matrícula folio real número 4-195657-000. ubicada en la provincia (04) de Heredia, cantón (06) San Isidro, distrito (02) San José; cuya naturaleza es lote dos, terreno de potrero, con una medida de cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. SEGUNDO: El inmueble de mi representa se encuentra afectada por dos tomas surtidoras de agua denominadas MATA MAÍZ y MATA CAFÉ, cuyo caudal y calidad es de notoria importancia para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable brindado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA. TERCERO: En el sano ejercicio de sus derechos, mi representada INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., solicita disponibilidad de agua potable ante la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Esta gestión fue rechazada mediante oficio UENAP-OP-449-2016 alegando que la línea en cuestión se encuentra dentro de las zonas de restricción No. 2 y 5, según el acuerdo de JD-076-2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 70 del 10 de abril del 2008; dentro de las cuales no se otorgan servicios de energía eléctrica ni agua potable bajo ninguna circunstancia. Dicha denegatoria no sólo viene a violentar el derecho humano de acceso al agua potable, sino que, además, vacía completamente el contenido esencial de su derecho de propiedad. CUARTO: A parte de lo indicado en el oficio UENAP-OP-449-2016 en cuanto a que el inmueble de mi representada se encuentra dentro de las zonas de restricción No. 2 y 5, según el acuerdo de JD-076-2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 70 del 10 de abril del 2008, también se establece que el mismo se encuentra afectado por la zona 2 estipulada en el acuerdo de Junta Directiva de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA JD-186-2015, sin embargo no cabe duda alguna que la limitación que se impone se encasilla dentro del supuesto del artículo 31 inciso primero de la Ley de Aguas, el cual en lo conducente, reza del siguiente modo: "Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o ramas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio. QUINTO: En reiteradas ocasiones se han realizado propuestas de adquisición del terreno a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, sin embargo, la respuesta no ha sido favorable, ya que indican que no tienen interés en la adquisición de la propiedad debido a que no existen proyectos relacionados con este terreno, aún y cuando este acto favorecería el mejoramiento de la red de agua potable y se evitaría tener al inmueble de mi representada congelado sin posibilidad de disfrute y sin una justa compensación. (…) Lo indicado hasta el momento se relaciona con el derecho de propiedad privada y el instituto de la expropiación en general, sin embargo partiendo de las características del caso que nos atiende se podría concebir que se está frente una expropiación indirecta, equivaliendo esta figura a lo que en Costa Rica se ha comprendido por expropiación de hecho. (…) Así pues, es amplia la jurisprudencia, doctrina y la normativa que exponen este tipo de situaciones y en las cuales se ha resuelto conforme a Derecho que en el artículo 31 de la Ley de Aguas, se impone que la afectación es tenida como una reserva del dominio en favor de la Nación, sin embargo, en este caso la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, parece atribuirse la norma de manera facultativa y por tanto nos notifica su desinterés de adquirir la propiedad. Nótese que al analizar el contenido del artículo 31 de La Ley de Aguas, la Procuraduría General de la República ha emitido en diferentes opiniones jurídicas, el significado y los alcances de la frase reserva de dominio en favor de la nación en donde se revela su espíritu, el cual se define como aquella técnica que utiliza la Administración para conservar o retener -como en el presente caso- de manera exclusiva la utilización de ciertos bienes de dominio público, para garantizar el determinado cumplimiento de necesidades sociales. Ahora bien, tal y como lo indica la misma Procuraduría en su opinión legal 01-017-2001, la reserva de dominio vacía de contenido el derecho de propiedad privada de los administrados, debido a que la potestad de imperio inherente al Estado se sobrepone con los intereses colectivos e incluso difusos por encima de los individuales, pero no por ello se puede pretender que se trate de una habilitación legal para afectar un inmueble al punto de dejar vacío el contenido esencial de su derecho de propiedad sin que medie una justa compensación. Por consiguiente, al determinarse que los 200 metros que circundan las dos tomas de agua potable que posee la propiedad de mi representada, según el artículo 31 de la Ley de Aguas, son de dominio público, se estaría reduciendo y afectando prácticamente la totalidad del inmueble y sin contar con posibilidad de desarrollo u aprovechamiento alguno, ya no sólo por lo establecido en el numeral 31 de la Ley de Aguas: sino que, además, por la denegatoria de servicios públicos que comunicó la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, dejando en claro que el inmueble de mi representada no podrá ser utilizada para ningún fin propio y normal de un inmueble.” DEMANDADA: “Lo que mi representada ha emitido fue una negativa de suministro de agua potable por las condiciones topográficas del inmueble y su ubicación geográfica , y de acuerdo a la reglamentación pública que ha emitido esta empresa en apoyo de su propia ley de creación y en apoyo de la normativa de protección ambiental que la sustenta, conforme expresaremos en el aparte de DERECHO, esta negativa de suministro de agua potable, no tiene como efecto el "congelamiento" del inmueble, o el "vacío" de los atributos del derecho de propiedad privada del actor, es una simple negativa de suministro de agua potable por las condiciones topográficas y legales actuales. (…) La negativa que ha realizado ESPH S.A. para otorgar abastecimiento de agua potable a la finca del actor inscrita al folio real partido de Heredia, matrícula 195657-000, se encuentra adecuadamente fundamentada y justificada en el oficio UENAP-OP-449-2016, fundamentado a la vez en el acuerdo de Junta Directiva número JD-076-2008 que fue casualmente publicado en la Gaceta 70 del 10 de abril de 2008. (…) El acuerdo JD-076-2008 afecta la propiedad en referencia que de igual manera afecta a varias propiedades del sector pero esto no se convierte en un elemento que ordene a la ESPH S.A. a la adquisición de las fincas afectadas, el acuerdo citado fue tomado con el fin de proteger el recurso hídrico para el beneficio de la población en general, tanto de las actuales generaciones como para las futuras generaciones servidas por la ESPH S.A., por otra parte, se dicta en apego a la Ley No. 276 -Ley de Aguas-, Ley No. 7575 -Ley Forestal- y la Ley No. 6280 -Creación del Parque Nacional Braulio Carrillo-. Así lo consideró incluso la Sala Constitucional al resolver el Recurso de Amparo planteado por los aquí actores (sic) en contra de la ESPH, bajo el expediente número 18-014063-007-CO, mediante VOTO 2018-015367 de las catorce horas veinte minutos del catorce de setiembre de dos mil dieciocho… Es claro que el inmueble del actor, está condicionado en su uso y destino, a fungir no como un inmueble URBANÍSTICO, sino como un inmueble destinado al uso y conservación de la flora y la fauna, por sus condiciones propias del área boscosa a que pertenece. Ahora bien, cuando un propietario, como el actor, adquiere un inmueble bajo esas condiciones, lo hace bajo pleno conocimiento del uso que puede brindársele al inmueble, acorde con la legislación nacional, así como, de que el mismo, al contar con nacientes de agua, capaces de ser utilizadas para consumo residencial, conlleva en sí mismo una limitación propia de la naturaleza del inmueble, que implícitamente es admitida por el comprador. (…) Es importante considerar que la ESPH S.A. es operadora de servicios, pero no es la institución a cargo del ordenamiento territorial del cantón donde se localiza la finca en cuestión ni es la institución que otorga el uso de suelo ya que esto es competencia del ente municipal, por lo cual de existir un "vacío en el contenido esencial del derecho de propiedad" debería ser la Municipalidad la demanda y no es la ESPH S.A. (Sala Constitucional en la resolución No. 2004-01923 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro). Por otra parte, el actor no aporta prueba que permita determinar con certeza que la limitación contenida en el artículo 31 de la Ley de Aguas, sea de tal grado que impida dar ningún uso al inmueble. Asimismo, el actor no ha demostrado que no han podido hacer uso del inmueble y que su derecho de disfrute y posesión se ha visto afectado y que la existencia del área de protección de la naciente lo haga del todo inutilizable. Conforme señala el actor en el hecho CUARTO, la limitación para el otorgamiento de servicios que impone ESPH S.A. en sus reglamentos y afecta este inmueble, viene establecida por imperio de ley, pues la Ley No. 276 -Ley de Aguas- en su artículo 31 inciso 1, efectivamente establece un radio de protección de este tipo de toma de agua. Si bien la ESPH S.A. tienen concesiones en ambas tomas de agua, y son importantes, las tomas no se encuentran en la finca folio real 4-195657-000 de la cual es propietaria la sociedad INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR SA. La toma de agua se localiza en la finca folio real 4-195656-000 inmueble que es propiedad de ESPH S.A. (…) Por otra parte, la finca folio real 4 195657-000 no solo se localiza dentro del área de protección de la Ley de Aguas, sino que dicho inmueble en la parte norte se encuentra afectado por el Parque Nacional Braulio Carrillo, como se puede ver en el plano catastrado de la finca en cuestión. Si bien las disposiciones antes citadas fueron establecidas por los legisladores con el fin de conservar y proteger el recurso hídrico, dichas disposiciones no establecen la obligación legal de adquirir aquellas áreas de protección establecidas en el artículo 31 de la Ley de Aguas No. 276. Si el actor considera que la limitación a su finca vacía de contenido su derecho de propiedad, cualquier reclamo en relación a este tema, debe ser dilucidado en un proceso en el que se discuta la responsabilidad del Estado, toda vez que la reserva impuesta proviene de una disposición legal. Los recursos que posee la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., están originados en el cobro de los servicios públicos de agua potable, por tanto, el uso de esos recursos está directamente predeterminado por los proyectos aprobados en las peticiones tarifarias, las cuales, evidentemente se aprueban en el tanto v en el cuanto, las mismas se apliquen de manera "razonable" al mantenimiento efectivo del servicio en las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos, lo cual da contenido al principio del servicio "al costo", definido por la ley número 7593 del 9 de agosto de 1996 y sus reformas… Por lo que la ESPH S.A. tiene la obligación de realizar las inversiones estrictamente necesarias para "prestar el servicio", impidiendo adquirir bienes genéricos que, en razón de la protección de los recursos hídricos, se encuentren con limitaciones o gravámenes, cuando la adquisición de estos bienes, no está directamente relacionada con la prestación del servicio. Téngase en consideración que no le corresponde a la ESPH S.A. correr con ningún resarcimiento como el que se pretende, dado que el objeto de la demanda planteada por el demandante es por la "afectación de las tomas de agua" afectación que corresponde al radio de doscientos metros que establece la Ley No. 276, artículo 31 inciso 1, siendo responsabilidad del Estado por acto del Poder Legislativo dicha limitación, por lo que en tales condiciones mal se haría en imponer obligaciones a la entidad accionada que no le corresponden, máxime que los hechos que motivan ésta demanda no obedece a actuaciones u omisiones que le sean atribuibles, ya que la negativa del Servicio de agua encuentra sustento en las localización geográfica y en el marco normativo vigente. En consecuencia, resulta improcedente, desde el punto de vista legal, que se obligue a ESPH S.A. a comprar una finca, o a iniciar un procedimiento de expropiación, cuando no se acredita adecuadamente, ni desde el punto de vista fáctico, ni probatorio, ni desde el punto de vista de fundamentación legal, la procedencia de las pretensiones de la demanda, ya que no es jurídicamente factible, en las condiciones en que se plantea esta demanda, ni que se obligue a ESPH S.A., a comprar una propiedad que no requiere, ni tampoco, que se le obligue a expropiar el citado inmueble.” 

V.- DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y SU VALORACIÓN POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL: Tal y como puede apreciarse a partir tanto del escrito de demanda como de la contestación respectiva, en la presente litis quien acciona lo hace argumentando que las limitaciones impuestas a su propiedad vacían de contenido su derecho y en consecuencia, al ser ello una expropiación de hecho, debe pagársele por parte de la ESPH el valor del inmueble a través de este Proceso o bien de un Proceso de Expropiación que se ordene instaurar a través del presente Fallo. Entiende esta Cámara a partir de los alegatos de ambas partes, que las limitaciones que se afirma pesan sobre el inmueble propiedad de la sociedad actora y que se aduce justifican la denegatoria de disponibilidad de agua, no provienen o no fueron impuestas a través de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la ESPH -JD-076-2008, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 70 del jueves 10 de abril del 2008 y JD-185-2015 del 4 de agosto de 2015-. Pues de ser así, debía la sociedad actora impugnar tales conductas a efecto de que esta Cámara procediera a realizar el correspondiente examen de legalidad. Pero entendiendo que tal impugnación no se hizo en la especie, al considerar la accionante que tal y como lo sostiene la representación legal de la ESPH, las limitaciones al referido inmueble provienen de normas de rango legal, concretamente de la Ley de No. 276 -Ley de Aguas-, Ley No. 7575 -Ley Forestal- y la Ley No. 6280 Creación del Parque Nacional Braulio Carrillo-, a juicio de esta Cámara no existe en la especie legitimación pasiva para demandar a la referida entidad. En esta línea, ha de recordarse que el numeral 12.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone que se considerará parte demandada, la “Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado.” Ello quiere decir, que si en la especie ambas partes  entienden y sostienen, que las limitaciones al inmueble propiedad de la actora tienen su génesis en las referidas leyes, claro está que no puede tenerse como parte demanda en este caso a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Y en ese tanto, lo procedente es sin necesidad de mayor análisis, declarar de oficio la falta de legitimación pasiva, como en efecto se dispone.   

VI.- DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS: Tal y como fue indicado en el Resultando II de esta Sentencia, la representación del ente demandado contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de Falta de Derecho. Siendo que en el presente Fallo se está declarando de oficio la Falta de Legitimación Pasiva, se omite pronunciamiento sobre la excepción aducida.

VII.- SOBRE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena solo es viable: a) cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 ibídem). En la especie, no aprecia esta Cámara que estemos en presencia de alguna de las excepciones previstas en la citada normativa para quebrar el postulado de costas al vencido. De ahí que lo procedente sea, condenar a la parte actora al pago de ambas costas del presente Proceso. Quantum de las mismas que se determinará en la Fase de Ejecución de Sentencia a instancia de la entidad vencedora.

POR TANTO

De oficio se declara una Falta de Legitimación Pasiva y en consecuencia, sin lugar la demanda incoada por Inmobiliaria Tres AN del Sur S.A. contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre la excepción de Falta de Derecho. Son ambas costas a cargo de la actora. Quantum de las mismas que se determinará en la Fase de Ejecución de Sentencia a instancia de la institución vencedora. NOTIFÍQUESE.- Elías Baltodano Gómez, Juez Ponente, Iván Salas Leitón, Juez y Judith Reyes Castillo, Jueza.-

 

 




- Código Verificador -
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4BVXJBSAGYS61



 

Documento firmado por:

ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A
JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-004211-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:22:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

19-004211-1027-CA - 9

PROCEEDING:

ORDINARY PROCEEDING

PLAINTIFF:

INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A.

DEFENDANT:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A

No. 2024003149

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten hours and eleven minutes on the fifteenth of May of two thousand twenty-four.-

Ordinary Proceeding filed by INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., legal identification number 3-101-244619, represented by its special judicial attorney-in-fact, Licenciado Federico Peralta Bedoya, bar number 20177 against the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA -ESPH-, represented by its special judicial attorneys-in-fact, Licenciado Juan Carlos Chaves Hernández, bar number 5238 and Licenciada Fernanda Paola Sibaja Orozco, bar number 23993.

WHEREAS

I.- The plaintiff filed the above-indicated Proceeding, petitioning the following: “1. The EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA be ordered to pay for the entirety of the property with registered folio number 4-195657-000, given that it is materially affected by the two water-supply intakes (tomas surtidoras de agua) called MATA DE MAÍZ and MATA DE CAFÉ. 2. If the corresponding payment is not appropriate, the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA be ordered to initiate the respective expropriation (expropiación) proceedings, regarding the property in question, as indicated by the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones). 3. The defendant be ordered to pay both costs, as well as the damages and losses caused and the effective payment of legal interest until its effective cancellation and without prejudice to the applicable monetary indexation.” At the Preliminary Hearing, it was clarified: “Regarding the first claim, the original must be maintained, clarifying only that the material error ‘mata de caña’ is corrected and not as was erroneously recorded, as for the second claim it is a subsidiary claim; regarding claim three, a prudential estimate is made for material damage to be assessed by an expert at the appropriate time in the sum of 538,158,741 million colones, for the sum of 2,500,000 colones for subjective and objective moral damages and the losses and interest not received in the sum of one million colones.” (Images 2 to 16 and 125 to 128 of the judicial file. Electronic backup of the Preliminary Hearing).

II.- The legal transfer having been granted, the representation of the defendant entity answered the lawsuit negatively and raised the defense of Lack of Right. (Images 46 to 63 of the judicial file).

III.- The Preliminary Hearing in this Proceeding was held on the 6th of November 2019. (Images 125 to 128 of the judicial file. Electronic backup of the referred Hearing).

IV.- That on the occasion of the orders issued by the Commission on Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, within the framework of the redesign process being implemented by the Office, the present matter was transferred to this Section of the Tribunal in the month of August 2023. And also by provision of said Commission, it is heard in the corresponding order in compliance with the criteria we were instructed to apply when addressing them, from among dozens of matters of this type - in which the holding of an Oral and Public Hearing is not required - that were transferred to us simultaneously on the same date, in principle ready for the issuance of the Judgment.

V.- This Judgment is issued, after deliberation by the members of this Chamber, within the period permitted by the duties of this Tribunal without observing grounds capable of invalidating the proceedings.

Drafted by Judge Baltodano Gómez, with the affirmative vote of Judge Salas Leitón and Judge Reyes Castillo.

CONSIDERING

I.- PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of the present matter, the following is deemed duly accredited: 1) That the plaintiff company is the owner of the farm with registered folio number 4-195657-000, located in the Province of Heredia, Canton of San Isidro, District of San José; whose nature is lot two, pasture land (terreno de potrero), with an area of fifty-nine thousand four hundred forty-four square meters. (Image 21 of the judicial file); 2) That the plaintiff company requested from ESPH potable water availability for its property indicated in the immediately preceding proven fact and the latter, through official letter UENAP-OP-449-2016 of July 21, 2016, resolved that it did not have availability to provide the requested service, basing its decision as follows: “This property is located within restriction zones 2 and 5 according to agreement JD-076-2008, published in the official newspaper La Gaceta No. 70 of Thursday, April 10, 2008, which indicates: Zone 2: Protection areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally, according to article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 7575, February 13, 1996) and the lands that surround the capture sites or potable water-supply intakes (tomas surtidoras), within a perimeter of no less than two hundred meters in radius, according to article 31 of the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable) (No. 1634 of September 18, 1953). Zone 5: Area delimited in the "Comprehensive report for the protection of the potable water intakes of ESPH S.A." prepared by Tecnoambiente (2002), for the following water catchments: Sacramento, 29, 29A, Anexa Arrieta, Arrieta, Iris Hernández Este and Oeste, Botho Steinvorth, Flores and Flores 2, Carlos Steinvorth, Tibasito, Río Segundo, La Hoja, Breña de Mora, Mata de Plátano and Mata de Maíz. In zones 1, 2, 3, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. will not grant electrical energy or potable water services, under any circumstances. In zone 4 and 5, the provision of services is restricted according to the following guidelines: a) No extensions of primary electrical lines or potable water networks will be made. b) Energy and potable water services will not be given to farm segregations, agricultural parcels, and/or segregations facing a public street carried out after the publication of this agreement. c) A single service will be given per farm for residential use to properties that face a public street and where electrical lines or potable water networks exist at the time of the publication of this agreement. Likewise, a service will be granted for installations with scientific purposes and for the protection of ESPH S.A., or the Ministry of Environment and Energy (MINAE). In addition, the property is (sic) affected (sic) by zone 2 stipulated in agreement JD-185-2015 of August 4, 2015, which has a duration of 18 months from the date of issuance...” (Images 26 to 27 of the judicial file).

II.- ON THE POSITION OF THE PARTIES.- In synthesis and without prejudice to the literal wording of their arguments, which have been studied in their entirety by this Tribunal, each of the parties alleges what is detailed below in this section. PLAINTIFF: “FIRST: My represented party, INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., is the owner of the farm with registered folio number 4-195657-000, located in the province (04) of Heredia, canton (06) San Isidro, district (02) San José; whose nature is lot two, pasture land, with an area of fifty-nine thousand four hundred forty-four square meters. SECOND: The property of my client is affected by two water-supply intakes called MATA MAÍZ and MATA CAFÉ, whose flow and quality are of notable importance for the provision of the public potable water supply service provided by the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA. THIRD: In the healthy exercise of its rights, my represented party INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR S.A., requested potable water availability from the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. This request was rejected by official letter UENAP-OP-449-2016, alleging that the property in question is within restriction zones No. 2 and 5, according to agreement JD-076-2008 published in the Official Newspaper La Gaceta No. 70 of April 10, 2008; within which electrical energy or potable water services are not granted under any circumstances. Said denial not only violates the human right of access to potable water but also completely empties the essential content of its property right. FOURTH: Apart from what is indicated in official letter UENAP-OP-449-2016 in terms that my represented party's property is within restriction zones No. 2 and 5, according to agreement JD-076-2008 published in the Official Newspaper La Gaceta No. 70 of April 10, 2008, it is also established that it is affected by zone 2 stipulated in the Board of Directors agreement of the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA JD-186-2015, however, there is no doubt that the imposed limitation falls within the assumption of article 31, first paragraph of the Water Law (Ley de Aguas), which, in its relevant part, reads as follows: 'The following are declared as a domain reserve in favor of the Nation: a) The lands that surround the capture sites or potable water-supply branches, in a perimeter of no less than two hundred meters in radius.' FIFTH: On repeated occasions, proposals for the acquisition of the land have been made to the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA; however, the response has not been favorable, since they indicate they have no interest in acquiring the property because there are no projects related to this land, even though this act would favor the improvement of the potable water network and would prevent my represented party's property from being frozen without possibility of enjoyment and without fair compensation. (…) What has been indicated so far relates to the right of private property and the institution of expropriation in general, however, based on the characteristics of the case at hand, it could be conceived that we are facing an indirect expropriation, this figure being equivalent to what in Costa Rica has been understood as a de facto expropriation. (…) Thus, there is ample jurisprudence, doctrine, and regulations that expose these types of situations and in which it has been resolved in accordance with the Law that in article 31 of the Water Law, it is imposed that the affectation is considered a domain reserve in favor of the Nation; however, in this case, the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA seems to attribute the norm to itself facultatively and therefore notifies us of its disinterest in acquiring the property. Note that when analyzing the content of article 31 of the Water Law, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) has issued, in different legal opinions, the meaning and scope of the phrase domain reserve in favor of the nation, revealing its spirit, which is defined as that technique used by the Administration to conserve or retain - as in the present case - exclusively the use of certain public domain assets, to guarantee the certain fulfillment of social needs. Now then, as indicated by the same Attorney General's Office in its legal opinion 01-017-2001, the domain reserve empties the content of the private property right of the administered parties, because the inherent power of the State prevails with collective and even diffuse interests over individual ones, but it cannot therefore be intended that this is a legal authorization to affect a property to the point of emptying the essential content of its property right without fair compensation. Consequently, upon determining that the 200 meters surrounding the two potable water intakes on my represented party's property, according to article 31 of the Water Law, are public domain, practically the entirety of the property would be reduced and affected, with no possibility of development or any use, no longer only due to what is established in numeral 31 of the Water Law, but also due to the denial of public services communicated by the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, making it clear that my represented party's property may not be used for any typical and normal purpose of a property.” DEFENDANT: “What my represented party has issued was a denial of potable water supply due to the topographic conditions of the property and its geographic location, and according to the public regulations that this company has issued in support of its own creation law and in support of the environmental protection regulations that sustain it, as we will state in the LAW section; this denial of potable water supply does not have the effect of a 'freezing' of the property, or the 'emptying' of the attributes of the plaintiff's private property right; it is a simple denial of potable water supply due to the current topographic and legal conditions. (…) The denial that ESPH S.A. has made to provide potable water supply to the plaintiff's farm registered in the sectional real folio of Heredia, registration number 195657-000, is adequately grounded and justified in official letter UENAP-OP-449-2016, itself based on Board of Directors agreement number JD-076-2008 which was casually published in La Gaceta 70 of April 10, 2008. (…) The agreement JD-076-2008 affects the referenced property in the same way it affects several properties in the sector, but this does not become an element that orders ESPH S.A. to acquire the affected farms; the cited agreement was adopted with the purpose of protecting the water resource for the benefit of the general population, both present and future generations served by ESPH S.A.; on the other hand, it is issued in accordance with Law No. 276 -Water Law-, Law No. 7575 -Forestry Law- and Law No. 6280 -Creation of Braulio Carrillo National Park-. This was even considered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) when resolving the Amparo Appeal filed by the plaintiffs here (sic) against ESPH, under expediente number 18-014063-007-CO, through VOTO 2018-015367 at fourteen hours twenty minutes on the fourteenth of September two thousand eighteen… It is clear that the plaintiff's property is conditioned in its use and destination, to serve not as an URBAN property, but as a property destined for the use and conservation of flora and fauna, due to its own conditions of the wooded area to which it belongs. Now then, when an owner, like the plaintiff, acquires a property under those conditions, they do so with full knowledge of the use that can be given to the property, in accordance with national legislation, as well as that the property, having water springs (nacientes) capable of being used for residential consumption, entails in itself a limitation inherent to the nature of the property, which is implicitly accepted by the buyer. (…) It is important to consider that ESPH S.A. is a service operator, but it is not the institution in charge of the territorial planning of the canton where the farm in question is located, nor is it the institution that grants land use since this is the competence of the municipal entity; therefore, if there were an 'emptying of the essential content of the property right,' the Municipality should be the defendant and it is not ESPH S.A. (Constitutional Chamber in resolution No. 2004-01923 at fourteen hours fifty-five minutes on the twenty-fifth of February two thousand four). On the other hand, the plaintiff does not provide proof that allows determining with certainty that the limitation contained in article 31 of the Water Law is of such a degree that it prevents giving any use to the property. Likewise, the plaintiff has not demonstrated that they have not been able to use the property and that their right of enjoyment and possession has been affected and that the existence of the spring protection area makes it entirely unusable. As noted by the plaintiff in fact FOURTH, the limitation for the granting of services imposed by ESPH S.A. in its regulations affecting this property is established by legal imperative, since Law No. 276 -Water Law- in its article 31 paragraph 1, effectively establishes a protection radius for this type of water intake. Although ESPH S.A. has concessions on both water intakes, and they are important, the intakes are not located on the farm with real folio 4-195657-000 owned by the company INMOBILIARIA TRES AN DEL SUR SA. The water intake is located on the farm with real folio 4-195656-000, a property owned by ESPH S.A. (…) Furthermore, the farm with real folio 4-195657-000 is not only located within the protection area of the Water Law, but said property to the north is affected by the Braulio Carrillo National Park, as can be seen on the cadastral map of the farm in question. While the aforementioned provisions were established by legislators with the aim of conserving and protecting the water resource, these provisions do not establish the legal obligation to acquire those protection areas established in article 31 of the Water Law No. 276. If the plaintiff considers that the limitation on their farm empties the content of their property right, any claim in relation to this matter must be elucidated in a process where the liability of the State is discussed, given that the imposed reserve comes from a legal provision. The resources that the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. possesses originate from the collection for the public potable water services; therefore, the use of those resources is directly predetermined by the projects approved in the tariff petitions, which evidently are approved insofar as they are reasonably applied to the effective maintenance of the service under the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide public services, which gives content to the principle of service 'at cost,' defined by law number 7593 of August 9, 1996 and its reforms… Therefore, ESPH S.A. has the obligation to make the investments strictly necessary to 'provide the service,' preventing the acquisition of generic assets that, due to the protection of water resources, are subject to limitations or encumbrances, when the acquisition of these assets is not directly related to the provision of the service. It must be considered that it does not correspond to ESPH S.A. to bear any compensation as intended, given that the object of the lawsuit filed by the plaintiff is for the 'affectation of the water intakes,' an affectation that corresponds to the two-hundred-meter radius established by Law No. 276, article 31 paragraph 1, with the State being responsible for said limitation by an act of the Legislative Branch; therefore, under such conditions, it would be wrong to impose obligations on the defendant entity that do not correspond to it, especially since the facts that motivate this lawsuit do not arise from actions or omissions attributable to it, as the denial of Water service finds support in the geographical location and the current regulatory framework. Consequently, it is legally inappropriate to obligate ESPH S.A. to buy a farm, or to initiate an expropriation proceeding, when the appropriateness of the lawsuit’s claims is not adequately accredited, neither from a factual nor evidentiary standpoint, nor from the standpoint of legal grounds, as it is not legally feasible, under the conditions in which this lawsuit is filed, to force ESPH S.A. to buy a property it does not require, nor to force it to expropriate the cited property.”

V.- ON THE GROUNDS OF THE LAWSUIT AND ITS ASSESSMENT BY THIS TRIBUNAL: As can be appreciated from both the lawsuit and the respective answer, in the present litigation, the plaintiff acts arguing that the limitations imposed on their property empty the content of their right and consequently, as this is a de facto expropriation, they must be paid the value of the property by ESPH through this Proceeding or through an Expropriation Proceeding ordered to be initiated through this Judgment. This Chamber understands, from the arguments of both parties, that the limitations claimed to weigh on the property owned by the plaintiff company and which are alleged to justify the denial of water availability, do not originate from or were not imposed through the agreements adopted by the Board of Directors of ESPH -JD-076-2008, published in the official newspaper La Gaceta No. 70 of Thursday, April 10, 2008, and JD-185-2015 of August 4, 2015-. For if that were the case, the plaintiff company had to challenge such conduct so that this Chamber could proceed to carry out the corresponding legality review. But understanding that such an objection was not made in this case, as the plaintiff considers that, just as the legal representation of ESPH maintains, the limitations on the referenced property come from legal-rank norms, specifically from Law No. 276 -Water Law-, Law No. 7575 -Forestry Law- and Law No. 6280 Creation of Braulio Carrillo National Park-, in this Chamber’s judgment, there is no passive legal standing (legitimación pasiva) to sue the referred entity. In this line, it must be remembered that numeral 12.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code provides that the defendant party shall be considered the “Public Administration author of the administrative conduct object of the process, except when dealing with the Executive, Legislative, Judicial Branches and the Supreme Electoral Tribunal; in this case, the State shall be sued.” This means that if in this case both parties understand and maintain that the limitations on the plaintiff’s property have their genesis in the referred laws, it is clear that the Empresa de Servicios Públicos de Heredia cannot be considered the defendant party in this case. And accordingly, what is appropriate is to declare, without need for further analysis, the lack of passive legal standing ex officio, as is indeed ordered.

VI.- ON THE DEFENSES RAISED: As was indicated in the Whereas II of this Judgment, the representation of the defendant entity answered the lawsuit negatively and raised the defense of Lack of Right. Given that in this Judgment the Lack of Passive Legal Standing is being declared ex officio, a ruling on the alleged defense is omitted.

VII.- ON THE COSTS: In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code, procedural and personal costs are imposed on the losing party by the mere fact of being so, a ruling that must be made even ex officio, according to what is provided in that same norm, in accordance with numeral 119.2 ibidem. The dispensation of this condemnation is only viable: a) when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate; b) when the judgment is issued by virtue of evidence unknown to the opposing party; or else, c) when there is excess claim (plus petitio), that is, when the difference between what was claimed and what was definitively obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the lawsuit are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion (ordinal 194 ibidem). In this case, this Chamber does not appreciate that we are in the presence of any of the exceptions provided in the cited regulations to break the postulate of costs to the losing party. Hence, what is appropriate is to condemn the plaintiff party to pay both costs of this Proceeding. The quantum of which shall be determined in the Judgment Execution Phase at the request of the winning entity.

THEREFORE

A Lack of Passive Legal Standing is declared ex officio and consequently, the lawsuit filed by Inmobiliaria Tres AN del Sur S.A. against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia is dismissed. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the defense of Lack of Right is omitted. Both costs are to be borne by the plaintiff. The quantum of which shall be determined in the Judgment Execution Phase at the request of the winning institution. NOTIFY.- Elías Baltodano Gómez, Presiding Judge, Iván Salas Leitón, Judge and Judith Reyes Castillo, Judge.-

- Verifier Code -
4BVXJBSAGYS61

Document signed by:

ELIAS BALTODANO GOMEZ, DECISION-MAKING JUDGE
JOSE IVAN SALAS LEITON, DECISION-MAKING JUDGE
JUDITH REYES CASTILLO, DECISION-MAKING JUDGE

EXP: 19-004211-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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