Res. 00563-2024 Tribunal Agrario — Expiration of interdictal action for disturbance in forest protection areaCaducidad de acción interdictal por perturbación en área de protección forestal

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00563 - 2024

Fecha de la Resolución: 10 de Junio del 2024 a las 11:30

Expediente: 21-000145-1129-AG

Redactado por: María Carolina Hurtado García

Clase de asunto: Proceso interdictal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución



 

 

EXPEDIENTE:

	

21-000145-1129-AG - 6




PROCESO:

	

SUMARIO




ACTOR/A:

	

CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA




DEMANDADO/A:

	

LUIS ANGEL FUENTES  CHACÓN

 

   

VOTO N°  N° 2024000563

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas treinta minutos del diez de junio de dos mil veinticuatro.-

 PROCESO SUMARIO INTERDICTAL interpuesto por CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres- ciento uno - cero diez mil ochocientos ochenta y dos, representada por Michael Calderón Segura, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José,  cédula de identidad número uno - mil cinco - cero ciento ochenta y cinco, en su condición de secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, en contra del señor LUIS ÁNGEL FUENTES CHACÓN, mayor, casado una vez, con cédula de identidad  uno - cero novecientos ochenta y dos - cero trescientos ochenta y dos, vecino de Pérez Zeledón. Intervienen, como apoderado especial judicial de la parte actora el Licenciado Roberto Antonio Bolaños Prada, colegiado veintiocho mil doscientos ocho, y el Licenciado Miguel Ángel Fernández Ureña en su calidad de Defensor Público de la parte demandada. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de  la Zona Sur.

Redacta la  jueza Hurtado García y,

CONSIDERANDO:

I.- DE LAS PRETENSIONES:  La parte actora solicita que en sentencia se declare: "1.- ... con lugar en todos los extremos el presente interdicto de amparo de posesión. 2. Que se le aperciba al demandado y demás ocupantes, suspender los actos perturbatorios, que le pueda generar daños a mi representada en sus bienes inmuebles, bajo apercibiendo de que si no lo hiciere se le seguirá causal Penal por el delito de desobediencia a la autoridad. 3. Que se le ordene al demandado restituir íntegramente el derecho de posesión a mi representada y abstenerse en el futuro de perturbar el derecho de posesión que tiene mi representada sobre el inmueble finca Matrícula de Folio Real número 1-247674-000, plano SJ-1502101-2011, que se ubica sobre la Ruta 2, contiguo al puente sobre el río El General, específicamente en las coordenadas CRTM05: 540470 – 1024785.   4. Solicito que en sentencia se condene a los demandados al pago de las costas procesales y personales de esta acción. 5. Que en sentencia se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios, esto por cuanto está obligado a responder por la tala de árboles y daño ambiental ocasionado, hechos descritos anteriormente y, que así se le debe imputar"  (Ver expediente electrónico imágenes 1 a 7).

II.-   La parte accionada contestó de manera negativa, e interpone las excepciones de falta de derecho y   caducidad  (Ver expediente electrónico  contestación a imágenes 83 a 86 ).

 III.- La jueza Xinia Vindas Mejía, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en resolución de  las quince horas  cuarenta y cuatro minutos  del doce de abril de dos mil veintitrés, resolvió:  "POR TANTO:  De las citas legales indicadas, la jurisprudencia y doctrina mencionadas así como los argumentos de fondo presentados SE DECLARA CON LUGAR EL PROCESO INTERDICTAL interpuesto por CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE S.A., en contra de LUIS ANGEL FUENTES CHACÓN. Se declara sin lugar la excepción de CADUCIDAD del presente proceso interdictal, así como sin lugar la excepción de falta de derecho. Se apercibe al demandado y demás ocupantes, suspender los actos perturbatorios, que le pueda generar daños a la parte actora en dicho bien inmueble, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se le seguirá causal Penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Se le ordena al demandado restituir íntegramente el derecho de posesión a la parte actora y abstenerse en el futuro de perturbar el derecho de posesión que tiene la actora sobre el inmueble finca Matrícula de Folio Real número 1-247674-000, plano SJ-1502101-2011, que se ubica sobre la Ruta 2, contiguo al puente sobre el río El General, específicamente en las coordenadas CRTM05: 540470 – 1024785. Se condena al pago de ambas costas de este proceso a la parte demandada que ha resultado vencida en sus pretensiones" (Ver expediente electrónico imágenes 151 a 164).

 IV.- La parte demandada interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de primera instancia con fundamento en los siguientes agravios:   1)   Aduce que en la sentencia se incurre en error de derecho,  ya que la jueza  de primera instancia no aplicó el cómputo de caducidad según el artículo 106.1 del Código Procesal Civil.  Señala, que la misma parte actora en el libelo de demanda indica que el nueve de agosto de 2021 su equipo de seguridad identificó un ingreso no autorizado en la finca, y la demanda se presentó el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, sea cuatro meses después.   Sostiene, la caducidad se acredita con el plano SJ-2295763-2021 que logró inscribir el demandado en julio del 2021.   2)  Que los testigos de la actora no conocen al demandado,  no conocen el área, no hablaron sobre hechos perturbadores.  Dice, los testigos del demandado, refieren que no han visto trabajadores de la actora en el lugar, a pesar que viven al frente del terreno dichos declarantes.  Que sus testimonios fortalecen lo dicho por el accionado en el sentido que adquirió de Carlos Blanco y hasta obtuvo un estudio técnico emitido por SINAC el 10 de agosto de 2021.   3)  Afirma, de acuerdo al plano mencionado en el hecho 9 de la demanda, ratifica que la actora ni siquiera es dueña de la propiedad.  Que el demandado ha construido su vivienda en este terreno y no puede ser afectado por el criterio que estima errado en la sentencia.

 (Ver expediente electrónico imágenes 167  a 172).

 V.- Por la forma en que se resuelve, en esta sede no se comparten los hechos probados, ni los hechos improbados de la sentencia recurrida, por referirse a aspectos de fondo.   En su lugar,  se tiene por demostrado:   1)  El terreno objeto de litigio está situado en Juntas de Pacuar, Cajón, Pérez Zeledón, San José, cercano al puente del Río General;   colinda al norte con Río Peñas Blancas, al oeste con Río General, al este  con  carretera Interamericana y calle pública en parte,  al sur con calle pública.   Este inmueble cuenta con topografía plana en parte, y un sector con inclinación.   Existe un acceso en tierra, y construcciones:   una casa en madera con techo de zinc, con un garage, un rancho de antigua construcción, cercado frente a la vía pública y tiene cercas internas con postes y alambres de tres hilos que se notan nuevos desde la carretera hasta el río General.    Hay árboles caídos,  parte de regeneración,   desechos de árboles como ramas en el suelo;  plantas de yuca en área pequeña y unas cepas de plátano,  algunas partes quemadas,  hay una especie de tacotal próximo a la carretera interamericana.   En el fundo existen cables de electricidad que conecta a la casa vista en el terreno. Se observó una cerca paralela a la corriente del río.   Vestigios de aparente cultivo como frijol, en donde están los árboles cortados.  En el terreno en cuestión hay cepas de plátano, en el sector norte.  Hay otra cerca de norte a sur de reciente construcción, la cual se adentra a unos 30 o 40 de esa carretera;  un cajón en apariencia ocupada como casa, cercano al río General.   Hay una cerca al sur.  Entre el Río Peñas Blancas y la carretera:   hay árboles,  cercado frente a la carretera, árboles grandes de eucalipto.  En el sector sur por el río General hay un portillo de tres postes y ocho hilos de alambre.   También, existe una cerca paralela a la carretera en este punto.  En ese sector hay una parte de pasto (reconocimiento judicial en ocasión de la audiencia de recepción de pruebas, registrado en video y audio contenidos en CD:  archivos 28 y 29 del CD 2,  archivo 30 CD 2, archivo 31 del CD 2, archivo 33 del CD 2, archivo 34 del CD 2).   2) La sociedad actora se entera de los hechos reclamados en su demanda,  en fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno (ver elenco de hechos del libelo de demanda, propiamente el hecho quinto y hecho nueve;   escuchar declaraciones testimoniales de  Kelly Sánchez Araya registrada en video y audio en CD1 archivo 24, copia de denuncia número 031-21-000419 -Unidad regional de Buenos Aires- ante el Organismo de Investigación Judicial en fecha 20 de agosto de 2021).   3)  La demanda fue presentada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno (ver historial procesal en el expediente electrónico).

 VI.- Sobre el agravio referido a que ha operado la caducidad en este asunto,  lleva razón el apelante.   La sociedad accionante alegó en su demanda que  desde el 6 de junio de 2008  ha ejercido la posesión pacifica, continua y pública sobre la finca matrícula de folio real 1-247674-000.  Arguye, la ha destinado a “área de protección”, por lo que activamente se promovió la regeneración boscosa y se mantuvo protegida mediante la instalación de un cercado y con la instalación de un portón cerca del puente;  en la zona sur oeste de la propiedad la cual colinda Río General, con el fin de evitar ingresos no autorizados y para impedir el depósito de basura en el área.  La actora señaló que este inmueble forma parte de la Unidad Productiva Agrícola denominada “Finca Santa Fe” y dedicada al cultivo de la piña para la exportación, siendo que dentro de esta unidad agrícola existen áreas dedicadas a la protección y conservación del bosque, como lo es la finca 1-247674-000.  Igualmente, en su demanda expuso:  "QUINTO: El 9 de agosto del 2021 el equipo de seguridad de mi representada se percata de un ingreso no autorizado a la finca folio real número 1-247674-000 ubicada sobre la Ruta 2, contiguo al puente sobre el río El General, específicamente en las coordenadas CRTM05: 540470 –1024785, en la que se realizaron trabajos de socola y corta de árboles de diámetro mayor a 15 cm y otras alteraciones no autorizadas. Sin embargo, durante la inspección y valoración de los daños ocasionados no se observó ni constató la presencia de las personas responsables, así como tampoco se encontró a personas dentro de la propiedad. Mi representada procedió a inspeccionar el área, generar un reporte fotográfico de lo encontrado (Documento #09) y mantener presencia de personal de seguridad en el área por si los transgresores regresaban a talar árboles"  (El resaltado no es del original). (...) "El 24 de octubre 2021, durante un recorrido de vigilancia e inspección, el equipo de seguridad de mi representada detecta un nuevo ingreso no autorizado al encontrarse con personas dentro de la propiedad, aparentemente contratadas por el demandado, para que construyeran una estructura tipo rancho dentro de la propiedad. Las personas en ese momento llamaron al demandado por video llamada y le indica al señor Richard Gomez, jefe de Seguridad de la empresa, que él es el supuesto propietario de la finca, para la cual le muestra el plano número SJ-2295763-2021 confeccionado a solicitud del mismo demandado.   Al encontrarse con el aquí demandado dentro de la propiedad, el personal de seguridad genero un reporte fotográfico de los actos y actividades ahí encontrados (Documento #10).  Es en ese momento que el demandado comunica su exigencia de que toda persona que no cuente con su autorización salga de las inmediaciones de la finca, efectivamente despojando a mi representada de la posesión del inmueble pues estos actos perturban y perjudican el libre goce del bien que tenía mi representada antes de este momento".   Este Tribunal considera que existe prueba suficiente,  aunado al elenco de hechos de la demanda, que permiten tener por acreditada la caducidad de la acción interdictal.  Con la demanda consta incorporada como prueba documental la copia de la denuncia número 031-21-000419 -Unidad Regional de Buenos Aires- ante el Organismo de Investigación Judicial en fecha 20 de agosto de 2021, por parte del señor Eliécer Gómez González.  En dicha denuncia se relata por el denunciante que es Jefe de Seguridad de Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.   En la misma se denuncian hechos que se indica ocurrieron el 9 de agosto de 2021, referidos a que en visita de campo a la Finca Santa Fe se encontraron con corta de árboles, construcción de una caballeriza en donde estaba un caballo, un camino interno;  que no encontraron personas dentro del terreno.  Asimismo,  la deponente  Kelly Sánchez Araya (archivo 24 del disco 1) declaró que es Ingeniera Forestal, trabaja  para  la actora.   Por la superintendente de la Finca Santa Fe les informó y vino al sitio con uno de los guardias para hacer un recorrido por el sitio.  Vio tala de varios árboles de diámetro grueso, parecía que recientemente, parecía que había paso de un vehículo.  Señaló, que eso fue en agosto del 2021, en ese momento no vio a nadie en el lote, es una área en protección de la compañía.  Ese día ingresó por trillos al área de protección del río y así fue como vio la citada invasión.  No contó los árboles cortados, pero sí había varios,  había una especie de pozo de unos 30 cm de diámetro, alambre de cerca cortado en el sector hacia el río.    En el área de protección del río había chapeas o trillos.   Antes lo que observó por la carretera, no estuvo dentro del sitio,  pero desde la carretera no se veían los claros que existen ahora, eran zonas cerradas por los árboles.   Esta zona pertenece a la Finca Santa Fe, según entiende.    De dicho testimonio,  y de la denuncia penal aludida, así como de las mismas manifestaciones de la sociedad actora en el hecho noveno de su demanda,  la sociedad demandante a través de las personas colaboradoras se entera de los hechos alegados como de despojo y perturbatorios (corta de árboles, construcciones)  a inicios de agosto de 2021.  En la sentencia, la jueza A Quo tuvo por acreditada esa fecha en la cual se tiene conocimiento por parte de la sociedad actora de los hechos reclamados.   Este Tribunal no comparte la manera en que la jueza A Quo interpreta el cómputo del plazo de caducidad.   Conforme al artículo 106.1 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria, "No podrá ser establecido un interdicto si han transcurrido tres meses desde el inicio de los hechos u obras contra las cuales se reclama".    Este Tribunal colige de la misma demanda (hecho 5), así como de la declaración de Kelly Sánchez Araya, que los actos objeto de esta acción se conocen por colaboradores de la sociedad actora desde inicios del mes de agosto del año 2021.   De acuerdo al historial procesal, la demanda fue incorporada en fecha 08 de diciembre de 2021,   y para esa fecha ya había transcurrido el plazo de caducidad.   En el hecho 5 de la demanda se indica que es el 9 de agosto de 2021 que el equipo de seguridad de la actora se percata del ingreso no autorizado a la finca 1-247674-000, mediante corta de árboles, socola, y otras alteraciones, contiguo al puente sobre el Río General.   Pero que en ese momento no observaron personas responsables.  Es hasta el 24 de octubre del 2021 que se enteran sobre la persona del demandado en el terreno (hecho  9 de la demanda). Asimismo,  la declarante Crisia Hernández Arias (archivo 22 del disco 1), dijo es Ingeniera Agrícola,  trabaja para la actora, es superintendente de agricultura de la finca Santa Fe, controla verifica, ejecuta la parte productiva y vigilancia del terreno.  Declaró que antes del ingreso del demandado había una área cerrada, con bosque, no se podía sembrar porque era área de regeneración, había unas matas por el lado de la calle.   La compañía por muchos años ha trabajado protección ambiental, y corredor biológico, este terreno era parte del corredor biológico.  Que fue a finales del año 2021 que se dieron cuenta que el área estaba cortada, empezaron a cortar por el área del puente,  se informó al departamento legal, lo reportó a seguridad y esperar las indicaciones.  Empezaron a generar las rutas, en ese momento no recuerda si se logró localizar a alguna persona, se identificó a una persona dentro del terreno por el mes de agosto o setiembre del 2021 se enteró por documentos, por el nombre.  Este asunto empezó en el 2021y como cambios en el terreno citó:  está destrozada,  no existía la casa, ni la otra construcción, ni el galerón de arriba, ha cambiado bastante.   La testiga Vera Avila  Esquivel (archivo 23 del disco 1) citó que siempre ha vivido al frente de esta propiedad,  conoce a un señor de nombre  Carlos porque hace 21 años ha estado aquí, y es el tiempo que ella tiene de vivir en el lugar. Declaró que el único que siempre ha estado en el terreno es Carlos Blanco, conocido como "Caliche" él siempre pasaba ahí, limpiaba, chapeaba, tenía unas bestias.   Al demandado lo ve en el terreno hace como dos años, no recuerda bien.  No sabe cómo lo adquirió don Luis.  Don Carlos les traía pastos a las bestias,  eras uno, o dos o tres bestias;  desde hace 21 años que don Carlos estaba en este terreno y no tenía otros terrenos y durante ese tiempo traía las bestias.  Dice la testiga que ella venía a la orilla del río y conversaba con Carlos.  El testigo Ronald Blanco Prado: (archivo 25 del disco 1) declaró que es vecino del lugar, vive al otro lado de la carretera.   Conoce este terreno como desde el 2001,  su hermano tenía unos caballos en el terreno, su hermano es Carlos Blanco.   Carlos tenía un corral en este terreno, chapeaba, cuidaba, lo trabajaba.   A don Luis lo ve en el terreno hace bastante tiempo.  Menciona que vio cultivos de frijoles, hace años,  2003, 2004, el hermano Carlos tenía yuca.     De estos dos últimos testimonios se deriva que a la presentación de la demanda, efectivamente ya había transcurrido el plazo superior a los tres meses desde que se inician actos alegados como perturbatorios y de despojo.  De la declaración del señor José Miguel Gamboa Campos: (Archivo 26 del disco 1) no es posible variar el criterio que ha operado la caducidad.   Dicho testigo declara que es Superintendente de Ingeniería Civil de Pindeco, conoce a personeros de la actora, no conoce al demandado.  Hace 37 años trabaja para la actora. Participó en la entrega de propiedades a Del Monte, en junio del 2008.   Indica, este terreno del litigio es parte de la Finca Santa Fe,  eran tantas fincas compradas, no sabe si estaba registralmente.     Esta área no se presta para cultivo de piña,  se dejó para árboles,  eucalipto, era área de regeneración, se limpiaban los frentes,  se hacían rondas de seguridad. Declaró que la actora se dio cuenta que la propiedad estaba ocupada  en el año 2021. En una ocasión se vio un caballo en el terreno en el 2021, no recuerda la fecha.  Concerniente al testigo Carlos Blanco Prado  (archivo 28 disco 2) hace referencia a actos que aduce como de su posesión en este terreno,  que no son valoradas por este Tribunal en virtud que se estima ha operado la caducidad, y no es dable el análisis de aspectos de la posesión.   Es menester acotar que el artículo 106.1 del Código Procesal Civil regula el cómputo del plazo de caducidad a partir del inicio de los actos perturbatorios (al respecto consúltese también el VOTO N° 1182-F-21 dictado por este Tribunal a las  quince horas treinta y tres minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno).-   La parte actora indicó desde su demanda que a inicios de agosto del 2021 se entera de las perturbaciones pero que desconocía quién era la persona que realizó o estaba llevando a cabo esas acciones, no obstante, debe de tomarse en cuenta que para la presentación de la demanda interdictal, se debe valorar la fecha de inicio de los actos, y no la fecha en que la parte lograr verificar quiénes los realizaron, toda vez el ordinal 106.1 in fine estatuye: "No podrá ser establecido un interdicto si han transcurrido tres meses desde el inicio de los hechos u obras contra las cuales se reclama".  De ahí que la parte, si decidió que iba a acudir a la vía interdictal a hacer valer sus derechos , debió de indagar dentro del plazo legal, quiénes era los sujetos que los habían llevado a cabo, dada la naturaleza sumaria de este proceso. Por ello, no se comparte el criterio de la A Quo en cuanto a tomar como punto de partida la fecha en que la parte actora logra identificar quiénes eran los sujetos que debía demandar.   De conformidad con lo expuesto,  esta Cámara tiene por acreditado el plazo de caducidad, de manera que procede revocar la sentencia impugnada.  Concerniente a los demás agravios,  por innecesario se omite pronunciamiento en virtud que se ha declarado la caducidad de la acción, por lo cual no es dable resolver aspectos de fondo.  Por la forma en que se resuelve,  se declara la caducidad de la acción interdictal,  se resuelve  sin lugar la demanda en todos sus extremos.    En cuanto a la excepción de falta de derecho se omite pronunciamiento, toda vez no es dable resolver en cuanto al fondo de lo debatido.

 VII.- COSTAS:   De acuerdo al numeral 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria estima este Tribunal el presente asunto debe resolverse sin especial condenatoria en costas,  por estimar que la sociedad actora ha actuado de buena fe procesal.    Lo anterior,  en virtud que realizó acciones tendientes a la tutela al derecho que aduce, debiendo la parte interesada acudir a la vía que estime pertinente para dilucidar el fondo del asunto;  si a bien lo tiene.

POR TANTO:

Se revoca la sentencia apelada.  En su lugar, se omite pronunciamiento sobre la defensa de falta de derecho;  se acoge la excepción de  caducidad de la acción interdictal.  En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos.  Se resuelve sin especial condenatoria en costas.  

 

 

 

 

	



JOPY00L4W8U61
MARIA CAROLINA HURTADO GARCIA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 






9JBUDXAHHYK61
MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



JFJ2NP4YLMK61
HEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000145-1129-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:24:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Large
Normal
Small
Agrarian Tribunal

Resolution No. 00563 - 2024

Date of Resolution: June 10, 2024 at 11:30

Expediente: 21-000145-1129-AG

Drafted by: María Carolina Hurtado García

Type of matter: Interdictal proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Text of the resolution



 

 

EXPEDIENTE:

	

21-000145-1129-AG - 6




PROCEEDING:

	

SUMMARY




PLAINTIFF:

	

CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA




DEFENDANT:

	

LUIS ANGEL FUENTES  CHACÓN

 

   

VOTO N°  N° 2024000563

 

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eleven hours thirty minutes on the tenth of June of two thousand twenty-four.-

 SUMMARY INTERDICTAL PROCEEDING filed by CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number three- hundred one - zero ten thousand eight hundred eighty-two, represented by Michael Calderón Segura, of legal age, married once, attorney, resident of San José, identity card number one - thousand five - zero one hundred eighty-five, in his capacity as secretary with powers of unlimited general agent, against Mr. LUIS ÁNGEL FUENTES CHACÓN, of legal age, married once, with identity card one - zero nine hundred eighty-two - zero three hundred eighty-two, resident of Pérez Zeledón. Appearing as special judicial attorney for the plaintiff is Licenciado Roberto Antonio Bolaños Prada, bar association number twenty-eight thousand two hundred eight, and Licenciado Miguel Ángel Fernández Ureña in his capacity as Public Defender for the defendant. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone.

Judge Hurtado García drafts and,

CONSIDERANDO:

I.- REGARDING THE CLAIMS: The plaintiff requests that the judgment declare: "1.- ... the present possessory interdict (interdicto de amparo de posesión) be granted in all its terms. 2. That the defendant and other occupants be warned to cease the disturbing acts that may cause damages to my represented party in its real property, under warning that if they do not do so, a criminal proceeding for the crime of disobedience to authority will be pursued. 3. That the defendant be ordered to fully restore the right of possession to my represented party and to refrain in the future from disturbing the right of possession that my represented party holds over the property farm Folio Real Registration number 1-247674-000, plan SJ-1502101-2011, which is located on Route 2, adjacent to the bridge over the El General River, specifically at coordinates CRTM05: 540470 – 1024785.   4. I request that the judgment condemn the defendants to pay the procedural and personal costs of this action. 5. That the judgment condemn the defendant to pay for the damages, this because he is obliged to answer for the felling of trees and environmental damage caused, facts described previously and, which must be imputed to him" (See electronic file images 1 to 7).

II.- The defendant answered negatively, and raises the defenses of lack of right and lapse (caducidad) (See electronic file answer to images 83 to 86).

 III.- Judge Xinia Vindas Mejía, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, in a resolution at fifteen hours forty-four minutes on the twelfth of April of two thousand twenty-three, resolved: "POR TANTO: Based on the legal citations indicated, the jurisprudence and doctrine mentioned, as well as the substantive arguments presented, THE INTERDICTAL PROCEEDING filed by CORPORACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MONTE S.A., against LUIS ANGEL FUENTES CHACÓN IS GRANTED. The defense of LAPSE (CADUCIDAD) of the present interdictal proceeding is denied, as well as the defense of lack of right. The defendant and other occupants are warned to cease the disturbing acts that may cause damages to the plaintiff in said real property, under warning that if they do not do so, a criminal proceeding for the crime of disobedience to authority will be pursued. The defendant is ordered to fully restore the right of possession to the plaintiff and to refrain in the future from disturbing the right of possession that the plaintiff holds over the property farm Folio Real Registration number 1-247674-000, plan SJ-1502101-2011, which is located on Route 2, adjacent to the bridge over the El General River, specifically at coordinates CRTM05: 540470 – 1024785. The losing defendant is ordered to pay both costs of this proceeding" (See electronic file images 151 to 164).

 IV.- The defendant filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the first instance court based on the following grievances:   1)   Argues that the judgment incurs an error of law, since the first instance judge did not apply the calculation of lapse (caducidad) according to Article 106.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). Points out that the plaintiff itself in the statement of claim (libelo de demanda) indicates that on August ninth, two thousand twenty-one, its security team identified an unauthorized entry into the farm, and the claim was filed on December eighth, two thousand twenty-one, that is, four months later.   Maintains that the lapse is proven by the plan SJ-2295763-2021 that the defendant managed to register in July 2021.   2) That the plaintiff's witnesses do not know the defendant, do not know the area, did not speak about disturbing facts. Says the defendant's witnesses state that they have not seen the plaintiff's workers at the site, despite said declarants living in front of the land. That their testimonies strengthen what was said by the defendant, in the sense that he acquired it from Carlos Blanco and even obtained a technical study issued by SINAC on August 10, 2021.   3) Affirms, according to the plan mentioned in fact 9 of the claim, it confirms that the plaintiff is not even the owner of the property. That the defendant has built his dwelling on this land and cannot be affected by the criterion deemed erroneous in the judgment.

 (See electronic file images 167 to 172).

 V.- Due to the manner in which it is resolved, this court does not adopt the proven facts or the unproven facts of the appealed judgment, as they refer to substantive aspects. Instead, the following is taken as demonstrated:   1) The land subject to litigation is located in Juntas de Pacuar, Cajón, Pérez Zeledón, San José, near the bridge of the Río General; bordering on the north with Río Peñas Blancas, on the west with Río General, on the east with the Interamerican Highway and a public road in part, on the south with a public road. This property has flat topography in part, and a sector with an incline. There is an unpaved access, and constructions: a wooden house with a zinc roof, with a garage, a ranch (rancho) of old construction, fencing facing the public road and internal fences with posts and three-strand wire that look new from the highway to the General River. There are fallen trees, part of regeneration, tree debris such as branches on the ground; yucca plants in a small area and some banana tree stumps, some burned parts, there is a kind of scrubland (tacotal) near the Interamerican Highway. On the property, there are electricity cables that connect to the house seen on the land. A fence parallel to the river's current was observed. Vestiges of apparent cultivation such as beans, where the cut trees are. On the land in question, there are banana stumps in the northern sector. There is another fence from north to south of recent construction, which goes about 30 or 40 meters from that highway; a container apparently used as a house, near the General River. There is a fence to the south. Between the Peñas Blancas River and the highway: there are trees, fencing facing the highway, large eucalyptus trees. In the southern sector by the General River, there is a gate (portillo) of three posts and eight strands of wire. Also, there is a fence parallel to the highway at this point. In that sector, there is a part of pasture (judicial inspection on the occasion of the evidentiary hearing, recorded in video and audio contained on CD: files 28 and 29 of CD 2, file 30 CD 2, file 31 of CD 2, file 33 of CD 2, file 34 of CD 2).   2) The plaintiff company learns of the facts claimed in its lawsuit on August ninth, two thousand twenty-one (see list of facts of the statement of claim, specifically fact five and fact nine; listen to witness statements of Kelly Sánchez Araya recorded in video and audio on CD1 file 24, copy of complaint number 031-21-000419 -Regional Unit of Buenos Aires- before the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) on August 20, 2021).   3) The claim was filed on December eighth, two thousand twenty-one (see procedural history in the electronic file).

 VI.- Regarding the grievance that the lapse (caducidad) has occurred in this matter, the appellant is correct. The plaintiff company alleged in its claim that since June 6, 2008, it has exercised peaceful, continuous, and public possession over the farm Folio Real registration 1-247674-000. It argues that it destined it as a "protection area" (área de protección), for which forest regeneration (regeneración boscosa) was actively promoted and it was kept protected by installing a fence and placing a gate near the bridge; in the southwestern zone of the property which borders the General River, in order to prevent unauthorized entries and to impede the dumping of garbage in the area. The plaintiff stated that this property forms part of the Agricultural Productive Unit called "Finca Santa Fe" and dedicated to pineapple cultivation for export, and that within this agricultural unit there are areas dedicated to the protection and conservation of the forest, such as farm 1-247674-000. Likewise, in its claim, it stated: "FIFTH: On August 9, 2021, my client's security team detects an unauthorized entry to the farm Folio Real number 1-247674-000 located on Route 2, adjacent to the bridge over the El General River, specifically at coordinates CRTM05: 540470 –1024785, in which clearing (socola) and felling of trees with a diameter greater than 15 cm and other unauthorized alterations were carried out. However, during the inspection and assessment of the damages caused, the presence of the responsible persons was not observed or verified, nor were people found inside the property. My client proceeded to inspect the area, generate a photographic report of the findings (Document #09) and maintain security personnel presence in the area in case the transgressors returned to cut down trees" (Highlighting is not from the original). (...) "On October 24, 2021, during a surveillance and inspection patrol, my client's security team detects a new unauthorized entry upon encountering people inside the property, apparently contracted by the defendant, to build a ranch-type structure inside the property. The people at that moment called the defendant via video call and he tells Mr. Richard Gomez, head of Company Security, that he is the alleged owner of the farm, for which he shows him the plan number SJ-2295763-2021 prepared at the request of the same defendant. Upon finding the defendant here within the property, the security personnel generated a photographic report of the acts and activities found there (Document #10). It is at that moment that the defendant communicates his demand that all persons without his authorization leave the vicinity of the farm, effectively dispossessing my client of the possession of the property, as these acts disturb and harm the free enjoyment of the property that my client had before this moment." This Tribunal considers that there is sufficient evidence, coupled with the list of facts of the claim, that allows the lapse (caducidad) of the interdictal action to be taken as proven. With the claim, a copy of complaint number 031-21-000419 -Regional Unit of Buenos Aires- before the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) dated August 20, 2021, filed by Mr. Eliécer Gómez González, is attached as documentary evidence. In said complaint, the complainant, who is Head of Security for Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A., relates facts stated to have occurred on August 9, 2021, regarding a field visit to Finca Santa Fe where they found tree felling, construction of a stable where a horse was, an internal road; they did not find people inside the land. Likewise, the deponent Kelly Sánchez Araya (file 24 of disk 1) declared that she is a Forestry Engineer, works for the plaintiff. She was informed by the superintendent of Finca Santa Fe and came to the site with one of the guards to inspect the site. She saw felling of several large-diameter trees, apparently recent, it seemed like a vehicle had passed. She stated that this was in August 2021, at that time she saw no one on the lot, it is an area under protection of the company. That day she entered through trails into the river protection area and that is how she saw the cited invasion. She did not count the cut trees, but there were several, there was a kind of well about 30 cm in diameter, fence wire cut in the sector towards the river. In the river protection area, there were clearings or trails. Before, what she observed from the highway, she had not been inside the site, but from the highway, the open spaces that exist now were not visible, they were areas closed in by trees. This zone belongs to Finca Santa Fe, as she understands. From said testimony, and the aforementioned criminal complaint, as well as from the very statements of the plaintiff company in the ninth fact of its claim, the plaintiff company, through its collaborators, learns of the facts alleged as dispossession and disturbance (tree felling, constructions) at the beginning of August 2021. In the judgment, the A Quo judge took as proven that date on which the plaintiff company became aware of the claimed facts. This Tribunal does not share the manner in which the A Quo judge interprets the calculation of the period for lapse. Pursuant to Article 106.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), applied supplementarily, "No interdict may be established if three months have elapsed since the start of the facts or works against which it is claimed." This Tribunal infers from the very claim (fact 5), as well as from the statement of Kelly Sánchez Araya, that the acts subject to this action were known by collaborators of the plaintiff company since the beginning of the month of August of the year 2021. According to the procedural history, the claim was incorporated on December 08, 2021, and by that date the period for lapse (caducidad) had already expired. Fact 5 of the claim states that it is on August 9, 2021, that the plaintiff's security team detects the unauthorized entry to farm 1-247674-000, by means of tree felling, clearing (socola), and other alterations, adjacent to the bridge over the General River. But that at that moment they did not observe responsible persons. It is not until October 24, 2021, that they learn about the identity of the defendant on the land (fact 9 of the claim). Likewise, the declarant Crisia Hernández Arias (file 22 of disk 1), stated she is an Agricultural Engineer, works for the plaintiff, is agricultural superintendent of Finca Santa Fe, controls, verifies, executes the productive part and land surveillance. She declared that before the defendant's entry, there was a closed area, with forest, it could not be cultivated because it was a regeneration (regeneración) area, there were some bushes by the side of the road. The company has worked on environmental protection for many years, and biological corridor (corredor biológico), this land was part of the biological corridor. That it was at the end of 2021 that they realized the area was cut, they began to cut by the bridge area, the legal department was informed, they reported it to security and awaited instructions. They began to generate routes, at that moment she does not remember if they managed to locate any person, a person was identified inside the land around August or September 2021, she found out from documents, by the name. This matter began in 2021 and as changes in the land she cited: it is destroyed, the house did not exist, nor the other construction, nor the upper shed, it has changed a lot. Witness Vera Avila Esquivel (file 23 of disk 1) stated that she has always lived in front of this property, she knows a man named Carlos because he has been here for 21 years, and that is the time she has lived in the place. She declared that the only one who has always been on the land is Carlos Blanco, known as "Caliche", he was always there, cleaned, cleared (chapeaba), had some horses. She sees the defendant on the land about two years ago, does not remember well. She does not know how Don Luis acquired it. Don Carlos used to bring grass to the horses, one, or two or three horses; for 21 years Don Carlos was on this land and had no other lands and during that time he brought the horses. The witness says she used to come to the riverbank and chat with Carlos. Witness Ronald Blanco Prado: (file 25 of disk 1) declared he is a neighbor of the place, lives on the other side of the highway. He has known this land since about 2001, his brother had some horses on the land, his brother is Carlos Blanco. Carlos had a corral on this land, he cleared, cared for, worked it. He has seen Don Luis on the land for quite some time. He mentions he saw bean crops, years ago, 2003, 2004, brother Carlos had yucca. From these last two testimonies, it is derived that by the filing of the claim, a period exceeding three months had indeed elapsed since the start of acts alleged as disturbing and dispossessing. From the statement of Mr. José Miguel Gamboa Campos: (File 26 of disk 1), it is not possible to vary the criterion that the lapse (caducidad) has occurred. Said witness declares that he is a Civil Engineering Superintendent for Pindeco, knows representatives of the plaintiff, does not know the defendant. He has worked for the plaintiff for 37 years. He participated in the delivery of properties to Del Monte, in June 2008. He indicates that this land in litigation is part of Finca Santa Fe, there were so many farms purchased, he does not know if it was in the registry. This area is not suitable for pineapple cultivation, it was left for trees, eucalyptus, it was a regeneration area, the fronts were cleaned, security rounds were carried out. He declared that the plaintiff learned that the property was occupied in the year 2021. On one occasion, a horse was seen on the land in 2021, he does not remember the date. Concerning witness Carlos Blanco Prado (file 28 disk 2), he refers to acts he claims as his possession on this land, which are not assessed by this Tribunal by virtue of deeming that the lapse (caducidad) has occurred, and the analysis of aspects of possession is not admissible. It is necessary to note that Article 106.1 of the Code of Civil Procedure regulates the calculation of the period for lapse from the start of the disturbing acts (in this regard, also consult VOTO N° 1182-F-21 issued by this Tribunal at fifteen hours thirty-three minutes on the first of December of two thousand twenty-one).- The plaintiff indicated from its claim that at the beginning of August 2021 it learned of the disturbances but that it was unaware of who the person was who carried out or was carrying out those actions; however, it must be taken into account that for the filing of the interdictal claim, the start date of the acts must be assessed, and not the date on which the party managed to verify who carried them out, since ordinal 106.1 in fine provides: "No interdict may be established if three months have elapsed since the start of the facts or works against which it is claimed." Hence, if the party decided it was going to resort to the interdictal route to enforce its rights, it should have investigated within the legal term who the subjects were that had carried them out, given the summary nature of this proceeding. Therefore, the criterion of the A Quo judge of taking as a starting point the date on which the plaintiff managed to identify who the subjects it had to sue were, is not shared. In accordance with the foregoing, this Chamber has the period for lapse (caducidad) as proven, such that the appealed judgment must be revoked. Concerning the other grievances, a ruling is omitted as unnecessary by virtue of the fact that the lapse of the action has been declared, therefore it is not permissible to resolve substantive aspects. Due to the manner in which it is resolved, the lapse of the interdictal action is declared, the claim is resolved without merit in all its terms. Regarding the defense of lack of right, a ruling is omitted, as it is not permissible to resolve on the merits of the debated matter.

 VII.- COSTS: According to numeral 55 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), this Tribunal considers the present matter must be resolved without special award of costs, deeming that the plaintiff company has acted in procedural good faith. The foregoing, by virtue of having carried out actions aimed at protecting the right it claims, with the interested party needing to resort to the route it deems pertinent to elucidate the merits of the matter, if it so chooses.

POR TANTO:

The appealed judgment is revoked. In its place, a ruling on the defense of lack of right is omitted; the defense of lapse (caducidad) of the interdictal action is upheld. Consequently, the claim is declared without merit in all its terms. It is resolved without special award of costs.

 

 

 

 

	


JOPY00L4W8U61
MARIA CAROLINA HURTADO GARCIA - DECISOR JUDGE

	

 







9JBUDXAHHYK61
MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - DECISOR JUDGE

	

 

	



JFJ2NP4YLMK61
HEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - DECISOR JUDGE

 

EXP: 21-000145-1129-AG

II Judicial Circuit San José, 4th floor, Courts Building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. E-mail: [email protected]

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:24:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República