Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Es claro que, cuando se invoca la restitución al estado anterior, esa anterioridad alude al hecho que se acusa y no a otro momento, por lo que no era necesario traer prueba sobre cómo estaba la finca antes de la adquisición por parte de uno de los encartados pues no correspondía, bastaba acreditar cómo estaba antes de la intervención con la draga, aspecto que, como ya se dijo, contradictoriamente se mencionó como no probado (en el acápite de hechos indemostrados) y como acreditado (al iniciar la valoración probatoria y considerarlo suceso incontrovertido). No es competencia de ningún tribunal determinar la duración de esa ejecución al estado anterior ni el costo que implica para la persona, sino que debe limitarse a verificar si jurídicamente es admisible la decisión y tampoco es aceptable el argumento de que la Administración debía gestionar ese tema en otra vía, primero, porque la legislación procesal penal equipara la vía de la acción civil resarcitoria a otros procesos plenarios, de conocimiento, siempre y cuando haya relación (como se acusó) con hechos delictivos. Además, el que no haya anotación registral sobre si en un inmueble hay árboles, ríos o humedales no autoriza a las personas a disponer de esos recursos desde que estos están protegidos constitucionalmente a través del derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), norma de igual rango que la propiedad privada y que, en esa medida, la limita.
English (translation)It is clear that, when restoration to the prior state is invoked, that prior state refers to the acts charged and not to another moment; therefore it was not necessary to bring evidence on the condition of the farm before the acquisition by one of the defendants, as it was not relevant, and it sufficed to prove how it was before the dredging intervention, a point that, as already stated, was contradictorily mentioned as unproven (in the section of unproven facts) and as proven (at the start of the evidentiary assessment, considering it an undisputed event). It is not the competence of any court to determine the duration of such restoration to the prior state or the cost it entails for the person, but rather it must limit itself to verifying whether the decision is legally admissible; nor is the argument that the Administration should handle this matter through another venue acceptable, first, because criminal procedural law equates the civil indemnification action to other plenary, trial proceedings, provided there is a relation (as was charged) to criminal acts. In addition, the absence of a registry annotation indicating whether a property contains trees, rivers or wetlands does not authorize persons to dispose of those resources, since they are constitutionally protected through the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution), a norm of the same rank as private property and which thereby limits it.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 01093 - 2024 Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2024 a las 07:30 Expediente: 21-001245-0485-PE Redactado por: Rosaura Chinchilla Calderón Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Restitución de las cosas objeto del hecho punible Subtemas: Requisitos de procedencia e imposibilidad ordenarla de oficio. Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Sentencias Relacionadas Sentencias en igual sentido Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2024-1093 Expediente: 21-001245-0485-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las siete horas con y treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticuatro. RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Limón, el 9 de marzo de 1980, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], soltero, operario en maquinaria pesada, vecino de Limón. Pococí y contra [Nombre 004], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 002], nacido en San José, el 20 de noviembre de 1965, hijo de [Nombre 005] y de [Nombre 006], casado, se dedica a labores agrícolas, vecino de Limón. Pococí; por el delito de DRENAJE, RELLENO, SECADO O ELIMINACIÓN DE HUMEDALES en perjuicio de la VIDA SILVESTRE y el AMBIENTE. Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Kathya Jiménez Fernández e Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en esta sede el licenciado Andrés Alfaro Ramírez en representación de la Procuraduría General de la República, el licenciado Carlos Manuel Alvarado Barahona en representación del Ministerio Público y el licenciado Guido Núñez Jarquín abogado de uno de los encartados y, RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 353-2024 de las 14:45 horas del 23 de abril de 2024, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 30, 31, 45, del Código Penal, artículos 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, así como el artículo 1045 del Código Civil. resuelve: Por mayoría en aplicación al Principio Universal de In Dubio Pro Reo, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los acusados [Nombre 001] Y [Nombre 007] por un delito de DRENAJE, RELLENO, SECADO O ELIMINACIÓN DE HUMEDALES, que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la acción civil resarcitoria formulada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra de los demandados civiles [Nombre 001] Y [Nombre 007]. Se declara sin lugar en todos sus extremos la querella formulada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra de los querellados [Nombre 001] Y [Nombre 007]. Por haber existido una razón plausible para litigar, se resuelven las acciones civiles resarcitorias sin particular condenatoria en costas, debiendo asumir cada parte las costas personales, así como procesales en que hubiera incurrido. Cese cualquier medida cautelar en contra de los imputados y demandados civiles. Se le devuelve el bien mueble al imputado [Nombre 001], consistente en una draga pantanera, Marca Caterpillar, Modelo 3128, serie número 121-8407, esto por cuanto fue a la persona a la cual se le decomisó en su momento. NO se restablecen las cosas a su origen, ya que corresponde en otra vía, administrativa o judicial discutir el régimen jurídico de los bienes inmuebles, objeto de esta litis en virtud de la resuelto en la presente resolución. SE LE INFORMA A LA PERSONA IMPUTADA QUE A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, TIENE CONOCIMIENTO QUE SU PROPIEDAD ESTA AFECTADA ADMINISTRATIVAMENTE COMO HUMEDAL, esto con el fin de que realice las acciones correspondientes, que como propietario crea convenientes. La presente resolución fue notificada por oralidad. MSC. JUAN CARLOS JIMÉNEZ MARÍN. Juez de juicio.” (sic, expediente electrónico). II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpusieron recurso de apelación el licenciado Andrés Alfaro Ramírez en representación de la Procuraduría General de la República y el licenciado Carlos Manuel Alvarado Barahona en representación del Ministerio Público. III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza Chinchilla Calderón; y, CONSIDERANDO: I.- Admisibilidad y competencia. (A) El 13 de mayo de 2024 el Procurador, máster Andrés Alfaro Ramírez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía (taxatividad objetiva). Esta impugnación se planteó mediante escrito motivado, aportado ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal (pues la sentencia integral se emitió el 23 de abril de 2024). Al efectuarse el emplazamiento de este, el Ministerio Público aportó su apelación por adhesión, específicamente el 27 de mayo de 2024. Por ello, deben admitirse ambos recursos, dado que, además de presentarse en tiempo, quienes los interponen están legitimados para ello (taxatividad subjetiva), sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014. (B) En este asunto la Procuraduría General de la República planteó querella y acción civil resarcitoria, las cuales fueron rechazadas. Dicha entidad, tanto como el Ministerio Público impugnan, únicamente, lo resuelto sobre la no devolución de las cosas a su estado anterior, de modo que en virtud del principio dispositivo lo decidido sobre la demanda civil, incluyendo las costas, ha adquirido firmeza y, de igual forma, lo ha adquirido, por no haber sido recurrido, lo resuelto respecto a la responsabilidad penal de ambos encartados y las costas, aspectos que son ajenos al escrutinio de esta cámara (artículos 439 y 446 del Código Procesal Penal). (C) Se solicitó audiencia oral por el defensor de los encartados, pero al señalarse esta, la parte gestionante desistió de ella. II.- En el único motivo de la impugnación de la Procuraduría General de la República —luego de resumir lo decidido e indicar que no hay objeción alguna en lo resuelto salvo en el tema de la restitución de las cosas a su estado anterior— se muestra la inconformidad con lo resuelto sobre la no devolución de las cosas al estado anterior y la falta de fundamentación de dicha resolución, lo que califica como vicio grave. Dice que se rechazó la petición con base en tres argumentos: a) que el imputado [Nombre 004] había adquirido el fundo en el que acaecieron los hechos, a partir de la fe pública registral, según la cual no existía anotación alguna o forma de enterarse de que el terreno adquirido se encontraba inmerso dentro de un humedal tipo palustre y que no le era posible saber de antemano que no podía desarrollar ninguna actividad de tipo agropecuario en ese lugar, además que el canal o parte de él ya existía desde años atrás, b) que el SINAC no ha desarrollado un papel preventivo para identificar todas las tierras cubiertas de bosques y humedal para prevenir a sus propietarios, antes de que éstos realicen actos que atenten contra esos ecosistemas y 3) que en sede penal no es factible ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, al desconocerse cómo estaban las cosas anteriormente y que es en la sede administrativa donde deben ordenarse este tipo de medidas. Narra que la Procuraduría pidió que se ordenara la restitución de cosas al estado anterior, a efecto de que en sentencia se tuviera como un hecho probado que en fecha el día 29 de mayo del 2021, al ser las 11:40 horas aproximadamente, los funcionarios del SINAC sorprendieron a los justiciables mientras cavaban y profundizaban canales, acción con la cual estaban drenando y secando un humedal, para desarrollar actividades productivas en el sitio, para lo cual se pidió el cierre de dichos canales a fin de permitir la regeneración natural del lugar. De igual forma, se solicitó que se ordenara al Registro Nacional la anotación respectiva en la inscripción del inmueble que el mismo es un humedal, a efecto de evitar que futuros adquirentes o terceros realicen labores similares en el sitio al amparo de la fe pública registral, que puedan generar impunidad y traigan consigo una nueva lesión contra el ambiente. Todo esto fue corroborado por los testigos funcionarios del SINAC. Eso permitía hacer la solicitud aunque no se acreditase la culpabilidad ni responsabilidad civil de persona alguna, en salvaguarda del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en aras de evitar que el daño ambiental permanezca en el tiempo y que se consolide la degradación del humedal afectado en el inmueble inscrito de a nombre del encartado [Nombre 004]. Sin embargo, la sentencia recurrida se limita a decir que se rechaza sobre la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, simplemente porque esos canales o al menos el principal, ya existía desde años atrás, que se desconocía cuánta antigüedad podía tener esa excavación y que en todo caso el terreno era de vocación agrícola —al menos así aparece en su descripción registral—. Se indicó que el imputado [Nombre 004] había adquirido el terreno objeto de la litis para desarrollar actividades agropecuarias, por ser esa su forma de vida y porque se desconocía que en el sitio específico existía un humedal. En el caso del señor [Nombre 001], el reproche es todavía menor, por cuanto el propietario registral, o sea [Nombre 004], lo contrató únicamente para hacer trabajos en el sitio y no tenía manera alguna de enterarse de que en ese inmueble existía una prohibición para efectuar ese tipo de labores. Para el recurrente, todas esas razones son aceptables y útiles para fundar la absolutoria de los imputados y para descartar su responsabilidad civil, pero de ninguna manera son aplicables esos razonamientos al rechazo de la restitución de las cosas al estado anterior, ya que lo que pretende a través de esa medida, es evitar que el bien jurídico tutelado que ha sido vulnerado involuntariamente por los justiciables, lo siga siendo a través del tiempo y que ponga un alto a la degradación del humedal y por lo tanto, frenar la lesión contra el medio ambiente que se ha venido presentando. Incluso, sigue diciendo el recurrente, de manera contradictoria, el tribunal sentenciador le externa al imputado que en adelante ya no podría hacer nuevos canales, ni ampliar los ya existentes, porque a partir de la información y prueba evacuada en el contradictorio, se tiene que su terreno es un humedal y como tal no puede ser transgredido, incluso refiere que si está en desacuerdo con esa caracterización del inmueble como humedal, debe recurrir a la sede administrativa para cuestionar ese acto administrativo. Entonces, si el tribunal tiene claro que el sitio es un humedal y que no puede efectuarse ahí la construcción de canales, ¿por qué ello conlleva su drenaje o secado, por qué permite que se mantenga en el sitio ese tipo de obras ilícitas? Si se tiene claro que la permanencia de los canales o zanjas lesionan el humedal y por lo tanto el bien jurídico tutelado, ¿por qué no ordena las obras respectivas para permitir la regeneración natural del sitio? Se apoya en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Convención Ramsar sobre Humedales, el numeral 50 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente y sostiene que el hecho de que el inmueble no tenga en su inscripción una advertencia de la existencia de un humedal sobre él, es un aspecto irrelevante, que no impide ordenar el cese de la afectación ambiental dicha, ya que quien ostente derecho sobre una determinada finca o fundo donde se presentó algún hecho irregular no tiene derecho a reivindicación o a conservar aquello que lesiona el ambiente y que transgrede el ordenamiento jurídico. Transcribe ampliamente los votos número 2010-341 del entonces Tribunal de Casación Penal de Cartago, 199-2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, 2014-292 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y considera violados los principios precautorio e in dubio pro natura. Pide la nulidad de este extremo y el reenvío respectivo. En el único motivo de la apelación adhesiva del fiscal también se muestra disconforme sobre lo resuelto en ese tópico. Con cita de las normas procesales alude a que solo se requiere haber demostrado una lesión al Medio Ambiente (como sucediera acá), independientemente de la responsabilidad penal que soporte la persona, para que se procure restablecer todas las circunstancias al estado original. Se apoya en los numerales 45 en párrafo último, 50, 74 y 89 de la Constitución Política; 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad y los votos número 2003-396 del Tribunal de Casación Penal de San José, 554-2017 de la Sala Tercera, 291-2015 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Sección Segunda (no indica lugar), 2023-487 y 2010-341 ambas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Pide que por economía procesal se resuelva desde esta sede el fondo del asunto. Al contestar el recurso, el defensor de uno de los imputados solicitó su rechazo y el señalamiento para audiencia oral agregando que el Estado por medio de la Procuraduría y el Ministerio Publico, convierten los procesos penales en instrumentos para intentar obtener beneficios patrimoniales exorbitantes mediante acciones civiles resarcitorias y acusaciones que, al enfrentarse en un contradictorio, carecen de elementos probatorios y de una correcta investigación. Considera que se trata de una instrumentalización del derecho ambiental y que lo único que pretenden es la aplicación, antes o después de debate, de una medida cautelar basada en el numeral 140 del Código Procesal Penal, pero, en este asunto, el juez fue claro y amplio en su rechazo pues el terreno en discusión, por años, se dedicó a la actividad ganadera y no se aportaron pruebas técnicas que sirvieran de parámetros para determinar con exactitud cuál era el estado anterior de las cosas. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debe delimitar los humedales según lo dispuso la sentencia y es el primer llamado a cumplir con sus deberes para garantizar seguridad jurídica y paz social a los habitantes. Añade que el Estado cuenta con herramientas como la jurisdicción contenciosa administrativa y el Tribunal Ambiental Administrativo para restablecer las cosas a su estado original. El juez fue claro al decir que el canal existía antes del inicio de esta causa y antes de que su patrocinado comprara la vivienda. El estado anterior de las cosas es tan amplio y requiere una determinación temporal y espacial, de lo contrario cualquier resolución que conceda el restablecimiento de las cosas a su estado original será desproporcionada, irracional e ilegal. Sin parámetros científicos de tiempo y espacio no precede la solicitud que pretende el Procurador lo que no significa una desprotección) al ambiente, por cuanto esta es producto de la inacción del procurador en traer los elementos probatorios de convicción. Solicita el rechazo del recurso de apelación. Se deben acoger los reclamos. (A) Resumen procesal. En este asunto se presentó acusación fiscal y querella de la Procuraduría General de la República contra ambos encartados y en esta última se estableció la acción civil resarcitoria, todo ello basado en los siguientes hechos: «PRIMERO: Sin precisarse fecha exacta, pero sí antes del 29 de mayo del 2021, los acusados [Nombre 001] Y [Nombre 004], actuando de común acuerdo, idearon un plan con el fin de realizar un canal dentro del humedal ubicado en Limón, cantón Pococí, La Aurora de Colorado, de la escuela, 700 metros este y 2,7 kilómetros al norte, entrada anterior al puesto de Sierpe, del Parque Nacional Tortuguero, y lograr de esta forma alterar el ecosistema del humedal y que el mismo se secara. SEGUNDO: El día 29 de mayo del 2021, al ser las 11:40 horas aproximadamente, en Limón, cantón Pococí, La Aurora de Colorado, de la escuela, 700 metros este y 2,7 kilómetros al norte, entrada anterior al puesto de Sierpe, del Parque Nacional Tortuguero, el acusado [Nombre 001], de acuerdo al plan previamente establecido, se encontraba conduciendo y maniobrando una draga, marca Caterpillar, modelo 312, serie 121-847, con la cual excavaba y drenaba material en la zona de humedal, el cual colocaba a la orilla del canal, para formar un camino, mientras que el co- acusado [Nombre 004], como su ayudante, le daba indicaciones al acusado [Nombre 001] y guiaba la maniobra de la maquinaria pesada, con el fin de extraer el material suficiente para lograr la profundidad del canal, el cual tiene como medida 4.5 metros de ancho por 2 metros de alto y 597 metros de largo, siendo (sic) sorprendidos en flagrante delito por los oficiales del SINAC, Jefry Castillo Machado y Olman Mena Valverde mientras realizaban dichas labores. TERCERO: Lo anterior lo realizaron los acusados [Nombre 001] Y [Nombre 004], sin contar con autorización del Sistema Nacional de áreas de Conservación, provocando con su acción, la interrupción permanente del ecosistema de humedal y de su ciclo hídrico y ocasionando un daño ambiental de 85,176,477,90. HECHOS ACUSADOS DE LA QUERELLA: PRIMERO: Sin precisarse fecha exacta, pero si antes del 29 de mayo del 2021, los imputados [Nombre 001] y [Nombre 004], actuando de común acuerdo, idearon un plan con el fin de realizar un canal dentro del humedal ubicado en Limón, cantón Pococí, La Aurora de Colorado, de la escuela 700 metros este y 2.7 kilómetros al norte, entrada anterior al puesto de Sierpe, del Parque Nacional Tortuguero, coordenadas cartográficas X:553589.3 Y:1146458.9 y lograr de esta forma alterar y secar un ecosistema de humedal tipo Palustre sin nombre que se encuentra en dicha propiedad. SEGUNDO: El día 29 de mayo del 2021, al ser las 11:40 horas aproximadamente, en Limón, cantón Pococí, La Aurora de Colorado, de la escuela, 700 metros este y 2.7 Kilómetros al norte, entrada anterior al puesto de Sierpe, del Parque Nacional Tortuguero, el imputado [Nombre 001], de acuerdo al plan previamente establecido, se encontraba conduciendo y maniobrando una draga, marca Caterpillar, modelo 312, serie 121-847, con la cual excavaba y drenaba material en la zona de humedal palustre, el cual era colocado a la orilla del canal para formar un camino, mientras que el co- imputado [Nombre 004], como su ayudante, le daba indicaciones al encartado [Nombre 001] y guiaba la maniobra de la maquinaria pesada con el fin de extraer el material suficiente para lograr la profundidad del canal, logrando realizar un canal de 4.5 metros de ancho por 2 metros de alto, 597 metros de longitud, y su base es de aproximadamente 3 metros, siendo (sic) sorprendidos en flagrante delito por los oficiales del SINAC. TERCERO: Lo anterior lo realizaron los imputados [Nombre 001] y [Nombre 004], sin contar con autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, provocando con su acción ocasionó un daño de gran importancia para el medio ambiente ya que los humedales se encuentran formados por una serie zona en que se ubica, tales como suministro de agua tanto para la explotación directa como para la recarga de acuíferos, control de inundaciones y la económicos favorables para ciertos sectores de la población que se dediquen a su explotación racional y la aparición de un singular paisaje identificable plenamente por su gran belleza y diversidad en cuanto a la vida silvestre que forman parte de su patrimonio cultura. Además el daño ambiental generó un daño biofísico y daño social, siendo considerado daño biofísico aquella acciones hechas al medio natural, que originan deterioro de los recursos naturales; en tanto que el daño social se manifiesta en la perdida de los beneficios, debido a que el natural provee una serie de flujos que aprovecha la sociedad para el mejoramiento de su bienestar, lo que implica la necesidad de establecer una sustitución y compensación equivalente a la pérdida de beneficios ocasionados con la afectación de los recursos naturales. El daño ambiental fue valorado en la suma 85, 176, 477, 90.» Los últimos eventos sustentaron, también, la demanda civil resarcitoria. En el debate se recibieron seis testigos: Jeffry Castillo, Olman Mena, Víctor Hugo Montero, Nelson Guzmán, Nelson Cháves y Hernán Hernández, los tres últimos de la defensa. La sentencia se emitió de modo oral, por un juez unipersonal y consta respaldada en el registro audiovisual 210012450485PE-23042024024208-2_Multi--0.wmv que tiene una duración de 1:09:35. En el considerando I de la sentencia, en que se desarrollan los hechos probados, se estableció como tal la ausencia de antecedentes penales de ambos sindicados. En el considerando II, de hechos no probados se tuvieron como tales todos los de la acusación, querella y acción civil. El considerando III (aunque se denominara nuevamente II) alude al sumario de prueba y da cuenta que el encartado [Nombre 001] se abstuvo y [Nombre 009] declaró diciendo que él compró las fincas en 2019 y 2020 y nadie le dijo que ahí había humedales, ni el banco ni él o sabía. El juez indica que, como los testigos declararon en las audiencias inmediatas anteriores y lo hicieron de forma muy extensa, algunos dando amplias descripciones técnicas como si de una clase se tratara, se abstendrá de describir el contenido de sus declaraciones pues las partes lo tienen fresco en la psique. Aludió a la prueba documental refiriendo que se incorporó el informe SINAC 225-2021 de folios 1 a 9, el acta de decomiso de la draga, la valoración del daño ambiental, la certificación de antecedentes de ambos encartados, un informe técnico, testimonios notariales de folios 117 a 122, copia de documentos y estudios registrales de las fincas de folio 129. A partir del minutero 24:13 inicia con el acápite de valoración de la prueba y refiere que de los documentos se tiene claro que los encartados sí hicieron los trabajos, aunque uno como patrón del otro y no como ayudante, que sí se usó una draga, que en la finca hay humedales pero que no está seco porque las fotos permiten ver otra cosa, que se hizo una amplia valoración del daño ambiental en donde se incluyó hasta la gasolina, papel y honorarios de quien hizo el estudio, aspecto que él nunca había visto tan detallado, que la finca es agrícola y desde el minuto 34:32 concluye (en palabras resumidas por este tribunal) que hay que absolver a los encartados por duda, porque no consta que supieran que habían humedales por lo que si bien sus conductas son típicas y formalmente antijurídicas, no hay antijuridicidad material al creerse que sí podían ejecutar los trabajos, a más de que no hay daño porque ya los canales estaban y se les dio mantenimiento, además de que hay muchos errores en las piezas que afectan la correlación y que no pueden estimarse como errores materiales, porque no se describe una tentativa (no se trataba de abrir el canal como dijo la acusación sino darle mantenimiento) y errores en la pertenencia del sitio (no a Pococí sino a Guácimo). A partir del minuto 53:10 del archivo audiovisual que contiene la sentencia oral el juez se refiere a la solicitud de devolución de las cosas a su estado anterior que hiciera la Procuraduría y lo rechaza aduciendo, en síntesis, que no le podría ordenar sino que dejara el canal como lo encontró en el año 2004, el 23 de abril, en que compró la finca, pero no antes y tampoco podría ordenárselo porque no hay prueba, va a durar años, hay una imposibilidad material y es su propiedad y, finalmente, porque le corresponde al Sistema de Áreas de Conservación realizar los procedimientos administrativos para tal efecto, pues sería un cambio de uso de suelo que debe inscribirse en el Registro Público y que lo privaría de su terreno. Es más razonable que se pida que se delimite qué es humedal y qué no, pero no que todo se declare humedal porque quedaría como nudo propietario y perdería lo invertido, lo que no es justo. (B) Cuestiones previas. En primer término, conviene enfatizar en que la sentencia penal y civil (en cuanto a la mayoría de las pretensiones) no ha sido impugnada y, en esa medida, este tribunal no puede examinarla o revertirla, lo que no obsta para indicarle al órgano sentenciador algunos yerros que se notan en su formulación a fin de que no los cometa en sucesivas oportunidades. Así, por ejemplo, el que las partes hayan inmediado la prueba y esta se haya evacuado en tiempo cercano al dictado de la sentencia oral no exime al tribunal de hacer un resumen de su contenido o hacer referencia a él en el análisis probatorio, tal y como lo estatuye el numeral 142 del Código Procesal Penal (nada de lo cual sucedió acá) pues este, además de las partes, debe plantearse para cualquier tercero (efecto del principio de publicidad hacia la comunidad nacional) y para los órganos contralores de lo resuelto, tema que se omitió en la sentencia de este asunto en donde, además de eso, en la parte de análisis intelectivo no hay ninguna referencia al contenido de cada elemento probatorio testimonial, aspecto que bien habría podido conducir a la nulidad de lo resuelto si se hubiese planteado algún recurso al respecto. Por otro lado, es una inconsistencia grave que se indique que todos los hechos de la acusación y la querella figuran como no probados y, a la vez, al analizar la prueba se acepte que, de los documentos evacuados puede concluirse, sin contención alguna que los encartados (uno patrón del otro) hicieron los trabajos, que se usó una draga, que en la finca (cuya titularidad y fecha de adquisición se indica) hay humedales, que de los trabajos no se desprende que el humedal se secara. Esos son hechos probados según lo apreció el a quo en el desarrollo del fallo, que fueron incorporados en la acusación y querella y que en un apartado anterior se tienen como indemostrados, lo que es una grave contradicción que conduciría a la nulidad de la sentencia, si no fuera porque, al estar firme por no haberse recurrido, tal cosa no puede hacerse. De igual manera, si la argumentación central de la sentencia es que los encartados no sabían que estaban en presencia de un humedal y el numeral 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece “Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien, sin previa autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales” (el destacado es suplido), es claro que la figura jurídica aplicable era un error de tipo (error recaído sobre el concepto jurídico normativo de “humedal”) lo que ameritaba un análisis sobre vencibilidad e invencibilidad (que no se hizo) e impedía que se afirmara la tipicidad. Del mismo modo, yerra el juez de instancia en cuanto al contenido de la categoría “antijuridicidad material” que alude a la lesión o puesta en peligro significativa del bien jurídico y no a la creencia de que podía ejecutar o no el hecho. Por otro lado, la alusión de que habían problemas de correlación y no simples errores materiales omitió analizar como el cambio de lugar incidía en el derecho de defensa subyacente, única forma de aceptar la violación del numeral 365 del Código Procesal Penal que posibilita, sin menoscabo de tal precepto, el cambio de calificación jurídica (de hecho consumado a tentado), nada de lo cual motivó el juez y que, se repite, serían vicios que habrían conducido a la nulidad de la sentencia si se hubiera impugnado y no dejado adquirir firmeza, como en efecto sucedió, pero que conviene especificar a fin de que el juzgador no incurra en tales errores en otros casos. Específicamente en cuanto al tema de la restitución de las cosas al estado anterior, existen dos tesis en la jurisprudencia sobre los requisitos de admisibilidad, nada de lo cual fue examinado por el a quo. Este tribunal, con una integración parcialmente diversa a la actual (R. Chinchilla, P. Vargas y K. Jiménez) en el voto número 2022-1773 con votación dividida (voto salvado de la jueza Vargas) indicó: «Sobre los requisitos para la restitución. Aunque, como se verá, esta cámara coincide en que, en este asunto, el recurso es procedente, hay discrepancia en torno a los argumentos y requisitos para ello. (C.1) Posición de mayoría (juezas Chinchilla y Jiménez). Es importante tener en cuenta que la restitución de cosas al estado original no es una simple medida provisional penal (como sí sucede con el restablecimiento de las cosas al estado anterior estipulado en el numeral 140 del Código Procesal Penal) sino que forma parte de las pretensiones civiles que, en este caso, fueron ejercidas por la parte recurrente, quien es actora civil y se ordenan en la sentencia final (no durante la fase de investigación). En estos términos se indicó en el voto número 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla y E. Salinas) en el que se dijo que el sustento jurídico de este extremo se encuentra en el artículo 103 del Código Penal, el cual, en lo que interesa, indica: "Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor (...)". Esta disposición debe ser contextualizada, con el fin de obtener una interpretación ajustada a lo que el legislador pretendió con ella. Su ubicación en el Código Penal, en el Título VII denominado "Consecuencias Civiles del Hecho Punible", implica que tiene relación directa con el reclamo civil pretendido por la víctima de un hecho punible. Además, los tres incisos se sujetan a la determinación de "reparación civil" en sentencia (sobre el comiso, existe gran discusión en doctrina acerca de si es o no una consecuencia civil del hecho, no obstante, al no ser este el tema impugnado, esta cámara no va a entrar a discutir este punto). En relación con lo anterior, el numeral 122 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil, aclara que este tipo de reparación comprende "1° La restitución de la cosa ", lo que confirma que, efectivamente, cuando se alude a este extremo, debe considerarse una consecuencia civil del hecho. Ahora bien, el artículo 103 citado ordena que, en sentencia condenatoria (se entiende en lo civil pues hay independencia entre esa responsabilidad y la penal: artículo 40, in fine, del Código Procesal Penal), el tribunal deba pronunciarse en cuanto a la restitución de las cosas (y el numeral 491 del Código Procesal Penal reafirma el carácter indemnizatorio civil al decir que si hay controversia se remite a las personas interesadas a la vía civil). Con base en todo lo anterior se concluye que la restitución de las cosas a su estado anterior es parte de lo que puede disponerse cuando existe condenatoria civil (esto debe diferenciarse de la simple restitución de la cosa, que se ordena en sentencia cuando el objeto del delito deba ser devuelto a su legítimo dueño o poseedor, y que, generalmente, se encuentra en depósito provisional). Empero, la pregunta que se asoma de inmediato es si el tribunal puede condenar civilmente al imputado sin que exista petición de una de las partes (de oficio). De acuerdo con el artículo 368 del Código Procesal Penal, para que se emita una resolución que condene en lo civil, se requiere, obligatoriamente, que se haya ejercido la acción civil resarcitoria conforme con los artículos 37 a 41 de este mismo cuerpo legal. Asimismo, el numeral 111 del Código de rito señala: "Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (...)". La demanda que contiene las pretensiones de reparación o de restitución de las cosas a su estado anterior, debe cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra, según el artículo 112 del Código en mención: "d) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto". Estas pretensiones deben concretarse, conforme con el artículo 308 del Código Procesal Penal, al decirse: "Cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, el Ministerio Público también deberá poner la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el monto de daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento (...)". De conformidad con eso, la audiencia que se confiere tiene como fin que el actor civil defina cuáles son sus intereses concretos, de acuerdo con lo solicitado en la demanda planteada, lo que debe incluir, por supuesto, la restitución, si es de su interés. Por ende, resulta imposible considerar que el reclamo dirigido a restituir las cosas a su estado anterior pueda hacerse de oficio, pues los extremos civiles deben declararse a partir de lo solicitado en la demanda respectiva. En este caso, sí hubo acción civil resarcitoria por lo que por esta razón más lo que se agregará procede conocer la queja. (C.2) Posición de la jueza Vargas González. Tal y como señalé en el voto salvado contenido en la resolución 2021-0921 de las 8:35 horas del 23 de junio de 2021, dictado por esta cámara, con una integración similar (R. Chinchilla Calderón, L. Murillo Mora y P. Vargas González) «[…] la restitución de las cosas a su estado original no es una consecuencia civil derivada del hecho punible, sino una sui generis que debe disponerse de oficio, entiéndase, al margen de que haya una sentencia condenatoria o incluso una acción civil resarcitoria, lo anterior con base en el numeral 366 del Código Procesal Penal. Al respecto ha apuntado esta cámara, con una integración similar a la actual (Porras Villalta, Vargas González y Murillo Mora) lo siguiente: “El cuestionamiento que plantea la abogada defensora, al argumentar que la restitución no puede disponerse cuando se absuelve penalmente al imputado y cuando no se ha ejercido la acción civil resarcitoria, no resulta novedoso, siendo (sic) que este tribunal de apelación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no comparte tal posición. Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar, incluso de oficio, la restitución de los objetos afectados al procedimiento : “[…] Existe un error en el fallo en cuanto al fundamento jurídico para ordenar el desalojo, pues la norma que autoriza esa medida no es el artículo 142 del Código Procesal Penal, sino el 366 ibídem. En esta se regula en forma expresa “La sentencia absolutoria ordenará...la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujeto al comiso...”. En el caso en concreto el Tribunal tuvo por demostrado que el terreno ocupado por los imputados pertenece al Estado y es utilizado por el Ministerio del Ambiente y Energía, como parte del Proyecto de Ordenamiento Territorial Zona Núcleo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Sobre estos no puede alegarse la simple posesión o bien el derecho de posesión, en el tanto están fuera del comercio y resultan imprescriptibles (art. 262 del Código Civil y Sentencia 733-F-00, de las 15:12 horas del 4 de octubre del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Acreditada la pertenencia del predio y su destino a la preservación de la naturaleza, la consecuencia jurídica era la expulsión de los ocupantes, conforme se decretó en el fallo […]” (cfr. Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° 2004-00933 de las 11:00 horas del 09 de setiembre de 2004). En el mismo sentido, siempre con base en lo dispuesto por el artículo 366 del Código Procesal Penal, se ha estimado la procedencia de la restitución de cosas al estado anterior aún en caso del dictado de una absolutoria, cuando se esté ante una infracción a la zona marítimo terrestre (cfr. Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, votos 2004-0919 y 2004-0933). Incluso, se ha optado por esta solución aún en el supuesto de una sentencia absolutoria por el delito de usurpación: “[...] si según los hechos probados, la aquí acusada se encuentra ocupando un predio que era poseído por otra persona, lo consecuente es ordenar la restitución en la misma sentencia, con el fin de no retardar innecesariamente el regreso de la ofendida al inmueble. Al respecto, en un fallo de 1992, nuestra Sala de Casación indicó, para un caso en que se comprobó el hecho de usurpación, lo siguiente: “Debe admitirse que lo óptimo es que, en casos como el presente, la restitución de la posesión se ordene en la misma sentencia que condena por el delito de usurpación, a efecto de no retardar innecesariamente el regreso del ofendido al poder de hecho por el cual sometía a su control y voluntad el inmueble usurpado, sin embargo, si tal disposición se omite en la sentencia, nada impide que con posterioridad a ella se dicte una resolución que -en ejecución de aquella condena- venga a ordenar el desalojo del inmueble por parte del usurpador para que el ofendido entre en su posesión, como sucedió en el caso en examen. No sobra decir que tal solución es no solo la que deriva de la correcta aplicación y entendimiento de la ley, sino que además es la que imponen las normas más elementales del sentido común: resultaría absurdo que el imputado, amparándose a la sentencia que le condena por el delito de Usurpación, legitimara y mantuviese la posesión del mismo inmueble a que accedió en forma típica, antijurídica y culpable”. Sala Tercera de la Corte Suprema De Justicia, V-107-F, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y dos.- Este fallo es aplicable al subjúdice, no sólo porque advierte la necesidad de no mantener un sinsentido jurídico, el cual se daría al absolver a alguien por la usurpación, porque ostentaba una falsa creencia sobre su mejor derecho de poseer el bien y de obtener su adjudicación legal, y luego mantenerlo en la posesión hasta tanto se demuestre el mejor derecho de posesión de la ofendida, quien adquirió, con las dificultades probatorias y negociales que pudieran existir, el derecho a poseer ese bien. La prueba habida, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que hace el defensor, hacen prevalecer el criterio de la juzgadora de mérito y de este Tribunal, que en este caso debe ordenarse el abandono del predio, y que si la señora [Nombre 011]. considera que su derecho debe prevalecer, así habrá de plantearlo en otra sede, civil o agraria, según sea la naturaleza del fundo y de su dedicación. De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre 010]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio [...] Así las cosas, no obstante la absolutoria dictada en cuanto a la imputación penal, el juez de mérito estaba obligado a ordenar que la titular del bien en litigio fuese puesta en posesión del mismo, por tener un mejor derecho de posesión. Al respecto se tiene que en la generalidad de los casos el bien en discusión se encuentra en poder del acusado absuelto, por lo cual si se llegara a acreditar que la titularidad sobre el mismo corresponde a un tercero (como sucedió en la especie), debe restituírsele a éste. […] El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado. Ello implica, entonces, que a dichos efectos el juzgador deberá determinar cuál es la persona que tiene mejor derecho sobre el objeto, aún y cuando se trate de un tercero. Si bien podría interpretarse que esta norma no se refiere a bienes inmuebles sino más bien a simples "objetos" (muebles), tal tesis debe rechazarse, no sólo porque el comiso también es aplicable a propiedades (artículo 465 del Código Procesal Penal), sino además porque el numeral 140 ibidem establece que en cualquier estado del proceso y a solicitud del ofendido, el juez podrá ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho. Si el juzgador ostenta esta potestad como medida provisional, con mucha más razón puede decretarla como restitución definitiva al dictar la sentencia de fondo, donde que se haya determinado la titularidad del bien que ostenta determinada persona. Por otra parte, debe reiterarse que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre 010]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio, a partir de la cual se logró acreditar que ella lo adquirió en 1999 y desde entonces ha venido ejerciendo la posesión sobre el mismo. Al respecto se comprende que el artículo 366 párrafo 1º ya comentado, donde se le exige al juez que emita el respecto pronunciamiento en cuanto a este extremo, determina que esa decisión es oficiosa, pues a efectos de ordenar la restitución no se requiere que, como condición previa, la parte ofendida haya ejercido la acción civil resarcitoria, ni tampoco que en cuanto a ello haya formulado una pretensión directa y expresa. El hecho de que aún y cuando no haga falta hacerlo, la parte ofendida plantee dicha demanda (con lo cual podría obtenerse por dicha vía una "condena" a restituir, según lo dispone el artículo 464 del Código Procesal Penal), de ningún modo implica que la acción civil era necesaria. Por lo expuesto, sin lugar el recurso […]” (cfr. voto del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José N° 2006-1115 de las 09:18 horas del 20 de octubre de 2016, que a su vez cita y se apoya en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 107-F-92 de las 08:55 horas del 03 de abril de 1992). En este mismo sentido, es decir, que la restitución procede aunque no se haya ejercido acción civil resarcitoria, también pueden consultarse los votos de la Sala Tercera N° 1462-2004 y N° 604-F-91. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar que, obviamente, la orden de restitución podrá disponerse siempre que dicha medida sea materialmente posible, lo cual por ejemplo sucederá cuando, tratándose de un bien mueble, el mismo esté en poder del despacho judicial (cfr. hipótesis regulada por el artículo 367 del Código Procesal Penal). De igual modo, tratándose de bienes inmuebles la restitución (de proceder) siempre será factible, en la medida en que la autoridad jurisdiccional podrá apersonarse al terreno respectivo y mediante un acto formal lo dejará en posesión de la persona legitimada para ello. Es claro que tal opción no sería posible en casos en los cuales se trate de bienes muebles que, al no estar secuestrados o entrados en depósito provisional, no se sepa dónde se hallan o si todavía existen, siendo en tal supuesto que, como medida subsidiaria, lo que corresponderá será una reparación económica mediante la condena al pago de daños y perjuicios […]” (Resolución N° 2018-0095, dictada a las 9:44 horas del 30 de enero de 2018, el destacado es suplido). Por lo expuesto, se concluye que la restitución del área de protección a su estado original no está supeditada a la condena de la persona acusada. Además —contrario a lo que señala la sentencia recurrida— el que por años algunos hayan invadido impunemente las áreas de protección señaladas por el legislador y que las autoridades municipales y estatales hayan tolerado esta situación en lugar de cumplir con sus deberes no cambia que los órganos jurisdiccionales, cuando así proceda, están obligados a disponer esa restitución, pues el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental de quienes habitan este país y el Estado debe garantizar y defender el mismo.» Como apunté entonces, considero que la restitución de las cosas a su estado original, dada su naturaleza sui generis, puede disponerse a pesar de que no exista una condena en lo penal, o de que no se haya ejercido la acción civil resarcitoria. Salvo en este punto, sobre el cual las demás integrantes de este tribunal tienen una posición distinta, coincido con ellas en cuanto que la decisión adoptada por el a quo carece de fundamentación y por ello, debe ser anulada. (C.3) No obstante, ya sea partiendo de la posición de mayoría o de la minoritaria, en este caso sí se ejerció la acción civil por la apelante, por lo que tal controversia no incide en el caso específico.» (Los destacados son del original). En sentido similar, las dos tesis se observan en el voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago número 2020-627, en donde esta vez la posición de requerir una acción civil para decretar la restitución quedó en minoría (juez Fernández) frente a la tesis contraria defendida, con diversos argumentos, por la jueza I. Carranza y D. Fallas. La jueza I. Carranza (que ahora integra esta cámara) en tal momento indicó mediante nota: “…la restitución de la que se trata en la especie, no guarda vinculación con aquella derivada de un reclamo indemnizatorio de naturaleza estrictamente civil, sino que, corresponde a la figura del restablecimiento de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, cuyo tratamiento en la reforma procesal se vinculó con los derechos de la víctima. Así, el artículo 140 del Código Procesal Penal, dispone: “En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.” Es cierto que se trata del dictado de una medida provisional, sin embargo, es cierto que ninguna razón de ser tendría la norma, si el punto no fuese susceptible de ser objeto de pronunciamiento de fondo, sobre todo considerando que resulta evidente que lo que se pretende es que la acción delictiva que se investiga no continúe desplegando efectos en el plano material, en perjuicio de la persona ofendida. Piénsese, por ejemplo, en los delitos de usurpación en el que medie despojo del domicilio, en el que el desalojo del autor del hecho necesariamente deberá tratarse en el fallo de fondo que finalmente se dicte, cuando sea esto lo que la víctima pretende con su denuncia, sin que sea necesario que se hubiese entablado una acción civil. Desde luego, será distinto si lo que pretende en esos casos sea el resarcimiento o la indemnización civil por el hecho delictivo, que supone un procedimiento civil en el que necesariamente deben cumplirse los requisitos procesales previstos en el Código Procesal Civil. En realidad, la figura en cuestión constituye una consecuencia procesal derivada de la intervención misma de la Administración de Justicia, a tono con el artículo 41 de la Constitución Política, de modo que, no se dé lugar a una denegación de justicia y se cumpla, más bien, con una tutela judicial efectiva del administrado. En ese sentido, la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, dispone: “...El acceso a la justicia comprende la tutela judicial efectiva, entendida ésta como la posibilidad de reclamar ante los órganos jurisdiccionales la apertura de un proceso sin obstáculos procesales, obteniendo una sentencia de fondo motivada y fundada en un tiempo razonable, garantizando la ejecutoriedad del fallo.” De modo que, exigir una acción civil resarcitoria en estos casos, evidentemente constituye una exigencia innecesaria en contra de la protección a la víctima." Como se adelantó, el tribunal de instancia hizo caso omiso de todos esos tópicos. Sin embargo, al margen de esa divergencia y de la posición que se tenga con la presente integración (en la cual, como se dijo, la jueza Carranza coincide con la tesis sostenida antes por la jueza P. Vargas y queda en minoría) lo cierto es que en este asunto sí se ejerció una acción civil resarcitoria, de donde es irrelevante profundizar al respecto, pero se advierte a fin de que, en casos futuros, se resuelva expresamente el punto. (C) Decisión de las quejas. Ahora bien, en lo que sí es objeto de recurso (el tema de la restitución, comprendido en la pretensión civil de la Procuraduría General de la República la decisión fue muy parca y los argumentos emitidos, además, no son jurídicamente correctos. Es claro que, cuando se invoca la restitución al estado anterior, esa anterioridad alude al hecho que se acusa y no a otro momento, por lo que no era necesario traer prueba sobre cómo estaba la finca antes de la adquisición por parte de uno de los encartados pues no correspondía, bastaba acreditar cómo estaba antes de la intervención con la draga, aspecto que, como ya se dijo, contradictoriamente se mencionó como no probado (en el acápite de hechos indemostrados) y como acreditado (al iniciar la valoración probatoria y considerarlo suceso incontrovertido). No es competencia de ningún tribunal determinar la duración de esa ejecución al estado anterior ni el costo que implica para la persona, sino que debe limitarse a verificar si jurídicamente es admisible la decisión y tampoco es aceptable el argumento de que la Administración debía gestionar ese tema en otra vía, primero, porque la legislación procesal penal equipara la vía de la acción civil resarcitoria a otros procesos plenarios, de conocimiento, siempre y cuando haya relación (como se acusó) con hechos delictivos. Además, el que no haya anotación registral sobre si en un inmueble hay árboles, ríos o humedales no autoriza a las personas a disponer de esos recursos desde que estos están protegidos constitucionalmente a través del derecho a un ambiente sano (artículo 50 constitucional), norma de igual rango que la propiedad privada y que, en esa medida, la limita. Así las cosas, al no ser admisibles los argumentos que, además, fueron escuetos, lo procedente es acoger os recursos y anular parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto rechaza ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior y para que se resuelva ese punto se ordena el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia. POR TANTO: Se declaran con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público. Se anula parcialmente la sentencia penal impugnada solo en lo correspondiente al tema de la no restitución de las cosas a su estado anterior y, sobre tal tópico, se ordena el reenvío ante el tribunal sentenciador para lo que corresponda. Se mantiene incólume lo resuelto en lo penal y en materia de la acción civil resarcitoria. Tome nota el juez Jiménez Marín de lo indicado en el último considerando, apartado (B) a fin de que no incurra en semejantes yerros en otras ocasiones, que en este caso no pudieron rectificarse a falta de recurso de parte. NOTIFÍQUESE. Rosaura Chinchilla Calderón Ivette Carranza Cambronero Kathya Jiménez Fernández Juezas de apelación de sentencia penal Expediente: 21-001245-0485-PE (7) Imputado: [Nombre 001] y otros Ofendido: La Conservación Vida Silvestre Delito: Drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales imatarrita Expediente: 21-001245-0485-PE (7) - pág.: 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:25:20. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at seven thirty hours on the twenty-seventh of June, two thousand twenty-four. **APPEAL** filed in the present case against [Name 001], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Value 001], born in Limón, on March 9, 1980, son of [Name 002] and [Name 003], single, heavy machinery operator, resident of Limón, Pococí; and against [Name 004], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Value 002], born in San José, on November 20, 1965, son of [Name 005] and [Name 006], married, engaged in agricultural work, resident of Limón, Pococí; for the crime of DRAINAGE, FILLING, DRYING, OR ELIMINATION OF WETLANDS to the detriment of WILDLIFE and the ENVIRONMENT. Judges Rosaura Chinchilla Calderón, Kathya Jiménez Fernández, and Ivette Carranza Cambronero participate in the decision on the appeals. Appearing before this court are licensed attorney Andrés Alfaro Ramírez, representing the Procuraduría General de la República; licensed attorney Carlos Manuel Alvarado Barahona, representing the Ministerio Público; and licensed attorney Guido Núñez Jarquín, lawyer for one of the defendants; and, **WHEREAS:** **I.** That by judgment number 353-2024 at 14:45 hours on April 23, 2024, the Tribunal Penal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 8.2 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 to 366 of the Código Procesal Penal; 1, 30, 31, 45 of the Código Penal, Article 98 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, as well as Article 1045 of the Código Civil. resolves: By majority, applying the Universal Principle of In Dubio Pro Reo, the defendants [Name 001] AND [Name 007] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for a crime of DRAINAGE, FILLING, DRYING, OR ELIMINATION OF WETLANDS, which has been attributed to them as committed to the detriment of the Ley de Conservación de Vida Silvestre. The costs of the criminal process are borne by the State. The civil action for damages brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendants [Name 001] AND [Name 007] is dismissed in all its aspects. The complaint filed by the Procuraduría General de la República against the complainants [Name 001] AND [Name 007] is dismissed in all its aspects. As there was a plausible reason to litigate, the civil actions for damages are resolved without special condemnation in costs, each party assuming the personal and procedural costs incurred. Cease any precautionary measure against the accused and civil defendants. The movable property is returned to the accused [Name 001], consisting of a marsh dredge, Brand Caterpillar, Model 3128, serial number 121-8407, as he was the person from whom it was seized at the time. The things are NOT restored to their origin, since it is up to another administrative or judicial venue to discuss the legal regime of the immovable property, object of this litigation, by virtue of what has been resolved in this resolution. THE ACCUSED PERSON IS INFORMED THAT AS OF THIS RESOLUTION, HE HAS KNOWLEDGE THAT HIS PROPERTY IS ADMINISTRATIVELY AFFECTED AS A WETLAND, this so that he may carry out the corresponding actions that he deems convenient as owner. This resolution was notified orally. MSC. JUAN CARLOS JIMÉNEZ MARÍN. Trial Judge." (sic, electronic file). **II.** That against the preceding pronouncement, licensed attorney Andrés Alfaro Ramírez, representing the Procuraduría General de la República, and licensed attorney Carlos Manuel Alvarado Barahona, representing the Ministerio Público, filed appeals. **III.** That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Código Procesal Penal, the tribunal considered the issues raised in the appeals. **IV.** That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. **Judge Chinchilla Calderón writes; and,** **CONSIDERING:** **I.** Admissibility and competence. (A) On May 13, 2024, the Procurador, Master Andrés Alfaro Ramírez, filed an appeal against the judgment issued in the case record, a decision that is contestable by this means (objective specificity). This challenge was filed by reasoned writing, submitted before the trial court and within the legal term (since the full judgment was issued on April 23, 2024). Upon serving notice of this, the Ministerio Público filed its adhesional appeal, specifically on May 27, 2024. Therefore, both appeals must be admitted, given that, in addition to being filed on time, those who filed them are legitimated to do so (subjective specificity), without further formalities being necessary because, otherwise, the mandate established in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and what was resolved by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, judgment of July 2, 2014, would be breached. (B) In this matter, the Procuraduría General de la República filed a complaint and a civil claim for damages, both of which were rejected. Said entity, as well as the Ministerio Público, challenges only the decision regarding the non-restoration of property to its prior state, such that by virtue of the dispositive principle, the decision on the civil claim, including costs, has become final, and, likewise, the decision regarding the criminal liability of both defendants and the costs has become final, as it was not appealed; these aspects are beyond the scrutiny of this chamber (Articles 439 and 446 of the Código Procesal Penal). (C) An oral hearing was requested by the defendants' defender, but when it was scheduled, the requesting party withdrew it. **II.** In the sole grievance of the appeal by the Procuraduría General de la República —after summarizing the decision and indicating that there is no objection to what was resolved except on the issue of the restoration of property to its prior state— disagreement is shown with the decision regarding the non-restoration of property to its prior state and the lack of reasoning for said decision, which is qualified as a serious defect. It states that the request was rejected based on three arguments: a) that the accused [Name 004] had acquired the property where the events occurred based on public registry faith (fe pública registral), according to which there was no annotation or way to learn that the acquired land was within a palustrine wetland and that it was not possible for him to know in advance that he could not carry out any agricultural activity in that place, also that the channel, or part of it, had existed for years before; b) that the SINAC has not developed a preventive role in identifying all lands covered by forests and wetlands to alert their owners, before they carry out acts that threaten those ecosystems; and 3) that in the criminal venue, it is not feasible to order the restoration of property to its prior state, because how things were previously is unknown and it is in the administrative venue where these types of measures must be ordered. It recounts that the Procuraduría requested that the restoration of things to their prior state be ordered, so that in the judgment it would be accepted as a proven fact that on May 29, 2021, at approximately 11:40 hours, officials of the SINAC caught the defendants in the act while digging and deepening channels, an action with which they were draining and drying a wetland, to develop productive activities at the site, for which the closure of said channels was requested to allow the natural regeneration of the place. Likewise, it was requested that the Registro Nacional be ordered to make the respective annotation in the property's registration that it is a wetland, to prevent future acquirers or third parties from carrying out similar work at the site under the protection of public registry faith (fe pública registral), which could generate impunity and bring about a new harm to the environment. All of this was corroborated by the witnesses, who were SINAC officials. This made it possible to make the request even if the guilt or civil liability of any person was not proven, in safeguard of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in order to prevent the environmental damage from persisting over time and the degradation of the affected wetland on the property registered in the name of the accused [Name 004] from being consolidated. However, the appealed judgment limits itself to saying that the request for restoration of property to its prior state is rejected, simply because those channels, or at least the main one, had existed for years before, that it was unknown how old that excavation could be, and that in any case the land was of agricultural vocation—at least as it appears in its registry description. It was indicated that the accused [Name 004] had acquired the land, object of the litigation, to carry out agricultural activities, because that is his way of life and because it was unknown that a wetland existed at the specific site. In the case of Mr. [Name 001], the reproach is even less, since the registered owner, that is, [Name 004], hired him solely to do work at the site and he had no way of knowing that there was a prohibition on carrying out that type of work on that property. For the appellant, all those reasons are acceptable and useful to support the acquittal of the accused and to dismiss their civil liability, but in no way are those reasonings applicable to the rejection of the restoration of property to its prior state, since what is intended through that measure is to prevent the protected legal right that has been involuntarily violated by the defendants, from continuing to be so over time and to put a stop to the degradation of the wetland and thereby halt the harm to the environment that has been occurring. Even, the appellant continues, contradictorily, the sentencing tribunal tells the accused that from now on he can no longer make new channels, nor widen those already existing, because as of the information and evidence produced at the adversarial hearing, it is known that his land is a wetland and as such it cannot be transgressed; it even mentions that if he disagrees with that characterization of the property as a wetland, he must resort to the administrative venue to challenge that administrative act. So, if the tribunal is clear that the site is a wetland and that the construction of channels there cannot be carried out, why does this entail its drainage or drying, why does it allow this type of illicit works to remain at the site? If it is clear that the permanence of the channels or ditches harms the wetland and therefore the protected legal right, why does it not order the respective works to allow the natural regeneration of the site? It relies on the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, the Ramsar Convention on Wetlands, Article 50 of the Political Constitution, the Ley Orgánica del Ambiente, and argues that the fact that the property does not have a warning in its registration of the existence of a wetland on it is an irrelevant aspect, which does not prevent ordering the cessation of said environmental impact, since whoever holds a right over a specific estate or property where some irregular event occurred has no right to vindication or to preserve that which harms the environment and violates the legal order. It extensively transcribes votes number 2010-341 of the then Tribunal de Casación Penal of Cartago, 199-2014 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of San Ramón, 2014-292 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of Cartago, and considers the precautionary and in dubio pro natura principles violated. It requests the annulment of this aspect and the respective remand. In the sole grievance of the prosecutor's adhesional appeal, disagreement is also shown regarding the decision on that topic. Citing procedural norms, it alludes that it is only required to have demonstrated an injury to the Environment (as happened here), regardless of the criminal liability borne by the individual, in order to seek to restore all circumstances to the original state. It relies on Articles 45, last paragraph, 50, 74, and 89 of the Political Constitution; 53, 54, and 55 of the Ley Orgánica del Ambiente; 53 and 54 of the Ley de Biodiversidad; and votes number 2003-396 of the Tribunal de Casación Penal of San José, 554-2017 of the Sala Tercera, 291-2015 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Second Section (location not indicated), 2023-487 and 2010-341, both from the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of Cartago. It requests that, for procedural economy, the merits of the matter be resolved from this court. Upon responding to the appeal, the defender of one of the accused requested its rejection and the scheduling of an oral hearing, adding that the State, through the Procuraduría and the Ministerio Público, turns criminal proceedings into instruments to attempt to obtain exorbitant patrimonial benefits through civil claims for damages and accusations that, when faced in an adversarial setting, lack evidentiary elements and a correct investigation. He considers it an instrumentalization of environmental law and that the only thing they seek is the application, before or after the hearing, of a precautionary measure based on Article 140 of the Código Procesal Penal, but, in this matter, the judge was clear and extensive in his rejection because the land in question was dedicated to livestock activity for years and no technical evidence was provided that would serve as parameters to determine exactly what the prior state of things was. The Sistema Nacional de Áreas de Conservación must delimit the wetlands as ordered by the judgment and is the first called upon to fulfill its duties to guarantee legal certainty and social peace to the inhabitants. He adds that the State has tools such as the contentious-administrative jurisdiction and the Tribunal Ambiental Administrativo to restore things to their original state. The judge was clear in saying that the channel existed before the start of this case and before his client bought the home. The prior state of things is so broad and requires temporal and spatial determination, otherwise any resolution granting the restoration of things to their original state will be disproportionate, irrational, and illegal. Without scientific parameters of time and space, the request sought by the Procurador does not proceed, which does not mean a lack of protection for the environment, because this is a product of the Procurador's inaction in bringing the convincing evidentiary elements. He requests the rejection of the appeal. The claims must be upheld. (A) Procedural summary. In this matter, a criminal accusation and a complaint from the Procuraduría General de la República were filed against both defendants, and the civil claim for damages was established in the latter, all based on the following facts: "FIRST: Without specifying the exact date, but before May 29, 2021, the accused [Name 001] AND [Name 004], acting by common agreement, devised a plan to create a channel within the wetland located in Limón, Pococí canton, La Aurora de Colorado, from the school, 700 meters east and 2.7 kilometers north, the entrance before the Sierpe post, of the Parque Nacional Tortuguero, and in this way alter the wetland ecosystem and cause it to dry out. SECOND: On May 29, 2021, at approximately 11:40 hours, in Limón, Pococí canton, La Aurora de Colorado, from the school, 700 meters east and 2.7 kilometers north, the entrance before the Sierpe post, of the Parque Nacional Tortuguero, the accused [Name 001], according to the previously established plan, was driving and operating a dredge, brand Caterpillar, model 312, serial 121-847, with which he excavated and drained material in the wetland zone, which he placed at the edge of the channel to form a road, while the co-accused [Name 004], as his helper, gave instructions to the accused [Name 001] and guided the maneuver of the heavy machinery, in order to extract enough material to achieve the depth of the channel, which measures 4.5 meters wide by 2 meters high and 597 meters long, being (sic) caught in flagrante delicto by SINAC officials, Jefry Castillo Machado and Olman Mena Valverde, while they were performing said work. THIRD: The accused [Name 001] AND [Name 004] carried out the above without having authorization from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, causing with their action, the permanent interruption of the wetland ecosystem and its water cycle and causing environmental damage of 85,176,477.90. ACCUSED FACTS OF THE COMPLAINT: FIRST: Without specifying the exact date, but before May 29, 2021, the accused [Name 001] and [Name 004], acting by common agreement, devised a plan to create a channel within the wetland located in Limón, Pococí canton, La Aurora de Colorado, from the school, 700 meters east and 2.7 kilometers north, the entrance before the Sierpe post, of the Parque Nacional Tortuguero, cartographic coordinates X:553589.3 Y:1146458.9 and in this way alter and dry an unnamed Palustrine type wetland ecosystem located on said property. SECOND: On May 29, 2021, at approximately 11:40 hours, in Limón, Pococí canton, La Aurora de Colorado, from the school, 700 meters east and 2.7 Kilometers north, the entrance before the Sierpe post, of the Parque Nacional Tortuguero, the accused [Name 001], according to the previously established plan, was driving and operating a dredge, brand Caterpillar, model 312, serial 121-847, with which he excavated and drained material in the palustrine wetland zone, which was placed at the edge of the channel to form a road, while the co-accused [Name 004], as his helper, gave instructions to the defendant [Name 001] and guided the maneuver of the heavy machinery, in order to extract enough material to achieve the depth of the channel, managing to create a channel 4.5 meters wide by 2 meters high, 597 meters long, and its base is approximately 3 meters, being (sic) caught in flagrante delicto by SINAC officials. THIRD: The accused [Name 001] and [Name 004] carried out the above without having authorization from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, causing with their action damage of great importance to the environment since wetlands are formed by a series of zones in which it is located, such as water supply both for direct exploitation and for aquifer recharge, flood control and favorable economic conditions for certain sectors of the population dedicated to their rational exploitation, and the appearance of a singular landscape fully identifiable by its great beauty and diversity regarding the wildlife that forms part of its cultural heritage. In addition, the environmental damage generated biophysical damage and social damage, with biophysical damage being considered those actions done to the natural environment that cause deterioration of natural resources; while social damage manifests in the loss of benefits, because the natural environment provides a series of flows that society uses to improve its well-being, which implies the need to establish a substitution and compensation equivalent to the loss of benefits caused by the impact on natural resources. The environmental damage was valued in the sum of 85, 176, 477, 90." The last events also supported the civil claim for damages. At the hearing, six witnesses were heard: Jeffry Castillo, Olman Mena, Víctor Hugo Montero, Nelson Guzmán, Nelson Cháves, and Hernán Hernández, the last three for the defense. The judgment was issued orally, by a single judge, and is supported in the audiovisual record 210012450485PE-23042024024208-2_Multi--0.wmv which has a duration of 1:09:35. In Considering I of the judgment, where the proven facts are developed, the absence of criminal records for both defendants was established as such. In Considering II, of unproven facts, all those of the accusation, complaint, and civil action were considered as such. Considering III (although named II again) refers to the summary of evidence and notes that the defendant [Name 001] abstained and [Name 009] testified, saying that he bought the farms in 2019 and 2020 and no one told him there were wetlands there, neither the bank nor did he know. The judge indicates that, as the witnesses testified in the immediately preceding hearings and did so very extensively, some giving broad technical descriptions as if it were a class, he will refrain from describing the content of their statements since the parties have it fresh in their minds. He referred to the documentary evidence, stating that the SINAC report 225-2021 from folios 1 to 9, the dredge seizure act, the environmental damage assessment, the criminal record certification for both defendants, a technical report, notarial testimonies from folios 117 to 122, a copy of documents and registry studies of the farms from folio 129 were incorporated. At minute 24:13, he begins the section on evidence assessment and states that from the documents it is clear that the defendants did perform the work, although one as the employer of the other and not as a helper, that a dredge was used, that there are wetlands on the farm but that it is not dry because the photos allow one to see otherwise, that a broad environmental damage assessment was made which included even gasoline, paper, and fees for the person who did the study, an aspect he had never seen detailed to such an extent, that the farm is agricultural and from minute 34:32 he concludes (in words summarized by this tribunal) that the defendants must be acquitted due to doubt, because there is no evidence they knew there were wetlands, so although their behaviors are typical and formally unlawful, there is no material unlawfulness as they believed they could perform the work, in addition to there being no damage because the channels were already there and were being maintained, plus there are many errors in the pleadings that affect the correlation and cannot be considered material errors, because an attempt is not described (it was not about opening the channel as the accusation stated but about maintaining it) and errors in the location's jurisdiction (not to Pococí but to Guácimo). From minute 53:10 of the audiovisual file containing the oral judgment, the judge refers to the request for restoration of things to their prior state made by the Procuraduría and rejects it, arguing, in summary, that he could not order him to do anything but leave the channel as he found it in the year 2004, April 23, when he bought the farm, but not before, and he could not order it either because there is no proof, it will take years, there is a material impossibility and it is his property, and, finally, because it is up to the Sistema de Áreas de Conservación to carry out the administrative procedures for that effect, since it would be a land-use change (cambio de uso del suelo) that must be registered in the Registro Público and that would deprive him of his land. It is more reasonable that delimitation be requested of what is wetland and what is not, but not that the entire property be declared wetland because he would be left as bare owner and would lose what he invested, which is not fair. (B) Preliminary issues. First, it is worth emphasizing that the criminal and civil judgment (regarding the majority of the claims) has not been appealed and, to that extent, this tribunal cannot examine or reverse it, which does not prevent pointing out to the sentencing body certain errors noted in its formulation so that it does not commit them in subsequent opportunities. Thus, for example, the fact that the parties have directly heard the evidence and that it was produced close in time to the delivery of the oral judgment does not exempt the tribunal from summarizing its content or referring to it in the evidentiary analysis, as stipulated in Article 142 of the Código Procesal Penal (none of which happened here), as this, in addition to the parties, must be presented for any third party (effect of the principle of publicity towards the national community) and for the oversight bodies of what was resolved, an issue that was omitted in the judgment of this matter where, besides that, in the intellectual analysis part there is no reference to the content of each testimonial evidentiary element, an aspect that could well have led to the annulment of the decision if any appeal had been filed in that regard. On the other hand, it is a serious inconsistency to indicate that all the facts of the accusation and the complaint appear as unproven and, at the same time, when analyzing the evidence, to accept that, from the documents produced, it can be concluded without any dispute that the defendants (one the employer of the other) performed the work, that a dredge was used, that there are wetlands on the farm (whose title and acquisition date are indicated), that from the work it does not follow that the wetland dried out. Those are proven facts as assessed by the a quo in the development of the ruling, which were incorporated in the accusation and complaint, and which in an earlier section are held as unproven, which is a serious contradiction that would lead to the annulment of the judgment, if it were not because, being final as it was not appealed, such a thing cannot be done. Similarly, if the central argument of the judgment is that the defendants did not know they were in the presence of a wetland and Article 98 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre establishes: "Anyone who, without prior authorization from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drains, dries, fills, or eliminates lakes, non-artificial lagoons, and other wetlands, whether declared or not as such, shall be sanctioned with a prison sentence of one (1) to three (3) years" (emphasis added), it is clear that the applicable legal figure was a mistake of fact (error de tipo) (error regarding the normative legal concept of "wetland"), which warranted an analysis of overcomeability and insurmountability (not done) and prevented affirming the typical nature. Likewise, the trial judge errs regarding the content of the category "material unlawfulness (antijuridicidad material)" which refers to the significant injury or endangerment of the legal right and not to the belief of whether or not one could perform the act. On the other hand, the allusion that there were correlation problems and not simple material errors omitted to analyze how the change of place affected the underlying right of defense, the only way to accept the violation of Article 365 of the Código Procesal Penal, which allows, without undermining said precept, the change of legal qualification (from a consummated act to an attempted one), none of which the judge provided reasoning for, and which, it is repeated, would be defects that would have led to the annulment of the judgment if it had been challenged and not allowed to become final, as indeed happened, but which it is advisable to specify so that the judge does not incur such errors in other cases. Specifically regarding the issue of the restoration of property to its prior state, there are two theses in jurisprudence regarding the admissibility requirements, none of which was examined by the a quo. This tribunal, with a composition partially different from the current one (R. Chinchilla, P. Vargas, and K. Jiménez), in vote number 2022-1773 with a split vote (dissenting vote of Judge Vargas), indicated: "On the requirements for restoration. Although, as will be seen, this chamber agrees that, in this matter, the appeal is admissible, there is disagreement regarding the arguments and requirements for it. (C.1) Majority position (Judges Chinchilla and Jiménez). It is important to keep in mind that the restoration (restitución) of things to their original condition is not a simple provisional criminal measure (as is the case with the reestablishment of things to their prior condition stipulated in numeral 140 of the Criminal Procedure Code) but rather forms part of the civil claims that, in this case, were exercised by the appellant, who is a civil plaintiff, and are ordered in the final judgment (not during the investigative phase). In these terms, it was indicated in vote number 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla and E. Salinas) in which it was stated that the legal basis for this aspect is found in Article 103 of the Penal Code, which, in relevant part, indicates: "Every punishable act has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a condemnatory judgment; it shall order: 1) The restoration (restitución) of the things or, failing that, the payment of the respective value (...)". This provision must be contextualized, in order to obtain an interpretation adjusted to what the legislator intended with it. Its location in the Penal Code, in Title VII called "Civil Consequences of the Punishable Act," implies that it has a direct relationship with the civil claim sought by the victim of a punishable act. Furthermore, the three sub-sections are subject to the determination of "civil reparation" in a judgment (regarding forfeiture (comiso), there is much doctrinal discussion about whether or not it is a civil consequence of the act; however, as this is not the matter challenged, this chamber will not discuss this point). In relation to the above, numeral 122 of the Current Rules on Civil Liability clarifies that this type of reparation comprises "1° The restoration (restitución) of the thing", which confirms that, indeed, when referring to this aspect, it should be considered a civil consequence of the act. Now, the cited Article 103 orders that, in a condemnatory judgment (understood in the civil sphere because there is independence between that liability and criminal liability: Article 40, in fine, of the Criminal Procedure Code), the court must rule regarding the restoration (restitución) of the things (and numeral 491 of the Criminal Procedure Code reaffirms the civil indemnity nature by stating that if there is controversy, the interested persons are referred to the civil jurisdiction). Based on all the above, it is concluded that the restoration (restitución) of things to their prior condition is part of what can be ordered when there is a civil condemnation (this must be differentiated from the simple restitution (restitución) of the thing, which is ordered in a judgment when the object of the crime must be returned to its legitimate owner or possessor, and which is generally held in provisional deposit). However, the question that immediately arises is whether the court can impose civil liability on the accused without a petition from one of the parties (ex officio). According to Article 368 of the Criminal Procedure Code, for a resolution condemning in the civil sphere to be issued, it is mandatorily required that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has been exercised in accordance with Articles 37 to 41 of this same legal body. Likewise, numeral 111 of the procedural code states: "To exercise the action for damages (acción resarcitoria), its holder must constitute himself/herself as a civil plaintiff (...)". The lawsuit that contains the claims for reparation or restoration (restitución) of things to their prior condition must meet a series of requirements, among which, according to Article 112 of the mentioned Code, is: "d) The grounds on which the action is based, with an indication of the character invoked and the damage whose reparation is sought, even if the amount is not specified." These claims must be concretized, in accordance with Article 308 of the Criminal Procedure Code, which states: "When the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has been exercised, the Public Prosecutor's Office must also inform the civil plaintiff of the accusation, so that within a period of five days they may concretize their claims, indicate the class and form of reparation they demand, and liquidate the amount of damages and losses they estimate to have suffered up to that moment (...)." In accordance with that, the hearing granted has the purpose of allowing the civil plaintiff to define their specific interests, in accordance with what was requested in the filed lawsuit, which must include, of course, the restoration (restitución), if it is in their interest. Therefore, it is impossible to consider that the claim directed at restoring things to their prior condition can be made ex officio, since the civil aspects must be declared based on what was requested in the respective lawsuit. In this case, there was indeed a civil action for damages (acción civil resarcitoria), so for this reason and more that will be added, the appeal is admissible. (C.2) Position of Judge Vargas González. As I pointed out in the dissenting vote contained in resolution 2021-0921 at 8:35 a.m. on June 23, 2021, issued by this chamber, with a similar panel (R. Chinchilla Calderón, L. Murillo Mora and P. Vargas González) «[…] the restoration (restitución) of things to their original condition is not a civil consequence derived from the punishable act, but a sui generis one that must be ordered ex officio, that is, regardless of whether there is a condemnatory judgment or even a civil action for damages (acción civil resarcitoria), the above based on numeral 366 of the Criminal Procedure Code. In this regard, this chamber, with a panel similar to the current one (Porras Villalta, Vargas González and Murillo Mora), has pointed out the following: “The questioning raised by the defense attorney, by arguing that the restoration (restitución) cannot be ordered when the accused is acquitted criminally and when the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has not been exercised, is not novel, as this appellate court has already had the opportunity to rule on the matter and does not share such a position. Thus, based on what is expressly provided by Article 366 of the Criminal Procedure Code (which is a later norm than Article 103 of the Penal Code, which the appellant cites in support of her thesis), case law has interpreted that even in the event of an acquittal regarding criminal aspects, the judge is empowered to order, even ex officio, the restoration (restitución) of objects seized in the proceeding: “[…] There is an error in the judgment regarding the legal basis for ordering the eviction, as the norm that authorizes that measure is not Article 142 of the Criminal Procedure Code, but rather Article 366 ibidem. This expressly regulates that “The acquittal judgment shall order...the restoration (restitución) of the objects seized in the proceeding that are not subject to forfeiture (comiso)...”. In the specific case, the Court had proven that the land occupied by the accused belongs to the State and is used by the Ministry of Environment and Energy, as part of the Territorial Planning Project for the Core Zone of the Barra del Colorado Wildlife Refuge. Simple possession or the right of possession cannot be claimed over these lands, as they are outside of commerce and are imprescriptible (Art. 262 of the Civil Code and Judgment 733-F-00, at 3:12 p.m. on October 4, 2000, from the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Once the ownership of the property and its destination for nature preservation were accredited, the legal consequence was the expulsion of the occupants, as decreed in the judgment […]” (cf. Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, vote N° 2004-00933 at 11:00 a.m. on September 9, 2004). In the same sense, always based on the provisions of Article 366 of the Criminal Procedure Code, the appropriateness of the restoration (restitución) of things to their prior condition has been considered even in the case of issuing an acquittal, when facing an infraction to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (cf. Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, votes 2004-0919 and 2004-0933). This solution has even been chosen in the case of an acquittal for the crime of usurpation: "[...] if according to the proven facts, the accused here is occupying a property that was possessed by another person, the logical consequence is to order the restoration (restitución) in the same judgment, in order not to unnecessarily delay the return of the offended party to the property. In this regard, in a 1992 ruling, our Cassation Chamber indicated, for a case in which the act of usurpation was proven, the following: “It must be admitted that the optimal outcome is that, in cases like the present one, the restoration (restitución) of possession be ordered in the same judgment that condemns for the crime of usurpation, so as not to unnecessarily delay the return of the offended party to the de facto power by which they subjected the usurped property to their control and will; however, if such a provision is omitted in the judgment, nothing prevents that, subsequent to it, a resolution be issued that—in execution of that condemnation—comes to order the eviction of the property by the usurper so that the offended party may enter into its possession, as happened in the case under review. It is worth saying that such a solution is not only the one derived from the correct application and understanding of the law, but also the one imposed by the most elementary norms of common sense: it would be absurd for the accused, taking shelter from the judgment that condemns them for the crime of Usurpation, to legitimize and maintain the possession of the very property they accessed in a typical, unlawful, and culpable manner.” Third Chamber of the Supreme Court of Justice, V-107-F, at eight hours fifty-five minutes on April three, nineteen ninety-two. This ruling is applicable to the sub judice, not only because it warns of the need not to maintain a legal absurdity, which would occur by acquitting someone for usurpation because they held a false belief about their better right to possess the property and to obtain its legal adjudication, and then maintaining them in possession until the better right of possession of the offended party is demonstrated, who acquired, with the evidentiary and negotiatory difficulties that might exist, the right to possess that property. The evidence provided, as well as the technical and legal considerations made by the defense counsel, make the criterion of the trial judge and of this Court prevail, meaning in this case the abandonment of the property must be ordered, and if Mrs. [Name 011] considers that her right must prevail, she must raise it in another jurisdiction, civil or agrarian, depending on the nature of the property and its use. In accordance with the foregoing, it is held that the order for the restoration (restitución) of the property in favor of Mrs. [Name 010] could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence presented at trial [...] Thus, despite the acquittal issued regarding the criminal charge, the trial judge was obligated to order that the titleholder of the property in dispute be placed in possession of it, for having a better right of possession. In this regard, it is noted that generally the property in dispute is in the possession of the acquitted accused, and therefore, if it could be proven that ownership of the same corresponds to a third party (as happened in the case), it must be restored to the latter. […] The first paragraph of Article 366 of the Criminal Procedure Code establishes that the judgment, even if acquitting, shall order the restoration (restitución) of the objects that are seized in the proceeding and that are not subject to forfeiture (comiso), without specifying that this restoration (restitución) must be done in favor of a specific subject. This implies, then, that for said purposes the judge must determine who is the person with the better right over the object, even if it is a third party. Although it could be interpreted that this norm does not refer to real estate but rather to simple "objects" (personal property), such a thesis must be rejected, not only because forfeiture (comiso) is also applicable to properties (Article 465 of the Criminal Procedure Code), but also because numeral 140 ibidem establishes that at any stage of the proceeding and at the request of the offended party, the judge may order, as a provisional measure, the reestablishment of things to the condition they were in before the act. If the judge holds this power as a provisional measure, with much more reason they can decree it as a definitive restoration (restitución) when issuing the final judgment, where the ownership of the property held by a specific person has been determined. On the other hand, it must be reiterated that the order for the restoration (restitución) of the property in favor of Mrs. [Name 010] could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence presented at trial, from which it was possible to prove that she acquired it in 1999 and has since been exercising possession over it. In this regard, it is understood that the first paragraph of Article 366 already commented on, where the judge is required to issue the respective ruling on this point, determines that this decision is made ex officio, since for purposes of ordering the restoration (restitución) it is not required that, as a prior condition, the offended party has exercised the civil action for damages (acción civil resarcitoria), nor that they have formulated a direct and express claim regarding it. The fact that even though it is not necessary to do so, the offended party files said lawsuit (by which means a "condemnation" to restore could be obtained, according to the provisions of Article 464 of the Criminal Procedure Code), in no way implies that the civil action was necessary. For the reasons stated, the appeal is dismissed […]” (cf. vote of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José N° 2006-1115 at 09:18 a.m. on October 20, 2016, which in turn cites and relies on the vote of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice N° 107-F-92 at 08:55 a.m. on April 3, 1992). In this same sense, that is, that the restoration (restitución) proceeds even if no civil action for damages (acción civil resarcitoria) has been exercised, votes of the Third Chamber N° 1462-2004 and N° 604-F-91 can also be consulted. Taking into account the above, it must be specified that, obviously, the order for restoration (restitución) may be issued whenever said measure is materially possible, which for example will happen when, in the case of personal property, it is in the possession of the judicial office (cf. hypothesis regulated by Article 367 of the Criminal Procedure Code). Likewise, in the case of real estate, the restoration (restitución) (if appropriate) will always be feasible, to the extent that the jurisdictional authority may appear at the respective land and through a formal act will place the person entitled to it in possession. It is clear that such an option would not be possible in cases involving personal property that, not being seized or placed in provisional deposit, is not known where it is or if it still exists, in which case, as a subsidiary measure, what will be appropriate is an economic reparation through condemnation for the payment of damages and losses […]” (Resolution N° 2018-0095, issued at 9:44 a.m. on January 30, 2018, emphasis supplied). For the reasons stated, it is concluded that the restoration (restitución) of the protection area to its original condition is not contingent upon the condemnation of the accused person. Furthermore —contrary to what the appealed judgment states— the fact that for years some have invaded the protection areas designated by the legislator with impunity and that municipal and state authorities have tolerated this situation instead of complying with their duties does not change the fact that the jurisdictional bodies, when it is appropriate, are obligated to order that restoration (restitución), since the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right of those who inhabit this country and the State must guarantee and defend it.» As I pointed out then, I consider that the restoration (restitución) of things to their original condition, given its sui generis nature, can be ordered even if there is no criminal condemnation, or if the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has not been exercised. Except on this point, on which the other members of this court have a different position, I agree with them in that the decision adopted by the a quo lacks reasoning and, therefore, must be annulled. (C.3) However, whether starting from the majority position or the minority one, in this case the civil action was indeed exercised by the appellant, so this controversy does not affect the specific case.» (Highlights are from the original). In a similar sense, both theses are observed in the vote of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago number 2020-627, where this time the position of requiring a civil action to decree the restoration (restitución) was in the minority (Judge Fernández) against the contrary thesis defended, with diverse arguments, by Judges I. Carranza and D. Fallas. Judge I. Carranza (who now forms part of this chamber) at that time indicated by note: “…the restoration (restitución) at issue in this case is not linked to that derived from a strictly civil indemnity claim, but rather corresponds to the figure of the reestablishment of things to their prior condition before the commission of the crime, the treatment of which in the procedural reform was linked to the rights of the victim. Thus, Article 140 of the Criminal Procedure Code provides: “At any stage of the case and at the request of the offended party, the court may order, as a provisional measure, the reestablishment of things to the condition they had before the act, provided there are sufficient elements to decide it.” It is true that this concerns the issuance of a provisional measure; however, it is also true that the norm would have no reason to exist if the point could not be subject to a final ruling, especially considering that it is evident that the intention is that the criminal action under investigation does not continue to have effects on the material plane, to the detriment of the offended person. Think, for example, of the crimes of usurpation in which dispossession of the domicile occurs, where the eviction of the perpetrator of the act must necessarily be addressed in the final judgment that is ultimately issued, when this is what the victim seeks with their complaint, without it being necessary for a civil action to have been initiated. Of course, it will be different if what is sought in those cases is compensation or civil indemnity for the criminal act, which involves a civil procedure in which the procedural requirements provided for in the Civil Procedure Code must necessarily be met. In reality, the figure in question constitutes a procedural consequence derived from the very intervention of the Administration of Justice, in line with Article 41 of the Political Constitution, so as not to give rise to a denial of justice and to comply, rather, with effective judicial protection for the administered party. In that sense, the Ibero-American Charter of Victims' Rights provides: "...Access to justice comprises effective judicial protection, understood as the possibility of claiming before jurisdictional bodies the opening of a process without procedural obstacles, obtaining a reasoned final judgment founded in a reasonable time, guaranteeing the enforceability of the ruling." Thus, requiring a civil action for damages (acción civil resarcitoria) in these cases evidently constitutes an unnecessary requirement against the protection of the victim." As previously noted, the trial court completely ignored all these topics. However, regardless of this divergence and the position held by the present panel (in which, as stated, Judge Carranza agrees with the thesis previously held by Judge P. Vargas and is in the minority), the truth is that in this matter a civil action for damages (acción civil resarcitoria) was indeed exercised, so it is irrelevant to delve deeper into this respect, but it is noted so that, in future cases, the point is expressly resolved. (C) Decision on the appeals. Now, regarding what is indeed the subject of the appeal (the issue of restoration (restitución), included in the civil claim of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República)), the decision was very limited and the arguments issued, moreover, are not legally correct. It is clear that, when the restoration (restitución) to the prior condition is invoked, that prior condition refers to the act being charged and not to another moment, therefore it was not necessary to bring evidence on how the property was before its acquisition by one of the accused, as that was not relevant; it was sufficient to prove how it was before the intervention with the dredge, an aspect that, as already stated, was contradictorily mentioned as not proven (in the section of unproven facts) and as proven (at the start of the evidentiary assessment and considered an undisputed event). It is not the competence of any court to determine the duration of that execution returning to the prior condition or the cost it implies for the person, but rather it must limit itself to verifying if the decision is legally admissible, nor is the argument acceptable that the Administration should have managed this matter in another jurisdiction, first, because the criminal procedure legislation equates the route of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) to other full proceedings, of adjudicative knowledge, provided there is a relationship (as charged) with criminal acts. Furthermore, the fact that there is no registry annotation on whether there are trees, rivers, or wetlands on a property does not authorize people to dispose of those resources since they are constitutionally protected through the right to a healthy environment (Article 50 of the Constitution), a norm of equal rank to private property and which, to that extent, limits it. Thus, as the arguments are inadmissible and were, furthermore, scant, it is appropriate to grant the appeals and partially annul the contested judgment, solely insofar as it refuses to order the restoration (restitución) of things to their prior condition, and to resolve that point, a remand is ordered before a new panel of the trial court. POR TANTO: The appeals filed by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) and by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) are granted. The contested criminal judgment is partially annulled only in relation to the matter of not ordering the restoration (restitución) of things to their prior condition, and on this topic, a remand is ordered before the sentencing court for appropriate action. What was resolved in criminal matters and with regard to the civil action for damages (acción civil resarcitoria) remains untouched. Judge Jiménez Marín is notified of what was indicated in the last recital (considerando), section (B) so that he does not incur similar errors on other occasions, which in this case could not be rectified due to lack of appeal by a party. NOTIFY. Rosaura Chinchilla Calderón Ivette Carranza Cambronero Kathya Jiménez Fernández Judges of Appeal of Criminal Sentence Expediente: 21-001245-0485-PE (7) Accused: [Name 001] and others Victim: Wildlife Conservation Crime: Drainage, filling, drying, or elimination of wetlands imatarrita Expediente: 21-001245-0485-PE (7) - pág.: 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:25:20. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República