Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII).- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR QUE EN CONCRETO SE PROMUEVE: Tal y como se indicó supra, para la procedencia de la medida cautelar se requiere la necesaria concurrencia de tres elementos esenciales: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y el equilibrio o ponderación de intereses. En ese sentido, es criterio de este Juzgador que la presente solicitud de medida cautelar no cumple con la totalidad de los presupuestos para su otorgamiento, tal y como se verá a continuación. 1).- Apariencia de buen derecho: De la exposición desarrollada por la parte actora y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que es ajeno al trámite cautelar, se observa que su acción es razonablemente fundamentada, de manera que por ahora basta entonces señalar que se tiene por acreditada esa apariencia de buen derecho en el tanto no se observa una acción temeraria o carente de seriedad. 2).- Peligro en la demora: Para la procedencia de la tutela cautelar se requiere como uno de sus presupuestos fundamentales, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso, produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la esfera jurídica del promovente; es decir, no se trata de cualquier daño o perjuicio. No obstante, tal presupuesto no es atendible en la especie. En efecto, debe advertirse que lo pretendido por la parte actora no se respalda en elementos probatorios suficientes, lo que impide establecer y dimensionar que existan o puedan existir daños o perjuicios graves en su contra que requieran ser tutelados con la medida cautelar que solicita.
POR TANTO:
Según lo indicado en el considerando III, se omite pronunciamiento sobre la contestación de Gocesa del Molino S.A., se rechaza la solicitud de prueba adicional ofrecida por el actor con posterioridad a la interposición de la medida cautelar y se rechaza la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la Municipalidad de Coto Brus. Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por la parte promovente.
English (translation)VII).- ON THE INTERIM MEASURE SPECIFICALLY REQUESTED: As stated above, the granting of an interim measure requires the necessary concurrence of three essential elements: fumus boni iuris, periculum in mora, and the balance or weighting of interests. In this regard, this Judge finds that the present request for an interim measure does not fulfill all the requirements for its granting, as will be seen below. 1).- Fumus boni iuris: From the presentation developed by the plaintiff and without prejudging the merits of the case, which is extraneous to the interim proceedings, it is observed that his action is reasonably founded, so for now it suffices to state that this fumus boni iuris is considered established insofar as the action does not appear reckless or lacking in seriousness. 2).- Periculum in mora: The granting of interim protection requires, as one of its fundamental prerequisites, that the execution or continuation of the administrative conduct under process causes serious actual or potential damage or harm to the legal sphere of the applicant; that is, it is not just any damage or harm. However, this prerequisite is not met in the present case. Indeed, it must be noted that the plaintiff's claims are not supported by sufficient evidentiary elements, which prevents establishing and assessing the existence or potential existence of serious damage or harm against him that would require protection through the requested interim measure.
THEREFORE:
As indicated in Section III, no ruling is made on Gocesa del Molino S.A.'s response, the request for additional evidence filed by the plaintiff after filing the interim measure is denied, and the defense of failure to exhaust administrative remedies raised by the Municipality of Coto Brus is dismissed. The interim measure requested by the plaintiff is DENIED.
Denied
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 04250 - 2024 Fecha de la Resolución: 01 de Julio del 2024 a las 14:44 Expediente: 24-000383-1028-CA Redactado por: Fabián Nuñez Castrillo Clase de asunto: Medida cautelar anticipada Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Texto de la resolución EXPEDIENTE: 24-000383-1028-CA - 0 PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A: VINICIO RECIERE LERICI RODRIGUEZ DEMANDADO/A: GOCESA DEL MOLINO S.A. N° 2024004250 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del uno de Julio del dos mil veinticuatro.- Se conoce MEDIDA CAUTELAR anticipada solicitada por Vinicio Lerici Rodríguez, mayor de edad, cédula de identidad 6-0312-0364, contra Municipalidad de Coto Brus y Gocesa del Molino S.A., cédula de persona jurídica 3-101-285356; CONSIDERANDO: I).- SOBRE EL TRÁMITE DEL PRESENTE ASUNTO: 1).- Que mediante resolución 2024-001005 de las 14:00 horas del 20 de febrero de 2024, este Tribunal ordenó de oficio integrar a Gocesa del Molino S.A. como litis consorte pasivo necesario en este asunto en virtud de las pretensiones del actor. (Ver imágenes 122-123 de la carpeta de medida cautelar). 2).- Que mediante resolución de las 07:58 horas del 27 de febrero de 2024, se concedió audiencia escrita a las partes demandadas para que se pronunciaran sobre la medida cautelar solicitada por el actor. (Ver imágenes 133-134 de la carpeta de medida cautelar). 3).- Que la Municipalidad de Coto Brus se pronunció sobre la medida cautelar y solicita su rechazo. (Ver imágenes 140-156 de la carpeta de medida cautelar). 4).- Que la representación de Gocesa del Molino S.A., presentó escrito de contestación sin autenticación por parte de un abogado, lo cual se le previno subsabar pero no cumplió. (Ver imágenes 192-200 de la carpeta de medida cautelar). 5).- Que en el trámite de los autos, se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios sustanciales que puedan causar nulidad; II).- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En el asunto que nos ocupa, la parte promovente solicita como medida cautelar, lo siguiente: "1. La suspensión inmediata del acto administrativo emitido por la Municipalidad de Coto Brus en cuanto a la licitación Reducida 2023LD-000096-0019100001, para “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MONUMENTO Y BOULEVARD”, el cual fue publicado día 22/11/2023 13:48 horas, según número de SICOP 20231109414-00. Que la Licitación fue adjudicada al oferente GOCESA DEL MOLINO SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3101285356, acto que fue publicado mediante la plataforma de SICOP en fecha 29/11/2023 a las 14:37 horas, lo anterior por carecer de estudios de impacto ambiental, estudio de hidrología, consulta pública a los vecinos. 2. Que se ordene la inmediata detención de cualquier obra constructiva ya iniciada hasta que no se resuelva el presente asunto y hasta la obtención de los estudios de impacto ambiental, hidrología y los requeridos para el proyecto. 3. Que se ordene la nulidad del acto administrativo por la falta de estudios de impacto ambiental. 4. Que se ordene la nulidad total del acto administrativo por no haberse realizado consulta pública a los vecinos y comerciantes afectados. 5. Que se le ordene a la Municipalidad que no puede restringir en ninguna medida el libre tránsito de las personas, vehículos, vecinos y comerciantes. Que se ordene el libre tránsito y estacionamiento para vehículos sobre la calle pública Mottola, asimismo, se le ordene a la Municipalidad de Coto Brus el cese inmediato y se deje sin efecto las disposiciones tendientes a restringir el libre tránsito y estacionamiento de los vehículos como por muchos años ha dado el servicio de la calle pública Mottola. 6. Que de comprobarse que la Municipalidad de Coto Brus ha ejercido competencias constitucionales reservadas a la Asamblea Legislativa en relación con la disposición y cambio de destino de un bien demanial, que se ordene el testimonio de piezas y/o se realice la denuncia penal correspondiente a la Fiscalía. 7. Que por carecer de estudio de impacto ambiental se proceda con las denuncias penales correspondientes conforme al ordenamiento jurídico vigente". (Ver imágen 13 de la carpeta de medida cautelar). III).- ASPECTOS PREVIOS: 1).- Sobre la contestación de Gocesa del Molino S.A.: Como se indicó supra, la representación de dicha parte demandada presentó escrito de contestación sin autenticación por un abogado y pese a que se le previno subsabar tal formalidad, no cumplió. (Ver imágenes 192-200 de la carpeta de medida cautelar). Siendo que la autenticación y patrocinio de un profesional en derecho es obligatoria ante esta Jurisdicción para la validez procesal de las actuaciones de las partes y ante la ausencia de la misma, no se tomará en cuenta la contestación de Gocesa del Molino S.A para la resolución de esta medida cautelar. 2).- Sobre la solicitud adicional de prueba formulada por el actor con posterioridad a la interposición de la medida cautelar: En escrito visible a imágenes 182-188 de la carpeta de medida cautelar, el actor ofrece prueba adicional; en su mayoría pretende que este Tribunal le ordene a la Municipalidad de Coto Brus el aporte de varias pruebas. Tales solicitudes deben ser rechazadas. En primer lugar, el momento procesal para el ofrecimiento de la prueba del actor ya precluyó, toda vez que la misma debió ser aportada con la interposición de la medida cautelar. En segundo lugar, el actor es quien tiene la carga procesal de la prueba, de modo que es su obligación no sólo ofrecer la prueba que considere necesaria, sino que además debe aportarla a los autos. La intervención de este Tribunal para sustituir tal obligación es excepcional y sólo procede cuando la parte interesada demuestre que existió alguna limitación o denegatoria ilegítima para el acceso a la prueba, lo cual no sucede en la especie, ya que el actor no acredita tal imposibilidad. 3).- Falta de agotamiento de la vía administrativa: En su contestación, la Municipalidad de Coto Brus interpone la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa. Dicha defensa debe ser rechazada, toda vez que el agotamiento de la vía administriva en materia municipal es obligatorio como requisito formal previo para la interposición de la demanda de fondo. En el presente caso, ni siquiera existe aún proceso de fondo, ya que nos encontramos ante una medida cautelar anticipada que se ecuentra facultada en el numeral 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo. IV).- ARGUMENTOS DE LA PARTE PROMOVENTE: En síntesis la parte actora, alega en lo sustancial, que la Municipalidad de Coto Brus ha venido desarrollando un proyecto denominado “Boulevard”, el cual se ubica en la calle pública llamada Mottola, en el centro de San Vito, que va desde el parque de San Vito centro a la casa de la cultura. Que dicho municipio, sin realizar consulta pública a los vecinos y comercios afectados, contempla en el proyecto cerrar la calle pública para el libre tránsito. Que la municipalidad se ha negado a escuchar a los vecinos y comerciantes afectados, quienes rechazan la obra por restringir el libre tránsito y no poder dejar los vehículos estacionados en la calle. Que adicionalmente, existen adultos mayores y dicha calle es transitada por el cirujano del hospital que reside en la misma y quien debe estar saliendo de emergencia al hospital ante eventualidades. Que no están de acuerdo porque la calle se convertirá en un refugio para los borrachos y drogadictos de San Vito, ante lo cual la municipalidad no esta garantizando la seguridad. Que el cambio a adoquines, representa un problema mayor para el medioambiente y para los propietarios de los inmuebles ubicados en la calle Mottola, porque en el centro de San Vito y Coto Brus en general, se carece de sistema de alcantarillado, siendo que toda el agua que se recolecte de las lluvias será evacuado por el actual sistema de alcantarillas y gran parte del agua se filtrará al subsuelo causando daño a aquellas edificaciones que tienen nivel subterráneo y contaminado pozos de agua ubicados en las propiedades. Que también, a los propietarios se les va a presentar otro problema, ya que el exceso de agua se va a filtrar a los tanques sépticos de las propiedades, generándoles un costo adicional al tener que estar contratando de forma más seguida un servicio de extracción y limpieza. Que a pesar de no contar con estudios de impacto ambiental, hidrología y de no haber realizado la consulta a los vecinos y comercios de la calle Mottola, la municipalidad inició la construcción del proyecto del boulevard el 13 de febrero de 2024, lo que lesiona sus derechos y los dejará bastante tiempo sin electricidad y agua. Considera que su solicitud de medida cautelar cumple con los presupuestos necesarios para su procedencia, por lo que pide que se declare con lugar. V).- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONADA: En resumen, la representación de la Municipalidad de Coto Brus, alega que el proyecto en cuestión no contempla el cierre o cambio del destino de la calle pública cantonal involucrada; lo que se pretende es cambiar la capa asfáltica existente por adoquines y mejorar las aceras como atractivo turístico en el cantón. Que no se busca cerrar la misma sino mejorar sus condiciones, por ende, no se afecta el libre tránsito vehicular. Que contrario a lo que alega el actor, no se requiere de viabilidad ambiental emitida por SETENA, ya que se trata de un proyecto que busca cambiar la capa asfáltica existente por adoquines, sin que exista riesgo ambiental; además, así lo establece el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental Nº 43898 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 3, el cual desarrolla el tema de las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren de la evaluación de impacto ambiental ante SETENA, lista de actividades que se desarrollan en el anexo 2, en sus puntos 30 y 31, de donde se desprende que el proyecto desarrollado por la municipalidad se encuentra excluido de dicho requisito. Considera que la acción cautelar del actor es infundada y no cumple con los requisitos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de intereses. En consecuencia, pide que se rechace la medida cautelar y se condene al actor al pago de las costas. VI).- EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994). En este mismo sentido, el articulo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Teniendo claro lo anterior, el juez con observancia de lo dispuesto en el articulo 21 de la norma procesal de rito, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves da–os o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patologica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma linea de pensamiento, el articulo 22 del Código de rito, señala la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés publico y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Fijado as’ el escenario de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se analiza de seguido el caso concreto. VII).- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR QUE EN CONCRETO SE PROMUEVE: Tal y como se indicó supra, para la procedencia de la medida cautelar se requiere la necesaria concurrencia de tres elementos esenciales: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y el equilibrio o ponderación de intereses. En ese sentido, es criterio de este Juzgador que la presente solicitud de medida cautelar no cumple con la totalidad de los presupuestos para su otorgamiento, tal y como se verá a continuación. 1).- Apariencia de buen derecho: De la exposición desarrollada por la parte actora y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que es ajeno al trámite cautelar, se observa que su acción es razonablemente fundamentada, de manera que por ahora basta entonces señalar que se tiene por acreditada esa apariencia de buen derecho en el tanto no se observa una acción temeraria o carente de seriedad. 2).- Peligro en la demora: Para la procedencia de la tutela cautelar se requiere como uno de sus presupuestos fundamentales, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso, produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la esfera jurídica del promovente; es decir, no se trata de cualquier daño o perjuicio. No obstante, tal presupuesto no es atendible en la especie. En efecto, debe advertirse que lo pretendido por la parte actora no se respalda en elementos probatorios suficientes, lo que impide establecer y dimensionar que existan o puedan existir daños o perjuicios graves en su contra que requieran ser tutelados con la medida cautelar que solicita. En ese sentido, es necesario subrayar que el proceso cautelar no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte actora, al formular su pretensión, la obligada a probar, sin que pueda este juzgador sustituir tal responsabilidad procesal. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. En el presente asunto, el actor alega que el proyecto denominado “Boulevard”, el cual se ubica en la calle pública llamada Mottola, en el centro de San Vito, contempla cerrar dicha calle para el libre tránsito, impidiendo el estacionamiento de vehículos. Que existen adultos mayores que se verán afectados y que esa calle es transitada por el cirujano del hospital que reside en la misma y quien debe estar saliendo de emergencia al hospital ante eventualidades. Que la calle se convertirá en un refugio para los borrachos y drogadictos de San Vito y que el cambio a adoquines, representa un problema mayor para el medioambiente y para los propietarios de los inmuebles, porque en el centro de San Vito y Coto Brus en general, se carece de sistema de alcantarillado, siendo que toda el agua que se recolecte de las lluvias será evacuado por el actual sistema de alcantarillas y gran parte del agua se filtrará al subsuelo causando daño a aquellas edificaciones que tienen nivel subterráneo y contaminado pozos de agua ubicados en las propiedades. Que también, el exceso de agua se va a filtrar a los tanques sépticos de las propiedades, generándoles un costo adicional al tener que estar contratando de forma más seguida un servicio de extracción y limpieza. Que existen estudios de impacto ambiental e hidrología, lo que lesiona sus derechos y los dejará bastante tiempo sin electricidad y agua. Sin embargo como se dijo y más allá de esas afirmaciones, no aporta prueba idónea para demostrar que la conducta administrativa en cuestión provoque una afectación de naturaleza grave. Nótese, que de la prueba documental ofrecida (visible en imágenes 14-120 de la carpeta de medida cautelar), no se desprende, por sí sola, la existencia actual o potencial de una afectación grave ni en su espera jurídica, de terceros o del medio ambiente, en los términos que expone. Aunado a esa ausencia probatoria, la representación de la Municipalidad de Coto Brus, informa que el proyecto en cuestión no contempla el cierre o cambio del destino de la calle pública cantonal involucrada, sino únicamente el cambio de la capa asfáltica existente por adoquines y mejorar las aceras como atractivo turístico para el cantón. Que además, por la naturaleza de esa obra, no se requiere de viabilidad ambiental emitida por SETENA, sin que exista riesgo ambiental. Así entonces, ante la ausencia de elementos probatorios de convicción, no se considera que exista peligro en la demora. 3).- Poderación de intereses: Ante la no concurrencia del presupuesto anterior, deben entonces prevalecer los intereses bajo tutela de la administración accionada. En esa ponderación, debe subrayarse que se trata en la especie de una obra pública que según la Municipalidad de Coto Brus y ante la carencia de prueba en contrario por parte del actor, busca mejorar las condiciones actuales de la infraestructura cantonal. VIII).- COSTAS: La Municipalidad de Coto Brus pide como consecuencia del rechazo de la medida cautelar, que se condene al actor al pago de las costas procesales y personales. Esta solicitud debe ser denegada, ya que la normativa especial del Código Procesal Contencioso Administrativo no establece la posibilidad de condena en costas dentro del trámite procesal de las medidas cautelares. Al no existir entonces norma jurídica que lo faculte y en respeto del principio de legalidad, no puede este Juzgador imponer el pago de dichas costas. IX).- COROLARIO: Por lo dicho, al no cumplirse con la totalidad de los presupuestos de ley, la presente solicitud cautelar debe ser declarada sin lugar. POR TANTO: Según lo indicado en el considerando III, se omite pronunciamiento sobre la contestación de Gocesa del Molino S.A., se rechaza la solicitud de prueba adicional ofrecida por el actor con posterioridad a la interposición de la medida cautelar y se rechaza la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la Municipalidad de Coto Brus. Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por la parte promovente. Se resuelve sin especial condena en costas. Notifíquese.- Msc. Fabián Núñez Castrillo, JUEZ. HFQR9GT47SPG61 FABIAN NUÑEZ CASTRILLO - JUEZ/A TRAMITADOR/A EXP: 24-000383-1028-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:28:09. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 24-000383-1028-CA - 0 PROCESS: MEDIDA CAUTELAR PLAINTIFF: VINICIO RECIERE LERICI RODRIGUEZ DEFENDANT: GOCESA DEL MOLINO S.A. N° 2024004250 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and forty-four minutes on the first of July of two thousand twenty-four.- An anticipatory interim injunction (medida cautelar anticipada) requested by Vinicio Lerici Rodríguez, of legal age, identity card number 6-0312-0364, against Municipalidad de Coto Brus and Gocesa del Molino S.A., legal entity identification number 3-101-285356, is heard; CONSIDERANDO: I).- REGARDING THE PROCESSING OF THIS MATTER: 1).- That by resolution 2024-001005 of 14:00 hours on February 20, 2024, this Court ordered, on its own motion, the joinder of Gocesa del Molino S.A. as a necessary passive co-defendant (litis consorte pasivo necesario) in this matter by virtue of the plaintiff's claims. (See images 122-123 of the interim injunction folder). 2).- That by resolution of 07:58 hours on February 27, 2024, a written hearing was granted to the defendant parties so they could pronounce on the interim injunction requested by the plaintiff. (See images 133-134 of the interim injunction folder). 3).- That the Municipalidad de Coto Brus pronounced on the interim injunction and requests its rejection. (See images 140-156 of the interim injunction folder). 4).- That the representation of Gocesa del Molino S.A., submitted a reply brief without authentication by an attorney, which it was ordered to correct but did not comply. (See images 192-200 of the interim injunction folder). 5).- That in processing the case file, the required formalities have been observed, and no substantial defects that could cause nullity are appreciated; II).- PURPOSE OF THE REQUEST FOR INTERIM INJUNCTION: In the matter before us, the moving party requests as an interim injunction, the following: "1. The immediate suspension of the administrative act issued by the Municipalidad de Coto Brus regarding the Reduced Tender 2023LD-000096-0019100001, for 'DESIGN AND CONSTRUCTION MONUMENT AND BOULEVARD', which was published on 22/11/2023 at 13:48 hours, according to SICOP number 20231109414-00. That the Tender was awarded to the offeror GOCESA DEL MOLINO SOCIEDAD ANONIMA, legal identification number 3101285356, an act that was published through the SICOP platform on 29/11/2023 at 14:37 hours, the foregoing because it lacks environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), a hydrology study, and public consultation with the neighbors. 2. That the immediate halt of any construction work already begun be ordered until this matter is resolved and until the environmental impact studies, hydrology study, and those required for the project are obtained. 3. That the nullity of the administrative act be ordered for the lack of environmental impact studies. 4. That the total nullity of the administrative act be ordered for not having conducted a public consultation with the affected neighbors and merchants. 5. That the Municipality be ordered that it may not restrict in any measure the free transit of people, vehicles, neighbors, and merchants. That free transit and parking for vehicles on the public street Mottola be ordered; likewise, that the Municipalidad de Coto Brus be ordered to immediately cease and render without effect the provisions aimed at restricting the free transit and parking of vehicles, as the service of the public street Mottola has been provided for many years. 6. That if it is proven that the Municipalidad de Coto Brus has exercised constitutional powers reserved to the Legislative Assembly in relation to the disposition and change of destination of a public domain asset (bien demanial), that the certification of documents and/or the corresponding criminal complaint be ordered to the Public Prosecutor's Office. 7. That due to the lack of an environmental impact study, the corresponding criminal complaints be filed in accordance with the legal system in force". (See image 13 of the interim injunction folder). III).- PRELIMINARY ASPECTS: 1).- Regarding the reply of Gocesa del Molino S.A.: As indicated above, the representation of said defendant party submitted a reply brief without authentication by an attorney and, despite being ordered to correct such formality, did not comply. (See images 192-200 of the interim injunction folder). Given that authentication and sponsorship by a legal professional is mandatory before this Jurisdiction for the procedural validity of the parties' actions, and in its absence, the reply of Gocesa del Molino S.A. will not be taken into account for the resolution of this interim injunction. 2).- Regarding the additional request for evidence formulated by the plaintiff after the filing of the interim injunction: In a brief visible in images 182-188 of the interim injunction folder, the plaintiff offers additional evidence; mostly, he seeks for this Court to order the Municipalidad de Coto Brus to provide various pieces of evidence. Such requests must be rejected. First, the procedural moment for the plaintiff's offering of evidence has already precluded, as it should have been provided with the filing of the interim injunction. Second, the plaintiff is the one who has the procedural burden of proof, meaning it is their obligation not only to offer the evidence they deem necessary but also to provide it to the case file. The intervention of this Court to substitute such obligation is exceptional and only proceeds when the interested party demonstrates that there was some limitation or illegitimate denial of access to the evidence, which does not occur in this case, as the plaintiff does not prove such impossibility. 3).- Failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa): In its reply, the Municipalidad de Coto Brus raises the defense of failure to exhaust administrative remedies. Said defense must be rejected, as exhaustion of administrative remedies in municipal matters is a mandatory formal prerequisite for filing the substantive lawsuit. In the present case, there is not even a substantive process yet, as we are dealing with an anticipatory interim injunction that is authorized in numeral 26 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. IV).- ARGUMENTS OF THE MOVING PARTY: In summary, the plaintiff essentially alleges that the Municipalidad de Coto Brus has been developing a project called "Boulevard", which is located on the public street called Mottola, in the center of San Vito, running from the central park of San Vito to the house of culture. That said municipality, without conducting a public consultation with the affected neighbors and businesses, contemplates in the project closing the public street to free transit. That the municipality has refused to listen to the affected neighbors and merchants, who reject the work for restricting free transit and preventing vehicles from parking on the street. That additionally, there are elderly persons, and said street is used by the hospital surgeon who resides on it and who must be departing in an emergency to the hospital for eventualities. That they do not agree because the street will become a refuge for the drunks and drug addicts of San Vito, for which the municipality is not guaranteeing security. That the change to cobblestones represents a greater problem for the environment and for the owners of the properties located on Mottola street, because the center of San Vito and Coto Brus in general lack a sewage system, meaning all the rainwater collected will be evacuated by the current sewer system and a large part of the water will filter into the subsoil, causing damage to those buildings that have a subterranean level and contaminating water wells located on the properties. That also, the owners will face another problem, since the excess water will filter into the septic tanks (tanques sépticos) of the properties, generating an additional cost by having to contract an extraction and cleaning service more frequently. That despite not having environmental impact studies, hydrology studies, and not having conducted the consultation with the neighbors and businesses of Mottola street, the municipality began construction of the boulevard project on February 13, 2024, which injures their rights and will leave them without electricity and water for a long time. Considers that their request for an interim injunction fulfills the necessary requirements for its granting, therefore requesting it be declared with merit. V).- ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTY: In summary, the representation of the Municipalidad de Coto Brus alleges that the project in question does not contemplate the closure or change of destination of the involved cantonal public street; what is intended is to change the existing asphalt layer for cobblestones and improve the sidewalks as a tourist attraction in the canton. That it does not seek to close it but to improve its conditions, therefore, free vehicular transit is not affected. That contrary to what the plaintiff alleges, environmental viability (viabilidad ambiental) issued by SETENA is not required, as it is a project that seeks to change the existing asphalt layer for cobblestones, with no environmental risk; furthermore, this is established by the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental Nº 43898 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its article 3, which develops the topic of activities, works, or projects that by their nature do not require environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) before SETENA, a list of activities developed in Anexo 2, in its points 30 and 31, from which it is inferred that the project developed by the municipality is excluded from said requirement. Considers that the plaintiff's interim injunction action is unfounded and does not meet the requirements of appearance of a sound claim (apariencia de buen derecho), danger in delay (peligro en la demora), and balancing of interests (ponderación de intereses). Consequently, requests that the interim injunction be rejected and the plaintiff be condemned to pay costs. VI).- IN GENERAL REGARDING THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR GRANTING AN INTERIM INJUNCTION. As developed by the Sala Constitucional, interim relief justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on December 6, 1994). In this same sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, establishes that the purpose of imposing an interim injunction is to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. With the foregoing clear, the judge, observing the provisions of Article 21 of the procedural law governing this matter, must determine the appropriateness of a request for an interim injunction, verifying in this regard that the claim of the merits process is not frivolous or, in a clear manner, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary evaluation of the merits to determine if there exists in the case in question what doctrine and jurisprudence have called appearance of a sound claim or fumus boni iuris. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the interim injunction when the execution or permanence of the conduct subjected to process produces serious damages or injuries, actual or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum en mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, there exists an actual, real, and objective danger that serious harm will be generated to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the procedural law governing this matter, points out the obligation of the judge to perform, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at play, that is, between the circumstance of the individual, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the interim injunction, on the other. Additionally, and from the same cited numeral 22, it is required that the interim injunction be instrumental and provisional. Having set the analytical scenario and the elements required for the granting of an interim injunction, the concrete case is analyzed below. VII).- REGARDING THE INTERIM INJUNCTION SPECIFICALLY PROMOTED: As indicated above, for the granting of the interim injunction, the necessary concurrence of three essential elements is required: appearance of a sound claim, danger in delay, and the balance or balancing of interests. In that sense, it is the opinion of this Judge that the present request for an interim injunction does not meet all the requirements for its granting, as will be seen below. 1).- Appearance of a sound claim: From the exposition developed by the plaintiff party, and without prejudging the merits of the matter, which is alien to the injunction proceedings, it is observed that its action is reasonably grounded, such that for now it is sufficient to point out that this appearance of a sound claim is considered accredited insofar as no frivolous action or one lacking in seriousness is observed. 2).- Danger in delay: For the granting of interim relief, one of its fundamental requirements is that the execution or permanence of the administrative conduct subjected to the process produces serious damages or injuries, actual or potential, in the legal sphere of the moving party; that is, it is not about just any damage or injury. However, such requirement is not satisfied in this specific case. Indeed, it must be noted that what is sought by the plaintiff party is not supported by sufficient evidentiary elements, which prevents establishing and dimensioning that there exist or may exist serious damages or injuries against them that need to be protected with the interim injunction requested. In that sense, it is necessary to emphasize that the injunction process is not alien to the general procedural regulations regarding the burden of proof, meaning it is the plaintiff party, when formulating its claim, who is obligated to prove, without this judge being able to substitute such procedural responsibility. In other words, interim relief is not an automatic mechanism that proceeds with the party's mere request. In the present matter, the plaintiff alleges that the project called "Boulevard", which is located on the public street called Mottola, in the center of San Vito, contemplates closing said street to free transit, preventing vehicle parking. That there are elderly persons who will be affected, and that the street is used by the hospital surgeon who resides on it and who must depart in an emergency to the hospital for eventualities. That the street will become a refuge for the drunks and drug addicts of San Vito and that the change to cobblestones represents a greater problem for the environment and for property owners, because the center of San Vito and Coto Brus in general lack a sewage system, meaning all the rainwater collected will be evacuated by the current sewer system and a large part of the water will filter into the subsoil, causing damage to those buildings that have a subterranean level and contaminating water wells located on the properties. That also, the excess water will filter into the septic tanks of the properties, generating an additional cost by having to contract an extraction and cleaning service more frequently. That there are environmental impact and hydrology studies, which injures their rights and will leave them without electricity and water for a long time. However, as stated, and beyond those affirmations, they do not provide suitable evidence to demonstrate that the administrative conduct in question causes an affectation of a serious nature. It is noted that from the documentary evidence offered (visible in images 14-120 of the interim injunction folder), the current or potential existence of a serious affectation in their legal sphere, that of third parties, or the environment, in the terms they set out, does not follow by itself. Added to this evidentiary absence, the representation of the Municipalidad de Coto Brus informs that the project in question does not contemplate the closure or change of destination of the involved cantonal public street, but only the change of the existing asphalt layer for cobblestones and improvement of the sidewalks as a tourist attraction for the canton. Furthermore, that by the nature of this work, environmental viability issued by SETENA is not required, with no environmental risk existing. Thus, given the absence of convincing evidentiary elements, it is not considered that danger in delay exists. 3).- Balancing of interests: In light of the non-concurrence of the previous requirement, the interests under the protection of the defendant administration must therefore prevail. In that balancing, it must be emphasized that this involves a public work that, according to the Municipalidad de Coto Brus and given the lack of contrary evidence by the plaintiff, seeks to improve the current conditions of cantonal infrastructure. VIII).- COSTS: The Municipalidad de Coto Brus requests, as a consequence of the rejection of the interim injunction, that the plaintiff be condemned to pay procedural and personal costs. This request must be denied, as the special regulations of the Código Procesal Contencioso Administrativo do not establish the possibility of condemning costs within the procedural processing of interim injunctions. Thus, with no legal norm authorizing it and in respect of the principle of legality, this Judge cannot impose the payment of said costs. IX).- COROLLARY: For the reasons stated, as not all legal requirements are met, the present request for an interim injunction must be declared without merit. POR TANTO: As indicated in Considerando III, a pronouncement on the reply of Gocesa del Molino S.A. is omitted, the request for additional evidence offered by the plaintiff subsequent to the filing of the interim injunction is rejected, and the defense of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa) raised by the Municipalidad de Coto Brus is rejected. The interim injunction requested by the moving party is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without special condemnation for costs. Notify.- Msc. Fabián Núñez Castrillo, JUDGE.