Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)V. Atendidos los argumentos dados por las partes, tanto por escrito como de manera oral en la segunda audiencia preliminar, lo planteado, es la suspensión del presente proceso, es decir, del más antiguo, mientras se resuelve el de lesividad, que es posterior. Ahora bien, analizadas las pretensiones de ambos procesos, siendo que si bien es cierto, existe conexidad entre ambos, concurren los mismos sujetos, el objeto y la causa, no siendo posible su acumulación en razón de la naturaleza de ambos, tampoco es posible la continuidad de ambos procesos, siendo que se correría el riesgo de obtener sentencias contradictorias, y además lo planteado en el proceso de lesividad necesariamente infiere en el proceso actual, y el interés de ambas partes es que se resuelva primero el proceso más nuevo de lesividad. Siendo así las cosas, considera la suscrita que en razón del principio constitucional de "non bis in idem" establecido en el artículo 42, ante la prohibición que impide el doble pronunciamiento frente a una misma situación, que responde a su vez al principio de seguridad jurídica, en el caso concreto, impera la necesidad de evitar fallos contradictorios o con resultados antijurídicos o injustos, corresponde decretar la suspensión peticionada por las partes, se ordena el archivo del presente proceso hasta tanto las partes no comuniquen lo correspondiente al proceso de lesividad planteado con posterioridad al actual.
English (translation)V. Having considered the arguments of the parties, both in writing and orally at the second preliminary hearing, the matter raised is the stay of the present proceeding—the older one—while the lesividad action, which is later, is resolved. Now, having analyzed the claims in both proceedings, although it is true there is a connection between them, the same parties, subject matter, and cause of action coincide, their joinder is not possible due to the nature of both, nor is it possible for both proceedings to continue, since there would be a risk of contradictory judgments; moreover, what is decided in the lesividad action necessarily affects the current proceeding, and both parties are interested in having the newer lesividad action resolved first. This being the case, the undersigned considers that by reason of the constitutional principle of "non bis in idem" set forth in Article 42, given the prohibition against a double ruling on the same situation, which in turn responds to the principle of legal certainty, in the specific case, the need to avoid contradictory rulings or results that are unlawful or unjust prevails; it is therefore appropriate to grant the stay requested by the parties, and the present proceeding is ordered archived until the parties report on the lesividad action filed after this one.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 04086 - 2024 Fecha de la Resolución: 26 de Junio del 2024 a las 14:44 Expediente: 21-002148-1027-CA Redactado por: Manuela Guillen Salazar Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 21-002148-1027-CA - 0 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: KAREN GONZALEZ MAYORGA DEMANDADO/A: INSTITUTO DE DESASRROLLO RURAL N° 2024004086 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del ventiseis de Junio del dos mil venticuatro.- Proceso CONOCIMIENTO establecido por KAREN GONZALEZ MAYORGA contra INSTITUTO DE DESASRROLLO RURAL, se conoce defensa previa de litispendencia y solicitud de suspensión del proceso de conocimiento. CONSIDERANDO I. En escrito con fecha 7 de marzo de 2024, la representación del Instituto de Desarrollo Rural plantea solicitud de suspensión del proceso y litispendencia con respecto al expediente No. 23-003221-1027-CA, que es un proceso de lesividad interpuesto por el Instituto de Desarrollo Rural contra Karen González Mayorga y otros, en razón que lo que se resuelva en ese proceso afectaría directamente el objeto del presente proceso (i. 655). II. Al darse audiencia a la parte actora de lo anterior, la misma no se opone a la defensa previa planteada y manifiesta que comparte el criterio de suspender el proceso (audiencia preliminar). III. El presente proceso es planteado por Karen González Mayorga contra el Instituto de Desarrollo Rural con la siguiente pretensión: "Solicito que en sentencia se declare con lugar la presente demanda, se ordene al Instituto de Desarrollo Rural anular la resolución de las diez horas quince minutos del cuatro de Diciembre del 2007 dentro del expediente administrativo número B-002-2007 y que son diligencias de Revocatoria de Adjudicación y Nulidad de Título del derecho 002 sobre finca del Partido de Puntarenas Folio Real Matricula número 82628 toda vez que en dicho procedimiento no se buscó la verdad real de los hechos pues los argumentos en que se funda dicho procedimiento son totalmente falsos. Se ordene al INDER que una vez anulada la resolución de las diez horas quince minutos del cuatro de Diciembre del 2007 dentro del expediente administrativo número B-002-2007 y que son diligencias de Revocatoria de Adjudicación y Nulidad de Título del derecho 002 sobre finca del Partido de Puntarenas Folio Real Matricula número 82628 proceda a solicitar al Registro Nacional revertir el derecho 002 y que el mismo vuelva inscribirse a nombre de la suscrita o de sus hijos Rudy Mariano Alpizar González cédula de identidad número 6-359-633 y Grinsley Osan Alpizar González cédula de identidad número 6-368-806 quienes siempre se han mantenido en el inmueble desarrollando en el actividades agricolas y pecuarias" (así fijadas en primera audiencia preliminar). IV. El 12 de junio de 2023, el Instituto de Desarrollo Rural interpone proceso de lesividad contra Oscar Mariano Alpízar Vega, Karen González Mayorga y Rudy Mariano Alpízar González con las siguientes pretensiones: "1. Que se tenga por interpuesta y se acoja la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivo a los intereses públicos, se declare absolutamente nulo el artículo V, sesión 50-93, celebrada el 5 de julio de 1993 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que respecta a la adjudicación del predio P-40 del asentamiento Osa, por haber acordado "autoriza adjudicar, segregar y traspasar una parcela del asentamiento Osa Forestal" en lo que respecta al predio P-40 del asentamiento Osa, a los señores Oscar Mariano Alpizar Vega, cédula de identidad 5-0171-0838 y Karen González Mayorga, cédula de identidad número 6-0197-0806, a pesar de que esos terrenos desde 1978 se encontraban en parte dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce, además de que en el momento en que el Instituto gestionó la asignación del predio, el terreno se encontraba cubierto de bosque, teniendo entonces aptitud forestal y por lo tanto, todas sus áreas conforman Patrimonio Natural del Estado, puesto que ese Acuerdo de Junta Directiva constituye una desafectación de terrenos de bosque afectados por la Refugio Forestal Golfo Dulce y el Patrimonio Natural del Estado, y por lo tanto es un acto administrativo discontorme con el Ordenamiento Jurídico. 3. Que se anule la escritura pública número quince, otorgada ante los notarios Blanca Iris Navarro Miranda y Federico Villalobos Chacón, a las ocho horas del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y tres, que formalizó la segregación y traspaso del predio P-40 del Asentamiento Osa, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los senores Oscar Mariano Alpizar Vega y Karen Gonzalez Mayorga. Terreno descrito en el plano catastrado número P-115944-1993, con matrícula de folio real 82628-001-002. 4. Que por conexidad, se anule la escritura pública número doscientos treinta y nueve, otorgada ante el notario Mario Villegas García, a las doce horas dieciséis minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veinte, que constituyó el derecho 003, en razón del usufructo del derecho 001 del predio matricula del partido de Puntarenas 82628, a favor de Rudy Mariano Alpizar González. 5. Que se anule el asiento registral matricula del partido de Puntarenas 82628-001-003, emitido por el Registro Nacional. 6. Que se ordene a las partes demandadas a hacer entrega material inmediata del predio P-40 del Asentamiento Campesino Osa, plano P-115944-1993, y poner en posesión del bien objeto del proceso al Ministerio Ambiente y Energia por medio de la Oficina Regional del Área Conservación Osa. 7. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción de los inmuebles inscritos bajo sistema de Folio Real matricula número 82628-001-003. 8. Que se traslade registralmente al Ministerio de Ambiente y Energía, el predio P-40 del Asentamiento Campesino Osa, plano P-115944-1993, del Asentamiento Osa. 9. Que de oponerse la parte demandada al presente proceso de lesividad se condene a la parte demandada en el presente proceso al pago de ambas costas y sus intereses e indexación hasta el efectivo pago, montos que se liquidaran en ejecución de sentencia. 10. Que se integre al Estado y al Minae (Sinac) como terceros interesados en este proceso" (ver escrito de demanda de lesividad expediente 23-003221-1027-CA). V. La doctrina procesalista ha desarrollado una serie de institutos, cuyo fin es paliar, en aras de la seguridad jurídica, uno de los peligros derivados de la pluralidad o multiplicidad de pretensiones, como lo es el dictado de pronunciamientos contradictorios. En evidente persecución del interés público, el legislador ha desarrollado estas figuras que buscan evitar a toda costa la anarquía y que se torne nugatorio el acceso a la justicia, cuando ante una misma situación jurídica, una o varias personas obtienen fallos distintos. Entre estos institutos, y a la luz de la actual normativa procesal contencioso administrativa, se pueden citar la cosa juzgada, la litispendencia, la acumulación y el proceso unificado. Estas figuras, paralelamente a la consabida seguridad jurídica, poseen otras finalidades, como son la economía, la celeridad y la igualdad procesal, entre otras. Concretamente la litispendencia se produce cuando existen, en trámite, dos o más procesos en los que concurren identidad de sujetos, objeto y causa, se establece como consecuencia el archivo del proceso más nuevo. Atendidos los argumentos dados por las partes, tanto por escrito como de manera oral en la segunda audiencia preliminar, lo planteado, es la suspensión del presente proceso, es decir, del más antiguo, mientras se resuelve el de lesividad, que es posterior. Ahora bien, analizadas las pretensiones de ambos procesos, siendo que si bien es cierto, existe conexidad entre ambos, concurren los mismos sujetos, el objeto y la causa, no siendo posible su acumulación en razón de la naturaleza de ambos, tampoco es posible la continuidad de ambos procesos, siendo que se correría el riesgo de obtener sentencias contradictorias, y además lo planteado en el proceso de lesividad necesariamente infiere en el proceso actual, y el interés de ambas partes es que se resuelva primero el proceso más nuevo de lesividad. Siendo así las cosas, considera la suscrita que en razón del principio constitucional de "non bis in idem" establecido en el artículo 42, ante la prohibición que impide el doble pronunciamiento frente a una misma situación, que responde a su vez al principio de seguridad jurídica, en el caso concreto, impera la necesidad de evitar fallos contradictorios o con resultados antijurídicos o injustos, corresponde decretar la suspensión peticionada por las partes, se ordena el archivo del presente proceso hasta tanto las partes no comuniquen lo correspondiente al proceso de lesividad planteado con posterioridad al actual. POR TANTO Se declara con lugar la defensa previa de litispendencia opuesta por la representación del Instituto de Desarrollo Rural. Se declara la suspensión del presente proceso y su archivo hasta tanto las partes informen la reanudación del mismo, si es lo que corresponde conforme a derecho. Notifíquese. Manuela Guillén Salazar, Jueza. - Código Verificador - 4SLTEPOUCYM61 Documento firmado por: MANUELA GUILLEN SALAZAR, JUEZ/A TRAMITADOR/A EXP: 21-002148-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:49:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Contentious-Administrative Tribunal Resolution No. 04086 - 2024 Date of Resolution: June 26, 2024 at 2:44 p.m. Case File: 21-002148-1027-CA Drafted by: Manuela Guillen Salazar Type of Matter: Proceeding of Knowledge (Proceso de conocimiento) Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER Text of the Resolution CASE FILE: \t 21-002148-1027-CA - 0 PROCEEDING: \t CONOCIMIENTO PLAINTIFF: \t KAREN GONZALEZ MAYORGA DEFENDANT: \t RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE (INSTITUTO DE DESASRROLLO RURAL) No. 2024004086 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at two forty-four in the afternoon of June twenty-sixth, two thousand twenty-four.- Proceeding of Knowledge (Conocimiento) initiated by KAREN GONZALEZ MAYORGA against RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE, the preliminary defense of lis pendens (litispendencia) and the request for suspension of the proceeding of knowledge are being considered. CONSIDERING I. In a filing dated March 7, 2024, the representative of the Rural Development Institute raises a request for suspension of the proceeding and lis pendens with respect to case file No. 23-003221-1027-CA, which is a proceeding for declaration of injuriousness (proceso de lesividad) filed by the Rural Development Institute against Karen González Mayorga and others, on the grounds that what is decided in that proceeding would directly affect the subject matter of the present proceeding (p. 655). II. Upon granting the plaintiff an opportunity to be heard on the foregoing, she does not oppose the preliminary defense raised and states that she shares the opinion of suspending the proceeding (preliminary hearing). III. The present proceeding is initiated by Karen González Mayorga against the Rural Development Institute with the following claim: "I request that the judgment declare the present claim admissible, order the Rural Development Institute to annul the resolution of ten fifteen in the morning on December fourth, 2007, within administrative file number B-002-2007, which are procedures for Revocation of Adjudication and Nullity of Title of right 002 over property of the Puntarenas Registry Real Folio Registration number 82628, given that in said procedure the material truth of the facts was not sought, as the arguments on which said procedure is based are completely false. Order the INDER to, once the resolution of ten fifteen in the morning on December fourth, 2007, within administrative file number B-002-2007, which are procedures for Revocation of Adjudication and Nullity of Title of right 002 over property of the Puntarenas Registry Real Folio Registration number 82628, has been annulled, proceed to request the National Registry to revert right 002 and have it once again registered in the name of the undersigned or her children Rudy Mariano Alpizar González, identification number 6-359-633, and Grinsley Osan Alpizar González, identification number 6-368-806, who have always remained on the property engaged in agricultural and livestock activities" (as established in the first preliminary hearing). IV. On June 12, 2023, the Rural Development Institute files a proceeding of injuriousness (proceso de lesividad) against Oscar Mariano Alpízar Vega, Karen González Mayorga, and Rudy Mariano Alpízar González with the following claims: "1. That this claim be accepted and upheld. 2. That, as it is injurious to public interests, Article V, session 50-93, held on July 5, 1993, of the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), be declared absolutely null, solely with respect to the adjudication of parcel P-40 of the Osa settlement, for having agreed 'authorizes the adjudication, segregation, and transfer of a parcel of the Osa Forestal settlement' with respect to parcel P-40 of the Osa settlement, to Mr. Oscar Mariano Alpizar Vega, identification number 5-0171-0838, and Mrs. Karen González Mayorga, identification number 6-0197-0806, despite the fact that since 1978 these lands were partially within the Protected Wildland Area called Golfo Dulce, and furthermore, at the time the Institute managed the assignment of the parcel, the land was covered with forest, thus having forest aptitude and therefore all its areas form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since this Board of Directors Agreement constitutes a declassification (desafectación) of forest lands affected by the Golfo Dulce Forest Reserve and the Natural Heritage of the State, and therefore it is an administrative act contrary to the legal system. 3. That public deed number fifteen, executed before notaries Blanca Iris Navarro Miranda and Federico Villalobos Chacón, at eight o'clock in the morning on the seventeenth of July, nineteen ninety-three, which formalized the segregation and transfer of parcel P-40 of the Osa Settlement, be annulled, solely regarding the titling of a property in favor of Mr. Oscar Mariano Alpizar Vega and Mrs. Karen Gonzalez Mayorga. Land described in cadastral plan number P-115944-1993, with real folio registration 82628-001-002. 4. That, due to connectedness (conexidad), public deed number two hundred thirty-nine, executed before notary Mario Villegas García, at twelve sixteen in the afternoon on the twenty-ninth of September, two thousand twenty, which constituted right 003, by reason of the usufruct of right 001 of the parcel registration in the Puntarenas registry 82628, in favor of Rudy Mariano Alpizar González, be annulled. 5. That the registry entry, registration number of the Puntarenas registry 82628-001-003, issued by the National Registry, be annulled. 6. That the defendants be ordered to immediately and materially surrender parcel P-40 of the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa), plan P-115944-1993, and to place the Ministry of Environment and Energy (Ministerio Ambiente y Energía) in possession of the asset subject to the proceeding, through the Regional Office of the Osa Conservation Area. 7. Due to connectedness, that any registration deriving from the registration of the properties registered under Real Folio system registration number 82628-001-003 be annulled. 8. That parcel P-40 of the Osa Peasant Settlement, plan P-115944-1993, of the Osa Settlement, be transferred registrally to the Ministry of Environment and Energy. 9. That if the defendant party opposes this proceeding for declaration of injuriousness, the defendant party in this proceeding be ordered to pay both costs and their interest and indexation until actual payment, amounts to be liquidated in the execution of the judgment. 10. That the State and Minae (Sinac) be included as interested third parties in this proceeding" (see complaint for declaration of injuriousness in case file 23-003221-1027-CA). V. Procedural doctrine has developed a series of institutes (institutos) whose purpose is to mitigate, for the sake of legal certainty, one of the dangers derived from the plurality or multiplicity of claims, which is the issuance of contradictory rulings. In obvious pursuit of the public interest, the legislator has developed these concepts that seek to avoid anarchy at all costs and prevent access to justice from becoming nugatory when, faced with the same legal situation, one or more persons obtain different judgments. Among these institutes, and in light of the current contentious-administrative procedural regulations, one can cite res judicata (cosa juzgada), lis pendens, joinder (acumulación), and the unified proceeding (proceso unificado). These concepts, parallel to the well-known legal certainty, serve other purposes, such as economy, speed, and procedural equality, among others. Specifically, lis pendens occurs when two or more proceedings are pending in which there is a concurrence of identity of subjects, object, and cause, and the consequence established is the archiving of the newer proceeding. Having considered the arguments presented by the parties, both in writing and orally at the second preliminary hearing, what has been raised is the suspension of the present proceeding, that is, the older one, while the proceeding for declaration of injuriousness, which is subsequent, is decided. Now, analyzing the claims of both proceedings, although it is true that a connectedness exists between them, the same subjects, object, and cause are present, and their joinder is not possible due to the nature of both, the continuation of both proceedings is also not possible, as there would be a risk of obtaining contradictory sentences, and furthermore, what is raised in the proceeding for declaration of injuriousness necessarily has an impact on the current proceeding, and the interest of both parties is that the newer proceeding for declaration of injuriousness be resolved first. This being the case, the undersigned considers that, by reason of the constitutional principle of "non bis in idem" established in Article 42, given the prohibition that prevents a double pronouncement in the face of the same situation, which responds in turn to the principle of legal certainty, in this specific case, the need to avoid contradictory judgments or legally improper or unjust outcomes prevails. It is therefore appropriate to order the suspension requested by the parties, and the archiving of the present proceeding is ordered until such time as the parties communicate the relevant information concerning the proceeding for declaration of injuriousness filed subsequent to the current one. THEREFORE The preliminary defense of lis pendens raised by the representative of the Rural Development Institute is upheld. The suspension of the present proceeding and its archiving are declared until the parties report its resumption, if that is what legally corresponds. Let it be notified. Manuela Guillén Salazar, Judge. - Verification Code - 4SLTEPOUCYM61 Document signed by: MANUELA GUILLEN SALAZAR, INSTRUCTING JUDGE (JUEZ/A TRAMITADOR/A) EXP: 21-002148-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, in front of Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 05:49:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República