Res. 00595-2024 Tribunal Agrario — Land titling partly in Nicoya Peninsula Protective Zone without transfer deedTitulación de terreno parcialmente en Zona Protectora Península de Nicoya sin documento de traspaso

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00595 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Junio del 2024 a las 16:21

Expediente: 22-000060-1870-AG

Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

22-000060-1870-AG - 4




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA INFORMACION POSESORIA




PROMUEVE:

	

ANIBAL SOLIS MORENO

 

   

VOTO N°  N° 2024000595

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas veintiuno minutos del trece de junio de dos mil veinticuatro.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por ANIBAL ISAAC SOLIS MORENO, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Cerro Frío de Jicaral, Lepanto, Puntarenas, cédula seis-cero sesenta y tres-cero veintisiete. Interviene en el proceso el Estado por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), representada por Yamileth Monestel Vargas, cédula dos-quinientos cuarenta y cinco -seiscientos uno, colegiada diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco.  Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente: Carlos Enrique Aguirre Gómez, colegiado dos mil cuatrocientos cuatro. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Jicaral.

  Redacta la jueza Alpízar Rodríguez: y,

CONSIDERANDO:

 I.- SOBRE LO SOLICIADO: La persona titulante solicita se inscriba a su nombre la finca que describe así: Terreno de potrero cruzado en el centro en el rumbo norte a sur por una quebrada sin nombre, situado en Cerro Frío,    distrito cuarto Lepanto, cantón primero de Puntarenas, Provincia de Puntarenas.- Se tiene como colindante por el rumbo NORTE: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima y calle Pública con un frente a ella de ciento cincuenta y un metros con veintitrés centímetros lineales, SUR: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima, con Río Caño Seco en medio en una parte y en otra parte no. ESTE: Jesús Chaves Fuentes. OESTE: Calle Pública con un frente a ella de mil ciento cuarenta y siete metros con catorce centímetros- MIDE: treinta y siete hectáreas nueve mil ciento ochenta y siete metros cuadrados (imagen 1 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo a más reciente, en adelante EDC).

II.- Se tuvo como partes al Estado (PGR) y al Instituto de Desarrollo Rural. El segundo no se apersonó (imágenes 59, 130, 168 EDC).

III.- SENTENCIA APELADA: La jueza Erika Amador Brenes, en sentencia 06 de 19 de enero 2024, resolvió: “Se aprueba la información posesoria con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de ANIBAL ISAAC SOLIS MORENO, quien es mayor, casada una vez, agricultor, vecino de Cerro Frío de Jicaral, Lepanto, Puntarenas, de la escuela 200    metros al sur, portador de la cédula de identidad vigente que exhibe número 6-0063- 0027, la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número P 2314832-2021, que se describe así: Naturaleza: Terreno de potrero cruzado en el centro en el rumbo norte a sur por una quebrada sin nombre, situado en Cerro Frío,    distrito cuarto Lepanto, cantón primero de Puntarenas, Provincia de Puntarenas.- Se tiene como colindante por el rumbo NORTE: Cuartel Llanos del Valle Sociedad    Anónima y calle Pública con un frente a ella de ciento cincuenta y un metros con veintitrés centímetros lineales, SUR: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima, con    Río Caño Seco en medio en una parte y en otra parte no. ESTE: Jesús Chaves Fuentes. OESTE: Calle Pública con un frente a ella de mil ciento cuarenta y siete metros con catorce centímetros- MIDE: treinta y siete hectáreas nueve mil ciento ochenta y siete metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número P- 2314832-2021.-El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de treinta millones de colones.-a) Que el área contigua a los cauces y a las nacientes, constituye área de protección y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles, según los    artículos 33, incisos a) y b) y 34 de la Ley Forestal, y numerales 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas. b) Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público estatal y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b, y 3, inciso III y Código de Minería, artículo 4°).- Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada" (imagen 178 EDC).

IV.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Se avalan al tener relación con los agravios de apelación y ser reflejo de las probanzas que constan en el expediente, con las siguientes variaciones. El hecho tercero se modifica como sigue por la forma como se redacta: 3) El promovente ha poseído el área a titular por más de treinta años a título personal antes del año dos mil veintidós, a lo cual se suma la posesión ejercida por su padre Rodolfo Solís desde al menos mediados mil novecientos sesenta.

 

V.- RECURSO DE APELACION: La PGR apela con base en lo siguiente, que se resume para facilitar su análisis. Alega: 1) El terreno objeto de titulación, descrito en el plano P-6-2314832-2021, con un área de 379187m2, se ubica en parte dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya, creada mediante Decreto Ejecutivo 22968 del 10/03/1994. Al contestar la audiencia final se reclamó que el titulante carece de justo título, por cuanto, de manera expresa, en el escrito inicial del 28 de junio de 2022, afirmó haber ejercido “posesión” por 30 años y haber adquirido la finca “por posesión decenal, es decir positiva. En razón de ello, no aporto título o documento que acredite la legítima adquisición del bien”. Contrario a lo que se dice en la sentencia recurrida, se entiende de lo transcrito que el titulante alegó posesión directa, y por ello no aporta documento traslativo de dominio, porque no adquirió de terceras personas. De conformidad con lo que establece el artículo 1 Ley de Informaciones Posesorias, si el titulante no tiene la posesión decenal del inmueble puede aprovechar la ejercida por sus transmitentes, según lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil; pero deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores. En este caso el titulante no logró acreditar el ejercicio de posesión decenal directa anterior a la afectación a dominio público que lo exima de aportar un documento público que demuestre su justo título, como erróneamente se interpreta en la sentencia apelada. Si se descuentan 30 años de ocupación a partir del 2022, se remonta al año 1992, lo que es insuficiente para usucapir la porción del inmueble afectado a dominio público desde 1994, como área silvestre protegida. La acreditación del justo título es requisito indispensable para usucapir. Así lo ha resuelto la Sala Primera de la Corte en voto 778/2023, entre otros. El señor Solís Moreno no aportó ningún documento público que acreditara su causa adquisitiva, ni dijo haber adquirido el terreno de terceras personas. De ahí, que no cabe suponer eso haya ocurrido en perjuicio del interés público ambiental. Se respeta, pero no se comparte el razonamiento hecho en sentencia, hecho probado 3 y considerando II, en tanto sustituye el justo título traslativo de dominio (documento), por la prueba testimonial y reconoce de manera extrapetita e incongruente una “posesión” derivada que el titulante no alegó. En razón de lo expuesto la información posesoria debió rechazarse por falta de justo título. 2) La sentencia recurrida aprobó la información posesoria sin que se demostrara la posesión anterior a la afectación a dominio público, no sólo porque el titulante alegó posesión directa desde el año 1992, también porque la prueba testimonial es incongruente entre sí y con lo dicho por el promovente en el escrito inicial respecto de la “cadena de posesión”. Así se hizo ver en escrito del 11 de octubre de 2023. Sin embargo, no se aprecian en la sentencia combatida las razones por las cuales se desestimaron. 3) El trámite fue aprobado a pesar de que no quedó acreditado el ejercicio de posesión ecológica. Se probó, con el estudio de uso de suelo, el reconocimiento judicial y la prueba testimonial que el predio está destinado a “pasturas”, actividad que es contraria a los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas, según lo ha reconocido el Tribunal Agrario. Sin embargo, la sentencia recurrida aprobó el trámite por estimar que el predio a titular traslapa el área silvestre en un 0.066% del total de su área y “no se puede obligar a cambiar toda una naturaleza de un área de 37 ha 9187 metros cuadrados, de los cuales no se específica que parte del terreno corresponde a dicho porcentaje”. No se comparte dicho razonamiento, por cuanto, el titulante está obligado a acreditar el ejercido de actividades tendentes a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la zona, con independencia del porcentaje de traslape con el área silvestre protegida. Además, si bien el porcentaje de traslape parece bajo, traducido en área de terreno no lo es, por cuanto, el predio tiene una cabida total de 37 ha 9187 m2. Lo resuelto contradice la jurisprudencia del Tribunal Agrario en votos 1245 de 15.11.2011, 836 de 29.06.2012, 38 de 24.01.2013, 1210 del 19.04.2014. En consecuencia, el trámite debió rechazarse por falta de ejercicio de posesión ecológica. Pide de impruebe el proceso por incumplimiento de requisitos legales y pretenderse la inscripción a nombre de un particular de un bien de dominio público (imagen 191 EDC).

VI.- Por lo que es objeto de apelación debe resaltarse lo siguiente.    Nuestro ordenamiento jurídico garantiza el derecho de inscribir terrenos, siempre que se cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos (votos 226 de 11.07.1990 y 51 de 26.05.1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). La Ley de Informaciones Posesorias 139 de 14/07/1941, en lo que interesa, establece que, de no tenerse la posesión decenal al momento de iniciar la diligencia, puede la parte promovente sumar la de sus transmitentes, pero además de aclarar eso en el escrito inicial, debe aportar el documento público en el cual conste el traspaso de su derecho. La documental y el resto de la prueba que se debe aportar, deben ratificar o probar precisamente lo informado en ese escrito. Pero si el terreno está comprendido dentro de un área silvestre protegida se exigen otros requerimientos especiales, que luego se indicarán (ver precedente 7 de 10.01.2000 de este Tribunal). Todos esos requisitos y otros más que no interesa resaltar en esta oportunidad, así como la prueba pertinente para corroborar lo declarado en el memorial inicial, están claramente especificados en el Código Civil, la Ley de Informaciones Posesorias y leyes especiales en materia de aguas, suelo y recurso forestal. Además, conforme a los numerales 8 y 18 de la Ley de Catastro Nacional: 6545 de 26/03/1981 debe existir una verdadera concordancia entre la información del Registro Público y la del Catastro Nacional. No puede entonces alegarse desconocimiento al respecto, mucho menos si se cuenta con asesoría legal profesional. La omisión en cuanto a ellos o respecto del ofrecimiento de prueba pertinente, es responsabilidad únicamente de la parte promovente, que los tribunales no pueden solventar, pues quien titula tiene la carga de la prueba de sus gestiones y de lo que afirma (artículos 41.1 Código Procesal Civil y 1 Ley de Informaciones Posesorias, voto de este Tribunal 827 de 19.12.2003).

VII.- Como se indicó, existen requisitos especiales a cumplir, cuando se trate de terrenos incluidos -total o parcialmente- dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, por formar parte del Patrimonio Natural del Estado. Esto por tratarse de dominio público a partir de su afectación, lo cual le hace inalienable e imprescriptible, no susceptible de propiedad privada (arts. 1, 3, 6-a, 13, 14 Ley Forestal 7575, 32 Ley Orgánica del Ambiente 7554; 22 y 58 Ley de Biodiversidad 7788, 3-d y f Ley del Servicio de Parques Nacionales 6084, 82-a Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 y votos de la Sala Constitucional 16975-2008 y 18836-2014). En esos casos, las personas testigos deben dar fe no solamente de la posesión personal o derivada de quien titula ejercida durante los últimos 10 años antes de plantearse el procedimiento de titulación; también deben ofrecer datos sobre la posesión ejercida desde al menos 10 años antes de la afectación al dominio público. El criterio jurisprudencial al respecto exige, conforme a la lectura constitucional del numeral 7 Ley de Informaciones Posesorias, se demuestre se tiene una posesión de mínimo 10 años antes a la fecha de creación del área silvestre protegida. Ese criterio ha sido mantenido desde hace muchos años por los tribunales agrarios y otras Jurisdicciones (ver precedente 07 de 10.01.2000 de este Tribunal). Dice la norma referida: “Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre…”. Por ello usualmente se requiere que sean las personas testigos tengan cierta edad (generalmente adultas mayores) y que conozcan el terreno desde hace mucho tiempo. Esto dependiendo de la fecha en que se creó o estableció el área silvestre protegida, vía decreto o ley formal.   

VIII.- Conforme lo explicado, no lleva razón la PGR.    Con respecto al primer agravio, se aclara lo siguiente. El fundo objeto de titulación se ubica dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya - Sector Cataratas, creada mediante Decreto Ejecutivo 22968 del 10/03/1994. La parte promovente debía demostrar una posesión decenal anterior a marzo de 1984, lo cual hizo. La prueba testimonial, en procesos como el presente, es clave para ello. En este caso, los testigos que declararon el 31 de mayo de 2023 ofrecieron datos veraces, creíbles y concordantes, en lo que interesa para efectos de lo apelado (imágenes 120 a 123 EDC). Fernando Fernández Morales (vecino de la zona y nacido en el año 1965), conoce el terreno titular desde que tenía 18 años de edad, explicando las razones por las cuales, desde los años 80, recuerda lo que existía en tal. Confirmó se ha destinado a ganadería y que siempre ha sido de la familia Solís. Especificó que fue del padre del promovente, de quien no recuerda su nombre, y que el traspaso fue por compra sucedida hacía como 40 años, dado que desde cuando visitaba la zona con su padre ya se conocía que le pertenecía a Aníbal Solís. Dimas Acuña Sandí (vecino de la zona y nacido en el año 1945), conoce el terreno titular desde hace más de 60 años. Da fe de que el terreno se ha dedicado a ganadería y de siempre fue de la familia Solís, empezando por el padre del promovente de nombre Rodolfo Solís, quien la vendió a su hijo Aníbal hace como 50 años aproximadamente. Walter Acuña González (vecino de la zona y nacido en el año 1972), conoce el terreno titular desde hace más de 40 años. Da fe de que el terreno se ha dedicado a ganadería y de desde que tiene uso de razón ya era del titulante, pero antes fue de la familia Solís. No sabe si él la compró o se la donaron. En resumen, los tres testigos conocen el terreno mínimo 10 años antes de la fecha de creación del área silvestre protegida en cuestión, dan fe de que desde antes ha sido poseída por la familia del titulante, específicamente por el padre de éste y de que luego fue traspasada a él. El que en el escrito inicial no se informara de manera precisa sobre la cadena de transmisión, no es un impedimento, en casos como el presente, para considerar que se incumple con el requisito de justo título y posesión continua por mínimo 10 años anteriores a la afectación de terreno a dominio público. Lo indicado por el promovente al iniciar el proceso, en lo que interesa, fue: “He poseido esta finca en forma quieta, publica, sin interrupcion a titulo de dueno, con exclusion de terceras personas, por espacio de treinta aims. Los actos posesorios que he ejercido, durante estos treinta años, sobre este inmueble ban consistido en la hechura de potreros, limpieza de los mismos, colocacion de cercas, limpieza de rondas y el pastoreo de ganado. asi como el mantenimiento de las areas de proteccion de las nacientes de agua y de la quebrada… Yo adquiri esta finca por posesion decenal, es decir positiva. En razon de ello, no aporto titulo o documento que acredite la legitima adquisicion del bien” (imágenes 1 y 2 EDC). Ciertamente la redacción para explicar cómo se adquiere el terreno no fue la idónea, dado que el terreno comprende un sector ubicado parcialmente en una zona protectora creada en 1994, por lo que debió ser el titulante más exhaustivo en sus explicaciones sobre el origen del derecho de dominio que reclama tener sobre tal bien. Pero ni el Juzgado previno aclaración alguna antes de emitir el auto inicial el 5 de julio 2022, ni tampoco lo pidió la PGR cuando se apersonó (imágenes 41 y 130 EDC). En todo caso, de lo manifestado en el escrito inicial no se puede interpretar, como lo reclama el ente apelante, que el titulante haya alegado posesión originaria para usucapir, que tal denomina “posesión directa”, es decir, sin enajenación anterior. En otras palabras, la frase “adquirí por posesión decenal, es decir positiva”, en el contexto del caso no puede traducirse en lo que la PGR alega, es decir, que el titulante declaró que posee la finca originariamente desde 1992, por indicar que tiene 30 años de poseer el terreno. Máxime al estar de por medio el derecho fundamental de propiedad privada, tutelado en el artículo 45 de nuestra Constitución Política. Aparte de ello, la prueba testimonial ofrece datos que aclaran cómo la familia de él ha poseído la finca al menos desde los años 60 del siglo pasado y que luego se la transmitieron, hacía como 40 años aproximadamente. Por ello lo concluido en la sentencia apelada sobre el tema se comparte. Y no era necesario que se aportase documento público donde constase el traspaso del derecho de posesión en su momento (cuando se lo transmitió su padre hacía más de 40 años antes de plantearse el proceso), dado que el numeral 1 Ley de Informaciones Posesorias dispone: “Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, según lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil; pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores”. En este caso no era indispensable u obligatorio que presentase el documento de traspaso, dado que alegó posesión personal por más de 10 años antes de plantearse el proceso. Tampoco realiza el Juzgado una suposición contraria al interés público, cuando concluye:

“Como primer motivo de solicitud de improbación tenemos esta manera tenemos la falta de justo título, si bien es cierto en escrito inicial se tiene por manifestado que el promovente ejerce posesión a titulo personal; es decir que posee la propiedad hace treinta años, poseyendo desde el año 1992; la ley de información posesoria indica que si el promovente posee una propiedad a titulo personal por más de diez años no necesita aportar documentación artículo 1 inciso g) párrafo segundo de la ley de información posesoria, es importante indicar que de la prueba testimonial se desprende que la posesión sobre dicho terreno más allá de lo que posee el promovente de poseer dicha propiedad es decir, este puede aprovechar la posesión derivada de sus anteriores dueños, en el presente caso tenemos que dicha finca perteneció a la familia Solís empezando por el señor Rodolfo Solís padre del promovente; es importante indicar que la propiedad a estado en manos inicialmente por un grupo familiar en este caso los Solís de la cual forma parte el promovente, quién en la actualidad posee la edad de ochenta años, y que adquiere de su padre. Es importante indicar que el artículo 7 de la Ley de Información Posesoria, el promovente debe demostrar haber ser el titular de los derechos de posesión, diez años antes de la creación de la zona protectora; es decir el promovente puede aprovechar la posesión de sus anterior poseedor, en este caso su padre; sin embargo al ser una unidad familiar encabezada por su padre, es decir como núcleo familiar se ubica al promovente dentro de esta propiedad más de diez años de la creación de dicha zona…” (imagen 184 EDC).

Lo analizado se respalda en la prueba testimonial que, como se explicó, se consideraba veraz y fiable, dado que no existen contradicciones ni imprecisiones que hagan dudar de la objetividad de las personas testigos. Tampoco con ello se sustituye el “justo título traslativo de dominio (documento)” con la prueba testimonial no se reconoce de manera extrapetita e incongruente una posesión derivada que el titulante no alegó, como infundadamente reclama la PGR. El considerar que el “justo título” es un documento (escritura pública) es una posición errada. Tal concepto lo que implica es demostrar la causa adquisitiva, es decir, el modo jurídico mediante el cual se adquiere el derecho usucapible (la propiedad sobre terrenos sin inscribir lo es). Los modos de adquisición en Costa Rica son de diverso tipo: originarios (accesión, ocupación, usucapión, etc.) y derivativos (convenio) (numeral 484 Código Civil). La Ley de Informaciones Posesorias, dado que permite la titulación de terrenos que no están bajo régimen de propiedad privada ni sean de dominio público, establece que se puede adquirir un inmueble no inscrito, siempre que se haya poseído por mínimo 10 años antes de pretenderse su titulación (y si se encuentra afectado por un área silvestre protegida, ese plazo corre antes de su creación). Esa sería la causa originaria, en caso de que titule la persona primera poseedora. Pero si se transmitió el derecho de posesión originario, puede sumarse la posesión transmitida. En este caso, quienes adquieran posteriormente, deben demostrar su causa derivativa, es decir, el convenio (compraventa, permuta, etc.) o acto (donación y sucesión), a través del cual adquieren. La demostración de tal causa no requiere que se haga en un documento (escritura pública), si la persona poseedora secundaria ha ejercido a su vez la posesión por más de 10 años directamente. Ello aplica tanto si el terreno está dentro o fuera de un área silvestre protegida. Puede, por ende, en tal supuesto, probarse a través de la plata testimonial, como sucedió en este caso.

IX.- El segundo agravio tampoco es de recibo. La prueba testimonial, antes analizada en lo que interesa en forma alguna es incongruente entre sí. Tampoco contradice lo dicho por el promovente en el escrito inicial, dado que este omitió más bien detallar lo relativo a la cadena de posesión que se ha ejercido sobre el terreno. Es incorrecto también que se afirme que en la sentencia combatida no se analizan las razones por las cuales la PGR pidió se desestimara el proceso, alegando de forma tácita incongruencia en la fundamentación. La resolución está debidamente fundamentada, se dan las razones fácticas y jurídicas por las cuales se considera procede aprobar el proceso. Si bien de forma innecesaria se incluyen extensos fundamentos relacionados con la forma de apreciar la prueba materia agraria, expresamente se analiza la oposición de la PGR en su amplio considerando segundo, como se desprende de lo transcrito en el considerando anterior, lo cual es necesario reiterar. A ello se agrega lo siguiente, conforme se puede leer en dicha resolución:

“Por lo que nos ubican una posesión de más de diez años antes de la creación de la zona protectora. Y no como lo indica la señora procuradora, quién refiere que el promovente no (sic) los diez años antes de la creación de la zona protectora; además que se ha demostrado en reconocimiento judicial efectuado en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés aunado a la prueba testimonial que dicho terreno se encuentra debidamente deslindado y debidamente protegido en los márgenes de la quebrada con árboles de las zonas; por esta razón que se tiene por cumplido con lo exigido por el artículo 7 de la Ley de Información Posesoria para la titulación de terrenos en estas condiciones. Indemostrada posesión ecológica: Alega la señora procuradora que la parte promovente no ha cumplido con el cambio de la naturaleza del terreno luego de la declaratoria de zona de protección, sin embargo de informe emitido por el Sistema de Áreas de Conservación Tempisque, se indica que el porcentaje afectado por la Zona de Protectora Península de Nicoya , sector Cataratas es de 0.066%, es decir no se puede obligar a cambiar toda una naturaleza de un área de 37 ha 9187 metros cuadrados, de los cuales no se específica que parte del terreno corresponde a dicho porcentaje; es importante indicar que en estudio de suelos aportado, dentro de sus observaciones indica: " No hay evidencia de contaminación de suelos y aguas dentro del inmueble. Cercas en buen estado con postes de madera y alambre de púas. Presencia de apartos ganaderos. No se observaron anomalías en el manejo de esta propiedad, que afecten de forma negativa al suelo, al agua, o al ambiente en general. Afectado por artículo 33 de ley forestal 7575 y ley de aguas 276 y sus reformas. Acceso por servidumbre en lastre." Y en reconocimiento judicial efectuado se observa la debida protección del área de la quebradas, además que se ha realizado un buen manejo de la actividad ganadera, lo cual se evidencia en el establecimiento de cinco a partos internos, este tipo de práctica ganadera esta destinado para la rotación del ganado para realizar un uso sostenible de la propiedad y evitar la erosión del mismo. Por lo que no llega razón el ente estatal. FALTA DE  INFORME TÉCNICO: Sobre este punto es la misma Procuraduría en su escrito de apersonamiento que solicita que el Juzgado envié el correspondiente oficio al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados , en dicho informe correspondiente al UEN-GA-2023-00086, indicando: "La propiedad señalada con numero de plano catastro 6-2314832-2021, con ubicación en el sector de Cerro Frío, en el distrito Puntarenas, cantón Puntarenas, provincia Puntarenas, se encuentra fuera del área de cobertura de los acueductos que opera y administra el AYA, por lo que las nacientes ubicadas dentro de dicho terreno, no surten a agua a ningún acueducto en operación y administración del AYA, tampoco conviene reservarlas para tal fin. Al cumplirse con los demás requisitos, sin que haya mediado oposición y habiéndose instruido debidamente conforme a lo establecido en la Ley de Informaciones Posesorias Número 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, procede aprobar la titulación” (imagen 186 EDC).

No puntualiza además la PGR que alegato invocado en sus escritos anteriores a la emisión de la sentencia recurrid, no fue debidamente analizado en ella.

 X.- Finalmente, en el tercer agravio reclama la PGR que no se acreditó el ejercicio de posesión ecológica, porque el sector en cuestión (0.066% del total del área) se dedica a pasturas, actividad que es contraria a los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas y por no compartir lo indicado por el Juzgado, en cuanto a que “no se puede obligar a cambiar toda una naturaleza de un área de 37 ha 9187 metros cuadrados, de los cuales no se específica que parte del terreno corresponde a dicho porcentaje”. En primer lugar, el reclamo no tiene fundamento fáctico ni legal, porque el sector cuestionado no está dentro del dominio público, es propiedad privada. Por consiguiente, la persona titulante, como su propietaria, está sujeta a las limitaciones que legalmente corresponda respetar en terrenos de propiedad privada (numeral 45 constitucional). Pero no puede, como lo pretende la Procuraduría, exigírsele que se le apliquen las restricciones propias del dominio público en cuanto a usufructo y posesión. Por ende, si toda la finca que pertenece el titulante, incluido el sector que quedó dentro de lo que se marcó en el Decreto de creación como perímetro de la Zona Protectora Península de Nicoya - Sector Cataratas, está dedicada a ganadería y se cumple con el uso conforme del suelo (según consta en la certificación respectiva, que no se probó fuese falsa o ilegal), no existe ningún problema en cuanto al uso y disfrute de dicho bien. En otras palabras, el titulante ha ejercido los atributos del dominio, específicamente de posesión y usufructo, en forma legal en ese sector, el cual, pese a estar cartográficamente incluido dentro de esa área silvestre protegida, es en realidad propiedad privada. Por ello, el hecho de que colinde con tal Zona Protectora no implica que en su terreno no pueda desarrollar actividad ganadera, siempre que tal se ajuste a los requerimientos legales -especialmente ambientales- para su debido desarrollo. Para evitar confusiones como las que alega la PGR, corresponde al Estado, a través de los mecanismos legales pertinentes, reducir del perímetro de dicha área protegida, sectores que no sean de dominio público, como el porcentaje que, a través de este proceso, se logró demostrar es propiedad privada, desde antes de la afectación (en el año 1994).

 XI.- Por lo explicado debe de denegarse el recurso y confirmarse, en lo que ha sido objeto de apelación, la sentencia recurrida.

POR TANTO:

 En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la sentencia de primera instancia 06 de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro.

 

 

 

 

 

	


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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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HEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-000060-1870-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:25:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 00595 - 2024**

**Date of the Resolution:** June 13, 2024 at 4:21 p.m.

**Case File:** 22-000060-1870-AG

**Drafted by:** Ruth Alpízar Rodríguez

**Type of Matter:** Possessory information proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Text of the resolution**

**CASE FILE:**

22-000060-1870-AG - 4

**PROCEEDING:**

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY POSSESSORY INFORMATION

**PROMOTED BY:**

ANIBAL SOLIS MORENO

**VOTE No. 2024000595**

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At sixteen hours and twenty-one minutes of the thirteenth of June of two thousand twenty-four.-

POSSESSORY INFORMATION promoted by ANIBAL ISAAC SOLIS MORENO, of legal age, married once, farmer, resident of Cerro Frío of Jicaral, Lepanto, Puntarenas, identification number six-zero sixty-three-zero twenty-seven. The State intervenes in the proceeding through the Procuraduría General de la República (PGR), represented by Yamileth Monestel Vargas, identification number two-five hundred forty-five-six hundred one, bar association number nineteen thousand four hundred ninety-five. Acting as special judicial attorney-in-fact for the promoting party: Carlos Enrique Aguirre Gómez, bar association number two thousand four hundred four. Processed before the Agrarian Court of Jicaral.

Drafted by Judge Alpízar Rodríguez: and,

**WHEREAS:**

**I.-** REGARDING WHAT IS REQUESTED: The applicant requests that the property he describes as follows be registered in his name: Pasture land crossed in the center in the north-south direction by an unnamed stream, located in Cerro Frío, fourth district Lepanto, first canton of Puntarenas, Province of Puntarenas.- The bordering properties are as follows: NORTH: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima and public road with a frontage to it of one hundred fifty-one meters and twenty-three linear centimeters, SOUTH: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima, with the Río Caño Seco in between in one part and not in another part. EAST: Jesús Chaves Fuentes. WEST: Public road with a frontage to it of one thousand one hundred forty-seven meters and fourteen centimeters- MEASURES: thirty-seven hectares nine thousand one hundred eighty-seven square meters (image 1 of the complete digital case file, downloaded from oldest to newest, hereinafter EDC).

**II.-** The State (PGR) and the Instituto de Desarrollo Rural were considered as parties. The latter did not appear (images 59, 130, 168 EDC).

**III.-** APPEALED JUDGMENT: Judge Erika Amador Brenes, in judgment 06 of January 19, 2024, resolved: "The possessory information is approved with the encumbrances referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with better right, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of ANIBAL ISAAC SOLIS MORENO, who is of legal age, married once, farmer, resident of Cerro Frío of Jicaral, Lepanto, Puntarenas, 200 meters south of the school, bearer of the current identity card exhibited numbered 6-0063- 0027, the property described in the plan registered with the Catastro Nacional under number P 2314832-2021, which is described as follows: Nature: Pasture land crossed in the center in the north-south direction by an unnamed stream, located in Cerro Frío, fourth district Lepanto, first canton of Puntarenas, Province of Puntarenas.- The bordering properties are as follows: NORTH: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima and public road with a frontage to it of one hundred fifty-one meters and twenty-three linear centimeters, SOUTH: Cuartel Llanos del Valle Sociedad Anónima, with the Río Caño Seco in between in one part and not in another part. EAST: Jesús Chaves Fuentes. WEST: Public road with a frontage to it of one thousand one hundred forty-seven meters and fourteen centimeters- MEASURES: thirty-seven hectares nine thousand one hundred eighty-seven square meters, as indicated by the cadastral plan numbered P- 2314832-2021.- The real estate subject to this proceeding is valued at the sum of thirty million colones.- a) That the area contiguous to the watercourses and springs (nacientes) constitutes a protection area and that the cutting or elimination of trees is prohibited, according to Articles 33, subsections a) and b) and 34 of the Ley Forestal, and numerals 148, 149 and 151 of the Ley de Aguas. b) The surface and underground waters existing on the property are state public domain and do not form part of the property (Ley de Aguas, Articles 1, subsection a and b, and 3, subsection III and Código de Minería, Article 4°).- The certification of this judgment shall serve to register the related property in the Property Registry" (image 178 EDC).

**IV.-** REGARDING THE PROVEN FACTS: They are endorsed as they relate to the grievances of the appeal and reflect the evidence contained in the case file, with the following variations. The third fact is modified as follows due to the way it is worded: 3) The promoter has possessed the area to be titled for more than thirty years in a personal capacity before the year two thousand twenty-two, to which is added the possession exercised by his father Rodolfo Solís since at least the mid-nineteen sixties.

**V.-** APPEAL: The PGR appeals based on the following, which is summarized to facilitate its analysis. It alleges: 1) The land subject to titling, described in plan P-6-2314832-2021, with an area of 379,187 m2, is located partly within the Zona Protectora Península de Nicoya, created by Decreto Ejecutivo 22968 of 03/10/1994. When answering the final hearing, it was claimed that the applicant lacks just title (justo título), since, expressly, in the initial brief of June 28, 2022, he stated having exercised "possession" for 30 years and having acquired the property "by decennial possession, that is, positive. For this reason, I do not provide a title or document accrediting the legitimate acquisition of the property". Contrary to what is stated in the appealed judgment, it is understood from the transcribed text that the applicant alleged direct possession, and for this reason does not provide a document transferring ownership (documento traslativo de dominio), because he did not acquire it from third parties. In accordance with the provisions of Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias, if the applicant does not have decennial possession of the property, he may avail himself of that exercised by his transferors, as provided in Article 863 of the Código Civil; but he must present a public document stating the transfer of his right, although not that of previous possessors. In this case, the applicant failed to prove the exercise of direct decennial possession prior to the affectation to public domain that would exempt him from providing a public document proving his just title, as is erroneously interpreted in the appealed judgment. If 30 years of occupation are deducted starting from 2022, it goes back to the year 1992, which is insufficient to usucapt the portion of the property affected to public domain since 1994, as a protected wild area. The accreditation of just title is an indispensable requirement for usucaption. This has been resolved by the Sala Primera de la Corte in vote 778/2023, among others. Mr. Solís Moreno did not provide any public document accrediting his cause of acquisition, nor did he say he acquired the land from third parties. Hence, it is not possible to assume this occurred to the detriment of the environmental public interest. The reasoning made in the judgment, proven fact 3 and Whereas II, is respected but not shared, as it substitutes the just title transferring ownership (document) with testimonial evidence and recognizes in an extrapetita and incongruent manner a "derived" possession that the applicant did not allege. Based on the foregoing, the possessory information should have been rejected for lack of just title. 2) The appealed judgment approved the possessory information without demonstrating possession prior to the affectation to public domain, not only because the applicant alleged direct possession since 1992, but also because the testimonial evidence is incongruent both internally and with what the promoter stated in the initial brief regarding the "chain of possession". This was pointed out in the brief of October 11, 2023. However, the contested judgment does not appreciate the reasons for which these were dismissed. 3) The proceeding was approved despite the fact that the exercise of ecological possession (posesión ecológica) was not accredited. It was proven, through the land use study (estudio de uso de suelo), the judicial inspection (reconocimiento judicial), and the testimonial evidence, that the property is destined for "pastures", an activity contrary to the conservation purposes of protected wild areas, as recognized by the Agrarian Tribunal. However, the appealed judgment approved the proceeding, considering that the property to be titled overlaps the wild area by 0.066% of its total area and "one cannot be obliged to change the entire nature of an area of 37 ha 9187 square meters, of which it is not specified which part of the land corresponds to said percentage". This reasoning is not shared, since the applicant is obliged to prove the exercise of activities aimed at protecting the natural resources and biodiversity of the zone, regardless of the overlap percentage with the protected wild area. Furthermore, although the overlap percentage seems low, translated into land area it is not, since the property has a total capacity of 37 ha 9187 m2. The decision contradicts the jurisprudence of the Agrarian Tribunal in votes 1245 of 11/15/2011, 836 of 06/29/2012, 38 of 01/24/2013, 1210 of 04/19/2014. Consequently, the proceeding should have been rejected for lack of exercise of ecological possession. It requests that the process be disapproved for non-compliance with legal requirements and for attempting to register a public domain asset in the name of a private individual (image 191 EDC).

**VI.-** Because this is the subject of the appeal, the following must be highlighted. Our legal system guarantees the right to register lands, provided that all legal requirements demanded in the various regulatory bodies are met (votes 226 of 07/11/1990 and 51 of 05/26/1995 of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). The Ley de Informaciones Posesorias 139 of 07/14/1941, insofar as relevant, establishes that, if the promoting party does not have decennial possession at the time of initiating the proceeding, they may add that of their transferors, but in addition to clarifying this in the initial brief, they must provide the public document stating the transfer of their right. The documents and the rest of the evidence that must be provided must ratify or prove precisely what was reported in that brief. But if the land is included within a protected wild area, other special requirements are demanded, which will be indicated later (see precedent 7 of 01/10/2000 of this Tribunal). All these requirements and others that it is not relevant to highlight at this time, as well as the relevant evidence to corroborate what was declared in the initial memorial, are clearly specified in the Código Civil, the Ley de Informaciones Posesorias, and special laws on water, soil, and forest resources. Furthermore, according to numerals 8 and 18 of the Ley de Catastro Nacional: 6545 of 03/26/1981, there must be a true concordance between the information in the Public Registry and that of the Catastro Nacional. Therefore, ignorance in this regard cannot be alleged, much less if one has professional legal advice. The omission regarding them or regarding the offering of relevant evidence is solely the responsibility of the promoting party, which the courts cannot remedy, since the person titling has the burden of proof for their actions and what they affirm (articles 41.1 Código Procesal Civil and 1 Ley de Informaciones Posesorias, vote of this Tribunal 827 of 12/19/2003).

**VII.-** As indicated, there are special requirements to fulfill when dealing with lands included -totally or partially- within a protected wild area, whatever its management category, for forming part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). This is because they are public domain from the time of their affectation, which makes them inalienable and imprescriptible, not susceptible to private property (arts. 1, 3, 6-a, 13, 14 Ley Forestal 7575, 32 Ley Orgánica del Ambiente 7554; 22 and 58 Ley de Biodiversidad 7788, 3-d and f Ley del Servicio de Parques Nacionales 6084, 82-a Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 and votes of the Sala Constitucional 16975-2008 and 18836-2014). In those cases, the witnesses must attest not only to the personal or derived possession of the person titling exercised during the last 10 years before filing the titling procedure; they must also offer data on the possession exercised from at least 10 years before the affectation to public domain. The jurisprudential criterion in this regard requires, in accordance with the constitutional reading of numeral 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, that it be demonstrated that they have had possession for a minimum of 10 years before the date of creation of the protected wild area. This criterion has been maintained for many years by the agrarian courts and other jurisdictions (see precedent 07 of 01/10/2000 of this Tribunal). The referenced norm states: "When the real estate to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area...". For this reason, it is usually required that the witnesses be of a certain age (generally older adults) and have known the land for a long time. This depends on the date on which the protected wild area was created or established, via decree or formal law.

**VIII.-** According to what has been explained, the PGR is not correct. Regarding the first grievance, the following is clarified. The property subject to titling is located within the Zona Protectora Península de Nicoya - Sector Cataratas, created by Decreto Ejecutivo 22968 of 03/10/1994. The promoting party had to demonstrate decennial possession prior to March 1984, which he did. The testimonial evidence, in proceedings such as the present one, is key for this. In this case, the witnesses who testified on May 31, 2023, offered truthful, credible, and concordant data, insofar as relevant for the purposes of the appeal (images 120 through 123 EDC). Fernando Fernández Morales (a resident of the area and born in 1965), has known the land to be titled since he was 18 years old, explaining the reasons why, since the 80s, he remembers what existed there. He confirmed it has been used for cattle ranching and that it has always belonged to the Solís family. He specified that it belonged to the promoter's father, whose name he does not remember, and that the transfer was by purchase that occurred about 40 years ago, given that since he visited the area with his father, it was already known that it belonged to Aníbal Solís. Dimas Acuña Sandí (a resident of the area and born in 1945), has known the land to be titled for more than 60 years. He attests that the land has been used for cattle ranching and that it always belonged to the Solís family, starting with the promoter's father named Rodolfo Solís, who sold it to his son Aníbal approximately 50 years ago. Walter Acuña González (a resident of the area and born in 1972), has known the land to be titled for more than 40 years. He attests that the land has been used for cattle ranching and that for as long as he can remember, it already belonged to the applicant, but before that it belonged to the Solís family. He does not know if he bought it or if it was donated to him. In summary, the three witnesses have known the land for at least 10 years before the date of creation of the protected wild area in question, they attest that it has been possessed since before by the applicant's family, specifically by his father, and that it was later transferred to him. The fact that the initial brief did not provide precise information about the chain of transmission is not an impediment, in cases such as the present one, to considering that the requirement of just title and continuous possession for a minimum of 10 years prior to the affectation of the land to public domain is not met. What the promoter indicated when initiating the process, insofar as relevant, was: "I have possessed this property in a quiet, public, uninterrupted manner as owner, to the exclusion of third parties, for a period of thirty years. The possessory acts that I have exercised, during these thirty years, on this real estate have consisted of the making of pastures, cleaning them, placing fences, cleaning firebreaks, and grazing cattle, as well as the maintenance of the protection areas of the water springs and the stream... I acquired this property by decennial possession, that is, positive. For this reason, I do not provide a title or document accrediting the legitimate acquisition of the property" (images 1 and 2 EDC). Certainly, the wording to explain how the land was acquired was not ideal, given that the land comprises a sector partially located within a protective zone created in 1994, so the applicant should have been more exhaustive in his explanations about the origin of the ownership right he claims to have over such property. But neither did the Court request any clarification before issuing the initial order on July 5, 2022, nor did the PGR request it when it appeared (images 41 and 130 EDC). In any case, from what was stated in the initial brief, it cannot be interpreted, as the appellant entity claims, that the applicant alleged original possession to usucapt, which it calls "direct possession", that is, without previous alienation. In other words, the phrase "acquired by decennial possession, that is, positive", in the context of the case cannot be translated into what the PGR alleges, that is, that the applicant declared that he possesses the property originally from 1992, because he indicated he has possessed the land for 30 years. Especially when the fundamental right to private property, protected in Article 45 of our Constitución Política, is at stake. Apart from that, the testimonial evidence offers data that clarify how his family has possessed the property since at least the 60s of the last century and that it was later transmitted to him, approximately 40 years ago. Therefore, what was concluded in the appealed judgment on the subject is shared. And it was not necessary to provide a public document stating the transfer of the possession right at the time (when his father transmitted it to him more than 40 years before the process was filed), given that numeral 1 of the Ley de Informaciones Posesorias provides: "When the applicant has not had decennial possession of the real estate, he may avail himself of that exercised by his transferors, as provided in Article 863 of the Código Civil; but in this case, he must present a public document stating the transfer of his right, although not that of previous possessors". In this case, it was not indispensable or obligatory for him to present the transfer document, given that he alleged personal possession for more than 10 years before the process was filed. Nor does the Court make a supposition contrary to the public interest when it concludes:

"As the first reason for requesting disapproval, we have the lack of just title; although it is true that in the initial brief it is stated that the promoter exercises possession in a personal capacity; that is, that he possesses the property for thirty years, possessing it since 1992; the Ley de Información Posesoria indicates that if the promoter possesses a property in a personal capacity for more than ten years, he does not need to provide documentation, Article 1 subsection g) second paragraph of the Ley de Información Posesoria. It is important to indicate that from the testimonial evidence it is inferred that the possession over said land goes beyond what the promoter possesses, that is, he can avail himself of the possession derived from its previous owners. In the present case, we have that said property belonged to the Solís family, starting with Mr. Rodolfo Solís, father of the promoter; it is important to indicate that the property has been in the hands initially of a family group, in this case the Solís, of which the promoter forms part, who currently is eighty years old, and who acquired it from his father. It is important to indicate that Article 7 of the Ley de Información Posesoria states that the promoter must demonstrate being the holder of the possession rights, ten years before the creation of the protective zone; that is, the promoter can avail himself of the possession of his previous possessor, in this case his father; however, being a family unit headed by his father, that is, as a family nucleus, the promoter is located within this property more than ten years before the creation of said zone..." (image 184 EDC).

The foregoing analysis is supported by the testimonial evidence which, as explained, was considered truthful and reliable, given that there are no contradictions or inaccuracies that cast doubt on the objectivity of the witnesses. Nor does it substitute the "just title transferring ownership (document)" with the testimonial evidence, nor does it recognize in an extrapetita and incongruent manner a derived possession that the applicant did not allege, as the PGR groundlessly claims. Considering that the "just title" is a document (public deed) is an erroneous position. What this concept implies is demonstrating the cause of acquisition, that is, the legal mode by which the usucaptible right is acquired (ownership over unregistered lands is usucaptible). The modes of acquisition in Costa Rica are of various types: original (accession, occupation, usucaption, etc.) and derivative (agreement) (numeral 484 Código Civil). The Ley de Informaciones Posesorias, given that it allows the titling of lands that are neither under a private property regime nor are public domain, establishes that an unregistered real estate can be acquired, provided it has been possessed for a minimum of 10 years before its titling is sought (and if it is affected by a protected wild area, this term runs before its creation). That would be the original cause, in case the first possessor titles it. But if the original possession right was transmitted, the transmitted possession can be added. In this case, those who subsequently acquire must demonstrate their derivative cause, that is, the agreement (purchase-sale, exchange, etc.) or act (donation and succession), through which they acquire. The demonstration of such cause does not require that it be done in a document (public deed), if the secondary possessor has in turn exercised possession for more than 10 years directly. This applies whether the land is inside or outside a protected wild area. Therefore, in such a case, it can be proven through testimonial evidence, as happened in this case.

**IX.-** The second grievance is also not admissible. The testimonial evidence, analyzed above insofar as relevant, is in no way incongruent among itself. Nor does it contradict what the promoter said in the initial brief, given that he rather omitted to detail what is related to the chain of possession that has been exercised over the land. It is also incorrect to affirm that the contested judgment does not analyze the reasons why the PGR requested that the process be dismissed, tacitly alleging incongruence in the reasoning. The resolution is duly reasoned; the factual and legal reasons why it is considered appropriate to approve the process are given. Although extensive grounds related to the manner of appreciating evidence in agrarian matters are unnecessarily included, the PGR's opposition is expressly analyzed in its broad second whereas clause, as is evident from what was transcribed in the previous whereas clause, which must be reiterated. To this is added the following, as can be read in said resolution:

"Thus, they place us in a possession of more than ten years before the creation of the protective zone. And not as indicated by the prosecutor, who states that the promoter did not (sic) the ten years before the creation of the protective zone; furthermore, it has been demonstrated in the judicial inspection carried out on the thirty-first of May of two thousand twenty-three, together with the testimonial evidence, that said land is duly demarcated and duly protected on the margins of the stream with trees typical of the zones; for this reason, compliance with the requirements of Article 7 of the Ley de Información Posesoria for the titling of lands under these conditions is considered met. Undemonstrated ecological possession: The prosecutor alleges that the promoting party has not complied with the change in the nature of the land after the declaration of the protection zone; however, according to the report issued by the Sistema de Áreas de Conservación Tempisque, it is indicated that the percentage affected by the Zona Protectora Península de Nicoya, sector Cataratas is 0.066%, that is, one cannot be obliged to change the entire nature of an area of 37 ha 9187 square meters, of which it is not specified which part of the land corresponds to said percentage; it is important to indicate that in the soil study provided, within its observations it indicates: \"There is no evidence of soil and water contamination within the property. Fences in good condition with wooden posts and barbed wire. Presence of livestock paddocks. No anomalies were observed in the management of this property that negatively affect the soil, water, or the environment in general. Affected by Article 33 of Ley Forestal 7575 and Ley de Aguas 276 and its amendments. Access by easement on ballast.\" And in the judicial inspection carried out, adequate protection of the stream area is observed; moreover, good management of the livestock activity has been carried out, which is evidenced in the establishment of five internal paddocks; this type of livestock practice is intended for cattle rotation to make sustainable use of the property and prevent its erosion. Therefore, the state entity is not correct. LACK OF TECHNICAL REPORT: On this point, it is the Procuraduría itself in its appearance brief that requests that the Court send the corresponding official letter to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados; in said report corresponding to UEN-GA-2023-00086, indicating: \"The property identified with cadastral plan number 6-2314832-2021, located in the sector of Cerro Frío, in the district of Puntarenas, canton of Puntarenas, province of Puntarenas, is outside the coverage area of the aqueducts operated and administered by the AYA; therefore, the springs located within said land do not supply water to any aqueduct operated and administered by the AYA, nor is it convenient to reserve them for such purpose.\" Having complied with the other requirements, without any opposition having been raised and having been duly instructed in accordance with the provisions of the Ley de Informaciones Posesorias Number 139 of July 14, 1941, and its amendments, it is appropriate to approve the titling" (image 186 EDC).

Furthermore, the PGR does not specify which argument invoked in its briefs prior to the issuance of the appealed judgment was not duly analyzed therein.

**X.-** Finally, in the third grievance, the PGR claims that the exercise of ecological possession was not accredited, because the sector in question (0.066% of the total area) is dedicated to pastures, an activity contrary to the conservation purposes of protected wild areas, and for not sharing what was indicated by the Court, regarding that "one cannot be obliged to change the entire nature of an area of 37 ha 9187 square meters, of which it is not specified which part of the land corresponds to said percentage". In the first place, the claim has no factual or legal basis, because the questioned sector is not within public domain; it is private property. Consequently, the applicant, as its owner, is subject to the limitations that legally correspond to be respected on privately owned lands (numeral 45 of the Constitution). But, as the Procuraduría intends, he cannot be required to be subject to the restrictions proper to public domain regarding usufruct (usufructo) and possession. Therefore, if the entire property belonging to the applicant, including the sector that remained within what was marked in the creation Decree as the perimeter of the Zona Protectora Península de Nicoya - Sector Cataratas, is dedicated to cattle ranching and complies with the compliant land use (uso conforme del suelo) (as stated in the respective certification, which was not proven to be false or illegal), there is no problem regarding the use and enjoyment of said property. In other words, the applicant has exercised the attributes of ownership, specifically possession and usufruct, legally in that sector, which, despite being cartographically included within said protected wild area, is actually private property. Therefore, the fact that it borders said Zona Protectora does not imply that he cannot develop livestock activity on his land, provided that it conforms to the legal requirements -especially environmental ones- for its proper development.

To avoid the confusion alleged by the PGR, it falls to the State, through the pertinent legal mechanisms, to reduce from the perimeter of said protected area those sectors that are not public domain, such as the percentage that, through this process, was proven to be private property, prior to the encumbrance (in the year 1994).

XI.- For the reasons explained, the appeal must be denied and the appealed judgment confirmed, in that which has been the subject of the appeal.

POR TANTO:

In that which has been the subject of the appeal, the first-instance judgment 06 of January nineteenth, two thousand twenty-four, is confirmed.








	

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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

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HEILIN MAYELA ROJAS MADRIGAL - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 22-000060-1870-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:25:06.

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