Res. 00617-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Civil Damages for Mangrove Destruction in Parrita UpheldConfirmación de condena civil por daño a manglar en Parrita

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00617 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Agosto del 2024 a las 14:00

Expediente: 07-000889-0647-PE

Redactado por: Laura Cervantes Ocampo

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Uso de criterios técnicos para cuantificar el daño ambiental.

"III. [...] Se colige entonces que el fallo sí se dedicó a explicar por qué el monto peticionado por el representante de la Procuraduría General de la República era el proporcional al daño causado ya acreditado desde el anterior juicio, exponiendo las serias implicaciones que aparejaron las acciones de la parte demandada civil para la zona afectada, propiamente para la flora y fauna del sitio, así como las repercusiones para el medio ambiente en general y para la humanidad misma, habida cuenta que con ello se violentaron derechos de tercera generación reconocidos constitucionalmente. Asimismo expuso el órgano judicante que los parámetros utilizados por el SINAC para efectuar los cálculos matemáticos que le permitieron otorgar un valor cuantificable al daño ambiental que en el caso concreto le fue atribuible al demando civil y a la empresa que representa, responden a criterios objetivos establecidos por la institución competente para determinar tal afectación, lo que le permitió al señor juez otorgar valor a esa prueba documental, aclarando que los argumentos de la defensa no contaron con la fortaleza suficiente como para desacreditar las conclusiones del informe ACOPAC-OSRAP-524-2007. Asimismo, advierte este colegio de alzada que la crítica del recurrente, más que cuestionar la fundamentación de la sentencia de marras, se dirige principalmente a poner en tela de duda lo establecido por los funcionarios del SINAC en los informes ACOPAC-OSRAP-524-2007 y ACOPAC-OSRAP-472-2007 y que sirvieron de sustento para la decisión que se impugna, no obstante, lo que hay es una inconformidad subjetiva que se comprende, corresponde a los intereses que mantiene el representante de la parte demandada civil, ya que dentro del expediente no se cuenta con prueba objetiva que debilite el criterio técnico plasmado en los informes en mención, tampoco se observa que tales criterios hayan sido refutados por las partes procesales cuando fueron puestos en conocimiento durante la investigación, por lo que el argumento recursivo del abogado defensor deviene en inatendible. [...]"

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Texto de la resolución

Resolución:2024-0617

Expediente: 07-000889-0647-PE            

 

TRIBUNAL PENAL DE APELACIÓN ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede SAN RAMON), a las catorce horas, del día doce de agosto del año dos mil veinticuatro.-

 RECURSOS DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, canadiense, portador del pasaporte número [Valor 001], nacido el 26 de junio de 1965, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], de demás calidades conocidas en autos, y contra MARINA LINDA S.A., cédula jurídica número 3-101- 155141, por un delito de Infracción, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en perjuicio de El Estado. Intervienen en la decisión de los recursos, la jueza Laura Cervantes Ocampo y los jueces Raúl Madrigal Lizano y Rodrigo Obando Santamaría.  Se apersonaron en esta sede, el licenciado Bernal Jiménez Núñez, en su condición de abogado defensor del imputado y demandado civil [Nombre 001] y representante de la demandada civil Marina Linda S.A.

                                                        RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 90-2024, de las once horas cero minutos del trece de mayo del dos mil veinticuatro, el TRIBUNAL PENAL DE PUNTARENAS (SEDE QUEPOS), resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y reglas de la sana crítica; se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República contra los codemandados civiles [Nombre 001] y MARINA LINDA S.A.. Por universalidad de los bienes de manera solidaria se les condena al pago de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS ($106.295,60) por concepto de daños y perjuicios. Quedan apercibidos los codemandados civiles que la suma a que fueron condenados deberá ser cancelada dentro de los quince días siguientes a partir de la firmeza del fallo sin necesidad de más apercibimientos; es decir, por la simple orden del Tribunal; en caso de no hacerlo queda la parte interesada facultada para reclamarlas en la vía correspondiente. En otro orden de ideas, se ordena a los codemandados [Nombre 001] y MARINA LINDA S.A., la restitución a su estado original de cuarenta y seis mil seiscientos ocho metros cuadrados ubicados entre el Estero Zapote y Playa Palma de Parrita. Restitución que deberá efectuarse de acuerdo a los parámetros que establezca la oficia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). En razón de lo cual, se ordena a la oficia regional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dentro del término de dos meses (contados a partir de su notificación) realizar un informe situacional actualizado de la zona en cuestión (ACOPACOSRAP-0472-07-05), en el que se establezca un plan operativo que deberán acatar los demandados civiles para la restitución de la zona afectada a su estado original. Mismo que deberá contemplar proyecciones temporales para su realización y una delimitación espacial precisa de la zona a restituir. Ejecución y cumplimiento que estará bajo la tutela del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Procuraduría General de la República (PGR).  Por dictarse de manera íntegra en formato oral, quedan debidamente notificadas las partes en el acto.   Derick Sebastián Vargas Bustamante  Juez." (sic).

      II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Bernal Jiménez Núñez, en su condición de abogado defensor del imputado y demandado civil [Nombre 001] y representante de la demandada civil Marina Linda S.A., interpusieron los recursos de apelación de sentencia penal, mismos que serán resueltos por la presente integración del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.

  III.-  Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de apelación de sentencia Cervantes Ocampo; y,

 

CONSIDERANDO:

 I. Mediante resolución 2024-584 de las once horas cincuenta y cuatro minutos del primero de agosto del dos mil veinticuatro, esta cámara admitió para estudio de fondo el recurso de apelación interpuesto por Bernal Jiménez Núñez, en su condición de abogado defensor del imputado y demandado civil [Nombre 001] y representante de la demandada civil Marina Linda S.A., libelo que rola agregado a folios 1454 y 1455 del expediente.

 II. El abogado recurrente Jiménez Núñez solicitó la celebración de una audiencia oral, la que tuvo lugar en la primera audiencia del día 08 de agosto del 2024. En dicha oportunidad el representante de la parte demandada civil reiteró los argumentos esbozados en el escrito de interposición del recurso de apelación. Explicó que la sentencia impugnada condenó a sus representados al pago solidario de ciento seis mil doscientos noventa y cinco dólares con sesenta centavos ($106.295,60) y a la restitución a su estado original de las 4.6 hectáreas que se dijo fueron dañadas por sus defendidos. Considera que la sentencia no se ajusta a los principios de la sana crítica, ya que desconoce el tema de la existencia y certeza del daño causado. Alega en cuanto al primer agravio, que el a quo efectuó una incorrecta valoración de los informes ACOPAC-OSRAP-524-2007 y ACOPAC-OSRAP-472-2007. Considera que el problema de la decisión de instancia es que basó su condena en el informe ACOPAC-OSRAP-472-2007, el cual no estimó el daño sobre los árboles arrancados, por lo que, al no existir certeza en ese aspecto, la cuantificación se encuentra mal realizada. En relación con el segundo agravio, expuso el abogado defensor que el informe ACOPAC-OSRAP-524-2007, efectuó una cuantificación del daño utilizando un factor de multiplicación por hectárea, el que a su criterio no resulta aplicable al caso concreto, pues para ello debió haberse determinado la forma en que se encontraban distribuidos esos 300 árboles o cuánto se vio afectada cada hectárea, cálculos que no constan en los informes que cuestiona. Calcula quien impugna, que si existían 300 árboles sobre una superficie de 4.6 hectáreas, según su entender, cada árbol se encontraba ubicado a una distancia de 153 metros entre sí, por lo que los informes debieron determinar cuál es el daño real y su densidad. Fustiga que la Procuraduría General de la República estableció que su representado menoscabó un bosque, no obstante, según la definición de bosque dada en la Ley Conservación de Vida Silvestre no es posible considerar el espacio dañado como tal, tomando en cuenta que cada árbol se encontraba sembrado a 153 metros de separación. Reitera que el informe ACOPAC-OSRAP-524-2007 cuantifica el daño por hectárea y establece porcentajes por cada rubro afectado, por lo que existen inconsistencias en la determinación del daño, así como que no justifica cómo concluye que se trata de un bosque primario. Alega que el error de la sentencia es que parte de la cuantificación del daño dada por el Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE) pero éste se aleja de la realidad, ya que habla del valor económico del bosque y el valor por hectárea, pero no existe determinación de cuánto se afectó al talar 300 árboles en 4.6 hectáreas. Asimismo, argumenta el profesional en derecho que los árboles de mangle tienen valor ambiental altísimo, pero no comercial, por lo que no resultaba adecuado cuantificar el daño por explotación comercial sostenible, como lo hizo la sentencia. Alega como quinto agravio, que se condenó al imputado a mover la tierra roja del terreno, pero en debate se demostró que esa tierra roja existía en la propiedad desde antes de ser intervenida por el demandado civil, así como que cuestiona la subsistencia del daño actual, tomando en cuenta que la causa data del 2007 y no se conoce el estado real del terreno. Por último, cuestiona la redacción de la acción civil resarcitoria y reprocha que se incluyeron una serie de hechos que no le son achacables a su representado, así como que no se determinó en el escrito de constitución el daño exacto que se reclamó. Solicita se revoque la sentencia y se declare sin lugar la acción civil resarcitoria. Por su parte, el licenciado Enrique Montero Gamboa, represente de la Procuraduría General de la República refuta los argumentos del recurrente y explica que el juicio de reenvío que generó la sentencia de marras se limitó a discutir dos puntos en concreto: 1) la cuantificación del daño generado por una acción civil en favor del Estado que ya se encuentra en firme, y, 2) las acciones de restitución del medio ambiente que fueron solicitadas por la Procuraduría, lo anterior por cuanto así fue ordenado por el tribunal de apelación que conoció los recursos planteados en contra de la primera sentencia que se dictó en este caso. Informa que la acreditación del daño reclamado en la acción civil resarcitoria adquirió firmeza desde el 28 de junio del 2015, siendo que, en el punto sexto de ese fallo, se establecen los hechos que se tuvieron por demostrados en cuanto al daño ocasionado con la acción de la parte demandada civil, de manera que ese aspecto no debía ser nuevamente revisado en el juicio de reenvío. En lo que respecta a la valoración de la prueba para cuantificar el daño, alude que el tribunal fundó su decisión en lo establecido por el informe ACOPAC-OSRAP-524-2007, el cual revela los elementos que se tomaron en cuenta para determinar la afectación al bosque, por lo que al no existir peritaje profesional que refute dichos argumentos, no es atendible anular el fallo sobre la base de tesis subjetivas como las esbozadas por el quejoso. Fustiga que el recurso de apelación pretende devolverse a etapas ya superadas, pues el daño ocasionado ya fue motivo de análisis en la sentencia anterior y adquirió firmeza. En cuanto al reclamo por la restitución de las cosas a su estado natural, solicita se rechace lo argumentado por el abogado defensor, ya que el tribunal de juicio fue más bien cuidadoso al ordenar que se realizara una inspección en el sitio para determinar el estado actual y así definir la forma en que se hará la restitución. Solicita que el recurso sea declarado sin lugar pues la decisión jurisdiccional se encuentra completamente fundamentada.

 III. Contenido de los reclamos esbozados en el libelo impugnativo. Como único motivo de su reclamo, el abogado defensor mostró una inconformidad con la valoración de la prueba por considerarla violatoria del principio de sana critica racional. Fustiga que la sentencia impugnada fundamentó su decisión únicamente en la valoración realizada por el Sistema Nacional de Conservación (SINAC) en los informes ACOPAC-OSRAP-524-2007 y ACOPAC-OSRAP-472-07, los cuales determinaron la cuantificación del daño ambiental sobre la base de un factor de multiplicación determinado por hectárea, así como en la eliminación de 300 árboles del bosque de manglar, pero dejó de lado analizar los argumentos que planteó la tesis defensiva en el sentido que no es posible considerar como bosque de mangle un área de 4.6 hectáreas con 300 árboles. Expone el recurrente varios supuestos a saber (sin indicar la fuente de su afirmación): 1) si la densidad fuera de un árbol por metro, una hectárea impactada debería tener 10.000 árboles por hectárea; 2) si la densidad fuera de un árbol cada cuatro metros habría 2500 árboles por hectárea y, 3) si el dato fuera cierto, 300 árboles deberían estar a 153 metros cada uno, en consecuencia, no se puede cuantificar el daño por hectárea impactada. Reclama que al no existir coincidencia entre la cuantificación del daño en relación con la cantidad de árboles que se impactaron en las 4.6 hectáreas, lo resuelto en la sentencia impugnada violenta el principio de la sana crítica racional. Se declara sin lugar el motivo de apelación: Resulta menester indicar que observado el escrito mediante el cual se planteó el recurso de apelación que aquí se conoce, es evidente que el mismo no contiene todos los alegatos que fueron formulados por el licenciado Jiménez Núñez durante la vista oral que tuvo lugar el día 8 de agosto de los corrientes, no obstante, considera este colegio de alzada, que dichos argumentos tienen su germen y versaron sobre el mismo punto de discusión que se planteó desde que se instó el escrito de interposición del recurso —con excepción de lo que denominó el recurrente en la audiencia oral como agravio quinto y sobre el cual nos referiremos más adelante— es decir, no se trató de una ampliación de motivos, en consecuencia, se procede a conocer la totalidad de lo argumentado. A manera de antecedente conviene indicar que este asunto se trata de un juicio de reenvío cuya decisión impugnada integra lo resuelto previamente mediante sentencia 49-TJPAP-15 de las catorce horas del veintiocho de julio del año dos mil quince del Tribunal Penal de Puntarenas, sede Aguirre y Parrita, pronunciamiento judicial mediante el cual se había dispuesto lo siguiente: "De conformidad con los razonamientos expuestos y artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 4, 16, 18 a 20, 30, 45, 50, 51, 59, 60, 62 y 71 del Código Penal; 62 de la Ley Zona Marítimo Terrestre; 1, 45, 47, 130, 141 a 145, 265 a 269, 360, 361, 363 a 365 y 367 del Código Procesal Penal, se declara a [Nombre 001] autor responsable del delito de Desarrollo en Zona Pública en perjuicio de La Ley Zona Marítimo Terrestre. En consecuencia, se le impone la pena de 2 ANOS DE PRISIÓN, que deberá cumplir donde indiquen les respectivos reglamentos penitenciarios, previo descuento de la preventiva sufrida si la hubiera. Se concede al imputado el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años; periodo durante el cual el encartado deberá abstenerse de cometer delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión, apercibido de que en caso contrario podrá serle revocada la gracia. Se condena a los demandados civiles [Nombre 001] y solidariamente a la Empresa Marina Linda S.A. al pago de 119.367.00 dólares, así como las costas personales y procesales. De conformidad con el artículo 30 inciso e, 311 y 312 del Código Procesal Penal, se ordena el sobreseimiento definitivo a favor del imputado [Nombre 001] por Ios delitos de Explotación de Flora en Zona Marítimo Terrestre y Drenaje de Humedal que se le venía atribuyendo en perjuicio de la Ley Zona Marítimo Terrestre y Ley de Conservación de Vida Silvestre”. Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, resolvió el recurso de apelación incoado en contra del anterior pronunciamiento y mediante resolución 2017-00278 de las nueve horas veintiocho minutos del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, dispuso: “Se declara con lugar el primer motive de apelación de sentencia interpuesto por el defensor del imputado [Nombre 001]. Se absuelve al justiciable de responsabilidad penal por el delito de desarrollo de zona pública. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre el segundo motivo del recurso del defensor. Se declara parcialmente con lugar el reclamo del representante de los demandados civiles. Se anula la sentencia únicamente en cuanto al establecimiento del monto indemnizable por concepto de daños y perjuicios, remitiéndose el proceso a su oficina de origen para que en juicio de reenvío se determine en que términos corresponde acoger la indemnización por la destrucción del manglar acreditado con los levantamiento topográficos. Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la Republica y se ordena que en dicho juicio de reenvió se pronuncie sobre la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior. En lo demás se mantiene incólume el fallo impugnado.” (la trascripción es fiel a la parte dispositiva del fallo, el subrayado y resaltado son propios). Se colige con claridad de lo anterior, que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, zanjó mediante el voto citado la existencia del daño invocado por el actor civil, confirmando que los levantamientos topográficos permitieron acreditar la destrucción del manglar producto de la conducta que les fue achacable a los demandados civiles, ordenando el reenvío del asunto, únicamente para que, mediante nueva integración del mismo tribunal, se determinara el monto correspondiente a la indemnización por concepto de daños y perjuicios, así como para resolver en cuanto a la restitución de las cosas a su estado anterior, de manera que, lleva razón el representante de la Procuraduría General de la República cuando argumenta que la existencia del daño no es susceptible de discusión en esta sede, pues resulta ser un tema ya resuelto y en firme desde el 28 de julio del 2015, por lo que el reclamo del abogado recurrente en este sentido no puede ser acogido. Incluso, revisado que ha sido el archivado audiovisual 070008890647PE-13052024112008-2_Multi que contiene el fallo oral que se conoce en alzada, se desprende que el juez de juicio fue enfático en explicar a las partes que su decisión estaba limitada a conocer únicamente lo ordenado por el superior, aclarando que a pesar de los cuestionamientos esbozados durante el contradictorio por la parte demandada civil acerca de la existencia o no del daño invocado, ese resultaba ser un tema ya afincado por el tribunal de apelación y en firme, lo que impedía de nuevo su conocimiento. Al respecto informó el juzgador: “Es por eso pues que como se ha venido manifestando, el día de hoy partimos de que los hechos plasmados en la pieza perdón en la acción civil de esa historia se tienen por acreditados, porque así lo dejó ver el superior en su sentencia de segunda instancia, se tienen por acreditados la totalidad de hechos que el escrito de acción civil resarcitoria plasmó en contra suya y también plasmó en contra de la sociedad Marina Linda, de la cual inclusive usted es representante legal. ¿Qué se desprende de estos hechos? Bueno, este Tribunal a través de esta sentencia, pues tiene por acreditado efectivamente la existencia de una lesión al medio ambiente es lo que pues efectivamente desde una perspectiva civil, desde una perspectiva resarcitoria viene a exponernos la Procuraduría General de la República, independientemente si esto genera, pues generó o no generó, pues una consecuencia punitiva o una consecuencia penal que no es el objeto del día de hoy sí generó un detrimento a un derecho de tercera generación, que es lo que se conoce por la doctrina como los derechos contra el medio ambiente, y pues su amplitud en cuanto a los efectos que producen no sólo sobre la población costarricense, sino sobre la población global, tomando en consideración ya que hay estudios científicos que así lo determinan, cuando las repercusiones en cadena que genera pues a nivel macro a nivel global, las actuaciones en contra del medio ambiente. Efectivamente, a usted se le ha venido acreditando, se le ha venido atribuyendo desde una perspectiva y es importante que lo tomemos en cuenta, netamente civil. Se le ha venido acreditando de que usted en su momento procesal, en su momento, pues efectivamente tenía el interés de realizar operaciones comerciales y así lo ha venido manifestar acá un estanque para el cultivo de camarón y así como usted lo manifestó, también se acreditó, usted oportunamente hizo la gestión sobre los permisos para realizar esta actividad económica y se le otorgaron, pero dentro de los hechos que expone la Procuraduría en cuanto a la acción civil resolutoria se desprende que la gestión suya iba encaminada a la realización de una operación económica, específicamente en 2.53 hectáreas, esa fue la gestión que usted hizo, los permisos, pero a la hora de realizar las valoraciones pertinentes posteriores a la noticia, criminis o a la información de que había un sobredimensionamiento o una lesión, una afectación esencial al medio ambiente se produjo en una zona manglar, se pudo determinar que la afectación o que la construcción no era de 2.53 hectáreas, sino que la afectación en realidad abarcaba una zona de manglar de 4.6 hectáreas, esto es lo que la Procuraduría vino y planteó y es lo que el día de hoy el Tribunal dota por acreditado, porque así se estableció en sentencia de segunda instancia. Hablar o venir a desvirtuar hechos que ya han sido acreditados, efectivamente vendría por parte de este tribunal, a transgredir ese principio de seguridad jurídica para las partes, porque es un hecho que ya está en firme…” (según secuencia horaria 10:11 y hasta 14:22 del archivo 070008890647PE-13052024112008-2_Multi). Es decir, pierde interés el cuestionamiento esbozado por quien impugna, en cuanto si la zona afectada por la acción del demandado civil podía ser catalogada como un bosque de manglar de conformidad con la definición del concepto que dispone la ley, ello porque como se adelantó, ese aspecto ya quedó zanjado desde que en la sentencia anterior, se acreditó el daño ambiental ocasionado por el actuar del accionado según lo determinó el SINAC en sus informes y de acuerdo al testimonio que rindió el señor José Rolando Manfredi Abarca como funcionario de esa institución y encargado de efectuar la valoración de la zona impactada, análisis que fue confirmado por el tribunal de alzada. A mayor abundamiento, se aclara en primer término, que la definición de “bosque” se encuentra contenida en la Ley Forestal y no en la Ley de Conservación de Vida la Silvestre como lo mencionó el abogado defensor en la vista de apelación, y según la norma referida se considera “bosque” al: “ Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).” Por su parte, el licenciado en biología José Rolando Manfredi Abarca, funcionario del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, encargado de rendir el informe ACOPAC-OSRAP-524-2007, determinó que la zona afectada se trataba de un bosque de mangle, cuya vegetación es densa, con muchos árboles y arbustos, característicos del litoral o las costas, criterio técnico que vuelve a ser discutido por el señor defensor en esta sede, no obstante, estima esta cámara que sus argumentos se sustentan en interpretaciones subjetivas de lo que a su criterio debe entenderse por zona de bosque, sin que se haya aportado prueba pericial o técnica que desacredite la valoración realizada por la institución encargada, por lo que devienen en inatendibles los reclamos. Ahora bien, considera esta integración de alzada, que el órgano judicante realizó una adecuada valoración de la prueba documental evacuada que le permitió cuantificar el daño a resarcir por la parte demandada civil, explicando de forma suficiente por qué los cálculos monetarios realizados por los profesionales del MINAE de conformidad con esa área que se demostró afectada, se mostraron contundentes y confiables de manera que constituyeron la base para definir el monto a indemnizar que debía ser pagado por el demandado civil y la empresa que representa, de manera solidaria. Consideró el juzgador lo siguiente: “Pero ese tribunal partiendo, pues efectivamente, de lo que ya se demostró en el juicio anterior y que se preserva al día de hoy, es pues que efectivamente hubo una afectación de 4.6 hectáreas en una zona de humedal o manglar. Eso es lo que dice la Procuraduría, fue lo que plasmo en su momento y fue lo que se demostró. Y que esa afectación, que fue lo que escuchamos el día de hoy por parte del señor Procurador, amparado en prueba documental que también fue puesta a disposición de las partes, se desprendió y para que las partes tengan esa precisión de la valoración de daños ecológicos con el número ACOPAC-OSRAP-524-7 la autoridad competente, que es el Ministerio de Ambiente Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hace un cálculo científico, un cálculo matemático, una proyección de cuánto es esa afectación que se acreditó prácticamente de 4.6 hectáreas, que se realizó en una zona de humedal, porque se pudo localizar, porque se hizo inspección y así se puede acreditar a través de la prueba documental se hace una proyección, una valoración de ese daño, o al menos de ese menoscabo al medio ambiente, tal y como lo invocó de manera puntual el señor Procurador, la autoridad competente, los técnicos en la materia, pues realizan proyecciones y cálculos, tal y como se puede apreciar al memorial 212 del expediente principal, tomo 1, que se hicieron ciertas valoraciones o esta valoración que se hizo amparado en varios aspectos: Primero, ¿qué se afectó? la retención de carbono. Es conocido y así pues lo han develado diferentes estudios que se han realizado en la materia, pues los manglares tienen una función primordial en cuanto a la supresión de carbono y la emisión de oxígeno por características biológicas que no vienen en el caso el día de hoy, pues sí se sabe que ese intercambio gaseoso se da en muy buena proporción en pro de la humanidad y en pro del medio ambiente en una zona como un manglar, de aquí la importancia de preservar estas zonas. Ese fue uno de los aspectos que se valoró. También se valoró la explotación forestal sostenible, se valoró aspectos de ecoturismo, existencia y opción de energía hidroeléctrica, farmacéuticos, agua para el uso rural y urbano, es decir, son aspectos elementos variables que se toman en cuenta a la hora de hacer estas proyecciones de gasto. Por otra parte, como lo dijo el señor Procurador, la valoración que en este caso se hace es partiendo de una dimensión de 46608 m2 equivalente a 4.6 hectáreas. Entiende este tribunal de dónde se origina que el Tribunal de Apelación en segunda instancia acogiera esa valoración que en ese caso su señor defensor impugna errónea, porque sobredimensiona ese daño o los efectos resarcitorios sobre el mismo. Sí determina este tribunal que efectivamente si se hace una proyección que sobre 10000 m2, tomando en consideración todas esas variables, lo que genera ese detrimento, perder ese espacio, esa zona espacial de manglar, pues por 10000 m2 lo que deja o en este caso lo que simboliza económicamente, porque hablamos de una simbología, el valor para la humanidad y para el medio ambiente, pues, es incalculable, pero pues una forma de estimar o dimensionar el daño producido a través de estas actuaciones, pues lo dimensionan en una proporción de 10000 m2 en 2225 dólares. Ahora, pues, se hace una operación matemática indicándose que si hablamos de 10000 m2 son 2225, 46608 m2, pues efectivamente tomando en consideración un monto adicional del 1025%, que es otra valoración, un índice que esos profesionales aplican, estimó el monto total de 10370.30 centavos, bueno, en este caso serían 10370 dólares con 30 centavos. Independientemente, resulta en este caso respetable la posición de su señor defensor en ejercicio de sus potestades, que argumentó y trató de desvirtuar esta valoración pericial que en su momento brinda una estimación de la lesión o el daño que se causó y que como se indicó, ya se acreditó, pues aduce que hay otras operaciones distintas que se vienen atribuyendo como factores que incidieron en ese monto específico o en esa suma que se pretende por la Procuraduría, también tenemos que tomar en consideración y así se describe fácticamente de los hechos de la pieza acusatoria perdón, de los hechos de la acción civil resarcitoria, se desprenden no solo una acción de hacer las lagunas, sino también a usted se le vino acusando, se le denunció que procedió a hacer rellenos, a rellenar zona manglar con tierra de color rojo esto con fines comerciales y ¿por qué con fines comerciales?, bueno, porque como usted lo indicó claramente, usted lo que pretendía era cultivar camarón y generar un incremento en su haber patrimonial con esta cosecha, con este cultivo de esta especie animal. Eso implicó también, que para realizar estas maniobras de relleno con esta tierra que se pudo identificar, pues usted tuvo que incurrir en la aplicación de maquinaria pesada, haciéndose un “backhoe”, que esto destruyó la flora y que también puso en peligro la biodiversidad, la fauna en esta zona, pues son aspectos que indistintamente la posición de su señor defensor, sí fácticamente en su momento habían sido plasmados desde una perspectiva civil como fuente generadora de esta conducta. Y es aquí, pues efectivamente, donde el tribunal entra a hacer un análisis, si bien ya se había hecho y así se acredita, sobre la conexión o ese vínculo entre la conducta realizada, su operación comercial y las consecuencias que han sido puestas en evidencia por parte de la Procuraduría y por parte del Ministerio Público, usted fue claro, fue transparente, fue sincero y nos dijo que efectivamente usted venía aquí con una operación, con una intención de comprar un terreno y explotar ese terreno en una proporción que le permitiera a usted cultivar, hacer esas lagunas y poder explotar el camarón, qué sucede, bueno, usted sobrepasó las dimensiones autorizadas por las autoridades ambientales competentes y generó una afectación. Existe un nexo de causalidad entre ese sobrepasar el perímetro que se le había otorgado el perímetro que se le había permitido y la afectación. Se ha podido acreditar una afectación esencial a una zona manglar. No hace falta ser biólogo, no hace falta ser científico para saber, pues efectivamente, la trascendencia que representa una zona marítima como es un manglar para la riqueza de fauna, para la riqueza de flora y como se indicó hace pocos minutos don Alain, lo que representa para el medio ambiente el aporte de intercambio gaseoso que estas zonas, pues se han podido acreditar científicamente, generan para la humanidad y no es para Costa Rica en sí, porque es para el medio ambiente para toda la humanidad en sí y eso viene a beneficiar, de aquí la importancia de preservar, y no solo es preservar, sino también tratar de que cada vez sea más para garantizarnos una vida de calidad, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones… A criterio y ya para concluir, valora este tribunal que tanto usted como la sociedad jurídica que representa deberá responder por las pretensiones civiles, por los montos que en este caso ha liquidado el día de hoy el Procurador, ¿por qué?, porque de este informe citado se desprenden una serie de valoraciones de aspecto socioeconómicos necesarios a la hora de determinar que en proporción a la zona marítimo terrestre afectada, esa es la dimensión que tiene que hacerse, inclusive, pues ese fue el motivo de discusión en una primera sentencia, que ese monto se había sobrepasado y no es justo que a usted se le cobre más allá de lo que tiene que responder. Determina este tribunal que la suma de 106295 dólares con 60 centavos se ajusta a los cálculos y de manera que resulta proporcional a la magnitud del daño causado, daño que es pues colateral, que es correlacionado con la actividad económica que a usted se le ha venido acreditando en la acción civil resarcitoria y que en razón de ello, pues genera la obligación tanto para usted como para la sociedad Marina Linda S.A. de mitigar ese daño. Además, pues efectivamente será su obligación como de la sociedad anónima Marina Linda, devolver al estado original estas 4.6 hectáreas previa determinación de la autoridad, en este caso va a ser el SINAC, se va a fijar un espacio temporal, se va a delimitar precisamente el espacio a tratar y se van a brindar las recomendaciones” (según contador horario del 14:33 y hasta 24:34, y del 30:37 al 32:38 del archivo 070008890647PE-13052024112008-2_Multi). Se colige entonces que el fallo sí se dedicó a explicar por qué el monto peticionado por el representante de la Procuraduría General de la República era el proporcional al daño causado ya acreditado desde el anterior juicio, exponiendo las serias implicaciones que aparejaron las acciones de la parte demandada civil para la zona afectada, propiamente para la flora y fauna del sitio, así como las repercusiones para el medio ambiente en general y para la humanidad misma, habida cuenta que con ello se violentaron derechos de tercera generación reconocidos constitucionalmente. Asimismo expuso el órgano judicante que los parámetros utilizados por el SINAC para efectuar los cálculos matemáticos que le permitieron otorgar un valor cuantificable al daño ambiental que en el caso concreto le fue atribuible al demando civil y a la empresa que representa, responden a criterios objetivos establecidos por la institución competente para determinar tal afectación, lo que le permitió al señor juez otorgar valor a esa prueba documental, aclarando que los argumentos de la defensa no contaron con la fortaleza suficiente como para desacreditar las conclusiones del informe ACOPAC-OSRAP-524-2007. Asimismo, advierte este colegio de alzada que la crítica del recurrente, más que cuestionar la fundamentación de la sentencia de marras, se dirige principalmente a poner en tela de duda lo establecido por los funcionarios del SINAC en los informes ACOPAC-OSRAP-524-2007 y ACOPAC-OSRAP-472-2007 y que sirvieron de sustento para la decisión que se impugna, no obstante, lo que hay es una inconformidad subjetiva que se comprende, corresponde a los intereses que mantiene el representante de la parte demandada civil, ya que dentro del expediente no se cuenta con prueba objetiva que debilite el criterio técnico plasmado en los informes en mención, tampoco se observa que tales criterios hayan sido refutados por las partes procesales cuando fueron puestos en conocimiento durante la investigación, por lo que el argumento recursivo del abogado defensor deviene en inatendible. Por último, reclamó el licenciado Jiménez Núñez que su representado fue obligado por el a quo a restituir las cosas a su estado original mediante la movilización de una cantidad de tierra roja que según informa,  se acreditó ya existía en el sitio desde antes de la intervención del demandado civil, sin embargo, dicho argumento se ve derrotado con la lectura integral del fallo oral y especialmente de su parte dispositiva, de la que se deriva que el tribunal enjuiciador ordenó a la oficina regional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que en el término de dos meses realizara un informe situacional actualizado de la zona afectada y estableciera un plan operativo para la restitución del área impactada a su estado original, es decir, no es cierto que el condenado civil fuera compelido a remover un montículo de tierra en la sentencia, sino que deberá esperar las indicaciones del SINAC para conocer la forma en que debe cumplir con lo ordenado, de manera que el reclamo, además de haber sido introducido durante la audiencia oral celebrada, pues no formaba parte del motivo planteado en el escrito de apelación, tampoco corresponde a la realidad de lo dispuesto en la decisión de instancia por lo que debe rechazarse. Así, por no observarse los yerros apuntados por el abogado representante de la parte demandada civil, se declara sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos, y en consecuencia, se mantiene incólume el fallo venido en alzada.

POR TANTO

 Se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de apelación incoado por el licenciado Bernal Jiménez Núñez, en su condición de abogado representante de la parte demandada civil, en consecuencia, se confirma la sentencia venida en alzada. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

 

 

 

Laura Cervantes Ocampo

 

 

 

Raúl Madrigal Lizano                                               Rodrigo Obando Santamaría

 

Jueza y Jueces del Tribunal Penal de Apelación

Especializado en Delincuencia Organizada

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 07-000889-0647-PE

Imputado:  [Nombre 001]

Delito: Infracción a a la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

Ofendido: Los Recursos Naturales.

 

 

 

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Expediente N° 07-000889-0647-PE - Voto N°2024-0617      - Pág.: 1

___________________________________________________________________________________________________

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:27:27.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Appellate Court of Criminal Sentencing, Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón  

Resolution No. 00617 - 2024  

Date of Resolution: August 12, 2024, at 14:00  

Case File: 07-000889-0647-PE  

Drafted by: Laura Cervantes Ocampo  

Type of Matter: Criminal appeal  

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL  

Judgments from the same case file  

Judgment with protected data, in accordance with current regulations  

Content of Interest:  

Strategic Topics: Environmental  

Type of Content: Unanimous vote  

Branch of Law: Environmental Law  

Topic: Environmental damage (Daño ambiental)  

Subtopics:  

Use of technical criteria to quantify environmental damage (Daño ambiental).  

"III. [...] It is therefore inferred that the judgment did dedicate itself to explaining why the amount requested by the representative of the Procuraduría General de la República was proportional to the damage caused, which had already been proven in the prior trial, setting out the serious implications brought about by the actions of the civilly sued party for the affected zone, specifically for the flora and fauna of the site, as well as the repercussions for the environment in general and for humanity itself, given that this violated constitutionally recognized third-generation rights. Likewise, the adjudicating body explained that the parameters used by SINAC to perform the mathematical calculations that allowed it to assign a quantifiable value to the environmental damage (Daño ambiental) that, in this specific case, was attributable to the civil defendant and the company he represents, correspond to objective criteria established by the competent institution for determining such impact, which allowed the judge to assign value to that documentary evidence, clarifying that the defense's arguments lacked sufficient strength to discredit the conclusions of report ACOPAC-OSRAP-524-2007. Likewise, this appellate court notes that the appellant's criticism, rather than questioning the reasoning of the judgment in question, is mainly aimed at casting doubt on what was established by SINAC officials in reports ACOPAC-OSRAP-524-2007 and ACOPAC-OSRAP-472-2007, which served as the basis for the challenged decision; however, what exists is a subjective disagreement that, understandably, corresponds to the interests held by the representative of the civilly sued party, since the case file does not contain objective evidence that weakens the technical criterion set out in the mentioned reports, nor is it observed that such criteria were refuted by the procedural parties when they were made known during the investigation, so the defense attorney's argument on appeal becomes unaddressable. [...]"  

... See more  
Text of the resolution  

Resolution: 2024-0617  

Case File: 07-000889-0647-PE            

APPELLATE CRIMINAL COURT SPECIALIZED IN ORGANIZED CRIME. First Judicial Circuit of San José (Acting for the T.A.S.P. Third Judicial Circuit of Alajuela, SAN RAMON venue), at fourteen hours, on the twelfth day of August of the year two thousand twenty-four.-

 APPEALS OF CRIMINAL SENTENCING filed in this case against [Name 001], who is of legal age, Canadian, bearer of passport number [Value 001], born on June 26, 1965, son of [Name 002] and [Name 003], with other qualities known in the record, and against MARINA LINDA S.A., legal identification number 3-101- 155141, for the crime of Violation, Wildlife Conservation Law (Infracción, Ley de Conservación de la Vida Silvestre), to the detriment of The State. Judge Laura Cervantes Ocampo and Judges Raúl Madrigal Lizano and Rodrigo Obando Santamaría participate in the decision on the appeals. Attorney Bernal Jiménez Núñez appeared at this venue in his capacity as defense attorney for the accused and civil defendant [Name 001] and representative of the civil defendant Marina Linda S.A.

                                                        WHEREAS:

 I.- That by judgment number 90-2024, at eleven hours zero minutes on the thirteenth of May of two thousand twenty-four, the CRIMINAL COURT OF PUNTARENAS (QUEPOS VENUE), resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited norms, and rules of sound judgment (sana crítica); the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Procuraduría General de la República against the civil co-defendants [Name 001] and MARINA LINDA S.A. is granted. By universality of assets, they are jointly and severally ordered to pay ONE HUNDRED SIX THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-FIVE DOLLARS AND SIXTY CENTS ($106,295.60) for damages (daños y perjuicios). The civil co-defendants are warned that the sum to which they were sentenced must be paid within fifteen days following the finality of the judgment, without need for further warnings; that is, by the simple order of the Court; failing this, the interested party is empowered to claim them through the appropriate legal channel. In another order of ideas, the co-defendants [Name 001] and MARINA LINDA S.A. are ordered to restore to its original state forty-six thousand six hundred eight square meters located between Estero Zapote and Playa Palma de Parrita. Restoration that must be carried out according to the parameters established by the regional office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). By reason of which, the regional office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is ordered, within a term of two months (counted from its notification), to prepare an updated situational report of the zone in question (ACOPACOSRAP-0472-07-05), establishing an operational plan that the civil defendants must follow for the restoration of the affected zone to its original state. Said plan must include time projections for its completion and a precise spatial delimitation of the zone to be restored. Execution and compliance shall be under the supervision of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) and the Procuraduría General de la República (PGR). As it is issued entirely in oral format, the parties are hereby duly notified. Derick Sebastián Vargas Bustamante Judge." (sic).

     II.- That, against the preceding ruling, attorney Bernal Jiménez Núñez, in his capacity as defense attorney for the accused and civil defendant [Name 001] and representative of the civil defendant Marina Linda S.A., filed the criminal sentencing appeals, which shall be resolved by this panel of the Appellate Criminal Court Specialized in Organized Crime, according to an agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, number XXVI, in session number 53-2023, of June 23, 2023.

  III.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions raised in the challenge.

  IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

 Drafted by Appellate Sentencing Judge Cervantes Ocampo; and,

CONSIDERING:

 I. By resolution 2024-584 at eleven hours fifty-four minutes on the first of August of two thousand twenty-four, this chamber admitted for study on the merits the appeal filed by Bernal Jiménez Núñez, in his capacity as defense attorney for the accused and civil defendant [Name 001] and representative of the civil defendant Marina Linda S.A., a brief attached to folios 1454 and 1455 of the case file.

 II. The appellant attorney Jiménez Núñez requested the holding of an oral hearing, which took place at the first hearing on the day of August 8, 2024. At that time, the representative of the civilly sued party reiterated the arguments outlined in the written filing of the appeal. He explained that the challenged judgment sentenced his clients to jointly and severally pay one hundred six thousand two hundred ninety-five dollars and sixty cents ($106,295.60) and to restore to their original state the 4.6 hectares allegedly damaged by his defendants. He believes the judgment does not conform to the principles of sound judgment (sana crítica), as it ignores the matter of the existence and certainty of the damage caused. He alleges, regarding the first grievance, that the trial court (a quo) made an incorrect assessment of reports ACOPAC-OSRAP-524-2007 and ACOPAC-OSRAP-472-2007. He considers that the problem with the decision at the trial level is that it based its sentence on report ACOPAC-OSRAP-472-2007, which did not estimate the damage to the uprooted trees; therefore, as there is no certainty in that aspect, the quantification is poorly done. Regarding the second grievance, the defense attorney stated that report ACOPAC-OSRAP-524-2007 quantified the damage using a multiplication factor per hectare, which, in his opinion, is not applicable to the specific case, since for that purpose, it should have determined how those 300 trees were distributed or how much each hectare was affected, calculations that are not recorded in the reports he questions. The appellant calculates that if there were 300 trees on a surface area of 4.6 hectares, according to his understanding, each tree was located at a distance of 153 meters from each other, so the reports should have determined the actual damage and its density. He criticizes that the Procuraduría General de la República established that his client impaired a forest (bosque); however, according to the definition of forest (bosque) given in the Wildlife Conservation Law (Ley Conservación de Vida Silvestre), it is not possible to consider the damaged space as such, considering that each tree was planted 153 meters apart. He reiterates that report ACOPAC-OSRAP-524-2007 quantifies the damage per hectare and establishes percentages for each affected item, so there are inconsistencies in the determination of the damage, and it does not justify how it concludes that it is a primary forest (bosque primario). He alleges that the error of the judgment is that it starts from the quantification of the damage given by the Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE), but this departs from reality, as it speaks of the economic value of the forest (bosque) and the value per hectare, but there is no determination of how much was affected by cutting down 300 trees on 4.6 hectares. Moreover, the legal professional argues that mangrove trees have an extremely high environmental value but no commercial value, so it was not appropriate to quantify the damage using sustainable commercial exploitation, as the judgment did. He alleges as a fifth grievance that the accused was sentenced to move the red soil (tierra roja) from the land, but the trial showed that this red soil (tierra roja) existed on the property before it was intervened by the civil defendant, and he questions the current persistence of the damage, considering that the case dates back to 2007 and the real state of the land is unknown. Finally, he questions the wording of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) and reproaches that a series of facts were included that cannot be attributed to his client, and that the exact damage claimed was not determined in the filing document. He requests that the judgment be revoked and the civil action for damages (acción civil resarcitoria) be dismissed. For his part, attorney Enrique Montero Gamboa, representative of the Procuraduría General de la República, refutes the appellant's arguments and explains that the remand trial that generated the judgment in question was limited to discussing two specific points: 1) the quantification of the damage generated by a civil action in favor of the State that is already final, and 2) the actions for restoration of the environment that were requested by the Procuraduría, which was so ordered by the appellate court that heard the appeals filed against the first judgment issued in this case. He reports that the proof of the damage claimed in the civil action for damages (acción civil resarcitoria) became final on June 28, 2015, and that point six of that judgment establishes the facts that were deemed proven regarding the damage caused by the action of the civilly sued party, so that aspect did not need to be reviewed again in the remand trial. Regarding the assessment of evidence for quantifying the damage, he alludes that the trial court based its decision on what was established by report ACOPAC-OSRAP-524-2007, which reveals the elements taken into account to determine the impact on the forest (bosque). Therefore, since there is no professional expert report refuting those arguments, it is not appropriate to annul the judgment based on subjective theories such as those outlined by the complainant. He criticizes that the appeal seeks to return to stages already passed, as the damage caused was already the subject of analysis in the previous judgment and has become final. Regarding the claim for the restitution of things to their natural state, he requests that what was argued by the defense attorney be rejected, since the trial court was rather careful in ordering an on-site inspection to determine the current state and thus define the method of restoration. He requests that the appeal be dismissed because the jurisdictional decision is completely reasoned.

 III. Content of the claims outlined in the challenging brief. As the sole reason for his claim, the defense attorney expressed disagreement with the assessment of evidence, considering it violated the principle of rational sound judgment (sana crítica racional). He criticizes that the challenged judgment based its decision solely on the assessment conducted by the Sistema Nacional de Conservación (SINAC) in reports ACOPAC-OSRAP-524-2007 and ACOPAC-OSRAP-472-07, which determined the quantification of the environmental damage (Daño ambiental) based on a multiplication factor determined per hectare, as well as on the elimination of 300 trees from the mangrove forest (bosque de manglar), but failed to analyze the arguments raised by the defense theory in the sense that it is not possible to consider a 4.6-hectare area with 300 trees as a mangrove forest (bosque de mangle). The appellant sets out several suppositions, namely (without indicating the source of his statement): 1) if the density were one tree per meter, an impacted hectare should have 10,000 trees per hectare; 2) if the density were one tree every four meters, there would be 2,500 trees per hectare, and 3) if the data were true, 300 trees should be 153 meters apart; consequently, the damage cannot be quantified per impacted hectare. He claims that since there is no match between the quantification of the damage in relation to the number of trees impacted on the 4.6 hectares, what was resolved in the challenged judgment violates the principle of rational sound judgment (sana crítica racional). The appeal is dismissed: It is necessary to indicate that, having examined the document through which the appeal under consideration here was filed, it is evident that it does not contain all the allegations raised by attorney Jiménez Núñez during the oral hearing that took place on the 8th of August of the current month. However, this appellate court considers that those arguments have their origin and dealt with the same point of discussion raised since the filing of the appeal — with the exception of what the appellant referred to in the oral hearing as the fifth grievance, to which we will refer later — that is, it was not an expansion of the grounds; consequently, we proceed to address the entirety of the arguments. As background, it is appropriate to indicate that this matter is a remand trial whose challenged decision integrates what was previously resolved by judgment 49-TJPAP-15 at fourteen hours on the twenty-eighth of July of the year two thousand fifteen by the Criminal Court of Puntarenas, Aguirre and Parrita venue, a judicial decision by which the following had been ordered: "In accordance with the reasoning set forth and Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 4, 16, 18 to 20, 30, 45, 50, 51, 59, 60, 62 and 71 of the Penal Code; 62 of the Ley Zona Marítimo Terrestre; 1, 45, 47, 130, 141 to 145, 265 to 269, 360, 361, 363 to 365 and 367 of the Criminal Procedure Code, [Name 001] is declared the responsible perpetrator of the crime of Development in a Public Zone (Desarrollo en Zona Pública) to the detriment of the Ley Zona Marítimo Terrestre. Consequently, the penalty of 2 YEARS OF IMPRISONMENT is imposed, to be served wherever the respective penitentiary regulations indicate, after deducting any preventive detention served, if applicable. The accused is granted the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena) for a period of three years; a period during which the accused must refrain from committing a willful crime punishable by more than six months' imprisonment, warned that otherwise, this grace may be revoked. The civil defendants [Name 001] and, jointly and severally, Empresa Marina Linda S.A. are sentenced to pay $119,367.00, as well as personal and procedural costs. In accordance with Article 30 subsection e, 311 and 312 of the Criminal Procedure Code, a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) is ordered in favor of the accused [Name 001] for the crimes of Exploitation of Flora in the Maritime Terrestrial Zone (Explotación de Flora en Zona Marítimo Terrestre) and Wetland Drainage (Drenaje de Humedal) that were being attributed to him to the detriment of the Ley Zona Marítimo Terrestre and the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre)". For its part, the Appellate Court of Criminal Sentencing of San Ramón resolved the appeal filed against the previous ruling and, by resolution 2017-00278 at nine hours twenty-eight minutes on the twenty-sixth of April of two thousand seventeen, ordered: "The first ground of the criminal sentencing appeal filed by the defender of the accused [Name 001] is granted. The defendant is acquitted of criminal liability for the crime of development of a public zone (desarrollo de zona pública). As it is unnecessary, a ruling on the second ground of the defender's appeal is omitted. The claim of the representative of the civil defendants is partially granted. The judgment is annulled solely with regard to the establishment of the amount payable for damages (daños y perjuicios), remitting the process to its office of origin so that, in a remand trial, the terms under which it is appropriate to grant compensation for the destruction of the mangrove (manglar) proven with the topographical surveys are determined. The criminal sentencing appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted, and it is ordered that, in said remand trial, a ruling be made on the request for restitution of things to their previous state. In all other respects, the challenged judgment remains unchanged." (the transcription is faithful to the operative part of the judgment, the underlining and highlighting are our own). It can be clearly inferred from the foregoing that the Appellate Court of Criminal Sentencing of San Ramón, through the cited vote, settled the issue of the existence of the damage invoked by the civil plaintiff, confirming that the topographical surveys made it possible to prove the destruction of the mangrove (manglar) resulting from the conduct attributable to the civil defendants, ordering the remand of the matter solely so that, through a new panel of the same court, the amount corresponding to compensation for damages (daños y perjuicios) be determined, as well as to resolve the restitution of things to their previous state. Therefore, the representative of the Procuraduría General de la República is correct in arguing that the existence of the damage is not subject to discussion at this venue, as it is a matter already resolved and final since July 28, 2015, so the appellant attorney's claim in this regard cannot be granted. Indeed, having reviewed the audiovisual file 070008890647PE-13052024112008-2_Multi containing the oral ruling under appellate review, it is clear that the trial judge was emphatic in explaining to the parties that his decision was limited to addressing only what was ordered by the higher court, clarifying that, despite the questions raised during the adversarial proceedings by the civilly sued party regarding the existence or not of the invoked damage, this was a matter already settled by the appellate court and final, which precluded its consideration again. In this regard, the adjudicator stated: "That is why, as has been stated, we start today from the premise that the facts set out in the pleading piece in the civil action of that history are deemed proven, because that is what the higher court conveyed in its second instance judgment; the entirety of the facts that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) set out against you and also against the company Marina Linda, of which you are even the legal representative, are deemed proven. What is inferred from these facts? Well, this Court, through this judgment, has deemed proven the existence of an injury to the environment, which is what the Procuraduría General de la República effectively, from a civil perspective, from a compensatory perspective, presents to us, regardless of whether this generated, it generated or did not generate, a punitive consequence or a criminal consequence that is not the object today; it did generate detriment to a third-generation right, which is what the doctrine knows as rights against the environment, and its breadth in terms of the effects they produce not only on the Costa Rican population, but on the global population, considering that there are scientific studies that determine the chain repercussions generated at a macro, global level by actions against the environment. Effectively, it has been proven against you, it has been attributed to you, from a perspective, and it is important that we take this into account, a purely civil one. It has been proven that you, in your procedural moment, in your moment, effectively had the interest to carry out commercial operations, and it has been stated here, a pond for shrimp farming, and as you stated, it was also proven that you timely managed the permits to carry out this economic activity, and they were granted. But within the facts set out by the Procuraduría in the compensatory civil action, it is inferred that your management was aimed at carrying out an economic operation, specifically on 2.53 hectares; that was the management you undertook, the permits. But when the relevant assessments were made after the news, criminis, or the information that there was an oversizing or an injury, an essential impact on the environment occurred in a mangrove zone, it was possible to determine that the impact or that the construction was not of 2.53 hectares, but that the impact actually covered a mangrove zone of 4.6 hectares. This is what the Procuraduría came and raised, and it is what the Court today accepts as proven, because it was so established in the second instance judgment. To speak of or to come to distort facts that have already been proven would effectively, on the part of this court, violate that principle of legal certainty for the parties, because it is a fact already final…" (according to the time sequence 10:11 up to 14:22 of file 070008890647PE-13052024112008-2_Multi). That is, the question raised by the appellant loses interest, as to whether the zone affected by the civil defendant's action could be classified as a mangrove forest (bosque de manglar) in accordance with the definition of the concept established by the law, because, as was previously noted, that aspect was already settled since the prior judgment proved the environmental damage (Daño ambiental) caused by the defendant's actions, as determined by SINAC in its reports and according to the testimony given by Mr. José Rolando Manfredi Abarca as an official of that institution and responsible for assessing the impacted area, an analysis that was confirmed by the appellate court. For greater detail, it is clarified, first of all, that the definition of "forest (bosque)" is contained in the Forestry Law (Ley Forestal), and not in the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida la Silvestre) as mentioned by the defense attorney at the appeal hearing, and according to the referred norm, "forest (bosque)" is considered: " Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying a surface area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies covering more than seventy percent (70%) of that surface area and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height (DBH)." For his part, Mr. José Rolando Manfredi Abarca, a biology graduate and official of the Área de Conservación Pacífico Central of SINAC, responsible for issuing report ACOPAC-OSRAP-524-2007, determined that the affected zone was a mangrove forest (bosque de mangle), whose vegetation is dense, with many trees and shrubs, characteristic of the littoral or coasts. This technical criterion is again discussed by the defense attorney at this venue; however, this chamber considers that his arguments are based on subjective interpretations of what, in his opinion, should be understood as a forest (bosque) area, without providing expert or technical evidence that discredits the assessment made by the responsible institution, so the claims become unaddressable. Now, this appellate panel considers that the adjudicatory body made an adequate assessment of the documentary evidence submitted, which allowed it to quantify the damage to be compensated by the civilly sued party, sufficiently explaining why the monetary calculations performed by MINAE professionals, based on that area proven to be affected, were forceful and reliable, such that they formed the basis for defining the indemnification amount to be paid jointly and severally by the civil defendant and the company he represents. The adjudicator considered the following: "But this court, starting effectively from what was already demonstrated in the previous trial and is preserved to this day, is that effectively there was an impact on 4.6 hectares in a wetland or mangrove zone. That is what the Procuraduría says, what it stated at its time, and what was demonstrated. And that this impact, which is what we heard today from the Prosecutor, supported by documentary evidence that was also made available to the parties, was inferred, and so that the parties have that precision of the ecological damage assessment (daños ecológicos) with the number ACOPAC-OSRAP-524-7, the competent authority, which is the Ministerio de Ambiente Energía through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, makes a scientific calculation, a mathematical calculation, a projection of the impact that was proven, practically on 4.6 hectares in a wetland zone, because it was possible to locate it, because an inspection was carried out and thus it can be proven through documentary evidence; a projection is made, an assessment of that damage, or at least of that impairment to the environment, just as the Prosecutor punctually invoked, the competent authority, the technicians in the field, make projections and calculations, as can be seen in document 212 of the main case file, volume 1, that certain assessments were made, or this assessment that was made based on several aspects: First, what was affected? Carbon retention. It is known, and various studies conducted in the field have revealed, that mangroves have a primary function in terms of carbon suppression and oxygen emission due to biological characteristics which are not relevant today; indeed, it is known that this gas exchange occurs in a very good proportion in favor of humanity and in favor of the environment in an area such as a mangrove, hence the importance of preserving these zones. That was one of the aspects assessed. Sustainable forestry exploitation was also assessed, ecotourism aspects, the existence and option of hydroelectric energy, pharmaceuticals, water for rural and urban use were assessed; that is, they are variable aspects and elements taken into account when making these expense projections. On the other hand, as the Prosecutor said, the assessment made in this case is based on a dimension of 46,608 m2, equivalent to 4.6 hectares. This court understands where it originates from, that the Appellate Court in second instance accepted that assessment which, in this case, your defense attorney challenges as erroneous, because it overestimates that damage or the compensatory effects thereof."

This court does determine that indeed, if a projection is made for 10,000 m², taking into consideration all of these variables, what generates that detriment—losing that space, that spatial mangrove zone—well, for 10,000 m² what it leaves, or in this case what it economically symbolizes, because we are speaking of a symbolism, the value for humanity and for the environment, well, is incalculable, but a way of estimating or dimensioning the damage produced through these actions, well, they dimension it in a proportion of 10,000 m² at 2,225 dollars. Now, then, a mathematical operation is performed, indicating that if 10,000 m² are 2,225, then 46,608 m², well, effectively taking into consideration an additional amount of 1,025%, which is another valuation, an index that those professionals apply, estimated the total amount of 10,370.30 cents, well, in this case it would be 10,370 dollars and 30 cents. Regardless, the position of your defense counsel, in the exercise of his powers, is in this case respectable; he argued and tried to discredit this expert valuation that at the time provides an estimate of the injury or the damage that was caused, and which, as indicated, has already been accredited. He argues that there are other distinct operations that have been attributed as factors that influenced that specific amount, or that sum being claimed by the Procuraduría. We also have to take into consideration, and it is described factually from the facts of the accusatory pleading—pardon me—from the facts of the civil damages action, that what emerges is not only an action of making the lagoons, but also you have been accused, you were denounced, that you proceeded to create fills, to fill a mangrove zone with red-colored earth, this for commercial purposes. And why for commercial purposes? Well, because as you clearly indicated, what you intended was to cultivate shrimp and generate an increase in your assets with this harvest, with this cultivation of this animal species. That also implied, to carry out these filling maneuvers with this earth that could be identified, that you had to incur the use of heavy machinery, using a “backhoe,” which destroyed the flora and also endangered the biodiversity, the fauna in this zone. These are aspects that, regardless of the position of your defense counsel, had factually been set forth at the time from a civil perspective as a generating source of this conduct. And it is here, indeed, where the court enters into an analysis: although the connection or link between the conduct performed, your commercial operation, and the consequences that have been brought to light by the Procuraduría and by the Public Prosecutor’s Office had already been established and is thus accredited—you were clear, you were transparent, you were sincere, and you told us that indeed you came here with an operation, with an intention to buy a piece of land and exploit that land in a proportion that would allow you to cultivate, to make those lagoons and be able to exploit shrimp. What happens? Well, you exceeded the dimensions authorized by the competent environmental authorities and generated an impact. A causal link exists between that exceeding of the perimeter that had been granted to you, the perimeter that had been permitted to you, and the impact. It has been possible to prove an essential impact on a mangrove zone. One does not need to be a biologist, one does not need to be a scientist to know, indeed, the significance that a maritime zone like a mangrove represents for the richness of fauna, for the richness of flora, and as was indicated a few minutes ago, Mr. Alain, what the contribution of gaseous exchange that these zones represent for the environment—it has been scientifically possible to prove that they generate for humanity, and it is not for Costa Rica itself, because it is for the environment for all of humanity itself. And that comes to benefit, hence the importance of preserving, and it is not only preserving, but also trying to ensure that it is ever greater, to guarantee us a life of quality, not only for us, but also for future generations… In the court’s judgment, and to conclude, this court assesses that both you and the legal entity you represent must answer for the civil claims, for the amounts that the Prosecutor (Procurador) has liquidated today. Why? Because from this cited report, a series of socioeconomic valuation aspects emerge, which are necessary when determining that, in proportion to the affected public maritime-terrestrial zone, that is the dimension that must be applied. Including, well, that was the subject of discussion in a first judgment, that this amount had been exceeded, and it is not fair that you be charged beyond what you must answer for. This court determines that the sum of 106,295 dollars and 60 cents conforms to the calculations and is in a manner that is proportional to the magnitude of the damage caused. Damage that is, well, collateral, that is correlated with the economic activity that has been accredited against you in the civil damages action, and that by reason thereof, well, generates the obligation for both you and the company Marina Linda S.A. to mitigate that damage. Furthermore, then it will indeed be your obligation and that of the public limited company Marina Linda to return these 4.6 hectares to their original state, after a prior determination by the authority. In this case, it will be SINAC; a timeframe will be set; precisely the space to be treated will be delimited; and recommendations will be provided.” (according to the time counter from 14:33 to 24:34, and from 30:37 to 32:38 of file 070008890647PE-13052024112008-2_Multi). It is thus inferred that the ruling did dedicate itself to explaining why the amount requested by the representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) was proportional to the damage caused, as already accredited from the previous trial, setting forth the serious implications that the actions of the civil defendant brought to the affected zone, properly for the flora and fauna of the site, as well as the repercussions for the environment in general and for humanity itself, given that third-generation rights constitutionally recognized were violated thereby. Likewise, the adjudicating body set forth that the parameters used by SINAC to perform the mathematical calculations that allowed them to grant a quantifiable value to the environmental damage that, in the specific case, was attributable to the civil defendant and the company he represents, respond to objective criteria established by the competent institution to determine such impact, which allowed the judge to grant value to that documentary evidence, clarifying that the defense’s arguments did not have sufficient strength to discredit the conclusions of report ACOPAC-OSRAP-524-2007. Likewise, this appellate panel warns that the appellant’s criticism, rather than questioning the reasoning of the judgment in question, is mainly directed at calling into doubt what was established by SINAC officials in reports ACOPAC-OSRAP-524-2007 and ACOPAC-OSRAP-472-2007, which served as support for the decision being challenged. Nevertheless, what exists is a subjective disagreement, which is understandable and corresponds to the interests held by the representative of the civil defendant, since within the case file there is no objective evidence that weakens the technical criteria set forth in the mentioned reports. It is also not observed that such criteria were refuted by the procedural parties when they were made known during the investigation. Therefore, the defense counsel’s appellate argument becomes unaddressable. Finally, Mr. Jiménez Núñez claimed that his client was forced by the lower court (a quo) to restore things to their original state by mobilizing a quantity of red earth that, according to him, was proven to have already existed at the site before the civil defendant’s intervention. However, this argument is defeated by a comprehensive reading of the oral ruling, and especially of its operative part (parte dispositiva), from which it is derived that the trial court ordered the regional office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) to, within a term of two months, prepare an updated situational report of the affected zone and establish an operational plan for the restoration of the impacted area to its original state. That is, it is not true that the civil convict was compelled to remove a mound of earth in the judgment; rather, he must await the indications from SINAC to know the manner in which he must comply with what was ordered. Thus, the claim—in addition to having been introduced during the oral hearing held, as it was not part of the ground raised in the written appeal—also does not correspond to the reality of what was ordered in the instance decision, and therefore must be rejected. Thus, as the errors pointed out by the attorney representing the civil defendant are not observed, the appeal is declared without merit in all its aspects, and consequently, the judgment brought on appeal remains unchanged.

POR TANTO

The appeal filed by Mr. Bernal Jiménez Núñez, in his capacity as attorney representing the civil defendant, is declared without merit in all its aspects; consequently, the judgment brought on appeal is confirmed. NOTIFY.









Laura Cervantes Ocampo




Raúl Madrigal Lizano                                                       Rodrigo Obando Santamaría

Judge and Judges of the Criminal Appeals Court

Specialized in Organized Crime








File: 07-000889-0647-PE

Defendant: [Name 001]

Offense: Violation of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre).

Victim: Natural Resources.






kmurillog







File No. 07-000889-0647-PE - Vote No. 2024-0617     - Page: 1
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