Res. 00627-2024 Tribunal Agrario — Approval of boundary rectification revoked for lack of ecological possessionSe revoca aprobación de rectificación de medida por falta de posesión ecológica

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00627 - 2024

Fecha de la Resolución: 25 de Junio del 2024 a las 12:44

Expediente: 19-000146-0699-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Diligencias de rectificación de medida

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

19-000146-0699-AG - 2




PROCESO:

	

RECTIFICACION DE MEDIDA




PROMUEVE:

	

GILBER DE LOS ANGELES OBANDO NAVARRO

 

   

VOTO N°  N° 2024000627

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.-

 DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA POR RECTIFICACIÓN DE MEDIDA  establecida por GILBERT  OBANDO NAVARRO, mayor, soltero, agricultor, cédula de identidad número tres -  cero trescientos cuarenta y dos - cero novecientos seis, vecino de la Estrella, El Guarco, Cartago.  Intervienen como partes el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderada general judicial, Marjorie  Madrigal Muñoz,  mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula uno- quinientos noventa y ocho- ciento uno, vecina de Alajuela, y el  ESTADO, por medio de su representante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, apersonándose en su representación la licenciada Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cero quinientos cuarenta y cinco - cero seiscientos uno, vecina de Alajuela. Actúa como abogado director de la parte promovente el licenciado Carlos Eduardo Mata Ortega, colegiado cinco mil cuatrocientos treinta y siete.  Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.               

 Redacta el Juez Picado Vargas, y;

CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1. La parte promovente plantea las presentes diligencias, solicitando que se rectifique la medida de su terreno en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, inscrito bajo la matrícula número 116418-000, del partido de CARTAGO, el cual cuenta con una medida según registro de 1538 metros cuadrados, pero que en la realidad mide 9702 metros cuadrados, según el plano catastrado número 3-6590-2022, por considerar que cumple con todos los requisitos legales para el efecto. (escrito inicial -imágenes 1 a 2, plano imagen 125, cumplimiento de prevención imágenes  24, 48, 54 ).  2 .Asimismo fueron notificados y se apersonaron los colindantes  Guillermo Obando Navarro, Martín Obando Abarca y Miguel Alejandro Tencio Montero, según imágenes 1 a 2  del expediente electrónico. 3. Mediante resolución de las doce horas treinta y dos minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno se tuvo por apersonados  al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, y al Instituto de Desarrollo Rural  (imágenes 84 a 88,   la PGR e imagen 81  el INDER). 4.- El juez Sergio Huertas Ortega en  sentencia número 2023000200 de las doce  horas cuatro  minutos del cuatro  de agosto del dos mil veintitrés, resolvió: «POR TANTO:    De conformidad con lo expuesto SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria por rectificación de medida, por cuanto en su tramitación se han observado todos los requisitos previstos por los numerales 1, 12, 13, 14 y siguientes de la Ley de Informaciones Posesorias y en tal virtud, pero sin perjuicio de terceros con mejor derecho, se ordena al señor Registrador del Registro Público de la Propiedad Sección bienes Inmueble, RECTIFICAR LA MEDIDA del inmueble inscrito bajo matrícula 3-116418-000 a nombre de GILBER DE LOS ANGELES OBANDO NAVARRO quien es mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 0303420906, agricultor, vecino de la Estrella, El Guarco Cartago, terreno que se describe como terreno de potrero con una naciente, un galerón y una casa, sita en el Distrito 2, San Isidro, Cantón 8 El Guarco, de la Provincia de Cartago, colinda al norte con Guillermo Obando Navarro, sur Martín Obando Abarca, al sur con Guillermo Obando Navarro en parte y calle pública con un frente de 44.48 metros y Oeste Miguel Alejandro Tencio Montero, mide 9702 metros cuadrados, plano número C-6590-2022. Estimado en la suma de TRES MILLONES DE COLONES EXACTOS, al igual que las diligencias. Queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de los caminos públicos que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias, afectado por la Ley Forestal 7575, artículo 33, afectado por la Ley de Aguas 276 y sus reformas. Sirva la certificación de esta resolución como documento para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Deberá el titulante observar las recomendaciones brindadas en el estudio de suelos..» (Imágenes 209  a 213). 5. La licenciada Monestel Vargas representante estatal  interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de instancia.» (Imágenes 218  a 222).-

 II.- Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al acervo probatorio.-

 III.- Se comparte el cúmulo de hechos no probados por estar ayunos de medios de prueba.-

 IV.- La licenciada Monestel Vargas representante estatal  interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando lo siguiente: "La resolución recurrida declaró con lugar la información posesoria, pese a que no se cumplió con el requisito del ejercicio de una posesión ecológica. El inmueble objeto de este trámite, inicialmente descrito en el plano n°3-2088275-2018, hoy en el plano C-6590-2022, se ubica en un 100% dentro de la Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero, área silvestre protegida, de dominio público estatal, parte del Patrimonio Natural del Estado (artículos 13,14, y 39 inc. i de la Ley Forestal, 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y Sala Constitucional, votos 8945/2005, 7650/2008, 21258/2010,16938/2011, etc.).(Ver certificación SINAC-D-ACC-0481-2019). “Sin perjuicio de otras leyes especiales que se dicten, las actividades que pueden realizarse en las áreas silvestres del Patrimonio Natural del Estado las define el artículo 18 de la Ley Forestal: “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” (Dictamen C-134-2016. Procuraduría General de la República. Énfasis suplido). La sentencia que se apela tuvo como hecho no probado “1. Que la cabida por rectificar esté dedicada a posesión ecológica. No hay prueba en autos. Al contrario consta el uso del suelo y el reconocimiento judicial que el inmueble es terreno de pasto y pastoreo de ganado”. (Se agrega el énfasis) Sin embargo, contradictoriamente la rectificación de medida fue aprobada, a pesar de que ese tipo de actividades son contrarias a la vocación de terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas. Desde el momento en que el predio queda comprendido dentro de un área silvestre protegida las actividades deben ir encaminadas a la conservación del recurso, lo que en el caso no se dio, por lo que el trámite debió rechazarse. Cita al respecto jurisprudencia de este Tribunal. Se respeta, pero no se comparte el razonamiento del Juzgado de instancia, en el sentido de que era “deber de la representación del Estado desacreditar mediante el plan de conservación que la actividad agraria ejercida en el fundo sea prohibida y que haya sido advertida”, por cuanto, tal razonamiento invierte la carga de la prueba, en perjuicio de un bien de interés público ambiental. “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental”. (Ley de Biodiversidad, artículo 109. Énfasis suplido. Tribunal Contencioso Administrativo, resolución nº 00700/2021, del mismo Tribunal, sección IV, las n° 00083/2013 y 04399/2010, entre otras). Además, es deber del titulante, y no del Estado, demostrar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia del trámite. Así las cosas, solicito tener por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia n°2023000200, de las 12:04 horas del 4 de agosto del 2023, y remitir el expediente al Superior para que conozca del mismo e impruebe las diligencias, por incumplimiento de requisitos legales y pretenderse la inscripción a nombre de un particular de un bien de dominio público." (Imágenes 218  a 222).-

 V.- En cuanto a su único agravio de fondo, sí lleva razón la recurrente.  Los requisitos de una información posesoria son los mismos que en una rectificación de medida, por lo cual, si se trata de rectificar un inmueble inscrito que se encuentre dentro de un área protegida, debe exigirse el ejercicio de una posesión ecológica decenal anterior a la fecha de creación de la misma (Ver Voto No. 1033-F-11 de las 11:40 horas del 21 de setiembre del 2011). En el caso de marras, el terreno a rectificar se encuentra dentro de  la zona protectora Río Navarro y Sombrero en un cien por ciento, tal y como consta en la prueba documental consistente en certificación del MINAE a imagen 12 del legajo electrónico. También se ha demostrado que el promovente ha dedicado el terreno en su medida real para pastoreo de ganado con una construcción, según se desprende de los testimonios de José Luis Fallas Navarro, Crispo Fuentes Obando y Gerardo Méndez Araya así como el reconocimiento judicial que constan en audio incorporado el 21 de abril del 2023.  En cuanto a la necesidad de demostrar haber ejercido posesiójn ecológica en áreas silvestres protegidas, ha dicho este Tribunal: "Considera esta Instancia que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, exige el ejercicio de una posesión acorde con la función ambiental que cumplen las áreas silvestres protegidas, el cual debe estar encaminado a la protección y conservación de los recursos naturales existentes en los terrenos. Esas zona de importancia para el resguardo del equilibrio ecosistémico, tienen una finalidad especial, que debe ser resguardada por los poseedores y propietarios que ejercen posesión sobre esos fundos. La protección de los recursos de flora, fauna, suelo y recurso hídrico, conducen inevitablemente al despliegue de conductas de acción y omisión que pretendan y logren la conservación de los recursos, que limitan a sus poseedores y dueños legítimos las conductas que puedan desplegar dentro de esos terrenos. Igualmente, deberán ejecutar aquellas acciones necesarias para que su fundo cumpla la función ambiental encomendada por legislación especial. Es por ello, que los actos de posesión exigidos a estos poseedores, van más allá, de los que podrían ser requeridos en un terreno cuya finalidad sea diversa y que no pretenda o tenga como función la conservación del ambiente y sus ecosistemas. Es deber de estos propietarios y poseedores, el resguardo de los recursos existentes, o bien procurar la generación de los recursos que en esas zonas sean necesarios para cumplir con los fines de creación de las áreas silvestres protegidas, y en este caso de una zona protectora.  Las exigencias en el ejercicio de la posesión requerida, trasciende las que se exigiera en una propiedad destinada a otros fines, tales como la propiedad urbana, entre otras. La propiedad que pretende inscribirse esta inmersa en la Zona Protectora Río Toro. Esta categoría de manejo se encuentra creada en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha norma no la define en forma específica, al igual que a ninguna de las otras categorías. Sobre esta laguna legal, debe mencionarse que la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969, ya derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como sigue: “….aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”  Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos citados, mientras que la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia, ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra de las anteriormente citadas. Sobre el motivo de la ausencia de una definición para esta categoría y las demás, es posible encontrarla en lo enunciado por la Procuraduría General de la República, cuando indica en el dictamen (323-C2004) : “Es probable que en la nueva Ley Forestal no se incluyera una conceptualización de las categorías de manejo por error, ya que, como puede verse en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 80 celebrada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, a las 14:31 horas del 23 de enero de 1996 (Expediente No. 11.003, Tomo X, folios 3492 y 3493), de la propuesta de texto legal se eliminaron las definiciones porque ya estaban incluidas en otro proyecto que se estaba tramitando en ese momento (Ley Ambiental), que en última instancia no llegó a ser ley de la República. De todas formas, una delimitación técnica parecida a la de la Ley No. 7174 la encontramos presente en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente, que estipula entre los objetivos de las áreas silvestres protegidas el de “proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo”.” (…) Sigue indicando este órgano que las zonas protectoras contienen el fin público ambiental de todas las áreas silvestres protegidas de conservación y protección integral de los ecosistemas.  Estima además esta Instancia, que en aplicación del numeral 35 inciso e)  de la Ley Orgánica del Ambiente, es posible sostener que las zonas protectoras, como categoría de manejo a que puede estar sometida un área silvestre protegida, tienen como fin público ambiental específico, la conservación y protección de los recursos forestales con el objetivo de conservar y proteger el suelo y el agua." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 480-F-10 de las once horas treinta y tres minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez.-   En consecuencia, no se logró demostrar el ejercicio de una posesión ecológica, por lo que deberá acogerse el agravio y revocarse la sentencia recurrida, rechazándose las presentes diligencias.

POR TANTO:

 Se revoca la resolución impugnada en cuanto aprobó las diligencias de rectificación de medida. En su lugar, se rechazan las mismas.-

 

 

 

 

	


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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-000146-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:25:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

19-000146-0699-AG - 2

PROCESO:

RECTIFICACION DE MEDIDA

PROMUEVE:

GILBER DE LOS ANGELES OBANDO NAVARRO

VOTO N° N° 2024000627

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At twelve hours forty-four minutes of the twenty-fifth of June of two thousand twenty-four.-

POSSESSORY INFORMATION PROCEEDINGS FOR RECTIFICATION OF MEASURE (DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA POR RECTIFICACIÓN DE MEDIDA) established by GILBERT OBANDO NAVARRO, of legal age, single, farmer, identity card number three - zero three hundred forty-two - zero nine hundred six, resident of La Estrella, El Guarco, Cartago. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL through its general judicial attorney, Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, twice divorced, attorney, ID one- five hundred ninety-eight- one hundred one, resident of Alajuela, and the STATE (ESTADO), through its representative the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, with licensed attorney Yamileth Monestel Vargas appearing on its behalf, of legal age, single, attorney, identity card number two - zero five hundred forty-five - zero six hundred one, resident of Alajuela. Acting as directing attorney for the moving party is licensed attorney Carlos Eduardo Mata Ortega, bar number five thousand four hundred thirty-seven. Processed before the Juzgado Agrario de Cartago.

Drafted by Judge Picado Vargas, and;

CONSIDERANDO:

I.- DETAIL OF ACTIONS: 1. The moving party files these proceedings, requesting that the measure of their land be rectified in the Registro Público de la Propiedad Inmueble, registered under folio number 116418-000, of the CARTAGO district, which has a registered measure of 1538 square meters, but which in reality measures 9702 square meters, according to cadastral plan number 3-6590-2022, considering that all legal requirements for this purpose are met. (initial filing -images 1 to 2, plan image 125, prevention compliance images 24, 48, 54). 2. Likewise, the adjoining owners Guillermo Obando Navarro, Martín Obando Abarca, and Miguel Alejandro Tencio Montero were notified and appeared, as per images 1 to 2 of the electronic file. 3. By resolution at twelve hours thirty-two minutes of July eighth, two thousand twenty-one, the State through the Procuraduría General de la República, and the Instituto de Desarrollo Rural were deemed to have appeared (images 84 to 88, PGR and image 81 INDER). 4.- Judge Sergio Huertas Ortega in judgment number 2023000200 at twelve hours four minutes of August fourth, two thousand twenty-three, resolved: «POR TANTO: In accordance with the foregoing, these possessory information proceedings for rectification of measure are APPROVED, since in their processing all requirements provided for by numerals 1, 12, 13, 14 and following of the Ley de Informaciones Posesorias have been observed, and by virtue thereof, but without prejudice to third parties with better right, the Registrar of the Registro Público de la Propiedad, Real Estate Section, is ordered to RECTIFY THE MEASURE of the property registered under folio 3-116418-000 in the name of GILBER DE LOS ANGELES OBANDO NAVARRO, who is of legal age, single, bearer of identity card number 0303420906, farmer, resident of La Estrella, El Guarco, Cartago, the land described as pasture land with a spring (naciente), a large shed, and a house, located in District 2, San Isidro, Canton 8 El Guarco, Province of Cartago, bounded on the north by Guillermo Obando Navarro, south by Martín Obando Abarca, on the south by Guillermo Obando Navarro in part and public road with a frontage of 44.48 meters, and West by Miguel Alejandro Tencio Montero, measuring 9702 square meters, plan number C-6590-2022. Valued at the sum of EXACTLY THREE MILLION COLONES, as are the proceedings. It remains subject to the reservations regarding rights-of-way of public roads provided in articles 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19, subsection a), of the Ley de Informaciones Posesorias, affected by Ley Forestal 7575, article 33, affected by Ley de Aguas 276 and its amendments. Let the certification of this resolution serve as the document for registration in the Registro Público de la Propiedad Inmueble. The titleholder must observe the recommendations provided in the soil study..» (Images 209 to 213). 5. State representative, licensed attorney Monestel Vargas, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the lower court.» (Images 218 to 222).-

II.- The list of facts held as proven is adopted as it conforms to the evidentiary body.-

III.- The set of unproven facts is shared as they lack means of proof.-

IV.- State representative, licensed attorney Monestel Vargas, filed an appeal against said resolution, stating the following: "The appealed resolution granted the possessory information, despite the fact that the requirement of exercising an ecological possession (posesión ecológica) was not met. The property subject to this proceeding, initially described in plan n°3-2088275-2018, currently in plan C-6590-2022, is located 100% within the Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero, a protected wilderness area (área silvestre protegida), of state public domain, part of the Patrimonio Natural del Estado (articles 13, 14, and 39 subsec. i of the Ley Forestal, 32 and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente and Sala Constitucional, Votos 8945/2005, 7650/2008, 21258/2010, 16938/2011, etc.).(See certification SINAC-D-ACC-0481-2019). “Without prejudice to other special laws that may be enacted, the activities that may be carried out in the wilderness areas of the Patrimonio Natural del Estado are defined by article 18 of the Ley Forestal: “In the natural patrimony, the State may carry out or authorize research, training, and ecotourism activities, once approved by the Minister of the Environment and Energy, who shall define, when applicable, the carrying out of environmental impact assessments (evaluaciones del impacto ambiental), as established by the regulation of this law.” (Opinion C-134-2016. Procuraduría General de la República. Emphasis supplied). The appealed judgment held as unproven fact “1. That the area to be rectified is dedicated to ecological possession. There is no proof in the case file. On the contrary, the land use and judicial inspection (reconocimiento judicial) show that the property is grass and cattle grazing land”. (Emphasis added) However, contradictorily, the rectification of measure was approved, despite the fact that such activities are contrary to the vocation of lands located in protected wilderness areas. From the moment the property is encompassed within a protected wilderness area, activities must be directed towards the conservation of the resource, which did not occur in this case, therefore the proceeding should have been rejected. It cites jurisprudence from this Court in that regard. The reasoning of the lower Court is respected, but not shared, in the sense that it was “the duty of the State's representation to discredit, through the conservation plan, that the agrarian activity carried out on the farm is prohibited and that it has been warned,” since such reasoning reverses the burden of proof, to the detriment of a good of public environmental interest. “The burden of proof, for the absence of contamination, degradation, or disallowed affectation, shall correspond to whoever requests the approval, the permit, or access to biodiversity, or to whoever is accused of having caused environmental damage.” (Ley de Biodiversidad, article 109. Emphasis supplied. Tribunal Contencioso Administrativo, resolution n° 00700/2021, of the same Court, section IV, n° 00083/2013 and 04399/2010, among others). Furthermore, it is the duty of the titleholder, and not of the State, to demonstrate compliance with the necessary requirements for the proceeding to be granted. Therefore, I request that the appeal against judgment n° 2023000200, of 12:04 hours on August 4, 2023, be admitted, and the case file be sent to the Superior Court for it to hear the matter and disapprove the proceedings, due to non-compliance with legal requirements and for intending the registration in the name of a private individual of a public domain good." (Images 218 to 222).-

V.- Regarding her sole substantive grievance, the appellant is correct. The requirements of a possessory information are the same as in a rectification of measure, therefore, if it involves rectifying a registered property located within a protected area, the exercise of a decennial ecological possession prior to the date of its creation must be required (See Voto No. 1033-F-11 at 11:40 hours of September 21, 2011). In the instant case, the land to be rectified is located one hundred percent inside the Zona Protectora Río Navarro y Sombrero, as evidenced by the documentary proof consisting of the MINAE certification at image 12 of the electronic file. It has also been demonstrated that the moving party has dedicated the land in its real measure to cattle grazing with a building, as shown by the testimonies of José Luis Fallas Navarro, Crispo Fuentes Obando, and Gerardo Méndez Araya, as well as the judicial inspection recorded in audio incorporated on April 21, 2023. Regarding the need to demonstrate having exercised ecological possession in protected wilderness areas, this Court has stated: "This Instance considers that article seven of the Ley de Informaciones Posesorias demands the exercise of a possession consistent with the environmental function that protected wilderness areas fulfill, which must be aimed at the protection and conservation of the natural resources existing on the lands. These zones of importance for the safeguarding of ecosystem balance have a special purpose, which must be safeguarded by the possessors and owners who exercise possession over those farms. The protection of flora, fauna, soil, and water resources inevitably leads to the deployment of actions and omissions that seek and achieve resource conservation, limiting the permissible conduct of their possessors and legitimate owners within those lands. Likewise, they must execute those necessary actions so that their farm fulfills the environmental function mandated by special legislation. Therefore, the acts of possession required of these possessors go beyond those that might be required on land whose purpose is different and which does not intend or have the function of environmental conservation and its ecosystems. It is the duty of these owners and possessors to safeguard the existing resources, or to seek the generation of the resources that are necessary in those zones to fulfill the purposes for which the protected wilderness areas were created, and in this case, a protective zone (zona protectora). The demands in the exercise of required possession transcend those required in a property destined for other purposes, such as urban property, among others. The property intended to be registered is immersed in the Zona Protectora Río Toro. This management category is created in subsection b) of article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente. Said regulation does not define it in a specific manner, nor does it define any of the other categories. Regarding this legal gap, it must be mentioned that the Ley Forestal number 4465 of November 25, 1969, now repealed, defined the protective zone in article 83 as follows: “....those areas of forests or forest lands that, established by provisions of law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulatory agents for the climate or the environment.” Subsequently, the Ley Forestal 7174 defined it in the same terms cited, while the current Ley Forestal number 7575 of February 13, 1996, makes no reference either to this management category or to any other of the previously cited ones. Regarding the reason for the absence of a definition for this category and the others, it is possible to find it in what is stated by the Procuraduría General de la República, when it indicates in Opinion (323-C2004): 'It is probable that a conceptualization of the management categories was not included in the new Ley Forestal by error, since, as can be seen in the Minutes of Ordinary Session No. 80 held by the Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, at 14:31 hours on January 23, 1996 (File No. 11.003, Volume X, folios 3492 and 3493), the definitions were eliminated from the proposed legal text because they were already included in another project being processed at that time (Ley Ambiental), which ultimately did not become a law of the Republic. In any case, a technical delimitation similar to that of Law No. 7174 is found in article 35 of the Ley Orgánica del Ambiente, which stipulates among the objectives of protected wilderness areas that of “protecting and improving aquifer zones and hydrographic basins, to reduce and avoid the negative impact that their poor management could cause.”' (…) This body continues by stating that protective zones contain the public environmental purpose of all protected wilderness areas of conservation and integral protection of ecosystems. This Instance also considers that, in application of numeral 35 subsection e) of the Ley Orgánica del Ambiente, it is possible to hold that protective zones, as a management category to which a protected wilderness area may be subjected, have as their specific public environmental purpose, the conservation and protection of forest resources with the objective of conserving and protecting soil and water." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 480-F-10 at eleven hours thirty-three minutes of May twenty-fifth, two thousand ten.- Consequently, the exercise of an ecological possession could not be demonstrated, therefore the grievance must be upheld and the appealed judgment revoked, rejecting these proceedings.

POR TANTO:

The appealed resolution is revoked insofar as it approved the proceedings for rectification of measure. In its place, the same are rejected.-

EXP: 19-000146-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:25:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República