Res. 03245-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of Water Availability Due to Lack of Technical Feasibility and Omission in Construction of Storage TankDenegatoria de disponibilidad de agua por falta de factibilidad técnica y omisión en construcción de tanque de almacenamiento

Grande
Normal
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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 03245 - 2024

Fecha de la Resolución: 21 de Mayo del 2024 a las 11:27

Expediente: 22-000973-1027-CA

Redactado por: Silvia Consuelo Fernández Brenes

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Servicio de agua potable

Subtemas:

Inexistencia de conducta omisiva de la administración referida a no conexión de servicio de agua y distinción entre el contenido y alcances de los trámites de disponibilidad de agua y la conexión del sistema.
Análisis de la autonomía municipal en relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Imposibilidad de inferir la obligación a cargo de las asadas de construir la obra requerida para la prestación de los servicios delegados..

Tema: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Subtemas:

Inexistencia de conducta omisiva de la administración referida a no conexión de servicio de agua y distinción entre el contenido y alcances de los trámites de disponibilidad de agua y la conexión del sistema.
Análisis de la autonomía municipal en relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Imposibilidad de inferir la obligación a cargo de las asadas de construir la obra requerida para la prestación de los servicios delegados..

Tema: Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales

Subtemas:

Inexistencia de conducta omisiva de la administración referida a no conexión de servicio de agua y distinción entre el contenido y alcances de los trámites de disponibilidad de agua y la conexión del sistema.
Análisis de la autonomía municipal en relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Imposibilidad de inferir la obligación a cargo de las asadas de construir la obra requerida para la prestación de los servicios delegados..

Tema: Conducta Administrativa

Subtemas:

Inexistencia de conducta omisiva de la administración referida a no conexión de servicio de agua y distinción entre el contenido y alcances de los trámites de disponibilidad de agua y la conexión del sistema.
Control judicial de la legalidad del ejercicio de la función administrativa por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

"iii.- De lo acontecido en este asunto: Teniéndose claridad en el objeto de la conducta reprochada (conducta omisiva referida a la no conexión del servicio de agua); la distinción de contenido y alcances de los trámites de la disponibilidad de agua y la conexión del sistema y lo acontecido en este asunto,esta Cámara de Jueces concluye que no se produce la conducta omisiva alegada en la acción en la primera pretensión [...] Resulta especialmente importante para este Tribunal el contenido del inciso c. de esta misma norma que refiere, no a la obligación de las asadas a construir, sino de la entrega de esas obras realizadas por el instituto rector a las asadas, en los siguientes términos: [...]"

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Texto de la resolución
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Expediente número: 22-000973-1027-CA

Tipo de proceso: Contencioso con trámite de Juicio Oral

Parte actora: Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima

Parte demandada: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

 N° 2024003245

SECCIÓN SEXTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos, a las  once horas con ventisiete minutos del ventiuno de Mayo del dos mil venticuatro.-

Proceso contencioso con trámite de Juicio Oral interpuesto por INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS CALLAO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-009887, representada por su Secretario de la Junta Directiva, Ricardo Rojas Cruz, divorciado, empresario, cédula de identidad número 1-0503-0136 (personería visible a imágenes 17 a 18 del expediente judicial digital); contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLAYA POTRERO - SURFSIDE, cédula jurídica 3-002-211310, representada por su Presidente, María Lourdes Valverde Retana, cédula 1-0686-0416 (personería visible a imágenes 19 a 20 del expediente judicial digital) y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, representada por Gerente General, con facultades de apoderada generalísima sin limite de suma, últimamente María Alejandra Mora Segura, cédula de identidad número 4-0171-0459, casada, ingeniera civil, vecina del distrito de San Joaquín de Flores (personería visible a imagen 491del expediente judicial digital). Figuran en calidad de apoderados especiales judiciales de los intervinientes los siguientes abogados: de la sociedad actora: Walter Brenes Soto, soltero, abogado, cédula 2-0645-0800, vecino de Playa Hermosa, Jacó, Garabito (poder visible a imágenes 12 a 13 del expediente judicial digital) (poder visible a imágenes 153 a 154 del expediente judicial digital); de la asada accionada: Antonio Maklouf Coto, casado, abogado, cédula 1-0580-0363, vecino de San José, carné 3882 (contrato de mandato a imágenes 262 a 264 del expediente judicial digital) y del instituto demandado: Andrea Chacón Marín, cédula 1-0926-0080, carné 20724 y Yessenia Villalta Zumbado, cédula 1-0918-0404, carné 15514, ambas vecinas de San José. Todos los intervinientes son mayores y costarricenses.

Vistos los autos: SE RESUELVE:

Redacta la Jueza ponente Fernández Brenes; y,

CONSIDERANDO:

I. CUESTIONES PRELIMINARES.- Se hacen las siguientes aclaraciones y advertencias en relación a la forma como se dicta esta sentencia:

Primero: Según consta en el Sistema Escritorio Virtual, este proceso fue turnado al Tribunal Colegiado Equipo 6 y a la jueza ponente el 26 de octubre del 2023, conforme a los criterios definidos para la implementación del rediseño de la Jurisdicción aprobada por el Consejo Superior del Poder Judicial en los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021 y lo ordenado por la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en los acuerdos No.2.VI.2023, 11.VI.2023 y 12.VI.2023, adoptados en la sesión celebrada el 27 de julio del 2023, en los artículos X y XI de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2023 (Oficios 001- CCACH-2023 y 003-CCACH-2023, respectivamente) y el artículo III de la sesión celebrada el 6 de setiembre de 2023 (Oficio 017-CCACH-2023).

Segundo: Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley número 9342, Código Procesal Civil y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión número 22-13, celebrada el veinte de mayo del dos mil trece 2013.

Tercero: Con base en el principio de equivalencia funcional de los documentos electrónicos, dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y 11 del Reglamento supra citado, aunado a que conforme al mandato del artículo 61.2.2 del Código Procesal Civil, únicamente se requiere la identificación de la fuente probatoria del elenco de hechos probados y no probados de la sentencia; motivo por el cual esta Cámara ha decidido que para fines de referencia e identificación de los documentos que componen el expediente electrónico judicial, los cuales se encuentran incorporados directamente en las bases de datos de este Poder de la República, únicamente se indicarán los números de imágenes del documento digital que en archivo formato ".pdf." y ordenado de manera ascendente-, ha sido descargado de la aplicación informática del expediente electrónico judicial, a efectos de emitir la presente sentencia.

Cuarto: En los procedimientos, no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. Se dicta esta resolución en el plazo previsto en el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de quince días hábiles del día siguiente de la finalización del Juicio Oral celebrado en fecha 30 de abril del 2024, previa deliberación de los integrantes de este Tribunal de Juicio, y con criterio unánime.

II.- DEL TRÁMITE DADO AL PRESENTE PROCESO.- Para una mayor comprensión de lo que se debate en este proceso, se estima pertinente aclarar el cauce procesal dado a este asunto en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa desde su interposición, según el siguiente recuento:

Primero: En memorial presentado el 11 de febrero del 2022, el personero de la Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima interpuso proceso contencioso contra la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero-Surfside. Y conforme fuera requerido en escrito de interposición de la demanda y ajustado en la Audiencia Preliminar celebrada el 11 de octubre del 2023, la sociedad actora requirió que en sentencia se dispusiese lo siguiente:

"...1. Se ordene a la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside, a otorgar de forma definitiva la conexión de agua potable, debiendo instalar la paja de agua para dicho efecto a favor de la actora.

2. Se ordene a la la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside a construir e instalar de(sic) un tanque de almacenamiento en el sistema de acueducto con la capacidad y condiciones suficientes para prestar el servicio público en el territorio de su competencia.

3. Se ordene a las partes demandadas al pago de ambas costas del proceso judicial ..."

(Escrito de demanda a imágenes 2 a 10 y minuta de la Audiencia Preliminar a imágenes 412 a 415 y respaldo digital en el Escritorio Virtual). Conferido el traslado de la demanda, la asada accionada, en escrito subido al expediente judicial el 13 de junio del 2022 se opuso a la acción, con las defensas previas de incompetencia en razón de la materia y litis consorcio pasivo necesaria, para traer al proceso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y requirió la condena en costas a la actora. (Imágenes 143 a 150 del expediente judicial digital).

Segundo: Mediante resolución número 1503-2022-T, de las 8:30 horas del 8 de setiembre del 2022, la Jueza de Trámite a cargo del asunto -Vera Mora Rojas- resolvió que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa era la competente para para conocer y tramitar este proceso. (Imágenes 278 a 282 del expediente judicial digital). No consta la formulación de inconformidad contra esta decisión.

Tercero: Mediante resolución número 1598-2022, de las 15:30 horas del 26 de setiembre del 2022, la Jueza de Trámite a cargo del asunto -Yendri Verónica González Get- acogió parcialmente la defensa de integración de la litis, ordenando la integración al proceso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados únicamente, y rechazando la defensa en lo demás (imágenes I. 283 a 290 del expediente judicial digital.) No consta la formulación de recurso de apelación contra esta decisión.

Cuarto: En memorial colgado al expediente en fecha 8 de junio del 2023, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contestó de manera negativa la demanda, solicitando se declarase sin lugar en todos los extremos con la condena en costas a la sociedad actora. No formuló defensas de fondo. (Imágenes 302 a 238 del expediente judicial digital)

Quinto: En el mismo escrito de interposición de la demanda, la sociedad actora formuló gestión de medida cautelar, tendente a que se le otorgase el acceso a un servicio mínimo y provisional de agua potable y otorgándole la disponibilidad de agua requerida. Conferido el traslado de la gestión, la asada accionada se opuso en escrito presentados el 7 de julio del 2022 (imágenes 69 a 70 170 a 196 del legajo de medida cautelar). Y por resolución número 1602-2022, de las 8:30 horas del 28 de setiembre del 2022, la Juzgadora de Trámite a cargo del asunto -Yendri Verónica González Get- rechazó la solicitud (imágenes 71 a 77 y 111 a 117 del legajo de medida cautelar). Apelada que fuera la decisión en memorial del 5 de octubre del 2022 (imágenes 80 a 83 y 118 a 121 del legajo de medida cautelar), la decisión fue anulada de oficio por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, en voto oral número 061-2023-II, de las 15:21 horas del 8 de febrero del 2023, ocasión en que se devolvió a trámite la gestión (reseña del voto a imágenes 108 a 109 y 159 a 160 del legajo de medida cautelar). Conferida la audiencia de la medida cautelar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien la atendió en fecha 9 de junio del 2023 oponiéndose a la misma (imágenes 170 a 196 del legajo de medida cautelar). Es así como por voto 2023-120854-T, de las 9:45 horas del 16 de junio del 2023, la juzgadora de trámite a cargo del asunto -Yendri Verónica González Get- la rechaza (imágenes 262 a 273 y 290 a 301 del legajo de medida cautelar). Apelada que fuera esta decisión por la sociedad actora -en fecha 26 de junio siguiente, a imágenes 274 a 277 y 303 a 306 del legajo de medida cautelar-, la impugnación fue declarada sin lugar mediante sentencia oral número 463-2023-II, de las 9:43 horas del 31 de octubre del 2023, del Tribunal de Apelaciones Sección Segunda (reseña a imágenes 287 a 288 y 325 a 326 del legajo de medida cautelar).

Sexto: La Audiencia Preliminar fue celebrada a partir de las 14:04 horas del 11 de octubre del 2023, bajo la conducción de la Jueza de Trámite Lindsay Rodríguez Cubero, en modalidad virtual a través de la plataforma digital Teams. Se conectaron a la misma los siguientes abogados: Walter Brenes Soto, Antonio Maklouf Coto, Andrea Chacón Marín y Yesenia Villalta Zumbado, en representación de la sociedad actora, el primero; la asada accionada, el segundo, y del instituto demandado las dos últimas. Se ajustaron las pretensiones en la forma indicada en el primer acápite de este Considerando. No hubo formulación de defensas previas -adicionales a las previamente resueltas-. Se determinaron los hechos controvertidos e hizo  ofrecimiento de la prueba, en la que se terminó admitiendo toda la documental ofrecida por los intervinientes, así como la declaración de una testigo-funcionaria, en carácter de prueba común de las accionadas y una testimonial pericial de funcionario a cargo del instituto demandado. (Minuta de la Audiencia Preliminar a imágenes 412 a 415 del expediente judicial digital y respaldo digital en la carpeta del Escritorio Virtual).

Sétimo: El 26 de octubre del 2023 este asunto fue turnado a esta Sección de Juicio (Sexta) del Tribunal Contencioso Administrativo, en la casilla de la Jueza ponente (constancia a imagen 417 del expediente judicial digital). Mediante auto de las 11:56 horas del 15 de noviembre siguiente se hizo el señalamiento a juicio, a realizarse el 11 de marzo del 2024 (imágenes 418 a 425 del expediente judicial digital). Ante solicitud de reprogramación de la sociedad actora de fecha 16 de noviembre de ese mismo año (imágenes 428 a 429 del expediente judicial digital), por auto de las 14:15 horas del 7 de diciembre del 2023, se reprogramó el señalamiento, ahora para el 14 de marzo del 2024 (imágenes 438 a 440 del expediente judicial digital). Finalmente ante nuevo requerimiento del personero de la sociedad actora en fecha 13 de diciembre del 2023 para cambiar la fecha del juicio, se reprogramó para celebrarse el 30 de abril del 2024, por auto de las 15:20 horas del 15 de diciembre del 2023 (imagen 447 del expediente judicial digital).

Octavo: Ante inhibitoria planteada por el Juez José Roberto Garita Navarro en fecha 29 de abril del 2024 (visible a imagen 468 del expediente judicial digital), la misma fue acogida mediante decisión colegiada número 2024002799, de las 11:22 horas de ese mismo día, suscrita por las Juezas Abarca Gómez y Fernández Brenes, con redacción de la última, separándosele del conocimiento del asunto e integrando con la Jueza de Trámite Liana Morera Rodríguez, según indicación de la Coordinación del Despacho, ante imposibilidad del cuarto Juez propietario de la Sección, lo anterior al tenor del mandato del artículo 100 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo (imágenes 473 a 477 del expediente judicial digital).

Noveno: El Juicio Oral se llevó a cabo a partir de las 8:45 horas del 30 de abril del 2024, a cargo del Tribunal Colegiado del Equipo 6, integrado por las personas juzgadoras Cynthia Abarca Gómez, Liana Morera Rodríguez y Silvia Consuelo Fernández Brenes, esta última en calidad de ponente; y se contó con el auxilio de la técnico judicial Adriana Artavia Murillo; todas presentes en la Sala de Juicio número 1. La audiencia inició con la presentación de los representantes de las intervinientes, a saber de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillados Sanitario de Playa Potrero Surfside (Antonio Maklouf Coto) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Andrea Chacón Marín y Yessenia Villalta Zumbado), y finalmente, por ingresar tarde a la audiencia de la sociedad actora (Walter Brenes Soto), todos presentes en la sala de juicio. Luego de reiterar el objeto del proceso (pretensiones) y defensas interpuestas por los demandados, y repasar la prueba admitida durante la Audiencia Preliminar, la asada accionada y representante de la actora ofrecieron prueba para mejor resolver; de la cual se hizo pronunciamiento, admitiéndose la ofrecida por la actora y parcialmente la de accionada. Las partes formularon sus alegatos de apertura y de inmediato se recibió la declaración de la testigo-funcionaria y perito-funcionaria ofrecidas por la institución demandada-, mismas que fueron sometidas al contradictorio y el Tribunal también formuló preguntas a las declarantes. Finalizada la evacuación de la prueba admitida, los representantes de los intervinientes rindieron de manera oral sus conclusiones. El Tribunal informó que se ingresaba en fase de deliberación y se indicó que se dictaría sentencia en el plazo máximo de los 15 días siguientes a la terminación de este juicio oral, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por estimarse que el tema tratado es muy complejo por lo técnico. Finalmente se verificaron los medios señalados para recibir notificaciones. (Ver detalle en minuta del juicio oral a imágenes 496 a 500 del expediente judicial digital y respaldo digital del mismo en la carpeta del Escritorio Virtual.)

III.- DEL OBJETO DEL PROCESO.- La sociedad actora formula proceso contencioso, inicialmente sólo contra la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero - Surfside, integrándose posteriormente en carácter de demandado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por acogimiento parcial de la defensa previa de integración de la litis pasivo necesaria interpuesta por la asada accionada, ello conforme a voto número 1598-2022, de las 15:30 horas del 26 de setiembre del 2022, dictado por la Jueza de Trámite a cargo del asunto. No obstante, las pretensiones que fueron fijadas durante la Audiencia Preliminar celebrada el 11 de octubre del 2023, y que fueron confirmadas por el personero de la sociedad actora en el Juicio Oral y Público que se celebró el pasado 30 de abril del año en curso, está constreñido a que en sentencia se impongan dos pretensiones de condena de carácter prestacional, únicamente a la asada demandada, consistentes a los siguientes extremos: "... Se ordene a la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside, a otorgar de forma definitiva la conexión de agua potable, debiendo instalar la paja de agua para dicho efecto a favor de la actora ..." (pretensión #1); y "... Se ordene a la la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside a construir e instalar de(sic) un tanque de almacenamiento en el sistema de acueducto con la capacidad y condiciones suficientes para prestar el servicio público en el territorio de su competencia ..." (pretensión #2). Solamente la condena de costas fue dirigida contra ambos accionados (pretensión #3). El fundamento de la acción está residenciado en el cuestionamiento de la conducta omisiva de la asada accionada en dos direcciones concretas: a.) explica que a la fecha de interposición de esta acción -y de su resolución-, las propiedades que la actora tiene en la zona en la que la asada presta el servicio público de la dotación de agua potable por delegación -5-79458-000 y 5-79459-000-, no cuentan con conexión de agua potable, lo que imposibilita iniciar los trámites de construcción en dichos inmuebles; y b) no se ha iniciado con las labores de construcción y/o instalación del tanque de almacenamiento, con cuyo funcionamiento se condiciona la disponibilidad de agua en la zona, conforme se le informó en el oficio OFC-003-2022, del 20 de enero del 2022, de la Junta Directiva de la asada. La conducta omisiva que acusa la estima contraria a lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley General de la Administración Pública, 2 inciso g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 7, 9, 39, 41 y 46 del Reglamento para la prestación de servicios de Acueductos y Alcantarillados; el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales. Las representaciones de las accionadas se oponen a la acción interpuesta en su contra, sin oponer ninguna de ellas, defensa de fondo alguna. Ambas intentaron justificar los motivos técnicos y jurídicos que sustentaron la denegatoria de disponibilidad de agua a la sociedad actora, al tenor de los cuales solicitaron desestimar la demanda interpuesta, con la correspondiente condena en costas a la demandante. Para lo que se considera un mejor orden, se abordará el examen de legalidad de las conductas omisivas que se reprochan, a efecto de determinar si resulta o no procedente acoger las pretensiones de condena interpuestas, claro está, con base en las alegaciones de las intervinientes, lo anterior a fin de evitar reiteraciones innecesarias

IV.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De relevancia para la resolución del presente proceso, se tiene por probado el siguiente elenco, conforme a las reglas de la sana crítica, sea que así consten o se colijan de la comunidad probatoria, esto es, de documentación que fue admitida como prueba:

1.) Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima constituida el 7 de diciembre de 1965, tiene como objeto o fines: "... Comercio, industria, agricultura, ganadería, importación, exportación, poseer y disponer de bienes inmuebles, podrá rendir fianzas y garantías ..." (personería de la sociedad conforme a certificación registral a imágenes 17 a 18 del expediente judicial digital);

2.) La sociedad Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima es titular registral de la finca con matrícula de Folio Real 79458-000, ubicada en la Provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz, distrito Tempate, que se describe como terreno para construir, con una medida de 611 metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: identificadores prediales 5003040079400, 50304003194600, 50304003194800; Sur: identificador predial 500304007945900; Este: identificador predial 50304013227500; oeste calle pública con frente de 14 metros 79 centímetros lineales; y se corresponde al plano catastrado G-2287796-2021 (identificador predial 503040079458). La propiedad tiene registrada una servidumbre trasladada con citas 394-01168-01-0900-001; y una advertencia administrativa, en relación al expediente 2020-115 RIM, Resolución de las 7:41 horas del 17 de octubre del 2022. La fecha de inscripción de la propiedad es 19 de noviembre del 2002 (certificación registral RNPDIGITAL-813400-2023, visible a imagen 329 a 330 y plano catastrado a imágenes 40 a 41del expediente judicial digital);

3.) La sociedad Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima es titular registral de la finca con matrícula de Folio Real 79459-000, ubicada en la Provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz, distrito Tempate, que se describe como terreno para construir, con una medida de 593 metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: identificador predial 50304007945800; Sur: identificador predial 50304007946000; Este: identificador predial 50304013227500; oeste calle pública con frente de 14 metros 59 centímetros lineales; y se corresponde al plano catastrado G-2287977-2021 (identificador predial 503040079459). La propiedad tiene registrada una servidumbre trasladada con citas 394-01168-01-0901-001; y una advertencia administrativa, en relación al expediente 2020-115 RIM, Resolución de las 7:41 horas del 17 de octubre del 2022. La fecha de inscripción de la propiedad es 19 de noviembre del 2002 (certificación registral RNPDIGITAL-813424-2023, visible a imagen 331 a 332 y plano catastrado a imágenes 38 a 39 del expediente judicial digital);

4.) Los anteriores inmuebles se ubican en el siguiente croquis del proyecto urbanización comercial Surfside:

Y en detalle:

 

 

 

(mapa del proyecto Showroom a imágenes 98 a 99 y 136 a 139 del legajo de medida cautelar y 176 y 225 del expediente judicial principal, el último montaje);

5.) En sentencia número 2016006417, de las 9:30 horas del 13 de mayo del 2016, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo que interpuso Jorge Eduardo Méndez Franco a favor del Condominio Horizontal Residencial Playa Potrero contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Playa Potrero. De interés para este asunto, tuvo como hechos probados los siguientes:

"...

c. Por oficio NºDIGH-032-16 del 9 de febrero de 2016, el Director de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA indicó a la ASADA recurrida que se debían tomar “las medidas necesarias para la reducción de la explotación del acuífero, lo que implica que no se deben aprobar nuevas solicitudes de servicios de agua” debido a la comprobada “afectación alta por intrusión salina” (véase prueba aportada);

d. Mediante escrito recibido el 1° de marzo de 2016, la ASADA recurrida informó al condominio tutelado que denegaba su solicitud de agua potable ya que no se podían aprobar más disponibilidades de agua pues los estudios sobre el manto acuífero de Playa Potrero mostraban niveles de sobreexplotación y una situación de fragilidad y vulnerabilidad (véase prueba aportada);

e. Mediante el informe GSP-RCH-SC-2016-00254 del 2 de mayo de 2016, la Unidad Cantonal RCH de Santa Cruz del AyA avaló la denegatoria del servicio de agua potable por parte de la ASADA recurrida al condominio tutelado debido al “peligro latente de que todo el acuífero donde están ubicados los pozos de la ASADA DE PLAYA POTRERO sufra intrusión salina, con este resultado no solamente se van a quedar sin agua los 60 servicios solicitados sino que también se van a ver perjudicados todos los usuarios que al día de hoy tiene la ASADA”(véase prueba aportada). ..."

(consulta en sitio web: NEXUS https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-667759; el resaltado no es del original);

6.) En noviembre del 2016 el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -en oficio AP-0315-2016- y la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía -en oficio DA1571-2016- autorizaron la perforación del pozo MTP-357, "como medida temporal para solucionar problemas de abastecimiento público por parte de la ASADA de Potrero, ..." en los siguientes términos:

"... 1) El pozo a aprobar corresponde a una medida temporal y su uso se mantendrá mientras se pone en operación a(sic) acueducto regional a consultar por el Gobierno, por lo que el pozo deberá dejarse para efectos de atención a emergencias y el monitoreo del comportamiento del acuífero.

2) El pozo nuevo debe ser aprobado únicamente para garantizar el abastecimiento de la demanda actual, por lo que no deberá aumentarse el caudal concesionado de 6L/s para el pozo 2 o bien de 13.5L/s para ambos pozos (pozo 1 y 2) en dado caso que el pozo nuevo pueda restituir en parte la producción del pozo 1 y permita disminuir la presión en la zona afectada.

3) El pozo 2 de la ASADA debe salir de operación permanente para el abastecimiento de la comunidad y se deje únicamente para efectos de atención de emergencias y a monitoreo del comportamiento del acuífero ..."

(por referencia en minuta CI-002-2018, de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos, del 11 de setiembre del 2018, a imágenes 373 a 386 del expediente judicial digital);

7.) En sentencia número 2018002898, de las 9:15 horas del 23 de febrero del 2018 la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo interpuesto por Marie Cecile Beal a favor del Instituto Oceonología en contra de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tramitado en expediente número 17-004535-0007-CO, en la cual dispuso en lo que es de interés:

"... Se declara con lugar el recurso. Se ordena a ..., en su condición de Administradora de la Asada Playa Potrero-Surfside, y a ..., en su condición de Jefe de la Oficina Regional de Santa Cruz del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ejerzan esos cargos, abstenerse de otorgar nuevas disponibilidades de agua originadas del acueducto de Playa Potrero, hasta que así lo autorice el SENARA. ... Se les advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Asada Playa Potrero-Surfside y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil y de lo contencioso administrativo respectivamente. La Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese a la parte recurrida o a quien ocupe el cargo, en forma personal ..."

Tuvo como hechos probados para sustentar la decisión, los siguientes de interés en este asunto:

"...

a.) La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero, fue inscrita el 27 de enero del 2004 (informe bajo juramento de la autoridad recurrida).

b) La Asada de Playa Potrero, cuenta con dos pozos profundos que se localizan en un terreno al este de Surfside de Playa Potrero, donde el primer pozo cuenta con una bomba sumergible de 15 HP y la segunda con una bomba de 5 HP (informe bajo juramento)

....

f) En el año 2012, mediante “Estudio Hidrogeológico de los acuíferos de Playa Potrero y Playa Brasilito”, se demuestra que la Asada de Surfside y el AyA, extraen el agua de la cuenca de Playa Potrero (documentación aportada por la recurrente).

g) Desde el año 2012, el sistema de cuencas de Playa Potrero, Brasilito y Brasilar, en su conjunto, presentaba niveles de sobreexplotación de aguas subterráneas (informe bajo juramento de la autoridad recurrida).

h) Mediante oficio SENARA número DIGH-032-16 del 09 de febrero de 2016, dirigido a Leonel Duarte Caravaca, Presidente de la Asada Potrero de Santa Cruz, el Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA le comunica: “Por medio de la presente se le reitera la preocupación del SENARA en cuanto al estado actual del acuífero de Potrero, al cual se le hicieron análisis de agua, mostrando una condición de afectación alta por intrusión salina, razón por la cual, es conveniente, que se tomen las medidas necesarias para la reducción de la explotación del acuífero, lo que implica que no se deben aprobar nuevas solicitudes de servicios de agua” (informe bajo juramento la autoridad recurrida y documentos aportados).

...

j) La Asada de Surfside y el AyA, continúan otorgando cartas de disponibilidad para las nuevas construcciones que se desarrollan en los cuadrantes de “Surfside Estates” de Playa Potrero, como en la localidad de Playa Flamingo (informe bajo juramento de la autoridad recurrida).

...

l) El SENARA, estableció que el acuífero Potrero se encuentra en condición de estricta restricción de perforación de pozos y la perforación del nuevo pozo MTP-357 debe ser de carácter temporal y no debe aumentar el caudal concesionado, dada la condición de afectación alta por intrusión salina a la que se encuentra sujeta (informe bajo juramento).

n) La ASADA Playa Potrero (Surf Side-sic-), del año 2016 a la fecha únicamente ha instalado un aproximado de 8 nuevos servicios para viviendas unifamiliares, es decir, solo ha otorgado disponibilidades dentro del concepto de crecimiento vegetativo (informe bajo juramento) ..."

El diferendo planteado refirió a dos temas puntuales, siendo uno de ellos -y de interés para este asunto- el atinente a la situación hídrica de la costa de Santa Cruz de Guanacaste, por cuanto la Asada recurrida y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados "... continúan otorgando previstas de agua para las nuevas construcciones que se desarrollan en los cuadrantes cerca de sus localidades, poniendo en riesgo de salinización a los caudales de agua y a toda la comunidad de playa Potrero, por lo que estima violentado sus derechos fundamentales ..." y respecto de lo cual se consideró:

"... IX.- Sobre el otorgamiento de nuevas disponibilidades de agua y el daño ambiental producido. Ya esta Sala, en el precedente citado [2016006417], había establecido que ante el riesgo de intrusión salina en el acuífero que proporciona agua a la Asada de Playa Potrero, por sobreexplotación, era procedente la denegatoria de nuevas disponibilidades de agua, para la preservación de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pese a lo anterior, y a la disposición del SENARA, dirigida a las recurridas, sobre la conveniencia de que se tomaran las medidas necesarias para la reducción de la explotación del acuífero, lo que implicaba que no se debían aprobar nuevas solicitudes de servicios de agua, al definirse la zona como de alta vulnerabilidad a la contaminación por intrusión salina hasta los 550 metros de distancia desde la costa, textualmente se señaló por medio del oficio SENARA número DIGH-032-16 del 09 de febrero de 2016, dirigido al Presidente de la Asada Potrero de Santa Cruz, el Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA le comunica: “Por medio de la presente se le reitera la preocupación del SENARA en cuanto al estado actual del acuífero de Potrero, al cual se le hicieron análisis de agua, mostrando una condición de afectación alta por intrusión salina, razón por la cual, es conveniente, que se tomen las medidas necesarias para la reducción de la explotación del acuífero, lo que implica que no se deben aprobar nuevas solicitudes de servicios de agua”, es lo cierto que se continuó otorgando disponibilidades de agua. Así, se acredita en los autos que la ASADA Playa Potrero (Surf Side-sic-), del año 2016 a la fecha ha instalado un aproximado de ocho nuevos servicios para viviendas unifamiliares, es decir, ha otorgado disponibilidades dentro del concepto de crecimiento vegetativo, según se informó, a pesar de lo dispuesto por el SENARA. Ahora bien, consta en el expediente que el pozo que surtía de agua el acueducto de Playa Potrero se salinizó, por la sobreexplotación que se advirtió, confirmándose con ello el daño ambiental causado al manto acuífero de la zona. Por lo anterior, las autoridades competentes tuvieron que buscar una nueva posibilidad para la obtención de agua, así en la “Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos” (CI-003-2016) y de los criterios técnicos emitidos por las tres instituciones (SENARA, Dirección de Aguas del MINAE y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -A y A-), se establece: “Se avaló la audiencia 17333-P (pozo MTP-357), donde deberá acatar todas las indicaciones técnicas y además que este pozo es una medida temporal y su uso se mantendrá mientras se pone en operación el acueducto regional a construir por el gobierno. Una vez que entre en operación el acueducto, el pozo deberá dejarse para efectos de atención de emergencias y el monitoreo del comportamiento del acuífero”. De esa forma, como estableció el SENARA, el acuífero Potrero se encuentra en condición de estricta restricción de perforación de pozos y la perforación del nuevo pozo MTP-357 debe ser de carácter temporal y no debe aumentar el caudal concesionado, dada la condición de afectación alta por intrusión salina a la que se encuentra sujeta. En razón de lo anterior, considera esta Sala, que las actuaciones de las autoridades recurridas, al otorgar nuevas disponibilidades de agua, a pesar de lo ya resuelto por esta Sala, y de lo dispuesto por el SENARA, produjeron la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que procede acoger el recurso, y disponer que no se otorguen más disponibilidades de agua, hasta el momento en que se encuentre funcionando el acueducto regional que se construirá, y de acuerdo a lo que establezca el SENARA en ese aspecto ..."

Finalmente, en nota separada la Magistrada Hernández López advirtió que coincidía con lo resuelto, precisamente en atención a la gravedad de la situación, en los siguientes términos:

"... X.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a las fuentes de agua potable para consumo humano, susceptibles de afectarse por la inercia o acciones erradas de la administración; de tal modo en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho ..."

(imágenes 72 a 112 y 333 a 372 del expediente judicial digital; el resaltado no es del original);

8.) En la Minuta CI-002-2018, de las 8:00 horas del 11 de setiembre del 2018, la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos, conformada por delegados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -Viviana Ramons, Directora UEN Gestión Ambiental y Héctor Zúñiga, del Área Funcional de Hidrogeología-, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -Roberto Ramírez, Director de Investigación y Gestión Hídrica y Clara Agudelo, de la Unidad de Gestión- y de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía -José Miguel Zeledón, Director y Sura Carrillo, de Gestión de Proyectos - Desarrollo Hídrico- reunida para atender a la implementación de lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 2018002898 -supra indicada-, que comprende los acuíferos Potrero, Brasilito y, Huacas - Tamarindo concluyó en las siguientes recomendaciones:

"... Considerando que técnicamente no es recomendable mantener de forma ilimitada los aprovechamientos de agua de los acuíferos costeros supra citados, y tomando en cuenta las condiciones técnicas actuales de los acuíferos, el CTI no recomienda aumentar sus niveles de aprovechamiento a excepción de satisfacer actividades:

Bajo consumo como:

? Suministro de agua de nuevas viviendas unifamiliares de uso doméstico en un lote, siempre y cuando no se encuentre dentro de nuevos desarrollos urbanísticos ni en fraccionamiento de una misma finca.

Necesidad insoslayable como:

? Necesidades públicas permanentes (centros educativos, delegaciones de policía, centro de salud) y actividades públicas transitorias debidamente autorizada por los entes competentes (eventos masivos, ferias, albergues de emergencia.)

Se considera con sentido de urgencia la entrada en operación del Acueducto regional para disminuir la presión sobre el recurso hídrico de estos acuíferos costeros. Además, se recomienda que la distribución de agua de este acueducto debe priorizar la condición de necesidad del operador y la vulnerabilidad del acuífero.

Esta medida es de carácter temporal, para luego ser asumida por los caudales provenientes de la primera etapa del "Acueducto Costero de Santa Cruz ..."

A tal efecto consideró que en los usos a permitir -bajo consumo y de necesidad insoslayable- debía de ponderarse "... se realicen de una forma racional y controlada, cuya valoración de recomendación sea analizada de forma individual, de tal forma que la entidad que la otorga, asegure que el uso a satisfacer se encuentra dentro de lo establecido por el CTI y a la vez que la sumatoria de los caudales requeridos no supere el caudal registrado y autorizado y señalado para cada ente operador. / Además, deben aportar cada mes el balance de cada uno de los sistemas de acueductos, para tener control de que mantiene el sistema capacidad de disponibilidad hídrica de sus fuentes en aprovechamiento. Esto se realizará a través de la sugerencia de Sistema comunales y a la Subgerencia de Sistemas Periféricos del AYA, la cual realizará el análisis y presentarlo al CTI ..." La decisión anterior se sustentó en los siguientes puntos de la estrategia que definió la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos para la atención las necesidades abastecimiento de agua en la zona costera de Santa Cruz, Guanacaste: a.) acueducto costero de Santa Cruz: que será abastecido del acuífero Nimboyores, "... que cuenta con una disponibilidad de 188.8 l/s de agua, de acuerdo a los resultados del estudio elaborado por el SENARA y avalado por el CTI, denominado "Diagnóstico potencial de explotación y rendimiento seguro del acuífero de la parte alta de la subcuenca del río Nimboyores ..."; que entraría en operación en el primer trimestre del 2019 según la información suministrada por la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de Administración de Proyectos del AYA; b.) medidas de protección de los acuíferos, tales como: i.- restricción de perforación de pozos en los acuíferos Huacas-Tamarindo, Potrero y Brasilito desde el 2003, "... debido al riesgo de sobreexplotación e intrusión salina ..."; ii.- análisis del monitoreo de los acuíferos, tanto manual, a realizarse cada mes, para constatar el nivel del agua en ellos, y con ello "... establecer el estado y variación de los niveles de agua a través del tiempo, por medio del levantamiento de datos de campo tanto en época seca como en la época lluviosa ..."; como automático, en tiempo real -SIMASTIR-, para verificar los niveles y conductividad eléctrica del agua subterránea, con registros tomados cada hora, que daría como resultado la siguiente frecuencia:

Conforme a los registros de las mediciones efectuadas del 2011 al 2018 a los acuíferos Potrero-Brasilito, se acreditó "... de forma clara el efecto de las lluvias en la recarga natural del acuífero ..." y efectuado el monitoreo de la calidad del agua "... físico químico y bacteriológico en 19 pozos distribuidos en estos acuíferos. Comparando los resultados de conductividad con la línea de año crítico de 2016 se identifica que no hay mejoría respecto a la condición de dicho año ..."; iii.- control y seguimiento de la explotación de los acuíferos, a cargo de los funcionarios de la Unidad de Hidrológica Tempisque de la Dirección de Agua del MINAE, en labores de levantamiento de pozos y verificación de su aprovechamiento de los dados en concesión en los acuíferos indicados, que a la fecha, en el acuífero Potrero reveló la siguiente información:

Sobre este particular la minuta precisó que

"... se ha continuado con el proceso legal-administrativo de las notificaciones a cada propietario del estado de su aprovechamiento. El proceso conlleva un trato de debido proceso individualizado pozo por pozo. En este trabajo es vital el apoyo de las ASADAS y coordinación que se ha venido desarrollando con la Municipalidad de Santa Cruz, Ministerio de Salud y de la Fiscalía General Agraria, para establecer los lineamientos y así cumplir con el "debido proceso" en cada una de las notificaciones. Sin embargo, el apoyo no ha sido del todo efectivo para cumplir con el objetivo.

También es importante resaltar la necesidad de continuar contando con el apoyo de municipal y de las comunidades para identificación de los propietarios, así como los lugares para notificación. Este proceso aún se encuentra en ejecución.

Igualmente, la Dirección de Aguas identificó 19 pozos realizados sin el permiso correspondiente por parte de las ASADAS y que por tratarse de agua para abastecimiento de comunidades se tiene pendiente su debido proceso de cierre, una vez que cuente en operación el acueducto regional que construye el AYA ..."

iv.- medidas para el aprovechamiento sostenible, a través de las recomendaciones de la Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos Nimboyores y Zona Costera de Santa Cruz (CONIMBOCO), creado mediante el Decreto Ejecutivo número 41093-MINAE, coordinada por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, e integrada por representantes del Gobierno Central, la Municipalidad de Santa Cruz, de Asociaciones de Desarrollo Integral, Asadas y de las Cámaras. Su ámbito de acción está delimitado a los acuíferos Nimboyores, Playa Potrero, Playa Brasilito y Huacas Tamarindo, todos ubicados en el cantón de Santa Cruz, para facilitar el manejo integral y coordinando el recurso hídrico mediante la participación activa de todos los actores, y cuyo principal objetivo es "... el promover el adecuado aprovechamiento del agua subterránea tomando en consideración su relación directa con el desarrollo socio-económico de las zonas costeras de Santa Cruz y de conformidad con los estudios técnicos y científicos que garanticen la demanda actual - futura y la protección de los sistemas acuíferos ..." Definió 4 ejes temáticos a trabajar: atención de la escasez de agua; fortalecimiento en la gestión de acueductos; educación y sensibilización de los recursos hídricos y planes de protección y manejo de zonas estratégicas; y c.) la continuación de las acciones que vienen realizando las asadas, y entidades y dependencias que conforman la Comisión Interinstitucional Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos (CTI) y la Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos Nimboyores y Zona Costera de Santa Cruz (CONIMBOCO) (imágenes 373 a 386 del expediente judicial principal digital);

9.) En oficio PRE-2018-00960 de fecha 12 de octubre del 2018, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados comunicó a las asadas costeras de Santa Cruz Conimboco, los nuevos servicios que podían atender, conforme a las recomendaciones adoptadas por la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos (CTI) en la minuta CI-002-2018 (imágenes 114 a 115 y 387 a 388 del expediente judicial principal digital);

10.) En OFICIO-US-TEMPATE-112-2021, del 20 de abril del 2021, el ingeniero municipal de Santa Cruz, José Francisco Moreno Zapata, Departamento de Ingeniería y Construcciones, de la Dirección de Obras y Servicios atendió la solicitud de uso de suelo respecto del inmueble con plano catastrado G-38470-1002, parte del folio real 5-79459-000, "... situado en Playa Potrero, Distrito 04, Tempate, Cantón 03 Santa Cruz, Provincia 5 Guanacaste ...", en los siguientes términos:

"...-El inmueble no es afectado por ningún Plan Regulador, por lo tanto, el proyecto de construcción que se pretende realizar, debe apegarse estrictamente a la normativa establecida en la Ley de Planificación Urbana y sus Reglamentos, Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley de Uso de Suelo, Manejo y Conservación de Suelo y sus Reglamentos, Código de Minería y su Reglamento y en general la Legislación Ambiental vigente. Además en lo que concierne a los parámetros de densidad, cobertura, altura de edificación y retiros, debe cumplirse cabalmente con la normativa establecida en la Ley de Construcciones y su Reglamento. El Uso de Suelo solicitado para Oficina, apartamento y Gimnasio privado es conforme para este Departamento Municipal.

- Este Uso de Suelo tiene una vigencia de un año ..."

(imágenes 97 y 135 del legajo de medida cautelar);

11.) En oficio ORRD-028-21, del 7 de abril del 2021, el personero de Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima hizo solicitud a la Asada Surfside, Playa Potrero para que "... nos emita la Constancia de existencia de sistema de agua potable ... " de los lotes de su propiedad que identificó como

"- Lote RQ5, folio 5-79458-000, plano G-0038471-1992

- Lote RQ6, folio 5-79449-000, plano G-0038470-1992 ..."

(solicitud a imágenes162 y 219 del expediente judicial digital principal);

12.) La anterior gestión fue tramitada ante la Asada Surfside en fecha 8 de abril del 2021 (imágenes 164 a 221 del expediente judicial digital principal);

13.) En reporte de visita de campo del lote RQ5 (Folio Real 5-79458-000) efectuada el 20 de abril del 2021, se indicó:

"... Se realizó visita de campo, lote RQ-05, no cuenta con construcción.

Se tomó la presión más cercana la cual dio 39 PSI cumpliendo con lo establecido reglamentariamente.

La línea existente que abastece de agua a la propiedad pasa frente al lote RQ-5, en un diámetro de 6 pulgadas ..."

De igual manera, en acta de visita de campo del lote RQ6 (Folio Real 5-79449-000) de ese mismo día se consignó:

"... Se realizó visita de campo, lote RQ-06, no cuenta con construcción.

Se tomó la presión más cercana la cual dio 39 PSI cumpliendo con lo establecido reglamentariamente.

La línea existente que abastece de agua a la propiedad pasa frente al lote RQ-6, en un diámetro de 6 pulgadas ..."

En ambos reportes se adjuntó fotografía del lote (imágenes 153 y 211 respectivamente, del expediente judicial digital principal);

14.) En relación con la gestión anterior, en nota del 7 de mayo del 2021, la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz le informó al señor Ricardo Rojas Cruz lo siguiente:

"... 1 Los lotes en cuestión se encuentran ubicados en lo que se consideran zonas verdes o áreas públicas, que fueron entregadas a la Municipalidad de Santa Cruz según acuerdo municipal del 15 de abril de 1972. Esto consta de los archivos municipales que incluyen el plano de constitución de la Urbanización junto con sus áreas o parques verdes y de levantamiento topográficos en manos de la Asada.

2 Lo anterior además fue ratificado por fallo de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Exp: 20-022749-0007-CO Res. No. 2021002529, del nueve de febrero del dos mil veintiuno.

3. El Por Tanto de dicha sentencia contiene lo siguiente:

"... se le ordena al Señor Jorge Arturo Alfaro Orias en calidad de Alcalde Municipal, a la Señora Maricela Moreno Rodríguez en calidad de Presidente del Concejo Municipal y a Diego Alberto Rodríguez Galagarza en su calidad de Director de Desarrollo Urbano y Rural, todos funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que tomen las medidas de su competencia para que en el término improrrogable de UN MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, inicien los procedimientos respectivos con la finalidad de recuperar las zonas destinadas a uso comunal en la Urbanización Surfside Estates of Costa Rica ..."

4 Esta Asociación ha sido coadyuvante de dicho proceso y por ello no puede ignorar su contenido. Consideramos por ello que otorgar cartas que puedan servir para la comercialización y desarrollo de tierras podría acarrear responsabilidad a nuestra representada con la comunidad en general por constituir los parques o áreas verdes de la Urbanización bienes públicos comunales y por tanto no sujetos de propiedad privada. También podría incurrir la Asociación en una posible desobediencia a la autoridad de lo resuelto en forma inapelable por la Sala Constitucional.

5 En este momento estamos solicitando criterio al respecto del Departamento Legal tanto de el(sic) AYA como de la Municipalidad de Santa Cruz para ampliar sobre este delicado tema y sobre el camino legal a seguir.

6 Basado en ello, la Junta Directiva de esta ASADA por acuerdo unánime en sesión ordinaria del día 22 de abril de los corrientes acordó no otorgar la Constancia de Existencia de Sistema de Agua Potable a propiedades que se encuentren en zonas verdes a áreas públicas, hasta tanto no se aclare el panorama legal alrededor de este tema ..."

(imágenes 165 a 166 223 a 222del expediente principal digital);

15.) En estudio registral de las fincas 5-79458-000 (con plano catastrado número G-2287796-2021) y 5-79459-000 (con plano catastrado número G-2287977-2021) suscrito el 28 de junio del 2021 por el topógrafo Christian Peña Juarez, de la empresa Peña Topógrafos a pedido de la sociedad actora (Industrias Centroamericana Callao Sociedad Anónima) concluyó en lo que interesa a este asunto:

"... 2- Las propiedades en estudio, se encuentran publicitadas en el SIRI y de acuerdo a la información oficial del Registro Inmobiliario, estas propiedades no se encuentran sobre ninguna zona verde o área comunal, perteneciente a la municipalidad, es más los colindantes publicitados, son fincas privadas y tampoco indican que su uso sea para zonas verdes o comunales. No existe en el Registro Inmobiliario, ningún tipo de diseño de sitio de la urbanización que indique este uso para las fincas en estudio y de acuerdo a consulta realizada en el INVU, tampoco existe diseño de sitio en sus archivos.

1-(sic) Finalmente, de acuerdo a análisis técnico de informe confeccionado por el Ing. Topográfico Yanán Coronado Viales IT-28865, solicitado por la Asada de Surfside, se comprueba que las áreas colindantes a los lotes en estudio son fincas privadas y pertenecen a persona y sociedades que adquirieron de buena fe, como se demuestra en este estracto de las conclusiones del topógrafo

... "

(imágenes 167 a 170 del expediente judicial digital principal);

16.) En memorial fechado el 23 de agosto del 2021, el señor Ricardo Rojas Cruz, actuando en condición de personero de Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima formuló petición administrativa ante la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz, en la requirió "... Con el fin de rectificar las actuaciones ilegítimas generadas por la junta directiva de la ASADA, solicito se nos otorgue la certificación de disponibilidad de agua para las fincas con folio real 5-79458-000 (plano G-2287796-2021) y 5-79459-000 (plano G-2287977-2021), por cuanto esas propiedades se encuentran totalmente libres de todo gravámenes y anotaciones, según se explica en documento técnico adjunto ..." La gestión se adjuntó con el estudio registral y registral indicado en el hecho anterior (imágenes 174 a 171 del expediente judicial digital principal);

17.) En fecha 5 de octubre del 2021, la personera de Industria Centroamericanas Callao Sociedad Anónima presentó ante la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz solicitud de disponibilidad de agua para el proyecto Showroom ubicado en las fincas con matrícula de Folio Real 5-79458-000, con plano G-2287796-2021 y 5-79459-000, con plano G-2287977-2021, memorial que fue fechado 12 de octubre del 2021. Acompañó la solicitud con los planos respectivos, encuesta de agua, acuerdo para instalar tanque de almacenamiento, acuerdo para instalar alcantarilla, autorización de acceso a las propiedades (solicitud a imágenes 199 y 241; planos del proyecto a imágenes 195 a 198 y 244 a 246; constancia de presentación de documentos de la gestión a imágenes 200 y 248; formulario de revisión de solicitudes de disponibilidad a imágenes 201 y 249; formulario de la construcción y gestión a imágenes 194 y 242; encuesta de agua a imágenes 188 a 236; acuerdo para instalar tanque de almacenamiento a imágenes 189 y 237; acuerdo para instalar alcantarilla a imágenes 190 a 238; autorización de acceso a las propiedades a imágenes 191 a 192 y 239 a 240 del expediente judicial digital principal);

18.) La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz tramitó las anteriores solicitudes de disponibilidad de agua requeridas por el señor Ricardo Rojas Cruz, actuando en condición de personero de Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima, bajo los números SOL 073-2021 y SOL 074-2021, del 6 de octubre del 2021 (check list interno para disponibilidades a imágenes 175 y 224 formulario de de solicitud de constancia de disponibilidad de agua y alcantarillado a imágenes 193 y 273 del expediente judicial digital principal);

19.) En correo electrónico que la ASADA Surfside remitió a la Alcaldía de Santa Cruz el 25 de noviembre del 2021, le indicó:

"... Mediante la presente, se les informa que, la Junta Directiva de la ASADA de Surfside en Sesión Ordinaria del día Jueves 25 de Noviembre del 2021, acuerda, reportarle a la Municipalidad que en las propiedades planos catastrados G-2287796-2021 y G-2287977-2021 a nombre de Industrias Centroamericanas Callao SA, cédula jurídica 3-101-009887, lotes RQ-05 y RQ-06, con dirección en Playa Potrero, del Bar la Perla 100 metros sur, se estarán realizando trabajos para desarrollar una construcción; dichas propiedades son parte de las zonas verdes de la Urbanización de Surfside, para las cuales existe una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2021002529, del 09 de febrero del 2021, expediente número 20-022749-0007-CO, en la cual se le ordena a Jorge Arturo Alfaro Orias en calidad de Alcalde Municipal, a la Señora Maricela Moreno Rodríguez en calidad de Presidente del Concejo Municipal y a Diego Alberto Rodríguez Galagarza en su calidad de Director de Desarrollo Urbano y Rural, todos funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que tomen las medidas de su competencia para que inicien los procedimientos con la finalidad de recuperar las zonas destinadas a uso comunal en la Urbanización Surfside Estates of Costa Rica.

Se le solicita a la Municipalidad realizar una inspección en sitio y tomar las acciones correspondientes ..."

(envío del correo electrónico a imagen 202 del expediente judicial digital);

20.) La Municipalidad de Santa Cruz respondió la anterior misiva en correo de fecha 30 de noviembre siguiente, en que comunicó a la Asada Surfside el oficio UIM-260-2021, de ese mismo día, suscrito por José Ángel Hidalgo Miranda, de la Jefatura de Inspecciones, que el día 26 de noviembre del 2021 los inspectores Jairo Angulo y Carlos Cedeño realizaron la correspondiente inspección en el sitio indicado y paralizaron las obras por no contar con permiso respectivo (imágenes 202, 203, 204, 252, 253 y 254 del expediente judicial digital y 156 del legajo de medida cautelar);

21.) En Informe GSD-UEN-GAR-00197, del 19 de enero del 2022, suscrito por Paola Jiménez Jara, ingeniera de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remitió a la señora Liany Alfaro García el Informe Balance hídrico, acueducto Surfside, Tempate de Santa Cruz, realizado "... para indicar el Balance Hídrico que posee el acueducto ..., en miras a determinar cuál es su capacidad hídrica ...", y de esa misma fecha; en el que hizo las siguientes conclusiones y recomendaciones

"... 6.1 Conclusiones

1. Con base a lo establecido en el artículo 7, artículo 8 y artículo 9 del Reglamento de Prestación de Servicios del AYA 2020, acuerdo No. 2020-442 del 08 de diciembre del 2020, publicado en La Gaceta No. 27 del 09 de febrero del 2021, alcance No. 29.

2. El acueducto no cuenta con suficiente caudal asignado ante la Dirección de Aguas del MINAE, para consumo humano.

3. El "desarrollo máximo de crecimiento" se determina en 0.00 l/s por ende el número máximo de servicios que se podrán aprobar para vivienda y comercio individual es cero.

4. El acueducto no cuenta con factibilidad técnica y legal para el otorgamiento de constancias de capacidad hídrica y constancias de disponibilidad de servicio.

6.2 Recomendaciones

1. Se recomienda NO emitir más Constancias de disponibilidad de servicio o Constancias de Capacidad Hídrica, debido a que el acueducto de Surfside no cuenta con condiciones para atender el desarrollo máximo de crecimiento, dado que no existen condiciones de factibilidad técnica y legal según los artículos 7, 8, 9 y 10 del Reglamento de Prestación de Servicio vigente.

2. Se recomienda realizar la instalación de almacenamiento en el sistema, con un mínimo de 434 m3 y hasta llegar a los 626 m3 o más para el 2042.

3. Se debe realizar un plan de trabajo donde se valoren todas las mejoras que se deben ejecutar y presentarlo ante la oficina regional de acueductos rurales (ORAC) para su validación y acompañamiento.

4. Se le recomienda a la ASADA realizar un estudio técnico de su acueducto y verificar cuales son las posibles mejoras que requiere el sistema, con esto establecer las prioridades de inversión actuales y futuras que requiere el sistema. Dicho estudio debe ser revisado y avalado por la Oficina Regional de Acueductos Comunales (en adelante ORAC) de la Región Chorotega ..."

El sustento de las anteriores conclusiones y recomendaciones fue dado en la siguiente información:

"... 1 Datos:

1. Población costera.

2. Dotación 542 l/p/d /dato obtenido de consumos reales de la ASADA desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021)

3. Caudal aprobado por MINAE: 11.l/s- Expediente del MINAE 616-R

4. Caudal aforos: 13.82 l/s realizado ORAC CH y UEN OP el 21-01-21

5. Caudal aforos reportados por ASADA, promedios más bajos de 6 meses: 26.03 l/s

6. Total de servicios: 713 (tomando en cuenta los servicios equivalentes)

7. Factor de Hacinamiento INEC 2011: 3.16

8. Porcentaje de crecimiento poblacional: 1.9%

9. Porcentaje de efecto de Cambio Climático, un porcentaje que se estima disminuyen las fuentes a lo largo de los años debido al calentamiento global: 0.0%, cabe destacar, que se sabe que los caudales a lo largo de los años han reducido, no obstante, no se tiene contabilizado ese dato.

10. Volumen de almacenamiento actual: 0.00 m3.

11: Porcentaje de agua no contabilizada: 30% según establece el Acuerdo de Junta Directiva del AYA, 2014-206 ..."

Además consideró las siguientes variables en el análisis de la cuestión:

a.) dotación:

"... La dotación se refiere a la cantidad de agua, expresada en litros que consume cada una de esas 2253 personas [población que abastece el acueducto de Surfside] por día, este dato es crítico en el cálculo del balance hídrico, para el acueducto de Surfside se cuenta con que son 542 litros por persona por día (l/p/d).

Corresponden a los datos del consumo mensual del mes de marzo del 2021 con un dato total de 27654 m3, a 542 servicios (activos) que consumieron ese caudal, a 31 días que tiene el mes de marzo y un factor de hacinamiento de 3.16 personas por casa o servicio, según datos la encuesta nacional del INEC del 2011.

[27654 m3 / (521 servicios x 3.16 personas por servicios) / (31) días] x 1000= 542l/p/d.

En el mes de mayor consumo, según los datos por el acueducto es marzo, y se utiliza en los cálculos por las siguientes razones:

? Si se utilizara un promedio de los caudales; en el mes de mayor demanda, se tendría un déficit de caudal y el acueducto no podría brindar un servicio continuo las 24 horas. Es el dato del consumo de febrero-marzo pico máximo de consumo, según los datos que proporciona el acueducto.

? Para realizar los cálculos se trabaja con el peor escenario posible, debido a la sequía que afectó a Guanacaste, donde las fuentes de abastecimiento redujeron su caudal considerablemente y en algunos sectores se presentó salinización, colapso de poso por sobre explotación, entre otras afectaciones. Cabe destacar, que la sequía ha afectado la región en otras ocasiones, así que debido al calentamiento global y cambio climático se puede esperar que este patrón se siga repitiendo en años posteriores ..."

b.) proyección de demanda:

"... La demanda es la cantidad de agua necesaria para poder abastecer a la población, es decir, conociendo la cantidad de la población a la que se abastece, más lo que consume cada una de esas personas, se puede calcular cuánta agua es necesaria extraer de las fuentes (en este caso pozos) para un adecuado abastecimiento. Para conocer la misma resulta primordial, saber el dato del caudal promedio, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario ..."

Tales conceptos los infirió de las normas técnicas, a partir de lo cual razonó: i.- para obtener el dato del caudal promedio, debía calcular "... la población (2253) por la dotación (542) por 1 más el porcentaje de agua no contabilizada 10% entre 86400, ...", lo que le dio como resultado 15.55 l/s; ii.- para obtener el caudal máximo diario, se calcula 1,2 veces el caudal promedio diario; lo que en este caso se tradujo en 18.66 l/s; y, iii.- para obtener el caudal máximo horario, se calcula 1.80 veces el caudal promedio diario, que en este caso da como resultado 33.59 l/s. Resultado de lo anterior, definió el balance hídrico como la resta entre lo que producen las fuentes y la demanda. Para el cálculo del balance hídrico del acueducto administrado por la Asada Surfside partió de que la demanda a considerar era el: "... Caudal máximo horario = 33.59 l/s (debido a que no cuenta con almacenamiento) ..."; y esbozó los siguientes escenarios:

a.) balance hídrico conforme al caudal aprobado por MINAE, que en la actualidad es de 11.9 l/s (conforme - Expediente del MINAE 616-R), más el caudal asignado por proyecto del acueducto costero, que con su entrada en funcionamiento sería de 7 l/s, para un total de 18.9 l/s; y a partir de lo cual esbozó la siguiente ecuación y resultado:

"... BH 18.9 l/s - 33.59 l/s = - 14.69 l/s

En este escenario, el acueducto tiene un déficit de 14.69 l/s, que se convertiría en el caudal que necesita concesionar el acueducto, adicional a lo que establece el expediente 616-R-MINAE ...";

b.) balance hídrico conforme al aforo realizada por la UEN OP, utilizando como base la información de las pruebas de bombeo que presentó la Asada, que indican "... que sus fuentes están produciendo 13.82 l/s + 7 l/s del PC [proyecto del acueducto costero] ... ", para un total de 20.82 l/s; a partir de lo cual esbozó la siguiente ecuación y resultado de déficit: "... BH = 20.82 l/s - 33.59 l/s = -12.77 l/s ...";

c.) balance hídrico conforme a aforos realizados por la ASADA, utilizando como base la información de las pruebas de bombeo que presentó la Asada, que indican "... que sus fuentes están produciendo 26.03 l/s + 7 l/s del PC [proyecto del acueducto costero] ... ", para un total de 33.03 l/s; a partir de lo cual esbozó la siguiente ecuación y resultado de déficit: "... BH = 33.03 l/s - 33.59 l/s = -0.57 l/s ..."; pero de seguido aclaró "... En este caso, se aclara que los datos reales son los datos concesionados por el MINAE y el caudal asignado por el Proyecto Costero ..." Finalmente, advirtió el acueducto Surfside "... NO cuenta con suficiente almacenamiento para solventar la demanda de volumen de regulación, incendio y averías ..."; siendo que determinó que existe una necesidad, en el año 2022, de un tanque de almacenamiento de 434 m3 y al 2042 de 626 m3. En razón de la información recopilada, propuso las siguientes mejoras importantes para mejorar el balance hídrico: a.) construir el tanque de almacenamiento, aumentaría el caudal máximo diario a 18.66 l/s; porque con ello el déficit de agua conforme al caudal aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía sería de 0.24 l/s, que es el caudal adicional necesario, conforme al expediente 616-R de ese ministerio; de 2.16 l/s conforme al aforo realizada por la UEN OP y de 14.41 l/s conforme a aforos realizados por la ASADA; b.) concientización para reducir consumo de agua para que el sistema llegue al equilibrio, reduciendo un 0.5 l/s, para llegar a un consumo máximo de 525 l/p/d (remisión del informe a imagen 118 e informe a imágenes 119 a 127 del expediente judicial digital; el resaltado es del original);

22.) En oficio GSD-UEN-GAR-2022-202, del 19 de enero del 2022, Liany Alfaro García, Jefe de la Oficina Regional de Acueductos Rurales Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó a la Asada de Surfside Santa Cruz, del análisis realizado por la ingeniera Paola Jiménez Jara en el oficio GSD-UEN-GAR-00197 -reseñado en el hecho probado anterior-, y transcribió las recomendaciones del mismo (imágenes 116 a 117 y 389 a 390 del expediente judicial digital principal);

23.) Mediante oficio OFC-003-2022, del 20 de enero del 2022, la Presidente de la Asada Surfside (María Lourdes Valverde Retana) le comunicó a Industria Centroamericana Callao Sociedad Anónima:

"... NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.

NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.

Esta resolución se brinda según notificación de la Oficina Regional de Acueductos Comunales Región Chorotega, UEN Gestión de Acueductos Rurales de Aya, del día 19 de enero del 2022, número GSD-UEN-GAR-2022-00202, la cual indica que, "se le recomienda a la ASADA de Surfside NO emitir más Constancias de Disponibilidad de Servicio o Constancias de Capacidad Hídrica, debido a que el Acueducto de Surfside no cuenta con condiciones para atender el desarrollo máximo de crecimiento, dado que no existen condiciones de factibilidad técnica y legal según el artículo 7 incisos: 12, 20, 21, 49 y 129, artículos 8, 9, 19 y 14 del Reglamento de Prestación de Servicios vigente; hasta tanto, se realice la construcción y/o instalación de un tanque (sic) almacenamiento para el sistema."

Se adjunta a esta respuesta el oficio mencionado anteriormente, ..., con el cual se respalda esta resolución a su solicitud de constancia de disponibilidad de agua.

Del mismo modo, se le informa que, su solicitud quedará en lista de espera hasta tanto la Asada lleve a cabo la solución respectiva mencionada en el oficio descrito ..."

El anterior oficio le fue comunicado a la sociedad interesada mediante correo electrónico el mismo día de su emisión (oficio a imagen 205 y envío de correo a imágenes 206, 250 y 252 del expediente judicial digital principal);

24.) Mediante oficios RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-034-2023, ambos de fecha 6 de noviembre del 2023, la Presidente de la Asada Surfside -María Lourdes Valverde Retana- emitió "... CONSTANCIA DE NO DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS ..." respecto de las solicitudes de disponibilidad de agua potable número Sol-0100-2023 y Sol-0101-2023, respectivamente, presentadas el 31 de octubre del 2023 por Industrias Centroamericanas Callao Sociedad respecto de las fincas con matrícula de Folio Real número 5-79458-000, con plano catastrado G-2287796-2021, lote RQ-05 y 5-79459-000, plano catastrado G-2287977-2021, lote RQ-06, respectivamente, para proyecto de "... construcción de una vivienda unifamiliar de 62 m2 de un nivel de construcción, constituida por sala, comedor, cocina, baño, 2 dormitorios ..." A tal efecto, se le indicó, en lo que es de interés a este asunto:

"... NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.

NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD.

Esta resolución se brinda según oficio GSD-UEN-GAR-2022-00202, de la Oficina Regional de Acueductos Comunales de Aya del 19 de enero del 2022, el cual indica que, "se le recomienda a la ASADA de Surfside NO emitir más Constancias de Disponibilidad de Servicio o Constancias de Capacidad Hídrica, debido a que el Acueducto de Surfside no cuenta con condiciones para atender el desarrollo máximo de crecimiento, dado que no existen condiciones de factibilidad técnica y legal según el artículo 7 incisos: 12, 20, 21, 49 y 129, artículos 8, 9, 19 y 14 del Reglamento de Prestación de Servicios vigente; hasta tanto, la Asada realice la construcción y/o instalación de un tanque de almacenamiento de 434 000 litros para el sistema." Se adjunta a esta respuesta el oficio mencionado, con el cual se respalda la resolución a esta solicitud de disponibilidad. Una vez que la Asada realice las obras indicadas por la Oficina Regional de Acueductos Comunales y pueda volver a emitir constancias de disponibilidad de agua, así como de capacidad hídrica, el propietario registral debe presentar nuevamente la solicitud ante la Asada sujeto a la existencia de factibilidad técnica ..."

Finalmente se indicó que esos oficios tenían una vigencia de 12 meses a partir de su emisión. Se comunicaron con copia del oficio GSD-UEN-GAR-2022-00202 (oficios RCH-SUD-034-2023 y RCH-SUD-033-20243 a imágenes 478 y 482, respectivamente y documento adjunto a imágenes 479 y 483 del expediente judicial digital principal; el resaltado es del original);

25.) La Asada Surfside de Santa Cruz ha realizado diversas acciones y gestiones ante la oficina regional de acueductos rurales (ORAC) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendentes a escoger la propiedad donde poder construir el tanque de almacenamiento para el acueducto que administra, cuyo visto bueno debe ser dado por el ente rector, lo que no ha ocurrido a la fecha (declaraciones de Liany Alfaro García y Paola Jiménez Jara en el Juicio Oral celebrado el 30 de abril del 2024);

26.) A la fecha de adopción de este pronunciamiento, no ha sido construido el tanque de almacenamiento recomendado por la ingeniera Paola Jiménez Jara en su informe GSD-UEN-GAR-00197 por no haberse encontrado el terreno adecuado por el peso que debe soportar la infraestructura (declaraciones de Paola Jiménez Jara en el Juicio Oral celebrado el 30 de abril del 2024).

V.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- De importancia para la resolución de esta demanda, por no constar prueba aportada al expediente, se tiene como no probado lo siguiente:

1.) Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima hubiese interpuesto recursos ordinarios o extraordinarios contra los oficios OFC-003-2022, del 20 de enero del 2022, RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-033-2023, los dos últimos del 6 de noviembre del 2023, suscrito por la Presidente de la Asada Surfside -María Lourdes Valverde Retana-;

2.) Se haya superado la situación de vulnerabilidad del acuífero donde están ubicados los pozos de la Asada Potrero Surfside, por intrusión salina y sobre-explotación;

3.) Se hubiese obtenido el balance hídrico del acueducto administrado por la Asada Potrero Surfside;

4.) Si al momento de adoptarse esta decisión, el Acueducto Costero está terminado y en funcionamiento;

5.) Acciones y gestiones de la Oficina Regional de Acueductos Rurales (ORAC) y demás dependencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendentes a coadyuvar con la construcción del tanque de almacenamiento recomendado la ingeniera Paola Jiménez Jara en su informe GSD-UEN-GAR-00197, ya sea en encontrar el terreno adecuado para su levantamiento y coadyuvar con su financiamiento; y para tramitar un aumento de caudal autorizado a la Asada Potrero Surfside.

VI.- DEL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA CONDUCTA OMISIVA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.- Previo al análisis de legalidad de la conducta objeto de este proceso -que fue alegada como omisiva por parte de la sociedad actora- se estima pertinente hacer las siguientes consideraciones que orientarán el análisis de la cuestión:

Primero: Debe de recordarse cuál es el objeto justiciable en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, conforme al mandato constitucional. En efecto, el constituyente originario, en el año de 1949 creó la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y determinó su objeto en el numeral 49 de la Constitución Política, precisado con la reforma del constituyente derivado, mediante la Ley número 3124, del veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y tres, y que está residenciado en el control "... de la legalidad de la función administrativa ..." y la tutela de "... al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados ..."; por lo que su competencia en la materia indicada, es plenaria y universal. Al tenor de la anterior premisa, es que en esta Jurisdicción se revisa la conducta del Estado en su conjunto, esto es, comprende a los tres Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen función materialmente administrativa; así como la emanada de las entidades descentralizadas institucionales (instituciones autónomas) y por el territorio (municipalidades) y demás instituciones del Derecho Público.

Segundo: Conforme al mandato constitucional enunciado, la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa está referida a la revisión o control de la legalidad de toda la conducta de la Administración Pública, en sus diversas manifestaciones,, comprendiendo así, la formal, relativa a la adopción de actos administrativos (tanto del acto final –en atención a la no necesidad de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, salvo en lo concerniente al régimen impugnativo en el ámbito municipal y de contratación administrativa–, como del definitivo), y de actos de carácter general normativo (reglamentos, circulares y/o instrucciones) y generales no normativos (directrices); la material, consistente en la prestación de servicios públicos, ejecución de actos, coacción anómala (actuaciones en situaciones de emergencia y urgencia declarada) y vías de hecho; y finalmente, la denominada disfunción administrativa o conducta omisiva, tanto formal (relativa a la omisión de la Administración en la resolución en tiempo de gestiones y recursos, y que ha generado la formulación en doctrina del instituto del acto presunto por el que se configuran el silencio positivo y negativo); como la material, esto es la concerniente a la no prestación de servicios públicos y la no gestión de lo asuntos públicos, conforme al mandato que el ordenamiento jurídico le impone a cada institución y órgano. Este concepto se complementa con el de "la relación jurídica-administrativa", en tanto tutela todas las situaciones jurídicas de los administrados, reguladas por el Derecho Administrativo.

Tercero: Para que haya omisión tiene que existir un incumplimiento a una obligación preexistente. En atención a lo anterior, el parámetro de control que corresponde verificarse en esta Jurisdicción (sea, la Contencioso Administrativa) es el bloque de la legalidad o de juridicidad, el cual está compuesto por todo el conjunto de regulaciones normativas que conforman el ordenamiento jurídico nacional. En primer lugar de las normas y principios constitucionales (Derecho de la Constitución), los tratados internacionales y/o derecho comunitario, la ley y las normas reglamentarias (artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública), las reglas de la ciencia y de la técnica (artículo 16.1 en relación con el 158.4 ídem); así como las fuentes no escritas del ordenamiento, a saber la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho (artículo 7 ibídem). Cobra importancia entonces el principio de legalidad, al que está sujeta toda la actuación de la Administración Pública, y que deriva de los numerales 11 de la Constitución Política y de su homólogo de la citada Ley General, al tenor del cual, implica que los actos y comportamientos de la Administración deben adecuarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Tradicionalmente se ha centrado el análisis de este principio en lo que se ha dado en llamar su "vertiente negativa", al tenor del cual la actuación del Estado se subordina en forma absoluta, a lo que le está expresamente permitido, normalmente en texto expreso, de manera que lo no autorizado –expresa o implícitamente por el ordenamiento jurídico– está prohibido. Así, el principio de legalidad

"... se proyecta como límite y restricción del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de invalidez ..." (Sentencia número 63-2000, de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de enero del año dos mil, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido, consultar, las sentencias número 0172-2000, del quince de marzo del mismo año y la número 55-2001, del diecisiete de enero del dos mil uno, ambas del citado Tribunal Casacional.)

Ahora bien, en virtud de las implicaciones que tiene en la gestión pública la aplicación del principio de legalidad, es que se puede estimar que se constituye no sólo en el límite y restricción del ejercicio del poder, sino que establece potestades y competencias públicas, con un contenido claro y definido, lo cual se ha entendido como la vertiente positiva del principio de legalidad, ya que tiene a tales regulaciones como normas habilitadoras de esas competencias y potestades públicas. Esta conceptualización del principio de legalidad ha sido plenamente aceptada por la jurisprudencia contenciosa, incluso con anterioridad a la regulación procesal vigente de esta Jurisdicción, con las siguientes consideraciones:

"... se constituye en la fuente permisiva de la conducta administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas, que por ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues, apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del legislador, sino además, complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le atribuye. Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas superiores." (Sentencia número 63-2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, supra citada. El resaltado no es del original.)

En este sentido, es importante resaltar que el concepto positivo del principio de legalidad se sustenta en la consideración de que las normas constitucionales y también las legales, no son normas programáticas, sino verdaderas normas jurídicas, y por lo tanto, de ellas se derivan verdaderas obligaciones constitucionales y/o legales, según sea el caso, para las diversas instancias públicas. Considérese además que al tenor de lo estatuido en el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública, "... la competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio ..." (el resaltado no es del original). Por ello, tratándose de la impugnación de una conducta omisiva, resulta necesario verificar en el bloque de legalidad, si se estable o no una obligación para la Administración, que le compele a actuar de una determinada manera.

Cuarto: En desarrollo de lo enunciado, en lo que concierne al análisis o control de la conducta omisiva, resulta necesario distinguir la diversidad de los supuestos en los que se puede dar, que se explica a continuación:

i.- En lo concerniente a la inactividad formal o conducta omisiva formal, está referida a la falta de declaración de voluntad, juicio o conocimiento con ocasión de una gestión formulada por un administrado, con la consecuente ausencia del ejercicio de una competencia o potestad pública, respecto de una situación jurídica singular. Esta modalidad se manifiesta por ejemplo en el no inicio del procedimiento administrativo, o la no tramitación o instrucción de una gestión, o su no resolución, que puede generar la caducidad o el no dictado del acto final o definitivo, que a su vez generaría el silencio negativo (acto presunto). Pero también la omisión formal comprende la falta a la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico de emitir disposiciones reglamentarias, cuando hay previsión de norma constitucional o legal al respecto; así como a la inactividad formal convencional, referida a la no suscripción de contratos, bilaterales o plurilaterales y con ello se afecte el interés público o de los concesionarios.

ii.- Por su parte, la inactividad material está referida a la omisión de las administraciones públicas de realizar alguna actividad técnica o material de trascendencia externa, que comprende el ejercicio de funciones o potestades públicas (como por ejemplo, las referidas a acciones de control y fiscalización o de seguridad; o acciones en la tutela y resguardo del medio ambiente y salud de los administrados), la ejecución de actos administrativos favorables o la prestación de servicios públicos debidos. Asimismo, tenemos como manifestación de la omisión material el no ejercicio de acciones procesales de titularidad administrativa, esto es, cuando la Administración no plantea los procesos y pretensiones que puede deducir, en tutela de bienes e intereses públicos, como sería el supuesto de que la entidad pública encargada de la administración de un bien de dominio público en concreto, no formule la acción procesal correspondiente frente a una situación de amenaza o riesgo sobre el mismo.

Ahora bien, cabe considerar que tratándose de la impugnación de conducta omisiva, el Código que regula esta Jurisdicción prevé su conocimiento y análisis en un proceso contencioso, pero por la particularidad de la situación también prevé otros trámites diferenciados. Así, ante la omisión de la Administración de ejecutar un acto administrativo firme y favorable, resulta posible atender la situación a través de gestión planteada al efecto, pero ante el Juez Ejecutor contencioso administrativo, en los términos previstos en el numeral 176 del citado código de rito. Asimismo, al tenor de las consideraciones dadas en la sentencia número 2008-5322, de las dieciséis horas cuatro minutos del nueve de abril del dos mil ocho de la Sala Constitucional, ésta "diseñó" un proceso contencioso "especial", denominado "amparo de legalidad", en tanto incorporó elementos procesales propios de los recursos de amparo contenidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional –como informalidad y no requerimiento de asistencia de letrado del actor– y del numeral 60.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que regula los supuestos de trámite preferente, cabalmente para tratar de que los administrados encuentren una pronta resolución de los conflictos motivados en la no resolución a tiempo, de las gestiones formuladas por los administrados ante las Dependencias Públicas.

Quinto: Lógicamente que tratándose del control de legalidad de esta forma de manifestación de la función administrativa –sea la conducta omisiva–, verificada la omisión acusada, esto es, la no realización de la conducta debida -formal o material- impuesta por el ordenamiento jurídico, en el sentido explicado anteriormente, sea sobre la base del bloque de legalidad o de juridicidad, la consecuencia inmediata es la condena a la Administración de hacer o cumplir la conducta omitida, conforme a la previsión del inciso g) del artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que en doctrina se ha denominado como "pretensión prestacional". Las mismas encuentran sentido y fundamento dentro del diseño de un Estado Social y Democrático de Derecho, del que surgen relaciones jurídico-administrativas –entre el administrado y la Administración–, en las que se generan derechos de los primeros que se enfrentan a obligaciones, potestades y competencias públicas; de manera que así se satisface eficazmente la tutela de los derechos de los administrados. (En igual sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias número 72-2013-VII, de las 15:35 horas del 24 de octubre del 2013; número 75-2013-VII, de las 10:20 horas del 31 de octubre del 2013 ambas dictadas por la Sección Sétima y las siguientes por la Sección Sexta de este Tribunal Contencioso Administrativo número 177-2014-VI, de las 16:15 horas del 30 de octubre del 2014; 59-2016-VI, de las 15:35 horas del 12 de abril del 2016 y número 29-2023-VI, de las 11:35 horas del 28 de abril del 2023.)

VII.- DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA (PRESTACIONAL) TENDENTE A QUE LA ASADA DEMANDADA OTORGUE "... DE FORMA DEFINITIVA LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE, DEBIENDO INSTALAR LA PAJA DE AGUA PARA DICHO EFECTO A FAVOR DE LA ACTORA ...".- Se procede al análisis de la primera pretensión de condena que formula en este proceso contencioso la sociedad actora, para lo cual, en la forma supra indicada, se requiere la revisión del bloque de legalidad o de juridicidad en lo atiente a la situación concreta planteada, teniendo como marco de referencia además, lo acontecido en este caso, conforme al cuadro fáctico que sustenta este pronunciamiento y alegaciones de los intervinientes.

Primero: De las alegaciones de los intervinientes: Esta Autoridad parte de la pretensión concreta que formula Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima -una vez más-, referida a que la asada accionada otorgue "... de forma definitiva la conexión de agua potable, debiendo instalar la paja de agua para dicho efecto a favor de la actora ..." (pretensión #1). Sobre el particular, la demandante acusa el incumplimiento de parte de la asada accionada, por cuanto "... A la fecha, ... no cuenta con conexión de agua potable ...", lo que estima es una omisión a la prestación del servicio delegado, y más concretamente de los numerales 4 de la Ley General de la Administración Pública, 2 inciso g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 7, 9, 39, 41 y 46 del Reglamento para la prestación de servicios de Acueductos y Alcantarillados; el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, disposiciones en las que se establece que la delegación en este tipo de asociaciones del servicio público en el abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales, debe de realizarse conforme a los principios que rigen la prestación de los servicios públicos en nuestro país, a saber la continuidad, igualdad, eficiencia y adaptación al cambio. Así indica que la Asada de Potrero Surfside está obligada a asegurar dicho abastecimiento, gestionar el recurso hídrico de la zona para satisfacer de manera óptima y sostenida las necesidades de los usuarios, lo cual comprende realizar las acciones pertinentes para garantizar que las nuevas y futuras conexiones se realicen de acuerdo a la capacidad hídrica e hidráulica. Finalmente la parte actora, tanto en su alegato de apertura al debate como en el de conclusiones cuestionó y puso en duda los criterios técnicos dados por las demandadas para denegar el servicio requerido, que calificó de meras excusas. Por su parte, ambas representaciones de las demandadas se oponen a este pedimento, indicaron que la asada de Potrero - Surfside no tiene las condiciones factibilidad técnicas y legales para brindar el servicio requerido, por falta de infraestructura y del recurso (agua), como se le informó a la sociedad actora al emitir los actos de no disponibilidad de agua, en los oficios OFC-003-2002-202, del 20 de enero del 2022, RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-033-2023, los últimos de fecha 6 de noviembre del 2023, que a su vez se sustentaron en el balance hídrico realizado por la ingeniera Paola Jiménez Jara, comunicado en fecha 19 de enero del 2022 tanto a la Oficina Regional de Acueductos Rurales Región Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (por el oficio GSD-UEN-GAR-00197) y a la asada (por el oficio GSD-UEN-GAR-2022-202). Agregaron la vinculatoriedad, en primer lugar, de la orden expresa que la Sala Constitucional le impuso a la Asada Potrero-Surfside en la sentencia número 2018-2898, de las 9:15 horas del 23 de febrero del 2018, referida a no emitir más disponibilidades de agua -por la sobreexplotación y salinización de los pozos de los que se sirve la Asada- hasta no tener la expresa autorización del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); siendo que a la fecha no cuenta con dicha autorización; y en segundo lugar, de las conclusiones y recomendaciones que le hizo la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) en la Minuta CIT-002-2018, del 11 de setiembre del 2018, consistentes en no aumentar los niveles de aprovechamiento de los acuíferos costeros, a excepción de actividades de bajo consumo, a saber, para viviendas unifamiliares, de uso doméstico en un lote, "... siempre que no se encuentren dentro de nuevos desarrollos urbanísticos ni en fraccionamientos de una misma finca ..."; y las que calificó como necesidad insoslayable, referidas a necesidades públicas permanentes (tales como centros educativos, delegaciones de policía, centro de salud) y actividades públicas transitorias debidamente autorizada por los entes competentes (como eventos masivos, ferias, albergues de emergencia). En este sentido citaron los precedentes de la Sala Constitucional -entre otras las sentencias número 2007-1745, 2008-11390, 2009-3925, 2009-9936, 2010-10768, 2017-782, 2020-1516, 2020-6908, 2020-9209, 2020-3988, 2020-15195, 2020-13911, 2020-18244, 2020-20892- en los que aún y cuando se ha establecido que el acceso al agua potables es esencial y por ello un derecho fundamental; su prestación está condicionada a la posibilidad material de capacidad hídrica e hidráulica del sistema, motivo por el cual resulta posible y válida la denegatoria de la prestación del servicio por ausencia de infraestructura; si se afecta el servicio de los que ya lo tiene, y cuando no se han cumplido los requisitos. Sobre la base de las anteriores consideraciones concluyeron que la negativa de disponibilidad de agua no es arbitraria, antojadiza o carente de fundamento, precisamente por imposibilidad hidráulica.

Segundo: De la precisión de la conducta objeto de control en este proceso: Para el análisis de la cuestión, lo primero que debe aclarar este Tribunal es que aún y cuando las justificaciones y criterios que esgrimen las demandadas no resultan adecuadas para el análisis de la conducta reprochada en este proceso, referida a la existencia de una conducta omisiva, consistente a la prestación de un servicio público, al tenor del cual, la sociedad actora pretende, que con ocasión de sus diversas solicitudes de disponibilidad de agua a la Asada de Potrero - Surfside, ésta le otorgue "... de forma definitiva la conexión de agua potable, debiendo instalar la paja de agua para dicho efecto ..." A criterio de estas juzgadoras, las alegaciones de las demandadas están direccionadas a la defensa de lo actuado por la Administración con ocasión de las gestiones de la sociedad actora en diversas ocasiones -a saber el 7 de abril, 23 de agosto y 5 de octubre del 2021 y finalmente el 31 de octubre del 2023, hechos probados 11.), 16.), 17.) y por referencia del hecho probado 24.)-, y que se tradujeron en actos concretos de la asada accionada en los que manifestó la no disponibilidad de servicios de agua potable, según se infiere de la nota del 7 de mayo del 2021, el oficio OFC-003-2002-202, del 20 de enero del 2022, RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-033-2023, los dos últimos de fecha 6 de noviembre del 2023 -hechos probados 14.), 23.) y 24.)-. Se trata de conducta formal de la prestataria, en tal virtud de carácter administrativo, en tanto a la asada en cuestión le ha sido delegada la gestión y administración del servicio de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales -conforme a convenio de delegación que la primera le hizo mediante convenio suscrito el 4 de noviembre del 2010, como se infiere de la sentencia constitucional 2018-00298, hecho probado 7.)-, que no ha sido impugnada en este proceso, de manera que, al tenor del principio de congruencia que rige el ejercicio de la función jurisdiccional -que en el caso de la normativa procesal contenciosa está consagrado de manera expresa en el numeral 119.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo cuando dispone: "... La sentencia resolverá sobre todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por este Código ..."; no resulta posible para esta Cámara ejercer sobre ellas el examen de legalidad asignado a esta Jurisdicción por mandato constitucional y legal. Así pues no puede ser ponderada en este pronunciamiento la legalidad o conformidad o no con el bloque de legalidad aquellos actos emanados de la asada accionada.

Tercero: Análisis de la cuestión: En atención a lo dicho, se procede a determinar si se produce o no la conducta omisiva acusada, a la luz de lo que estable el ordenamiento que rige la materia.

i.- De la condición de las Asadas comunales como prestatarias de los servicios públicos de la dotación de agua de las asadas: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, número 2726, del 14 de abril de 1961 y sus reformas, el legislador delegó en esta institución autónoma la administración y operación directa de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, "... los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de los recursos ..."; pero no obstante tratarse del ente rector técnico en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales, en el párrafo cuarto de esta misma norma, se le facultó "...para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos ..." Es así como surgen las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (asadas), creadas bajo la forma de organizaciones sin fines de lucro, de carácter privado, por el acuerdo de voluntades de al menos diez personas, conforme a la estructura y configuración dada por la Ley de Asociaciones, número 218, del 8 de agosto de 1939 y sus reformas en ejercicio de la libertad de asociación consagrada en el artículo 25 de la Carta Fundamental, cuya finalidad específica es "... la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, contribuir en la gestión integrada del recurso hídrico y brindar el servicio de hidrantes por ley especial ...", según reza el numeral 6 del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, dado mediante Decreto Ejecutivo número 42582-S-MINAE, del 11 de agosto del 2020 (que derogó el reglamento del mismo nombre, dado por Decreto Ejecutivo número 32529-S-MINAE, del 2 de febrero del 2005, que estuvo vigente del 5 de agosto del 2005 al 3 de setiembre del 2020). Consecuentemente, las Asadas "... serán regidas por la Ley de Asociaciones y su Reglamento. Además, deberá aplicarse lo regulado en este Reglamento, en virtud de la especialidad de su gestión y de la importancia de los servicios que prestan y del bien que tutelan ..." (artículo 13 del último Reglamento de cita). Ahora bien, una vez firmado el convenio de delegación, la prestación de los servicios a cargo de las asadas debe regirse "... atendiendo la normativa vinculante y con la asesoría, asistencia técnica rectora, capacitación, fiscalización, evaluación, dirección, organización y control de AyA ..." (artículo 35 del Reglamento de las Asadas), por cuanto debe de resaltarse que la institución autónoma delegante -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados- mantiene no sólo la rectoría técnica en la materia (artículos 3, 4 del decreto de cita), sino la titularidad del servicio como lo expresa el artículo 31 inciso b) Ídem:

"... Artículo 31.- Alcance de la delegación en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Los alcances de la delegación en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, se basan en:

...

b. El reconocimiento de las potestades de Ley y la titularidad del servicio que posee el AyA y la participación de las ASADAS en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de aguas residuales en sus comunidades ..."

ii.- Distinción de trámites para la disponibilidad de agua y para la interconexión de la paja para la prestación efectiva del servicio. En los términos en que explicó la representación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en sus conclusiones orales, debe de distinguirse entre los trámites que los usuarios deben realizar para obtener la disponibilidad de agua potable y otro para la interconexión de la paja para la prestación efectiva del servicio. En este sentido debe aclararse lo siguiente. Para la prestación de los servicios públicos delegados por el ente rector, las asadas están obligadas a aplicar el Reglamento para la prestación de servicios de Acueductos y Alcantarillados, número 72, de fecha 26 de noviembre del año 2019 -vigente a partir del 17 de enero del 2020-, aprobado por el instituto rector, en la forma ordenada en su artículo 3, que dispone en su literalidad:

"... Artículo 3º-Alcance. Este Reglamento es de aplicación a nivel nacional para todos aquellos usuarios que estén dentro de la zona de cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales del AyA; así como para aquellos sistemas delegados por AyA en cuanto sea materialmente posible su aplicación. Asimismo, podrá ser utilizado de forma supletoria por otros operadores ..." (El resaltado no es del original.)

Ahora bien, para comprender lo requerido por la sociedad actora, debemos remitirnos a la definición conceptual que hace dicho conjunto reglamentario de los términos disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua de la instalación o conexión de la paja para la dotación efectiva del agua, que en concreto en el numeral 5 dice:

"... Disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua: Existencia real y actual, no futura ni potencial, de las obras e infraestructura global necesaria y capacidad hídrica de abastecimiento para solventar las necesidades de servicios de una población determinada.

Instalación de conexión: Acción que se concreta cuando la conexión ubicada en una propiedad privada es integrada de manera física al sistema del operador ..."

En este sentido, el artículo 21 del reglamento de cita define el contenido mínimo que debe tener el acto por el cual el prestatario emite la disponibilidad de agua, refiere en los siguientes términos:

"... Dicha constancia deberá indicar como mínimo: el número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello.

El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá de contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario.

...

Deberá indicarse de forma expresa que este documento no es una autorización a nivel constructivo, de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA.

Tampoco significa una autorización de interconexión ni de aprobación de nuevos servicios, para ello proceda deberá cumplirse con los requisitos y procedimientos respectivos ante las instancias competentes. Asimismo, cualquier otra advertencia técnica en caso de no otorgamiento.

..." (El resaltado no es del original.)

Con lo cual, claramente se desprende que el acto por el que se resuelve una gestión de disponibilidad refiere a las condiciones de la factibilidad técnica para el otorgamiento de un servicio, en la forma definida también en el citado artículo 5 del Reglamento de cita, que contiene los siguientes elementos:

"... a) Cuando existan redes de distribución y de recolección frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio.

b) Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para atender nuevos servicios.

c) Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos.

d) Que es legal y ambientalmente posible.

e) Que el o los solicitantes cumplan con la normativa urbanística y los requisitos establecidos ..."

En atención a lo anterior, dependiendo de si el prestador tiene o no esa factibilidad técnica, es que el acto será favorable, otorgando la disponibilidad, o negativa, denegándolo, actos que deben estar debidamente motivados -elemento formal, en cumplimiento del mandato del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. En todo caso, se insiste que aún y cuando su resultado fuese positivo, no se entiende el otorgamiento de los permisos de construcción -que en todo caso corresponde tramitarse ante y otorgarlos al gobierno local donde se ubique el inmueble-, ni tampoco la acción material de la prestataria de conectar la paja para prestación efectiva del agua potable. Precisamente el párrafo primero del numeral 25 del reglamento de cita explica los alcances de la constancia hídrica positiva del siguiente modo:

"... Artículo 25.- De los alcances de la constancia de capacidad hídrica y capacidad de recolección y tratamiento. La Constancia sobre Capacidad Hídrica y/o de Recolección y Tratamiento permite únicamente gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de las obras primarias de acueducto y/o recolección y tratamiento por parte del interesado, a fin de generar la disponibilidad de servicios exclusivamente para el proyecto de desarrollo ..." (el resaltado no es del original.)

Consecuentemente, la gestión y obtención de la disponibilidad de agua se constituye en el primer trámite que debe realizar el interesado para construir en un bien inmueble, ya que con el resultado positivo, puede iniciar los procedimientos para la obtención de los permisos de construcción ante otras instancias públicas. Finalmente, es preciso aclarar que la constancia de infraestructura frente a los linderos de la propiedad tampoco se traduce en el otorgamiento de la disponibilidad de agua, ni la conexión al sistema, por cuanto su alcance está limitado a acreditar que el ente operador cuenta con la tubería necesaria para la prestación, en la forma exigida en la regulación de control urbano; de modo que "... Esta constancia no es equivalente a una constancia de disponibilidad de servicios, por lo tanto no reserva caudal o infraestructura a favor del inmueble ...", reza la frase inicial del párrafo segundo del artículo 32 del Reglamento para la prestación de servicios de acueductos y alcantarillados, número 72. En forma concordante, posterior a la obtención de la disponibilidad de agua, el interesado puede requerir, ahora si, la conexión para hacer efectiva la prestación de la dotación del agua a cargo del prestador, en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 51 del mismo reglamento, cuando explica: "...Para el otorgamiento del servicio, el inmueble para el cual se solicita debe contar previamente con la disponibilidad de servicios positiva y asociada a los fines, naturaleza y propósitos para lo que fue aprobada ..."; y para dicho trámite, se regulan los requisitos específicos que debe presentar el usuario (artículo 52), entre los que se exige la aportación de los permisos de construcción (inciso d).

iii.- De lo acontecido en este asunto: Teniéndose claridad en el objeto de la conducta reprochada (conducta omisiva referida a la no conexión del servicio de agua); la distinción de contenido y alcances de los trámites de la disponibilidad de agua y la conexión del sistema y lo acontecido en este asunto,esta Cámara de Jueces concluye que no se produce la conducta omisiva alegada en la acción en la primera pretensión. Y es que de la relación de hechos se constata que en tres ocasiones distintas Industrias Centroamericanas Callao requirió a la Asada Potrero-Surfside expresamente el otorgamiento de la disponibilidad de agua para las dos propiedades inmuebles -con matrículas de Folio Real 5-79458-000 y 79459-000, hechos probados 2.) y 3.)-, que se localizan en la zona donde está autorizada dicha asociación para prestar los servicios públicos de dotación de agua potable y saneamiento de aguas residuales, en la urbanización Surfside -hecho probado 4.)-. Estas gestiones las realizó la sociedad actora a través de escritos o notas en fechas 7 de abril, 23 de agosto y 5 de octubre del año 2021 y finalmente, por referencia el 31 de octubre del 2023 -hechos probados 11.), 16.) 17.) y 24.)-, y todas ellas fueron atendidas por la asada accionada de manera negativa, en la nota del 7 de mayo del 2021 y oficios OFC-003-2022, del 20 de enero del 2022, RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-033-2023, los dos últimos en fecha de fecha 6 de noviembre del 2023 -hechos probados 14.), 23.) y 24.)-. En otros términos, no requirió la interesada la conexión del servicio, sino -se repite- la determinación de la factibilidad técnica para el otorgamiento de los nuevos servicios vinculados a sus propiedades; y conforme al contenido de los anteriores actos, se denegó por no contar con factibilidad técnica para la disponibilidad técnica, según las razones dadas en ellos. A criterio de las suscritas juezas, el eventual acogimiento de la acción interpuesta dependía del cuestionado los actos de disponibilidad negativa que emitió la asada accionada; sin embargo, se reitera que ninguno de aquellos actos fue cuestionado o impugnado, ni en la sede administrativa ni tampoco en este proceso -hecho no probado 1.)-, motivo por el cual resultan inatendibles los cuestionamientos técnicos y jurídicos que el personero de la actora hizo de aquellos (en su alegato de conclusiones) tanto del alcance de la sentencia constitucional 2018002898, como del Balance hídrico del acueducto Surfside, de fecha 19 de enero del 2022, suscrito por Paola Jiménez Jara, ingeniera de la UEN Gestión de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; hecho probado 22.)-. Conforme se ha explicado supra, el ordenamiento que rige la materia condiciona la conexión del servicio a la existencia previa de la disponibilidad positiva que acredite la factibilidad técnica para el otorgamiento de un nuevo servicio, la cual no tiene la actora -según se ha detallado en los actos de no disponibilidad técnica, supra indicados-; ergo, no existe incumplimiento a ninguna obligación preexistente, máxime que cuando la sociedad demandante, reiteramos, no impugnó en la vía administrativa ni en esta sede, las denegatorias de la disponibilidad técnica, según se expuso. Aunado a lo anterior, tampoco ostenta la accionante permisos constructivos, como exige el citado ordinal 52 inciso g) del Reglamento de Prestación de servicios de acueductos y alcantarillados del instituto demandado. En este sentido se advierte que las obras iniciadas en la propiedad de la actora fueron paralizadas por el gobierno municipal de Santa Cruz, con ocasión de la noticia al efecto -relación de hechos probados 19.) y 20.)-. Consecuente con lo dicho, no encuentra esta Cámara de juezas que se haya producido la conducta omisiva acusada, lo que obliga a desestimar la primera pretensión de la demanda.

VIII.- DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA (PRESTACIONAL) TENDENTE A QUE "... SE ORDENE A LA LA ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLAYA POTRERO SURFSIDE A CONSTRUIR E INSTALAR DE(SIC) UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CON LA CAPACIDAD Y CONDICIONES SUFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EN EL TERRITORIO DE SU COMPETENCIA ...".- Se procede al análisis de la segunda pretensión de condena que formula en este proceso contencioso la sociedad actora, para lo cual, en la forma supra indicada, se requiere la revisión del bloque de legalidad o de juridicidad en lo atiente a la situación concreta planteada, teniendo como marco de referencia además, lo acontecido en este caso, conforme al cuadro fáctico que sustenta este pronunciamiento y alegaciones de los intervinientes.

Primero: De las alegaciones de las intervinientes: Industrias Centroamericana Callao Sociedad Anónima requiere como segunda pretensión, que en sentencia se le ordene a la asada accionada la construcción e instalación del sistema de almacenamiento de agua, por cuanto la disponibilidad de agua le fue condicionado a esas labores, por haberlo recomendado así el informe del balance hídrico realizado por la ingeniera del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (GSD-UEN-GAR-00197). Enfatizó en la necesidad de esta obra que no solo se le beneficiaría a ella, sino a la colectividad en general. Sobre el particular, la Asada de Potrero-Surfside manifestó que compartía la necesidad de la obra, pero que en nada mejoraría la situación por el faltante del recurso hídrico, por lo que estaría vacío. No obstante manifestó que ha intentado encontrar soluciones al tema, concretamente en la búsqueda del terreno apto para colocar el tanque de almacenamiento, sin resultado positivo; y agregó que en todo caso, la actora podía haber colaborado con su construcción, ya fuese con ayuda económica o cediendo un lote a tal efecto.

Segundo: De la obligación impuesta por el ordenamiento jurídico y consecuente responsabilidad para la Administración de construir obras tendentes a la implementación del servicio de dotación de agua potable: Como se indicó en el Considerando anterior, la rectoría y responsabilidad de la prestación de servicio de dotación de agua potables y de saneamiento de aguas residuales fue delegada por mandato de legal al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, precisamente en su Ley de creación, número 2726, del 14 de abril de 1961. Ahora bien, en lo que refiere en concreto a la construcción y financiamiento de la obra necesaria para la prestación del servicio público de la dotación de agua, es un tema que el legislador también encomendó al instituto rector, como se desprende con facilidad de las siguientes disposiciones. En efecto, en el numeral 1 de esta ley se justifica la creación de este instituto del siguiente modo:

" ... ARTICULO 1º.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado. ..." (Así reformado por el artículo 1 de la Ley número 5915, de 12 de julio de 1976.) (El resaltado no es del original.)

De forma concordante, los incisos b.), l) y j) del el artículo 2 indican claramente:

"... ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

...

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

...

i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario ... " (Así reformado por el artículo 1º de la Ley número 5915 de 12 de julio de 1976.) (El resaltado no es del original.)

Llegados a este punto, es importante advertir que toda la infraestructura del acueducto para la prestación de agua potable y de saneamiento de aguas residuales son bienes de dominio público, en tanto está afectos a la prestación concreta de esos servicios públicos, que el artículo 18 de la Ley de cita, califica como "patrimonio nacional", bajo la administración del prestador respectivo. Nótese en este sentido que en caso de disolución de la asada "... Todos los bienes requeridos para la continuidad del servicio, incluyendo los terrenos y servidumbres, debidamente inscritos a nombre de la ASADA, deberán trasladarse al AyA con el propósito de garantizar que sigan siendo utilizados en la prestación de los servicios de la comunidad para la cual fueron adquiridos o construidos. Estos bienes traspasados al AyA quedarán afectados al dominio público, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Constitutiva de AyA ..." (frase final del ordinal 61 del citado Decreto Ejecutivo número 42582). Asimismo, de la revisión de la normativa regulatoria de las asadas se infiere la encomienda de "... administrar, operar, reparar, custodiar, defender y proteger según los principios de una sana administración, todos los bienes destinados a la prestación de los servicios que brinda ...", reza el inciso d) del artículo 43 del citado conjunto reglamentario -Decreto Ejecutivo número 42582-; cometido que se precisa en el inciso b.) del ordinal 47 del mismo reglamento: "... La ASADA deberá dar mantenimiento a todos los componentes del sistema, con la periodicidad correspondiente y cumpliendo con la norma técnica emitida por AyA para tal fin. Para garantizar una mejor gestión del mantenimiento la ASADA deberá contar con un manual de mantenimiento de los sistemas ...". Entonces la asada está obligada a realizar labores de mantenimiento, entendiendo por tales el "... conjunto de acciones que se ejecutan en forma permanente y sistemática en los diferentes componentes y equipos de un sistema para mantenerlos en adecuado estado de funcionamiento ..." (punto 23 del artículo 2 del reglamento de cita), ya sea correctivo, que "... Consiste en las reparaciones que se ejecutan para corregir cualquier daño que se produzca en los sistemas; lo cual se da por el deterioro normal o anormal de los diferentes elementos de los sistemas, incidiendo en la necesidad de efectuar reparaciones mayores o la reposición de algunas piezas o equipo determinado ..." (numeral 2.24 Ídem) o preventivo que "... Consiste en una serie de acciones de conservación que se realizan con frecuencia determinada en las instalaciones y equipos para evitar en lo posible, que se produzcan daños que pueden ser de difícil y costosa reparación, ocasionando interrupciones en el servicio ..." (canon 2.25 Ibídem). En forma concordante el artículo 54 inciso d) del mismo reglamento, se le exige a las Asadas que "... deberá contar al menos con los servicios de administración, fontanería y contaduría ..." Ahora bien, es el numeral 43 donde se especifica cómo pueden llevarse a cabo esas labores de construcción, directamente por el instituto rector, en la forma prevista en el inciso b. y a cargo de los desarrolladores privados, según el inciso d.:cuando dice:

"... Artículo 43.- Construcción de Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento de Aguas Residuales

 ...

b. Construcción del Sistema por AyA: El AyA podrá construir sistemas de agua potable y/o saneamiento de aguas residuales y darlos en operación a las ASADAS debidamente inscritas y con convenio de delegación vigente.

Para tales efectos el AyA realizará los estudios pertinentes, determinará el origen de los recursos para su diseño y construcción, asimismo, facilitará su financiamiento. En estos casos el proyecto constructivo deberá entrar en la cartera de proyectos que administra AyA y cumplir con los requisitos establecidos para su ingreso.

...

d. Construcción de Sistemas por Desarrolladores: Los sistemas previamente aprobados por AyA y construidos por desarrolladores o terceros, deberán ser entregados a la ASADA que emitió las disponibilidades correspondientes, así como terrenos, servidumbres, equipos y pozos requeridos para el sistema, cumpliendo, además, con los términos del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, según las normas técnicas de la Institución y lo regulado en el inciso anterior para entrega de sistemas. El AyA a solicitud del Desarrollador, previo pago del costo, realizará las pruebas técnicas de buen funcionamiento de los sistemas, antes a su recibo, las cuales quedan afectas a la garantía de buen funcionamiento por el plazo legal. Para la recepción de dichas obras el AyA cuenta con el plazo de diez días hábiles.

Para el otorgamiento de constancias de disponibilidad de servicios a desarrollos urbanísticos, se deberá contar con el aval de la Oficina Regional de Atención de ASADAS que corresponda, de previo a su presentación ante otras instituciones. En el caso de que no exista operador legal en la zona, corresponderá a la Subgerencia de Gestión Sistemas Comunales emitir la constancia de disponibilidad de servicios o cualquier otro acto administrativo que corresponda, en un plazo máximo de veinte días hábiles. ..."

Resulta especialmente importante para este Tribunal el contenido del inciso c. de esta misma norma que refiere, no a la obligación de las asadas a construir, sino de la entrega de esas obras realizadas por el instituto rector a las asadas, en los siguientes términos:

"... c. Entrega de los Sistemas construidos por AyA a las ASADAS: Una vez terminadas las obras y cuando se determine que serán administradas por una ASADA, se realizarán las pruebas respectivas y puesta en operación en conjunto AyA-ASADA, se formalizará su entrega siguiendo el procedimiento establecido por la Junta Directiva del Instituto, esta entrega considerará copia de los planos, diseño, memoria descriptiva, detalle de los activos y costo de cada componente del sistema, para su respectivo registro contable, además, concretará el finiquito correspondiente ..."

Consecuentemente, no resulta posible inferir la obligación a cargo de las asadas de construir la obra requerida para la prestación de los servicios delegados.

Tercero: De la falta de legitimación pasiva en el reproche de la conducta omisiva acusada: Llegados a este punto y conforme a la enunciación del acápite anterior, estima esta Cámara de Juezas que respecto de la segunda pretensión omisiva acusada no se cumple el presupuesto material de la legitimación pasiva, siendo que exclusivamente respecto de la asociación quedó establecida la conducta prestacional relacionada con aquella, en la forma en que quedó fijada en la Audiencia Preliminar, sobre la base de las siguientes consideraciones:

i.- Del presupuesto material de la legitimación: En este sentido es importante recordar en términos generales y procesales el concepto jurídico de la legitimación, el cual se traduce en la vinculación existente entre las partes de un proceso, en tanto atiende a la "... específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte “eficaz” ..." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.) De manera, que se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Así, "... un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados ..." (Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.) Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales, porque esa falta determinará la inexistencia de la relación jurídica entre éstas. En esta Jurisdicción –Contencioso Administrativa– son tutelables las "situaciones jurídicas de toda persona", clarifica el inciso 1) del numeral primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa; de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos "un interés legítimo" (artículo 49 de la Constitución Política) del administrado, derivado u originado de una relación jurídico- administrativa y respecto de los cuales, se puede pedir la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico, anulación, modificación o adaptación de la conducta administrativa, el restablecimiento, reconocimiento o declaración de una situación jurídica, la fijación de límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de potestades administrativas, la condena de hacer alguna conducta determinada, la condena de abstención de una conducta y la condena de daños y perjuicios (artículos 42 y 122 del citado Código Procesal). Este presupuesto debe ser entendido en una doble dimensión, a saber, la legitimación activa, relativa a quien o quienes figuran como actores, referida cabalmente a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado infringido, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y por su parte, la legitimación pasiva, en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. Finalmente, cobra importancia referirse a los conceptos claves para determinar si se cumple o no este presupuesto de fondo, a saber el de derecho subjetivo y el de interés legítimo. El primero, ha sido definido en la doctrina nacional como "... aquel poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público (y en concreto de la Administración), por un medio coactivo, si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el Ordenamiento Jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines e intereses ..." (González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo II. El Control Judicial de la Inactividad Administrativa. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) Por su parte, el segundo, es sustancial, no procesal, en tanto forma parte de la esfera jurídica material del administrado, que "... debe llevar aparejado un beneficio como consecuencia de la eliminación de la actuación administrativa, o un perjuicio derivado de su mantenimiento, beneficio o perjuicio que pueden ser, tanto materiales o jurídicos, como de índole moral, religioso, científico o económico (257 LGAP) ..." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); y como tal, requiere ser legítimo, esto es, resulta imprescindible que esté amparado, aunque sea de manera indirecta, en el ordenamiento jurídico. Éste ha sido el sentido en el que se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, al señalar

"... Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un presupuesto esencial de la relación jurídico procesal, imprescindible para una sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física, jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada." (Sentencia número 11-F-S1-2012, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de enero del dos mil doce.)

ii.- De la inexistencia de la legitimación pasiva respecto de la segunda conducta omisiva acusada en este proceso: En el caso que nos ocupa esta acción, en el balance hídrico del acueducto administrado por la Asada Surfside, preparado por la ingeniera Paola Jiménez Jara -hecho probado 21.)-, se recomendó la construcción de un tanque de almacenamiento para mejorar la capacidad del recurso hídrico disponible en la zona administrada por la asada, y se dieron dimensiones concretas, de mínimo 434 m3 para el 2022 y 626 m3 para el 2024 -hecho probado 21.)-; lo cual se hizo del conocimiento expreso a la UEN Gestión de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el oficio Informe GSD-UEN-GAR-00197 -el mismo día -hecho probado 21.)-; quien a su vez a la asada accionada por oficio GSD-UEN-GAR-2022-202, de la misma data -hecho probado 22.)-. Con base en dicha recomendación técnica, la Asada Potrero Surfside condicionó a la actora, el otorgamiento de la disponibilidad a la construcción y funcionamiento de ese tanque de almacenamiento de agua potable -en oficios OFC-003- 2022, del 20 de enero del 2022 y RCH-SUD-033-2023 y RCH-SUD-033-2023, los dos últimos de fecha 6 de noviembre del 2023 -hechos probados 23.) y 24.)-, por lo que requirió condenar a la asociación comunal a construir dicho tanque de almacenamiento de agua, a fin de que se le haga efectiva la prestación del servicio que requirió para las dos fincas de su titularidad. No obstante, por la forma como fue definida esta pretensión esta Cámara de Jueces debe de denegar lo pedido. Se insiste en que conforme a la regulación de la materia, no resulta posible exigir a las asadas la construcción de la obra requerida para la prestación de los servicios delegados, por cuanto el ordenamiento jurídico le confiere esta obligación al ente rector y en su defecto a los desarrolladores. No obstante que conforme a las declaraciones de Liany Alfaro García y Paola Jiménez Jara en el Juicio Oral celebrado el 30 de abril del 2024; la Asada Surfside de Santa Cruz ha realizado diversas acciones y gestiones ante la oficina regional de acueductos rurales (ORAC) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tendentes a escoger la propiedad donde poder construir el tanque de almacenamiento para el acueducto que administra, cuyo visto bueno debe ser dado por el ente rector, lo que no ha ocurrido a la fecha -hecho probado 25.)-.

En atención a lo dicho se debe declarar sin lugar la segunda y última pretensión enunciada en esta acción contenciosa.

IX.- DE LAS DEFENSAS DE FONDO INTERPUESTAS.- Ninguna de las representaciones de las accionadas formuló defensas de fondo cuando se opusieron a la demanda interpuesta en su contra, lo que no se traduce -como alegó la representación de la sociedad actora-, que se hubiesen allanado a la acción, por cuanto consta su oposición a las pretensiones de la demandante con diversos alegatos. Sin embargo, se recuerda que la persona juzgadora se encuentra en el deber de revisar el cumplimiento o no de los presupuestos sustanciales o materiales de todo proceso jurisdiccional para el dictado de toda sentencia; que son los relativos a la legitimación de las partes intervinientes, el interés actual en la resolución del conflicto y el derecho de la acción; y son revisables aún de oficio por el Juez y en ese orden riguroso. (En este sentido, entre otras, pueden consultarse las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 34-1961, de las 10:20 horas  del 22 de marzo de 1991 y número 317-F-S1-2008, de las 09:10 horas del 2 de mayo del 2008 y la número 1548-F-SI-2011, de las 09:20 horas del 22 de diciembre del 2011). Si alguno de estos requisitos -o todos- no resultan comprobados por la persona juzgadora, sean o no aducidos bajo la forma de excepciones o defensas, la demanda no podrá encontrar respuesta positiva de parte del Despacho. Se procede entonces a la revisión de los presupuestos materiales de esta acción y las defensas opuestas por los demandados.

Primero: De la legitimación: En el Considerando anterior adelantamos el contenido de este presupuesto material de manera amplia, pero en relación exclusiva de la segunda pretensión interpuesta en la acción y en relación a la asada demanda, respecto de la cual se había planteado la acción. Por ello se estima necesario analizar el cumplimiento o no de este presupuesto, a fin de determinar si existe identidad entre quien demanda y el titular del interés subjetivo reclamado (legitimación ad causam activa) y del demandado y el obligado a la prestación requerida (legitimación ad causam pasiva). En cuanto a la legitimación activa, se concluye que en efecto, a la sociedad actora (Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima) le asiste el derecho subjetivo en los términos exigidos en el artículo 10 inciso 1 subinciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto reclamó dos conductas omisivas, en relación con la dotación del agua, la primera referida a la conexión inmediata del servicio y la segunda a la construcción de un tanque de almacenamiento de agua. Se advierte que se trata de un servicio público que es esencial, a saber, la dotación de agua potable, que ha sido calificado como derecho fundamental por la jurisprudencia constitucional en la que se ha indicado lo siguiente:

"... V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:

"Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos".

Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.

VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:

"Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo."

De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos ..." (Sentencia 4654-2003, de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003. En igual sentido, y entre otras, se pueden consultar las número 2011-5457 de las 11:32 horas del 29 de abril del 2011 y 2011-6221 de las 10:53 horas del 13 de mayo del 2011).

Asimismo, figuran como demandados el titular a nivel nacional de este servicio público, sea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asada Potrero Surfside, a quien la anterior le delegó la prestación en la circunscripción territorial donde se ubican las propiedades de la sociedad actora. Consecuentemente se estima que sí se cumple la legitimación pasiva en los términos del 12 inciso 1), en lo que atañe a la primera pretensión formulada; más no así respecto de la asada demandada en lo que atañe a la segunda pretensión, en la forma supra explicada en el Considerando anterior. Consecuentemente, de oficio, procede declarar esta falta de legitimación pasiva en sentencia.

Segundo: De la falta de interés actual: De manera simple, este presupuesto refiere a la pertinencia o utilidad en el dictado del pronunciamiento requerido en el proceso jurisdiccional que se conoce. En el caso que nos ocupa, al estarse requiriendo la subsanación de la supuesta conducta omisiva a cargo de las demandadas, a través de las correspondientes condenas prestacionales, es que se concluye que es no solo pertinente sino necesario la resolución de dirimir el conflicto jurídico planteado, dando lugar a la existencia de este segundo presupuesto material.

Tercero: De la falta de derecho: Es con base en las razones desarrolladas en esta sentencia, que se advierte que al actor no le asiste el derecho en su reclamo, en tanto la primera pretensión de la acción ha sido desestimada por no concurrir la alegación de configurarse la conducta omisiva acusada.

X.- DE LAS COSTAS.- De conformidad con el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la condena al pago de las costas se constituye en una obligación a cargo de la parte perdidosa -por el sólo hecho de serlo-, en beneficio de la vencedora, a fin de que ésta le reintegre los gastos procesales y personales derivados de la interposición de la acción contenciosa. Asimismo, esta norma procesal prevé diversas causales de dispensa de esta condenatoria, como lo son el haber fallado con prueba no conocida por la contraria y la ponderación del Tribunal de existencia de motivos suficientes para litigar. En este caso en atención al contenido de los reclamos que se han formulado en esta acción, estima este Tribunal se cumple el segundo presupuesto, referido a la existencia de motivos suficientes para litigar, motivo por el cual se declara este asunto sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO:

De oficio se declara la falta de legitimación pasiva de la Asada Playa Potrero-Surfside respecto la segunda pretensión (tendente a que se le ordene construir construir e instalar un tanque de almacenamiento en el sistema de acueducto con la capacidad y condiciones suficientes para prestar el servicio público en el territorio de su competencia) y en lo demás, se declara la falta de derecho. En consecuencia se declara SIN LUGAR en todos los extremos la demanda interpuesta por INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS CALLAO SOCIEDAD ANÓNIMA en contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLAYA POTRERO SURFSIDE y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se declara sin especial condenatoria en costas.

 

 

Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

Cynthia Abarca Gómez    Liana Morera Rodríguez

 



 

 




- Código Verificador -
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N5UK0MDGWT861



 

Documento firmado por:

SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
LIANA MARIA MORERA RODRIGUEZ, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 22-000973-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:24:15.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Expediente number: 22-000973-1027-CA**

**Type of process: Contentious-Administrative with Oral Hearing procedure**

**Plaintiff: Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima**

**Defendants: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside and Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**N° 2024003245**

**SIXTH SECTION OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCE TRIBUNAL, Second Judicial Circuit of San José, Annex A, Calle Blancos, at eleven hours and twenty-seven minutes on the twenty-first of May, two thousand twenty-four.-**

Contentious-administrative process with Oral Hearing procedure filed by INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS CALLAO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-009887, represented by its Board of Directors Secretary, Ricardo Rojas Cruz, divorced, businessman, identity card number 1-0503-0136 (authorization visible in images 17 to 18 of the digital judicial file); against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLAYA POTRERO - SURFSIDE, legal identification number 3-002-211310, represented by its President, María Lourdes Valverde Retana, identity card 1-0686-0416 (authorization visible in images 19 to 20 of the digital judicial file) and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, represented by its General Manager, with powers of unlimited general agent, most recently María Alejandra Mora Segura, identity card number 4-0171-0459, married, civil engineer, resident of the district of San Joaquín de Flores (authorization visible in image 491 of the digital judicial file). The following attorneys act as special judicial representatives for the parties: for the plaintiff company: Walter Brenes Soto, single, attorney, identity card 2-0645-0800, resident of Playa Hermosa, Jacó, Garabito (power of attorney visible in images 12 to 13 of the digital judicial file) (power of attorney visible in images 153 to 154 of the digital judicial file); for the defendant ASADA: Antonio Maklouf Coto, married, attorney, identity card 1-0580-0363, resident of San José, bar card 3882 (mandate contract in images 262 to 264 of the digital judicial file) and for the defendant institute: Andrea Chacón Marín, identity card 1-0926-0080, bar card 20724 and Yessenia Villalta Zumbado, identity card 1-0918-0404, bar card 15514, both residents of San José. All parties are of legal age and Costa Rican.

**Having reviewed the case file: IT IS RESOLVED:**

Drafted by the Presiding Judge Fernández Brenes; and,

**CONSIDERING:**

**I. PRELIMINARY ISSUES.-** The following clarifications and warnings are made regarding the manner in which this judgment is issued:

First: According to the Virtual Desktop System, this process was assigned to the Collegiate Tribunal Team 6 and the presiding judge on October 26, 2023, according to the criteria defined for the implementation of the redesign of the Jurisdiction approved by the Superior Council of the Judiciary in agreements numbers XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, and as ordered by the Contentious-Administrative and Civil Finance Commission in agreements No. 2.VI.2023, 11.VI.2023, and 12.VI.2023, adopted in the session held on July 27, 2023, in articles X and XI of the session held on August 24, 2023 (Official Letters 001- CCACH-2023 and 003-CCACH-2023, respectively) and article III of the session held on September 6, 2023 (Official Letter 017-CCACH-2023).

Second: This resolution is issued according to the formalities established in Law number 9342, Civil Procedure Code and the Regulation on the Electronic Judicial File before the Judiciary, approved by the Full Court in article XXXI of session number 22-13, held on the twentieth of May, two thousand thirteen, 2013.

Third: Based on the principle of functional equivalence of electronic documents, provided in articles 3 of the Law on Certificates, Digital Signatures and Electronic Documents and 11 of the aforementioned Regulation, coupled with the fact that according to the mandate of article 61.2.2 of the Civil Procedure Code, only the identification of the evidentiary source of the list of proven and unproven facts in the judgment is required; this is the reason why this Chamber has decided that for reference and identification purposes of the documents that make up the electronic judicial file, which are directly incorporated into the databases of this Branch of the Republic, only the image numbers of the digital document—which in ".pdf" format and ordered ascendingly—has been downloaded from the computer application of the electronic judicial file, will be indicated for the purpose of issuing this judgment.

Fourth: In the procedures, no nullities that must be corrected or that cause defenselessness have been observed. This resolution is issued within the period provided in numeral 111 of the Contentious-Administrative Procedure Code, of fifteen business days from the day following the conclusion of the Oral Hearing held on April 30, 2024, after deliberation by the members of this Trial Tribunal, and with unanimous criteria.

**II.- OF THE PROCESS GIVEN TO THIS CASE.-** For a better understanding of what is debated in this process, it is deemed pertinent to clarify the procedural course given to this matter in the Contentious-Administrative Jurisdiction since its filing, according to the following account:

First: In a brief filed on February 11, 2022, the representative of Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima filed a contentious-administrative process against the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero-Surfside. And as required in the filing brief of the lawsuit and adjusted in the Preliminary Hearing held on October 11, 2023, the plaintiff company requested that the judgment order the following:

"...1. Order the Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside, to definitively grant the potable water connection, having to install the water service line to that effect in favor of the plaintiff.

2. Order the Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside to build and install a storage tank in the aqueduct system with sufficient capacity and conditions to provide the public service in its territory of competence.

3. Order the defendant parties to pay both costs of the judicial process ..."

(Lawsuit brief in images 2 to 10 and minutes of the Preliminary Hearing in images 412 to 415 and digital backup in the Virtual Desktop). Once the transfer of the lawsuit was granted, the defendant ASADA, in a brief uploaded to the judicial file on June 13, 2022, opposed the action, with the preliminary defenses of lack of jurisdiction due to the subject matter and necessary passive joinder of parties, to bring to the process the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía and the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) and requested the condemnation for costs against the plaintiff. (Images 143 to 150 of the digital judicial file).

Second: By resolution number 1503-2022-T, at 8:30 a.m. on September 8, 2022, the Processing Judge in charge of the matter—Vera Mora Rojas—resolved that the Contentious-Administrative Jurisdiction was competent to hear and process this case. (Images 278 to 282 of the digital judicial file). No formulation of disagreement against this decision is recorded.

Third: By resolution number 1598-2022, at 3:30 p.m. on September 26, 2022, the Processing Judge in charge of the matter—Yendri Verónica González Get—partially granted the defense of joinder of parties, ordering the inclusion only of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the process, and rejecting the defense in all other respects (images I. 283 to 290 of the digital judicial file). No filing of an appeal against this decision is recorded.

Fourth: In a brief uploaded to the file on June 8, 2023, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados answered the lawsuit negatively, requesting it be declared without merit in all aspects with the condemnation for costs against the plaintiff company. It did not file substantive defenses. (Images 302 to 238 of the digital judicial file)

Fifth: In the same filing brief of the lawsuit, the plaintiff company formulated a request for an interim measure (medida cautelar), aimed at being granted access to a minimum and provisional potable water service and granting the required water availability. Once the transfer of the request was granted, the defendant ASADA opposed it in briefs filed on July 7, 2022 (images 69 to 70, 170 to 196 of the interim measure file). And by resolution number 1602-2022, at 8:30 a.m. on September 28, 2022, the Processing Judge in charge of the matter—Yendri Verónica González Get—rejected the request (images 71 to 77 and 111 to 117 of the interim measure file). Once the decision was appealed in a brief of October 5, 2022 (images 80 to 83 and 118 to 121 of the interim measure file), the decision was annulled ex officio by the Contentious-Administrative and Civil Finance Appeals Tribunal, Second Section, in oral vote number 061-2023-II, at 3:21 p.m. on February 8, 2023, at which time the request was returned for processing (summary of the vote in images 108 to 109 and 159 to 160 of the interim measure file). Once a hearing on the interim measure was granted to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which responded to it on June 9, 2023, opposing it (images 170 to 196 of the interim measure file). Thus, by vote 2023-120854-T, at 9:45 a.m. on June 16, 2023, the processing judge in charge of the matter—Yendri Verónica González Get—rejected it (images 262 to 273 and 290 to 301 of the interim measure file). Once this decision was appealed by the plaintiff company—on June 26th following, in images 274 to 277 and 303 to 306 of the interim measure file—the challenge was declared without merit by oral judgment number 463-2023-II, at 9:43 a.m. on October 31, 2023, of the Appeals Tribunal Second Section (summary in images 287 to 288 and 325 to 326 of the interim measure file).

Sixth: The Preliminary Hearing was held starting at 2:04 p.m. on October 11, 2023, under the direction of Processing Judge Lindsay Rodríguez Cubero, in virtual mode through the digital platform Teams. The following attorneys participated by connecting to it: Walter Brenes Soto, Antonio Maklouf Coto, Andrea Chacón Marín and Yesenia Villalta Zumbado, representing the plaintiff company, the first; the defendant ASADA, the second; and the defendant institute, the last two. The claims were adjusted in the manner indicated in the first section of this Considering. No preliminary defenses were formulated—additional to those previously resolved. The disputed facts were determined and evidence was offered, in which all documentary evidence offered by the parties was finally admitted, as well as the testimony of one witness-official, as common evidence of the defendants, and an expert witness testimony from an official in charge of the defendant institute. (Minutes of the Preliminary Hearing in images 412 to 415 of the digital judicial file and digital backup in the Virtual Desktop folder).

Seventh: On October 26, 2023, this matter was assigned to this Trial Section (Sixth) of the Contentious-Administrative Tribunal, in the mailbox of the Presiding Judge (record in image 417 of the digital judicial file). By an order at 11:56 a.m. on the following November 15th, the hearing was scheduled for March 11, 2024 (images 418 to 425 of the digital judicial file). Upon a rescheduling request by the plaintiff company dated November 16th of that same year (images 428 to 429 of the digital judicial file), by an order at 2:15 p.m. on December 7, 2023, the scheduling was rescheduled, now for March 14, 2024 (images 438 to 440 of the digital judicial file). Finally, upon a new request from the representative of the plaintiff company on December 13, 2023, to change the hearing date, it was rescheduled to be held on April 30, 2024, by an order at 3:20 p.m. on December 15, 2023 (image 447 of the digital judicial file).

Eighth: Upon a recusal motion filed by Judge José Roberto Garita Navarro on April 29, 2024 (visible in image 468 of the digital judicial file), it was accepted by collegiate decision number 2024002799, at 11:22 a.m. on that same day, signed by Judges Abarca Gómez and Fernández Brenes, drafted by the latter, separating him from the knowledge of the matter and including Processing Judge Liana Morera Rodríguez, according to the indication of the Office Coordination, given the impossibility of the fourth proprietary Judge of the Section, pursuant to the mandate of article 100 subsection 2) of the Contentious-Administrative Procedure Code (images 473 to 477 of the digital judicial file).

Ninth: The Oral Hearing was carried out starting at 8:45 a.m. on April 30, 2024, conducted by the Collegiate Tribunal of Team 6, composed of the judges Cynthia Abarca Gómez, Liana Morera Rodríguez, and Silvia Consuelo Fernández Brenes, the latter as presiding judge; and with the assistance of judicial technician Adriana Artavia Murillo; all present in Courtroom number 1. The hearing began with the presentation of the representatives of the parties, namely the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillados Sanitario de Playa Potrero Surfside (Antonio Maklouf Coto) and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Andrea Chacón Marín and Yessenia Villalta Zumbado), and finally, upon the late entry to the hearing of the plaintiff company (Walter Brenes Soto), all present in the courtroom. After reiterating the object of the process (claims) and defenses interposed by the defendants, and reviewing the evidence admitted during the Preliminary Hearing, the defendant ASADA and the plaintiff's representative offered evidence for better resolution; on which a ruling was made, admitting that offered by the plaintiff and partially that of the defendant. The parties formulated their opening arguments and immediately the testimony of the witness-official and expert witness-official offered by the defendant institution was received, which were subject to cross-examination and the Tribunal also asked questions of the declarants. Once the evaluation of the admitted evidence was completed, the representatives of the parties rendered their conclusions orally. The Tribunal reported that it was entering the deliberation phase and indicated that judgment would be issued within a maximum period of 15 days following the conclusion of this oral hearing, pursuant to the provisions of article 111 of the Contentious-Administrative Procedure Code, as it is considered that the topic addressed is very complex due to its technical nature. Finally, the means indicated for receiving notifications were verified. (See details in the minutes of the oral hearing in images 496 to 500 of the digital judicial file and its digital backup in the Virtual Desktop folder.)

**III.- OF THE OBJECT OF THE PROCESS.-** The plaintiff company files a contentious-administrative process, initially only against the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero - Surfside, subsequently including the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as a defendant, due to the partial grant of the preliminary defense of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) interposed by the defendant ASADA, pursuant to vote number 1598-2022, at 3:30 p.m. on September 26, 2022, issued by the Processing Judge in charge of the matter. However, the claims that were established during the Preliminary Hearing held on October 11, 2023, and that were confirmed by the representative of the plaintiff company in the Oral and Public Hearing held on April 30th of the current year, are constrained to the imposition in the judgment of two claims for injunctive relief of a prestational nature, solely against the defendant ASADA, consisting of the following aspects: "... Order the Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside, to definitively grant the potable water connection, having to install the water service line to that effect in favor of the plaintiff ..." (claim #1); and "... Order the Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Playa Potrero Surfside to build and install a storage tank in the aqueduct system with sufficient capacity and conditions to provide the public service in its territory of competence ..." (claim #2). Only the condemnation for costs was directed against both defendants (claim #3). The basis of the action rests on the challenge of the omission (conducta omisiva) of the defendant ASADA in two specific directions: a.) it explains that as of the filing date of this action—and its resolution—the properties that the plaintiff has in the area where the ASADA provides the public service of potable water supply by delegation—5-79458-000 and 5-79459-000—do not have a potable water connection, which makes it impossible to begin the construction procedures on said properties; and b) the construction and/or installation work of the storage tank has not begun, the operation of which conditions the water availability in the area, as informed in official letter OFC-003-2022, of January 20, 2022, from the ASADA's Board of Directors. The omission (conducta omisiva) it alleges is considered contrary to the provisions of articles 4 of the General Law of Public Administration, 2 subsection g) of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 7, 9, 39, 41 and 46 of the Regulation for the provision of Acueductos y Alcantarillados services; the Regulation of Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales. The representations of the defendants oppose the action filed against them, without any of them raising any substantive defense. Both attempted to justify the technical and legal reasons that supported the denial of water availability to the plaintiff company, pursuant to which they requested the dismissal of the filed lawsuit, with the corresponding condemnation for costs against the plaintiff. For what is considered a better order, the legality review of the omissions (conductas omisivas) that are reproached will be addressed, in order to determine whether or not it is appropriate to grant the injunctive relief claims filed, clearly, based on the allegations of the parties, in order to avoid unnecessary reiterations.

**IV.- OF THE PROVEN FACTS.-** Of relevance for the resolution of this process, the following list is considered proven, according to the rules of sound criticism, meaning that they are so recorded or inferred from the body of evidence, that is, from documentation that was admitted as evidence:

1.) Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima, incorporated on December 7, 1965, has as its corporate purpose or objectives: "... Commerce, industry, agriculture, livestock, import, export, possess and dispose of real estate, may provide sureties and guarantees ..." (corporate authorization according to registration certification in images 17 to 18 of the digital judicial file);

2.) The company Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima is the registered owner of the property with Real Folio registration number 79458-000, located in the Province of Guanacaste, Santa Cruz canton, Tempate district, described as a lot for construction, measuring 611 square meters, with the following boundaries: North: property identifiers 5003040079400, 50304003194600, 50304003194800; South: property identifier 500304007945900; East: property identifier 50304013227500; West: public street with a frontage of 14 meters and 79 linear centimeters; and corresponds to cadastral map G-2287796-2021 (property identifier 503040079458). The property has a registered easement (servidumbre) transferred with citations 394-01168-01-0900-001; and an administrative warning, in relation to file 2020-115 RIM, Resolution at 7:41 a.m. on October 17, 2022. The property registration date is November 19, 2002 (registration certification RNPDIGITAL-813400-2023, visible in images 329 to 330 and cadastral map in images 40 to 41 of the digital judicial file);

3.) The company Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima is the registered owner of the property with Real Folio registration number 79459-000, located in the Province of Guanacaste, Santa Cruz canton, Tempate district, described as a lot for construction, measuring 593 square meters, with the following boundaries: North: property identifier 50304007945800; South: property identifier 50304007946000; East: property identifier 50304013227500; West: public street with a frontage of 14 meters and 59 linear centimeters; and corresponds to cadastral map G-2287977-2021 (property identifier 503040079459). The property has a registered easement (servidumbre) transferred with citations 394-01168-01-0901-001; and an administrative warning, in relation to file 2020-115 RIM, Resolution at 7:41 a.m. on October 17, 2022. The property registration date is November 19, 2002 (registration certification RNPDIGITAL-813424-2023, visible in images 331 to 332 and cadastral map in images 38 to 39 of the digital judicial file);

4.) The aforementioned properties are located in the following sketch of the Surfside commercial subdivision (urbanización) project:

And in detail:





(map of the Showroom project in images 98 to 99 and 136 to 139 of the interim measure file and 176 and 225 of the main judicial file, the latter montage);

5.) In judgment number 2016006417, at 9:30 a.m. on May 13, 2016, the Constitutional Chamber declared without merit the amparo appeal filed by Jorge Eduardo Méndez Franco on behalf of the Condominio Horizontal Residencial Playa Potrero against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Playa Potrero. Of interest to this matter, it had the following as proven facts:

"...

c. By official letter Nº DIGH-032-16 of February 9, 2016, the Director of Investigación y Gestión Hídrica of SENARA indicated to the respondent ASADA that "the necessary measures for the reduction of the exploitation of the aquifer, which implies that no new water service applications must be approved" due to the verified "high impact from saline intrusion" (see evidence provided);

d. Through a brief received on March 1, 2016, the respondent ASADA informed the protected condominium that it was denying its potable water application since no more water availabilities could be approved because studies on the Playa Potrero aquifer showed levels of overexploitation and a situation of fragility and vulnerability (see evidence provided);

e. Through report GSP-RCH-SC-2016-00254 of May 2, 2016, the Unidad Cantonal RCH of Santa Cruz of AyA endorsed the denial of potable water service by the respondent ASADA to the protected condominium due to the "latent danger that the entire aquifer where the wells of the ASADA DE PLAYA POTRERO are located will suffer saline intrusion, with this result not only will the 60 requested services be left without water but all the users that the ASADA currently has will also be harmed" (see evidence provided). ..."

(consultation on the website: NEXUS https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-667759; the highlighting is not from the original);

6.) In November 2016, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento—in official letter AP-0315-2016—and the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía—in official letter DA1571-2016—authorized the drilling of well MTP-357, "as a temporary measure to solve public supply problems by the ASADA of Potrero, ..." in the following terms:

"...

1) The well to be approved corresponds to a temporary measure and its use will be maintained while the regional aqueduct to be consulted by the Government is put into operation, so the well must be left for emergency response purposes and for monitoring the behavior of the aquifer.

2) The new well must be approved solely to guarantee the supply of current demand, and therefore the granted flow rate (caudal concesionado) of 6 L/s for well 2, or 13.5 L/s for both wells (well 1 and well 2), must not be increased in the event that the new well can partially restore the production of well 1 and allow pressure to be reduced in the affected zone.

3) Well 2 of the ASADA must cease permanent operation for supplying the community and be left solely for emergency response purposes and for monitoring the behavior of the aquifer ..."

(by reference in minute CI-002-2018, of the Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos, dated September 11, 2018, at images 373 to 386 of the digital judicial file);

7.) In judgment number 2018002898, at 9:15 a.m. on February 23, 2018, the Sala Constitucional resolved the amparo appeal filed by Marie Cecile Beal on behalf of the Instituto Oceonología against the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, processed in case file number 17-004535-0007-CO, in which it ordered, in what is of interest:

"... The appeal is granted. It is ordered to ..., in their capacity as Administrator of the Asada Playa Potrero-Surfside, and to ..., in their capacity as Head of the Regional Office of Santa Cruz of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whomever holds those positions, to refrain from granting new water availabilities (disponibilidades de agua) originating from the Playa Potrero aqueduct, until so authorized by SENARA. ... They are warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience and, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Asada Playa Potrero-Surfside and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the civil and administrative contentious judgments, respectively. Magistrate Hernández López places a note. Notify the respondent party or whomever holds the position, personally ..."

It held the following proven facts, of interest in this matter, to support the decision:

"...
a.) The Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero was registered on January 27, 2004 (sworn report of the respondent authority).

b) The Asada de Playa Potrero has two deep wells located on a property east of Surfside de Playa Potrero, where the first well has a 15 HP submersible pump and the second has a 5 HP pump (sworn report)

....

f) In 2012, through the "Hydrogeological Study of the aquifers of Playa Potrero and Playa Brasilito", it was demonstrated that the Asada de Surfside and AyA extract water from the Playa Potrero basin (documentation provided by the appellant).

g) Since 2012, the basin system of Playa Potrero, Brasilito and Brasilar, as a whole, presented levels of groundwater overexploitation (sworn report of the respondent authority).

h) Through SENARA official letter number DIGH-032-16 dated February 9, 2016, addressed to Leonel Duarte Caravaca, President of the Asada Potrero de Santa Cruz, the Director of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA informs him: "Through this letter, SENARA reiterates its concern regarding the current state of the Potrero aquifer, on which water analyses were performed, showing a condition of high affectation by saline intrusion, which is why it is advisable that the necessary measures be taken to reduce the exploitation of the aquifer, which implies that new water service requests must not be approved" (sworn report of the respondent authority and documents provided).

...

j) The Asada de Surfside and AyA continue to grant letters of availability (cartas de disponibilidad) for new constructions being developed in the quadrants of "Surfside Estates" of Playa Potrero, as well as in the locality of Playa Flamingo (sworn report of the respondent authority).

...

l) SENARA established that the Potrero aquifer is in a condition of strict restriction on well drilling (restricción de perforación de pozos) and the drilling of the new well MTP-357 must be temporary in nature and must not increase the granted flow rate (caudal concesionado), given the condition of high affectation by saline intrusion to which it is subject (sworn report).

n) The ASADA Playa Potrero (Surf Side-sic-), from 2016 to date, has only installed approximately 8 new services for single-family dwellings, that is, it has only granted availabilities (disponibilidades) within the concept of vegetative growth (sworn report) ..."

The dispute raised referred to two specific issues, one of them being -and of interest to this matter- that concerning the water situation of the coast of Santa Cruz de Guanacaste, since the respondent Asada and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados "... continue to grant water supply letters (previstas de agua) for new constructions being developed in the quadrants near their localities, putting the water flows and the entire community of Playa Potrero at risk of salinization, for which reason they consider their fundamental rights violated ..." and with respect to which it was considered:

"... IX.- Regarding the granting of new water availabilities (disponibilidades de agua) and the environmental damage produced. This Chamber, in the cited precedent [2016006417], had already established that given the risk of saline intrusion in the aquifer providing water to the Asada de Playa Potrero, due to overexploitation, the denial of new water availabilities (disponibilidades de agua) was appropriate for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment. Despite the foregoing, and SENARA's directive to the respondents, regarding the advisability of taking the necessary measures to reduce aquifer exploitation, which implied that new water service requests should not be approved, as the zone was defined as having high vulnerability to contamination by saline intrusion up to a distance of 550 meters from the coast, it was textually stated through SENARA official letter number DIGH-032-16 dated February 9, 2016, addressed to the President of the Asada Potrero de Santa Cruz, the Director of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of SENARA informs him: "Through this letter, SENARA reiterates its concern regarding the current state of the Potrero aquifer, on which water analyses were performed, showing a condition of high affectation by saline intrusion, which is why it is advisable that the necessary measures be taken to reduce the exploitation of the aquifer, which implies that new water service requests must not be approved", yet it is true that water availabilities (disponibilidades de agua) continued to be granted. Thus, it is evidenced in the case file that the ASADA Playa Potrero (Surf Side-sic-), from 2016 to date, has installed approximately eight new services for single-family dwellings, that is, it has granted availabilities (disponibilidades) within the concept of vegetative growth, as reported, despite what was ordered by SENARA. Now, it is recorded in the file that the well supplying water to the Playa Potrero aqueduct became salinized due to the overexploitation that was warned, thereby confirming the environmental damage caused to the aquifer mantle of the zone. Due to the foregoing, the competent authorities had to seek a new possibility for obtaining water, thus in the "Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos" (CI-003-2016) and based on the technical criteria issued by the three institutions (SENARA, Dirección de Aguas del MINAE and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -A y A-), it is established: "Audience 17333-P (well MTP-357) was endorsed, where all technical instructions must be followed and, additionally, that this well is a temporary measure and its use will be maintained while the regional aqueduct to be built by the government is put into operation. Once the aqueduct enters into operation, the well must be left for emergency response purposes and for monitoring the behavior of the aquifer." Thus, as SENARA established, the Potrero aquifer is in a condition of strict restriction on well drilling (restricción de perforación de pozos) and the drilling of the new well MTP-357 must be temporary in nature and must not increase the granted flow rate (caudal concesionado), given the condition of high affectation by saline intrusion to which it is subject. By reason of the foregoing, this Chamber considers that the actions of the respondent authorities, in granting new water availabilities (disponibilidades de agua), despite what had already been resolved by this Chamber and ordered by SENARA, caused injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, therefore it is appropriate to grant the appeal and order that no more water availabilities (disponibilidades de agua) be granted until such time as the regional aqueduct to be built is operating, and in accordance with what SENARA establishes in that regard ..."

Finally, in a separate note, Magistrate Hernández López warned that she concurred with the resolution, precisely in view of the seriousness of the situation, in the following terms:

"... X.- SEPARATE NOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. In the case of appeals for environmental matters, I maintain as a general line that this Chamber must abstain from hearing the claims presented for alleged violation of Article 50 of the Constitución Política, to leave their hearing in the hands of the administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. But I have also warned that my position does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this listing being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber must reserve hearing for situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or water access or quality, at direct risk; cases of gross and direct violations to the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately heard within it. In the specific case, it is observed that the situation raised falls within such exceptional cases because reference is made to the existence of a threat to sources of potable water for human consumption, susceptible to being affected by the inertia or erroneous actions of the administration; thereby, in this situation, I concur with the majority that this Court must hear and decide on the merits of this case, as has been done ..."

(images 72 to 112 and 333 to 372 of the digital judicial file; the highlighting is not from the original);

8.) In Minute CI-002-2018, at 8:00 a.m. on September 11, 2018, the Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos, composed of delegates from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -Viviana Ramons, Director UEN Gestión Ambiental and Héctor Zúñiga, of the Área Funcional de Hidrogeología-, from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -Roberto Ramírez, Director of Investigación y Gestión Hídrica and Clara Agudelo, of the Unidad de Gestión- and from the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía -José Miguel Zeledón, Director and Sura Carrillo, of Gestión de Proyectos - Desarrollo Hídrico-, meeting to attend to the implementation of what was resolved by the Sala Constitucional in judgment 2018002898 -indicated above-, which covers the Potrero, Brasilito, and Huacas - Tamarindo aquifers, concluded with the following recommendations:

"... Considering that it is technically not advisable to indefinitely maintain the water uses (aprovechamientos de agua) of the aforementioned coastal aquifers, and taking into account the current technical conditions of the aquifers, the CTI does not recommend increasing their levels of use except to satisfy activities:

Low consumption such as:

? Water supply for new single-family dwelling for domestic use on a lot, provided it is not within new urban developments nor in a subdivision (fraccionamiento) of a single property.

Unavoidable necessity such as:

? Permanent public necessities (educational centers, police stations, health center) and transitory public activities duly authorized by the competent entities (mass events, fairs, emergency shelters.)

The entry into operation of the Regional Aqueduct is considered a matter of urgency to reduce the pressure on the water resource of these coastal aquifers. Additionally, it is recommended that the water distribution from this aqueduct must prioritize the condition of the operator's necessity and the vulnerability of the aquifer.

This measure is temporary in nature, to later be assumed by the flows from the first stage of the "Santa Cruz Coastal Aqueduct ..."

To this effect, it considered that in the uses to be permitted -low consumption and unavoidable necessity- it should be pondered "... they be carried out in a rational and controlled manner, whose assessment for recommendation be analyzed individually, such that the entity granting it ensures that the use to be satisfied falls within what was established by the CTI and, at the same time, that the sum of the required flow rates does not exceed the recorded and authorized flow rate indicated for each operating entity. / Furthermore, they must provide each month the balance of each of the aqueduct systems, to maintain control that the system maintains its capacity for water availability (disponibilidad hídrica) from its sources in use. This will be done through the suggestion of the Communal Systems and the Subgerencia de Sistemas Periféricos of AYA, which will carry out the analysis and present it to the CTI ..." The foregoing decision was based on the following points of the strategy defined by the Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos for addressing water supply needs in the coastal zone of Santa Cruz, Guanacaste: a.) Santa Cruz coastal aqueduct: which will be supplied from the Nimboyores aquifer, "... which has an availability (disponibilidad) of 188.8 L/s of water, according to the results of the study prepared by SENARA and endorsed by the CTI, called "Diagnóstico potencial de explotación y rendimiento seguro del acuífero de la parte alta de la subcuenca del río Nimboyores ..."; which would enter into operation in the first quarter of 2019 according to the information provided by the Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de Administración de Proyectos of AYA; b.) aquifer protection measures, such as: i.- restriction on well drilling (restricción de perforación de pozos) in the Huacas-Tamarindo, Potrero, and Brasilito aquifers since 2003, "... due to the risk of overexploitation and saline intrusion ..."; ii.- analysis of aquifer monitoring, both manual, to be carried out each month, to verify the water level in them, and thereby "... establish the state and variation of water levels over time, through field data collection both in the dry season and in the rainy season ..."; and automatic, in real time -SIMASTIR-, to verify levels and electrical conductivity of the groundwater, with records taken every hour, which would result in the following frequency:

According to the records of measurements taken from 2011 to 2018 from the Potrero-Brasilito aquifers, it was accredited "... clearly the effect of rains on the natural recharge of the aquifer ..." and monitoring of water quality was carried out "... physical-chemical and bacteriological in 19 wells distributed in these aquifers. Comparing the conductivity results with the 2016 critical year line, it is identified that there is no improvement regarding the condition of said year ..."; iii.- control and monitoring of aquifer exploitation, in charge of officials from the Unidad de Hidrológica Tempisque of the Dirección de Agua of MINAE, in tasks of surveying wells and verifying their use from those granted in concession in the indicated aquifers, which to date, in the Potrero aquifer, revealed the following information:

On this matter, the minute specified that

"... the legal-administrative process of notifying each owner of the status of their use (aprovechamiento) has continued. The process entails individual due process treatment well by well. In this work, the support of the ASADAs and coordination that has been developed with the Municipalidad de Santa Cruz, Ministerio de Salud and the Fiscalía General Agraria is vital, to establish the guidelines and thus comply with "due process" in each of the notifications. However, the support has not been entirely effective in meeting the objective.

It is also important to highlight the need to continue having municipal and community support for the identification of owners, as well as the places for notification. This process is still underway.

Likewise, the Dirección de Aguas identified 19 wells drilled without the corresponding permit by the ASADAs and, because they involve water for community supply, their due closure process is pending, once the regional aqueduct built by AYA is in operation ..."

iv.- measures for sustainable use (aprovechamiento sostenible), through the recommendations of the Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos Nimboyores y Zona Costera de Santa Cruz (CONIMBOCO), created through Decreto Ejecutivo number 41093-MINAE, coordinated by the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, and composed of representatives from the Central Government, the Municipalidad de Santa Cruz, Integral Development Associations, Asadas, and Chambers. Its scope of action is delimited to the Nimboyores, Playa Potrero, Playa Brasilito, and Huacas Tamarindo aquifers, all located in the canton of Santa Cruz, to facilitate integrated management and coordinate the water resource through the active participation of all stakeholders, and whose main objective is "... to promote adequate groundwater use (aprovechamiento del agua subterránea) taking into consideration its direct relationship with the socio-economic development of the coastal zones of Santa Cruz and in accordance with the technical and scientific studies that guarantee current - future demand and the protection of the aquifer systems ..." It defined 4 thematic axes to work on: addressing water scarcity; strengthening aqueduct management; education and awareness of water resources; and protection and management plans for strategic zones; and c.) the continuation of the actions being carried out by the asadas, and the entities and departments that make up the Comisión Interinstitucional Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos (CTI) and the Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos Nimboyores y Zona Costera de Santa Cruz (CONIMBOCO) (images 373 to 386 of the main digital judicial file);

9.) In official letter PRE-2018-00960 dated October 12, 2018, the Presidencia Ejecutiva of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informed the coastal asadas of Santa Cruz Conimboco of the new services they could attend to, in accordance with the recommendations adopted by the Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos (CTI) in minute CI-002-2018 (images 114 to 115 and 387 to 388 of the main digital judicial file);

10.) In OFICIO-US-TEMPATE-112-2021, dated April 20, 2021, the municipal engineer of Santa Cruz, José Francisco Moreno Zapata, Departamento de Ingeniería y Construcciones, of the Dirección de Obras y Servicios, addressed the land-use (uso de suelo) request regarding the property with cadastral plan G-38470-1002, part of Folio Real 5-79459-000, "... located in Playa Potrero, District 04, Tempate, Canton 03 Santa Cruz, Province 5 Guanacaste ...", in the following terms:

"... -The property is not affected by any Plan Regulador, therefore, the construction project intended to be carried out must strictly adhere to the regulations established in the Ley de Planificación Urbana and its Regulations, Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley de Uso de Suelo, Manejo y Conservación de Suelo and its Regulations, Código de Minería and its Regulations, and in general the applicable Environmental Legislation. Furthermore, regarding density parameters, building coverage (cobertura), building height, and setbacks (retiros), the regulations established in the Ley de Construcciones and its Regulation must be fully complied with. The land use (Uso de Suelo) requested for Office, apartment, and private Gym is compliant for this municipal Department.

- This Land Use (Uso de Suelo) is valid for one year ..."

(images 97 and 135 of the precautionary measure file);

11.) In official letter ORRD-028-21, dated April 7, 2021, the legal representative of Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima made a request to the Asada Surfside, Playa Potrero for "... you to issue us the Certificate of existence of a potable water system ..." for the lots of its property that it identified as

"- Lot RQ5, Folio 5-79458-000, plan G-0038471-1992

- Lot RQ6, Folio 5-79449-000, plan G-0038470-1992 ..."

(request at images 162 and 219 of the main digital judicial file);

12.) The foregoing procedure was processed before the Asada Surfside on April 8, 2021 (images 164 to 221 of the main digital judicial file);

13.) In a field visit report for lot RQ5 (Folio Real 5-79458-000) conducted on April 20, 2021, it was stated:

"... A field visit was conducted, lot RQ-05, it has no construction.

The nearest pressure was taken, which gave 39 PSI, complying with what is set forth in regulations.

The existing line that supplies water to the property passes in front of lot RQ-5, in a diameter of 6 inches ..."

Similarly, in the field visit record for lot RQ6 (Folio Real 5-79449-000) on that same day, it was recorded:

"... A field visit was conducted, lot RQ-06, it has no construction.

The nearest pressure was taken, which gave 39 PSI, complying with what is set forth in regulations.

The existing line that supplies water to the property passes in front of lot RQ-6, in a diameter of 6 inches ..."

In both reports, a photograph of the lot was attached (images 153 and 211 respectively, of the main digital judicial file);

14.) In relation to the foregoing procedure, in a note dated May 7, 2021, the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz informed Mr. Ricardo Rojas Cruz of the following:

"... 1 The lots in question are located in what are considered green zones or public areas, which were transferred to the Municipalidad de Santa Cruz according to a municipal agreement dated April 15, 1972. This is recorded in the municipal archives, which include the subdivision (Urbanización) constitution plan together with its green areas or parks, and in topographic surveys held by the Asada.

2 The foregoing was also ratified by a ruling of the SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Exp: 20-022749-0007-CO Res. No. 2021002529, dated February nine, two thousand twenty-one.

3. The operative part (Por Tanto) of said judgment contains the following:

"... Mr. Jorge Arturo Alfaro Orias is ordered, in his capacity as Municipal Mayor, Mrs. Maricela Moreno Rodríguez in her capacity as President of the Municipal Council, and Diego Alberto Rodríguez Galagarza in his capacity as Director of Urban and Rural Development, all officials of the Municipalidad de Santa Cruz or whomever holds those positions in their stead, to take the measures within their competence so that within the non-extendable term of ONE MONTH, counted from the notification of this resolution, they initiate the respective procedures with the purpose of recovering the areas designated for communal use in the Surfside Estates of Costa Rica subdivision (Urbanización) ..."

4 This Association has been a coadjuvant in said process and therefore cannot ignore its content. We therefore consider that granting letters that could serve for the commercialization and development of land could entail liability for our represented party to the community in general, because the parks or green areas of the subdivision (Urbanización) constitute public communal property and are therefore not subject to private property. The Association could also incur possible disobedience to the authority of what was resolved in a non-appealable manner by the Sala Constitucional.

5 At this time, we are requesting an opinion on the matter from the Legal Department of both the AYA and the Municipalidad de Santa Cruz to expand on this sensitive topic and on the legal path to follow.

6 Based on that, the Board of Directors of this ASADA, by unanimous agreement in an ordinary session on April 22 of this year, agreed not to grant the Certificate of Existence of a Potable Water System for properties located in green zones or public areas, until the legal landscape surrounding this topic is clarified ..."

(images 165 to 166 and 223 to 222 of the main digital file);

15.) In a cadastral study of properties 5-79458-000 (with cadastral plan number G-2287796-2021) and 5-79459-000 (with cadastral plan number G-2287977-2021) signed on June 28, 2021, by topographer Christian Peña Juarez, of the company Peña Topógrafos, at the request of the plaintiff company (Industrias Centroamericana Callao Sociedad Anónima), it concluded, in what is of interest to this matter:

"... 2- The properties under study are published in the SIRI and, according to official information from the Registro Inmobiliario, these properties are not located on any green zone or communal area belonging to the municipality; moreover, the published adjoining parties are private properties and also do not indicate that their use is for green or communal zones. There does not exist in the Registro Inmobiliario any type of site plan for the subdivision (urbanización) that indicates this use for the properties under study and, according to a consultation made at INVU, no site plan exists in its files either.

1-(sic) Finally, according to the technical analysis of the report prepared by Topographic Eng. Yanán Coronado Viales IT-28865, requested by the Asada de Surfside, it is proven that the areas adjacent to the lots under study are private properties and belong to individuals and companies that acquired them in good faith, as demonstrated in this excerpt from the topographer's conclusions

..."

(images 167 to 170 of the main digital judicial file);

16.) In a brief dated August 23, 2021, Mr. Ricardo Rojas Cruz, acting as legal representative of Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima, filed an administrative petition before the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz, in which he requested "... In order to rectify the illegitimate actions generated by the board of directors of the ASADA, I request that we be granted the water availability certification (certificación de disponibilidad de agua) for the properties with Folio Real 5-79458-000 (plan G-2287796-2021) and 5-79459-000 (plan G-2287977-2021), because these properties are completely free of all liens and annotations, as explained in the attached technical document ..." The petition was attached with the registral and cadastral study indicated in the previous fact (images 174 to 171 of the main digital judicial file);

17.) On October 5, 2021, the legal representative of Industria Centroamericanas Callao Sociedad Anónima presented before the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz a water availability (disponibilidad de agua) request for the Showroom project located on the properties registered under Folio Real 5-79458-000, with plan G-2287796-2021, and 5-79459-000, with plan G-2287977-2021, a brief that was dated October 12, 2021.

He accompanied the request with the respective plans, water survey, agreement to install a storage tank, agreement to install a sewer drain, authorization for access to the properties (request at images 199 and 241; project plans at images 195 to 198 and 244 to 246; certificate of document submission for the procedure at images 200 and 248; availability request review form at images 201 and 249; construction and procedure form at images 194 and 242; water survey at images 188 to 236; agreement to install a storage tank at images 189 and 237; agreement to install a sewer drain at images 190 to 238; authorization for access to the properties at images 191 to 192 and 239 to 240 of the main digital judicial file);

18.) The Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Playa Potrero - Surfside - Santa Cruz processed the foregoing water availability requests required by Mr. Ricardo Rojas Cruz, acting in his capacity as legal representative of Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima, under numbers SOL 073-2021 and SOL 074-2021, dated October 6, 2021 (internal checklist for water and sewer availability at images 175 and 224, request form for water and sewer availability certificate at images 193 and 273 of the main digital judicial file);

19.) In an email that the ASADA Surfside sent to the Municipality of Santa Cruz on November 25, 2021, it stated:

"... By means of this communication, you are informed that the Board of Directors of the ASADA de Surfside, in an Ordinary Session held on Thursday, November 25, 2021, agrees to report to the Municipality that on the properties with cadastral plans G-2287796-2021 and G-2287977-2021 registered in the name of Industrias Centroamericanas Callao SA, legal identification number 3-101-009887, lots RQ-05 and RQ-06, located in Playa Potrero, 100 meters south of Bar la Perla, work will be carried out to develop a construction; said properties are part of the green zones of the Surfside Urbanization, for which there is a ruling from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, number 2021002529, dated February 9, 2021, case file number 20-022749-0007-CO, in which Jorge Arturo Alfaro Orias, in his capacity as Municipal Mayor, Mrs. Maricela Moreno Rodríguez, in her capacity as President of the Municipal Council, and Diego Alberto Rodríguez Galagarza, in his capacity as Director of Urban and Rural Development, all officials of the Municipality of Santa Cruz or whoever holds those positions in their place, are ordered to take the measures within their competence to initiate proceedings with the purpose of recovering the areas designated for communal use in the Surfside Estates of Costa Rica Urbanization.

The Municipality is requested to carry out an on-site inspection and take the corresponding actions ..."

(sending of the email at image 202 of the digital judicial file);

20.) The Municipality of Santa Cruz responded to the foregoing missive in an email dated the following November 30, in which it communicated to the ASADA Surfside official communication UIM-260-2021, of that same date, signed by José Ángel Hidalgo Miranda, from the Inspections Department, stating that on November 26, 2021, inspectors Jairo Angulo and Carlos Cedeño carried out the corresponding inspection at the indicated site and halted the works for not having the respective permit (images 202, 203, 204, 252, 253, and 254 of the digital judicial file and 156 of the precautionary measure dossier);

21.) In Report GSD-UEN-GAR-00197, dated January 19, 2022, signed by Paola Jiménez Jara, engineer of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, she sent Mrs. Liany Alfaro García the Water Balance Report (Informe Balance hídrico), Surfside aqueduct, Tempate de Santa Cruz, prepared "... to indicate the Water Balance of the aqueduct ..., with a view to determining its water capacity ...", dated that same day; in which she made the following conclusions and recommendations:

"... 6.1 Conclusions

1. Based on the provisions of Article 7, Article 8, and Article 9 of the AYA 2020 Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios del AYA 2020), Agreement No. 2020-442 of December 8, 2020, published in La Gaceta No. 27 of February 9, 2021, Scope No. 29.

2. The aqueduct does not have sufficient flow assigned before the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE for human consumption.

3. The 'maximum growth development' is determined at 0.00 l/s; therefore, the maximum number of services that may be approved for individual housing and commerce is zero.

4. The aqueduct does not have the technical and legal feasibility for the issuance of water capacity certificates or service availability certificates.

6.2 Recommendations

1. It is recommended NOT to issue more Service Availability Certificates or Water Capacity Certificates, because the Surfside aqueduct lacks the conditions to meet the maximum growth development, given that there are no conditions of technical and legal feasibility according to Articles 7, 8, 9, and 10 of the current Service Provision Regulation.

2. It is recommended to install storage in the system, with a minimum of 434 m3, reaching up to 626 m3 or more by 2042.

3. A work plan must be developed evaluating all necessary improvements to be executed and submitted to the Regional Office of Rural Aqueducts (ORAC) for validation and support.

4. The ASADA is recommended to conduct a technical study of its aqueduct and verify the possible improvements required by the system, thereby establishing the current and future investment priorities needed by the system. Said study must be reviewed and endorsed by the Regional Office of Communal Aqueducts (hereinafter ORAC) of the Chorotega Region ..."

The support for the foregoing conclusions and recommendations was provided in the following information:

"... 1 Data:

1. Coastal population.

2. Supply rate 542 l/p/d /data obtained from actual consumption of the ASADA from January 2021 to December 2021)

3. Flow approved by MINAE: 11.l/s - MINAE File 616-R

4. Gauged flow: 13.82 l/s carried out by ORAC CH and UEN OP on 01-21-21

5. Gauged flows reported by ASADA, lowest 6-month averages: 26.03 l/s

6. Total services: 713 (taking into account equivalent services)

7. INEC 2011 Overcrowding Factor: 3.16

8. Population growth percentage: 1.9%

9. Climate Change effect percentage, an estimated percentage by which sources diminish over the years due to global warming: 0.0%; it should be noted that flows are known to have reduced over the years; however, that data has not been quantified.

10. Current storage volume: 0.00 m3.

11: Percentage of unaccounted-for water: 30% as established by the AYA Board of Directors Agreement, 2014-206 ..."

She also considered the following variables in the analysis of the matter:

a.) supply rate:

"... The supply rate refers to the amount of water, expressed in liters, that each of those 2253 people [population supplied by the Surfside aqueduct] consumes per day; this data is critical in the calculation of the water balance. For the Surfside aqueduct, it is established at 542 liters per person per day (l/p/d).

This corresponds to the monthly consumption data for March 2021, with a total figure of 27654 m3, for 542 services (active) that consumed that flow, over the 31 days of March, and an overcrowding factor of 3.16 people per house or service, according to data from the 2011 INEC national survey.

[27654 m3 / (521 services x 3.16 people per services) / (31) days] x 1000= 542l/p/d.

The month of highest consumption, according to data from the aqueduct, is March, and it is used in the calculations for the following reasons:

? If an average flow were used, during the month of highest demand, there would be a flow deficit, and the aqueduct could not provide continuous 24-hour service. It is the peak maximum consumption data for February-March, based on data provided by the aqueduct.

? To perform the calculations, the worst possible scenario is used, due to the drought that affected Guanacaste, where supply sources significantly reduced their flow, and in some sectors, salinization and well collapse due to over-exploitation occurred, among other effects. It should be noted that drought has affected the region on other occasions, so due to global warming and climate change, this pattern can be expected to continue repeating in subsequent years ..."

b.) demand projection:

"... Demand is the quantity of water necessary to supply the population; that is, knowing the population being supplied and the consumption of each person, the amount of water that needs to be extracted from the sources (in this case, wells) for adequate supply can be calculated. To determine this, knowing the average flow data, the maximum daily flow, and the maximum hourly flow is essential ..."

She inferred these concepts from technical standards, based on which she reasoned: i.- to obtain the average flow data, she had to calculate "... the population (2253) by the supply rate (542) by 1 plus the percentage of unaccounted-for water 10% divided by 86400, ...", which resulted in 15.55 l/s; ii.- to obtain the maximum daily flow, 1.2 times the average daily flow is calculated, which in this case translated to 18.66 l/s; and, iii.- to obtain the maximum hourly flow, 1.80 times the average daily flow is calculated, which in this case resulted in 33.59 l/s. As a result of the foregoing, she defined the water balance as the subtraction between what the sources produce and the demand. For the calculation of the water balance of the aqueduct managed by the ASADA Surfside, she started from the premise that the demand to be considered was the: "... Maximum hourly flow = 33.59 l/s (because it lacks storage) ..."; and outlined the following scenarios:

a.) water balance according to the flow approved by MINAE, which is currently 11.9 l/s (according to - MINAE File 616-R), plus the flow assigned by the coastal aqueduct project, which, once operational, would be 7 l/s, for a total of 18.9 l/s; based on which she outlined the following equation and result:

"... WB 18.9 l/s - 33.59 l/s = - 14.69 l/s

In this scenario, the aqueduct has a deficit of 14.69 l/s, which would become the flow that the aqueduct needs to concession, in addition to what is established in file 616-R-MINAE ...";

b.) water balance according to the gauging carried out by UEN OP, using as a basis the information from the pumping tests presented by the ASADA, which indicate "... that its sources are producing 13.82 l/s + 7 l/s from the CP [coastal aqueduct project] ... ", for a total of 20.82 l/s; based on which she outlined the following equation and deficit result: "... WB = 20.82 l/s - 33.59 l/s = -12.77 l/s ...";

c.) water balance according to gaugings carried out by the ASADA, using as a basis the information from the pumping tests presented by the ASADA, which indicate "... that its sources are producing 26.03 l/s + 7 l/s from the CP [coastal aqueduct project] ... ", for a total of 33.03 l/s; based on which she outlined the following equation and deficit result: "... WB = 33.03 l/s - 33.59 l/s = -0.57 l/s ..."; but she immediately clarified: "... In this case, it is clarified that the real data are the data concessioned by MINAE and the flow assigned by the Coastal Project ..." Finally, she warned that the Surfside aqueduct "... DOES NOT have sufficient storage to meet the demand for regulation, fire, and breakdown volume ..."; determining that there is a need, in the year 2022, for a storage tank of 434 m3, and by 2042, of 626 m3. Based on the information gathered, she proposed the following important improvements to improve the water balance: a.) constructing the storage tank would increase the maximum daily flow to 18.66 l/s; because with it, the water deficit according to the flow approved by the Ministry of Environment and Energy would be 0.24 l/s, which is the additional flow necessary, according to file 616-R of that ministry; 2.16 l/s according to the gauging carried out by UEN OP; and 14.41 l/s according to gaugings carried out by the ASADA; b.) awareness-raising to reduce water consumption so that the system reaches equilibrium, reducing it by 0.5 l/s, to reach a maximum consumption of 525 l/p/d (submission of the report at image 118 and report at images 119 to 127 of the digital judicial file; the highlighting is from the original);

22.) In official communication GSD-UEN-GAR-2022-202, dated January 19, 2022, Liany Alfaro García, Head of the Regional Office of Rural Aqueducts, Chorotega Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informed the ASADA de Surfside Santa Cruz of the analysis carried out by engineer Paola Jiménez Jara in official communication GSD-UEN-GAR-00197 - outlined in the preceding proven fact -, and transcribed its recommendations (images 116 to 117 and 389 to 390 of the main digital judicial file);

23.) By means of official communication OFC-003-2022, dated January 20, 2022, the President of the ASADA Surfside (María Lourdes Valverde Retana) communicated to Industria Centroamericana Callao Sociedad Anónima:

"... THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.

THERE IS NO SANITARY SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.

This resolution is provided pursuant to notification from the Regional Office of Communal Aqueducts, Chorotega Region, UEN Gestión de Acueductos Rurales of AyA, dated January 19, 2022, number GSD-UEN-GAR-2022-00202, which indicates that, 'the ASADA de Surfside is recommended NOT to issue more Service Availability Certificates or Water Capacity Certificates, because the Surfside Aqueduct does not have the conditions to meet the maximum growth development, given that there are no conditions of technical and legal feasibility according to Article 7, subsections: 12, 20, 21, 49, and 129, Articles 8, 9, 19, and 14 of the current Service Provision Regulation; until such time as the construction and/or installation of a storage tank (sic) for the system is carried out.'

Attached to this response is the official communication mentioned above, ..., which supports this resolution regarding your request for a water availability certificate.

Likewise, you are informed that your request will remain on a waiting list until such time as the ASADA implements the respective solution mentioned in the described official communication ..."

The foregoing official communication was communicated to the interested company by email on the same day it was issued (official communication at image 205 and email sending at images 206, 250, and 252 of the main digital judicial file);

24.) By means of official communications RCH-SUD-033-2023 and RCH-SUD-034-2023, both dated November 6, 2023, the President of the ASADA Surfside - María Lourdes Valverde Retana - issued "... CERTIFICATE OF NON-AVAILABILITY OF SERVICES ..." regarding the potable water availability requests number Sol-0100-2023 and Sol-0101-2023, respectively, submitted on October 31, 2023, by Industrias Centroamericanas Callao Sociedad regarding the properties with Real Folio registration number 5-79458-000, with cadastral plan G-2287796-2021, lot RQ-05, and 5-79459-000, cadastral plan G-2287977-2021, lot RQ-06, respectively, for a project of "... construction of a single-family dwelling of 62 m2 on one construction level, consisting of a living room, dining room, kitchen, bathroom, 2 bedrooms ..." To this effect, it was indicated, in what is of interest to this matter:

"... THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.

THERE IS NO SANITARY SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY.

This resolution is provided pursuant to official communication GSD-UEN-GAR-2022-00202, from the Regional Office of Communal Aqueducts of AyA dated January 19, 2022, which indicates that, 'the ASADA de Surfside is recommended NOT to issue more Service Availability Certificates or Water Capacity Certificates, because the Surfside Aqueduct does not have the conditions to meet the maximum growth development, given that there are no conditions of technical and legal feasibility according to Article 7, subsections: 12, 20, 21, 49, and 129, Articles 8, 9, 19, and 14 of the current Service Provision Regulation; until such time as the ASADA carries out the construction and/or installation of a 434,000-liter storage tank for the system.' Attached to this response is the aforementioned official communication, which supports the resolution regarding this availability request. Once the ASADA has carried out the works indicated by the Regional Office of Communal Aqueducts and can once again issue water availability certificates, as well as water capacity certificates, the registered owner must resubmit the request to the ASADA, subject to the existence of technical feasibility ..."

Finally, it was indicated that these official communications had a validity of 12 months from their issuance. They were communicated with a copy of official communication GSD-UEN-GAR-2022-00202 (official communications RCH-SUD-034-2023 and RCH-SUD-033-20243 at images 478 and 482, respectively, and attached document at images 479 and 483 of the main digital judicial file; the highlighting is from the original);

25.) The ASADA Surfside de Santa Cruz has undertaken various actions and procedures before the regional office of rural aqueducts (ORAC) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aimed at choosing the property where the storage tank for the aqueduct it manages can be built, whose approval must be given by the governing body, which has not occurred to date (statements of Liany Alfaro García and Paola Jiménez Jara at the Oral Trial held on April 30, 2024);

26.) As of the date of adoption of this pronouncement, the storage tank recommended by engineer Paola Jiménez Jara in her report GSD-UEN-GAR-00197 has not been built because suitable land has not been found due to the weight the infrastructure must support (statements of Paola Jiménez Jara at the Oral Trial held on April 30, 2024).

V.- REGARDING THE UNPROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this claim, due to the absence of evidence provided in the file, the following is considered unproven:

1.) Industrias Centroamericanas Callao Centroamericana Sociedad Anónima filed ordinary or extraordinary appeals against official communications OFC-003-2022, dated January 20, 2022, RCH-SUD-033-2023, and RCH-SUD-033-2023, the latter two dated November 6, 2023, signed by the President of the ASADA Surfside - María Lourdes Valverde Retana -;

2.) The vulnerability situation of the aquifer where the wells of the ASADA Potrero Surfside are located, due to saline intrusion and over-exploitation, has been overcome;

3.) The water balance for the aqueduct managed by the ASADA Potrero Surfside has been obtained;

4.) Whether, at the time of adopting this decision, the Coastal Aqueduct is finished and operational;

5.) Actions and procedures by the Regional Office of Rural Aqueducts (ORAC) and other dependencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aimed at assisting with the construction of the storage tank recommended by engineer Paola Jiménez Jara in her report GSD-UEN-GAR-00197, whether in finding suitable land for its construction and assisting with its financing; and for processing an increase in the authorized flow for the ASADA Potrero Surfside.

VI.- REGARDING THE LEGALITY REVIEW OF THE OMISSIVE CONDUCT IN THE ADMINISTRATIVE LITIGATION JURISDICTION.- Prior to the legality analysis of the conduct that is the subject of this proceeding - which was alleged as omissive by the plaintiff company - it is deemed pertinent to make the following considerations that will guide the analysis of the matter:

First: It must be recalled what the justiciable object is in the Administrative Litigation Jurisdiction (Jurisdicción Contenciosa Administrativa), in accordance with the constitutional mandate. Indeed, the original constituent, in 1949, created the Administrative Litigation Jurisdiction and determined its object in numeral 49 of the Political Constitution, specified with the reform by the derived constituent, through Law number 3124, of June twenty-fifth, nineteen sixty-three, and which is vested in the review "... of the legality of the administrative function ..." and the protection of "... at least the subjective rights and legitimate interests of the administered parties ..."; therefore, its competence in the indicated matter is plenary and universal. Pursuant to the foregoing premise, it is in this Jurisdiction that the conduct of the State as a whole is reviewed; that is, it encompasses the three Branches of the Republic and the Supreme Electoral Tribunal, when they perform materially administrative functions; as well as the conduct emanating from decentralized entities, institutionally (autonomous institutions) and territorially (municipalities), and other Public Law institutions.

Second: In accordance with the stated constitutional mandate, the competence of the Administrative Litigation Jurisdiction refers to the review or legality review of all the conduct of the Public Administration, in its various manifestations, thus encompassing formal conduct, relating to the adoption of administrative acts (both the final act –considering the non-necessity of the requirement of exhaustion of administrative remedies, except regarding the challenge regime in the municipal and administrative contracting spheres–, and the definitive one), and acts of a general normative nature (regulations, circulars, and/or instructions) and general non-normative acts (directives); material conduct, consisting of the provision of public services, execution of acts, anomalous coercion (actions in declared emergency and urgency situations), and de facto measures; and finally, the so-called administrative dysfunction or omissive conduct, both formal (relating to the Administration's omission in resolving procedures and appeals on time, which has generated the doctrinal formulation of the institute of the presumed act by which positive and negative silence are configured); and material, that is, concerning the non-provision of public services and the non-management of public affairs, in accordance with the mandate that the legal system imposes on each institution and body. This concept is complemented by that of the "administrative-legal relationship," insofar as it protects all the legal situations of the administered parties, regulated by Administrative Law.

Third: For an omission to exist, there must be a breach of a pre-existing obligation. In consideration of the foregoing, the review parameter that must be verified in this Jurisdiction (that is, the Administrative Litigation) is the legality or juridicity block, which is composed of the entire set of normative regulations that make up the national legal system. Firstly, constitutional norms and principles (Constitution Law), international treaties and/or community law, the law, and regulatory norms (Article 6 of the General Public Administration Law), the rules of science and technique (Article 16.1 in relation to Article 158.4, ibid.); as well as the unwritten sources of the legal system, namely custom, jurisprudence, and general principles of law (Article 7, ibid.). The principle of legality thus gains importance, to which all Public Administration actions are subject, and which derives from numerals 11 of the Political Constitution and its counterpart in the cited General Law, pursuant to which it implies that the acts and behaviors of the Administration must conform to the provisions of the current legal system. The analysis of this principle has traditionally been centered on what has been termed its "negative aspect," pursuant to which State action is absolutely subordinated to what is expressly permitted, normally in explicit text, so that what is not authorized –expressly or implicitly by the legal system– is prohibited. Thus, the principle of legality

"... projects itself as a limit and restriction on public behavior, since any of its actions must conform to the higher-ranking norm, under penalty of invalidity ..." (Judgment number 63-2000, of fourteen hours fifty minutes on January twenty-eighth, two thousand, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice. In the same sense, consult judgments number 0172-2000, of March fifteenth of the same year, and number 55-2001, of January seventeenth, two thousand one, both from the cited Cassation Court.)

Now, by virtue of the implications that the application of the principle of legality has for public management, it can be considered that it constitutes not only the limit and restriction on the exercise of power, but also establishes public powers and competencies, with a clear and defined content, which has been understood as the positive aspect of the principle of legality, since it regards such regulations as enabling norms for those public competencies and powers. This conceptualization of the principle of legality has been fully accepted by administrative litigation jurisprudence, even prior to the current procedural regulation of this Jurisdiction, with the following considerations:

"... it constitutes the permissive source of specific administrative conduct, insofar as it translates into concrete administrative powers, which, as such, acquire a functional character, that is, they are arranged at the service of the community and for the fulfillment of public purposes. They are, therefore, empowerments granted to the Administration, not for their optional exercise, but on the contrary, for their obligatory application, executing not only the legislator's mandate, but also complementing it through the various powers that the Legal System Attributes to it. Therefore, the administrative function cannot be seen as the blind and closed execution of the legal precept, but as complementary to and executive of what is provided by higher norms." (Judgment number 63-2000, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, supra cited. The highlighting is not from the original.)

In this sense, it is important to highlight that the positive concept of the principle of legality is based on the consideration that constitutional and also legal norms are not programmatic norms, but true legal norms, and therefore, true constitutional and/or legal obligations, as the case may be, derive from them for the various public instances. Consider, furthermore, that pursuant to the provisions of Article 59 of the General Public Administration Law, "... competence shall be regulated by law whenever it contains the attribution of powers of authority ..." (the highlighting is not from the original). Therefore, in the case of challenging omissive conduct, it is necessary to verify in the legality block whether or not an obligation is established for the Administration, compelling it to act in a specific manner.

Fourth: In developing the foregoing, regarding the analysis or review of omissive conduct, it is necessary to distinguish the diversity of situations in which it can occur, as explained below:

i.- Regarding formal inactivity or formal omissive conduct, this refers to the lack of a declaration of will, judgment, or knowledge on the occasion of a procedure formulated by an administered party, with the consequent absence of the exercise of a public competence or power, regarding a singular legal situation. This modality manifests itself, for example, in the failure to initiate an administrative procedure, or the failure to process or instruct a procedure, or its non-resolution, which can generate the expiration or the non-issuance of the final or definitive act, which in turn would generate negative silence (presumed act). But formal omission also includes the breach of the obligation imposed by the legal system to issue regulatory provisions, when there is a constitutional or legal provision in that regard; as well as conventional formal inactivity, referring to the non-signing of bilateral or plurilateral contracts, thereby affecting the public interest or that of the concessionaires.

ii.- For its part, material inactivity refers to the omission by public administrations to carry out some technical or material activity of external significance, which encompasses the exercise of public functions or powers (such as, for example, those relating to control, oversight, or security actions; or actions in the protection and safeguarding of the environment and health of the administered parties), the execution of favorable administrative acts, or the provision of due public services.

Similarly, we recognize as a manifestation of material omission the failure to exercise procedural actions of administrative ownership, that is, when the Administration does not bring the processes and claims that it can deduce, in protection of public assets and interests, such as the case where the public entity responsible for the administration of a specific public-domain asset does not file the corresponding procedural action against a situation of threat or risk to it.

Now, it is worth considering that, in the case of challenging an omission-based conduct, the Code that regulates this Jurisdiction provides for its hearing and analysis in a contentious-administrative proceeding, but due to the particularity of the situation, it also provides for other differentiated procedures. Thus, in the face of the Administration's omission to execute a final and favorable administrative act, it is possible to address the situation through a petition filed for this purpose, but before the Contentious-Administrative Enforcement Judge, under the terms provided in numeral 176 of the aforementioned procedural code. Likewise, pursuant to the considerations given in judgment number 2008-5322, at sixteen hours and four minutes on April ninth, two thousand eight, of the Constitutional Chamber (*Sala Constitucional*), it "designed" a "special" contentious proceeding, called "amparo de legalidad", insofar as it incorporated procedural elements typical of the amparo remedies contained in the Law of the Constitutional Jurisdiction –such as informality and no requirement for the plaintiff to have legal representation– and of numeral 60.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which regulates cases of preferential processing, precisely to try to ensure that individuals find a prompt resolution to conflicts arising from the untimely resolution of petitions filed by individuals before Public Agencies.

Fifth: Logically, in the case of the legality review of this form of manifestation of the administrative function –that is, the omission-based conduct–, once the alleged omission is verified, that is, the failure to perform the required conduct -formal or material- imposed by the legal order, in the sense explained above, based on the principle of legality or juridicity, the immediate consequence is the condemnation of the Administration to perform or comply with the omitted conduct, in accordance with the provision of subsection g) of article 122 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which in doctrine has been called a "prestational claim." These find meaning and foundation within the design of a Social and Democratic State under the Rule of Law, from which legal-administrative relationships arise –between the individual and the Administration–, in which rights of the former are generated that are confronted with public obligations, powers, and competences; so that the protection of the rights of individuals is effectively satisfied. (Along the same lines, among others, see judgments number 72-2013-VII, at 15:35 hours on October 24, 2013; number 75-2013-VII, at 10:20 hours on October 31, 2013, both issued by the Seventh Section, and the following by the Sixth Section of this Contentious-Administrative Court number 177-2014-VI, at 16:15 hours on October 30, 2014; 59-2016-VI, at 15:35 hours on April 12, 2016, and number 29-2023-VI, at 11:35 hours on April 28, 2023.)

VII.- ON THE CLAIM FOR CONDEMNATION (PRESTATIONAL) AIMED AT HAVING THE DEFENDANT ASADA GRANT "... DEFINITIVELY THE POTABLE WATER CONNECTION, HAVING TO INSTALL THE WATER PIPE FOR SAID PURPOSE IN FAVOR OF THE PLAINTIFF ...".- We proceed to the analysis of the first claim for condemnation formulated in this contentious proceeding by the plaintiff company, for which, as indicated above, a review of the principle of legality or juridicity is required regarding the specific situation raised, also having as a reference framework what happened in this case, according to the factual table that supports this pronouncement and the allegations of the parties involved.

First: On the allegations of the parties involved: This Authority starts from the specific claim made by Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima -once again-, regarding the defendant ASADA granting "... definitively the potable water connection, having to install the water pipe for said purpose in favor of the plaintiff ..." (claim #1). On this matter, the plaintiff alleges a breach on the part of the defendant ASADA, given that "... To date, ... it does not have a potable water connection ...", which it considers an omission in the provision of the delegated service, and more specifically of numerals 4 of the General Law of Public Administration, 2 subsection g) of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; 7, 9, 39, 41, and 46 of the Regulation for the provision of Aqueduct and Sewer services; the Regulation of the Administrative Associations of Communal Aqueduct and Sewer Systems, provisions in which it is established that the delegation to this type of associations of the public service of potable water supply and wastewater sanitation must be carried out in accordance with the principles governing the provision of public services in our country, namely continuity, equality, efficiency, and adaptation to change. Thus, it indicates that the ASADA of Potrero Surfside is obligated to ensure said supply, manage the water resources of the area to optimally and sustainably meet the needs of the users, which includes carrying out the relevant actions to guarantee that new and future connections are made according to water and hydraulic capacity. Finally, the plaintiff, both in its opening argument at the debate and in its closing arguments, questioned and cast doubt on the technical criteria given by the defendants to deny the requested service, which they described as mere excuses. For their part, both representations of the defendants oppose this request. They indicated that the ASADA of Potrero - Surfside does not have the technical and legal feasibility conditions to provide the requested service, due to a lack of infrastructure and water resources, as was informed to the plaintiff company upon issuing the acts of non-availability of water, in official letters OFC-003-2002-202, of January 20, 2022, RCH-SUD-033-2023 and RCH-SUD-033-2023, the latter two dated November 6, 2023, which in turn were based on the water balance carried out by engineer Paola Jiménez Jara, communicated on January 19, 2022, to both the Regional Office of Rural Aqueducts Región Chorotega of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (by official letter GSD-UEN-GAR-00197) and to the ASADA (by official letter GSD-UEN-GAR-2022-202). They added the binding nature, firstly, of the express order that the Constitutional Chamber (*Sala Constitucional*) imposed on the ASADA Potrero-Surfside in judgment number 2018-2898, at 9:15 hours on February 23, 2018, referring to not issuing more water availabilities -due to the overexploitation and salinization of the wells serving the ASADA- until having the express authorization of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (*Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento*, SENARA); given that, to date, it does not have said authorization; and secondly, of the conclusions and recommendations made to it by the Interinstitutional Technical Commission (*Comisión Técnica Interinstitucional*, CTI) in Minute CIT-002-2018, of September 11, 2018, consisting of not increasing the extraction levels of the coastal aquifers, except for low-consumption activities, namely, for single-family homes for domestic use on a lot, "... provided they are not located within new urban developments or subdivisions (*fraccionamientos*) of the same farm ..."; and those classified as unavoidable public needs, referring to permanent public needs (such as educational centers, police stations, health centers) and transitory public activities duly authorized by the competent entities (such as mass events, fairs, emergency shelters). In this sense, they cited the precedents of the Constitutional Chamber (*Sala Constitucional*) -among others, judgments number 2007-1745, 2008-11390, 2009-3925, 2009-9936, 2010-10768, 2017-782, 2020-1516, 2020-6908, 2020-9209, 2020-3988, 2020-15195, 2020-13911, 2020-18244, 2020-20892- in which, even though it has been established that access to potable water is essential and therefore a fundamental right, its provision is conditioned upon the material possibility of water and hydraulic capacity of the system, for which reason the denial of the provision of the service is possible and valid due to lack of infrastructure; if the service of those who already have it is affected, and when the requirements have not been met. Based on the above considerations, they concluded that the refusal of water availability is not arbitrary, capricious, or unfounded, precisely due to hydraulic impossibility.

Second: On the specification of the conduct subject to control in this proceeding: For the analysis of the issue, the first thing this Court must clarify is that, even though the justifications and criteria put forward by the defendants are not adequate for the analysis of the conduct challenged in this proceeding, referring to the existence of an omission-based conduct, consisting of the provision of a public service, according to which the plaintiff company seeks that, on the occasion of its various requests for water availability to the ASADA of Potrero - Surfside, the latter grants it "... definitively the potable water connection, having to install the water pipe for said purpose ..." In the opinion of these judges, the allegations of the defendants are directed at the defense of the actions taken by the Administration on the occasion of the plaintiff company's petitions on various occasions -namely April 7, August 23, and October 5, 2021, and finally October 31, 2023, proven facts 11.), 16.), 17.), and by reference of proven fact 24.)-, and which resulted in specific acts by the defendant ASADA in which it declared the non-availability of potable water services, as inferred from the note of May 7, 2021, official letter OFC-003-2002-202, of January 20, 2022, RCH-SUD-033-2023 and RCH-SUD-033-2023, the latter two dated November 6, 2023 -proven facts 14.), 23.), and 24.)-. This is the formal conduct of the service provider, by such virtue of an administrative nature, insofar as the ASADA in question has been delegated the management and administration of the potable water supply and wastewater treatment service -according to the delegation agreement made by the former through an agreement signed on November 4, 2010, as inferred from constitutional judgment 2018-00298, proven fact 7.)-, which has not been challenged in this proceeding, so that, pursuant to the principle of congruence that governs the exercise of the jurisdictional function -which in the case of contentious-administrative procedural regulations is expressly enshrined in numeral 119.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code when it states: "... The judgment shall decide on all the claims and all the extremes permitted by this Code ..."; it is not possible for this Chamber to exercise over them the legality review assigned to this Jurisdiction by constitutional and legal mandate. Therefore, the legality or conformity or non-conformity with the principle of legality of those acts issued by the defendant ASADA cannot be weighed in this pronouncement.

Third: Analysis of the question: In light of what has been said, we proceed to determine whether the alleged omission-based conduct occurs or not, in light of what the legal system governing the matter establishes.

i.- On the condition of the communal ASADAS as providers of public water supply services: According to the provisions of article 2, subsection g) of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, number 2726, of April 14, 1961, and its reforms, the legislator delegated to this autonomous institution the direct administration and operation of aqueduct and sewer systems throughout the country, "... which shall be gradually assumed taking into account the convenience and availability of resources ..."; but despite being the technical governing body in the provision of potable water and wastewater sanitation services, in the fourth paragraph of this same regulation, it was empowered "... to agree with local organizations on the administration of such services or to administer them through administrative boards of mixed integration between the Institute and the respective communities, provided this is advisable for the better provision of the services and in accordance with the respective regulations ..." This is how the administrative associations of communal aqueduct and sewer systems (ASADAS) arise, created in the form of non-profit organizations, of a private nature, by the agreement of wills of at least ten people, according to the structure and configuration given by the Law of Associations, number 218, of August 8, 1939, and its reforms in the exercise of the freedom of association enshrined in article 25 of the Fundamental Charter, whose specific purpose is "... the provision of potable water supply and wastewater sanitation services, to contribute to the integrated management of water resources, and to provide hydrant services by special law ...", as stated in numeral 6 of the Regulation of Administrative Associations of Communal Aqueduct and Sewer Systems, issued through Executive Decree (*Decreto Ejecutivo*) number 42582-S-MINAE, of August 11, 2020 (which repealed the regulation of the same name, issued by Executive Decree (*Decreto Ejecutivo*) number 32529-S-MINAE, of February 2, 2005, which was in force from August 5, 2005, to September 3, 2020). Consequently, the ASADAS "... shall be governed by the Law of Associations and its Regulation. In addition, what is regulated in this Regulation must be applied, by virtue of the specialty of their management and the importance of the services they provide and the good they protect ..." (article 13 of the last cited Regulation). However, once the delegation agreement is signed, the provision of services by the ASADAS must be governed "... in compliance with binding regulations and with the advice, governing technical assistance, training, oversight, evaluation, direction, organization, and control of AyA ..." (article 35 of the ASADAS Regulation), since it must be highlighted that the delegating autonomous institution - Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers - maintains not only the technical governance in the matter (articles 3, 4 of the cited decree) but also the ownership of the service, as expressed in article 31, subsection b) Idem:

"... Article 31.- Scope of delegation in the provision of potable water and wastewater sanitation services. The scope of the delegation in potable water supply and wastewater sanitation services is based on:

...

b. The recognition of the legal powers and the ownership of the service held by AyA and the participation of the ASADAS in the provision of the public services of potable water and wastewater sanitation in their communities ..."

ii.- Distinction between procedures for water availability and for the interconnection of the water pipe for the effective provision of the service. As explained by the representation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in its oral conclusions, a distinction must be made between the procedures that users must complete to obtain the availability of potable water and the other for the interconnection of the water pipe for the effective provision of the service. In this regard, the following must be clarified. For the provision of public services delegated by the governing body, the ASADAS are obligated to apply the Regulation for the provision of Aqueduct and Sewer services, number 72, dated November 26, 2019 -in force as of January 17, 2020-, approved by the governing institute, in the manner ordered in its article 3, which literally states:

"... Article 3.-Scope. This Regulation is applicable nationwide for all users within the coverage area of AyA's water supply systems for population use and wastewater sanitation; as well as for those systems delegated by AyA insofar as its application is materially possible. Likewise, it may be used in a supplementary manner by other operators ..." (The emphasis is not from the original.)

Now, to understand what is required by the plaintiff company, we must refer to the conceptual definition provided by said regulatory set for the terms availability of service for water supply of the installation or connection of the water pipe for the effective provision of water, which specifically in numeral 5 states:

"... Availability of service for water supply: Real and current, not future or potential, existence of the necessary global works and infrastructure and water supply capacity to meet the service needs of a given population.

Installation of connection: Action that materializes when the connection located on a private property is physically integrated into the operator's system ..."

In this sense, article 21 of the cited regulation defines the minimum content that the act by which the provider issues the water availability must have, referring in the following terms:

"... Said certificate must indicate at a minimum: the cadastral number (*número de folio real*), exact address of the property, cadastral or survey plan (*plano catastrado o de agrimensura*), nature of the project, amount of flow assigned, technical criterion, consecutive number, signature, and seal.

The technical criterion supporting the certificate must refer at a minimum to the water and hydraulic capacity conditions of the systems, which by coverage correspond to the request; likewise, it must contain the verification of compliance with the urban planning and construction regulations governing real estate activity.

...

It must be expressly indicated that this document is not a construction-level authorization, nor for subdivision (*segregación*) without the plans having been approved by AyA.

Nor does it signify an interconnection authorization or approval of new services; for such purposes, the respective requirements and procedures must be fulfilled before the competent instances. Likewise, any other technical warning in case of non-granting.

..." (The emphasis is not from the original.)

From which it is clearly deduced that the act resolving a request for availability refers to the conditions of technical feasibility for the granting of a service, in the manner also defined in the cited article 5 of the cited Regulation, which contains the following elements:

"... a) When there are distribution and collection networks in front of the boundaries of the property or it has direct access via a public road or an easement (*servidumbre*) of passage to the property for which a service is requested.

b) That the systems have sufficient water, hydraulic, purification, and treatment capacity to handle new services.

c) That the system meets the established quality attributes.

d) That it is legally and environmentally possible.

e) That the applicant(s) comply with the urban planning regulations and the established requirements ..."

In view of the above, depending on whether the provider has that technical feasibility or not, the act will be favorable, granting the availability, or negative, denying it, acts that must be duly motivated -formal element, in compliance with the mandate of article 136 of the General Law of Public Administration. In any case, it is reiterated that even if its result were positive, it does not imply the granting of construction permits -which in any case must be processed before and granted by the local government where the property is located-, nor the material action of the provider to connect the water pipe for the effective provision of potable water. Precisely, the first paragraph of numeral 25 of the cited regulation explains the scope of the positive water certificate as follows:

"... Article 25.- Scope of the certificate of water capacity and collection and treatment capacity. The Certificate of Water Capacity and/or Collection and Treatment Capacity only allows the applicant to process before the different state entities the obtaining of the permits and authorizations necessary for the construction of the primary aqueduct and/or collection and treatment works by the interested party, in order to generate the availability of services exclusively for the development project ..." (the emphasis is not from the original.)

Consequently, the processing and obtaining of water availability constitutes the first procedure that the interested party must carry out to build on a property, since with a positive result, they can begin the procedures for obtaining construction permits before other public entities. Finally, it is necessary to clarify that the infrastructure certificate for the property's boundaries also does not translate into the granting of water availability, nor the connection to the system, since its scope is limited to certifying that the operating entity has the necessary piping for the provision, in the manner required by urban control regulations; so that "... This certificate is not equivalent to a certificate of service availability, therefore it does not reserve flow or infrastructure in favor of the property ...", states the initial phrase of the second paragraph of article 32 of the Regulation for the provision of aqueduct and sewer services, number 72. Concordantly, after obtaining the water availability, the interested party can then request the connection to make the provision of water supply effective by the provider, under the terms provided in the first paragraph of article 51 of the same regulation, when it explains: "... For the granting of the service, the property for which it is requested must previously have a positive service availability and associated with the purposes, nature, and goals for which it was approved ..."; and for said procedure, the specific requirements that the user must submit are regulated (article 52), among which the provision of construction permits (subsection d) is required.

iii.- What happened in this matter: Having clarity on the object of the challenged conduct (omission-based conduct referring to the non-connection of the water service); the distinction of content and scope of the water availability and system connection procedures; and what happened in this matter, this Chamber of Judges concludes that the omission-based conduct alleged in the action in the first claim does not occur. And it is that from the facts of the case, it is verified that on three different occasions, Industrias Centroamericanas Callao expressly requested from the ASADA Potrero-Surfside the granting of water availability for the two real estate properties -with cadastral numbers (*Folio Real*) 5-79458-000 and 79459-000, proven facts 2.) and 3.)-, which are located in the area where said association is authorized to provide the public services of potable water supply and wastewater sanitation, in the Surfside urbanization -proven fact 4.)-. These petitions were made by the plaintiff company through writings or notes on dates April 7, August 23, and October 5, 2021, and finally, by reference on October 31, 2023 -proven facts 11.), 16.), 17.), and 24.)-, and all of them were addressed negatively by the defendant ASADA, in the note of May 7, 2021, and official letters OFC-003-2022, of January 20, 2022, RCH-SUD-033-2023 and RCH-SUD-033-2023, the latter two dated November 6, 2023 -proven facts 14.), 23.), and 24.)-. In other words, the interested party did not request the connection of the service, but -it is repeated- the determination of the technical feasibility for the granting of new services linked to its properties; and according to the content of the previous acts, it was denied due to lack of technical feasibility for the technical availability, according to the reasons given in them. In the opinion of the undersigned judges, the eventual acceptance of the filed action depended on challenging the acts of negative availability that the defendant ASADA issued; however, it is reiterated that none of those acts were questioned or challenged, neither in the administrative venue nor in this proceeding -unproven fact 1.)-, which is why the technical and legal questions that the representative of the plaintiff made regarding them (in its closing arguments) both concerning the scope of constitutional judgment 2018002898 and the water balance of the Surfside aqueduct, dated January 19, 2022, signed by Paola Jiménez Jara, engineer of the UEN Gestión de Acueductos Rurales of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; proven fact 22.)- are unaddressable. As has been explained supra, the legal system governing the matter conditions the connection of the service upon the prior existence of a positive availability that certifies the technical feasibility for the granting of a new service, which the plaintiff does not have -as has been detailed in the acts of non-technical availability, supra indicated-; ergo, there is no breach of any pre-existing obligation, especially since the plaintiff company, we reiterate, did not challenge in the administrative way nor in this venue, the denials of technical availability, as explained. Added to the above, the plaintiff does not hold construction permits either, as required by the cited ordinal 52, subsection g) of the Regulation for the Provision of Services of Aqueducts and Sewers of the defendant institute. In this sense, it is noted that the works started on the plaintiff's property were suspended by the municipal government of Santa Cruz, on the occasion of the notice to this effect -relation of proven facts 19.) and 20.)-. Consistent with what has been said, this Chamber of judges does not find that the alleged omission-based conduct has occurred, which obliges the dismissal of the first claim of the lawsuit.

VIII.- ON THE CLAIM FOR CONDEMNATION (PRESTATIONAL) AIMED AT HAVING "... THE ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER OF PLAYA POTRERO SURFSIDE ORDERED TO BUILD AND INSTALL (SIC) A STORAGE TANK IN THE AQUEDUCT SYSTEM WITH SUFFICIENT CAPACITY AND CONDITIONS TO PROVIDE THE PUBLIC SERVICE IN THE TERRITORY OF ITS COMPETENCE ...".- We proceed to the analysis of the second claim for condemnation formulated in this contentious proceeding by the plaintiff company, for which, as indicated above, a review of the principle of legality or juridicity is required regarding the specific situation raised, also having as a reference framework what happened in this case, according to the factual table that supports this pronouncement and the allegations of the parties involved.

First: On the allegations of the parties involved: Industrias Centroamericana Callao Sociedad Anónima seeks as a second claim, that the judgment order the defendant ASADA to build and install the water storage system, given that the water availability was conditioned on those works, as recommended by the water balance report carried out by the engineer from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (GSD-UEN-GAR-00197). It emphasized the need for this work that would benefit not only itself but the community in general. On this matter, the ASADA of Potrero-Surfside stated that it shared the need for the work, but that it would not improve the situation at all due to the lack of water resources, so it would be empty. However, it stated that it has tried to find solutions to the issue, specifically in the search for suitable land to place the storage tank, without a positive result; and added that, in any case, the plaintiff could have collaborated with its construction, either with financial aid or by ceding a lot for this purpose.

Second: On the obligation imposed by the legal system and the consequent responsibility for the Administration to build works aimed at implementing the potable water supply service: As indicated in the previous Recital, the governance and responsibility for the provision of the service of potable water supply and wastewater sanitation was delegated by legislative mandate to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, precisely in its Law of creation, number 2726, of April 14, 1961. Now, regarding the specifics of the construction and financing of the works necessary for the provision of the public service of water supply, this is a matter that the legislator also entrusted to the governing institute, as is easily deduced from the following provisions. Indeed, in numeral 1 of this law, the creation of this institute is justified in the following manner:

" ...

ARTICLE 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving all matters related to the supply of potable water and the collection and disposal of blackwater and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm sewer systems in urban areas, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is created for the entire national territory, as an autonomous institution of the State. ..." (As amended by Article 1 of Law Number 5915 of July 12, 1976.) (The highlighting is not from the original.)

Concordantly, subsections b.), l) and j) of Article 2 clearly state:

"... ARTICLE 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for:

...

b) Determining the priority, advisability, and feasibility of the different projects proposed for constructing, reforming, expanding, modifying aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval;

...

i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where necessary and so advised for the best satisfaction of national needs; and

j) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works ... " (As amended by Article 1 of Law Number 5915 of July 12, 1976.) (The highlighting is not from the original.)

Having reached this point, it is important to note that all aqueduct infrastructure for the provision of potable water and wastewater sanitation are public domain assets (bienes de dominio público), as they are affected by the specific provision of those public services, which Article 18 of the cited Law qualifies as "national heritage" (patrimonio nacional), under the administration of the respective provider. Note in this regard that in the event of dissolution of the ASADA "... All assets required for the continuity of the service, including lands and easements (servidumbres), duly registered in the name of the ASADA, must be transferred to AyA for the purpose of guaranteeing that they continue to be used in the provision of services to the community for which they were acquired or built. These assets transferred to AyA shall be affected to the public domain, as provided in Article 18 of the Constitutive Law of AyA ..." (final phrase of ordinal 61 of the cited Executive Decree Number 42582). Likewise, from the review of the regulatory standards for ASADAs, the mandate to "... administer, operate, repair, guard, defend and protect according to the principles of sound administration, all assets destined for the provision of the services it provides ...", is inferred, as stated in subsection d) of Article 43 of the cited regulatory body -Executive Decree Number 42582-; a task that is specified in subsection b.) of ordinal 47 of the same regulation: "... The ASADA must maintain all components of the system, with the corresponding periodicity and complying with the technical standard issued by AyA for that purpose. To guarantee better maintenance management, the ASADA must have a system maintenance manual ...". Therefore, the ASADA is obligated to carry out maintenance work, understanding such as "... the set of actions that are executed permanently and systematically on the different components and equipment of a system to keep them in an adequate state of functioning ..." (point 23 of Article 2 of the cited regulation), whether corrective, which "... Consists of the repairs executed to correct any damage that occurs in the systems; which is due to the normal or abnormal deterioration of the different elements of the systems, resulting in the need to carry out major repairs or the replacement of certain parts or specific equipment ..." (numeral 2.24 Ibid) or preventive which "... Consists of a series of conservation actions carried out with a determined frequency on the installations and equipment to prevent, as far as possible, the occurrence of damages that may be difficult and costly to repair, causing interruptions in service ..." (canon 2.25 Ibidem). Concordantly, Article 54 subsection d) of the same regulation requires that ASADAs "... must have at least the services of administration, plumbing (fontanería), and accounting (contaduría) ..." Now then, it is numeral 43 that specifies how those construction tasks can be carried out, directly by the governing institute, in the manner provided in subsection b., and by private developers (desarrolladores), according to subsection d.: when it states:

"... Article 43.- Construction of Potable Water and/or Wastewater Sanitation Systems

 ...

b. Construction of the System by AyA: AyA may construct potable water and/or wastewater sanitation systems and hand them over for operation to ASADAs that are duly registered and have a current delegation agreement (convenio de delegación).

For these purposes, AyA shall carry out the pertinent studies, determine the origin of the resources for its design and construction, and also facilitate its financing. In these cases, the construction project must enter the project portfolio administered by AyA and meet the requirements established for its entry.

...

d. Construction of Systems by Developers: Systems previously approved by AyA and built by developers or third parties must be delivered to the ASADA that issued the corresponding availability certificates (disponibilidades), as well as the lands, easements, equipment, and wells required for the system, also complying with the terms of Article 38 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), according to the Institution's technical standards and what is regulated in the previous subsection for the delivery of systems. AyA, at the request of the Developer, upon prior payment of the cost, shall carry out the technical tests of proper functioning of the systems, before their acceptance (recibo), which shall be subject to the guarantee of proper functioning for the legal term. AyA has a period of ten business days for the acceptance of said works.

For the granting of certificates of service availability (constancias de disponibilidad de servicios) for urban developments (desarrollos urbanísticos), the endorsement of the corresponding Regional ASADA Attention Office (Oficina Regional de Atención de ASADAS) must be obtained, prior to their presentation to other institutions. In the event that there is no legal operator in the area, it shall be the responsibility of the Sub-Management of Communal Systems Management (Subgerencia de Gestión Sistemas Comunales) to issue the certificate of service availability or any other corresponding administrative act, within a maximum period of twenty business days. ..."

Especially important for this Court is the content of subsection c. of this same norm, which refers not to the obligation of ASADAs to build, but to the delivery of those works carried out by the governing institute to the ASADAs, in the following terms:

"... c. Delivery of Systems built by AyA to the ASADAs: Once the works are completed and when it is determined that they will be administered by an ASADA, the respective tests and commissioning shall be carried out jointly by AyA-ASADA, their delivery shall be formalized following the procedure established by the Institute's Board of Directors. This delivery shall include a copy of the plans, design, descriptive report (memoria descriptiva), detail of the assets, and cost of each system component, for its respective accounting registration, and shall also finalize the corresponding settlement (finiquito) ..."

Consequently, it is not possible to infer an obligation on the part of ASADAs to construct the work required for the provision of the delegated services.

Third: Regarding the lack of passive legal standing (legitimación pasiva) in the reproach of the alleged omissive conduct: Having reached this point, and in accordance with the statements in the previous section, this Panel of Female Judges considers that, with respect to the second alleged omissive claim, the material prerequisite of passive legal standing is not met, being that the prestational conduct related to it was established exclusively with respect to the association, in the manner it was defined in the Preliminary Hearing, based on the following considerations:

i.- Regarding the material prerequisite of legal standing: In this sense, it is important to recall, in general and procedural terms, the legal concept of legal standing (legitimación), which translates into the existing link between the parties to a proceeding, insofar as it addresses the "... specific material legal situation in which a subject, or plurality of subjects, finds themselves in relation to what constitutes the litigious object of a specific proceeding; legal standing, in short, will indicate to us in each case who are the true holders of the material relationship sought to be elucidated within the scope of the proceeding; which subjects' procedural participation is necessary for the Judgment to be 'effective' ..." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José and González-Cuellar Serrano, Nicolás. Costa Rican Administrative Procedural Law (Derecho Procesal Administrativo Costarricense). Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.) Thus, it concerns the aptitude of the intervening subjects to be a party in a proceeding of this nature; which derives or originates from the existing relationship between the sphere of their interests and rights in direct relation to the challenged administrative conduct. As such, "... a subject is granted legal standing in a procedure or a specific proceeding by virtue of the prior impact suffered in their qualified interests or rights ..." (Jiménez Meza, Manrique. The New Contentious Administrative Process (El nuevo proceso contencioso administrativo). Collective Work. Judicial Branch. Judicial School. San José. Costa Rica. p. 79.) If the intervening parties lack legal standing, it can be concluded that the development of the entire proceeding will not serve to resolve the specific inter-subjective conflict raised in court, because that lack will determine the non-existence of the legal relationship between them. In this Jurisdiction –Contentious-Administrative– the "legal situations of every person" are protectable, as clarified by subsection 1) of the first numeral of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in relation to the diverse manifestations of administrative conduct; so that to obtain effective and substantive judicial protection in a contentious proceeding, one must be the holder of a subjective right or at least "a legitimate interest" (interés legítimo) (Article 49 of the Political Constitution) of the administered party, derived or originating from an administrative-legal relationship and regarding which, one can request the declaration of non-conformity with the legal system, annulment, modification or adaptation of the administrative conduct, the restoration, recognition or declaration of a legal situation, the setting of limits and rules imposed by the legal system for the exercise of administrative powers, the order to perform a certain conduct, the order to abstain from conduct, and the condemnation for damages (Articles 42 and 122 of the cited Procedural Code). This prerequisite must be understood in a double dimension, namely, active legal standing (legitimación activa), relative to the party or parties who appear as plaintiffs, referring precisely to the alleged ownership of the subjective right or legitimate interest claimed to have been infringed, which is conceived as the suitability to carry out acts of exercising the power of action that empowers them to demand the satisfaction of a specific provision or object; and for its part, passive legal standing (legitimación pasiva), in relation to the defendant party, which manifests as the aptitude to bear the exercise of said power. Thus, a subjective right or legitimate interest is confronted against public powers or competencies. Finally, it is important to refer to the key concepts to determine whether or not this substantive prerequisite is met, namely that of subjective right and that of legitimate interest. The former has been defined in national doctrine as "... that power to act validly within certain limits, and/or to be a beneficiary of public conduct, demanding from the Public Power (and specifically from the Administration), by coercive means, if necessary, the corresponding concrete and specific conduct, granted by the Legal System to that subject or subjects for the satisfaction of their ends and interests ..." (González Camacho, Óscar Eduardo. Administrative Justice (La Justicia Administrativa). Volume II. Judicial Control of Administrative Inactivity. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) For its part, the latter is substantive, not procedural, insofar as it forms part of the material legal sphere of the administered party, which "... must entail a benefit as a consequence of the elimination of the administrative action, or a detriment derived from its maintenance, a benefit or detriment that can be material or legal, as well as of a moral, religious, scientific, or economic nature (257 LGAP) ..." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José and González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); and as such, it must be legitimate, that is, it is essential that it be supported, even if indirectly, by the legal system. This has been the sense in which the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has pronounced itself in its jurisprudence, stating:

"... It is therefore necessary to reiterate the concept of legal standing which rests, according to the reiterated jurisprudence of this Chamber, on the necessary correspondence that must exist between the plaintiff litigant and the holder of the right or legitimate interest claimed. It constitutes, as is known, an essential prerequisite of the procedural legal relationship, indispensable for a favorable judgment. It is generally held by that person (physical, legal, public or private), who suffers an injury as a consequence of administrative conduct (active or omissive), against which they protest before the Judge, seeking protection of their legal situation or that which belongs to the collective they integrate. It derives, as can be seen, from the link or relationship maintained with the procedural claim formulated." (Judgment Number 11-F-S1-2012, of nine hours twenty-five minutes of January twelfth, two thousand twelve.)

ii.- Regarding the non-existence of passive legal standing with respect to the second omissive conduct alleged in this proceeding: In the case before us, this action, in the water balance (balance hídrico) of the aqueduct administered by the Asada Surfside, prepared by engineer Paola Jiménez Jara -proven fact 21.)-, recommended the construction of a storage tank to improve the capacity of the available water resource in the zone administered by the ASADA, and specific dimensions were given, of at least 434 m3 for 2022 and 626 m3 for 2024 -proven fact 21.)-; which was made expressly known to the UEN Rural Aqueduct Management (UEN Gestión de Acueductos Rurales) of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by means of official letter Report GSD-UEN-GAR-00197 - the same day -proven fact 21.)-; who in turn to the sued ASADA by official letter GSD-UEN-GAR-2022-202, of the same date -proven fact 22.)-. Based on said technical recommendation, the Asada Potrero Surfside conditioned the granting of availability to the plaintiff on the construction and operation of that potable water storage tank -in official letters OFC-003-2022, of January 20, 2022 and RCH-SUD-033-2023 and RCH-SUD-033-2023, the last two dated November 6, 2023 -proven facts 23.) and 24.)-, for which reason it required ordering the communal association to build said water storage tank, in order to make effective the provision of the service it requested for the two properties under its ownership. However, due to the way this claim was defined, this Panel of Judges must deny the request. It is insisted that, according to the regulation of the matter, it is not possible to require ASADAs to construct the work required for the provision of delegated services, as the legal system confers this obligation on the governing entity and, failing that, on developers. Notwithstanding that, according to the statements of Liany Alfaro García and Paola Jiménez Jara in the Oral Trial held on April 30, 2024, the Asada Surfside of Santa Cruz has carried out various actions and procedures before the regional office of rural aqueducts (ORAC) of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers aimed at choosing the property where the storage tank for the aqueduct it administers can be built, the approval of which must be given by the governing entity, which has not occurred to date -proven fact 25.)-.

In consideration of the foregoing, the second and last claim stated in this contentious action must be declared without merit.

IX.- INTERPOSED SUBSTANTIVE DEFENSES.- None of the representations of the defendants formulated substantive defenses when they opposed the lawsuit filed against them, which does not mean -as the representation of the plaintiff corporation alleged- that they acquiesced to the action, since their opposition to the plaintiff's claims is recorded through various arguments. However, it is recalled that the adjudicator has the duty to review the fulfillment or not of the substantial or material prerequisites of every jurisdictional proceeding for the issuance of any judgment; these are those relating to the legal standing of the intervening parties, the current interest in the resolution of the conflict, and the right of action; and they are reviewable even ex officio by the Judge and in that rigorous order. (In this sense, among others, the judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice can be consulted: 34-1961, of 10:20 hours on March 22, 1991 and number 317-F-S1-2008, of 09:10 hours on May 2, 2008 and number 1548-F-SI-2011, of 09:20 hours on December 22, 2011). If any of these requirements -or all of them- are not proven by the adjudicator, whether or not they are raised in the form of exceptions or defenses, the lawsuit cannot receive a positive response from the Office. Therefore, we proceed to the review of the material prerequisites of this action and the defenses raised by the defendants.

First: Regarding legal standing: In the preceding Whereas Clause (Considerando), we advanced the content of this material prerequisite in a broad manner, but exclusively in relation to the second claim interposed in the action and in relation to the sued ASADA, against which the action had been filed. For this reason, it is deemed necessary to analyze the fulfillment or not of this prerequisite, in order to determine if there is an identity between the plaintiff and the holder of the subjective interest claimed (active legal standing ad causam - legitimación ad causam activa) and between the defendant and the party obligated to the required provision (passive legal standing ad causam - legitimación ad causam pasiva). Regarding active legal standing, it is concluded that indeed, the plaintiff corporation (Industrias Centroamericanas Callao Sociedad Anónima) is assisted by the subjective right in the terms required by Article 10 subsection 1 sub-subsection a) of the Contentious Administrative Procedural Code, insofar as it claimed two omissive conducts, in relation to the supply of water, the first referring to the immediate connection of the service and the second to the construction of a water storage tank. It is noted that this is an essential public service, namely the supply of potable water, which has been qualified as a fundamental right by constitutional jurisprudence in which the following has been indicated:

"... V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country finds itself particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which stipulates that:

"Article 11. Right to a healthy environment

1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services."

Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.

VI.- From the preceding normative framework, a series of fundamental rights are derived, linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that people cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right cannot be sustained for any individual to have the State immediately supply the public service of potable water, wherever it may be. Rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador itself, this class of rights obliges States to adopt measures, as provided in Article One of the same Protocol:

"The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to progressively achieve, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol."

From this, it cannot be interpreted that this fundamental right to public services has no specific enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the rights holders can demand it, and public administrations or, where applicable, the private entities that provide them in their stead, cannot shield themselves behind alleged shortages of resources, which has been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their duties ..." (Judgment 4654-2003, of 15:44 hours on May 27, 2003. In the same sense, and among others, consult numbers 2011-5457 of 11:32 hours on April 29, 2011 and 2011-6221 of 10:53 hours on May 13, 2011).

Likewise, the defendants are the national-level holder of this public service, namely the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Asada Potrero Surfside, to which the former delegated the provision in the territorial circumscription where the properties of the plaintiff corporation are located. Consequently, it is considered that passive legal standing is indeed met in the terms of Article 12 subsection 1), concerning the first claim formulated, but not so regarding the sued ASADA concerning the second claim, in the manner explained above in the preceding Whereas Clause. Consequently, ex officio, it is appropriate to declare this lack of passive legal standing in the judgment.

Second: Regarding the lack of current interest: Simply put, this prerequisite refers to the relevance or utility in issuing the requested pronouncement in the jurisdictional proceeding being heard. In the case before us, since the rectification of the alleged omissive conduct on the part of the defendants is being sought, through the corresponding prestational orders, it is concluded that it is not only relevant but necessary to resolve the legal conflict raised, giving rise to the existence of this second material prerequisite.

Third: Regarding the lack of right: It is based on the reasons developed in this judgment that it is noted that the plaintiff is not assisted by the right in its claim, insofar as the first claim of the action has been dismissed because the allegation of the accused omissive conduct being configured did not concur.

X.- COSTS (COSTAS).- In accordance with Article 193 of the Contentious Administrative Procedural Code, the order to pay costs (costas) constitutes an obligation on the part of the losing party -by the mere fact of being so-, for the benefit of the winning party, so that the latter is reimbursed for procedural and personal expenses arising from the filing of the contentious action. Likewise, this procedural norm provides various grounds for exemption from this order, such as having ruled based on evidence unknown to the opposing party and the Court's consideration of the existence of sufficient grounds to litigate. In this case, considering the content of the claims that have been formulated in this action, this Court considers that the second prerequisite is met, referring to the existence of sufficient grounds to litigate, which is why this matter is declared without a special order as to costs.

THEREFORE:

Ex officio, the lack of passive legal standing of the Asada Playa Potrero-Surfside is declared regarding the second claim (aimed at ordering it to build and install a storage tank in the aqueduct system with the capacity and conditions sufficient to provide the public service in the territory of its competence), and as to the rest, the lack of right is declared. Consequently, the lawsuit filed by INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS CALLAO SOCIEDAD ANÓNIMA against the ADMINISTRATIVE ASSOCIATION OF THE AQUEDUCT AND SANITARY SEWER OF PLAYA POTRERO SURFSIDE (ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLAYA POTRERO SURFSIDE) and the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS is declared WITHOUT MERIT in all its parts. Declared without a special order as to costs.

 

 

Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

Cynthia Abarca Gómez    Liana Morera Rodríguez

 

 

 

 

 

 

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Document signed by:

SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)
LIANA MARIA MORERA RODRIGUEZ, PROCESSING JUDGE (JUEZ/A TRAMITADOR/A)

 

EXP: 22-000973-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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