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Español (source)En ese orden de ideas, se trata de una servidumbre continua no aparente, lo que implica que no requiere de actividad humana para su existencia, ni tampoco se señas que la identifiquen. Ello deriva en que para su protección en la vía interdictal, se requiere de su inscripción en el registro, más no de actos efectivos de ejercicio de posesión.
Importante mencionar que en forma alguna alega o acredita quien recurre, que las obras efectuadas no afectan la belleza escénica de la servidumbre en cuestión.
English (translation)In that sense, it is a continuous, non-apparent easement, which means it does not require human activity for its existence, nor signs that identify it. This results in the fact that for its protection through interdictal proceedings, its registration is required, but not effective acts of possession.
It is important to mention that the appellant in no way alleges or proves that the works carried out do not affect the scenic beauty of the easement in question.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Civil Resolución Nº 00164 - 2024 Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 2024 a las 14:05 Expediente: 23-000251-0388-CI Redactado por: Rodrigo Campos Esquivel Clase de asunto: Proceso interdictal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 23-000251-0388-CI - 5 PROCESO: INTERDICTO ACTOR/A: ROMANOR R.M SOCIEDAD ANONIMA DEMANDADO/A: TUANIS GUANACASTE LIMITADA SENTENCIA Nº N° 2024000164 TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y TRABAJO DE GUANACASTE (SEDE LIBERIA) (CIVIL).- A las catorce horas cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.- ENCABEZADO PROCESO SUMARIO INTERDICTAL que se tramita ante el Juzgado Civil del II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, con el número de expediente 23-000251-0388-Ci, establecido por ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Romolo Giuseppe Angelotti en contra de TUANIS GUANACASTE LIMITADA representada por PHILIPPE da HORTA, ambos de calidades y vecindarios en autos conocidos. Intervienen como apoderados especiales judiciales de las partes en su orden Oscar Guevara Arias y Alfredo Andreoli González. Redacta el Juez Campos Esquive CONSIDERANDO I.- El Juzgado Civil del II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, mediante sentencia de primera instancia N° 2024000042 de las dieciséis horas veintiséis minutos del ocho de febrero del dos mil veinticuatro resolvió: "POR TANTO: En razón de lo anterior, se declara CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda interdictal interpuesta por ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA contra TUANIS GUANACASTE LIMITADA. Se acoge la pretensión interdictal, teniéndose como perturbado del derecho de posesión de la mercantil actora ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, por parte de la accionada TUANIS GUANACASTE LIMITADA, la transgresión del área destinada a servidumbre ecológica, se ordena a la demandada TUANIS GUANACASTE LIMITADA, que deberá derribar cualquier obra constructiva que se ubique dentro del área de tres metros de ancho que rodea perimetralmente su propiedad 5-224478-000, que constituye servidumbre ecológica de la cual el inmueble indicado es fundo sirviente, se restituya la referida área de servidumbre a su estado original, por parte de la demandada TUANIS GUANACASTE LIMITADA. Se le prohíbe a TUANIS GUANACASTE LIMITADA volver a realizar cualquier acto perturbatorio, sea de propia mano por interpósita persona en el área destinada a servidumbre ecológica de la cual la finca 5-224478-000 es fundo sirviente. Se condena a la parte vencida al pago de las costas del presente proceso, fijándose los honorarios de abogado en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL COLONES, las procesales deberán ser liquidadas en etapa de ejecución.- Milkyan Sánchez Aguilar, Juez/a Decisor/a. MSANCHEZAG.". (sic). II.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El ordinal 65.1 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342), establece el principio de taxatividad de los recursos, de acuerdo con el que: "Las resoluciones judiciales solo se podrán impugnar por los medios y en los casos expresamente establecidos.". Ello obliga a darle carácter prioritario al análisis de la admisibilidad del recurso, luego de lo cual, de ser aquel procedente, se debe verificar si fue planteado en forma oportuna, y finalmente, si está debidamente fundamentado tal y como lo exige el 67.6 ibídem. En primer término, la resolución que se apela es la sentencia de primera instancia que acoge la demanda. Dicha resolución sí tiene previsto recurso de apelación, ello en virtud de los artículos 65.5 y 67.5 del Código Procesal Civil. En cuanto a la oportunidad, dispone el 67.1 párrafo segundo del Código Procesal Civil que en el caso de las sentencias, el plazo para apelar será de cinco días. La última parte fue notificada mediante correo electrónico en fecha ocho de febrero del dos mil veinticuatro. Para dicho medio, el artículo 38 de la Ley de Notificaciones dispone que la persona quedará notificada al día hábil siguiente de la transmisión o del depósito respectivo, sea para el caso concreto el día nueve de febrero. De acuerdo con la mencionada norma, el plazo empieza a correr el día hábil siguiente, sea el doce de febrero. El plazo vencía entonces el día dieciséis de febrero. Si la parte apela mediante escrito presentado el 15/02/2024 (expediente electrónico), queda claro de que planteó la impugnación en forma oportuna. Por otra parte, el recurso está debidamente fundamentado tal y como se observa de la carpeta del incidente. En consecuencia, se cumple con los requerimientos de admisibilidad, oportunidad y fundamentación del recurso. III.- EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS: Tal y como se indicara en el considerando anterior, la parte expresó agravios en su respectivo recurso de apelación, para lo cual se remite al líbelo visible a imágenes ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y cuatro del expediente virtual. Por considerarse innecesario su transcripción íntegra, se describirá en el considerando siguiente un breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución que se combate y los alegatos del recurso, y de seguido se procederá a valorar su pertinencia, ello al tenor de lo previsto por el numeral 61.2 párrafo final del Código Procesal Civil. Asimismo, el ordinal 65.6 del mismo cuerpo normativo establece que "La apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente. No se podrá enmendar o revocar la resolución en lo que no sea objeto de disconformidad, salvo que la variación, en la parte impugnada, requiere necesariamente modificar otros puntos de la resolución apelada o si fuera necesario para corregir incongruencias, ambigüedades, oscuridades o errores materiales...", de ahí que en ese tanto queda limitada la competencia del tribunal de alzada. IV.- Se AVALA en su totalidad la relación de HECHOS PROBADOS contenida en la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, toda vez que la misma resulta acorde con los elementos de juicio que surgen del expediente. V.- SOBRE EL FONDO: Tal y como se describe en los considerandos precedentes, el señor apoderado especial judicial de la sociedad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, misma que acogió la demanda interdictal interpuesta en su contra. De seguido, el análisis de las protestas planteadas. Una vez identificado el proceso e introducido el recurso respectivo, el representante legal de la parte demandada inició su discurso impugnaticio citando textualmente la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, luego de lo cual se refiere a un primer motivo de nulidad, el que denomina indebida valoración de la prueba e indebida interpretación del 373 del Código Civil. Ausencia de hecho probado sobre posesión momentánea y actual, dado que en su criterio no hay uno para dar cabida al interdicto. Agrega que "Las pruebas fotográficas como cualesquiera otras fueron preparadas por la sociedad actora y carecen de valor, ya que al menos debió utilizar los medios de prueba que concede artículo 49 del Código Procesal Civil o bien anticipar prueba de reconocimiento, todo lo cual se hecha de menos.". A continuación, reprocha que el hecho probado cuatro se refiera a cuestiones propias de un ordinario por incumplimiento contractual, y no de un interdicto, donde se tuvo por probado sin confirmar, el tipo de construcciones y donde se realizaron. Sin perjuicio de ahondar más adelante en cuanto a este agravio, estima el Tribunal que el mismo no es de recibo. En primer término, tal y como se indicó supra, el apelante aduce que en la sentencia de primera instancia no hay referencia alguna a la posesión momentánea y actual, lo que en su criterio resultaba cardinal para acoger el interdicto. Si bien lo que afirma en principio es correcto, lo cierto del caso es que las particularidades del supuesto que nos ocupa exigen un tratamiento diferenciado a otros supuestos. Primero que todo, la parte demandada reconoció la existencia de una servidumbre, la que dicho sea de pasó es ecológica. En la certificación de imagen 28 hay una breve descripción de la misma, donde se indica que su finalidad es la de "conservar vegetación-ecosistema-recursos naturales.preservar la belleza escénica y paisajismo". Lo anterior, implica que de acuerdo a la tipología de servidumbres ecológicas y de acuerdo a su función y contenido, la descrita califique como ecológica escénica (ARTAVIA BARRANTES, Sergio y otro. Los interdictos (en material civil, agraria, ambiental y contenciosa). Editorial Jurídica Faro, 2017, pag. 410-411). En ese orden de ideas, se trata de una servidumbre continua no aparente, lo que implica que no requiere de actividad humana para su existencia, ni tampoco se señas que la identifiquen. Ello deriva en que para su protección en la vía interdictal, se requiere de su inscripción en el registro, más no de actos efectivos de ejercicio de posesión. En ese orden de ideas, tratándose de una servidumbre la materia que la regula es la relativa a los derechos reales, por lo que no hay cabida para alegar un incumplimiento contractual, propio de los derechos personales. De seguido se argumentó la falta de prueba en cuanto a la existencia de construcciones y su ubicación. Dicho alegato deviene en novedoso. En efecto, acudiendo a la contestación de la demanda, la teoría del caso que la parte demandada desplegó en aquella ocasión, iba dirigida en el sentido de que la servidumbre ecológica era parcial y no total, por lo que se permitía la realización de ciertas obras. Aunque no lo acepta expresamente, indica que lo supuestamente ocurrido no se enmarca en las limitaciones de la servidumbre, por lo que tampoco niega que haya realizado obras, lo que implica que la omisión que apunta en cuanto a la descripción y ubicación de las obras realizadas, deviene en innecesaria. En adición, las críticas que realiza con relación a la valoración de la prueba no vienen al caso, dado que precisamente se refieren a la existencia y ubicación de obras dentro de la servidumbre. Contrario a lo afirmado en el recurso, no se requería de la existencia de un hecho no probado para la correcta solución de este caso. Por aparte, quien recurre se refiere a la fundamentación jurídica efectuada en la sentencia. Se refiere a la interpretación del ordinal 373 del Código Civil, el que cita textualmente. Cita además parte del considerando IV de la sentencia, en lo tocante a las limitaciones que debe soportar el propietario del fundo sirviente, así como un antecedente de la Sala Primera sobre dicha norma. A partir de allí, se refiere al criterio que debe imperar en el modo de ejercicio de la servidumbre. Reprocha el que en la sentencia en forma indebida se interpreta la norma de fondo, cuando la misma permite en el ejercicio de la servidumbre llevar a cabo variaciones, lo que ni fue valorado ni se aplicó correctamente. No obstante todo lo que indica, no expone en una forma clara y precisa cuáles son las variaciones que llevó a cabo en la servidumbre, que no había que considerar como perjudiciales a los derechos del actor, lo que era ineludible a fin de establecer si hubo una afectación escénica al fundo dominante. Esto hace que sus reclamos pequen de vagos e imprecisos, no pudiéndose constatar la indebida apreciación de la prueba, y por ende, una inadecuada interpretación del ordinal 373 del Código Civil. En cuanto a la ausencia de un reconocimiento judicial, no se expone el porqué ese medio de prueba era más idóneo que las fotografías aportadas, ni el porqué estas por el simple hecho de haber sido aportadas por la contraparte carecían de valor probatorio. Luego de ello se refiere a aspectos ya abordados en este voto como el relativo al de la posesión momentánea y actual. Importante mencionar que en forma alguna alega o acredita quien recurre, que las obras efectuadas no afectan la belleza escénica de la servidumbre en cuestión. Como el tema del derribo se enfoca desde la perspectiva de la posesión, se remite a lo ya dicho anteriormente. En todo caso, lo que se ordena es destruir todo lo construido dentro de la servidumbre, lo que primeramente no se ve el cómo afecte los derechos de a parte demandada; segundo, que tampoco acreditó la parte que las obras que hubiere en esa condición, lo fueren al amparo de la ley. En cuanto a cómo debió fallar el Juzgado, por todo lo ya dicho, la pretensión impugnaticia de acoger las excepciones planteadas no debe prosperar. Ciertamente la fundamentación contenida en la sentencia de primera instancia es por demás escueta, suscinta, sin embargo, a la luz de las protestas que se plantea en el recurso de apelación, no hay motivo alguno para reprochar lo resuelto. El segundo agravio se refiere a las costas. Refiere quien apela que su conducta se apegó a la lealtad, probidad y buena fe, con lo que se incumple con lo previsto en los artículos 3.1, 4.2, 41 párrafo final y 73.2.4 del Código Procesal Civil, ello para exonerar a su representada. Agrega que se confunde costas y honorarios de abogado. En primer término, la condena viene por imperativo legal para el vencido. Tal es el mandato del ordinal 73.1 del Código Procesal Civil. En cuanto a los motivos por los cuales la parte considera se le debió eximir a pagar costas, se trata de una facultad del juzgador, y como tal, si a utiliza o no, no puede ser objeto de control por parte del superior. En el caso que nos ocupa no se observa que la forma en que se resolvió el tema de las costas haya sido arbitrario. Finalmente, en lo que si lleva razón la parte, es en lo tocante a la confusión entre costas y honorarios de abogado. En la sentencia se fija una suma de dinero por concepto de honorarios de abogado, cuando lo correcto es que dicha suma responde por las costas del proceso en los términos del 73.1 del Código Procesal Civil. VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Por todo lo expuesto y en lo que fue objeto de recurso de apelación, se CONFIRMA la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Únicamente se modifica para que se entienda que el monto otorgado por la suma de un millón cuatrocientos mil colones, lo es por concepto de costas del proceso y no por concepto de honorarios de abogado. POR TANTO Por todo lo expuesto y en lo que fue objeto de recurso de apelación, se CONFIRMA la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Únicamente se modifica para que se entienda que el monto otorgado por la suma de un millón cuatrocientos mil colones, lo es por concepto de costas del proceso y no por concepto de honorarios de abogado.rcampose SCKOMLXXVZU61 RODRIGO CAMPOS ESQUIVEL - DECISOR/A L7VUDK7VBNK61 XINIA MARIA ESQUIVEL HERRERA - DECISOR/A EL6B0UHR43UI61 MARIELA CORTES GARCÍA - DECISOR/A EXP: 23-000251-0388-CI Guanacaste, Liberia, de Pizza Hut 200 metros sur y 25 metros este Teléfonos: 2665-1628 ó 2665-1644. Fax: 2665-1659. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:23:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Civil and Labor Appeals Tribunal of Guanacaste, Liberia Seat, Civil Division Resolution No. 00164 - 2024 Resolution Date: May 31, 2024, at 2:05 p.m. Expediente: 23-000251-0388-CI Drafted by: Rodrigo Campos Esquivel Case Type: Interdictal Proceeding Analyzed by: JURISPRUDENCIAL INFORMATION CENTER Text of the resolution EXPEDIENTE: 23-000251-0388-CI - 5 PROCEEDING: INTERDICT PLAINTIFF: ROMANOR R.M SOCIEDAD ANONIMA DEFENDANT: TUANIS GUANACASTE LIMITADA JUDGMENT No. N° 2024000164 CIVIL AND LABOR APPEALS TRIBUNAL OF GUANACASTE (LIBERIA SEAT) (CIVIL DIVISION).- At fourteen hours and five minutes on the thirty-first of May, two thousand twenty-four.- HEADING SUMMARY INTERDICTAL PROCEEDING before the Civil Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, under expediente number 23-000251-0388-Ci, filed by ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general attorney-in-fact Romolo Giuseppe Angelotti, against TUANIS GUANASTE LIMITADA, represented by PHILIPPE da HORTA, both with known qualifications and residence in the records. Appearing as special judicial attorneys for the parties are, respectively, Oscar Guevara Arias and Alfredo Andreoli González. Drafted by Judge Campos Esquivel CONSIDERANDO I.- The Civil Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, by first-instance judgment No. 2024000042, at sixteen hours and twenty-six minutes on the eighth of February, two thousand twenty-four, resolved: "POR TANTO: By reason of the foregoing, the present interdictal complaint (demanda interdictal) filed by ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA against TUANIS GUANACASTE LIMITADA is DECLARED GRANTED IN ITS ENTIRETY. The interdictal claim is upheld, with the plaintiff commercial entity ROMANOR R.M. SOCIEDAD ANÓNIMA being deemed disturbed in its right of possession (derecho de posesión) by the defendant TUANIS GUANACASTE LIMITADA, due to the transgression of the area designated as an ecological easement (servidumbre ecológica). The defendant TUANIS GUANACASTE LIMITADA is ordered to demolish any construction works located within the three-meter-wide area that perimetrically surrounds property 5-224478-000, which constitutes an ecological easement (servidumbre ecológica) for which the indicated property is the servient tenement (fundo sirviente). The referenced easement area is to be restored to its original state by the defendant TUANIS GUANACASTE LIMITADA. TUANIS GUANACASTE LIMITADA is prohibited from again performing any disturbing act, whether by its own hand or through an intermediary, in the area designated as an ecological easement (servidumbre ecológica) for which farm 5-224478-000 is the servient tenement (fundo sirviente). The losing party is ordered to pay the costs of this proceeding, with attorney's fees set at the sum of ONE MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND COLONES; procedural costs shall be settled in the execution phase.- Milkyan Sánchez Aguilar, Judge. MSANCHEZAG." (sic). II.- ADMISSIBILITY OF THE APPEAL: Article 65.1 of the Civil Procedure Code (Ley N° 9342) establishes the principle of availability of appeals, according to which: "Judicial resolutions may only be challenged by the means and in the cases expressly established." This obliges a priority analysis of the admissibility of the appeal, after which, should it be admissible, it must be verified whether it was filed in a timely manner, and finally, whether it is duly substantiated as required by Article 67.6 ibidem. First, the appealed resolution is the first-instance judgment granting the complaint. Said resolution does indeed provide for an appeal, by virtue of Articles 65.5 and 67.5 of the Civil Procedure Code. Regarding timeliness, Article 67.1, second paragraph, of the Civil Procedure Code provides that for judgments, the period to appeal shall be five days. The last party was notified via email on the eighth of February, two thousand twenty-four. For that medium, Article 38 of the Notifications Law provides that the person shall be deemed notified on the business day following the transmission or respective deposit, which in this specific case is February ninth. According to the mentioned norm, the period begins to run on the following business day, which is February twelfth. The period therefore expired on February sixteenth. Given that the party appealed by motion filed on 02/15/2024 (electronic file), it is clear that the challenge was filed in a timely manner. Moreover, the appeal is duly substantiated, as seen in the incident file. Consequently, the requirements for admissibility, timeliness, and substantiation of the appeal are met. III.- STATEMENT OF GRIEVANCES: As indicated in the preceding considerando, the party expressed grievances in its respective appeal, referring to the brief visible in images one hundred thirty-eight to one hundred forty-four of the virtual case file. Considering a complete transcription unnecessary, a brief summary of the aspects debated in the challenged resolution and the allegations of the appeal will be described in the following considerando, and its relevance will then be assessed, in accordance with Article 61.2, final paragraph, of the Civil Procedure Code. Likewise, Article 65.6 of the same regulatory body establishes that "The appeal shall be considered only with respect to what is unfavorable to the appellant. The resolution may not be amended or revoked in matters not subject to disagreement, unless the variation in the challenged part necessarily requires modifying other points of the appealed resolution or if necessary to correct inconsistencies, ambiguities, obscurities, or material errors..."; hence, the jurisdiction of the appellate tribunal is limited to that extent. IV.- The statement of PROVEN FACTS (HECHOS PROBADOS) contained in the FIRST-INSTANCE JUDGMENT is ENDORSED in its entirety, as it is consistent with the evidentiary elements arising from the case file. V.- ON THE MERITS: As described in the preceding considerandos, the special judicial attorney for the defendant corporation filed an appeal against the first-instance judgment, which granted the interdictal complaint (demanda interdictal) filed against it. The analysis of the raised objections follows. Once the proceeding was identified and the respective appeal introduced, the legal representative of the defendant began his challenge by literally quoting the operative part of the first-instance judgment, after which he refers to a first ground for nullity, which he calls improper valuation of evidence and improper interpretation of Article 373 of the Civil Code. Absence of a proven fact regarding momentary and current possession (posesión momentánea y actual), since, in his opinion, none exists to give rise to the interdict. He adds that "The photographic evidence, like any other, was prepared by the plaintiff corporation and lacks value, since it should at least have used the means of proof granted by Article 49 of the Civil Procedure Code or anticipated an inspection for proof, all of which is sorely missed." Next, he objects that proven fact four refers to matters typical of an ordinary proceeding for contractual breach, and not of an interdict, where the type of constructions and where they were built were held as proven without confirmation. Without prejudice to delving further into this grievance later on, the Tribunal considers it to be without merit. First, as indicated supra, the appellant argues that the first-instance judgment makes no reference to momentary and current possession (posesión momentánea y actual), which in his opinion was paramount to granting the interdict. While what he asserts is correct in principle, the truth is that the particularities of the case at hand require a different treatment from other cases. First of all, the defendant acknowledged the existence of an easement (servidumbre), which is, incidentally, ecological. The certification in image 28 includes a brief description, stating its purpose is to "conserve vegetation-ecosystem-natural resources.preserve scenic beauty and landscaping." The foregoing implies that according to the typology of ecological easements (servidumbres ecológicas) and their function and content, the described one qualifies as a scenic ecological easement (ARTAVIA BARRANTES, Sergio and another. Los interdictos (en material civil, agraria, ambiental y contenciosa). Editorial Jurídica Faro, 2017, pp. 410-411). In that vein, it is a continuous, non-apparent easement, meaning it requires no human activity for its existence, nor are there signs identifying it. This results in its protection through interdictal proceedings requiring its registration in the registry, but not effective acts of exercising possession. In that vein, being an easement, the governing law relates to property rights, so there is no room to allege a contractual breach, which pertains to personal rights. Next, the lack of evidence regarding the existence of constructions and their location was argued. This allegation becomes novel. Indeed, referring to the response to the complaint, the case theory the defendant deployed at that time was directed toward the idea that the ecological easement (servidumbre ecológica) was partial and not total, such that certain works were permitted. Although it does not expressly admit it, it indicates that what supposedly occurred does not fall within the limitations of the easement, and therefore it also does not deny having carried out works, which implies that the omission it points out regarding the description and location of the works performed becomes unnecessary. Additionally, the criticisms raised regarding the valuation of evidence are beside the point, as they precisely refer to the existence and location of works within the easement. Contrary to what was asserted in the appeal, the existence of an unproven fact was not required for the correct resolution of this case. Furthermore, the appellant refers to the legal reasoning provided in the judgment. It refers to the interpretation of Article 373 of the Civil Code, which it quotes literally. It also quotes part of Considerando IV of the judgment, regarding the limitations the owner of the servient tenement (fundo sirviente) must bear, as well as a precedent from the First Chamber on that norm. From there, it refers to the criterion that should govern the manner of exercising the easement. It objects that the judgment improperly interprets the substantive norm when it allows variations in the exercise of the easement, which was neither assessed nor correctly applied. Despite everything stated, it does not clearly and precisely state what variations it carried out in the easement that should not have been considered harmful to the plaintiff's rights, which was unavoidable in order to establish whether there was a scenic impact on the dominant tenement (fundo dominante). This renders its complaints vague and imprecise, making it impossible to verify an improper appreciation of evidence, and therefore an inadequate interpretation of Article 373 of the Civil Code. Regarding the absence of a judicial inspection (reconocimiento judicial), it does not explain why that means of proof was more suitable than the photographs provided, nor why these, simply because they were provided by the opposing party, lacked probative value. After that, it refers to aspects already addressed in this decision, such as that regarding momentary and current possession (posesión momentánea y actual). It is important to mention that the appellant in no way alleges or proves that the works performed do not affect the scenic beauty of the easement in question. Since the issue of demolition is addressed from the perspective of possession, reference is made to what was previously stated. In any case, what is ordered is to destroy everything built within the easement, for which, first, it is unclear how it affects the defendant's rights; second, the party also failed to prove that any works existing in that condition were done legally. Regarding how the Court should have ruled, for all the reasons stated, the challenge seeking to uphold the filed exceptions must not prosper. Certainly, the reasoning contained in the first-instance judgment is exceedingly succinct, but in light of the objections raised in the appeal, there is no reason to object to what was resolved. The second grievance refers to costs. The appellant claims that its conduct adhered to loyalty, probity, and good faith, thereby failing to comply with Articles 3.1, 4.2, 41 final paragraph, and 73.2.4 of the Civil Procedure Code, in order to exonerate its represented party. It adds that costs and attorney's fees are confused. First, the condemnation comes by legal imperative for the losing party. Such is the mandate of Article 73.1 of the Civil Procedure Code. As for the reasons the party believes it should have been exempted from paying costs, this is a power of the judge, and as such, whether it is used or not cannot be subject to review by the superior court. In the case at hand, the way the issue of costs was resolved does not appear to have been arbitrary. Finally, the party is correct regarding the confusion between costs and attorney's fees. The judgment sets a sum of money for attorney's fees, when what is correct is that said sum corresponds to the costs of the proceeding within the terms of Article 73.1 of the Civil Procedure Code. VI.- FINAL CONSIDERATIONS: For all the foregoing and with respect to what was the subject of the appeal, the FIRST-INSTANCE JUDGMENT is CONFIRMED. It is only modified so that the amount granted in the sum of one million four hundred thousand colones is understood as costs of the proceeding and not as attorney's fees. POR TANTO For all the foregoing and with respect to what was the subject of the appeal, the FIRST-INSTANCE JUDGMENT is CONFIRMED. It is only modified so that the amount granted in the sum of one million four hundred thousand colones is understood as costs of the proceeding and not as attorney's fees.rcampose SCKOMLXXVZU61 RODRIGO CAMPOS ESQUIVEL - JUDGE L7VUDK7VBNK61 XINIA MARIA ESQUIVEL HERRERA - JUDGE EL6B0UHR43UI61 MARIELA CORTES GARCÍA - JUDGE EXP: 23-000251-0388-CI Guanacaste, Liberia, 200 meters south and 25 meters east of Pizza Hut. Telephone: 2665-1628 or 2665-1644. Fax: 2665-1659. Email: [email protected] Is faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:23:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República