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Res. 03530-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Environmental Protection Zones Around Water Springs Are Not Expropriatory or CompensableLimitaciones ambientales de protección de nacientes no son expropiatorias ni indemnizables

court decision Tribunal Contencioso Administrativo 03/06/2024 Topic: water-law

Summary

English
The Administrative-Contentious Court rejects the claim by the Padilla Pérez family seeking compensation for the total value of their properties in Puriscal, which are located within the protection zones of two water springs (permanent and intermittent). The plaintiffs argued that the restrictions under Articles 33 and 34 of the Forestry Law and Article 149 of the Waters Law emptied their property right by prohibiting construction, constituting a de facto expropriation. The Court holds that such restrictions are not expropriatory; they are reasonable and do not empty the essential content of the property right, as other uses (possession, usufruct, etc.) remain—their impossibility was not proven. The State's liability for legislative special or abnormal damage is rejected because neither the emptying of the right nor a small proportion of affected persons was demonstrated. The defense of lack of right is upheld, and costs are awarded against the plaintiffs.
Español
El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de los señores Padilla Pérez, quienes reclamaban indemnización por el valor total de sus inmuebles en Puriscal, al encontrarse estos dentro de las áreas de protección de dos nacientes (permanente e intermitente). La parte actora argumentó que las limitaciones de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal y 149 de la Ley de Aguas vaciaban su derecho de propiedad al impedir construir, constituyendo una expropiación de hecho. El Tribunal concluye que tales limitaciones no son expropiatorias, son razonables y no vacían el contenido esencial del derecho de propiedad, pues subsisten otros aprovechamientos (posesión, usufructo, etc.) no probados como imposibles. Se descarta la responsabilidad del Estado legislador por daño especial o anormal, al no acreditarse ni el vaciamiento del derecho ni una pequeña proporción de afectados. Se acoge la falta de derecho y se condena en costas a los actores.

Key excerpt

Español (source)
VI. [...] De hecho nuestro Tribunal Constitucional ha esbozado que, las limitaciones ambientales derivadas de los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal, -sobre los cuales los accionantes alegan que se derivan restricciones desproporcionadas o irrazonables, al vaciar el contenido de su derecho de propiedad-, son conformes a la norma fundamental y no conllevan por ende una expropiación de hecho, como lo afirman los actores, al señalar lo que se procede a enunciar de seguido: "II.- En relación con el supuesto roce de constitucionalidad que apunta el recurrente entre los numerales 33 y 34 de la citada Ley y el artículo 45 Constitucional, esta Sala considera lo siguiente. Los límites que se puedan introducir por Ley al ejercicio de una libertad pública o de un derecho fundamental, van referidos al derecho en sí, lo mismo que a la posición en abstracto de la esfera de acción de un sujeto, o sea, los límites al ejercicio de una libertad pública no es más que un límite al ejercicio de un derecho, lo anterior por cuanto el reconocimiento de un derecho por parte de una norma constitucional no significa exclusión de la posibilidad de regulación de su ejercicio por parte del legislador, ya que todo derecho nace limitado por cuanto nace dentro de un sistema de convivencia social y su ejercicio debe armonizarse con los derechos de los demás y con las exigencias reconocidas en posteriores legislaciones que especificarán sus límites y las condiciones de su ejercicio. Por el contrario, las limitaciones se refieren a la restricción o disminución de la esfera jurídica del sujeto, ocurriendo que se encuentra relacionada con el ejercicio mismo de la libertad pública y deben, por naturaleza, estar contenidas dentro del texto constitucional o que éste autorice a la Asamblea Legislativa para imponerlas. Así, las limitaciones conllevan una disminución de los derechos fundamentales en cuanto restringen su ejercicio efectivo bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias. En el caso de marras, nos encontramos ante una limitación impuesta por ley al ejercicio efectivo del derecho a la propiedad contenido en el artículo 45. En razón de que la limitación debe encontrarse legitimada por el mismo texto constitucional o bien fundado en una autorización constitucional expresa a la Asamblea Legislativa para su establecimiento, lo procedente es determinar si la impuesta por la Ley 7575, se encuentra debidamente fundada en el texto constitucional. El artículo 45 de la Carta Política establece en su párrafo segundo que: 'Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.' Así, se observa del texto constitucional transcrito que, la misma norma establece la posibilidad de que la Asamblea Legislativa introduzca limitaciones de interés social a la propiedad, viéndose legitimado el contenido del texto de los artículos 33 y 34 de la Ley 7575 que ahora se impugnan. III.- Agotado el tema de la legitimidad de la imposición, resta discutir la razonabilidad de la limitación. Considera esta Sala que la limitación impuesta resulta razonable toda vez que no importa una imposibilidad del disfrute del derecho de propiedad, sino que delimita los alcances de éste. O sea, la limitación no cercena el derecho de propiedad que posee el recurrente en relación con la porción de tierra sobre la que no podrá construir -ya que de igual forma podrá disfrutar de ella- sino que simplemente le ordena no construir dentro del límite contenido por la restricción. Por otra parte, la fijación de la línea de retiro de diez metros resulta razonable en relación con el bien demanial que se busca proteger -una quebrada- y sobre el cual el Estado posee un interés público en su conservación, considerando razonable y suficiente el retiro establecido en la legislación forestal. Por lo anterior, el recurso deviene en improcedente y así debe declararse". (Ver entre otras, Resolución N° 08234-1997 de las 18:15 horas de fecha 03 de diciembre de 1997 de la Sala Constitucional). Postura que se comparte por esta Cámara de Juzgadores y que por igualdad de motivos puede ser aplicada para las limitaciones dispuestas en la Ley General de Aguas, dado que incluso son menor intensidad sobre la propiedad que las dispuestas en la Ley Foresta de comentario. Manifestando dicha Sala Constitucional en años posteriores que, estas limitaciones a la propiedad, las cuales como se reseñó no son desproporcionadas ni irrazonables, no resultan ser indemnizables, por cuanto están en virtud de la propia función social de la propiedad, una función que se indicó que implica ponderar el interés colectivo (derecho al ambiente y la protección del agua) por encima de un interés individual (la posibilidad de edificar sobre el bien inmueble que extrañan los actores). [...]
English (translation)
VI. [...] In fact, our Constitutional Court has outlined that the environmental limitations arising from Articles 33 and 34 of the Forestry Law - upon which the plaintiffs claim disproportionate or unreasonable restrictions are derived, emptying the content of their property right - are in conformity with the fundamental norm and therefore do not entail a de facto expropriation, as claimed by the plaintiffs, by stating what follows: "II. - In relation to the alleged conflict of constitutionality pointed out by the appellant between Articles 33 and 34 of the cited Law and Article 45 of the Constitution, this Chamber considers the following. The limits that may be introduced by Law to the exercise of a public freedom or a fundamental right refer to the right itself, as well as to the abstract position of the sphere of action of a subject, that is, the limits to the exercise of a public freedom are nothing more than a limit to the exercise of a right, since the recognition of a right by a constitutional norm does not mean exclusion of the possibility of regulation of its exercise by the legislator, since every right is born limited because it is born within a system of social coexistence and its exercise must be harmonized with the rights of others and with the requirements recognized in subsequent legislation that will specify its limits and the conditions of its exercise. On the contrary, limitations refer to the restriction or reduction of the legal sphere of the subject, being related to the exercise itself of the public freedom and must, by nature, be contained within the constitutional text or that it authorizes the Legislative Assembly to impose them. Thus, the limitations entail a reduction of fundamental rights insofar as they restrict their effective exercise under certain conditions and in certain circumstances. In the case at hand, we are faced with a limitation imposed by law on the effective exercise of the right to property contained in Article 45. Since the limitation must be legitimized by the constitutional text itself or based on an express constitutional authorization to the Legislative Assembly for its establishment, it is appropriate to determine whether the one imposed by Law 7575 is duly based on the constitutional text. Article 45 of the Political Charter establishes in its second paragraph that: 'For reasons of public necessity, the Legislative Assembly, by a vote of two thirds of its total members, may impose limitations of social interest on property.' Thus, it is observed from the transcribed constitutional text that the same norm establishes the possibility for the Legislative Assembly to introduce limitations of social interest on property, thereby legitimizing the content of the text of Articles 33 and 34 of Law 7575 which are now challenged. III. - Having exhausted the issue of the legitimacy of the imposition, it remains to discuss the reasonableness of the limitation. This Chamber considers that the imposed limitation is reasonable since it does not entail an impossibility of enjoying the property right, but rather delimits its scope. That is, the limitation does not cut off the property right that the appellant has in relation to the portion of land on which he will not be able to build - since he may still enjoy it - but simply orders him not to build within the limit set by the restriction. On the other hand, the establishment of a ten-meter setback line is reasonable in relation to the public domain asset to be protected - a gorge - and over which the State has a public interest in its conservation, considering the setback established in forestry legislation reasonable and sufficient. Therefore, the appeal becomes unfounded and must be declared so." (See, among others, Resolution No. 08234-1997 of 6:15 p.m. on December 3, 1997, of the Constitutional Chamber). A position that is shared by this Chamber of Judges and which for equal reasons can be applied to the limitations set forth in the General Waters Law, since they are even of lesser intensity on property than those provided in the Forestry Law under comment. Said Constitutional Chamber stating in later years that these limitations on property, which as reviewed are not disproportionate or unreasonable, are not compensable, since they are by virtue of the social function of property itself, a function which indicated involves weighing the collective interest (right to the environment and water protection) over an individual interest (the possibility of building on the immovable property that the plaintiffs long for). [...]

Outcome

Denied

English
The Court denied the claim, rejecting that the environmental limitations on the properties constitute a de facto expropriation or generate a right to compensation, since they do not empty the content of the property right nor are the requirements for objective liability of the legislative State met.
Español
El Tribunal declaró sin lugar la demanda, rechazando que las limitaciones ambientales sobre las propiedades constituyan una expropiación de hecho o generen derecho a indemnización, al no vaciar el contenido del derecho de propiedad ni configurarse los presupuestos de la responsabilidad objetiva del Estado legislador.

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Environmental limitationsWater spring protectionDe facto expropriationSocial function of propertyCompensationForestry LawWaters LawArticle 45 ConstitutionObjective liability of legislative StateSpecial damageLimitaciones ambientalesProtección de nacientesExpropiación de hechoFunción social de la propiedadIndemnizaciónLey ForestalLey de AguasArtículo 45 Constitución PolíticaResponsabilidad objetiva del Estado legisladorDaño especial

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 03530 - 2024

Fecha de la Resolución: 03 de Junio del 2024 a las 16:03

Expediente: 24-001801-1027-CA

Redactado por: Cinthya Morales Herra

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agua limpia y sanamiento (Obj 6)

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Indemnización al administrado

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.

Tema: Expropiación

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.

Tema: Indemnización por expropiación

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.

Tema: Aguas

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.

Tema: Agua ambiental

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.

Tema: Protección de los recursos naturales

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.

Tema: Limitaciones a la propiedad

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.

"VI. [...] De hecho nuestro Tribunal Constitucional ha esbozado que, las limitaciones ambientales derivadas de los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal, -sobre los cuales los accionantes alegan que se derivan restricciones desproporcionadas o irrazonables, al vaciar el contenido de su derecho de propiedad-, son conformes a la norma fundamental y no conllevan por ende una expropiación de hecho, como lo afirman los actores, al señalar lo que se procede a enunciar de seguido: “II.- En relación con el supuesto roce de constitucionalidad que apunta el recurrente entre los numerales 33 y 34 de la citada Ley y el artículo 45 Constitucional, esta Sala considera lo siguiente. Los límites que se puedan introducir por Ley al ejercicio de una libertad pública o de un derecho fundamental, van referidos al derecho en sí, lo mismo que a la posición en abstracto de la esfera de acción de un sujeto, o sea, los límites al ejercicio de una libertad pública no es más que un límite al ejercicio de un derecho, lo anterior por cuanto el reconocimiento de un derecho por parte de una norma constitucional no significa exclusión de la posibilidad de regulación de su ejercicio por parte del legislador, ya que todo derecho nace limitado por cuanto nace dentro de un sistema de convivencia social y su ejercicio debe armonizarse con los derechos de los demás y con las exigencias reconocidas en posteriores legislaciones que especificarán sus límites y las condiciones de su ejercicio. Por el contrario, las limitaciones se refieren a la restricción o disminución de la esfera jurídica del sujeto, ocurriendo que se encuentra relacionada con el ejercicio mismo de la libertad pública y deben, por naturaleza, estar contenidas dentro del texto constitucional o que éste autorice a la Asamblea Legislativa para imponerlas. Así, las limitaciones conllevan una disminución de los derechos fundamentales en cuanto restringen su ejercicio efectivo bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias. En el caso de marras, nos encontramos ante una limitación impuesta por ley al ejercicio efectivo del derecho a la propiedad contenido en el artículo 45. En razón de que la limitación debe encontrarse legitimada por el mismo texto constitucional o bien fundado en una autorización constitucional expresa a la Asamblea Legislativa para su establecimiento, lo procedente es determinar si la impuesta por la Ley 7575, se encuentra debidamente fundada en el texto constitucional. El artículo 45 de la Carta Política establece en su párrafo segundo que: ‘Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.’ Así, se observa del texto constitucional transcrito que, la misma norma establece la posibilidad de que la Asamblea Legislativa introduzca limitaciones de interés social a la propiedad, viéndose legitimado el contenido del texto de los artículos 33 y 34 de la Ley 7575 que ahora se impugnan. III.- Agotado el tema de la legitimidad de la imposición, resta discutir la razonabilidad de la limitación. Considera esta Sala que la limitación impuesta resulta razonable toda vez que no importa una imposibilidad del disfrute del derecho de propiedad, sino que delimita los alcances de éste. O sea, la limitación no cercena el derecho de propiedad que posee el recurrente en relación con la porción de tierra sobre la que no podrá construir -ya que de igual forma podrá disfrutar de ella- sino que simplemente le ordena no construir dentro del límite contenido por la restricción. Por otra parte, la fijación de la línea de retiro de diez metros resulta razonable en relación con el bien demanial que se busca proteger -una quebrada- y sobre el cual el Estado posee un interés público en su conservación, considerando razonable y suficiente el retiro establecido en la legislación forestal. Por lo anterior, el recurso deviene en improcedente y así debe declararse”. (Ver entre otras, Resolución N° 08234-1997 de las 18:15 horas de fecha 03 de diciembre de 1997 de la Sala Constitucional). Postura que se comparte por esta Cámara de Juzgadores y que por igualdad de motivos puede ser aplicada para las limitaciones dispuestas en la Ley General de Aguas, dado que incluso son menor intensidad sobre la propiedad que las dispuestas en la Ley Foresta de comentario. Manifestando dicha Sala Constitucional en años posteriores que, estas limitaciones a la propiedad, las cuales como se reseñó no son desproporcionadas ni irrazonables, no resultan ser indemnizables, por cuanto están en virtud de la propia función social de la propiedad, una función que se indicó que implica ponderar el interés colectivo (derecho al ambiente y la protección del agua) por encima de un interés individual (la posibilidad de edificar sobre el bien inmueble que extrañan los actores). [...]"

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Texto de la resolución
Documento PJEDITOR

 

*240018011027CA*

 

EXPEDIENTE:

	

24-001801-1027-CA - 9




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ Y OTROS




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2024003530

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ. GOICOECHEA, a las dieciseis horas con tres minutos del tres de Junio del dos mil veinticuatro.-

 

Proceso de FALLO DIRECTO interpuesto por los señores MANUEL PADILLA PÉREZ, mayor de edad, con cédula de identidad N° 1-0325-0008; ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ, con cédula de identidad N° 1-0389-0747 y JOSÉ CARLOS PADILLA PÉREZ, con cédula de identidad N° 1-0522-0750 en contra del ESTADO, representado por la Procuradora Mariamalia Murillo Kopper, con cédula de identidad N° 2-0452-0092 y carné del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Nº 5586. Participa como apoderado judicial del proceso de la parte actora, el señor Jean Carlo Díaz Chacón, carné del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Nº 22788.

ACTUACIONES PROCESALES. Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:

              Mediante escrito de demanda presentado en fecha 10 de marzo del 2024, la parte actora formuló las siguientes pretensiones, a fin de que en sentencia se declare lo siguiente: “43.1 Declarar con lugar la presente demanda en todos sus extremos, en los términos expuestos en la totalidad de este escrito (hechos, fundamento, prueba y pretensiones). 43.2 Se declare la obligación de la parte demandada de indemnizar a los actores por las áreas de los inmuebles 1-542449-000 derechos 001, 002 y 003; 1-542450-000 derechos 001, 002 y 003 y 1-542451-000 derechos 001, 002 y 003, que se encuentran afectados por el área de protección de la naciente permanente sin nombre, con número de referencia ID 4224-2022, ubicada en las coordenadas Lambert norte: latitud inicial 203.619 longitud inicial 501.995 latitud final: 203.619 longitud final: 501.995, CRTM05: latitud inicial: 1.089.016 longitud inicial: 465.652 latitud final: 1.089.016 longitud final: 465.652. La cual, es referida igualmente bajo la georreferenciación CRTM05 Este 465652 Norte 1089016. Además, que la finca 1-542449-000 se encuentra doblemente afectada, en el tanto también se encuentra dentro del área de protección de una naciente intermitente sin nombre, ubicada en las coordenadas CRTM05: Este:465592 Norte: 1088960. 43.3. Se le otorgue un plazo máximo de 2 meses a la parte demandada para adecuar sus actuaciones a derecho e iniciar con el proceso de expropiación de las áreas de los inmuebles 1-542449-000 derechos 001, 002 y 003; 1-542450-000 derechos 001, 002 y 003 y 1-542451-000 derechos 001, 002 y 003, que se encuentran afectados por el área de protección de la naciente sin nombre, con número de referencia ID 4224-2022, ubicada en  las coordenadas Lambert norte: latitud inicial: 203.619 longitud inicial: 501.995 latitud final: 203.619 longitud final: 501.995, CRTM05: latitud inicial: 1.089.016 longitud inicial: 465.652 latitud final: 1.089.016 longitud final: 465.652. La cual, es referida igualmente bajo la georreferenciación CRTM05 Este 465652 Norte 1089016, y en el caso de la finca 1-542449-000 que también se encuentra afectada por el área de protección de la naciente intermitente sin nombre, ubicada en las coordenadas CRTM05: Este: 465592 Norte: 1088960. 43.4 Se condene al Estado al pago de ambas costas procesales y personales”. Realizando la manifestación expresa de que: "De conformidad con los artículos 69 y 98 del Código Procesal Contencioso Administrativo, tratándose éste de un asunto de puro derecho en el que no existe prueba para evacuar, solicito que, una vez contestada la demanda, el proceso se falle de forma directa, sin necesidad de recibir prueba adicional, prescindiendo de la conciliación y celebración de audiencias". (Ver imágenes 2 a 22 del expediente judicial en formato electrónico).
          Conferido, mediante la resolución de las 13:32 horas del 22 de marzo de 2024 por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el traslado de la demanda al Estado; previo apersonamiento respectivo; en fecha 20 de mayo de 2024, contestó de forma negativa la demanda, interponiendo en ese acto las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. A partir de lo cual, solicitó que se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda y, se condene a la parte actora al pago de ambas costas. Adicionalmente expresó su negativa a conciliar, y ante la inexistencia de prueba testimonial o pericial que evacuar, al tenor del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, solicitó que se prescinda de las audiencias correspondientes. (Ver imágenes 71 a 74, y 80 a 88 del expediente judicial en formato electrónico).
       Mediante resolución de las 08:44 horas del 21 de mayo de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda tiene por contestada la demanda en tiempo, confiriendo a la parte actora audiencia por un plazo de tres (3) días hábiles para que se refiera a las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho incoadas por el Estado. Dicha resolución es notificada a las partes en fecha 21 de mayo de 2024. Adicionalmente, mediante dicha resolución verificó el cumplimiento de los presupuestos contenidos en el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, resolviendo acoger la solicitud de tramitar el presente proceso como un Fallo Directo. (Ver imágenes 118 a 122 del expediente judicial en formato electrónico).
      Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2024, la parte actora se pronuncia respecto a las excepciones incoadas por parte del Estado en su contestación, no presentando prueba documental adicional ni pericial o testimonial, a la ya aportada con el libelo de demanda. (Ver imágenes 124 a 146 del expediente judicial en formato electrónico).
         En fecha 29 mayo de 2024, se turna el conocimiento del presente asunto a este Equipo de Trabajo I de Fondo, conforme a los parámetros dispuestos por los acuerdos del Consejo Superior N° 84-2021 de fecha 28 de setiembre de 2021, artículo XXVIII; N° 95-2021 de fecha 04 de noviembre de 2021, artículo XXXIX y N° 57-2023 de fecha 11 de junio de 2023, artículo XXXVII, y las disposiciones emitidas por la Comisión de lo Contencioso Administrativo, partiendo de un principio de equidad de las cargas de trabajo y rol de asignaciones de procesos prioritarios, a la luz del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver imagen 147 del expediente judicial en formato electrónico).
      En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación de los miembros del presente Tribunal, respetando los criterios de priorización para la atención de los procesos, conforme al rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y dentro del plazo conferido por el precepto 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Redacta la jueza Morales Herra, con el voto afirmativo de los jueces Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.

CONSIDERANDO

HECHOS PROBADOS: Conforme al elenco documental probatorio admitido en este proceso, se tienen como demostrados y de relevancia para el dictado de la presente sentencia, por tener el correspondiente sustento, los siguientes hechos:

1)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor Manuel Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0325-0008, adquirió la titularidad del derecho 001 de la finca matrícula folio real N° 542449, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Uno, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Sara Marín Porras, al Sur: Calle Pública con un frente de 25 metros 25 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y José Fallas Murillo; Este: Parte resto destinado a calle pública con frente de 41 metros 92 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y Oeste: Calle Pública con frente de 69 metros 14 centímetros, mide dos mil setecientos setenta y ocho metros con setenta y seis decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0824592-2002. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344459-2024 de las 13:47 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 34 del expediente judicial en formato electrónico).

2)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, la señora Elena Rocío Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0389-0747, adquirió la titularidad del derecho 002 de la finca matrícula folio real N° 542449, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Uno, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Sara Marín Porras, al Sur: Calle Pública con un frente de 25 metros 25 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y José Fallas Murillo; Este: Parte resto destinado a calle pública con frente de 41 metros 92 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y Oeste: Calle Pública con frente de 69 metros 14 centímetros, mide dos mil setecientos setenta y ocho metros con setenta y seis decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0824592-2002. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344483-2024 de las 13:48 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 35 del expediente judicial en formato electrónico).

3)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor José Carlos Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0522-0750, adquirió la titularidad del derecho 003 de la finca matrícula folio real N° 542449, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Uno, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Sara Marín Porras, al Sur: Calle Pública con un frente de 25 metros 25 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y José Fallas Murillo; Este: Parte resto destinado a calle pública con frente de 41 metros 92 centímetros y parte Celia Ligia Méndez Ruiz y Oeste: Calle Pública con frente de 69 metros 14 centímetros, mide dos mil setecientos setenta y ocho metros con setenta y seis decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0824592-2002. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344513-2024 de las 13:50 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 36 del expediente judicial en formato electrónico).

4)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor Manuel Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0325-0008, adquirió la titularidad del derecho 001 de la finca matrícula folio real N° 542450, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Dos, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Parte Sara Marín Porras y Parte Francisco Gutiérrez Hidalgo, al Sur: Parte Rafael Cubillo Valverde y Parte Lucía Rojas Bermúdez; Este: Calle pública con frente de 31 metros con 30 centímetros y Oeste: Resto destinado a calle pública con frente de 36 metros con 53 centímetros, mide mil setecientos cuarenta y ocho metros con setenta y tres decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0854982-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344493-2024 de las 13:51 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 38 del expediente judicial en formato electrónico).

5)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, la señora Elena Rocío Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0389-0747, adquirió la titularidad del derecho 002 de la finca matrícula folio real N° 542450, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Dos, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Parte Sara Marín Porras y Parte Francisco Gutiérrez Hidalgo, al Sur: Parte Rafael Cubillo Valverde  y Parte Lucía Rojas Bermúdez; Este: Calle pública con frente de 31 metros con 30 centímetros y Oeste: Resto destinado a calle pública con frente de 36 metros con 53 centímetros, mide mil setecientos cuarenta y ocho metros con setenta y tres decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0854982-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344500-2024 de las 13:52 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 39 del expediente judicial en formato electrónico).

6)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor José Carlos Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0522-0750, adquirió la titularidad del derecho 003 de la finca matrícula folio real N° 542450, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Dos, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Parte Sara Marín Porras y Parte Francisco Gutiérrez Hidalgo, al Sur: Parte Rafael Cubillo Valverde  y Parte Lucía Rojas Bermúdez; Este: Calle pública con frente de 31 metros con 30 centímetros y Oeste: Resto destinado a calle pública con frente de 36 metros con 53 centímetros, mide mil setecientos cuarenta y ocho metros con setenta y tres decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-0854982-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344544-2024 de las 13:53 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 40 del expediente judicial en formato electrónico).

7)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor Manuel Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0325-0008, adquirió la titularidad del derecho 001 de la finca matrícula folio real N° 542451, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Tres, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Resto destinado a calle pública con frente de 45 metros 25 centímetros; al Sur: Francisco Gutiérrez Hidalgo; Este: Calle pública con frente de 20 metros 68 centímetros y Oeste: Sara Marín Porras, mide novecientos setenta y un metros con veintidós decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-00854978-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344577-2024 de las 13:54 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 42 del expediente judicial en formato electrónico).

8)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, la señora Elena Rocío Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0389-0747, adquirió la titularidad del derecho 002 de la finca matrícula folio real N° 542451, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Tres, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Resto destinado a calle pública con frente de 45 metros 25 centímetros; al Sur: Francisco Gutiérrez Hidalgo; Este: Calle pública con frente de 20 metros 68 centímetros y Oeste: Sara Marín Porras, mide novecientos setenta y un metros con veintidós decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-00854978-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344549-2024 de las 13:55 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 43 del expediente judicial en formato electrónico).

9)                  En fecha 15 de diciembre de 2003, el señor José Carlos Padilla Pérez, con cédula de identidad N° 1-0522-0750, adquirió la titularidad del derecho 003 de la finca matrícula folio real N° 542451, del Partido de San José, cuya naturaleza es: Lote Tres, Terreno para construir; situada en el Distrito 1: Santiago, Cantón 4: Puriscal, de la Provincia de San José; con linderos al Norte: Resto destinado a calle pública con frente de 45 metros 25 centímetros; al Sur: Francisco Gutiérrez Hidalgo; Este: Calle pública con frente de 20 metros 68 centímetros y Oeste: Sara Marín Porras, mide novecientos setenta y un metros con veintidós decímetros cuadrados, y registra el plano N° SJ-00854978-2003. No especificándose la causa de dominio. (Hecho no controvertido, ver Certificación Literal N° RNPDIGITAL-344557-2024 de las 13:55 horas de fecha 05 de marzo de 2024, extendida por el Registro Nacional, visible a imagen 44 del expediente judicial en formato electrónico).

10)              El 21 de abril de 2017, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía en la Provincia de San José, Cantón Puriscal, Distrito Santiago, Sitio Santiago, identificó una fuente de agua, de tipo “naciente”, sin nombre, correspondiente a un cauce de dominio público intermitente que tiene como afluente una quebrada sin nombre, hoja cartográfica Río Grande 3345-IV, cuenca (84-24)-Tárcoles, correspondiente al plano N° SJ-1184864-2007 que se ubica en las siguientes coordenadas: LAMBERT NORTE: Latitud Inicial: 203.563, Longitud inicial: 501.940. Determinándose como justificación “SE TRATA DE UNA NACIENTE INTERMITENTE, ESTE SITIO DE UBICACIÓN COINCIDE CON EL DICTAMEN AT-5175-2013 REALIZADO EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS DEL AÑO 2013 POR EL INGENIERO IGNACIO CAMPOS, EXISTE OTRO DICTAMEN EL AT-1166-2014 EN LA ÉPOCA SECA DEL 2014, DEL INGENIERO JESÚS MONGE, QUE UBICA EL PUNTO DE NACIENTE A UNOS 26 METROS AGUAS ABAJO, SIN EMBARGO LO QUE SE PRESENTA EN ESE CASO ES UN FLUJO BASE DE LA QUEBRADA QUE ORIGINA ESTA NACIENTE YA QUE COMO SE INDICO LA NACIENTE ESTA AGUAS ARRIBA”. (Mayúsculas provienen del original, ver Oficio N° DA-UHTPCOSJ-1074-2017 de fecha 21 de abril de 2017, visible a imágenes 105 a 107 del expediente judicial en formato electrónico).

11)              En fecha 12 de enero de 2023, el Departamento de Control y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Puriscal, denegó la solicitud de permiso de uso de suelo para construcción de vivienda, en la finca matrícula folio real N° 542449-000 del Partido de San José presentada por el señor José Carlos Padilla Pérez. Lo anterior estableciendo en el apartado de Limitaciones Ambientales lo siguiente: “El inmueble en mención SI contempla una limitación según la legislación actual relacionada al ordenamiento territorial para la instauración de la actividad de construcción solicitada, siendo que el terreno en mención se encuentra dentro del radio de protección de una Naciente Intermitente según criterio DA-UHTPCOSJ-1074-2027 del 21 de abril del 2017, ubicada en las coordenadas (CRTM05) Este: 465592 y Norte: 1088960, por lo que se aplica un radio de protección de 50 metros, según la ley de Aguas, además se ubica del radio de protección de una Naciente sin criterio de la dirección de Aguas ubicada en las coordenadas (CRTM05) Este: 465645 Norte: 1089012. (…)” Por lo anterior, dicho Departamento Municipal resolvió determinar que “el uso RESIDENCIAL solicitado en el inmueble de interés en las coordenadas (CRTM05) Este: 465587 Norte: 1088939; NO ES PERMITIDO”. (El resaltado y mayúsculas corresponden al original, ver certificado de Uso de Suelo N° MP-AM-CU-US 0012-2023 de fecha 12 de enero de 2023, visible a imágenes 59 y 60 del expediente judicial en formato electrónico).

12)              El 15 de mayo de 2023, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía en la Provincia de San José, Cantón Puriscal, Distrito Santiago, Sitio Junquillo Abajo, identificó una fuente de agua, de tipo “naciente”, sin nombre, de carácter permanente que tiene como afluente una quebrada sin nombre, hoja cartográfica Río Grande, cuenca (88-26)-Parrita, que se ubica en las siguientes coordenadas: LAMBERT NORTE: Latitud Inicial: 202.600, Latitud final: 202,600; Longitud inicia: 502.282 y Longitud final: 502.282. CRTM02: Latitud inicial: 1.087.997, Latitud final: 1.087.997; Longitud Inicial: 465.933 y Longitud final: 465.933. Determinándose que es un cuerpo de agua de dominio público, de carácter permanente, y cuyo antecedente corresponde al Dictamen N° DA-UHTPCOSJ-0325-2022 emitido por esa misma Dirección. (Ver Oficio N° DA-UHTPCOSJ-0841-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, visible a imágenes 46 a 49 del expediente judicial en formato electrónico).

13)              El 15 de mayo de 2023, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía en la Provincia de San José, Cantón Puriscal, Distrito Santiago, Sitio Junquillo Abajo, identificó una fuente de agua, de tipo “naciente”, sin nombre, de carácter permanente que tiene como afluente una quebrada sin nombre, hoja cartográfica Río Grande, cuenca (88-26)-Parrita, que se ubica en las siguientes coordenadas: LAMBERT NORTE: Latitud Inicial: 203.619, Latitud final: 203,619; Longitud inicia: 501.995 y Longitud final: 501.995. CRTM05: Latitud inicial: 1.089.016, Latitud final: 1.089.016; Longitud Inicial: 465.652 y Longitud final: 465.652. Determinándose que es un cuerpo de agua de dominio público, de carácter permanente. (Ver Oficio N° DA-UHTPCOSJ-0841-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, visible a imágenes 49 a 51 del expediente judicial en formato electrónico).

14)              En fecha 16 de junio de 2023, el Departamento de Control y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Puriscal, denegó la solicitud de permiso de uso de suelo para construcción de vivienda, en la finca matrícula folio real N° 542451-000 del Partido de San José presentada por el señor José Carlos Padilla Pérez. Lo anterior, estableciendo en el apartado de Limitaciones Ambientales lo siguiente: “El inmueble en mención SI contempla una limitación según la legislación actual relacionada al ordenamiento territorial para la instauración de la actividad de construcción solicitada, siendo que el terreno en mención se encuentra dentro del radio de protección de una Naciente PERMANENTE según criterio DA-UHTPCOSJ-0841-2023 15-MAYO-2023, ubicada en las coordenadas (CRTM05) Este: 465652 y Norte: 1089016, por lo que se aplica un radio de protección de 100 metros, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Forestal”. Por lo anterior, dicho Departamento Municipal resolvió determinar que “el uso RESIDENCIAL solicitado en el inmueble de interés en las coordenadas (CRTM05) Este: 465670 Norte: 1088972; NO ES PERMITIDO”. (El resaltado y mayúsculas corresponden al original, certificado de Uso de Suelo N° MP-AM-CU-US 0530-2023 de fecha 16 de junio de 2023, visible a imágenes 53 y 54 del expediente judicial en formato electrónico).

15)              En fecha 16 de junio de 2023, el Departamento de Control y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Puriscal, denegó la solicitud de permiso de uso de suelo para construcción de vivienda finca matrícula folio real N° 542450-000 del Partido de San José, presentada por el señor José Carlos Padilla Pérez. Lo anterior estableciendo en el apartado de Limitaciones Ambientales lo siguiente: “El inmueble en mención SI contempla una limitación según la legislación actual relacionada al ordenamiento territorial para la instauración de la actividad de construcción solicitada, siendo que el terreno en mención se encuentra dentro del radio de protección de una Naciente PERMANENTE según criterio DA-UHTPCOSJ-0841-2023 15-MAYO-2023, ubicada en las coordenadas (CRTM05) Este: 465652 y Norte: 1089016, por lo que se aplica un radio de protección de 100 metros, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Forestal”. Por lo anterior, dicho Departamento Municipal resolvió determinar que “el uso RESIDENCIAL solicitado en el inmueble de interés en las coordenadas (CRTM05) Este: 465670 Norte: 1088972; NO ES PERMITIDO”. (El resaltado, subrayado y mayúsculas corresponden al original, certificado de Uso de Suelo N° MP-AM-CU-US 0529-2023 de fecha 16 de junio de 2023, visible a imágenes 56 y 57 del expediente judicial en formato electrónico).

16)              Mediante resolución N° RES-MP-AM-HM-AT-VL-023-2023 de las 11:30 horas de fecha 13 de julio de 2023, la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Puriscal, ante la solicitud por escrita presentada por los accionantes, respecto a la revaloración de las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José por encontrarse dentro de una zona de protección de una naciente permanente, en su parte dispositiva dispuso lo siguiente: “Que se debe modificar en la base de datos el valor imponible la finca 1-542449-000 con un valor de ¢112.817.656,00, a su vez siendo su nuevo valor por cancelar ¢0, esto para que se le aplique la no sujeción por encontrarse en zona de protección desde el 21 de abril del 2017. Así mismo debe modificar en la base de datos el valor imponible la finca 1-542450-000 con un valor de ¢75.890.542,00, a su vez siendo su nuevo valor por cancelar ¢0, esto para que se le aplique la no sujeción por encontrarse en zona de protección desde el 21 de abril del 2017. Por último, debe modificar en la base de datos el valor imponible la finca 1-542451-000 con valor de ¢46.230.072,00 y siendo su nuevo valor por cancelar ¢0, esto para que se le aplique la no sujeción por encontrarse en zona de protección desde el 15 de mayo del 2023. Que es obligación del contribuyente; en caso de sufrir alguna modificación la condición de la zona de protección, la comunicación a esta oficina”. (Ver imágenes 63 a 70 del expediente judicial en formato electrónico).

II. HECHOS NO PROBADOS: Se tiene como hechos nos probados de relevancia para el dictado de la sentencia, sea porque las partes incumplieron con sus cargas probatorias, o bien, porque este Tribunal no halló prueba idónea que, a la luz del principio de la sana crítica, permitiera acreditarlo, los siguientes: 1) Que exista norma jurídica vigente para el momento de los hechos, que exija que el Estado, indemnizar o expropiar las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. (No fue aportada prueba que lo acredite). 2) Que las limitaciones legales de carácter ambiental a las cuales están afectadas las fincas propiedades de los actores, impliquen un desmembramiento o vacío del derecho de propiedad sobre éstas y, por ende, surja el deber indemnizatorio por parte del Estado. (No fue aportada prueba que lo acredite). 3) Que los actores, los señores Manuel Padilla Pérez, Elena Rocío Padilla Pérez, y José Carlos Padilla Pérez hayan adquirido los bienes inmuebles, fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José de forma previa a la vigencia de las normas legales donde se disponen las limitaciones ambientales (zona de protección ambiental por la existencia de una “naciente”) que afectan las referidas propiedades. (No existe prueba aportada a los autos que lo demuestre). 4) La fecha exacta de la constitución natural o surgimiento visible de las fuentes (nacientes) de agua permanentes y cauce de dominio público intermitente que pesan sobre las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. (No fue aportada prueba que lo acredite). 5) La acreditación de un daño especial y anormal a los derechos de propiedad de los accionantes, objeto de la presente litis, así como la pequeña proporción de afectados o intensidad excepcional de la lesión derivada de las limitaciones ambientales que pesan sobre las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. (No fue aportada prueba que lo acredite). -

III. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: Como se indicó líneas arriba, en su escrito de demanda y en la réplica de contestación de la demanda, los actores, los señores Manuel Padilla Pérez, Elena Rocío Padilla Pérez, y José Carlos Padilla Pérez, refieren a que, son copropietarios por partes iguales (un tercio de la titularidad) de los inmuebles ubicados en Santiago de Puriscal de la Provincia de San José, inscritos bajo la matrícula folio real N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451. Continúan señalando que, las propiedades citadas se encuentran en su totalidad dentro del área de protección de la naciente permanente, “sin nombre, con número de referencia ID 4224-2022, Número de Fuente 2, ubicada en las coordenadas Lambert norte: latitud inicial: 203.619 longitud inicial: 501.995 latitud final: 203.619 longitud final: 501.995, CRTM05: latitud inicial: 1.089.016 longitud inicial: 465.652 latitud final: 1.089.016 longitud final: 465.652, en adelante ‘Naciente 1’. La cual, es referida igualmente bajo la georreferenciación CRTM05 Este 465652 Norte 1089016. Por su parte, la propiedad 1-542449-000 está afectada tanto por la naciente ID 4224-2022 como por la naciente intermitente delimitada en las coordenadas (CRTM05) Este: 465592 Norte: 1088960, en adelante ‘Naciente 2’”. En su demanda especifican que la naciente identificada con el número 1 fue determinada por parte de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (en adelante pudiendo abreviarse como MINAE) mediante el oficio N° DA-UHTPCOSJ-0841-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, y se encuentra regulada por el legislador en el artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal, Ley N° 7575 de fecha 13 de febrero de 1996, en donde se dispone un radio de cien metros medidos de modo horizontal como zona de protección. Estableciéndose en el numeral 34 de la Ley mencionada que existe una prohibición para talar en áreas o zonas protegidas descritas en el numeral 33 de la norma legal en comentario. En cuanto a la naciente identificada con el número 2, indican que su zona de protección está regulada por la Ley de Aguas, Ley N° 276 de fecha 27 de agosto de 1942, estableciéndose en su numeral 149 como un radio de protección de cincuenta metros en los casos de terrenos planos en donde los titulares se encuentran vedados de destruir bosques nacionales o particulares. Dicha Naciente 2 aluden que fue identificada por parte de la Dirección de Agua del MINAE mediante oficio N° DA-UTTPCOSJ-1074-2017. En virtud de estas limitaciones ambientales los accionantes sostienen que se encuentran imposibilitados a obtener tipo de uso comercial o habitacional en sus propiedades “vaciando su derecho de propiedad en su totalidad, impidiendo cualquier uso o aprovechamiento comercial y/o habitacional de las Fincas afectadas”. Ante esta situación, y siendo que consideran que dichas limitaciones a sus propiedades  no son razonables y proporcionales, en su criterio surge el nacimiento de la responsabilidad objetiva del Estado de restituir el daño sobre su patrimonio, mediante el pago de una indemnización, la cual a la fecha no la han recibido por parte del Estado, con ocasión de las afectaciones causadas por estar afectadas dentro de la zona de protección de las nacientes N° 1 y 2. Para sustentar esta petición de indemnización realizan una exposición sobre los argumentos vertidos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución N° 00199-2010 de las 15:30 horas de fecha 04 de febrero de 2010, en cuanto a que las limitaciones reguladas en el numeral 34 de la Ley Forestal lleva implícito una restricción del ejercicio de aquellas facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente una naciente permanente, prueba de ello, la Municipalidad de Puriscal emitió las no conformidades de los certificados de usos de suelo para construcción de vivienda en las propiedades de éstos. Posteriormente esgrimen como parte de su teoría del caso que el Tribunal Constitucional, en la Resolución N° 4205-1996 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 estableció que: “privada encuentran su frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: "[...] es decir "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la carta política"; sosteniendo que, las limitaciones a las que se encuentran afectas sus propiedades se encuentran al 100% de la extensión, por encontrarse dentro de la zona de protección de la Naciente 1, y en el caso de la finca matrícula folio real N° 542459-000 de la Provincia de San José, adicionalmente está en la Naciente 2, “lo que impide cualquier aprovechamiento por parte de mis Representados, quien son sus propietarios. Esta restricción al derecho de propiedad resulta excesiva en el contexto específico”, reiterando a lo largo de su exposición que se presenta en la especie una afectación significativa al derecho de su propiedad, de forma que incluso en su criterio “compromete su esencia fundamental”; afirmando que “Aunque no se clasifiquen formalmente como expropiaciones, estas restricciones a las facultades propias del derecho de propiedad son tan severas que transforman la posesión en una mera titularidad. Esta alteración sustancial del derecho justifica una compensación adecuada, similar a la que se otorgaría en casos de expropiación”. De ahí que, arguyen una violación al derecho de la propiedad tutelado por el numeral 45 de la Constitución Política y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, se debe proceder en la especie de iniciar las diligencias útiles y necesarias para expropiar los bienes inmuebles de su propiedad, al tenor de la Ley de Expropiaciones, “Esto se debe a que el derecho de propiedad ha sido completamente vaciado y anulado por una razón de interés púbica validada, que es la conservación de los recursos acuíferos. En este sentido, mientras el Estado no efectúe la compensación adecuada, estaría cometiendo una omisión ilícita que los Propietarios no están obligados a tolerar”. Un segundo argumento que esgrimen los accionantes es la responsabilidad del Estado Legislador, por motivo del sacrificio especial y anormal sufrido por parte de los actores. Para tal efecto, inicia su exposición aludiendo a que de los numerales 9 y 41 de la Constitución Política se deriva la responsabilidad objetiva del Estado, cuando en ejercicio de sus funciones cause un daño o un perjuicio, sin necesidad de realizar un examen sobre la intencionalidad o negligencia. responsabilidad que está contemplada a nivel legal mediante los numerales 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública, normas que transcriben, así como cita como fundamento de su postura la Resolución N° 213-2008 de las 8:20 horas de fecha 25 de marzo de 2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, extrayendo la responsabilidad por funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Continúan señalando que, “Es claro que el Estado Legislador promulgó la Ley Forestal, que prohíbe cualquier tipo de construcción, aprovechamiento o afectación dentro de un radio de 100 metros alrededor de las nacientes permanentes, en el tanto estas actividades podrían ocasionar algún tipo de afectación o daño a estas fuentes de agua, así como la Ley de Aguas, que prohíbe el aprovechamiento de la zona ubicada dentro de un radio de 50 metros alrededor de las nacientes intermitentes. Estas disposiciones afectan tanto a las nacientes ya existentes al momento de su promulgación, como a las que puedan surgir o ser identificadas en propiedades privadas en el futuro como ocurre en el caso bajo análisis. (…) En el caso específico que nos ocupa, las nacientes identificadas afectan en su totalidad a las Fincas Afectadas, impidiendo el ejercicio pleno del derecho de propiedad. Esta situación se asemeja a una expropiación tácita, ya que la restricción ha trascendido de ser una limitación razonable para convertirse en una privación total del derecho”. A partir de lo anterior, y después de referenciar el numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública y la Resolución N° 00796-1991 de las 15:10 horas de fecha 26 de abril de 1991, sostienen que se está ante un funcionamiento normal por conducta lícita que produce un daño indemnizable, dando cabida a la responsabilidad objetiva del Estado por los siguientes motivos: i) la determinación de las áreas de protección ambientales son una manifestación clara de una conducta lícita realizada por el Estado, con efectos directamente en la esfera patrimonial de los actores; ii) existe una clara afectación de los derechos patrimoniales de los accionantes, no teniendo razón alguna el Estado para que éstos sacrifiquen el valor de la totalidad de sus propiedades en aras del interés público sin la correspondiente indemnización justa y previa, so pena de una vulneración del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. iii) “En tercer lugar, tenemos que el actuar del Estado genera un daño especial y anormal a mis Representados. Por un lado, el daño es especial en cuanto afecta patrimonialmente a un grupo pequeño pero determinable de personas: los actores de este proceso. Asimismo, este es anormal dada su gravedad, intensidad y trascendencia ya que la carga pública que representan las Áreas de Protección en el caso particular para las Fincas Afectadas, las cuales están en un 100% dentro del área de protección de la Naciente 1, va más allá del límite de lo que mis Representados deben soportar, por cuanto, se ha vaciado en su totalidad el derecho de propiedad, lo que conlleva necesariamente una indemnización por parte del Estado”. Concluyendo por ello que, existe un nexo de causalidad objetivo entre la manifestación específica de la función estatal, consistente en la imposición de limitaciones ambientales (zonas de protección) a través de la Ley Forestal y la Ley de Aguas, y la lesión provocada a los administrados (al estar sus propiedades limitadas al 100% por éstas), afectándose su derecho de propiedad, al estar en una expropiación de hecho, violatoria del principio de igualdad de sostenimiento de las cargas públicas, artículos 18, 33 y 45 de la Constitución Política. Responsabilidad objetiva del Estado Legislador que genera el derecho a indemnizar por el daño especial y anormal que sufren, “Por lo tanto, mientras el Estado no realice la compensación adecuada mediante el proceso de expropiación estipulado en la legislación, estamos ante una acción ilegal continua y omisiva que se traduce en una grave restricción al derecho de la propiedad privada”. Por último, fundamenta su demanda en lo dispuesto en el ordinal 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, preceptos 18, 33, 45 y 49 de la Constitución Política, artículos 190, 191, 194 y 196 de la Ley General de la Administración Pública, numerales 13 y 17 de la Ley de Expropiaciones, ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal, artículo 149 de la Ley de Aguas y preceptos 10, 12, 36, 42, 43, 69, 98, 122, 220 y concordantes del Código Procesal Contencioso-Administrativo, además de los dictámenes y jurisprudencia citados, según los numerales 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública. En la audiencia conferida por parte del Tribunal Contencioso Administrativo mediante la resolución de las 8:45 horas de fecha 21 de mayo de 2024 sobre la contestación del Estado, respecto a la falta de legitimación pasiva, afirman que “la finalidad de la Demanda no es que se declare la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Municipalidad o la Dirección de Aguas, dada la existencia de las nacientes, y con esto, igualmente, el área de protección en su radio dispuesta por el Estado Legislador ha sido efectivamente corroborada. De tal manera que, no es procedente la transmisión de responsabilidad pretendida por la representación del Estado a la Municipalidad”, sino una responsabilidad del Estado Legislador, al devenir la limitación de su propiedad de una norma de carácter legal, y que al vaciar el contenido del derecho de propiedad debe ser acogida la indemnización reclamada, al constituir una expropiación de hecho. Reiterando los argumentos contenidos en el escrito de demanda y que fueron antes descritos. -

IV. SOBRE LA TEORÍA DE DEFENSA DEL ESTADO: La representación del Estado en la contestación del libelo de la demanda rechazó todos los hechos de ésta. Señala en su memorial de la contestación que, en la especie existe una falta de legitimación pasiva, por cuanto los actos administrativos que denegaron el uso de suelo para la construcción fueron dictados por la Municipalidad de Puriscal y no por el Estado, así refiere a los oficios N° MP-AM-CU-US 530-2023 y N° MP-AM-CU-US 0529-2023 ambos de fecha 16 de junio de 2023 y el oficio N° MP-AM-CU-US 0012-2023 de fecha 12 de enero de 2023, advirtiendo que éste último no cuenta con criterio de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Es su postura que, al no existir “ninguna actuación del Estado ni por acción ni por omisión, que implique su responsabilidad”, debe declararse con lugar la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado. Aunado a lo anterior, interpone la excepción de falta de derecho, aludiendo que tanto la Ley de Aguas como la Ley Forestal disponen “limitaciones a la propiedad privada no indemnizables”. (Resaltado en negrita corresponde al original), normas que fueron emitidas de forma anterior a la adquisición de la propiedad por parte de los actores. Así indica que: “Las limitaciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal actual, tienen su antecedente normativo en la Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969, artículos 84 y siguientes y las limitaciones establecidas en los artículos 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas, provienen de 1942. La Ley Forestal Nº 7575 entro en vigencia (sic) el 16 de abril de 1996 y la Ley de Aguas Nº 276 lo hizo el 27 de agosto de 1942, mientras que las partes adquieren la propiedad en el año 2003, es decir, al momento de adquirir la propiedad, está ya contaba con las limitaciones establecidas en esas normativas”. Sumado a lo indicado, sostiene que la Sala Constitucional ha reconocido de forma amplia la legitimidad de las limitaciones no indemnizables al derecho de la propiedad, extrayendo la posición esgrimida por dicho Tribunal Constitucional, en la Resolución N° 8234-97 de las 6:15 horas de fecha 03 de diciembre de 1997, y citando la Resolución N°0062-2019 de las 8:25 horas de fecha 30 de setiembre de 2019 del Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia que a la vez, transcribe la Resolución N° 4205-96 de las 14:33 horas de fecha 20 de agosto de 1996 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Arguye que los autos son omisos respecto a elementos de convicción “que permita determinar con certeza que la limitación contenida en el artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal y en los numerales 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas, sea de tal grado que impida dar algún uso al inmueble. Los actores no han demostrado que no han podido hacer uso del inmueble, que su derecho de disfrute y posesión se ha visto afectado y que la existencia de áreas de protección en el inmueble, lo haga del todo inutilizable para los fines requeridos por los actores”. De hecho, sostiene el Estado que es falso que se prohíba cualquier tipo de construcción, aprovechamiento o uso del inmueble. A partir de lo anterior, manifiesta que no logra acreditarse un nexo de causalidad adecuada entre el daño (que lo refuta en cuanto a su existencia), y las limitaciones que son legalmente establecidas, de ahí que, conforme a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, debe demostrarse que se ha dejado sin contenido el derecho de propiedad de los accionantes, lo cual resulta indispensable para acceder algún tipo de indemnización, aspecto que echa de menos. Considera que las Leyes Forestal y de Aguas contienen una serie de limitaciones que no impiden a los propietarios el ejercicio de todos los atributos del derecho de la propiedad, en su criterio “Se trata de límites o fronteras a la extensión del derecho de propiedad, que nunca puede ser limitado: ‘la limitación de un derecho opera sobre ese contenido normal, para restringir sus posibilidades de ejercicio’”. Citando como parte de su fundamentación la Resolución N° 0075-2011 de las 11:10 horas del 12 de agosto del 2011 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde se citan las sentencias N° 5833-2002 y 2004-1924 de la Sala Constitucional. En virtud de lo anterior, solicita que se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por los señores Manuel Padilla Pérez, Elena Rocío Padilla Pérez, y José Carlos Padilla Pérez, requiriendo que se condene a éstos al pago de las costas procesales y personales, e intereses hasta su efectivo pago. -

V. SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: Del análisis de los autos, demanda y sus pretensiones, se deriva que el objeto del proceso gravita, en el reclamo de una indemnización por el valor de la totalidad de los inmuebles, matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José propiedad de los accionantes, derivada principalmente de la identificación de dos cuerpos de aguas (naciente permanente y naciente clasificada como un cauce de dominio público intermitente) en las cercanías de dichas propiedades, que implican la aplicación de las zonas de protección de 100 metros y 50 metros respectivamente, contenidas en los artículos 33 y 34 de Ley Forestal, Ley N° 7575 y numeral 149 de la Ley de Aguas, Ley N°276. Así argumentan los accionantes dos motivos para sus pretensiones indemnizatorias. El primero de ellos, por cuanto consideran que debe expropiarse la totalidad de dichas fincas, por cuanto las afectaciones ambientales dispuestas en la normativa legal citada vacían el contenido de su derecho de propiedad privada, al afectar al cien por ciento de dichos inmuebles, impidiéndoles realizar actividades constructivas para vivienda familiar y comercial, lo que en su criterio constituyen limitaciones excesivas, que resultan ser indemnizables, so pena de violentar los principios de igualdad en el sometimiento de las cargas públicas y de legalidad, al comprometer (según su postura) la esencia fundamental del derecho fundamental consagrado en el precepto 45 constitucional. El segundo de ellos, corresponde a que, según su opinión, aplican las condiciones establecidas en el numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública, y en sí todo el régimen de responsabilidad patrimonial del “Estado Legislador”, por conducta lícita y funcionamiento normal derivado en que, las zonas de protección ambientales contendidas en la Ley Forestal y la Ley de Aguas respecto a las propiedades de los accionantes, generan un daño sobre la esfera patrimonial de los accionantes que califican como “especial, anormal, desigual y susceptible de ser cuantificado económicamente por medio del proceso de expropiación”. Enfocándose por ello, en un reclamo de daño patrimonial, sin embargo, también se advierte que, no establecen ninguna pretensión por daño moral (subjetivo u objetivo) adicional. Siendo ello así, pretenden que este Tribunal condene al Estado al pago de la totalidad de las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. Y que, para tal efecto, se ordene al Estado para que, dentro de un plazo de dos meses inicie las diligencias de expropiación de los inmuebles “ut supra”. Ahora bien, es relevante señalar que no es parte de las pretensiones objeto de la presente litis, el análisis de la conformidad o disconformidad de los actos administrativos emitidos por parte de la Municipalidad de Puriscal, en cuanto a la no conformidad con el uso para la “construcción de vivienda” solicitada para los inmuebles propiedad de los accionantes, ante la acreditación de que se encontraban dentro del radio de la zona de protección regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal y numeral 149 de la Ley de Aguas, correspondiente a los oficios N° MP-AM-CU-US 530-2023 y N° MP-AM-CU-US 0529-2023 ambos de fecha 16 de junio de 2023 y el oficio N° MP-AM-CU-US 0012-2023 de fecha 12 de enero de 2023 emitidos por parte de la Corporación Municipal. Tampoco es parte de lo discutido en la presente causa, el control de la legalidad sobre la conducta formal desplegada por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía mediante los oficios N° DA-UHTPCOSJ-1074-2017 de fecha 21 de abril de 2017 y N° DA-UHTPCOSJ-0841-2023 de fecha 15 de mayo de 2023, en donde, previa inspección in situ, acreditó la existencia de los cuerpos de aguas (naciente permanente y naciente intermitente) en las tres propiedades objeto del presente proceso, sino que, al contrario se desprende del elenco de pretensiones y de la fundamentación del libelo de la demanda, que dicha actuación administrativa constituye la premisa para la reclamación patrimonial (indemnización) respectiva. De ahí que, el análisis que realiza este Tribunal se efectúa sobre el marco fáctico y jurídico derivado del contenido de la demanda, y la contestación de ésta, así como el análisis integral de los elementos probatorios admitidos, excluyendo los aspectos que han sido referenciados en el presente apartado. Desde esta perspectiva, en cumplimiento del principio dispositivo, esta Cámara Colegiada procederá a analizar las pretensiones objeto de la litis, y dilucidar los argumentos que en criterio de los accionantes les asisten dentro del límite marco anteriormente expuesto. -

VI. SOBRE EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO: Este Tribunal de forma previa, logra identificar que, en el libelo de la demanda, la representación de la parte actora establece dos pretensiones específicas, que corresponden a: 1) Pretensión indemnizatoria de la totalidad de las propiedades fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. 2) Pretensión de “hacer”, correspondiente a ordenar al Estado, para que, en el plazo de dos meses, proceda a iniciar con el procedimiento de expropiación. Ahora bien, como se adelantó en líneas anteriores, ambas pretensiones parten de la premisa de que las limitaciones de orden ambiental que afectan dichas propiedades resultan ser indemnizables, configurándose los criterios para el surgimiento de la responsabilidad administrativa derivada de conducta lícita del Estado Legislador, y de la existencia de lo que denominan los accionantes como una expropiación de hecho. Por lo anterior, se considera relevante analizar esta figura jurídica y sus diferencias con el régimen de limitaciones a la propiedad privada, como base para la fundamentación del presente fallo. Siguiendo el referido orden, se procederán a conocer y resolver de seguido, considerando dentro del análisis respectivo, los alegatos presentados por ambas partes y la prueba que consta en el expediente judicial, vinculándolos con las pretensiones esbozadas en el libelo de la demanda. -  

SOBRE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA:

Existe un consenso general respecto a que, un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo es el nuestro, tiene como asidero, el respeto de la libertad en sus diferentes dimensiones, que conllevan a que se promulgue la libertad de emprendimiento, o de libre comercio y mercado, la libertad de elección de los consumidores, la libertad de escogencia del oficio o trabajo a desarrollarse, así como lleva aparejado la libertad de “tener”, aludiendo al derecho de la propiedad privada, los cuales, vendrán a constituirse pilares sobre los cuales descansa, el régimen constitucional costarricense, y dentro de los cuales, al estar sujetos los órganos jurisdiccionales a la Constitución (numerales 153 de la Constitución Política y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), al momento de dirimir una controversia como la que corresponde el objeto de la presente litis, dichos postulados constitucionales y democráticos deben ser tomados en cuenta por parte de esta Cámara de Juzgadores, a fin de no contrariar el bloque de constitucionalidad y legalidad. Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución N° 3495-92 de las 14:30 horas de fecha 19 de noviembre de 1992, sobre esta posición estableció que: “(…) V- Por otra parte, también la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos conforman un marco general de reconocimiento y garantías de libertad, cuyos contenidos esenciales la ley debe y no puede sino desarrollar y ampliar, o, si acaso, regular dentro de las limitaciones que aquéllos establecen y del sentido que ellos mismos les imprimen. Concretamente, nuestra Constitución consagra, en su artículo 28, tanto el principio de libertad, todavía meramente formal, en cuanto permite al ser humano todo aquello que la ley no le prohíba, (…) principio y sistema de la libertad que son la razón de ser y el núcleo fundamental en el cual convergen, por una parte, el elenco de los derechos individuales y sociales y sus propias garantías, y por otra, todas las demás normas y principios constitucionales relativos a la organización y actividad del Estado, (…) VI- Implícita en esos valores y principios de la libertad, ocupa lugar primordial la dimensión de ésta en el campo económico. En esta materia la Constitución es particularmente precisa, al establecer un régimen integrado por las normas que resguardan los vínculos existentes entre las personas y las distintas clases de bienes; es decir, la relación de aquellas con el mundo del ‘tener’, mediante previsiones como las contenidas o implicadas en los artículos 45 y 46, las cuales, aunque deban ceder ante necesidades normalmente más intensas para la existencia misma del hombre -como la vida o a la libertad e integridad personales-, no crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como aquéllos, y con su mismo rango -no en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos los órganos y tribunales internacionales que se ocupan de los derechos humanos han venido invariablemente caracterizándolos como ‘indivisibles’ e ‘interdependientes’-. Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos de propiedad privada (art. 45) (…)” (El resaltado no corresponde al original). De suerte que, también el Tribunal Constitucional ha postulado que el régimen de garantías y, en particular el derecho fundamental a la propiedad privada, no resultan ser irrestrictos, aunque para poder delimitarlos o regularlos, ese bloque de constitucionalidad y convencionalidad vigente exige que el Estado deba cumplir con una serie de procedimientos como garantías a la población, lo cual se deriva del propio concepto de la propiedad alineado al precepto 45 de la Constitución, como “aquel derecho que le permite a su titular poseer, disponer y hacer uso libremente del bien, sin que intervenga ningún tercero en ello. Es esta la condición, precisamente que le da el carácter de un derecho ‘erga omnes’, es decir que puede ser oponible ante terceros, obligándoles a su vez, a respetar y abstenerse a perturbar ese derecho”. (Ver Resolución N° 2802-99 de las 17:12 horas del 20 de abril de 1999 emitida por la Sala Constitucional). Ahora bien, en ese marco de análisis, comprende este Tribunal que se encuentran circunscritas las pretensiones de la parte accionante, en calidad de titulares de un tercio de tres bienes inmuebles (Hechos Probados N° 1 a 9), condición de propietarios que implica el “derecho de gozar y disponer una casa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” (Muñoz Machado (Santiago). Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. España, Real Academia Española, Volumen I, 2017 p.1694). Alcances de la propiedad que se encuentran regulados en igualdad de términos en el numeral 266 del Código Civil, al apuntar que: “La propiedad y cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley”. En relación con los límites, limitaciones y cargas a la propiedad, los numerales 383 y 384 del Código Civil rezan: “Artículo 383. La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley le impone en favor de los predios vecinos, o por motivo de pública utilidad. Artículo 384. Las obligaciones a causa de utilidad pública se rigen por los reglamentos especiales. También se rigen por leyes especiales las que se refieren al ramo de aguas, aunque se establezcan en interés o beneficio directo de particular”. (El resaltado no corresponde del original). Dentro de las límites, limitaciones o cargas que constitucionalmente son procedentes, son aquellas derivadas del régimen ambiental, como el caso de mérito. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido que existe un régimen de límites y/o limitaciones que, en el tanto no vacíe del contenido del derecho de propiedad, ni que sean desproporcionados o proporcionados no requiere de ser indemnizado, posición que es compartida por esta Cámara de Juzgadores. Ahora bien, al realizar un examen de los argumentos que esgrimen las partes accionantes como fundamento de su reclamo indemnizatorio, y sobre la cual existe controversia entre éstas y la representación del Estado, es respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de las limitaciones ambientales que pesan sobre los bienes inmuebles objeto de la presente causa. Derivando de esta no razonabilidad o desproporcionalidad la parte accionante una responsabilidad del Estado Legislador, que fundamenta su pretensión de que se realicen las diligencias de expropiación, por considerar que se vacía su derecho de propiedad. De forma tal que, esta Cámara de Juzgadores advierte que no existe controversia respecto a que, en la especie las propiedades de los accionantes se encuentran bajo una limitación de carácter ambiental (Ver Hechos Probados N° 10, 12 y 13), sino la divergencia radica en los efectos que éstas tienen sobre el contenido del derecho fundamental de la propiedad privada. En este sentido para este Órgano Jurisdiccional estas limitaciones de orden ambiental deben analizarse desde la función social de la propiedad, y a partir de ahí determinar si lleva razón los actores sobre los extremos pretendidos. Sobre la función social de la propiedad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado de forma extensa este tema, destacando para los fines de dilucidar el caso de mérito, que se deriva del párrafo segundo del numeral 45 de la Norma Fundamental, la posibilidad del legislador por mayoría calificada, de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, como una manera de sopesar la ideología liberal, que proponía la amplia libertad de la iniciativa privada y limitando la acción pública a promover ese espectro de libertad dentro del cual, la propiedad privada tenía un fin exclusivamente visto desde o en favor a su propietario. Tesis que fue dando espacio a teorías más enfocadas en velar por los intereses colectivos, por lo que, los constituyentes valoraron que: “La propiedad es una institución jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica y que evoluciona inexorablemente como las necesidades económicas mismas. Ahora bien, en nuestras sociedades modernas, la necesidad económica a la cual ha venido a responder la propiedad se transforma profundamente: por consiguiente, la propiedad, como institución jurídica, debe transformarse también. La evolución del concepto de la propiedad está determinada también por una interdependencia cada vez más estrecha de los diferentes elementos sociales. De ahí que la propiedad, por decirlo así, se socialice. Esto no significa que llegue a ser colectiva, en el sentido de las doctrinas colectivistas, pero significaba dos cosas: primeramente, que la propiedad individual deja de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social; y, en segundo lugar, que los casos de afectación de riqueza a las colectividades que jurídicamente deben ser protegidas, son cada día más numerosas ...’ (Comentarios del diputado Volio Sancho. Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Tomo I. página 505)”. (Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2007-006581 de las 15:39 horas de fecha 15 de mayo de 2007). De esta manera, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido que esa función social aunque no expresamente estatuida en el numeral 45 constitucional se infiere dicho precepto, determinando que los constituyentes reconocieron que esta función social reviste un carácter universal que se sustenta como parte de la misma existencia de la colectividad, donde se erige “(…) ‘Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables’ (sentencia número 04205-96, supra citada)”. (Ver Resolución N° 2005-004926 de las 11:59 horas del 29 de abril de 2005 de la Sala Constitucional). De suerte que, para este Órgano Jurisdiccional al momento de analizar la razonabilidad o proporcionalidad de una limitación de carácter ambiental, conlleva a realizar una ponderación entre los principios de respecto de la propiedad privada y el interés público o colectivo, que se derivan de los preceptos constitucionales 45 párrafos primero y segundo, 46 y 50. En donde a criterio de esta Cámara de Juzgadores, ante un presunto conflicto entre las dimensiones o alcances del derecho a la propiedad privada individual, debe ceder hacia la búsqueda del interés de la colectividad, lo que, se traduce en la procura y protección ambiental, no solo del entorno meramente natural, sino el urbano-ambiental. En otras palabras, este Tribunal es del criterio, que el marco constitucional vigente en Costa Rica se le ha brindado un mayor peso a la protección del ambiente respecto a la propiedad privada, tomando en consideración que, del derecho fundamental al ambiente sostenible se derivan los derechos fundamentales de la vida y la salud de las personas (incluso las generaciones futuras), y como parte de éste se ha reconocido el derecho al acceso al agua y todos los regímenes de protección de este recurso hídrico. (Sobre el derecho al acceso al agua ver entre otras, las resoluciones N° 2004-12263 de las 14:49 horas de fecha 29 de octubre de 2004 y N° 2011-6949 de las 12:55 horas de fecha 27 de mayo de 2011 emitidas por la Sala Constitucional). En este caso, los accionantes parten de su teoría del caso en sostener que existe una limitación ambiental (interés colectivo) desproporcionada que vacía su derecho de propiedad (interés individual) y que por ende constituye una expropiación de hecho, de donde surge una responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, lo cual se adelanta, no es compartido por esta Cámara Colectiva, conforme a lo que se desarrollará en las siguientes líneas.

             ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LOS ACCIONANTES.

De forma reiterada la parte actora en su demanda y su réplica de contestación manifiesta que, reconoce la existencia de una zona de protección ambiental que pesa sobre las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José cuya titularidad es de los accionantes. Ahora bien, se reitera que, gira su teoría del caso en que, proveniente de esas zonas de protección dispuestas por el legislador (Ley Forestal y Ley de Aguas), se le vacía el contenido del derecho de propiedad regulado en el artículo 45 de la Constitución Política, en el tanto, esas zonas de protección o limitaciones ambientales inciden en la totalidad de los inmuebles anteriormente citados, presentando como prueba que lo acredita los oficios municipales donde se le hace constar la no conformidad con la solicitud de certificación de uso para la construcción de una vivienda (oficios N° MP-AM-CU-US 530-2023 y N° MP-AM-CU-US 0529-2023 ambos de fecha 16 de junio de 2023 y el oficio N° MP-AM-CU-US 0012-2023 de fecha 12 de enero de 2023 emitidos por la Municipalidad de Puriscal). Sobre estos argumentos, así como la defensa planteada por el Estado, y su correlativo análisis de las pretensiones base del presente proceso serán analizadas por este Órgano Juzgador. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Retomando lo que se ha sostenido a lo largo de la presente resolución, no se pone en duda sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, como “aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario”. (Ver Resolución N° 2006-017514 de las 9:41 horas de fecha 01 de diciembre de 2006 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). También se reconoce, posición que se comparte, que: “El tratamiento de la protección de los derechos reales, en materia civil y agraria, tienen una gran importancia en todos los ordenamientos jurídicos que han consolidado una base constitucional arraigada en la protección de los derechos humanos fundamentales: junto a los derechos de libertad económica, entre los cuales se encuentra la propiedad privada y demás derechos reales derivados, también se han consagrado derechos-deberes económicos, sociales y ambientales. La propiedad privada y la libertad económica encuentran protección constitucional en los artículos 45 y 46 de nuestra Carta Magna y, aunque parece obvio, su existencia y defensa obedecen a la permanencia de un Estado Social de Derecho, basado en principios y valores constitucionales, en los cuales se consagran no solo derechos a favor de los particulares, sino también deberes, con miras a alcanzar un desarrollo económico, con equidad, solidaridad y justicia social”. (Ver Sala Constitucional Resolución Nº 16629 -2012 a las 16:31 horas 28 de noviembre del 2012). En este sentido, se comparte la posición de la Sala Constitucional transcrita, en el tanto, no se puede analizar el derecho de la propiedad de forma aislada, como un derecho irrestricto, sino que también debe analizarse éste dentro de los deberes de los ciudadanos en la protección de la naturaleza, lo cual incide definitivamente en el hecho de que, al momento de ejercer sus derechos como titulares de un bien o un valor, debe realizarse de forma armónica con el colectivo, y para el caso que nos ocupa, en equilibrio con las cargas ambientales que han sido establecidas por el legislador para lograr cumplir los fines sociales del Estado como un todo, en palabras de la Sala Constitucional procurar “alcanzar un desarrollo económico, con equidad, solidaridad y justicia social”. Lo anterior dado que no se puede perder de vista es que el ordenamiento jurídico como un todo, consagra un balance o un equilibrio entre los derechos de los administrados, las garantías dispuestas en procura de la protección al régimen de libertades, dentro de las que se encuentra, como dijimos anteriormente, el derecho fundamental a “tener” (propiedad privada), y el interés general, público y la propia función social de la propiedad (especialmente cuando se trate del resguardo del recurso hídrico, objetivo primordial de las limitaciones o zonas de protección que son objeto de la presente litis). También se trae a colación lo ya apuntado, en lo concerniente a que, por estos motivos, y la propia evolución del concepto de la propiedad, es que jurídicamente es factible que la propiedad tenga cargas, límites o limitaciones que pesan sobre el bien inmueble, y respecto de las cuales, unas deben ser soportadas por su titular sin pretender ser indemnizadas, como lo son las restricciones o zonas de protección a las nacientes que están reguladas en la Ley Forestal y Ley de Aguas, por lo que no se comparte el criterio de los accionantes. En consonancia con lo dicho, es criterio de esta Cámara de Juzgadores que los accionantes brindan una interpretación de “vaciar el contenido del derecho a la propiedad privada” equivaliéndolo a la imposibilidad de realizar una edificación o construcción para vivienda o comercial, lo cual es inexacto, según se explica a continuación. En primer lugar, no obra prueba alguna dentro del expediente administrativo respecto a que los accionantes hayan solicitado una patente comercial o algún otro permiso o licencia de aprovechamiento del bien inmueble a la Municipalidad de Puriscal u otra entidad pública como lo podría ser el Fondo de Financiamiento Forestal, que cuenta con diferentes proyectos de pago de servicios ambientales o aprovechamiento forestal. Lo anterior sin pretender ser taxativo en las opciones que, dentro del marco jurídico vigente y, sin transgredir las limitaciones que están contenidas en los preceptos legales de reiterada cita, pueden ejecutar los accionantes, y cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre dentro de la misma condición jurídica contenida en los presupuestos normativos de las Ley Forestal y Ley de Aguas. Infiere este Tribunal que la representación de la parte actora extrapola esa imposibilidad de ejercer cualquier tipo de actividad de las normas 33 y 34 de la Ley Forestal y del numeral 149 de la Ley de Aguas, así como la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional respecto a la imposibilidad de cortar árboles o realizar actividades que no están permitidas dentro de los bienes que están dentro de una zona de protección ambiental, como lo es las propiedades de los accionantes, de donde surge su conclusión de que debe ser indemnizados por ser una expropiación de hecho. Sin embargo, como se apuntó existe un error de equiparar la imposibilidad de construcción de una vivienda del aprovechamiento como tal de un inmueble, el cual no se agota en la construcción de una vivienda, sino que existen diferentes destinos o provechos que se pueden ejercer como propietario. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “aprovechar” se define como “Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. Aprovechar la tela, el tiempo, la ocasión”. (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Edición 2023 consultada en: https://dle.rae.es/aprovechar). Por lo que, ese aprovechamiento debe analizarse respecto a todos los derechos que surgen del ser titular de un bien, y como se citó, dentro del ámbito de los diferentes tipos de propiedad que existen, y los destinos de los bienes que están al servicio del ser humano. Al respecto, precisamente el Tribunal Constitucional se ha desarrollado el tema de las diferentes vocaciones de las propiedades, es decir, los destinos y diferentes aprovechamientos de los inmuebles dentro del concepto de la función social, especialmente la ambiental, tema que reviste de interés nacional público, en el sentido de que, del numeral 50 Constitucional se logra derivar el derecho a la salud y a la vida, de forma tal que, la protección del ambiente y del agua, son vitales para lograr una coexistencia armónica de la humanidad. Así la Sala Constitucional en la Resolución N° 2007-006581-2007 de las 15:39 horas de fecha 15 de mayo de 2007 de forma abundante realizó un repaso sobre los diferentes tipos de interés social que son conformes al bloque de constitucional, y que están dejando de lado los accionantes: “XV.- TIPOS DE INTERÉS SOCIAL RECONOCIDOS POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos interés social que legitiman -o justifican- la imposición de limitaciones a la propiedad: estos son los relativos a la protección del ambiente y los de orden urbanístico, este último, a partir del desarrollo que se hace en la sentencia número 4205-96, supra citada. Expresamente se ha reconocido que la razón última de estas limitaciones es precisamente la ‘transnacionalización’ de los valores de su afectación, toda vez que no afectan únicamente a la localidad o nación, sino a la Humanidad en su conjunto, ya que como se ha indicado con anterioridad, la problemática de la protección del ambiente trasciende el orden local o regional (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). (…) Es así como la propiedad forestal privada, la cual, como su nombre lo indica, es la propiedad titulada por los particulares, y que se ostenta en los términos del artículo 45 de la Constitución Política, se afecta con un régimen jurídico especial, en el primer caso, al régimen forestal, mediante el correspondiente decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente y Energía, el cual pesa sobre la propiedad a modo de limitación de interés social, que en todo caso debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Por este motivo es que estos inmuebles pueden hipotecarse, e incluso, el recurso forestal puede constituir prenda; adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, con la advertencia de que, en todos los casos, se traslada la afectación forestal. Y dependerá de la categorización que del recurso forestal haga la normativa vigente, como lo son las reservas forestales, las zonas protectoras y los refugios de vida silvestre (artículo 37 de la Ley Forestal número 7174), que la propiedad privada podrá explotarse y aprovecharse, a condición de sujetarse al respectivo plan de manejo. Queda claro que las limitaciones en materia forestal implican un impedimento de aprovechamiento del recurso forestal por parte de su propietario, quien en modo alguno está legitimado para talar o aprovechar económicamente el bosque existente en su propiedad a su antojo o voluntad, si no es, y exclusivamente, mediante un plan de manejo, debidamente aprobado por la Dirección Forestal”. (Lo resaltado en negrita es autoría propia). De lo esgrimido por la Sala Constitucional, lo cual es compartido por esta Cámara de Juzgadores es que, el estar sometida una propiedad a un régimen forestal o restricciones de índole forestal no conlleva el vaciar de contenido los actos que pueden ser ejercidos por sus titulares, sino limitaciones al uso y disfrute que deben efectuarse dentro del rango de los parámetros que están establecidos en la Ley. En segundo lugar, los accionantes dejan de lado que, los derechos que se derivan de la titularidad o dominio absoluto de un bien no solo son construir (transformar el bien), sino que corresponden a los dispuestos en el numeral 264 del Código Civil, precepto que regula que: “El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- De posesión. 2º.- De usufructo. 3º.- De transformación y enajenación. 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización”. De esta manera, únicamente se estaría en el supuesto de vaciar el derecho de propiedad, cuando por la conducta del Estado (activa u omisiva) anula la posibilidad del ejercicio de todos y cada uno de las atribuciones o facultades enunciadas, lo cual tampoco ha sido probado por parte de los actores. Si bien, tiene una limitación ambiental y existen cierto tipo de actividades que no pueden ejecutarse en dichos inmuebles, lo cierto del caso es que aún se mantienen las potestades para usufructuar por ejemplo a través de sembradíos, actividades agropecuarias, o comerciales que no conlleven la transformación completa o la edificación de obras permanentes sobre el inmueble, de suerte que, no se logra desprender de los autos que las limitaciones que están contenidas en los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal y 149 de la Ley de Aguas imposibiliten el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que están contenidos dentro del dominio absoluto del bien de su propiedad. Por lo que, ante esa omisión de elementos probatorios debe ser rechazado el argumento o premisa del reclamo indemnizatorio de que se vacía el contenido del derecho de propiedad, siendo que, le correspondía a los actores la carga probatoria a la luz del numeral 41.1 del Código Procesal Civil (norma aplicable al caso en concreto por enunciación del artículo 220 del CPCA), el cual enuncia que, le incumbe la carga de la prueba “A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho”. Carga de traer elementos al proceso que también se deriva del postulado de “carga dinámica” de la prueba, en el tanto, los accionantes se encuentran en mejor condición dentro de la situación jurídica del proceso para poder demostrar cuál es el grado de afectación a todos y cada uno de los derechos y dentro de las distintas vocaciones o fines que pueden ser usufructuadas las propiedades. Sin pretender reiterar lo ya indicado, a nivel de jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha determinado que las limitaciones legales derivadas de la Ley N° 7575, Ley Forestal no son indemnizables en el tanto, imponen ciertos límites, pero no vacía del contenido de forma absoluta el derecho del uso y disfrute de la propiedad. De hecho nuestro Tribunal Constitucional ha esbozado que, las limitaciones ambientales derivadas de los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal, -sobre los cuales los accionantes alegan que se derivan restricciones desproporcionadas o irrazonables, al vaciar el contenido de su derecho de propiedad-, son conformes a la norma fundamental y no conllevan por ende una expropiación de hecho, como lo afirman los actores, al señalar lo que se procede a enunciar de seguido: “II.- En relación con el supuesto roce de constitucionalidad que apunta el recurrente entre los numerales 33 y 34 de la citada Ley y el artículo 45 Constitucional, esta Sala considera lo siguiente. Los límites que se puedan introducir por Ley al ejercicio de una libertad pública o de un derecho fundamental, van referidos al derecho en sí, lo mismo que a la posición en abstracto de la esfera de acción de un sujeto, o sea, los límites al ejercicio de una libertad pública no es más que un límite al ejercicio de un derecho, lo anterior por cuanto el reconocimiento de un derecho por parte de una norma constitucional no significa exclusión de la posibilidad de regulación de su ejercicio por parte del legislador, ya que todo derecho nace limitado por cuanto nace dentro de un sistema de convivencia social y su ejercicio debe armonizarse con los derechos de los demás y con las exigencias reconocidas en posteriores legislaciones que especificarán sus límites y las condiciones de su ejercicio. Por el contrario, las limitaciones se refieren a la restricción o disminución de la esfera jurídica del sujeto, ocurriendo que se encuentra relacionada con el ejercicio mismo de la libertad pública y deben, por naturaleza, estar contenidas dentro del texto constitucional o que éste autorice a la Asamblea Legislativa para imponerlas. Así, las limitaciones conllevan una disminución de los derechos fundamentales en cuanto restringen su ejercicio efectivo bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias. En el caso de marras, nos encontramos ante una limitación impuesta por ley al ejercicio efectivo del derecho a la propiedad contenido en el artículo 45. En razón de que la limitación debe encontrarse legitimada por el mismo texto constitucional o bien fundado en una autorización constitucional expresa a la Asamblea Legislativa para su establecimiento, lo procedente es determinar si la impuesta por la Ley 7575, se encuentra debidamente fundada en el texto constitucional. El artículo 45 de la Carta Política establece en su párrafo segundo que: ‘Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.’ Así, se observa del texto constitucional transcrito que, la misma norma establece la posibilidad de que la Asamblea Legislativa introduzca limitaciones de interés social a la propiedad, viéndose legitimado el contenido del texto de los artículos 33 y 34 de la Ley 7575 que ahora se impugnan. III.- Agotado el tema de la legitimidad de la imposición, resta discutir la razonabilidad de la limitación. Considera esta Sala que la limitación impuesta resulta razonable toda vez que no importa una imposibilidad del disfrute del derecho de propiedad, sino que delimita los alcances de éste. O sea, la limitación no cercena el derecho de propiedad que posee el recurrente en relación con la porción de tierra sobre la que no podrá construir -ya que de igual forma podrá disfrutar de ella- sino que simplemente le ordena no construir dentro del límite contenido por la restricción. Por otra parte, la fijación de la línea de retiro de diez metros resulta razonable en relación con el bien demanial que se busca proteger -una quebrada- y sobre el cual el Estado posee un interés público en su conservación, considerando razonable y suficiente el retiro establecido en la legislación forestal. Por lo anterior, el recurso deviene en improcedente y así debe declararse”. (Ver entre otras, Resolución N° 08234-1997 de las 18:15 horas de fecha 03 de diciembre de 1997 de la Sala Constitucional). Postura que se comparte por esta Cámara de Juzgadores y que por igualdad de motivos puede ser aplicada para las limitaciones dispuestas en la Ley General de Aguas, dado que incluso son menor intensidad sobre la propiedad que las dispuestas en la Ley Foresta de comentario. Manifestando dicha Sala Constitucional en años posteriores que, estas limitaciones a la propiedad, las cuales como se reseñó no son desproporcionadas ni irrazonables, no resultan ser indemnizables, por cuanto están en virtud de la propia función social de la propiedad, una función que se indicó que implica ponderar el interés colectivo (derecho al ambiente y la protección del agua) por encima de un interés individual (la posibilidad de edificar sobre el bien inmueble que extrañan los actores). Así en la Resolución N° 4465-99 de las 10:21 horas de fecha 11 de junio de 1999 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableció que: “El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad.  En el párrafo primero señala su carácter de ‘inviolable’ y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario previamente, cuando deba suprimirla por razones de ‘interés público legalmente comprobado’. En el párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada -votación de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa-. De manera que la obligación de indemnizar por parte del Estado está constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada. Sin embargo, estas limitaciones deberán afectar a la colectividad en general y no podrán exceder los parámetros de razonabilidad o proporcionalidad, ni vaciar de su contenido esencial el derecho de propiedad. La restricción al derecho de propiedad que vacíe de su contenido esencial el derecho se convierte en una expropiación encubierta y, en consecuencia, genera la obligación de indemnizar.  Las limitaciones establecidas con fines urbanísticos integran el derecho de propiedad y, por lo tanto, no son susceptibles de indemnización, a menos que implique una reducción del contenido esencial del derecho, como se indicó supra”. (El resaltado no corresponde al original). Por lo que, en el caso en que se alegue que una restricción o limitación a la propiedad vacíe su contenido o que es desproporcionada e irrazonable, como se reitera, debe ser probado por quien lo alegue, en este caso los accionantes, no obrando elementos de convicción en esa línea, dado que, el hecho que la Municipalidad de Puriscal haya emitido certificaciones no conformes para la construcción de una vivienda (Ver Hechos Probados N° 11, 14 y 15) sólo afecta el derecho de transformación del inmueble y en alguna medida pero con menor intensidad el derecho a usufructuarlo, pero no así el ejercicio omnicomprensivo de los derechos que integran el dominio absoluto del bien. Tampoco dando pie la prueba del vacío del derecho de la propiedad en todos sus componentes el hecho que la Municipalidad ante la existencia de la naciente le haya aplicado el instituto de la no sujeción de los tributos, aspecto que también puede ser modificado, en tanto se modifiquen las condiciones de dicha no sujeción. Se suma a lo ya dicho que, si bien no ha sido un hecho probado la fecha exacta en que las nacientes pudieron hacerse visible para los actores o que éstas se hayan naturalmente constituidas, lo anterior, dado que los oficios emitidos por parte de la Dirección de Agua del MINAE no tienen el efecto de constituir dichas nacientes, sino de declarar su existencia, y los señores Padilla Pérez como personas terceras adquirentes en el año 2003 (Ver Hechos Probados N° 1 al 9), si fueron de su conocimiento o no de la inexistencia de las nacientes que se encuentran de forma circunvecina a sus propiedades, no resulta ser imputable al Estado, sino que está dentro del ámbito negocial de las partes, y de la información que se le brindó ese momento por parte de los propietarios vendedores a los compradores, advirtiendo de las condiciones existentes y limitaciones, así como omitiendo valoración sobre el contenido de dichas relaciones contractuales, vicios redhibitorios, así como la eventual aplicación del numeral 35 de la Ley de Planificación Urbana. Lo cual tampoco excluye la posibilidad que los propietarios donde reside la naciente previa coordinación con las autoridades correspondientes puedan optar por soluciones de explotación o de cerramiento donde se establezcan otro tipo de limitación a los inmuebles (Ver al respecto artículo 12 del Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Puriscal), lo cual también modificaría la condición de no sujeción del pago de los tributos ante la corporación municipal respectiva. Aspectos que no pueden ser endilgados al Estado y, por ende, no surge la responsabilidad patrimonial reclamada. Ahora bien, lo que se deriva de la argumentación y correlativa pretensión indemnizatoria por parte de los actores, es precisamente, por un lado, que deja de lado la existencia de otros derechos que envuelven el dominio (titularidad) sobre un bien, del cual ya se ha abordado, por otro lado, intenta requerir una indemnización a través de la expropiación, confundiendo a su vez, los alcances de la expropiación, y cuándo es que jurídicamente una limitación, límite o carga a la propiedad implica vaciar el contenido al derecho de propiedad, situaciones en las cuales, sí debe indemnizarse. Por lo anterior, consideramos realizar una distinción entre ambos institutos.

i) Distinción entre los institutos del procedimiento de expropiación y las limitaciones. Siendo que ya, de forma sucinta se ha analizado las limitaciones a las propiedades que son constitucionalmente viables y no indemnizables, se procede a describir brevemente la figura de la expropiación. La Ley de Expropiaciones, en su numeral primero, brinda una serie de pautas sobre la expropiación y su régimen jurídico, indicando que: “La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado”. (El resaltado no corresponde del original). Se reitera que, la Sala Constitucional y el marco jurídico constitucional y legal costarricense es muy claro respecto a que pueden fijarse por ley una serie de limitaciones a la propiedad en tanto, “la propiedad no sufra desmembraciones que hagan desaparecer del derecho, toda vez que se mantiene el uso natural del bien y su valor económico en el mercado. Asimismo, se aclara que las limitaciones o restricciones a la propiedad son de carácter general, y tienen la virtud de dotar al individuo de los instrumentos necesarios para paliar los efectos de la actividad perjudicial de sus congéneres. Cabe señalar que tiene como finalidad u objetivo el uso racional de la propiedad, con lo que se benefician los vecinos o, en general toda la sociedad, obligación que se encuentra su sustento (a modo de justificación) en la consideración de que resultan imprescindibles para la convivencia en sociedad, no tratándose de una actividad expropiatoria que requiera de indemnización previa, en los términos exigidos y previstos en el párrafo primero del artículo 45 de la Constitución Política”. (Ver Resolución N° 2007-0006581 de las 15:39 horas de fecha 15 de mayo de 2007, ya citada). De lo transcrito, muy brevemente se puede inferir que la expropiación “per se”, conlleva a una privación de la propiedad privada, o de sus derechos del domi.nio como lo es, la utilización o disfrute de la cosa, que es precisamente lo que líneas arriba indicamos como un marco infranqueable de la imposición de una carga, límite o limitación, el no vaciar de contenido el derecho de la propiedad, por cuanto, cuando la limitación es de tal magnitud ya sea por su contenido o el tiempo (como la afectación temporal de la propiedad, que la Sala Constitucional ha señalado que es un congelamiento que debe ser indemnizado, ver resolución N° 2007-005598 de las 15:47 horas de fecha  25 de abril de 2007), implica una cargar mayor y un desbalance del equilibrio entre los derechos y garantías de los ciudadanos y las potestades del Estado (aunque sean amparadas en un interés público, de hecho se parte de la existencia de un de interés público como presupuesto), por lo que, se está en el supuesto de un acto expropiatorio, privativo de la propiedad, consecuentemente nace el deber de indemnización. La teoría del caso de los actores confunden el párrafo primero del numeral 45 constitucional, con su párrafo segundo, los dos son distintas sus regulaciones. En el primer párrafo se regula la privación completa de la propiedad o de los derechos que se ostenta en calidad de propietario de un bien, en donde previa determinación de un interés público que lo posibilita se despoja del bien a un particular, para transformarlo en otro bien destinado al interés público general, y el párrafo segundo, donde se prevé la función social de la propiedad, y la posibilidad de establecerse limitaciones y cargas, cuya validez o legitimidad resulta “cuando es necesaria para hacer posible ‘la vigencia de los valores democráticos y constitucionales’; de manera que, además de útil, debe ser necesaria, razonable y oportunidad, y debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente, y por ende, excepcional; por lo cual, deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo. La razonabilidad de la limitación se traduce en su adecuación al fin y al interés (valor) que la justifica; y f.- Las limitaciones no son indemnizables en tanto no implican desmembramientos que hagan desaparece el derecho; la cual está prevista únicamente para hacerle frente a la pérdida de la propiedad (expropiación)”. (Ver Resolución N° 2007-006581 anteriormente citada). Esa privación de la propiedad, como lo afirma la parte actora, no se logra demostrar en la especie, por lo que se adelanta, que deviene en rechazo tanto en que se deba realizar un procedimiento de expropiación, así como el pago de su justo precio. El yerro de que parte la teoría del caso de los accionantes es que, con el hecho de que se haya impuesto una imposibilidad de cortar árboles y de construir una vivienda o rebajado la base imponible para el pago de los tributos ante la Municipalidad., deviene en un limitación que le impide hacer uso y goce de su propiedad vaciando el contenido de su propiedad, lo cual por el hecho de la mera imposición de la zona de protección ambiental por la ley, no le genera ese efecto, como reiteradamente se ha indicado en esta exposición, debe acreditarse que es de tal magnitud que le impide su libre uso y disfrute, lo cual no ha sido demostrado por la parte actora, teniendo la carga probatoria (artículo 41.1 del Código Procesal Civil, norma civil aplicable al caso en concreto por el numeral 220 del CPCA). Como se había señalado antes, quien alega una pretensión debe probar los elementos constitutivos de su derecho, trayendo elementos de convicción al proceso, para demostrar que se le ha vaciado de contenido su propiedad, lo cual no hay prueba alguna que obre en el expediente que permita acreditar el dicho de los accionantes. Es decir, no se logra identificar un funcionamiento anormal omisivo del Estado de cumplir el debido proceso de expropiación, puesto que como se indicó en líneas anteriores, las limitaciones ambientales que pesan sobre la propiedad de los actores devienen de una potestad constitucionalmente prevista (no solo del marco de legalidad), y no demuestra que le esté vaciando o desmembrando el contenido de su derecho derivado de su condición de titular, aspecto que debió ser probada por los accionantes. En complemento a lo expuesto, debe reiterarse que, el hecho que no exista un certificado de uso no conforme para la construcción o la revalorización de las propiedades para fines fiscales (a fin de no ser sujetos a los tributos establecidos por el ordenamiento jurídico), no genera per sé un daño que, al tenor del numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública deba ser indemnizado, aspecto que ha sido desarrollado en casos similares a los accionantes por parte de la Sala Constitucional, apuntando sobre el particular que debe ser probado por la parte quien lo alega en la vía ordinaria correspondiente como lo es la jurisdicción contenciosa administrativa, acreditación del daño que en la especie no fue demostrado por los accionantes. Así el Tribunal Constitucional indicó: “VI. Sobre el principio precautorio en materia de derecho ambiental. Dicho principio rector se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. Así, pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que, de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables. (…) En lo que respecta a la corporación municipal, el recurrente cuestiona el cambio de uso de suelo decretado por la Municipalidad recurrida, pues considera que se está eliminando un derecho que ya se había declarado y aduce que le causa un grave perjuicio económico al amparado. De los informes rendidos por los funcionarios recurridos, y del análisis de la prueba que obra en autos, esta Sala considera que las actuaciones cuestionadas se encuentran ajustadas a derecho. Si bien inicialmente se otorgaron permisos de uso de suelo para vivienda unifamiliar en las propiedades del amparado, una vez que se tuvo noticia de la posible existencia de una naciente en esa zona se dictó la Resolución de Ubicación de Zonas de Protección Nº 595, de las 12:10 horas del 13 de diciembre de 2016, decretando el radio de protección de la naciente. Es decir, la Municipalidad, haciendo uso de sus potestades de imperio, aplicó el principio precautorio y priorizó la protección al ambiente; lo cual si bien afecta claramente las propiedades del amparado, resulta procedente, tal y como se indicó en el considerando VI. Así las cosas, y dado que lo que interesa en materia ambiental es que el Estado realmente asuma una política de protección y garantía efectiva del ejercicio de aquéllos derechos, tanto en un nivel meramente legal como en el nivel técnico operacional, lo procedente es desestimar el recurso en cuanto a este extremo; y si el recurrente mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, deberá demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos materia de legalidad ordinaria”. (Sala Constitucional, Resolución N° 06565-2017 de las 9:45 horas de fecha 23 de junio de 2017). Lo anterior en conclusión motiva que esta Cámara de Juzgadores rechacen por no existir mérito tanto la pretensión numerada como 43.1, como las pretensiones 43.2 y 43.3 contenidas en la demanda, en lo que respecta a la existencia de un vacío del derecho fundamental de la propiedad de los actores. -

ii) Sobre la no existencia de una la responsabilidad administrativa por Estado Legislador. Otro de los fundamentos que esbozan los accionantes en el libelo de la demanda, es que el Estado es responsable patrimonialmente, transcribiendo los numerales 9 y 41 de la Constitución Política, y 190, 191 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, esa fundamentación parte de dos premisas, primero de ellos es que, con las limitaciones ambientales legalmente establecidas se les vacía su derecho de propiedad, lo cual no logró ser probado como se indicó en la sección anterior, y por el otro que, se está en presencia de una expropiación de facto. De hecho, se puede colegir que eventualmente, pretende equiparar el justiprecio, esto es, el monto que la Administración paga producto de una expropiación con la indemnización dispuesta en la Ley General de la Administración, lo cual es inexacto. De forma preliminar, se comparte la tesis de los actores que, conforme a la jurisprudencia emitida por la Sala Primera de Justicia anteriormente citada, ha quedado establecido que, en Costa Rica, del artículo 41 de la Constitución Política, en relación con los numerales constitucionales 9, 11 y 33, existe un régimen de responsabilidad preeminentemente objetiva del Estado, donde se desplaza todo el sistema a favor de la persona (administrado), quien ya no debe probar elementos subjetivos del funcionario público para lograr que se le indemnice de una conducta pública que le produjo un daño, de forma tal que ahora la carga de la prueba es de la Administración quien debe descargarse sobre los hechos que se le imputan, así, “En tanto se haya sufrido una lesión como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que no tiene el deber de soportar, se impone el deber de resarcimiento, en virtud del principio de reparación integral del daño que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política”. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resoluciones N° 138 de las 15:05 horas del 23 de agosto; N° 192 de las 14:15 horas 1 del 06 de noviembre, ambas de 1991; N° 48 de las 14:10 horas del 29 de mayo de 1996 y N° 55 de las 14:30 horas del 4 de julio de 1997). Sin embargo, la aplicación del principio constitucional de reparación integral del daño no es irrestricto e ilimitado, ni tampoco, aplica de manera automática para todas las hipótesis en que sufra una lesión un administrado. Se requiere demostrar por un lado la existencia de un menoscabo patrimonial o lesión extrapatrimonial, y un nexo causal entre el daño alegado y la conducta (omisiva o activa) de la Administración. Al respecto, se ha indicado sobre el nexo causal que, “Establecida en la especie la anormalidad e ilicitud del comportamiento omisivo, resta por establecer si esa indolencia fue o no causa de la lesión reclamada, (…). Lo anterior debido a que no basta la producción de un daño para que surja el deber de indemnizar, se requiere además que ese efecto haya sido generado por una conducta positiva u omisiva del Estado. Más simple, para imputar a la Administración la responsabilidad se requiere de un daño, una actividad o inactividad administrativa y un nexo causal entre ambos. Demostrado ese ligamen relacional, surge de inmediato el deber de reparación integral que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. En relación cabe señalar que, en la producción del daño, generalmente confluyen una serie de hechos y factores que en diversos grados lo han provocado. Dentro de ellos, es imperioso establecer cuáles de manera directa o indirecta han sido causa adecuada y eficiente del mal originado. Sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia de esta Sala no. 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001. En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó la consecuencia; desplazando aquéllas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo”. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 0074-F-2007 de las 10:15 horas del 02 de febrero de 2007). Pero como vimos, en primer lugar, en la especie la limitación que afecta a las propiedades de los actores no tiene efectos expropiatorios, por lo que no se logra derivar un incumplimiento de una obligación legal alguna, rompiendo el nexo de causalidad entre la conducta omisiva que reclama y los daños causados. En segundo lugar, la responsabilidad administrativa eventualmente, habiendo determinado una situación de que vaciara de contenido su derecho, lo cual se reitera no se da en la práctica, no tendría un efecto de indemnizatoria por responsabilidad, sino que sus efectos de la expropiación son distintos. En realidad “La actividad expropiatoria va encaminada a privar a un determinado sujeto total o parcialmente de un derecho o interés legítimo, mediante la correspondiente indemnización o pago del justiprecio, para la satisfacción de necesidades públicas. Va de suyo que se impone un sacrifico o singular al expropiado, trato de que no recibe el resto de los sujetos. (…) Es importante señalar que GIANNINI ha denominado ‘medidas ablatorias reales’ a aquella adoptadas por el poder público que buscan la consecución del interés público general. Dentro de las referidas medidas se citan la expropiación, las servidumbres, las ventas y permutas obligadas y, aquellas propias del derecho urbanístico, como puede ser imponer a un sujeto la obligación de no construir el inmueble de su propiedad, en tanto ha sido introducido dentro del patrimonio cultural. Por su parte, la responsabilidad de la administración supone que el ente público está obligado a indemnizar a los particulares, como reparación resarcitoria -ya no como justiprecio-, por el daño que causa su funcionamiento normal, anormal, legítimo o ilegítimo. La indemnización es un mecanismo creado por la ley para compensar al sujeto por el daño que se le ha infringido por una determinada actuación u omisión administrativa. Ahora bien, debe tenerse presente que, el daño que se produce por responsabilidad administrativa extracontractual, no siempre se concreta en un beneficio social para la colectividad, como sucede con la expropiación que se acuerda por motivos de interés público”. (Rojas Morales (Iris Rocío). Derecho Urbanístico Costarricense. San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2010, págs. 461 y 462). Por ende, no pueden equipararse ambas figuras, el justiprecio como su nombre lo indica es el pago que se recibe, es el valor económico de restitución por el despojo del bien que realiza la Administración para ser transformado o destinado a un fin público, en otras palabras, es el pago por la adquisición que se realiza, por lo que dicho monto debe ser razonable y proporcionado, debe ser equivalente, razonable y proporcionado para permitir a la persona física o jurídica poder resarcirse o compensar en el valor integral de la propiedad del bien expropiado. Por lo que ambos términos, responsabilidad y expropiación, indemnización y justiprecio no resultan ser equivalentes o sinónimos, como erróneamente se deriva de los argumentos de la demanda y consecuentemente debe rechazarse también este argumento. No está de más, señalar que, los accionantes no esbozaron una pretensión tendiente a que se determine la responsabilidad preeminentemente objetiva del Estado, sino que la vinculó con la expropiación y su derecho indemnizatorio, al establecerse en el punto anterior que no aplica el procedimiento expropiatorio en la especie, no genera el derecho al pago alguno (pago del justiprecio), y éste no puede confundirse con la responsabilidad objetiva, se rechazan en todos sus extremos las pretensiones 43.2 y 43.3 y consecuentemente, también la pretensión 43.1. No sin mencionar que, al establecer las condiciones en las que aplica la responsabilidad preeminentemente objetiva por conducta lícita, los accionantes confunden los presupuestos contenidos en el numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública para configurar una responsabilidad por conducta lícita como lo es la que, está alegando los accionantes. Particularmente éstos no logran acreditar un daño especial ni que sean una pequeña proporción de afectados, de hecho, dado que, es inexacto la valoración de que la pequeña proporción de afectados por las restricciones derivadas de la Ley Forestal y Ley de Aguas sea solamente para los señores Padilla Pérez. Veamos, el numeral 194 supra citado enuncia: “Artículo 194.- 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo”. De forma tal que, los dos presupuestos fundamentales para determinar la existencia de una responsabilidad objetiva por Estado Legislador es cuando exista un daño especial, el cual se produce cuando exista “una pequeña proporción de afectados” o “por la intensidad de la lesión”. Sobre la intensidad de la lesión sería equiparable a que las limitaciones tengan el efecto de desmembrar los derechos derivados del dominio absoluto de los bienes inmuebles, lo cual ya se ha ahondado a lo largo de la presente exposición que no concurre en el caso de mérito, quedando por analizar la “pequeña proporción de afectados”. Para lograr identificar el alcance del presupuesto, se acude a la discusión en el Congreso por parte del señor Eduardo Ortiz Ortiz uno de los juristas que redactaron el Proyecto de lo que es hoy la Ley General de la Administración Pública. Así el referido tratadista apuntó que: “La expresión (…) hablando nada más que proporción, tiene la ventaja de que el concepto este, de daño especial, se le da su contenido pleno de daño discriminatorio. Esa es la idea porque no es un daño de tipo general, que toda la sociedad debe sufrir, sino que es un daño que sufren unos pocos”. (Expediente Legislativo N° A23E5452, Acta N° 104, folios 393 al 404, extraído de QUIRÓS CORONADO (Roberto). Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. San José, Costa Rica. Editorial, ASELEX S.A., 1996, página 297). Rescátese de lo transcrito dos conceptos, que corresponde a un daño discriminatorio, de forma tal que aduce a que en condiciones iguales no surte los mismos efectos para todas las personas, y en segundo lugar, que no es un daño general, sino que sólo incide en la esfera de unas pocas personas, el cual es excepcional, puesto que se parte que todas las regulaciones tienen efecto sobre las situaciones jurídicas de las personas, pero no por ello surge el derecho indemnizatorio para todas éstas, por cuanto implicaría cercenar las competencias legislativas derivadas de la base propia de la Constitucional. Así, Ortiz Ortiz afirmó: “Todas las regulaciones sociales causan de alguna forma algún daño en un grupo. Por ejemplo, una regulación de tránsito eventualmente perjudicaría a una persona que tenía un parqueo frente a su negocio. Ahora, tiene que perder gran tiempo buscándolo. Pero obviamente ese daño no es indemnizable, de fondo que hay que calificar muy especialmente el daño indemnizable en estas hipótesis porque no todo daño es indemnizable, sino nada más que el reviste ciertas características (…)”. (Expediente Legislativo N° A23E5452, Acta N° 104, folios 393 al 404, extraído de QUIRÓS CORONADO (Roberto). Óp. Cit, 297) A partir de lo transcrito, no puede inferirse que se esté ante limitaciones que sean discriminatorias, por cuanto aplican para cada una de las personas que estén dentro del radio de acción de una naciente de carácter permanente o intermitente (zona de protección), esto es, el ámbito de aplicación de los presupuestos contenidos en la regulación ambiental tiene un carácter general y no solamente para el caso de los accionantes, como arguyen en su demanda, cuando indican que: “En tercer lugar, tenemos que el actuar del Estado genera un daño especial y anormal a mis Representados. Por un lado, el daño es especial en cuanto afecta patrimonialmente a un grupo pequeño pero determinable de personas: los actores de este proceso”. Lo anterior, por cuanto se indicó inciden sobre las situaciones jurídicas de todas y cada una de las personas que ostenten una propiedad dentro del rango de acción de una naciente, y no sólo los accionantes. Esto deviene en que tampoco sea discriminatorio, puesto que las condiciones en las que aplica es para aquellas personas que cuenten con un bien inmueble que esté dentro de la zona de protección de una naciente (permanente o intermitente). En otras palabras, sería daño discriminatorio al excluir a personas que están en la misma condición (dentro del radio de acción de la zona de protección del cuerpo de agua), lo cual no ocurre en el caso de mérito. Sin bien de las fotografías que son aportadas por los accionantes, específicamente de los oficios de certificado de uso de suelos emitidos por la Municipalidad de Puriscal se advierte que alrededor del cuadrante donde se encuentran las propiedades de los señores Padilla Pérez, y dentro del radio de la zona de protección que es dibujada por la Corporación Municipal se observan otras propiedades que tienen edificaciones construidas, esto no conlleva a que exista un daño discriminatorio, sino que, habría que analizar cada caso concreto respecto a las condiciones y supuestos que fue conferido el certificado de uso de suelo y la licencia constructiva por parte del Gobierno Local, lo que no obsta para el ejercicio de las potestades de policía en materia ambiental que ostentan las Municipalidades, a fin de determinar sobre su licitud o ilicitud. Ahora bien, en este caso los efectos de las normas en comentario (Ley Forestal y Ley de Aguas) tienen efectos generales para todos y cada una de las personas que cumplan con los criterios que están definidos en la norma y, por ende, ante esta situación, no puede configurarse en la especie tampoco el elemento de “pequeña proporción de afectados”. De hecho, debe considerarse que el objetivo de estas medidas se encuentran ajustadas al bloque de constitucionalidad en protección al ambiente como un derecho fundamental que ha sido reconocido por la Sala Constitucional en diversos pronunciamientos, verbigracia en la resolución N° 6949 de las 12:55 horas de fecha 27 de mayo de 2011 al señalar que “A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber que le atañe al Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual, el Estado se constituye en garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de dichas disposiciones, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, función que desarrolla la normativa infraconstitucional ambiental”. Máxime en tratándose al recurso estratégico como lo es el agua, “derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988)”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 2004-12263 de las 14:49 horas de fecha 29 de octubre del 2004). Por lo que, como se indicó en líneas precedentes esta Cámara de Juzgadores comparte la postura del Tribunal Constitucional de ponderar a favor del ambiente, y del principio precautorio en pro de asegurar el agua para las presentes y futuras generaciones, de donde, se deriva que las limitaciones ambientales impuestas por el Legislador no producen los daños especiales en los términos contemplados en el numeral 196 de la Ley General de la Administración, ni tampoco fue probado por parte de los acciones, cuando la carga probatoria para determinar tanto la existencia del daño, y los presupuestos regulados en el precepto 196 de comentario se encontraban bajo responsabilidad de los actores. Sin demérito que como se indicó, tampoco fue probado el nexo de causalidad adecuada, en el tanto la premisa para su surgimiento que es el hecho de que las limitaciones vaciaban el derecho de propiedad de los accionantes, no fue acreditado en la especie. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución N° 112-1992 de las 14:15 horas de fecha 15 de julio de 1992 (posición que se ha sido reiterada a la fecha), esbozó que: “El daño constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés jurídicamente relevante, susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es daño indemnizable el que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo. (...)” (Lo resaltado es autoría propia). De ahí que se colija que, sin la existencia de una responsabilidad que pueda ser imputable al Estado no puede derivarse un derecho indemnizatorio. Y como bien se extrae de la referida resolución judicial, y de la jurisprudencia que ha sido desarrollada a lo largo de esta exposición, si no se demuestra una causalidad adecuada, no puede derivarse un derecho a que se le reconozcan los daños, que sería el pago del valor de la totalidad del valor de “las áreas de los inmuebles 1-542449-000 derechos 001, 002 y 003; 1-542450-000 derechos 001, 002 y 003 y 1-542451-000 derechos 001, 002 y 003, que se encentran afectados por el área de protección de la naciente permanente sin nombre, con número de referencia ID 4224-2022, ubicada en las coordenadas Lambert norte: latitud inicial 203.619 longitud inicial 501.995 latitud final: 203.619 longitud final: 501.995, CRTM05: latitud inicial: 1.089.016 longitud inicial: 465.652 latitud final: 1.089.016 longitud final: 465.652. La cual, es referida igualmente bajo la georreferenciación CRTM05 Este 465652 Norte 1089016. Además, que la finca 1-542449-000 se encuentra doblemente afectada, en el tanto también se encuentra dentro del área de protección de una naciente intermitente sin nombre, ubicada en las coordenadas CRTM05: Este:465592 Norte: 1088960”. Por lo que, tampoco se acoge con lugar su pretensión de pagar indemnización alguna por concepto de las limitaciones impuestas en virtud de la normativa legal cuya finalidad es la protección del recurso hídrico (principio precautorio ambiental), ni tampoco la pretensión de conminar al Estado para que en el plazo de dos meses inicie las diligencias administrativas expropiatorias de las fincas matrículas folios reales N° 542449, derechos 001, 002 y 003; N° 542450, derechos 001, 002 y 003 y N° 542451 todas del Partido de San José. En consecuencia, con respecto a estas dos pretensiones (43.2 y 43.3) y de la primera pretensión al ser genérica “Declarar con lugar la presente demanda en todos sus extremos, en los términos expuestos en la totalidad de este escrito (hechos, fundamento, prueba y pretensiones)” se acoge la falta de derecho interpuesta por el Estado demandado, rechazándose en todos sus extremos la demanda interpuesta por los señores Manuel, Elena Rocío y José Carlos, todos de apellidos Padilla Pérez. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal aclara que el razonamiento señalado lo es al tenor de los autos y frente al cuadro fáctico que ha sido valorado en esta sentencia. Con ello, lo resuelto no pre condiciona o limita de forma alguna que la parte gestione ante autoridades competentes como SENARA y la Dirección de Agua del MINAE los alcances concretos respecto de manejo, determinación y modificación de las restricciones que se reconocen en esta sentencia, ello en el ejercicio de las competencias que poseen tales órganos en el marco de sus competencias, así como la iniciativa que los copropietarios conciban al respecto.-

VII. SOBRE LAS DEFENSAS INTERPUESTAS: La representación del Estado, en la contestación de la demanda, interpuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Así las cosas, por la forma en cómo se ha resuelto el presente asunto, en cuanto a que esta Cámara Colegiada luego del análisis efectuado de los autos y de la prueba que fue ofrecida por las partes y admitida en el momento procesal oportuno, se rechazan todas las pretensiones, consecuentemente conlleva a declarar sin lugar la demanda interpuesta por los señores MANUEL PADILLA PÉREZ, ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ Y JOSÉ CARLOS PADILLA PÉREZ, con sustento en los argumentos de hecho y de derecho, desarrollados en la presente resolución y por ende, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que ha sido llamado al proceso el sujeto con respecto al cual se formularon las pretensiones indemnizatorias y expropiatorias, y se acoge la falta de derecho, por cuanto no se logró determinar que el Estado le haya causado el daño alegado por parte de los accionantes proveniente de una responsabilidad de carácter preminentemente objetiva imputable por conducta lícita por las regulaciones legales contenidas en los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal y 194 de la Ley de Aguas, en donde se disponen limitaciones ambientales para las propiedades que están ubicadas en las cercanías de cuerpos de agua (nacientes permanentes e intermitentes),  con sustento en lo esgrimido en el fallo de marras. -

VIII. SOBRE LAS COSTAS PROCESALES Y PERSONALES: Respecto a las costas de este proceso, de conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, considera esta Cámara que, en virtud de haberse acogido la excepción de fondo de falta de derecho interpuesto por el Estado demandado, y no existiendo en los autos prueba alguna que permita dispensar el pago de éstas al vencido (que en este caso serían los actores), en los términos regulados por la normativa vigente legal citada procede la condena de las costas (procesales y personales), más intereses de ley desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago, extremos que serán liquidados en la fase de ejecución de sentencia. -

POR TANTO

Con base en los fundamentos de hecho y derechos expuestos, se rechaza la falta de legitimación pasiva y se acoge la falta de derecho interpuesta por la representación del Estado, y consecuentemente, SE DECLARA SIN LUGAR la demanda interpuesta por los señores MANUEL PADILLA PÉREZ; ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ, y JOSÉ CARLOS PADILLA PÉREZ en contra del ESTADO. Se resuelve con condenatoria en ambas costas a cargo de los actores, más los correspondientes intereses de ley desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago, extremos que serán liquidados en la fase de ejecución de sentencia. Notifíquese. -

Cinthya Morales Herra

Claudia Bolaños Salazar    Carlos José Mejías Rodríguez

 

	


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CINTHYA MARIA MORALES HERRA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-001801-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:33:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
English translation (113,859 chars)
**PROVEN FACTS**: Based on the evidentiary documents admitted in this proceeding, the following facts are deemed proven and relevant for the issuance of this judgment, as they have the corresponding support:

1)  On December 15, 2003, Mr. Manuel Padilla Pérez, with identity card number 1-0325-0008, acquired ownership of right 001 of the property registered under folio real number 542449, of the Registry of San José, whose nature is: Lot One, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Sara Marín Porras, to the South: Public Road with a frontage of 25 meters 25 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and José Fallas Murillo; East: Part remainder designated for public road with a frontage of 41 meters 92 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and West: Public Road with a frontage of 69 meters 14 centimeters, measuring two thousand seven hundred seventy-eight square meters and seventy-six square decimeters, and registering plan number SJ-0824592-2002. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344459-2024 of 1:47 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 34 of the electronic judicial file).

2)  On December 15, 2003, Mrs. Elena Rocío Padilla Pérez, with identity card number 1-0389-0747, acquired ownership of right 002 of the property registered under folio real number 542449, of the Registry of San José, whose nature is: Lot One, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Sara Marín Porras, to the South: Public Road with a frontage of 25 meters 25 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and José Fallas Murillo; East: Part remainder designated for public road with a frontage of 41 meters 92 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and West: Public Road with a frontage of 69 meters 14 centimeters, measuring two thousand seven hundred seventy-eight square meters and seventy-six square decimeters, and registering plan number SJ-0824592-2002. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344483-2024 of 1:48 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 35 of the electronic judicial file).

3)  On December 15, 2003, Mr. José Carlos Padilla Pérez, with identity card number 1-0522-0750, acquired ownership of right 003 of the property registered under folio real number 542449, of the Registry of San José, whose nature is: Lot One, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Sara Marín Porras, to the South: Public Road with a frontage of 25 meters 25 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and José Fallas Murillo; East: Part remainder designated for public road with a frontage of 41 meters 92 centimeters and part Celia Ligia Méndez Ruiz and West: Public Road with a frontage of 69 meters 14 centimeters, measuring two thousand seven hundred seventy-eight square meters and seventy-six square decimeters, and registering plan number SJ-0824592-2002. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344513-2024 of 1:50 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 36 of the electronic judicial file).

4)  On December 15, 2003, Mr. Manuel Padilla Pérez, with identity card number 1-0325-0008, acquired ownership of right 001 of the property registered under folio real number 542450, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Two, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Part Sara Marín Porras and Part Francisco Gutiérrez Hidalgo, to the South: Part Rafael Cubillo Valverde and Part Lucía Rojas Bermúdez; East: Public road with a frontage of 31 meters and 30 centimeters and West: Remainder designated for public road with a frontage of 36 meters and 53 centimeters, measuring one thousand seven hundred forty-eight square meters and seventy-three square decimeters, and registering plan number SJ-0854982-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344493-2024 of 1:51 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 38 of the electronic judicial file).

5)  On December 15, 2003, Mrs. Elena Rocío Padilla Pérez, with identity card number 1-0389-0747, acquired ownership of right 002 of the property registered under folio real number 542450, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Two, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Part Sara Marín Porras and Part Francisco Gutiérrez Hidalgo, to the South: Part Rafael Cubillo Valverde and Part Lucía Rojas Bermúdez; East: Public road with a frontage of 31 meters and 30 centimeters and West: Remainder designated for public road with a frontage of 36 meters and 53 centimeters, measuring one thousand seven hundred forty-eight square meters and seventy-three square decimeters, and registering plan number SJ-0854982-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344500-2024 of 1:52 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 39 of the electronic judicial file).

6)  On December 15, 2003, Mr. José Carlos Padilla Pérez, with identity card number 1-0522-0750, acquired ownership of right 003 of the property registered under folio real number 542450, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Two, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Part Sara Marín Porras and Part Francisco Gutiérrez Hidalgo, to the South: Part Rafael Cubillo Valverde and Part Lucía Rojas Bermúdez; East: Public road with a frontage of 31 meters and 30 centimeters and West: Remainder designated for public road with a frontage of 36 meters and 53 centimeters, measuring one thousand seven hundred forty-eight square meters and seventy-three square decimeters, and registering plan number SJ-0854982-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344544-2024 of 1:53 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 40 of the electronic judicial file).

7)  On December 15, 2003, Mr. Manuel Padilla Pérez, with identity card number 1-0325-0008, acquired ownership of right 001 of the property registered under folio real number 542451, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Three, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Remainder designated for public road with a frontage of 45 meters 25 centimeters; to the South: Francisco Gutiérrez Hidalgo; East: Public road with a frontage of 20 meters 68 centimeters and West: Sara Marín Porras, measuring nine hundred seventy-one square meters and twenty-two square decimeters, and registering plan number SJ-00854978-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344577-2024 of 1:54 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 42 of the electronic judicial file).

8)  On December 15, 2003, Mrs. Elena Rocío Padilla Pérez, with identity card number 1-0389-0747, acquired ownership of right 002 of the property registered under folio real number 542451, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Three, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Remainder designated for public road with a frontage of 45 meters 25 centimeters; to the South: Francisco Gutiérrez Hidalgo; East: Public road with a frontage of 20 meters 68 centimeters and West: Sara Marín Porras, measuring nine hundred seventy-one square meters and twenty-two square decimeters, and registering plan number SJ-00854978-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344549-2024 of 1:55 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 43 of the electronic judicial file).

9)  On December 15, 2003, Mr. José Carlos Padilla Pérez, with identity card number 1-0522-0750, acquired ownership of right 003 of the property registered under folio real number 542451, of the Registry of San José, whose nature is: Lot Three, Land for building; located in District 1: Santiago, Canton 4: Puriscal, of the Province of San José; with boundaries to the North: Remainder designated for public road with a frontage of 45 meters 25 centimeters; to the South: Francisco Gutiérrez Hidalgo; East: Public road with a frontage of 20 meters 68 centimeters and West: Sara Marín Porras, measuring nine hundred seventy-one square meters and twenty-two square decimeters, and registering plan number SJ-00854978-2003. The cause of domain not being specified. (Uncontroverted fact, see Literal Certification number RNPDIGITAL-344557-2024 of 1:55 p.m. on March 5, 2024, issued by the National Registry, visible on image 44 of the electronic judicial file).

10) On April 21, 2017, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy in the Province of San José, Canton Puriscal, District Santiago, Site Santiago, identified a water source, of the "spring (naciente)" type, unnamed, corresponding to an intermittent public domain watercourse that has as a tributary an unnamed stream (quebrada), cartographic sheet Río Grande 3345-IV, basin (84-24)-Tárcoles, corresponding to plan number SJ-1184864-2007, located at the following coordinates: LAMBERT NORTH: Initial Latitude: 203.563, Initial Longitude: 501.940. The justification being determined as "THIS IS AN INTERMITTENT SPRING, THIS LOCATION SITE COINCIDES WITH OPINION AT-5175-2013 CONDUCTED DURING THE RAINY SEASON OF 2013 BY ENGINEER IGNACIO CAMPOS, THERE IS ANOTHER OPINION AT-1166-2014 DURING THE DRY SEASON OF 2014, BY ENGINEER JESÚS MONGE, WHICH LOCATES THE SPRING POINT ABOUT 26 METERS DOWNSTREAM, HOWEVER WHAT IS PRESENTED IN THAT CASE IS A BASE FLOW OF THE STREAM THAT ORIGINATES THIS SPRING SINCE, AS INDICATED, THE SPRING IS UPSTREAM". (Capital letters originate from the original, see Official Communication number DA-UHTPCOSJ-1074-2017 dated April 21, 2017, visible on images 105 to 107 of the electronic judicial file).

11) On January 12, 2023, the Department of Urban Control and Development, of the Municipality of Puriscal, denied the application for a land-use permit (permiso de uso de suelo) for housing construction, on property registered under folio real number 542449-000 of the Registry of San José, submitted by Mr. José Carlos Padilla Pérez. The foregoing, establishing in the Environmental Limitations section the following: "The property in question DOES contemplate a limitation according to current legislation related to territorial planning for the establishment of the requested construction activity, given that the land in question is within the protection radius of an Intermittent Spring according to criterion DA-UHTPCOSJ-1074-2027 of April 21, 2017, located at coordinates (CRTM05) East: 465592 and North: 1088960, for which a protection radius of 50 meters is applied, according to the Water Law (Ley de Aguas), furthermore it is located within the protection radius of a Spring without a Water Directorate criterion located at coordinates (CRTM05) East: 465645 North: 1089012. (...)" Therefore, said Municipal Department resolved to determine that "the RESIDENTIAL use requested on the property of interest at coordinates (CRTM05) East: 465587 North: 1088939; IS NOT PERMITTED". (The highlighting and capital letters correspond to the original, see Land-Use Certificate number MP-AM-CU-US 0012-2023 dated January 12, 2023, visible on images 59 and 60 of the electronic judicial file).

12) On May 15, 2023, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy in the Province of San José, Canton Puriscal, District Santiago, Site Junquillo Abajo, identified a water source, of the "spring" type, unnamed, of a permanent nature that has as a tributary an unnamed stream, cartographic sheet Río Grande, basin (88-26)-Parrita, located at the following coordinates: LAMBERT NORTH: Initial Latitude: 202.600, Final Latitude: 202,600; Initial Longitude: 502.282 and Final Longitude: 502.282. CRTM02: Initial Latitude: 1,087,997, Final Latitude: 1,087,997; Initial Longitude: 465,933 and Final Longitude: 465,933. It being determined that it is a public domain body of water, of a permanent nature, and whose antecedent corresponds to Opinion number DA-UHTPCOSJ-0325-2022 issued by that same Directorate. (See Official Communication number DA-UHTPCOSJ-0841-2023 dated May 15, 2023, visible on images 46 to 49 of the electronic judicial file).

13) On May 15, 2023, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy in the Province of San José, Canton Puriscal, District Santiago, Site Junquillo Abajo, identified a water source, of the "spring" type, unnamed, of a permanent nature that has as a tributary an unnamed stream, cartographic sheet Río Grande, basin (88-26)-Parrita, located at the following coordinates: LAMBERT NORTH: Initial Latitude: 203.619, Final Latitude: 203,619; Initial Longitude: 501.995 and Final Longitude: 501.995. CRTM05: Initial Latitude: 1,089,016, Final Latitude: 1,089,016; Initial Longitude: 465,652 and Final Longitude: 465,652. It being determined that it is a public domain body of water, of a permanent nature. (See Official Communication number DA-UHTPCOSJ-0841-2023 dated May 15, 2023, visible on images 49 to 51 of the electronic judicial file).

14) On June 16, 2023, the Department of Urban Control and Development, of the Municipality of Puriscal, denied the application for a land-use permit for housing construction, on property registered under folio real number 542451-000 of the Registry of San José, submitted by Mr. José Carlos Padilla Pérez. The foregoing, establishing in the Environmental Limitations section the following: "The property in question DOES contemplate a limitation according to current legislation related to territorial planning for the establishment of the requested construction activity, given that the land in question is within the protection radius of a PERMANENT Spring according to criterion DA-UHTPCOSJ-0841-2023 15-MAYO-2023, located at coordinates (CRTM05) East: 465652 and North: 1089016, for which a protection radius of 100 meters is applied, based on Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal)".

Therefore, said Municipal Department resolved to determine that "the requested RESIDENTIAL use on the property of interest at coordinates (CRTM05) East: 465670 North: 1088972; IS NOT PERMITTED." (The highlighting and capital letters correspond to the original, land-use certificate (Uso de Suelo) No. MP-AM-CU-US 0530-2023 dated June 16, 2023, visible at images 53 and 54 of the electronic judicial file).

15) On June 16, 2023, the Department of Urban Control and Development of the Municipality of Puriscal denied the application for a land-use permit for housing construction on the property registered under real folio number 542450-000 of the San José Registry, filed by Mr. José Carlos Padilla Pérez. The foregoing, establishing in the Environmental Limitations section the following: "The property in question DOES contemplate a limitation according to current legislation related to territorial planning for the establishment of the requested construction activity, given that the land in question is located within the protection radius of a PERMANENT Spring (Naciente) according to criterion DA-UHTPCOSJ-0841-2023 15-MAY-2023, located at coordinates (CRTM05) East: 465652 and North: 1089016, for which a protection radius of 100 meters is applied, based on Article 33 of the Forestry Law." Therefore, said Municipal Department resolved to determine that "the requested RESIDENTIAL use on the property of interest at coordinates (CRTM05) East: 465670 North: 1088972; IS NOT PERMITTED." (The highlighting, underlining, and capital letters correspond to the original, land-use certificate (Uso de Suelo) No. MP-AM-CU-US 0529-2023 dated June 16, 2023, visible at images 56 and 57 of the electronic judicial file).

16) By resolution No. RES-MP-AM-HM-AT-VL-023-2023 at 11:30 a.m. on July 13, 2023, the Valuation Office of the Municipality of Puriscal, in response to the written request submitted by the plaintiffs regarding the revaluation of the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry, for being located within a protection zone of a permanent spring (naciente), ordered in its dispositive part the following: "The taxable value of property 1-542449-000 must be modified in the database to a value of ¢112,817,656.00, with its new amount payable being ¢0, so that the non-subjection is applied due to being located in a protection zone since April 21, 2017. Likewise, the taxable value of property 1-542450-000 must be modified in the database to a value of ¢75,890,542.00, with its new amount payable being ¢0, so that the non-subjection is applied due to being located in a protection zone since April 21, 2017. Finally, the taxable value of property 1-542451-000 must be modified in the database to a value of ¢46,230,072.00, with its new amount payable being ¢0, so that the non-subjection is applied due to being located in a protection zone since May 15, 2023. It is the taxpayer's obligation, in the event of any modification to the condition of the protection zone, to communicate this to this office." (See images 63 to 70 of the electronic judicial file).

II. UNPROVEN FACTS: The following are considered unproven facts of relevance for the issuance of the judgment, either because the parties failed to meet their evidentiary burdens, or because this Court did not find suitable evidence that, in light of the principle of sound criticism (sana crítica), would allow them to be proven: 1) That there exists a legal norm in force at the time of the facts that requires the State to indemnify or expropriate the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry. (No evidence was provided to prove this). 2) That the legal limitations of an environmental nature to which the plaintiffs' properties are subject imply a dismemberment or emptying of the right of property over them and, therefore, give rise to a duty of indemnification by the State. (No evidence was provided to prove this). 3) That the plaintiffs, Mr. Manuel Padilla Pérez, Ms. Elena Rocío Padilla Pérez, and Mr. José Carlos Padilla Pérez, acquired the real estate properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry, prior to the entry into force of the legal norms establishing the environmental limitations (environmental protection zone due to the existence of a "spring" (naciente)) that affect said properties. (There is no evidence provided in the case file that demonstrates this). 4) The exact date of the natural formation or visible emergence of the permanent water sources (springs (nacientes)) and intermittent public domain watercourse affecting the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry. (No evidence was provided to prove this). 5) The proof of a special and abnormal damage to the property rights of the plaintiffs, the subject of the present litigation, as well as the small proportion of affected parties or exceptional intensity of the injury derived from the environmental limitations affecting the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry. (No evidence was provided to prove this). -

III. REGARDING THE ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF: As indicated above, in their complaint and in their reply to the answer to the complaint, the plaintiffs, Mr. Manuel Padilla Pérez, Ms. Elena Rocío Padilla Pérez, and Mr. José Carlos Padilla Pérez, state that they are co-owners in equal shares (one-third of the title) of the properties located in Santiago de Puriscal, Province of San José, registered under real folio number 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451. They continue to argue that the cited properties are entirely located within the protection area of the permanent spring (naciente), "unnamed, with reference number ID 4224-2022, Source Number 2, located at Lambert north coordinates: initial latitude: 203.619 initial longitude: 501.995 final latitude: 203.619 final longitude: 501.995, CRTM05: initial latitude: 1,089,016 initial longitude: 465,652 final latitude: 1,089,016 final longitude: 465,652, hereinafter 'Spring 1' (Naciente 1). Which is also referred to under the CRTM05 georeferencing East 465652 North 1089016. Meanwhile, property 1-542449-000 is affected both by spring ID 4224-2022 and by the intermittent spring (naciente) delimited at coordinates (CRTM05) East: 465592 North: 1088960, hereinafter 'Spring 2' (Naciente 2)." In their complaint, they specify that the spring identified as number 1 was determined by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (hereinafter potentially abbreviated as MINAE) through official communication No. DA-UHTPCOSJ-0841-2023 dated May 15, 2023, and is regulated by the legislator in Article 33, subsection a) of the Forestry Law, Law No. 7575 dated February 13, 1996, which establishes a radius of one hundred meters measured horizontally as a protection zone. It is established in Article 34 of the aforementioned Law that there is a prohibition against logging in the protected areas or zones described in Article 33 of the legal norm under discussion. Regarding the spring identified as number 2, they indicate that its protection zone is regulated by the Water Law, Law No. 276 dated August 27, 1942, establishing in its Article 149 a protection radius of fifty meters in cases of flat land where the owners are prohibited from destroying national or private forests. They allege that said Spring 2 was identified by the Water Directorate of MINAE through official communication No. DA-UTTPCOSJ-1074-2017. By virtue of these environmental limitations, the plaintiffs maintain that they are unable to obtain any type of commercial or residential use on their properties "emptying their right of property in its entirety, preventing any commercial and/or residential use or exploitation of the Affected Properties." Given this situation, and considering that these limitations on their properties are not reasonable or proportional, in their view, the State's strict liability arises to restore the damage to their property through the payment of an indemnity, which they have not received from the State to date, due to the impacts caused by being affected within the protection zone of Springs No. 1 and 2. To support this petition for indemnification, they present an exposition of the arguments set forth by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in Resolution No. 00199-2010 at 3:30 p.m. on February 4, 2010, to the effect that the limitations regulated in Article 34 of the Forestry Law implicitly entail a restriction on the exercise of those ownership powers that may directly or indirectly affect a permanent spring (naciente); proof of this is that the Municipality of Puriscal issued the non-conformities of the land-use certificates for housing construction on their properties. Subsequently, they argue as part of their theory of the case that the Constitutional Court, in Resolution No. 4205-1996 at 2:33 p.m. on August 20, 1996, established that: "private property finds its natural boundary in the degree of impact on the property; that is, when the restriction on the right of property becomes a true expropriation with the consequent obligation to indemnify, because the right of property completely disappears, or when it does not affect the generality of the community. The Full Court so stated regarding limitations to be imposed on property when they exceed the stated boundary, in an extraordinary session on June sixteen, nineteen eighty-three: '[...] that is to say, "limitations" as Article 45 calls them, but not dispossession of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of goods is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior indemnification that the political charter mandates'"; maintaining that the limitations to which their properties are subject affect 100% of their extent, for being within the protection zone of Spring 1, and in the case of the property registered under real folio number 542459-000 of the Province of San José, it is additionally within Spring 2, "which prevents any exploitation by my Clients, who are its owners. This restriction on the right of property is excessive in the specific context," reiterating throughout their exposition that a significant impact on their property right is present in the case, such that in their view it even "compromises its fundamental essence"; affirming that "Although not formally classified as expropriations, these restrictions on the powers inherent to the right of property are so severe that they transform possession into mere ownership. This substantial alteration of the right justifies adequate compensation, similar to what would be granted in cases of expropriation." Hence, they argue a violation of the right to property protected by Article 45 of the Political Constitution and Article 21 of the American Convention on Human Rights, and that, therefore, the necessary and useful steps must be taken in this case to expropriate the real estate owned by them, under the terms of the Expropriation Law, "This is because the right of property has been completely emptied and annulled by a validated public interest reason, which is the conservation of aquifer resources. In this sense, as long as the State does not make adequate compensation, it would be committing an unlawful omission that the Owners are not obliged to tolerate." A second argument put forth by the plaintiffs is the liability of the State as Legislator, due to the special and abnormal sacrifice suffered by the plaintiffs. To this effect, they begin their exposition by alluding to the fact that Articles 9 and 41 of the Political Constitution give rise to the strict liability of the State when, in the exercise of its functions, it causes damage or prejudice, without the need to examine intent or negligence. This liability is contemplated at the legal level by Articles 190 and 191 of the General Law of Public Administration, norms which they transcribe, and they also cite as a basis for their position Resolution No. 213-2008 at 8:20 a.m. on March 25, 2008, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, extracting liability for legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning. They continue by stating that, "It is clear that the State as Legislator enacted the Forestry Law, which prohibits any type of construction, exploitation, or impact within a radius of 100 meters around permanent springs (nacientes), insofar as these activities could cause some type of impact or damage to these water sources, as well as the Water Law, which prohibits the exploitation of the zone located within a radius of 50 meters around intermittent springs (nacientes). These provisions affect both springs existing at the time of their enactment and those that may arise or be identified on private properties in the future, as occurs in the case under analysis. (...) In the specific case at hand, the identified springs entirely affect the Affected Properties, preventing the full exercise of the right of property. This situation resembles a tacit expropriation, since the restriction has transcended being a reasonable limitation to become a total deprivation of the right." Based on the foregoing, and after referencing Article 194 of the General Law of Public Administration and Resolution No. 00796-1991 at 3:10 p.m. on April 26, 1991, they maintain that this involves normal functioning through lawful conduct that produces an indemnifiable damage, giving rise to the strict liability of the State for the following reasons: i) the determination of environmental protection areas is a clear manifestation of lawful conduct carried out by the State, with effects directly on the property sphere of the plaintiffs; ii) there is a clear impact on the property rights of the plaintiffs, with the State having no reason for them to sacrifice the value of the entirety of their properties for the sake of public interest without the corresponding fair and prior indemnity, under penalty of violating the principle of equality in bearing public burdens. iii) "Thirdly, we have that the State's action generates a special and abnormal damage to my Clients. On one hand, the damage is special insofar as it patrimonially affects a small but determinable group of persons: the plaintiffs in this proceeding. Likewise, this damage is abnormal given its gravity, intensity, and transcendence, since the public burden represented by the Protection Areas in the particular case of the Affected Properties, which are 100% within the protection area of Spring 1, goes beyond the limit of what my Clients must bear, inasmuch as the right of property has been wholly emptied, which necessarily entails an indemnification by the State." Consequently, they conclude that there exists an objective causal link between the specific manifestation of the state function, consisting of the imposition of environmental limitations (protection zones) through the Forestry Law and the Water Law, and the injury caused to the citizens (their properties being 100% limited by these), affecting their right of property, being in a de facto expropriation, violative of the principle of equality in bearing public burdens, Articles 18, 33, and 45 of the Political Constitution. The strict liability of the State as Legislator generates the right to be indemnified for the special and abnormal damage they suffer, "Therefore, as long as the State does not make adequate compensation through the expropriation process stipulated in legislation, we are facing a continuous and omissive illegal action that translates into a serious restriction on the right of private property." Finally, they base their complaint on the provisions of Article 21 of the American Convention on Human Rights, precepts 18, 33, 45, and 49 of the Political Constitution, Articles 190, 191, 194, and 196 of the General Law of Public Administration, Articles 13 and 17 of the Expropriation Law, Articles 33 and 34 of the Forestry Law, Article 149 of the Water Law, and precepts 10, 12, 36, 42, 43, 69, 98, 122, 220, and concordant articles of the Code of Contentious-Administrative Procedure, in addition to the cited opinions and jurisprudence, according to Articles 7 and 8 of the General Law of Public Administration. In the hearing granted by the Contentious-Administrative Court through the resolution at 8:45 a.m. on May 21, 2024, regarding the State's answer concerning the lack of passive standing (legitimación pasiva), they affirm that "the purpose of the Complaint is not to have the nullity declared of the administrative acts issued by the Municipality or the Water Directorate, given the existence of the springs, and with this, likewise, the protection area within its radius established by the State as Legislator has been effectively corroborated. Therefore, the transfer of liability claimed by the State's representation to the Municipality is not appropriate," but rather a liability of the State as Legislator, since the limitation on their property arises from a legal norm, and because emptying the content of the property right requires that the claimed indemnity be granted, as it constitutes a de facto expropriation. Reiterating the arguments contained in the complaint and previously described. -

IV. REGARDING THE STATE'S DEFENSE THEORY: The State's representation, in its answer to the complaint, rejected all the facts therein. It points out in its answer brief that, in this case, there is a lack of passive standing, since the administrative acts that denied the land use for construction were issued by the Municipality of Puriscal and not by the State, thus referring to official communications No. MP-AM-CU-US 530-2023 and No. MP-AM-CU-US 0529-2023, both dated June 16, 2023, and official communication No. MP-AM-CU-US 0012-2023 dated January 12, 2023, noting that the latter does not have the criterion of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy. Its position is that, as "there is no action or omission by the State that implies its liability," the exception of lack of passive standing of the State must be declared with merit. In addition to the foregoing, it asserts the exception of lack of right, claiming that both the Water Law and the Forestry Law establish "non-indemnifiable limitations on private property." (Highlight in bold corresponds to the original), norms that were issued prior to the acquisition of the property by the plaintiffs. Thus, it indicates that: "The limitations established in Articles 33 and 34 of the current Forestry Law have their normative precedent in Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, Articles 84 and following, and the limitations established in Articles 148, 149, and 151 of the Water Law originate from 1942. Forestry Law No. 7575 entered into force on April 16, 1996, and Water Law No. 276 did so on August 27, 1942, while the parties acquired the property in 2003, meaning, at the time of acquiring the property, it already had the limitations established in those regulations." In addition to what has been indicated, it maintains that the Constitutional Chamber has widely recognized the legitimacy of non-indemnifiable limitations on the right of property, extracting the position put forward by said Constitutional Court in Resolution No. 8234-97 at 6:15 a.m. on December 3, 1997, and citing Resolution No. 0062-2019 at 8:25 a.m. on September 30, 2019, of the Contentious-Administrative Court, a judgment that, in turn, transcribes Resolution No. 4205-96 at 2:33 p.m. on August 20, 1996, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. It argues that the case file lacks elements of conviction "to determine with certainty that the limitation contained in Article 33, subsection a) of the Forestry Law and in Articles 148, 149, and 151 of the Water Law is of such a degree that it prevents giving any use to the property. The plaintiffs have not demonstrated that they have been unable to make use of the property, that their right of enjoyment and possession has been affected, and that the existence of protection areas on the property makes it entirely unusable for the purposes required by the plaintiffs." In fact, the State maintains that it is false that any type of construction, exploitation, or use of the property is prohibited. Based on the foregoing, it states that an adequate causal link cannot be proven between the damage (whose existence it refutes) and the limitations that are legally established; hence, according to what has been developed by the Constitutional Court, it must be demonstrated that the plaintiffs' right of property has been rendered without content, which is essential for granting any type of indemnity—an aspect it finds lacking. It considers that the Forestry and Water Laws contain a series of limitations that do not prevent the owners from exercising all the attributes of the right of property. In its view, "These are limits or boundaries to the extent of the right of property, which can never be unlimited: 'the limitation of a right operates upon that normal content, to restrict its possibilities of exercise'." Citing as part of its basis Resolution No. 0075-2011 at 11:10 a.m. on August 12, 2011, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, in which judgments No. 5833-2002 and 2004-1924 of the Constitutional Chamber are cited. By virtue of the foregoing, it requests that the complaint filed by Mr. Manuel Padilla Pérez, Ms. Elena Rocío Padilla Pérez, and Mr. José Carlos Padilla Pérez be declared without merit in all its aspects, requesting that they be ordered to pay procedural and personal costs, plus interest until their effective payment. -

V. REGARDING THE OBJECT OF THE PROCEEDING: From the analysis of the case file, the complaint, and its claims, it follows that the object of the proceeding revolves around the claim for an indemnity for the total value of the real estate properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry, owned by the plaintiffs, derived mainly from the identification of two bodies of water (a permanent spring (naciente permanente) and a spring classified as an intermittent public domain watercourse) in the vicinity of said properties, which entail the application of protection zones of 100 meters and 50 meters respectively, contained in Articles 33 and 34 of the Forestry Law, Law No. 7575, and Article 149 of the Water Law, Law No. 276. Thus, the plaintiffs argue two reasons for their indemnification claims. The first of them is because they consider that the entirety of said properties must be expropriated, since the environmental impacts established in the cited legal regulations empty the content of their private property right, by affecting one hundred percent of said properties, preventing them from carrying out construction activities for family and commercial housing, which in their view constitutes excessive limitations that are indemnifiable, under penalty of violating the principles of equality in the bearing of public burdens and legality, by compromising (according to their position) the fundamental essence of the fundamental right enshrined in Constitutional precept 45. The second reason corresponds to the fact that, in their opinion, the conditions established in Article 194 of the General Law of Public Administration apply, as well as the entire regime of patrimonial liability of the "State as Legislator," for lawful conduct and normal functioning, resulting from the fact that the environmental protection zones contained in the Forestry Law and the Water Law regarding the plaintiffs' properties generate damage to the plaintiffs' patrimonial sphere that they classify as "special, abnormal, unequal, and susceptible to being quantified economically through the expropriation process." Focusing, therefore, on a claim for patrimonial damage; however, it is also noted that they do not establish any additional claim for moral damages (subjective or objective). That being the case, they seek for this Court to order the State to pay for the entirety of the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry. And for this purpose, they request that the State be ordered, within a period of two months, to initiate the expropriation proceedings for the real estate "ut supra." Now, it is relevant to note that the analysis of the conformity or non-conformity of the administrative acts issued by the Municipality of Puriscal regarding the non-conformity with the use for "housing construction" requested for the properties owned by the plaintiffs—given the proof that they were within the radius of the protection zone regulated in Articles 33 and 34 of the Forestry Law and Article 149 of the Water Law, corresponding to official communications No. MP-AM-CU-US 530-2023 and No. MP-AM-CU-US 0529-2023, both dated June 16, 2023, and official communication No. MP-AM-CU-US 0012-2023 dated January 12, 2023, issued by the Municipal Corporation—is not part of the claims subject to the present litigation. Neither is the legality control over the formal conduct displayed by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy through official communications No. DA-UHTPCOSJ-1074-2017 dated April 21, 2017, and No. DA-UHTPCOSJ-0841-2023 dated May 15, 2023—where, after an on-site inspection, it certified the existence of bodies of water (permanent spring (naciente permanente) and intermittent spring (naciente intermitente)) on the three properties subject to this proceeding—part of what is discussed in this case. On the contrary, it follows from the list of claims and the basis of the complaint that said administrative action constitutes the premise for the respective patrimonial claim (indemnity). Hence, the analysis carried out by this Court is conducted on the factual and legal framework derived from the content of the complaint and its answer, as well as the comprehensive analysis of the admitted evidentiary elements, excluding the aspects that have been referenced in this section. From this perspective, in compliance with the principle of party presentation (principio dispositivo), this Collegiate Chamber shall proceed to analyze the claims subject to the litigation and elucidate the arguments that, in the plaintiffs' view, support them within the framework limits previously set out. -

VI. REGARDING THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE: This Court is able to identify beforehand that, in the complaint, the representation of the plaintiff establishes two specific claims, which correspond to: 1) An indemnification claim for the entirety of the properties registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002, and 003; 542450, rights 001, 002, and 003; and 542451, all of the San José Registry. 2) A claim to "do," corresponding to ordering the State to proceed to initiate the expropriation procedure within two months. Now, as noted in previous lines, both claims are based on the premise that the environmental limitations affecting said properties are indemnifiable, as the criteria for the emergence of administrative liability derived from lawful conduct by the State as Legislator and the existence of what the plaintiffs call a de facto expropriation are met. Therefore, it is considered relevant to analyze this legal figure and its differences from the regime of limitations on private property, as a basis for the reasoning of this judgment. Following the stated order, the Court shall proceed to hear and resolve these matters sequentially, considering within the respective analysis the arguments presented by both parties and the evidence in the judicial file, linking them with the claims outlined in the complaint.

ON THE CONSTITUTIONAL REGIME OF PRIVATE PROPERTY:

There is a general consensus that a Social and Democratic State of Law, such as ours, is grounded in respect for freedom in its different dimensions, which entails the proclamation of freedom of enterprise, or free trade and market, freedom of choice for consumers, freedom of choice of occupation or work to be pursued, as well as the concomitant freedom to “own,” alluding to the right of private property, which will become pillars upon which the Costa Rican constitutional regime rests, and within which, since jurisdictional bodies are subject to the Constitution (numerals 153 of the Political Constitution and 1 of the Organic Law of the Judiciary), at the time of resolving a dispute such as the one that is the subject of this litigation, said constitutional and democratic postulates must be taken into account by this Chamber of Judges, in order not to contravene the block of constitutionality and legality. Thus, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in Resolution No. 3495-92 of 2:30 p.m. on November 19, 1992, on this position established that: “(…) V- Furthermore, the Constitution and International Human Rights Law also form a general framework of recognition and guarantees of freedom, whose essential contents the law must and cannot but develop and expand, or, if at all, regulate within the limitations that they establish and the meaning that they themselves imprint upon them. Specifically, our Constitution enshrines, in its Article 28, the principle of freedom, still merely formal, insofar as it permits the human being everything that the law does not prohibit, (…) principle and system of freedom which are the raison d'être and the fundamental core in which converge, on the one hand, the list of individual and social rights and their own guarantees, and on the other, all the other constitutional norms and principles relating to the organization and activity of the State, (…) VI- Implicit in these values and principles of freedom, the dimension thereof in the economic field occupies a primordial place. In this matter, the Constitution is particularly precise, by establishing a regime composed of norms that safeguard the existing links between persons and the different classes of goods; that is, the relationship of the former with the world of ‘owning,’ through provisions such as those contained or implied in Articles 45 and 46, which, although they must yield to needs normally more intense for the very existence of man—such as life or personal freedom and integrity—do not thereby create second-class rights, but rather are as fundamental as those, and with the same rank—not in vain have the United Nations General Assembly and all the international bodies and tribunals that deal with human rights invariably characterized them as ‘indivisible’ and ‘interdependent.’ Thus, the Constitution establishes an economic order of freedom that is basically translated into the rights of private property (art. 45) (…)” (The highlighting does not correspond to the original). Hence, the Constitutional Court has also postulated that the regime of guarantees and, in particular, the fundamental right to private property, are not unrestricted, although in order to delimit or regulate them, that block of constitutionality and conventionality in force requires that the State must comply with a series of procedures as guarantees to the population, which is derived from the very concept of property aligned with precept 45 of the Constitution, as “that right that allows its holder to possess, dispose of, and freely use the good, without any third party intervening therein. It is this condition, precisely, that gives it the character of an ‘erga omnes’ right, that is, it can be opposable against third parties, obliging them, in turn, to respect and refrain from disturbing that right.” (See Resolution No. 2802-99 of 5:12 p.m. on April 20, 1999, issued by the Constitutional Chamber). Now then, within this framework of analysis, this Court understands that the claims of the plaintiff party are circumscribed, in their capacity as owners of one-third of three immovable properties (Proven Facts No. 1 to 9), a condition of owners that implies the “right to enjoy and dispose of a house without more limitations than those established in the laws” (Muñoz Machado (Santiago). Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Spain, Real Academia Española, Volume I, 2017 p.1694). Scopes of property that are regulated in equal terms in numeral 266 of the Civil Code, by pointing out that: “Property and each one of the special rights it comprises, have no more limits than those admitted by the owner and those imposed by provisions of the law.” In relation to limits, limitations, and burdens on property, numerals 383 and 384 of the Civil Code read: “Article 383. Private property over immovables is subject to certain burdens or obligations that the law imposes on it in favor of neighboring properties, or for reasons of public utility. Article 384. Obligations due to public utility are governed by special regulations. Those referring to the water sector are also governed by special laws, even if established in the direct interest or benefit of a private individual.” (The highlighting does not correspond to the original). Among the limits, limitations, or burdens that are constitutionally permissible are those derived from the environmental regime, as in the instant case. In this sense, the Constitutional Court has held that there is a regime of limits and/or limitations that, as long as it does not empty the content of the property right, nor is disproportionate or unreasonable, does not require compensation, a position shared by this Chamber of Judges. Now then, when conducting an examination of the arguments put forward by the plaintiff parties as the basis for their claim for compensation, and on which there is controversy between them and the representation of the State, it is regarding the proportionality and reasonableness of the environmental limitations that weigh on the immovable properties that are the object of this case. From this lack of reasonableness or disproportionality, the plaintiff party derives a liability of the State as Legislator, which grounds their claim that expropriation proceedings be carried out, considering that their property right is emptied. In such a way that, this Chamber of Judges warns that there is no controversy regarding the fact that, in the species, the plaintiffs’ properties are under an environmental limitation (See Proven Facts No. 10, 12, and 13), but the divergence lies in the effects that these have on the content of the fundamental right of private property. In this sense, for this Jurisdictional Body, these environmental limitations must be analyzed from the social function of property, and from there determine if the plaintiffs are correct regarding the extremes sought. On the social function of property, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has extensively developed this topic, highlighting, for the purposes of elucidating the instant case, that the possibility of the legislator, by qualified majority, to establish limitations of social interest on property is derived from the second paragraph of numeral 45 of the Fundamental Norm, as a way of weighing the liberal ideology, which proposed broad freedom of private initiative and limited public action to promoting that spectrum of freedom within which, private property had an end exclusively viewed from or in favor of its owner. A thesis that gave way to theories more focused on safeguarding collective interests, for which the constituent members assessed that: “Property is a juridical institution that has been formed to respond to an economic necessity and that evolves inexorably like the economic necessities themselves. Now then, in our modern societies, the economic necessity to which property has come to respond is profoundly transformed: consequently, property, as a juridical institution, must also transform. The evolution of the concept of property is also determined by an increasingly close interdependence of the different social elements. Hence, property, so to speak, becomes socialized. This does not mean that it becomes collective, in the sense of collectivist doctrines, but it did mean two things: first, that individual property ceases to be a right of the individual to become a social function; and, second, that the cases of allocation of wealth to collectivities that juridically must be protected are more numerous every day …' (Comments of Deputy Volio Sancho. Acts of the National Constituent Assembly of 1949, Volume I, page 505).” (See Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Resolution No. 2007-006581 of 3:39 p.m. on May 15, 2007). In this manner, our Constitutional Court has held that this social function, although not expressly stated in constitutional numeral 45, is inferred from said precept, determining that the constituents recognized that this social function has a universal character that is sustained as part of the very existence of the community, where it is erected “(…) ‘Such limitations on the right of property are a product of the very fact of forming part of a community, the same one that guarantees that right, but that subjects it to certain regulations with the purpose of achieving an optimal and harmonious enjoyment of the rights of all individuals and which are characterized, as a matter of principle, by not being compensable’ (judgment number 04205-96, supra cited).” (See Resolution No. 2005-004926 of 11:59 a.m. on April 29, 2005, of the Constitutional Chamber). Hence, for this Jurisdictional Body, at the moment of analyzing the reasonableness or proportionality of an environmental limitation, it entails carrying out a weighing between the principles of respect for private property and the public or collective interest, which are derived from constitutional precepts 45 first and second paragraphs, 46, and 50. Wherein, in the opinion of this Chamber of Judges, before a presumed conflict between the dimensions or scopes of the right to individual private property, it must yield to the pursuit of the interest of the community, which translates into the pursuit and environmental protection, not only of the merely natural environment, but also the urban-environmental one. In other words, this Court is of the opinion that the constitutional framework in force in Costa Rica has given greater weight to environmental protection compared to private property, taking into consideration that, from the fundamental right to a sustainable environment derive the fundamental rights to life and health of persons (including future generations), and as part of this, the right to access to water and all the protection regimes for this water resource have been recognized. (On the right to access to water, see, among others, resolutions No. 2004-12263 of 2:49 p.m. on October 29, 2004, and No. 2011-6949 of 12:55 p.m. on May 27, 2011, issued by the Constitutional Chamber). In this case, the plaintiffs base their theory of the case on maintaining that there is a disproportionate environmental limitation (collective interest) that empties their right of property (individual interest) and that therefore constitutes a de facto expropriation, from which arises a patrimonial liability of the State as Legislator, which is anticipated, is not shared by this Collective Chamber, in accordance with what will be developed in the following lines.

ANALYSIS OF THE PLAINTIFFS’ CLAIMS.

Repeatedly, the plaintiff party in its complaint and its reply to the answer states that it recognizes the existence of an environmental protection zone that weighs on the properties registered under real folio numbers No. 542449, rights 001, 002, and 003; No. 542450, rights 001, 002, and 003; and No. 542451, all of the San José District, whose ownership pertains to the plaintiffs. Now then, it is reiterated that their theory of the case revolves around the fact that, originating from those protection zones ordered by the legislator (Forestry Law (Ley Forestal) and Water Law (Ley de Aguas)), the content of the property right regulated in Article 45 of the Political Constitution is emptied, insofar as those protection zones or environmental limitations affect the entirety of the immovable properties previously cited, presenting as proof that accredits it the municipal official letters where they are notified of the non-conformity with the request for a certification of use for the construction of a dwelling (official letters No. MP-AM-CU-US 530-2023 and No. MP-AM-CU-US 0529-2023, both dated June 16, 2023, and official letter No. MP-AM-CU-US 0012-2023 dated January 12, 2023, issued by the Municipality of Puriscal). These arguments, as well as the defense raised by the State, and their correlative analysis of the base claims of the present process, will be analyzed by this Judging Body. CRITERION OF THE COURT: Returning to what has been maintained throughout this resolution, no doubt is cast upon the inviolability of private property, as “that right to exclusively possess a thing, to enjoy and dispose of it, without more limitations than those established by law or by the will of the owner.” (See Resolution No. 2006-017514 of 9:41 a.m. on December 1, 2006, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). It is also recognized, a position that is shared, that: “The treatment of the protection of real rights, in civil and agrarian matters, has great importance in all legal systems that have consolidated a constitutional base rooted in the protection of fundamental human rights: along with the rights of economic freedom, among which are private property and other derived real rights, economic, social, and environmental rights-duties have also been enshrined. Private property and economic freedom find constitutional protection in Articles 45 and 46 of our Magna Carta and, although it seems obvious, their existence and defense are due to the permanence of a Social State of Law, based on constitutional principles and values, in which are enshrined not only rights in favor of private individuals, but also duties, with a view to achieving economic development, with equity, solidarity, and social justice.” (See Constitutional Chamber Resolution No. 16629-2012 at 4:31 p.m. on November 28, 2012). In this sense, the transcribed position of the Constitutional Chamber is shared, insofar as the right of property cannot be analyzed in isolation, as an unrestricted right, but it must also be analyzed within the duties of citizens in the protection of nature, which definitively affects the fact that, at the moment of exercising their rights as holders of a good or a value, it must be done harmoniously with the community, and for the case at hand, in balance with the environmental burdens that have been established by the legislator to achieve the social ends of the State as a whole, in the words of the Constitutional Chamber, to seek “to achieve economic development, with equity, solidarity, and social justice.” The foregoing because one cannot lose sight of the fact that the legal system as a whole enshrines a balance or an equilibrium between the rights of the administered, the guarantees established in pursuit of the protection of the regime of freedoms, within which is found, as we said previously, the fundamental right to “own” (private property), and the general, public interest and the very social function of property (especially when it involves the safeguarding of the water resource, the primary objective of the limitations or protection zones that are the object of this litigation). Also brought up is what has already been pointed out, concerning that, for these reasons, and the very evolution of the concept of property, it is factible under law that property has burdens, limits, or limitations that weigh on the immovable property, and regarding which, some must be borne by its holder without seeking to be compensated, as are the restrictions or protection zones for springs (nacientes) that are regulated in the Forestry Law and the Water Law, for which reason the criterion of the plaintiffs is not shared. In accordance with what has been said, it is the criterion of this Chamber of Judges that the plaintiffs provide an interpretation of “emptying the content of the right to private property” equating it to the impossibility of carrying out a building or construction for residential or commercial purposes, which is inaccurate, as explained below. In the first place, there is no evidence whatsoever in the administrative file indicating that the plaintiffs have requested a commercial license or any other permit or license for the use of the immovable property from the Municipality of Puriscal or another public entity such as the Forestry Financing Fund (Fondo de Financiamiento Forestal), which has different projects for payment of environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA) or forestry use. The foregoing without attempting to be exhaustive regarding the options that, within the current legal framework and, without transgressing the limitations that are contained in the repeatedly cited legal precepts, the plaintiffs, and any other natural or legal person who is within the same juridical condition contained in the normative assumptions of the Forestry Law and the Water Law, can execute. This Court infers that the representation of the plaintiff party extrapolates this impossibility of exercising any type of activity from norms 33 and 34 of the Forestry Law and from numeral 149 of the Water Law, as well as the jurisprudence issued by the Constitutional Chamber regarding the impossibility of cutting down trees or carrying out activities that are not permitted within properties that are within an environmental protection zone, such as the plaintiffs' properties, from which arises their conclusion that they must be compensated for being a de facto expropriation. However, as noted, there is an error in equating the impossibility of constructing a dwelling with the use as such of an immovable property, which is not exhausted in the construction of a dwelling, but rather there exist different destinations or benefits that can be exercised as an owner. According to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, the word “aprovechar” is defined as “To employ something usefully, to make it profitable or to get the maximum yield from it. Aprovechar la tela, el tiempo, la ocasión [To use the fabric, time, occasion].” (Royal Spanish Academy. Dictionary of the Spanish Language, 2023 Edition consulted at: https://dle.rae.es/aprovechar). Therefore, this use must be analyzed with respect to all the rights that arise from being the holder of a good, and as cited, within the scope of the different types of property that exist, and the destinations of goods that are at the service of the human being. In this regard, precisely, the Constitutional Court has developed the topic of the different vocations of properties, that is, the destinations and different uses of immovable properties within the concept of social function, especially the environmental one, a topic of national public interest, in the sense that, from constitutional numeral 50, the right to health and life can be derived, in such a way that the protection of the environment and water are vital to achieve a harmonious coexistence of humanity. Thus, the Constitutional Chamber, in Resolution No. 2007-006581-2007 of 3:39 p.m. on May 15, 2007, abundantly reviewed the different types of social interest that are in accordance with the constitutional block, and which the plaintiffs are disregarding: “XV.- TYPES OF SOCIAL INTEREST RECOGNIZED BY CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE. Constitutional jurisprudence has recognized two types of social interest that legitimize—or justify—the imposition of limitations on property: these are those relating to environmental protection and those of an urban planning nature, the latter, based on the development made in judgment number 4205-96, supra cited. It has been expressly recognized that the ultimate reason for these limitations is precisely the ‘transnationalization’ of the values of their affection, since they do not affect only the locality or nation, but Humanity as a whole, since as has been indicated previously, the problem of environmental protection transcends the local or regional order (judgment number 3705-93, of three p.m. on July thirtieth, nineteen ninety-three). (…) This is how private forest property, which, as its name indicates, is property titled by private individuals, and which is held under the terms of Article 45 of the Political Constitution, is affected by a special legal regime, in the first case, the forestry regime, through the corresponding executive decree (decreto ejecutivo) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE), which weighs on the property by way of a limitation of social interest, which in any case must be registered in the Public Property Registry. For this reason, these immovable properties can be mortgaged, and even the forest resource can constitute a pledge; be acquired by adverse possession (usucapión), as well as alienated or have their dominion transferred, with the warning that, in all cases, the forestry affectation is transferred. And it will depend on the categorization that the current regulations make of the forest resource, such as forest reserves, protected zones, and wildlife refuges (Article 37 of the Forestry Law number 7174), whether the private property may be exploited and utilized, on the condition of being subject to the respective management plan (plan de manejo). It is clear that the limitations in forestry matters imply an impediment to the use of the forest resource by its owner, who is in no way authorized to fell or economically exploit the forest existing on their property at their whim or will, except, and exclusively, through a management plan, duly approved by the Forestry Directorate (Dirección Forestal).” (The highlighted text in bold is our own). From what has been argued by the Constitutional Chamber, which is shared by this Chamber of Judges, is that having a property subject to a forestry regime or restrictions of a forestry nature does not entail emptying the content of the acts that can be exercised by its holders, but rather limitations on the use and enjoyment that must be carried out within the range of the parameters established in the Law. In the second place, the plaintiffs disregard that the rights derived from the ownership or absolute dominion of a good are not only to build (transform the good), but correspond to those set forth in numeral 264 of the Civil Code, a precept that regulates that: “The dominion or absolute ownership over a thing includes the rights: 1st.- Of possession. 2nd.- Of usufruct. 3rd.- Of transformation and alienation. 4th.- Of defense and exclusion; and 5th.- Of restitution and indemnification.” In this manner, the scenario of emptying the right of property would only apply when the State's conduct (active or omissive) annuls the possibility of exercising each and every one of the attributes or faculties stated, which has also not been proven by the plaintiffs. Although they have an environmental limitation and certain types of activities cannot be executed on said immovable properties, the truth of the matter is that the powers are still maintained to usufruct, for example, through crops, agricultural activities, or commercial activities that do not entail the complete transformation or the construction of permanent works on the immovable property, so that it cannot be deduced from the records that the limitations contained in numerals 33 and 34 of the Forestry Law and 149 of the Water Law make the exercise of each and every one of the rights contained within the absolute dominion of their property impossible. Therefore, in light of that omission of evidentiary elements, the argument or premise of the compensatory claim that the content of the property right is emptied must be rejected, given that the burden of proof corresponded to the plaintiffs in light of numeral 41.1 of the Civil Procedure Code (norm applicable to the specific case by enunciation of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA)), which states that the burden of proof falls “On the party formulating a claim, regarding the constitutive facts of their right.” A burden to bring elements to the process that also derives from the postulate of the “dynamic burden” of proof, insofar as the plaintiffs are in a better position within the juridical situation of the process to be able to demonstrate the degree of affectation to each and every one of the rights and within the different vocations or purposes for which the properties can be used. Without attempting to reiterate what has already been indicated, at the jurisprudential level of the Constitutional Chamber and the First Chamber of the Supreme Court of Justice, it has been determined that the legal limitations derived from Law No. 7575, Forestry Law, are not compensable insofar as they impose certain limits, but do not absolutely empty the content of the right of use and enjoyment of the property. In fact, our Constitutional Court has outlined that the environmental limitations derived from numerals 33 and 34 of the Forestry Law—on which the plaintiffs allege that disproportionate or unreasonable restrictions are derived, emptying the content of their property right—are in accordance with the fundamental norm and do not, therefore, entail a de facto expropriation, as the plaintiffs affirm, by pointing out what is hereinafter stated: “II.- In relation to the supposed clash of constitutionality that the appellant points out between numerals 33 and 34 of the cited Law and constitutional Article 45, this Chamber considers the following. The limits that may be introduced by Law to the exercise of a public freedom or a fundamental right are referred to the right itself, as well as to the abstract position of the sphere of action of a subject, that is, limits to the exercise of a public freedom are nothing more than a limit to the exercise of a right, the foregoing because the recognition of a right by a constitutional norm does not mean exclusion of the possibility of regulation of its exercise by the legislator, since every right is born limited insofar as it is born within a system of social coexistence and its exercise must be harmonized with the rights of others and with the exigencies recognized in subsequent legislations that will specify its limits and the conditions of its exercise. On the contrary, limitations refer to the restriction or diminution of the juridical sphere of the subject, occurring because it is related to the very exercise of the public freedom and must, by nature, be contained within the constitutional text or the latter must authorize the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) to impose them. Thus, limitations entail a diminution of fundamental rights insofar as they restrict their effective exercise under certain conditions and in certain circumstances. In the case at bar, we find ourselves before a limitation imposed by law on the effective exercise of the right to property contained in Article 45. Because the limitation must be legitimized by the constitutional text itself or be based on an express constitutional authorization to the Legislative Assembly for its establishment, what is appropriate is to determine if the one imposed by Law 7575 is duly founded in the constitutional text. Article 45 of the Political Charter establishes in its second paragraph that: ‘For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by the vote of two-thirds of its entire membership, impose limitations of social interest on property.’ Thus, it is observed from the transcribed constitutional text that the norm itself establishes the possibility for the Legislative Assembly to introduce limitations of social interest on property, the content of the text of Articles 33 and 34 of Law 7575 now being challenged, being legitimized. III.- Having exhausted the issue of the legitimacy of the imposition, it remains to discuss the reasonableness of the limitation. This Chamber considers that the imposed limitation is reasonable since it does not imply an impossibility of enjoying the right of property, but rather delimits the scope thereof. That is, the limitation does not curtail the right of property that the appellant possesses in relation to the portion of land on which they may not build—since they will be able to enjoy it in the same manner—but simply orders them not to build within the limit contained by the restriction.”

On the other hand, the establishment of a ten-meter setback line is reasonable in relation to the public domain asset that is sought to be protected—a stream (quebrada)—and over which the State has a public interest in its conservation, considering the setback established in forestry legislation to be reasonable and sufficient. Therefore, the appeal becomes inadmissible and must be declared as such.” (See, among others, Resolution No. 08234-1997 of 6:15 p.m. on December 3, 1997, of the Constitutional Chamber). A position that is shared by this Chamber of Judges and which, for equal reasons, can be applied to the limitations provided in the General Water Law, given that they are even of lesser intensity upon property than those provided in the Forestry Law under discussion. Said Constitutional Chamber stating in later years that these limitations on property, which as reviewed are neither disproportionate nor unreasonable, are not compensable, because they are by virtue of the very social function of property, a function that, it was indicated, implies weighing the collective interest (right to the environment and water protection) over an individual interest (the possibility of building on the real property that the plaintiffs miss). Thus, in Resolution No. 4465-99 of 10:21 a.m. on June 11, 1999, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice established that: “Article 45 of the Political Constitution enshrines the right to property. In the first paragraph, it indicates its ‘inviolable’ nature and establishes the State's obligation to indemnify the owner previously, when it must extinguish it for reasons of ‘legally proven public interest.’ In the second paragraph, it establishes the possibility of establishing limitations of social interest on property, by means of a law approved by a qualified vote—vote of two-thirds of all members of the Legislative Assembly. So that the State's obligation to indemnify is constitutionally provided for solely and exclusively when it is a matter of expropriation and does not apply to limitations of social interest established by a law approved by a qualified vote. However, these limitations must affect the community in general and may not exceed the parameters of reasonableness or proportionality, nor empty the essential content of the right to property. A restriction on the right to property that empties the right of its essential content becomes a covert expropriation and, consequently, generates the obligation to indemnify. Limitations established for urban planning purposes integrate the right to property and, therefore, are not subject to compensation, unless they imply a reduction of the essential content of the right, as indicated supra.” (The highlighting does not correspond to the original). Therefore, in the case where it is alleged that a restriction or limitation on property empties its content or is disproportionate and unreasonable, as is reiterated, it must be proven by the one who alleges it, in this case the plaintiffs, there being no elements of conviction in that line, given that the fact that the Municipality of Puriscal has issued non-conforming certifications for the construction of a house (See Proven Facts No. 11, 14, and 15) only affects the right of transformation of the real property and to some extent, but with less intensity, the right to usufruct it, but not the all-encompassing exercise of the rights that make up the absolute ownership of the asset. Nor does the voiding of the property right in all its components find support in the fact that the Municipality, given the existence of the spring (naciente), has applied the institute of non-subjection to taxes, an aspect that may also be modified, as long as the conditions of said non-subjection are modified. Added to what has already been said is that, although the exact date on which the springs (nacientes) could have become visible to the plaintiffs or that these have naturally formed has not been a proven fact, the foregoing, given that the official letters issued by the Water Directorate of MINAE do not have the effect of constituting said springs (nacientes), but rather of declaring their existence, and Messrs. Padilla Pérez as third-party purchasers in 2003 (See Proven Facts No. 1 to 9), whether or not it was known to them about the nonexistence of the springs (nacientes) that are located circumadjacent to their properties, is not attributable to the State, but rather is within the negotiating sphere of the parties, and the information provided at that time by the seller owners to the buyers, advising of the existing conditions and limitations, as well as omitting assessment on the content of said contractual relationships, redhibitory defects, as well as the eventual application of numeral 35 of the Urban Planning Law. Which also does not exclude the possibility that the owners where the spring (naciente) resides, in prior coordination with the corresponding authorities, may opt for exploitation or enclosure solutions where another type of limitation on the real properties is established (See in this regard Article 12 of the Construction Regulation of the Municipality of Puriscal), which would also modify the condition of non-subjection to the payment of taxes before the respective municipal corporation. Aspects that cannot be attributed to the State and, therefore, the claimed patrimonial liability does not arise. Now, what derives from the argumentation and correlative compensatory claim by the plaintiffs is precisely, on one hand, that it sets aside the existence of other rights that surround the ownership (title) over an asset, which has already been addressed, and on the other hand, attempts to request compensation through expropriation, confusing, in turn, the scope of expropriation, and when it is that juridically a limitation, bound, or charge on property implies emptying the content of the property right, situations in which, yes, it must be compensated. Due to the foregoing, we consider making a distinction between both institutes.

i) Distinction between the institutes of the expropriation procedure and limitations. Given that the limitations on properties that are constitutionally viable and non-compensable have already been succinctly analyzed, we proceed to briefly describe the figure of expropriation. The Expropriation Law, in its first numeral, provides a series of guidelines on expropriation and its legal regime, indicating that: “This law regulates forced expropriation by reason of legally proven public interest. Expropriation is agreed upon in exercise of the Public Administration's power of imperium and comprises any form of deprivation of private property or legitimate proprietary rights or interests, whatever their holders may be, through the prior payment of compensation that represents the just price of that which is expropriated.” (The highlighting does not correspond to the original). It is reiterated that the Constitutional Chamber and the Costa Rican constitutional and legal framework are very clear that a series of limitations on property may be set by law as long as “the property does not suffer dismemberments that make the right disappear, as long as the natural use of the asset and its economic value in the market are maintained. Likewise, it is clarified that the limitations or restrictions on property are of a general nature, and have the virtue of endowing the individual with the necessary instruments to mitigate the effects of the harmful activity of their fellow beings. It should be noted that its purpose or objective is the rational use of property, thereby benefiting the neighbors or, in general, all of society, an obligation that finds its support (by way of justification) in the consideration that they are essential for coexistence in society, not being an expropriatory activity that requires prior compensation, under the terms required and provided in the first paragraph of Article 45 of the Political Constitution.” (See Resolution No. 2007-0006581 of 3:39 p.m. on May 15, 2007, already cited). From what has been transcribed, it can very briefly be inferred that expropriation “per se” entails a deprivation of private property, or of its ownership rights such as the use or enjoyment of the thing, which is precisely what we indicated above as an impassable framework for the imposition of a charge, bound, or limitation: not emptying the content of the property right, given that when the limitation is of such magnitude, either due to its content or the time (like the temporary affectation of property, which the Constitutional Chamber has indicated is a freeze that must be compensated, see Resolution No. 2007-005598 of 3:47 p.m. on April 25, 2007), it implies a greater burden and an imbalance between the rights and guarantees of citizens and the powers of the State (even if they are protected by a public interest, in fact, the existence of a public interest is assumed as a premise), therefore, one is in the case of an expropriatory act, deprivative of property, and consequently the duty to compensate arises. The plaintiffs' theory of the case confuses the first paragraph of constitutional numeral 45 with its second paragraph; the two have different regulations. The first paragraph regulates the complete deprivation of property or the rights held as the owner of an asset, where upon prior determination of a public interest that enables it, the asset is taken from an individual to transform it into another asset destined for the general public interest, and the second paragraph, where the social function of property is provided for, and the possibility of establishing limitations and burdens, whose validity or legitimacy results “when it is necessary to make possible ‘the validity of democratic and constitutional values’; such that, in addition to being useful, it must be necessary, reasonable, and timely, and must imply the existence of an imperative social need that sustains it, and therefore, exceptional; for which reason, they must be called to satisfy an imperative public interest. The reasonableness of the limitation translates into its adequacy to the end and the interest (value) that justifies it; and f.- The limitations are not compensable as long as they do not imply dismemberments that make the right disappear; which is provided only to face the loss of property (expropriation).” (See Resolution No. 2007-006581 previously cited). That deprivation of property, as the plaintiff party affirms, is not demonstrable in the case, so it is anticipated that it results in rejection both that an expropriation procedure must be carried out, as well as the payment of its just price. The error from which the plaintiffs' theory of the case starts is that, with the fact that an impossibility of cutting trees and building a house has been imposed, or the taxable base for the payment of taxes before the Municipality has been reduced, it results in a limitation that prevents them from making use and enjoyment of their property, emptying the content of their property, which, by the mere fact of the imposition of the environmental protection zone by law, does not generate that effect, as has been repeatedly indicated in this exposition; it must be proven that it is of such magnitude that it prevents their free use and enjoyment, which has not been demonstrated by the plaintiff party, having the burden of proof (Article 41.1 of the Civil Procedure Code, a civil norm applicable to the specific case by virtue of numeral 220 of the CPCA). As had been pointed out before, whoever alleges a claim must prove the constitutive elements of their right, bringing elements of conviction to the process, to demonstrate that their property has been emptied of its content, for which there is no evidence whatsoever in the expediente that allows accrediting the plaintiffs' statement. That is to say, an abnormal omissive functioning of the State in fulfilling the due process of expropriation cannot be identified, since, as indicated in previous lines, the environmental limitations that weigh on the plaintiffs' property derive from a constitutionally provided power (not only from the legality framework), and it does not demonstrate that it is emptying or dismembering the content of their right derived from their condition as owner, an aspect that should have been proven by the plaintiffs. In addition to what has been stated, it must be reiterated that the fact that there is no non-conforming use certificate for construction or the revaluation of properties for tax purposes (so as not to be subject to the taxes established by the legal order), does not per se generate damage that, under the terms of numeral 194 of the General Law of the Public Administration, must be compensated, an aspect that has been developed in cases similar to the plaintiffs by the Constitutional Chamber, pointing out on the matter that it must be proven by the party who alleges it in the corresponding ordinary venue, such as the administrative contentious jurisdiction, proof of damage which in the case was not demonstrated by the plaintiffs. Thus, the Constitutional Court indicated: “VI. On the precautionary principle in environmental law. Said guiding principle is based on the need to take and assume all measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or the health of people. Thus, it seeks to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since, if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable. (…) Regarding the municipal corporation, the petitioner questions the land-use change (cambio de uso de suelo) decreed by the respondent Municipality, as he considers that a right that had already been declared is being eliminated and alleges that it causes serious economic harm to the protected party. From the reports rendered by the respondent officials, and the analysis of the evidence in the record, this Chamber considers that the questioned actions are in accordance with law. Even though land-use permits for a single-family home on the protected party's properties were initially granted, once news was received of the possible existence of a spring (naciente) in that area, Resolution of Location of Protection Zones No. 595 of 12:10 p.m. on December 13, 2016, was issued, decreeing the protection radius of the spring (naciente). That is, the Municipality, making use of its powers of imperium, applied the precautionary principle and prioritized environmental protection; which, although it clearly affects the protected party's properties, is appropriate, as indicated in recital (considerando) VI. Thus, and given that what matters in environmental law is that the State truly assumes a policy of protection and effective guarantee of the exercise of those rights, both on a merely legal level and on the technical-operational level, the appropriate action is to dismiss the appeal as to this point; and if the petitioner maintains any disagreement with what was ordered, he must demonstrate the alleged damage in the administrative venue or in the common jurisdiction, as verification of compliance with technical parameters is a matter of ordinary legality.” (Constitutional Chamber, Resolution No. 06565-2017 of 9:45 a.m. on June 23, 2017). The foregoing in conclusion motivates this Chamber of Judges to reject, for lack of merit, both claim numbered as 43.1, and claims 43.2 and 43.3 contained in the complaint, with respect to the existence of a voiding of the fundamental right to property of the plaintiffs. -

ii) On the non-existence of administrative liability for Legislator State. Another of the grounds that the plaintiffs outline in the libel of the complaint is that the State is patrimonially liable, transcribing numerals 9 and 41 of the Political Constitution, and 190, 191, and 194 of the General Law of the Public Administration. However, that foundation starts from two premises: the first is that, with the legally established environmental limitations, their property right is emptied, which could not be proven as indicated in the previous section, and the second that we are in the presence of a de facto expropriation. In fact, it can be inferred that eventually it seeks to equate the just price, that is, the amount the Administration pays as a product of an expropriation with the compensation provided in the General Law of the Public Administration, which is inaccurate. Preliminarily, the thesis of the plaintiffs is shared that, in accordance with the jurisprudence issued by the First Chamber of Justice previously cited, it has been established that, in Costa Rica, from Article 41 of the Political Constitution, in relation to constitutional numerals 9, 11, and 33, there exists a preeminently objective liability regime of the State, where the entire system is shifted in favor of the person (administrated), who no longer must prove subjective elements of the public official to achieve compensation for a public conduct that caused them harm, such that now the burden of proof is on the Administration, which must discharge itself on the facts imputed to it, thus, “As long as an injury has been suffered as a consequence of a public conduct, whether active or omissive, which they do not have the duty to bear, the duty of redress is imposed, by virtue of the principle of integral reparation of damage that derives from numeral 41 of the Political Constitution.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, Resolutions No. 138 of 3:05 p.m. on August 23; No. 192 of 2:15 p.m. on November 6, both of 1991; No. 48 of 2:10 p.m. on May 29, 1996, and No. 55 of 2:30 p.m. on July 4, 1997). However, the application of the constitutional principle of integral reparation of damage is not unrestricted and unlimited, nor does it apply automatically to all hypotheses in which an administrated suffers an injury. It is required to demonstrate on one hand the existence of a patrimonial loss or extrapatrimonial injury, and a causal nexus between the alleged damage and the conduct (omissive or active) of the Administration. In this regard, it has been indicated about the causal nexus that: “Having established in this case the abnormality and illegality of the omissive behavior, it remains to be established whether that indolence was or was not the cause of the claimed injury, (…). The foregoing because the production of damage is not enough for the duty to compensate to arise; it is also required that that effect has been generated by a positive or omissive conduct of the State. More simply, to impute liability to the Administration, damage, an administrative activity or inactivity, and a causal nexus between the two are required. Once that relational link is demonstrated, the duty of integral reparation that derives from numeral 41 of the Political Constitution immediately arises. In relation, it should be noted that, in the production of damage, generally a series of facts and factors that to varying degrees have caused it converge. Among them, it is imperative to establish which directly or indirectly have been the adequate and efficient cause of the originating harm. On the proximate, adequate, and efficient cause, the judgment of this Chamber No. 252-F-01 of 4:15 p.m. on March 28, 2001, may be consulted. In that confluence of factual or juridical elements surrounding the harmful situation, there will be a need to establish the apt action or omission that caused the consequence; displacing those that have had no influence on the result (strange causes), from those that, had they not taken place, would have avoided the loss.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, Resolution No. 0074-F-2007 of 10:15 a.m. on February 2, 2007). But as we saw, in the first place, in this case the limitation that affects the plaintiffs' properties does not have expropriatory effects, so a breach of any legal obligation cannot be derived, breaking the causality nexus between the omissive conduct complained of and the damages caused. In the second place, the administrative liability eventually, having determined a situation that emptied their right of its content, which it is reiterated does not occur in practice, would not have an indemnifying effect for liability, but rather the effects of expropriation are different. In reality: “The expropriatory activity is aimed at depriving a particular subject totally or partially of a right or legitimate interest, through the corresponding compensation or payment of the just price, for the satisfaction of public needs. It goes without saying that a singular sacrifice is imposed on the expropriated party, treatment that the rest of the subjects do not receive. (…) It is important to note that GIANNINI has called ‘real ablative measures’ those adopted by the public power that seek the achievement of the general public interest. Among the referred measures are cited expropriation, easements (servidumbres), forced sales and exchanges, and those typical of urban planning law, such as imposing on a subject the obligation not to build on their real property, as long as it has been introduced into the cultural heritage. For its part, the liability of the administration supposes that the public entity is obligated to compensate individuals, as restorative reparation—no longer as just price—for the damage caused by its normal, abnormal, legitimate, or illegitimate functioning. Compensation is a mechanism created by law to compensate the subject for the damage inflicted upon them by a particular administrative action or omission. Now, it must be kept in mind that the damage produced by extracontractual administrative liability is not always concretized in a social benefit for the community, as happens with expropriation agreed upon for reasons of public interest.” (Rojas Morales (Iris Rocío). Derecho Urbanístico Costarricense. San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2010, pp. 461 and 462). Therefore, both figures cannot be equated; the just price, as its name indicates, is the payment received, it is the economic restitution value for the dispossession of the asset carried out by the Administration to be transformed or destined for a public purpose, in other words, it is the payment for the acquisition made, for which reason said amount must be reasonable and proportionate, it must be equivalent, reasonable, and proportionate to allow the natural or legal person to be able to recover or compensate for the integral value of the expropriated property. Thus, both terms, liability and expropriation, compensation and just price, are not equivalent or synonyms, as is erroneously derived from the arguments in the complaint, and consequently this argument must also be rejected. It is not superfluous to point out that the plaintiffs did not outline a claim aimed at determining the preeminently objective liability of the State, but rather linked it to expropriation and their compensatory right; having established in the previous point that the expropriation procedure does not apply in this case, it does not generate the right to any payment (payment of the just price), and this cannot be confused with objective liability; claims 43.2 and 43.3 are rejected in all their extremes, and consequently, also claim 43.1. Not without mentioning that, in establishing the conditions under which preeminently objective liability for lawful conduct applies, the plaintiffs confuse the premises contained in numeral 194 of the General Law of the Public Administration to configure liability for lawful conduct such as that which the plaintiffs are alleging. Particularly, they are unable to prove special damage or that they are a small proportion of affected parties; in fact, given that the assessment that the small proportion of affected parties by the restrictions derived from the Forestry Law and Water Law is only for Messrs. Padilla Pérez is inaccurate. Let us see, numeral 194 cited supra states: “Article 194.- 1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal functioning when the same cause damage to the rights of the administrated in a special way, by the small proportion of affected parties or by the exceptional intensity of the injury. 2. In this case, the compensation shall cover the value of the damages at the time of their payment, but not the loss of profit. 3. The State shall be liable for damages caused directly by a law, which are special in accordance with this article.” Thus, the two fundamental premises for determining the existence of objective liability for Legislator State are when there is special damage, which occurs when there is “a small proportion of affected parties” or “by the intensity of the injury.” Regarding the intensity of the injury, it would be equivalent to the limitations having the effect of dismembering the rights derived from the absolute ownership of the real properties, which has already been delved into throughout the present exposition as not concurring in the case at hand, leaving for analysis the “small proportion of affected parties.” To identify the scope of the premise, reference is made to the discussion in Congress by Mr. Eduardo Ortiz Ortiz, one of the jurists who drafted the Project of what is today the General Law of the Public Administration. Thus, the referenced treatise writer noted that: “The expression (…) speaking only of proportion, has the advantage that this concept of special damage is given its full content of discriminatory damage. That is the idea because it is not a general type of damage that all of society must suffer, but rather it is damage suffered by a few.” (Legislative File No. A23E5452, Session Record No. 104, folios 393 to 404, extracted from QUIRÓS CORONADO (Roberto). Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional. San José, Costa Rica. Editorial, ASELEX S.A., 1996, page 297). Two concepts are highlighted from what is transcribed: that it corresponds to discriminatory damage, such that it implies that under equal conditions it does not produce the same effects for all persons, and second, that it is not a general damage, but rather only affects the sphere of a few persons, which is exceptional, since it is presumed that all regulations have an effect on the juridical situations of persons, but the compensatory right does not arise for all of them for this reason, because it would imply curtailing the legislative powers derived from the very basis of the Constitution. Thus, Ortiz Ortiz affirmed: “All social regulations in some way cause some damage to a group. For example, a traffic regulation would eventually harm a person who had parking in front of their business. Now, they have to waste a lot of time looking for it. But obviously that damage is not compensable; in essence, the compensable damage in these hypotheses must be qualified very especially because not all damage is compensable, but only that which bears certain characteristics (…).” (Legislative File No. A23E5452, Session Record No. 104, folios 393 to 404, extracted from QUIRÓS CORONADO (Roberto). Óp. Cit, 297). From what has been transcribed, it cannot be inferred that we are facing limitations that are discriminatory, because they apply to each and every one of the persons who are within the action radius of a permanent or intermittent spring (naciente) (protection zone), that is, the scope of application of the premises contained in the environmental regulation has a general character and not only for the case of the plaintiffs, as they argue in their complaint, when they indicate that: “In the third place, we have that the action of the State generates special and abnormal damage to my Clients. On one hand, the damage is special insofar as it patrimonially affects a small but determinable group of persons: the plaintiffs in this proceeding.” The foregoing, because it was indicated that they affect the juridical situations of each and every one of the persons who hold property within the action range of a spring (naciente), and not only the plaintiffs. This results in it also not being discriminatory, because the conditions in which it applies are for those persons who have real property that is within the protection zone of a spring (naciente) (permanent or intermittent). In other words, it would be discriminatory damage if it excluded persons who are in the same condition (within the action radius of the water body's protection zone), which does not occur in the case at hand.

Although from the photographs provided by the plaintiffs, specifically from the official land-use certificates issued by the Municipality of Puriscal, it is noted that around the quadrant where the properties of the Messrs. Padilla Pérez are located, and within the radius of the protection zone that is drawn by the Municipal Corporation, other properties that have constructed buildings are observed, this does not entail the existence of discriminatory harm, but rather, each specific case would have to be analyzed regarding the conditions and assumptions under which the land-use certificate and the construction license were granted by the Local Government, which does not preclude the exercise of the environmental police powers held by the Municipalities, in order to determine their lawfulness or unlawfulness. That said, in this case the effects of the norms under comment (Ley Forestal and Ley de Aguas) have general effects for each and every person who meets the criteria defined in the norm and, therefore, given this situation, the element of “small proportion of affected parties” cannot be configured in this instance either. In fact, it must be considered that the objective of these measures is aligned with the constitutional framework regarding environmental protection as a fundamental right that has been recognized by the Sala Constitucional in various pronouncements, for example in resolution No. 6949 of 12:55 p.m. on May 27, 2011, by stating that: “Based on the provisions of articles 21, 50 and 89 of the Constitución Política, this Constitutional Court has broadly recognized the duty incumbent upon the State to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, whereby the State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources. It is by virtue of said provisions that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter arises, a function developed by the environmental infra-constitutional regulations.” Moreover, with regard to a strategic resource such as water, “derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); in addition, it is enunciated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988).” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolution No. 2004-12263 of 2:49 p.m. on October 29, 2004). Therefore, as was indicated in preceding lines, this Chamber of Judges shares the stance of the Constitutional Court of weighing in favor of the environment, and the precautionary principle in favor of ensuring water for present and future generations, from which it follows that the environmental limitations imposed by the Legislator do not produce special damages in the terms contemplated in numeral 196 of the Ley General de la Administración, nor was this proven by the plaintiffs, when the burden of proof to determine both the existence of the damage and the requirements regulated in precept 196 under comment rested upon the plaintiffs. Without diminishing that, as was indicated, the adequate causal link was not proven either, insofar as the premise for its emergence, which is the fact that the limitations emptied the property right of the plaintiffs, was not accredited in this instance. In this regard, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia in Resolution No. 112-1992 of 2:15 p.m. on July 15, 1992 (a position that has been reiterated to date), outlined that: “The damage constitutes one of the prerequisites of tort liability, as the duty to compensate is only configured if a harmful unlawful act has occurred that injures a legally relevant interest, susceptible to being protected by the legal system. Damage, in the legal sense, constitutes any impairment, loss, or detriment to the patrimonial or extra-patrimonial legal sphere of the person (injured party), which causes the deprivation of a legal right, regarding which its conservation was objectively expectable had the harmful event not occurred. Under this approach, there is no civil liability if no damage occurs, just as there is no damage if there is no injured party. On the other hand, only damage that is proven (reality or existence) is compensable, this being a question of fact reserved to the prudent discretion of the judge. In sum, the damage constitutes the harmful breach for the victim, resulting from comparing the situation prior to the unlawful act with that subsequent to it. (...)" (The highlighting is our own). Hence, it can be deduced that, without the existence of a liability that can be imputed to the State, a right to compensation cannot be derived. And as is correctly extracted from the referenced judicial resolution, and from the case law that has been developed throughout this exposition, if an adequate causality is not demonstrated, a right to be recognized damages cannot be derived, which would be the payment of the total value of “the areas of properties 1-542449-000 rights 001, 002 and 003; 1-542450-000 rights 001, 002 and 003 and 1-542451-000 rights 001, 002 and 003, which are affected by the protection area of the unnamed permanent spring (naciente permanente), with reference number ID 4224-2022, located at Lambert north coordinates: initial latitude 203,619 initial longitude 501,995 final latitude: 203,619 final longitude: 501,995, CRTM05: initial latitude: 1,089,016 initial longitude: 465,652 final latitude: 1,089,016 final longitude: 465,652. Which is likewise referred to under the georeferencing CRTM05 East 465652 North 1089016. Additionally, that farm 1-542449-000 is doubly affected, insofar as it is also located within the protection area of an unnamed intermittent spring (naciente intermitente), located at CRTM05 coordinates: East: 465592 North: 1088960”. Therefore, their claim for payment of any compensation for the limitations imposed by virtue of the legal regulations whose purpose is the protection of water resources (environmental precautionary principle) is also not granted, nor is the claim to compel the State to, within two months, initiate the administrative expropriation proceedings for farms registered under real folio numbers 542449, rights 001, 002 and 003; No. 542450, rights 001, 002 and 003 and No. 542451, all of the Partido de San José. Consequently, with respect to these two claims (43.2 and 43.3) and the first claim, being generic: “Declare this lawsuit granted in all its aspects, in the terms set forth in the entirety of this writ (facts, basis, evidence, and claims)”, the lack of right (falta de derecho) defense interposed by the respondent State is granted, and the lawsuit filed by Messrs. Manuel, Elena Rocío and José Carlos, all with the surnames Padilla Pérez, is rejected in all its aspects. Without prejudice to the foregoing, the Court clarifies that the reasoning indicated is as per the case file and in light of the factual framework that has been assessed in this judgment. Thereby, what has been resolved does not precondition or limit in any way the parties from managing before competent authorities such as SENARA and the Dirección de Agua of MINAE the specific scope regarding the management, determination, and modification of the restrictions recognized in this judgment, this in the exercise of the powers that said bodies possess within the framework of their competencies, as well as the initiative that the co-owners may conceive in this regard.-

VII. ON THE INTERPOSED DEFENSES: The representation of the State, in the reply to the lawsuit, interposed the exceptions of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho). Thus, due to the manner in which this matter has been resolved, in that this Collegiate Chamber, after the analysis conducted of the case file and the evidence that was offered by the parties and admitted at the appropriate procedural moment, rejects all claims, consequently leading to declaring the lawsuit filed by Messrs. MANUEL PADILLA PÉREZ, ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ AND JOSÉ CARLOS PADILLA PÉREZ without merit, based on the arguments of fact and law developed in this resolution, and therefore, the exception of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) is rejected, given that the party against whom the compensation and expropriation claims were formulated has been called to the process, and the lack of right (falta de derecho) is granted, as it was not possible to determine that the State has caused the damage alleged by the plaintiffs arising from a liability of a preeminently objective nature attributable to a lawful act due to the legal regulations contained in numerals 33 and 34 of the Ley Forestal and 194 of the Ley de Aguas, which establish environmental limitations for properties located near bodies of water (permanent and intermittent springs (nacientes)), based on what was argued in the ruling in question. -

VIII. ON PROCEDURAL AND PERSONAL COSTS: Regarding the costs of this process, in accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of being so. The waiver of this condemnation is only viable when there was, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate or, when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this instance, this Chamber considers that, by virtue of having granted the substantive exception of lack of right (falta de derecho) interposed by the respondent State, and there being no evidence in the case file that allows waiving the payment thereof by the losing party (who in this case would be the plaintiffs), under the terms regulated by the cited current legal provisions, the condemnation of costs (procedural and personal) is proper, plus legal interest from the finality of this resolution until its effective payment, which amounts shall be settled in the judgment execution phase. -

POR TANTO

Based on the grounds of fact and law set forth, the lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) is rejected and the lack of right (falta de derecho) interposed by the representation of the State is granted, and consequently, THE LAWSUIT FILED BY MESSRS. MANUEL PADILLA PÉREZ; ELENA ROCÍO PADILLA PÉREZ, and JOSÉ CARLOS PADILLA PÉREZ AGAINST THE STATE IS DECLARED WITHOUT MERIT. It is resolved with condemnation of both costs to be borne by the plaintiffs, plus the corresponding legal interest from the finality of this resolution until its effective payment, which amounts shall be settled in the judgment execution phase. Let it be notified. -

Cinthya Morales Herra

Claudia Bolaños Salazar    Carlos José Mejías Rodríguez

 


*3VWAXKPQMX461*
3VWAXKPQMX461
CINTHYA MARIA MORALES HERRA - JUEZ/A DECISOR/A

 

 




*TXLB30EI7HO61*
TXLB30EI7HO61
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

 




*MXPFMYF5DRO61*
MXPFMYF5DRO61
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-001801-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

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