Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Esta cámara es del criterio que la parte que alega el error de prohibición, el que incluye el de tipo, es quien está obligada a acreditarlo, dado que es procesalmente complejo que el actor penal desacredite probatoriamente un alegato que conoce hasta el debate. Sobre este tema, el profesor Castillo González indicó lo siguiente: “… es necesario recordar que hay una diferencia radical entre la prueba del dolo de tipo y la prueba del conocimiento de lo injusto. … En el caso del conocimiento de lo injusto, el acusado debe aportar hechos o circunstancias que demuestren la ausencia de un conocimiento actual o potencial de lo injusto, y en el caso de que lo alegue, la existencia de un error inevitable de un error de prohibición. … no es necesario un conocimiento actual de lo injusto para la declaratoria de la culpabilidad pero si el agente no prueba la ausencia de conocimiento actual o no establece por lo menos la existencia de un error evitable (conocimiento potencial) actual de lo injusto, sin que valga en esta materia el principio de indubio pro reo”.
English (translation)This chamber holds the view that the party alleging a mistake of law, which includes a mistake of fact, is the one obligated to prove it, given that it is procedurally difficult for the prosecution to disprove an allegation it only learns of at trial. On this subject, Professor Castillo González stated: '... it must be remembered that there is a radical difference between proving intent (dolo) and proving awareness of wrongdoing. ... In the case of awareness of wrongdoing, the accused must provide facts or circumstances demonstrating the absence of actual or potential knowledge of the illegality, and if alleged, the existence of an unavoidable mistake of law. ... actual knowledge of the illegality is not required for a finding of guilt, but if the accused fails to prove the absence of actual knowledge or at least establish the existence of an avoidable mistake (potential knowledge) of the illegality, the principle of in dubio pro reo does not apply in this matter.'
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 01024 - 2024 Fecha de la Resolución: 18 de Junio del 2024 a las 09:55 Expediente: 21-000033-0573-PE Redactado por: Raúl Madrigal Lizano Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto unánime Temas (descriptores): Error de prohibición Subtemas: Carga de la prueba para demostrar la ausencia de un conocimiento actual o potencial de lo injusto recae sobre el imputado. Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Declaración universal de derechos humanos Sentencias en igual sentido Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2024-1024 Expediente: 21-000033-0573-PE. TRIBUNAL PENAL DE APELACIÓN ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea), a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día dieciocho de junio del año dos mil veinticuatro.- RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 005], c.c. [Nombre 002], mayor de edad, costarricense, unión libre, cédula de identidad [Valor 001], nacido en Garabito Tarcoles Puntarenas 29 de abril de 1961 hijo de [Nombre 003] y de [Nombre 004], desempleado porque es invalido, recibe ayudas, a veces labora de chatarrero, vecino de Heredia, Sarapiquí, Chirriposito, causa por delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público en su modalidad de Usurpación de Zona Protegida, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Raúl Madrigal Lizano, Edwin Salinas Durán y la jueza Hannia Soto Arroyo. Se apersona en esta sede, la licenciada Marielena Guevara Castillo, en su condición de defensora pública del justiciable [Nombre 005]. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia oral número 305-2023, de las ocho horas veintisiete minutos del treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés, el TRIBUNAL DE JUICIO DE HEREDIA, SEDE SARAPIQUÍ, Puerto Viejo, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y con sustento en los artículos 1, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 7, 35, 36, 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 1, 4, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 45, 71, del Código Penal; articulo 58 inciso a) de la Ley Forestal; artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 45, 62, 63, 81, 82, 140, 142, 144, 265, 360, 361, 363, 364, 365 y 367 del Código Procesal Penal, este Tribunal declara a [Nombre 005], autor responsable de UN DELITO de INVASIÓN DE UN ÁREA PROTEGIDA, cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, por el cual se le impone como pena el tanto de TRES MESES DE PRISIÓN, que deberá en el centro carcelario que los reglamentos penitenciarios indiquen, previo abono de la preventiva sufrida. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 a 62 del Código Penal, SE LE OTORGA AL SENTENCIADO EL BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, por reunir los requisitos de ley y por un PERÍODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS, durante los cuales el condenado deberá de abstenerse de cometer otro delito doloso de pena superior a seis meses de prisión, o de lo contrario se le podrá revocar el beneficio que aquí se le otorga, y deberá purgar ambas penas impuestas. Se ordena la restitución de las cosas a su estado natural; una vez firme la sentencia deberá el Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentarse al sitio con oficiales de Fuerza Pública, y con los instrumentos y la maquinaria necesaria hacer el derribo de las construcciones que se encuentran dentro de lugar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Firme esta sentencia inscríbase ante el Registro Judicial y remítanse los testimonios de estilo ante el Instituto Nacional de Criminología y el Juzgado de Ejecución de la Pena. Oportunamente archívese el presente expediente y sáquese del libro de entradas del despacho. Quedan todas las partes notificadas de lo anterior por la vía de la oralidad. El respaldo de lo resuelto se deja a disposición de las partes, se desean una copia deberán aportar al Tribunal un dispositivo de almacenamiento portátil. Lo anterior se encuentra registrado en el sistema de grabación de la sala de debates del Tribunal de Juicios de Sarapiquí, bajo el número único del expediente. GBOGANTES.- Lic. Henry Segura Hernández Juez de Juicio Tribunal de Juicio de Heredia Sede Sarapiquí." (sic). II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Marielena Guevara Castillo, en su condición de defensora pública del justiciable [Nombre 005], interpuso el recurso de apelación de sentencia penal, mismo que es resuelto por la presente integración del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el juez de apelación de sentencia Madrigal Lizano; y, CONSIDERANDO: I.- La licenciada Marielena Guevara Castillo, en su condición de defensora pública del justiciable [Nombre 005], formuló, en tiempo y forma, recurso de apelación en contra de la sentencia oral N° 305-2023, de las 08:27 horas, del 31 de octubre de 2023, emitida por el Tribunal Penal de Heredia, sede Sarapiquí. En su único motivo alega “errónea fundamentación intelectiva en el análisis de la valoración de la prueba testimonial y documental respecto a los hechos probados, faltando a las reglas de la derivación, la sana crítica, así como el principio de in dubio pro reo, violentando el debido proceso”. Ampara su reclamo en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 2, 6, 9, 142, 184, 361, 363 y 365 del Código Procesal Penal. Después de una breve introducción relativa a la trascendencia de la debida fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, la abogada Guevara Castillo sostiene que el fallo impugnado omitió efectuar un correcto examen de las probanzas evacuadas en el contradictorio y, con ello, trasgredió las reglas de la derivación y la sana crítica racional, lo que genera el vicio de errónea fundamentación. Estima que no debió recaer una sentencia condenatoria en contra de su defendido, esto por insuficiencia probatoria, pues el material no fue amplio para acreditar la responsabilidad penal del endilgado y, al contrario, de las probanzas surgía una duda razonable. Menciona que su estrategia del caso fue que existía un error de tipo en la representación que tenía el justiciable de la zona, el que se fundamentó en dos aristas: (i) que el acusado actuó bajo la falsa premisa de que la propiedad pertenecía a su padre, pues así lo había conocido desde años atrás y (ii) que el inmueble fue obtenido de manera legítima, ello mediante la compra a un tercero. Destaca que, uno de los elementos objetivos del tipo penal, es el pleno conocimiento que debe tener el autor del delito de que ocupa de manera anormal o irregular un lugar, en este caso, dentro de un área de protección y sin contar con los permisos de la Administración Pública. Estima que esta última circunstancia no quedó demostrada en este asunto. Señala que el juez a quo indicó que el testigo Junior Andrey Leiva Nájera, al ser un profesional, no podía dar datos inexactos, en referencia a que era un funcionario público y, bajo tal carácter, tenía la obligación de decir verdad. Subraya que sus alegaciones no están dirigidas a cuestionar o restar credibilidad al testimonio del deponente Leiva Nájera o, bien, a desvirtuarlo, pues, en su opinión, su relato fortaleció el brindado por el imputado, en el sentido de que fue claro en señalar que, la porción de terreno que inspeccionó, lo hizo sin los dispositivos de apoyo propios de su profesión y que no le era posible ubicar el punto dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado. Agregó que, según dijo el testigo, la zona no está marcada, pero, por el conocimiento de sus compañeros, que tienen tiempo de trabajar en el sitio, supo su ubicación e, incluso, “previamente señaló, “tenemos un sheriff, un archivo, es un plano, abre, esas son las dimensiones que corresponden al refugio, ahí se verifica, en un campo, nosotros para tener punto exacto, verificamos en la computadora, se verifica con el GPS. Rayas, se ubica en el expediente, un mapa” A preguntas de esta representación amplió haciendo saber “sin el dispositivo, de mi parte, no lo lograría, los compañeros, conocen las áreas” (copia literal de la página 79). La impugnante alega que, si al testigo Leiva Nájera, quien cuenta con formación profesional, se le dificultó ubicar el punto como parte del Refugio ya citado y, por tanto, como área protegida, con mucha más razón, el encartado desconocía tal situación. En apoyo de su argumento, plantea que el justiciable es una persona que casi no sabe leer ni escribir, por cuanto únicamente alcanzó el tercer grado de la educación primaria, lo que, analizado en conjunto con la anterior circunstancia, permite identificar que el encartado se encontraba bajo la ignorancia de que la zona fuera un área protegida, máxime que no se encontraba debidamente delimitada ni rotulada con la advertencia de los límites del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Precisa que el tribunal de instancia, sobre este tema, fundamentó que la verificación fue hecha por un funcionario del S.I.N.A.C., quien es profesional y debía asegurarse de que el punto era área de conservación. La licenciada Guevara Castillo considera que tal razonamiento es erróneo, por cuanto ello no fue un aspecto cuestionado por la defensa, sino el que antes se citó, relativo a cómo pudo haber adquirido el imputado el conocimiento de que el terreno estaba dentro del área del Refugio si el testigo no podía hacerlo sin contar con los dispositivos adecuados. Reitera que, a lo anterior, debe sumarse que la administración incumplió con su obligación de delimitar los límites del Refugio, pues el sitio carecía de marcación y advertencia alguna, según lo comentó el testigo Leiva Nájera. Insiste en su alegato y añade que el conocimiento de que el área estaba fuera del Refugio va más allá de lo que se puede establecer a simple vista al no existir demarcación alguna. Destaca que otro elemento que incidió en la siquis del encartado, así como en su conocimiento, es el hecho de que, en su criterio y el de su familia, tal porción de terreno fue obtenida de manera legítima por su padre desde años atrás. La impugnante considera que el razonamiento del a quo para desvirtuar el anterior argumento está viciado, en virtud de que omitió considerar que la tasación de la prueba está vedada en nuestro sistema procesal y, por tal motivo, con la finalidad de darle una solución correcta al caso, debió aplicarse el principio de libertad probatoria, lo que apoya con un extracto de la resolución N° 2004-514, de las 12:50 horas, del 14 de mayo de 2004 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, relativo a lo previsto en el numeral 182 del Código Procesal Penal. Menciona que el juzgador de instancia indicó que el sindicado debió presentar un documento que respaldara su dicho; sin embargo, reitera la defensora, el exigir un documento para dotar de credibilidad dicho relato se traduce en tasación de la prueba, en virtud de que tal circunstancia fue ratificada por el testigo [Nombre 008], quien aseguró que la persona que adquirió el terreno fue su padre y que ello sucedió cuando era muy joven, entre aproximadamente 12 o 15 años, no 15 o 17 años, como aseveró el a quo. Destaca que, con base a la edad que indicó tener el deponente, podría hablarse que tal adquisición se dio en 1982, sea en años anteriores a la constitución del Refugio, lo que se dio en 1985. Menciona que el funcionario del S.I.N.A.C. expuso que, al ser un refugio mixto, existía distintas formas de probar la ocupación legítima del terreno, una de ellas, es acreditar la posesión antes del 1985, lo que puede demostrarse vía documental o testimonial, como en este caso y reitera su argumento. Opina que los relatos del justiciable y del testigo de descargo son creíbles, sin que se cuente con otro elemento probatorio que los desvirtúe, para, de seguido, repetir su argumento. Insiste en que las anteriores circunstancias excluyen que el imputado actuara de manera dolosa y, por tanto, no podía emitirse una sentencia condenatoria en su contra, lo que apoya con las síntesis de las resoluciones N° 214-2023, de las 16:17 horas, del 9 de mayo de 2023, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste y N° 284-2021, de las 12:00 horas, del 17 de marzo de 2021 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón. Repite su argumento, pero agrega que los hermanos del justiciable lo enviaban a cuidar la propiedad en cuestión “ante la desupación (sic) de su padre”, para volver a insistir en su argumento. Por otro lado, la abogada Guevara Castillo reclama que el a quo incumplió el debido proceso, por cuanto el ordenamiento procesal costarricense es claro en establecer que la sentencia debe contener, como cuadro fáctico, el establecido por el actor penal, siendo que no puede tener por acreditados otros hechos o circunstancias que las descritas en la acusación, esto después de un exhaustivo examen del material probatorio. Después de transcribir el único evento acreditado, reitera que contiene un vicio de falta de fundamentación por violación a la derivación y, en síntesis, destaca que no este no podía tenerse por probado porque no se desprendía de ningún elemento probatorio y, de seguido, vuelve a describir el hecho. Señala que el tribunal de mérito incurrió en una errónea valoración de la prueba porque el testigo Leiva Nájera fue claro en indicar dos circunstancias: (i) que se ubicaron 4 personas en el lugar: dos hombres y dos mujeres y (ii) que no se detuvo a nadie porque no se encontró a ninguna persona realizando un daño en el sitio. Por tales motivos, en su opinión, era evidente que no se podía acreditar que los actos de invasión descritos en la acusación fueran efectivamente causados por el encartado y, por ende, el juzgador de mérito no podía tenerlos por acreditados. Destaca que el a quo estimó que, según las fotografías que constan en el expediente, se observaba que las matas de plátano y la yuca eran recientes; sin embargo, reclama la apelante, el error consiste en que, si bien existen los cultivos, no indicó cómo arribó indubitablemente a la conclusión de que fueron sembrados por el encausado y no por alguna de las tres personas restantes que se ubicaron en el lugar o, bien, por terceros ajenos. Menciona que igual situación ocurre con las construcciones localizadas en el área, las cuales indicó el juzgador de instancia no eran de meses antes, lo que apoyó con el testimonio de Leiva Nájera. En opinión de la impugnante, la anterior información es insuficiente para acreditar que fuera el encartado quien realizó las construcciones, siendo que incluso la duda debió favorecer al acusado, pues el mismo deponente, ante preguntas del juzgador, explicó que las edificaciones eran de piezas de madera y, por ello, era difícil determinar si eran nuevas o viejas. Destaca que el testigo de descargo informó que las construcciones ya se encontraban en el sitio cuando el imputado las habitó y, si bien el juzgador de mérito no dotó de credibilidad su relato, aun suprimiéndolo, no era posible acreditar que las hubiera hecho el sindicado. Reitera su argumento, pero agrega un extracto de la resolución N° 2994-2000, de las 8:30 horas, del 14 de abril de 2000, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Concluye su alegado indicando lo siguiente: “Si el Ministerio Público pretendía tener como probado la delincuencia atribuida a mi representado conforme fue acusada y asimismo, el Tribunal, la relación de hechos debió haber sido otra, siendo que lo que se comprueba es una habitación por parte del mismo en el lugar para el momento en que los personeros del SINAC visitan la zona, sin embargo, no se describe en los hechos que sea esa habitación lo que se estaba imputando, como parte de la comisión del hecho punible, sino una serie de actos que no pudieron acreditarse fueran realizados de manera inequívoca por [Nombre 005]” (copia literal tomada de las páginas 82 y 83). Como agravio, expone que la sentencia recurrida está viciada al incurrir en una errónea valoración de la prueba, lo que genera una transgresión al principio in dubio pro reo, de las reglas de la derivación, así como de la sana crítica racional, y, con ello, afectó el debido proceso, de ahí que ocasionó una sentencia injusta en contra del encartado. Gestiona que se declare con lugar el recurso; se anule la sentencia impugnada; y se disponga el reenvío de este asunto. Posición del Ministerio Público: No consta que el actor penal se hubiera pronunciado respecto al recurso de apelación formulado por la defensora Marielena Guevara Castillo. II.- No ha lugar: Del estudio de la resolución apelada, la cual fue expuesta oralmente y se encuentra debidamente registrada en el archivo audiovisual 210000330573PE-31102023082706-2_Multi, no aprecia esta cámara que contenga los vicios enunciados por el recurrente. La valoración probatoria se puede escuchar a partir del marcador horario 20:41 y, en criterio de esta cámara, cumple con los estándares mínimos previstos en los numerales 142 y 184 del Código Procesal Penal. En lo que ha sido objeto del recurso, el juzgador de instancia estimó que el relato del justiciable y la declaración del testigo de descargo, el señor [Nombre 008], no eran creíbles porque fueron contradictorios en los siguientes aspectos: (i) sobre la existencia o no del documento donde constaba la supuesta venta del terreno a favor del padrastro de ambos, el señor [Nombre 009], de parte del señor [Nombre 010], pese a que ellos son personas interesadas en la propiedad, en virtud de que el justiciable señaló que lo tenía, pero se le quemó, mientras que el testigo precisó que el traspaso no se documentó; (ii) sobre la ubicación de la vivienda del endilgado, pues este afirmó que aún habitaba en la zona invadida, mientras que el testigo indicó que su hermano vivía en Ticabán; (iii) sobre si el terreno objeto del debate es una isla o no, ya que el imputado destacó que sí lo era, mientras que el testigo, no hizo tal referencia; y (iv) el deponente [Nombre 008] afirmó que el terreno lo adquirió su padrastro hace 30 años o cuando él tenía entre 15 y 17 años, lo que conlleva una contradicción interna y, además, significaría que tal acto ocurrió en el año 1993, lo que implicaría que fue posterior a la creación del Refugio. Así mismo, en relación con el alegato defensiva vinculado al empleo de dispositivo tecnológico, el juzgador a quo indicó que el funcionario Junior Andrey Leiva Nájera, del Programa de Control y Protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, utilizó el GPS para asegurarse que la zona invadida estaba dentro de dicho Refugio y que, en su intervención, no se detuvo al encartado porque, al ser una zona protegida mixta, se le indicó que debía presentarse a las oficinas del SINAC para aportar la documentación respectiva de que posee la propiedad desde antes del año 1985, en que se creó el Refugio, lo que finalmente no hizo. También el a quo destacó que la posición de la defensa no se verificó, al no aportarse prueba suficiente para acreditar el relato del acusado vinculado a que creía que su posesión sobre el área invadida era legítima. Esta cámara estima que las anteriores razones son legítimas y válidas para descartar la postura del imputado. Ya propiamente sobre los alegatos recursivos, de la observación del archivo audiovisual 210000330573PE-30102023031445-2_Multi, donde se registró la declaración del testimonio de descargo, se verifica que, tal y como lo alega la recurrente, don [Nombre 008], ante una pregunta de la licenciada Guevara Castillo, respondió “con exactitud no sé el año en que mi padre adquirió la propiedad, yo era muy chamaco, podía andar entre 12 o 15, por ahí, tal vez, aproximadamente”. La primera observación es que el deponente suministró un dato aproximado, ya que expresamente admitió que le era imposible dar una fecha exacta. Al momento de rendir su testimonio, don [Nombre 008] contaba con 53 años de edad y, si se toma como parámetros las anteriores datos -entre 12 o 15 años-, se tendría que la aparente adquisición del terreno sucedió hace aproximadamente 41 o 38 años, lo que ubicaría el supuesto acto entre los años 1982 o 1985. Si bien tal referencia implica que el terreno aparentemente se adquirió antes de la creación del Refugio del Barra del Colorado, en 1985, no resolvería el conflicto lógico que advirtió el a quo relativo a la incongruencia referida por el deponente relativa a que la propiedad se adquirió hace 30 años, lo que ubicaría tal acto en 1993, mucho después de la creación del Refugio. Este argumento en sí no fue combatido por la impugnante. A lo anterior, debe añadirse que la recurrente no refutó las demás contradicciones, ya apuntadas, entre el relato del justiciable y la declaración de su hermano. Esto está relacionado íntimamente con otro de los temas propuestos en el recurso, donde se discutió la carga de la prueba del error invocado por la defensa. Al respecto, esta cámara es del criterio que la parte que alega el error de prohibición, el que incluye el de tipo, es quien está obligada a acreditarlo, dado que es procesalmente complejo que el actor penal desacredite probatoriamente un alegato que conoce hasta el debate. Sobre este tema, el profesor Castillo González indicó lo siguiente: “…es necesario recordar que hay una diferencia radical entre la prueba del dolo de tipo y la prueba del conocimiento de lo injusto. En el dolo de tipo, la carga de la prueba corresponde al acusador, sea que se considere que hubo intención, dolo directo o dolo eventual, pues sería inadmisible una sentencia condenatoria con dolo de tipo potencial. En caso de que el acusador no pueda establecer el dolo de tipo, vale respecto a la existencia del dolo, el principio de in dubio pro reo. En el caso del conocimiento de lo injusto, el acusado debe aportar hechos o circunstancias que demuestren la ausencia de un conocimiento actual o potencial de lo injusto, y en el caso de que lo alegue, la existencia de un error inevitable de un error de prohibición. Dado que el lugar del conocimiento de lo injusto no está en el dolo, sino en la culpabilidad y ésta es un juicio de reproche, el conocimiento de la antijuricidad la determina el juez mediante una valoración. El conocimiento de la antijuricidad es una valoración y no un acontecimiento psicológico del autor, como lo es el dolo de tipo. No es necesario un conocimiento actual de lo injusto para la declaratoria de la culpabilidad pero si el agente no prueba la ausencia de conocimiento actual o no establece por lo menos la existencia de un error evitable (conocimiento potencial) actual de lo injusto, sin que valga en esta materia el principio de indubio pro reo” (Castillo González, F. (2001) El Error de Prohibición, Editorial Juritexto, San José, pp. 138 y 139). No es impropio del principio de la libertad probatoria exigir un documento para verificar un aparente traspaso de una propiedad inmueble. Ello por cuanto la ley ubica este tipo de bienes entre aquellos que son inscribibles registralmente a efecto de ser oponibles a terceros, lo que significa, no otra cosa, que un traspaso de una propiedad requiere ser documentado. En este caso, se advierte que aparentemente no existe la posibilidad legal de poseer el inmueble, por cuanto este se encuentra registralmente a nombre de J.A.P.D.E.V.A., según explicó el testigo Leiva Nájera, lo que conduce preliminarmente a calificar de mala fe cualquier posesión de un terreno que es propiedad registrada a nombre de otra persona, salvo los alcances de la Ley N° 9205, los que no fueron alegados por la defensa. Aunque la recurrente no fue explícita de si el aparente traspaso fue del derecho de posesión o de la titularidad registral, claramente se requiere de un documento probatorio, aun bajo el supuesto de que sea el derecho de posesión, por cuanto así lo exige la ley, de que se requiere un título del antiguo poseedor. En otro orden de cosas, debe rechazarse el alegato relativo a que el juzgador de instancia no valoró el argumento defensivo de que, si el testigo de cargo ocupaba de dispositivos electrónicos para ubicar que el área invadida estaba dentro del Refugio, razonablemente tal circunstancia no la podía conocer el justiciable, quien es semianalfabeto. Al respecto, conviene transcribir integralmente la pregunta y su respuesta, conforme la siguiente fórmula: “Licenciada Guevara Castillo: Otra pregunta aclaratoria. No sé si la palabra está correcta. Usted refirió algo de un sheriff, eso lo entendí yo, que era como un GPS, es un dispositivo. Sin ese dispositivo, ¿cómo logra ubicar que está dentro del Refugio? ¿Es posible? Testigo Leiva Nájera: Ehh, bueno, de mi parte, no lo lograría, verdad, pero los compañeros que si ya conocen las áreas, ellos sí se lo facilitan, igual, este dispositivo del que le digo, este GPS, tiene un margen de error de -3 hasta -5 metros de distancia del punto donde uno lo marca, en un radio, por decirlo, y sí, creo que esa es la pregunta” (véase marcadores 56:20 a 57:22 del archivo audiovisual 210000330573PE-30102023014331-2_Multi). Como puede apreciarse de la anterior cita, el testigo Leiva Nájera ocupó del dispositivo GPS para determinar que la zona invadida estaba dentro del Refugio, porque no conocía la zona, a diferencia de sus compañeros de labores que habitualmente sí la frecuentan. El encartado, pese a no ser funcionario del SINAC, puede adscribirse en este último grupo, porque su relato gravita alrededor de que, desde hace más de 40 años, vive en el lugar y, ahí, aprendió las labores propias del campo, ello de la mano de su padrastro. De ahí que, precisamente por ser y conocer de la zona, era posible que supiera dónde estaban los límites del Refugio y, por tanto, sabía que la zona que ocupaba estaba dentro de este. Adicionalmente, conforme una respuesta anterior que el deponente Leiva Nájera suministró al inicio de su relato, el empleo de la tecnología fue para dotar de seguridad jurídica el informe que elaboró, es decir, asegurar indubitablemente que el sitio estaba dentro de los límites del Refugio, que fue la valoración que utilizó el juzgador para descartar el alegato defensivo. Véase que la defensa ni siquiera rebate que la zona invadida esté dentro de los límites del Refugio, lo que significa que admite tal circunstancia. Además, según expuso dicho testigo, sí existen advertencias de la ubicación del Refugio, ello durante el camino principal, a través de señales que dónde está. Es cierto que exactamente en la zona invadida no existía delimitación o advertencia alguna, pero, se reitera, el acusado era conocedor de la zona y, por tanto, es razonable suponer que ha transitado la vía principal, donde sí se hacen los señalamientos y las demarcaciones del Refugio. En ese sentido, al ser un área de conservación ambiental, es inviable, desde la óptica y la perspectiva de la sostenibilidad ecológica, la limitación mediante alambres, como lo exige la recurrente, pues ello implicaría un obstáculo en el intercambio de especies animales, al ser corredores biológicos. El último argumento de la defensora, vinculado a que no se acreditó que el encartado fuese la persona que construyó las edificaciones que yacían en el lugar o las plantaciones en este, es contradictorio con el posicionamiento del justiciable dentro de este proceso, quien no negó que viviera y ocupara el área invadida. Véase que, contrario al alegato recursivo, tanto las fotografías como el testimonio de Leiva Nájera dieron cuenta de que los sembradíos de yuca, malanga y maíz, así como las edificaciones, eran recientes, lo que ratificó cuando ellos se presentaron en la zona, cuando afirmó que tenía seis meses de ocuparla. De esta manera, no se aprecia que no hubiera una correlación entre la acusación, la prueba y la sentencia, como lo alega la impugnante, pues el material recabado en el contradictorio es contundente de que el imputado invadió un área de siete mil doscientos cincuenta y un metros con ochenta y cinco centímetros (7251.85) dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, terreno que ocupó y, dentro del cual, ejecutó actos propios de su posesión, como eliminar vegetación nativa de las márgenes del río y cambiar el uso del suelo con la construcción de una edificación en madera de aproximadamente diez metros por seis metros con veinte centímetros y sembrar distintas especies comerciales, con lo cual causó un grave daño al medio ambiente. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marielena Guevara Castillo, en su condición de defensora pública del justiciable [Nombre 005]. NOTIFÍQUESE. Raúl Madrigal Lizano Hannia Soto Arroyo Edwin Salinas Durán Jueza y Jueces del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada Expediente: 21-000033-0573-PE. Imputado: [Nombre 005]. Delito: Usurpación de Bienes de Dominio Público. Ofendido: Los Recursos Naturales. kmurillog Expediente N° 21-000033-0573-PE - Voto N°2024-1024 - Pág.: 1 ___________________________________________________________________________________________________ I Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5349, 2211-5350 ó 2211-5351. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:24:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ** **Resolution No. 01024 - 2024** **Date of Resolution:** June 18, 2024, at 09:55 **Case File:** 21-000033-0573-PE **Drafted by:** Raúl Madrigal Lizano **Type of matter:** Criminal appeal **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Type of content:** Unanimous vote **Topics (descriptors):** Error of prohibition **Subtopics:** The burden of proof to demonstrate the absence of current or potential knowledge of the wrongfulness rests on the accused. **International Regulations:** American Convention on Human Rights, Pact of San José, Universal Declaration of Human Rights **Judgments in the same sense International regulations** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the resolution** **Resolution: 2024-1024** **Case File: 21-000033-0573-PE.** **SPECIALIZED CRIMINAL APPEALS TRIBUNAL FOR ORGANIZED CRIME. First Judicial Circuit of San José (Serving as the T.A.S.P. Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea), at nine fifty-five hours, on the eighteenth day of June of the year two thousand twenty-four.-** **CRIMINAL SENTENCE APPEAL** filed in the present case against [Name 005], also known as [Name 002], of legal age, Costa Rican, common-law marriage, identity card [Value 001], born in Garabito Tarcoles Puntarenas on April 29, 1961, son of [Name 003] and [Name 004], unemployed because he is disabled, receives aid, sometimes works as a scrap dealer, resident of Heredia, Sarapiquí, Chirriposito, case for the crime of Usurpation of Public Domain Property in its modality of Usurpation of a Protected Zone, to the detriment of Natural Resources. Judges Raúl Madrigal Lizano, Edwin Salinas Durán, and Judge Hannia Soto Arroyo participate in the decision on the appeal. Attorney Marielena Guevara Castillo appears before this court, in her capacity as public defender of the accused [Name 005]. **WHEREAS:** **I.-** That by oral judgment number 305-2023, at eight hours twenty-seven minutes on October thirty-first, two thousand twenty-three, the TRIAL COURT OF HEREDIA, SARAPIQUÍ SEAT, Puerto Viejo, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and based on Articles 1, 7, and 8 of the American Convention on Human Rights; Articles 2, 9, and 10 of the Universal Declaration of Human Rights; Articles 7, 35, 36, 39, and 41 of the Political Constitution; Articles 1, 4, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 45, 71 of the Penal Code; Article 58 subsection a) of the Forest Law (Ley Forestal); Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 45, 62, 63, 81, 82, 140, 142, 144, 265, 360, 361, 363, 364, 365, and 367 of the Criminal Procedure Code, this Court declares [Name 005], responsible as the perpetrator of ONE CRIME of INVASION OF A PROTECTED AREA, committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, for which he is sentenced to the term of THREE MONTHS OF PRISON, to be served in the penitentiary center indicated by prison regulations, after crediting the preventive detention served. Pursuant to Articles 59 to 62 of the Penal Code, THE CONVICT IS GRANTED THE BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE, for meeting the legal requirements, for a PROBATIONARY PERIOD OF THREE YEARS, during which the convict must refrain from committing another intentional crime punishable by more than six months of imprisonment, or otherwise the benefit granted herein may be revoked, and he must serve both imposed sentences. The restoration of things to their natural state is ordered; once the sentence is final, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) must appear at the site with Public Force officers, and with the necessary instruments and machinery, demolish the constructions found within the place. Resolved without special order as to costs. Once this judgment is final, let it be registered before the Judicial Registry and send the official copies to the National Institute of Criminology and the Sentence Enforcement Court. In due course, archive this case file and remove it from the office's entry book. All parties are notified of the foregoing orally. The recording of the resolved matter is made available to the parties; if they wish a copy, they must provide the Court with a portable storage device. The foregoing is recorded in the recording system of the debate room of the Sarapiquí Trial Court, under the unique case file number. GBOGANTES.- Lic. Henry Segura Hernández Trial Judge Trial Court of Heredia Sarapiquí Seat." (sic). **II.-** That, against the preceding pronouncement, Attorney Marielena Guevara Castillo, in her capacity as public defender of the accused [Name 005], filed an appeal of the criminal sentence, which is resolved by the present panel of the Specialized Criminal Appeals Tribunal for Organized Crime, pursuant to agreement XXVI of the Superior Council of the Judiciary, in session number 53-2023, of June 23, 2023. **III.-** That, having conducted the respective deliberation in accordance with Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal. **IV.-** That the procedures have observed the pertinent legal requirements. Drafted by Appeals Judge Madrigal Lizano; and, **WHEREAS:** **I.-** Attorney Marielena Guevara Castillo, in her capacity as public defender of the accused [Name 005], filed, in a timely manner, an appeal against oral judgment No. 305-2023, at 08:27 hours, on October 31, 2023, issued by the Criminal Court of Heredia, Sarapiquí seat. In her sole ground, she alleges "erroneous intellectual reasoning in the analysis of the assessment of testimonial and documentary evidence regarding the proven facts, lacking the rules of derivation, sound criticism, as well as the principle of in dubio pro reo, violating due process." She bases her claim on Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 8 subsections 1 and 2 of the American Convention on Human Rights; and 1, 2, 6, 9, 142, 184, 361, 363, and 365 of the Criminal Procedure Code. After a brief introduction regarding the importance of proper reasoning in jurisdictional decisions, Attorney Guevara Castillo argues that the appealed judgment failed to conduct a correct examination of the evidence presented in the adversarial proceedings and, thereby, violated the rules of derivation and sound rational criticism, giving rise to the defect of erroneous reasoning. She considers that a conviction should not have been issued against her client due to insufficient evidence, as the material was not ample to prove the criminal liability of the accused, and, on the contrary, reasonable doubt arose from the evidence. She mentions that her case strategy was that there was an error of type in the perception the accused had of the area, based on two aspects: (i) that the accused acted under the false premise that the property belonged to his father, as he had known it for years, and (ii) that the property was obtained legitimately, through purchase from a third party. She emphasizes that one of the objective elements of the criminal type is the full knowledge that the perpetrator of the crime must have that they are occupying a place abnormally or irregularly, in this case, within a protected area and without permits from the Public Administration. She considers that this latter circumstance was not demonstrated in this matter. She points out that the trial judge (juez a quo) indicated that witness Junior Andrey Leiva Nájera, being a professional, could not provide inaccurate data, referring to the fact he was a public official and, under such status, had the obligation to tell the truth. She stresses that her allegations are not aimed at questioning or detracting from the credibility of the testimony of witness Leiva Nájera or, indeed, at invalidating it, since, in her opinion, his account strengthened that provided by the accused, in that he was clear in pointing out that he inspected the portion of land without the support devices of his profession and that he could not locate the point within the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado. She added that, according to the witness, the area is not marked, but, through the knowledge of his colleagues, who have worked at the site for a long time, he learned its location and even "previously pointed out, 'we have a sheriff, a file, it's a map, it opens, those are the dimensions that correspond to the refuge, there it is verified, in a field, for us to have the exact point, we verify on the computer, it is verified with the GPS. Lines, it is located in the file, a map.' Upon questioning by this representation, he expanded: 'without the device, on my part, I would not manage it; the colleagues know the areas'" (literal copy from page 79). The appellant argues that, if witness Leiva Nájera, who has professional training, had difficulty locating the point as part of the aforementioned Refuge and, therefore, as a protected area, the defendant was much more likely to be unaware of this situation. In support of her argument, she states that the accused is a person who can barely read or write, having only reached the third grade of primary education, which, analyzed in conjunction with the previous circumstance, allows one to identify that the defendant was ignorant that the area was a protected area, especially since it was not properly delimited or posted with warnings about the limits of the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. She specifies that the lower court, on this topic, reasoned that the verification was made by an official of SINAC, who is a professional and had to ensure that the point was a conservation area. Attorney Guevara Castillo considers such reasoning to be erroneous, since this was not an aspect questioned by the defense, but rather the one previously cited, concerning how the accused could have acquired knowledge that the land was within the Refuge area if the witness could not do so without the proper devices. She reiterates that, to the above, it must be added that the administration failed in its obligation to delimit the limits of the Refuge, as the site lacked any marking or warning, according to what witness Leiva Nájera stated. She insists on her argument and adds that the knowledge that the area was outside the Refuge goes beyond what can be established by plain sight given the absence of any demarcation. She highlights that another element that influenced the psyche of the defendant, as well as his knowledge, is the fact that, in his opinion and that of his family, such portion of land was legitimately obtained by his father years ago. The appellant considers that the reasoning of the trial judge to refute the preceding argument is flawed, because he failed to consider that the appraisal of evidence is prohibited in our procedural system and, for this reason, in order to give a correct solution to the case, the principle of freedom of evidence should have been applied, which she supports with an excerpt from resolution No. 2004-514, at 12:50 hours, of May 14, 2004, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, related to the provisions of Article 182 of the Criminal Procedure Code. She mentions that the lower court judge indicated that the defendant should have presented a document to support his claim; however, the defender reiterates, demanding a document to lend credibility to said account translates into an appraisal of evidence, because such circumstance was ratified by witness [Name 008], who assured that the person who acquired the land was his father and that this happened when he was very young, approximately between 12 or 15 years old, not 15 or 17 years old, as the trial judge asserted. She points out that, based on the age the witness stated he was, one could say that such acquisition occurred in 1982, that is, in years prior to the constitution of the Refuge, which occurred in 1985. She mentions that the SINAC official stated that, being a mixed refuge, there were different ways to prove the legitimate occupation of the land, one of them being to demonstrate possession before 1985, which can be proven via documentary or testimonial evidence, as in this case, and she reiterates her argument. She opines that the accounts of the accused and the defense witness are credible, and there is no other evidentiary element to refute them, and then repeats her argument. She insists that the foregoing circumstances exclude the possibility that the accused acted with intent, and therefore, a conviction could not be issued against him, which she supports with summaries of resolutions No. 214-2023, at 16:17 hours, of May 9, 2023, of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste and No. 284-2021, at 12:00 hours, of March 17, 2021, of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón seat. She repeats her argument, but adds that the accused's brothers sent him to take care of the property in question "due to the vacation (sic) of his father," and again insists on her argument. On the other hand, Attorney Guevara Castillo claims that the trial judge breached due process, because Costa Rican procedural law clearly establishes that the sentence must contain, as a factual framework, that established by the criminal prosecutor, and cannot consider other facts or circumstances than those described in the accusation as proven, after an exhaustive examination of the evidentiary material. After transcribing the single proven event, she reiterates that it contains a defect of lack of reasoning due to a violation of derivation and, in summary, points out that this could not be considered proven because it did not emerge from any evidentiary element, and she then describes the event again. She indicates that the trial court incurred in an erroneous assessment of the evidence because witness Leiva Nájera was clear in indicating two circumstances: (i) that 4 people were located at the site: two men and two women, and (ii) that no one was detained because no one was found causing damage at the site. For these reasons, in her opinion, it was evident that it could not be proven that the acts of invasion described in the accusation were actually caused by the defendant, and therefore, the trial judge could not consider them proven. She points out that the trial judge considered that, according to the photographs in the case file, it was observed that the plantain plants and the yucca were recent; however, the appellant claims, the error is that, although the crops exist, he did not state how he arrived indubitably at the conclusion that they were planted by the accused and not by one of the three remaining people located at the place or, indeed, by third parties. She mentions that the same situation occurs with the constructions located in the area, which the lower court judge indicated were not from months before, which he supported with the testimony of Leiva Nájera. In the appellant's opinion, the above information is insufficient to prove that it was the defendant who carried out the constructions, and that even doubt should have favored the accused, since the same witness, upon questioning by the judge, explained that the buildings were made of wood pieces, and, therefore, it was difficult to determine if they were new or old. She points out that the defense witness reported that the constructions were already at the site when the accused inhabited them, and, although the trial judge did not lend credibility to his account, even disregarding it, it was not possible to prove that the defendant had made them. She reiterates her argument, but adds an excerpt from resolution No. 2994-2000, at 8:30 hours, of April 14, 2000, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. She concludes her argument stating the following: "If the Public Ministry intended to have the criminal activity attributed to my client as proven as it was accused, and also the Court, the relation of facts should have been different, given that what is proven is habitation by the same at the place at the moment when the SINAC agents visited the area; however, the facts do not describe that said habitation was what was being charged as part of the commission of the punishable act, but rather a series of acts that could not be proven were unequivocally carried out by [Name 005]" (literal copy taken from pages 82 and 83). As a grievance, she states that the appealed judgment is flawed by incurring in an erroneous assessment of the evidence, which generates a transgression of the principle in dubio pro reo, the rules of derivation, as well as sound rational criticism, and, thereby, affected due process, hence resulting in an unjust sentence against the defendant. She requests that the appeal be granted; that the appealed judgment be annulled; and that a retrial of this matter be ordered. Position of the Public Ministry: There is no record that the criminal prosecutor addressed the appeal filed by defender Marielena Guevara Castillo. **II.-** Not granted: From the study of the appealed resolution, which was presented orally and is duly recorded in the audiovisual file 210000330573PE-31102023082706-2_Multi, this Chamber does not perceive that it contains the defects stated by the appellant. The evidentiary assessment can be heard starting at the 20:41 time marker and, in the opinion of this Chamber, it meets the minimum standards set forth in Articles 142 and 184 of the Criminal Procedure Code. Regarding what has been the subject of the appeal, the lower court judge considered that the account of the accused and the statement of the defense witness, Mr. [Name 008], were not credible because they were contradictory in the following aspects: (i) regarding the existence or not of the document recording the supposed sale of the land in favor of the stepfather of both, Mr. [Name 009], by Mr. [Name 010], despite the fact that they are persons interested in the property, given that the accused stated that he had it, but it was burned, while the witness specified that the transfer was not documented; (ii) regarding the location of the defendant's dwelling, as he affirmed that he still inhabited the invaded area, while the witness indicated that his brother lived in Ticabán; (iii) regarding whether the land subject to debate is an island or not, since the accused stated that it was, while the witness made no such reference; and (iv) the witness [Name 008] affirmed that his stepfather acquired the land 30 years ago or when he was between 15 and 17 years old, which carries an internal contradiction and, moreover, would mean that such act occurred in 1993, which would imply it was after the creation of the Refuge. Likewise, in relation to the defense argument linked to the use of a technological device, the trial judge (juez a quo) indicated that the official Junior Andrey Leiva Nájera, from the Control and Protection Program of the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, used GPS to ensure that the invaded area was within said Refuge and that, in his intervention, the defendant was not detained because, being a mixed protected zone, he was told to report to the SINAC offices to provide the respective documentation proving he possessed the property since before 1985, when the Refuge was created, which he ultimately did not do. The trial judge also highlighted that the defense's position was not verified, as sufficient evidence was not provided to prove the accused's account related to his belief that his possession of the invaded area was legitimate. This Chamber considers that the foregoing reasons are legitimate and valid for discarding the accused's stance. Now regarding the appeal arguments themselves, from the observation of the audiovisual file 210000330573PE-30102023031445-2_Multi, where the defense witness's statement was recorded, it is verified that, as the appellant claims, Mr. [Name 008], to a question from Attorney Guevara Castillo, answered "exactly I do not know the year my father acquired the property, I was very young, could have been around 12 or 15, around there, maybe, approximately." The first observation is that the witness provided an approximate datum, as he expressly admitted it was impossible for him to give an exact date. At the time of giving his testimony, Mr. [Name 008] was 53 years old and, if the prior data are taken as parameters - between 12 or 15 years - the apparent acquisition of the land would have occurred approximately 41 or 38 years ago, which would place the supposed act between the years 1982 or 1985. While such a reference implies that the land was apparently acquired before the creation of the Refugio del Barra del Colorado, in 1985, it would not resolve the logical conflict that the trial judge noted regarding the inconsistency referred to by the witness concerning the property being acquired 30 years ago, which would place such act in 1993, long after the creation of the Refuge. This argument itself was not contested by the appellant. To the above, it must be added that the appellant did not refute the other contradictions, already noted, between the account of the accused and the statement of his brother. This is intimately related to another of the topics raised in the appeal, where the burden of proof of the error invoked by the defense was discussed. In this regard, this Chamber is of the opinion that the party alleging the error of prohibition, which includes the error of type, is the one obligated to prove it, given that it is procedurally complex for the criminal prosecutor to discredit evidentially a claim that they only learn of at trial. On this topic, Professor Castillo González stated the following: “…it is necessary to remember that there is a radical difference between the proof of the intent of the type and the proof of the knowledge of the wrongfulness. In the intent of the type, the burden of proof corresponds to the accuser, whether it is considered that there was intention, direct intent, or eventual intent, as a conviction with potential intent of the type would be inadmissible. In the case that the accuser cannot establish the intent of the type, the principle of in dubio pro reo applies regarding the existence of intent. In the case of the knowledge of the wrongfulness, the accused must provide facts or circumstances demonstrating the absence of current or potential knowledge of the wrongfulness, and in the case he alleges it, the existence of an inevitable error of prohibition. Given that the place of knowledge of the wrongfulness is not in the intent, but in the culpability, and this is a judgment of reproach, the knowledge of unlawfulness is determined by the judge through an evaluation. Knowledge of unlawfulness is an evaluation and not a psychological event of the perpetrator, as the intent of the type is. Current knowledge of the wrongfulness is not necessary for a declaration of culpability, but if the agent does not prove the absence of current knowledge or does not establish at least the existence of an avoidable error (potential knowledge) of the wrongfulness, the principle of in dubio pro reo does not apply in this matter" (Castillo González, F. (2001) El Error de Prohibición, Editorial Juritexto, San José, pp. 138 and 139). It is not improper under the principle of freedom of evidence to require a document to verify an apparent transfer of real property. This is because the law places these types of assets among those that are registrable to be enforceable against third parties, which means nothing other than that a transfer of a property requires documentation. In this case, it is noted that there apparently is no legal possibility of possessing the property, since it is registered in the name of J.A.P.D.E.V.A., as witness Leiva Nájera explained, which leads to a preliminary classification of any possession of land that is registered property in another person's name as bad faith, except for the scope of Ley 9205, which was not alleged by the defense. Although the appellant was not explicit as to whether the apparent transfer was of the right of possession or of the registered title, a probative document is clearly required, even under the assumption that it is the right of possession, since the law requires a title from the former possessor. In another vein, the claim that the lower court judge did not assess the defensive argument that, if the prosecution witness used electronic devices to locate that the invaded area was within the Refuge, reasonably, the accused, who is semi-illiterate, could not know this circumstance must be rejected. In this regard, it is appropriate to fully transcribe the question and its answer, according to the following formula: "Attorney Guevara Castillo: Another clarifying question. I don't know if the word is correct. You mentioned something about a sheriff, I understood that, it was like a GPS, it's a device. Without that device, how can you locate that it is inside the Refuge? Is it possible? Witness Leiva Nájera: Uhh, well, on my part, I would not manage it, right, but the colleagues who do know the areas, they can easily do it, also, this device I'm telling you about, this GPS, has a margin of error of -3 to -5 meters distance from the point where one marks it, in a radius, so to speak, and yes, I believe that is the question" (see markers 56:20 to 57:22 of the audiovisual file 210000330573PE-30102023014331-2_Multi). As can be seen from the previous quote, witness Leiva Nájera used the GPS device to determine that the invaded area was within the Refuge, because he did not know the area, unlike his fellow workers who habitually frequent it. The defendant, despite not being a SINAC official, can be assigned to this latter group, because his account revolves around the fact that, for more than 40 years, he has lived in the place and, there, learned fieldwork skills from his stepfather. Hence, precisely because he is from and knows the area, it was possible for him to know where the limits of the Refuge were, and therefore, he knew that the area he was occupying was within it. Additionally, according to a previous answer that witness Leiva Nájera provided at the beginning of his account, the use of technology was to provide legal certainty to the report he prepared, that is, to ensure indubitably that the site was within the limits of the Refuge, which was the assessment used by the judge to dismiss the defense argument. Note that the defense does not even dispute that the invaded area is within the limits of the Refuge, meaning it admits this circumstance. Furthermore, as this witness stated, warnings of the Refuge's location do exist, along the main road, through signs indicating where it is. It is true that exactly in the invaded area there was no delimitation or warning whatsoever, but, it is reiterated, the accused was familiar with the area and, therefore, it is reasonable to assume he has traveled the main road, where the signals and demarcations of the Refuge are indeed posted. In that sense, being an environmental conservation area, delimitation by wires, as the appellant demands, is unfeasible from the perspective of ecological sustainability, as this would imply an obstacle to the exchange of animal species, being biological corridors. The defender's last argument, linked to the fact that it was not proven that the defendant was the person who built the buildings lying in the place or the plantations on it, is contradictory to the positioning of the accused within this process, who did not deny that he lived in and occupied the invaded area. Note that, contrary to the appeal argument, both the photographs and the testimony of Leiva Nájera gave account that the crops of yucca, malanga, and corn, as well as the buildings, were recent, which he confirmed when they appeared in the area, stating he had occupied it for six months. In this way, it is not perceived that there was a lack of correlation between the accusation, the evidence, and the sentence, as the appellant claims, since the material gathered in the adversarial proceedings is compelling that the defendant invaded an area of seven thousand two hundred fifty-one point eighty-five meters (7251.85) within the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, land he occupied and, within which, executed acts typical of his possession, such as eliminating native vegetation from the riverbanks and changing the land-use change (uso del suelo) by constructing a wooden building of approximately ten meters by six meters by twenty centimeters and sowing various commercial species, thereby causing serious damage to the environment. Thus, the appeal is declared without merit. THEREFORE: The appeal filed by Attorney Marielena Guevara Castillo, in her capacity as public defender of the accused [Name 005], is declared without merit. LET IT BE NOTIFIED. Raúl Madrigal Lizano Hannia Soto Arroyo Edwin Salinas Durán Judge of the Criminal Appeals Court Specialized in Organized Crime Case File: 21-000033-0573-PE. Defendant: [Name 005]. Crime: Usurpation of Public Domain Assets. Victim: Natural Resources. kmurillog Case File No. 21-000033-0573-PE - Vote No. 2024-1024 - Page: 1 ___________________________________________________________________________________________________ I Judicial Circuit of San José, San José, Courts Building, Third Floor, Telephones: 2211-5349, 2211-5350 or 2211-5351. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:24:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República