Res. 04395-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Municipality of Talamanca seeks to lift closure of recyclable waste centerMunicipalidad de Talamanca solicita suspender clausura de centro de residuos valorizables

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 04395 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Julio del 2024 a las 16:11

Expediente: 24-001426-1027-CA

Redactado por: Ana Katarina Apu Hidalgo

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

24-001426-1027-CA - 8




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2024004395

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con once minutos del ocho de Julio del dos mil venticuatro.-

 

Se conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, representada por su Alcalde Rugeli Morales Rodríguez, mayor, casado dos veces, Licenciado en Educación, cédula de identidad 7-0078-0736, vecino de Limón, Talamanca, Bribri, interviene como abogado director Roy Alberto Castro Astúa, carné del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica N°19503 contra el ESTADO representado por el procurador Omar Eduardo Rojas Valverde, mayor, casado, Abogado, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0633-0061.-

 

RESULTANDO

 

1. La parte accionante promueve medida cautelar (ver imágenes 2 a 16 del expediente de medida cautelar).-

 

2. En resolución dictada a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, se conoció medida cautelar provisionalísima y otorgó audiencia al Estado (ver imagen 49 del expediente de medida cautelar).-

 

3. La representación de la demandada se refiere a la gestión cautelar (ver imágenes 53 a 72 del legajo de medida cautelar).-

 

4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y no se observan vicios u omisiones que sean capaces de invalidar lo actuado o puedan causar indefensión para alguna de las partes.-

 

CONSIDERANDO

 

I. OBJETO DE LA PRESENTE MEDIDA CAUTELAR. La parte actora pretende como medida cautela: "1. La suspensión inmediata y el cese de la totalidad de los efectos jurídicos de las órdenes sanitarias identificadas: MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024, emitidas por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, Dirección Área Rectora de Salud Talamanca, lo anterior hasta que se cuente con una sentencia judicial firme que resuelva el fondo del asunto.  2. La suspensión inmediata y el cese de la totalidad de los efectos jurídicos del informe sanitario identificado: MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024, emitidas por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, Dirección Área Rectora de Salud Talamanca, lo anterior hasta que se cuente con una sentencia judicial firme que resuelva el fondo del asunto. 3.La suspensión inmediata y el cese de la totalidad de los efectos jurídicos de las actas de clausura identificadas: MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024 emitidas por el Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe, Dirección Área Rectora de Salud Talamanca, lo anterior hasta que se cuente con una sentencia judicial firme que resuelva el fondo del asunto".-

 

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE PROMOVENTE. Indica que la Municipalidad es la encargada de la disposición final de los residuos que se generen en el cantón de Talamanca, sin embargo, resulta imposible brindar un servicio infalible y trata de brindar un eficiente desempeño de la labor encomendada. Reiteradamente las autoridades locales del Ministerio de Salud señalan deficiencias y supuestos incumplimientos relacionados con el denominado: “Centro de Acopio o Centro de Recuperación de Residuos Valorizables”, ubicado en Volio, Talamanca, que ha sido constantemente clausurado por las autoridades de salud, la más reciente, el 17 de enero del 2024, días después de haberse otorgado el permiso sanitario de funcionamiento DARST-0001-2024 en cumplimiento de un plan remedial a satisfacción de las autoridades sanitarias, vuelve a realizar una “visita de campo” según actas de inspección, consecutivos: 005-2024, 006-2024 y 014-2024 del 15 de enero del 2023 y 17 de enero del 2023, con la cual se clausura nuevamente las instalaciones y puntualiza que la orden sanitaria MS-DRRSHC-DARTS-OS-001-2024, no contiene criterio técnico alguno o científico sino tiene una afirmación subjetiva y alejada de la realidad, por cuanto la Municipalidad de Talamanca, cuenta con el espacio físico y acondicionamiento para llevar a cabo las tareas del Centro, además cuenta con personal idóneo y equipo para realizar las labores, con el presupuesto disponible para garantizar la continuidad del servicio de recolección y que resulta arbitrario y contrario al derecho denominado: (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) que se mantenga el cierre ordenado o clausura por parte del Ministerio de Salud, con fundamento en apreciaciones subjetivas y arbitarias. En cuanto a los presupuestos: Apariencia de buen derecho, es necesario que se conozca dentro del proceso de conocimiento pleno todo lo relativo a las consideraciones técnicas, de procedimiento y legales relacionadas con actas de inspección, consecutivos: 005-2024, 006-2024 y 014-2024 del Ministerio de Salud, realizadas el 15 de enero del 2023 y 17 de enero de 2023, así como ordenes sanitarias MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024 y MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024 emitidas por el Ministerio de Salud, lo cual no es posible en esta instancia. Peligro de demora, resulta de vital importancia, el dictado de las medidas cautelares dado que la ejecución de los actos administrativos cuestionados, cancelación de permiso sanitario de funcionamiento y clausura del “Centro de Transferencia y Residuos Valorizables Volio”, genera una afectación actual pues se ha ejecutado la clausura razón que el inmueble permanece cerrado sin brindar el servicio público de recolección de residuos valorizables en el cantón, sin que los funcionarios destinados a dicha labor puedan realizar sus funciones con normalidad, afectando gravemente la prestación del servicio y el derecho a un ambiente sano, por ello las medidas cautelares deben ordenarse hasta que se resuelva en definitiva. Estamos ante el conflicto del interés entre derechos fundamentales de nivel constitucional, por un lado, el derecho a la salud versus derechos de las personas a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, derecho fundamental, además del derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso constitucional conforme al voto N° 1739-1992 de la Sala Constitucional.-

 

III. ARGUMENTOS DEL ESTADO. Señala que la Municipalidad de Talamanca es la responsable de la gestión integral de los residuos generados en su cantón (art. 8 Ley 8836) sin embargo, el Ministerio de Salud es el rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control, lo que implica que debe verificar la aplicación de la Ley 8836 y evaluar, en forma continua las políticas, planes, programas y reglamentos técnicos asociados a la gestión integral de residuos. El 8 de enero del 2024, el Ministerio de Salud otorgó permiso sanitario de funcionamiento pero giró en cumplimiento de un plan remedial de la orden sanitaria MS-DRRSHC-DARST-OS-067-2022 de abril del 2022,  por diferentes razones de las órdenes sanitarias MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024 y MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, que se mantiene hasta que la Municipalidad presente un Plan Remedial sujeto a revisión y aprobación, que garantice el cumplimiento de las responsabilidades que en materia de Gestión Integral de Residuos, sostiene que la Municipalidad no interpuso los recursos ordinarios y según oficio MS-DRRSHC-DARST-1172-2024 de 8 de abril del 2024, a casi dos meses de haber dictado dicha medida, no ha presentado dicho plan remedial. Señala que la medida no tiene urgencia porque no interpuso los recursos ordinarios, presentó la medida cautelar el 21 de febrero de 2024 y la orden sanitaria fue notificada el 17 de enero de 2024, además que la prevención de copias de este tribunal la atendió un mes después. No tiene instrumentalidad, ni provisionalidad, el informe sanitario MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024 y el acta de clausura MSDRRSHC-ARTS-AC-001-2024, ambos del 17 de enero del 2024, son actos de mero trámite, sin efectos propios. Tampoco existe sumaria cognitio porque pretende en esta gestión que se revise la validez y eficacia de las órdenes sanitarias emitidas, lo cual no resulta posible. Apariencia de buen derecho, no existe seriedad en la pretensión observando lo expuesto por el Ministerio de Salud en oficio MS-DRRSHC-DARST-1172-2024, reitera que la Municipalidad no interpuso los recursos ante el Ministerio de Salud y que el artículo 8 de la Ley 8839 expone las funciones y responsabilidades municipales, como la prestación de los servicios de recolección, separación, tratamiento (reciclaje, compostaje, otros), transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios. El Ministerio de Salud como ente rector (art. 7) se vio en la obligación de garantizar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en la materia con el fin de velar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y que el ordinal 356 de la Ley 5395, establece la posibilidad de clausurar establecimientos y cancelar permisos, (artículo 364) de forma definitiva o temporal, normas que fundamentan la orden sanitaria MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, que finalmente suspendió el permiso sanitario. Peligro de demora, el ente municipal no aporta un solo elemento de prueba que permita establecer, con algún tipo de seriedad o certeza, los daños que apunta, expone son manifestaciones genéricas sin referencia a daños o perjuicios actuales o potenciales, no expone como la suspensión del permiso sanitarios genera una afectación al cumplimiento de sus obligaciones. Las municipalidades deben impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como contenedores o receptores, entre otros y pueden utilizar los instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código Municipal como la integración asociativa y empresarial. Ponderación de los intereses en juego, la emisión de la orden sanitaria es conforme a las competencias del Ministerio de Salud y fundamentado en el principio de precaución en materia sanitaria, para evitar daños graves o irreparables a la salud y la vida, de acuerdo al ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas (artículos 21, 50, 140 incisos 8) de la Constitución Política, 4 del Código Municipal, 355, 356, 364, 378, 378 bis de le Ley 5395, 6 y 9 del Decreto Ejecutivo 42293-S de 10 de abril de 2020), no para evitar que la Municipalidad cumpla sus obligaciones sino para que corrija sus actuaciones y las oriente a un servicio eficiente. De accederse a la medida cautelar se ocasionaría un grave daño a los intereses públicos, se estaría permitiendo el quebranto directo al ordenamiento jurídico, autorizando el funcionamiento del Centro indicado, sin resolver los aspectos deficientes apuntados en los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Salud.-

 

IV. EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto, que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.  La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave.  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar.-

 

V. SOBRE EL CASO CONCRETO. Se realizará el análisis de los presupuestos de la medida cautelar, tomando en cuenta los elementos requeridos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de las partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación de que constituye carga procesal de la parte interesada probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones, al tenor del 41.1. del Código Procesal Civil en aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  En cuanto la prueba de realizar una inspección judicial, la parte promovente ofrece como prueba una inspección judicial en el inmueble objeto del presente proceso, para constatar la información suministrada y tener mejores y mayores elementos para la resolución definitiva de la medida cautelar; considera esta Juzgadora que la prueba indicada no es útil para resolver la tutela cautelar sometida a conocimiento y en los autos constan elementos suficientes para conocer por el fondo la presente medida cautelar y en consecuencia, se rechaza esta prueba.  1. Apariencia de buen derecho, de lo indicado por la municipalidad gestionante, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo, lo cual no es propio de este proceso cautelar, este asunto resulta susceptible de ser conocido en un proceso de conocimiento en esta jurisdicción y por tanto, se tiene por cumplido este presupuesto.  2. Daño o perjuicio grave, actual o potencial en la situación jurídica del promovente. La representación de la Municipalidad de Talamanca manifiesta que con la cancelación de permiso sanitario de funcionamiento y la clausura del “Centro de Transferencia y Residuos Valorizables Volio", este inmueble permanece cerrado sin brindar el servicio público de recolección de residuos valorizables en el cantón y los funcionarios destinados a dicha labor no pueden realizar sus funciones con normalidad, afectando gravemente la prestación del servicio y el derecho a un ambiente sano. De la prueba: el elenco probatorio aportado corresponde a los actos administrativos que solicita la suspensión  y cese de efectos jurídicos, sea las órdenes sanitarias MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024, informe sanitario MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024, el acta de clausura MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024, las actas de inspección 005-2024, 006-2024 y 014-2024, del Ministerio de Salud de fechas 15 de enero del 2023 y 17 de enero del 2023, el Permiso Sanitario de Funcionamiento DARST-0001-2024,  copia del Plan Remedial de atención de orden sanitaria MS-DRRSHC-DARST-OS-067-2022 y el oficio UGA-033-2024 emitido por Merlin Elena Abarca Araya, Coordinadora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Talamanca. Elementos que no comprueban o permite vislumbrar la existencia algún daño o perjuicio grave y menos la intensidad del eventual daño o perjuicio, los argumentos corresponden meras presunciones o argumentaciones y como se expuso al inicio de este considerando la prueba es una carga procesal que asume la parte interesada, como lo dispone el artículo 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por tanto, se concluye que no se verifica el presupuesto legal que se analiza. 3. Ponderación de los intereses en juego, señala la Municipalidad que estamos ante un conflicto de interés entre derechos fundamentales de nivel constitucional, el derecho a la salud versus derechos de las personas a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso constitucional. En el caso concreto, no se ha demostrado el daño grave alegado, de forma que no existe mérito para realizar un análisis profundo sobre este último elemento. Sin embargo -sin prejuzgar por el fondo- se debe resguardar el interés público ya que, es lo cierto, que el Ministerio de Salud es el ente rector que ejerce competencias respecto a la adecuada gestión del manejo de residuos valorizables que se materializan en ordenes sanitarias y otras actuaciones. Ahora bien, la recolección de residuos es tan importante para la comunidad, el ambiente y salud, como el adecuado manejo y disposición de los mismos, motivos por lo cuales debe prevalecer el interés público sobre el particular. En consecuencia, al concurrir parcialmente los presupuestos legales necesarios debe declararse sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.-

 

POR TANTO

 

Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas.- Notifíquese. Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.-

 

 




- Código Verificador -
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4YXNSSW2GXY61



 

Documento firmado por:

ANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 24-001426-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:28:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

24-001426-1027-CA - 8

PROCESO:

PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR)

ACTOR/A:

MUNICIPALITY OF TALAMANCA (MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA)

DEMANDADO/A:

THE STATE (EL ESTADO)

N° 2024004395

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA), SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours and eleven minutes on the eighth of July of two thousand twenty-four.-

A request for a precautionary measure (medida cautelar) filed by the MUNICIPALITY OF TALAMANCA (MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA), represented by its Mayor Rugeli Morales Rodríguez, of legal age, married twice, holding a Bachelor's degree in Education, identity card number 7-0078-0736, resident of Limón, Talamanca, Bribri, with attorney Roy Alberto Castro Astúa, Costa Rican Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica) membership number N°19503, acting as lead counsel, against the STATE (ESTADO) represented by the state attorney (procurador) Omar Eduardo Rojas Valverde, of legal age, married, Attorney, resident of Alajuela, identity card number 2-0633-0061, is heard.-

RESULTANDO

1. The petitioner promotes a precautionary measure (medida cautelar) (see images 2 to 16 of the precautionary measure file).-

2. In a resolution issued at eight hours fifty-five minutes on the twenty-second of February of two thousand twenty-four, a preliminary interim precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) was heard and a hearing was granted to the State (see image 49 of the precautionary measure file).-

3. The respondent's representation addresses the precautionary proceeding (see images 53 to 72 of the precautionary measure file).-

4. The legal prescriptions have been observed in the proceedings, and no defects or omissions are observed that are capable of invalidating what has been done or may cause defenselessness for any of the parties.-

CONSIDERANDO

I. PURPOSE OF THE PRESENT PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). The petitioner seeks the following as a precautionary measure (medida cautelar): "1. The immediate suspension and cessation of the totality of the legal effects of the sanitary orders identified: MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024, issued by the Ministry of Health, Huetar Caribe Regional Health Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe), Talamanca Health Area Directorate (Dirección Área Rectora de Salud Talamanca), until a final judicial judgment resolving the merits of the matter is issued. 2. The immediate suspension and cessation of the totality of the legal effects of the sanitary report identified: MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024, issued by the Ministry of Health, Huetar Caribe Regional Health Directorate, Talamanca Health Area Directorate, until a final judicial judgment resolving the merits of the matter is issued. 3. The immediate suspension and cessation of the totality of the legal effects of the closure records identified: MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024 issued by the Ministry of Health, Huetar Caribe Regional Health Directorate, Talamanca Health Area Directorate, until a final judicial judgment resolving the merits of the matter is issued".-

II. ARGUMENTS OF THE PETITIONER. It indicates that the Municipality is responsible for the final disposal of the waste generated in the canton of Talamanca; however, it is impossible to provide an infallible service and it tries to provide an efficient performance of the entrusted task. The local authorities of the Ministry of Health repeatedly point out deficiencies and alleged non-compliances related to the so-called: "Collection Center or Recoverable Waste Recovery Center (Centro de Acopio o Centro de Recuperación de Residuos Valorizables)", located in Volio, Talamanca, which has been constantly closed (clausurado) by the health authorities, the most recent on January 17, 2024. Days after having granted the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) DARST-0001-2024 in compliance with a remedial plan to the satisfaction of the health authorities, they again carried out a "field visit" according to consecutive inspection records: 005-2024, 006-2024 and 014-2024 of January 15, 2023, and January 17, 2023, with which the facilities are closed again, and points out that the sanitary order MS-DRRSHC-DARTS-OS-001-2024 does not contain any technical or scientific criterion but has a subjective affirmation far removed from reality, since the Municipality of Talamanca has the physical space and conditioning to carry out the Center's tasks. It also has suitable personnel and equipment to perform the work, with the available budget to guarantee the continuity of the collection service, and that the closure ordered or closing by the Ministry of Health, based on subjective and arbitrary assessments, is arbitrary and contrary to the right called: (a healthy and ecologically balanced environment). Regarding the requirements: Appearance of good right (Apariencia de buen derecho), it is necessary that everything related to the technical, procedural, and legal considerations related to consecutive inspection records: 005-2024, 006-2024 and 014-2024 of the Ministry of Health, carried out on January 15, 2023, and January 17, 2023, as well as sanitary orders MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024 and MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024 issued by the Ministry of Health, be heard within the plenary proceeding, which is not possible in this instance. Danger in delay (Peligro de demora), the issuance of the precautionary measures (medidas cautelares) is of vital importance given that the execution of the questioned administrative acts, cancellation of the sanitary operating permit and closure of the "Volio Transfer and Recoverable Waste Center (Centro de Transferencia y Residuos Valorizables Volio)", generates a current affectation since the closure has been executed, reason why the property remains closed without providing the public service of recoverable waste collection in the canton, without the officials assigned to said task being able to perform their functions normally, seriously affecting the provision of the service and the right to a healthy environment, therefore the precautionary measures (medidas cautelares) must be ordered until it is resolved definitively. We are facing a conflict of interest between fundamental rights of constitutional level, on one hand, the right to health versus people's rights to a healthy and ecologically balanced environment, a fundamental right, in addition to the right to work, to legal certainty, and to constitutional due process in accordance with vote N° 1739-1992 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional).-

III. ARGUMENTS OF THE STATE. It points out that the Municipality of Talamanca is responsible for the integrated waste management (gestión integral de los residuos) generated in its canton (Art. 8 Ley 8836); however, the Ministry of Health is the governing body in matters of integrated waste management, with powers of direction, monitoring, evaluation, and control, which implies that it must verify the application of Ley 8836 and continuously evaluate the policies, plans, programs, and technical regulations associated with integrated waste management. On January 8, 2024, the Ministry of Health granted a sanitary operating permit but it was issued in compliance with a remedial plan from sanitary order MS-DRRSHC-DARST-OS-067-2022 of April 2022, for different reasons from sanitary orders MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024 and MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, which is maintained until the Municipality presents a Remedial Plan subject to review and approval, guaranteeing compliance with the responsibilities in matters of Integrated Waste Management. It maintains that the Municipality did not file ordinary appeals and according to official letter MS-DRRSHC-DARST-1172-2024 of April 8, 2024, almost two months after having issued said measure, it has not presented said remedial plan. It indicates that the measure is not urgent because it did not file ordinary appeals, presented the precautionary measure (medida cautelar) on February 21, 2024, and the sanitary order was notified on January 17, 2024, in addition to the fact that it attended to the prevention of copies from this tribunal a month later. It lacks instrumentality and provisionality. The sanitary report MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024 and the closure record MSDRRSHC-ARTS-AC-001-2024, both of January 17, 2024, are merely procedural acts, without their own effects. There is also no summary cognition (sumaria cognitio) because it intends in this proceeding to review the validity and effectiveness of the issued sanitary orders, which is not possible. Appearance of good right (Apariencia de buen derecho), there is no seriousness in the claim observing what was stated by the Ministry of Health in official letter MS-DRRSHC-DARST-1172-2024. It reiterates that the Municipality did not file appeals before the Ministry of Health and that Article 8 of Ley 8839 sets out municipal functions and responsibilities, such as the provision of services for collection, separation, treatment (recycling, composting, others), transport, and final disposal of ordinary solid waste. The Ministry of Health as the governing body (Art. 7) was obliged to guarantee compliance with its functions and responsibilities in the matter in order to ensure a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política), and that ordinal 356 of Ley 5395 establishes the possibility of closing (clausurar) establishments and canceling permits (Article 364) definitively or temporarily, norms that underpin sanitary order MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, which finally suspended the sanitary permit. Danger in delay (Peligro de demora), the municipal entity does not provide a single element of proof that allows establishing, with any kind of seriousness or certainty, the damages it points out; it states they are generic manifestations without reference to current or potential damages or harms, it does not state how the suspension of the sanitary permits generates an affectation on the fulfillment of its obligations. Municipalities must promote alternative systems for the selective collection of recoverable waste such as containers or receptacles, among others, and can use the planning and management instruments provided in the Municipal Code (Código Municipal) such as associative and business integration. Balancing of the interests at stake, the issuance of the sanitary order is in accordance with the competencies of the Ministry of Health and founded on the principle of precaution in sanitary matters, to prevent serious or irreparable damage to health and life, according to the exercise of the conferred powers and attributions (Articles 21, 50, 140 subsections 8) of the Political Constitution, 4 of the Municipal Code, 355, 356, 364, 378, 378 bis of Ley 5395, 6 and 9 of Decreto Ejecutivo 42293-S of April 10, 2020), not to prevent the Municipality from fulfilling its obligations but so that it corrects its actions and directs them towards an efficient service. If the precautionary measure is granted, serious damage to public interests would be caused, it would be allowing a direct breach of the legal system, authorizing the operation of the indicated Center, without resolving the deficient aspects pointed out in the administrative acts issued by the Ministry of Health.-

IV. IN GENERAL ON THE REQUIREMENTS NECESSARY FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). The case law has extensively developed the purpose of precautionary justice, which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment. In this sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the purpose of granting a precautionary measure (medida cautelar) is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Based on the foregoing, the judge, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure (medida cautelar), verifying in effect that the claim of the plenary proceeding is not reckless or manifestly lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case in question, what the doctrine and jurisprudence have called appearance of good right (apariencia de buen derecho) or fumus boni iuris exists. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct under process produces serious damages or harms, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay (peligro en la demora), that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious damage will be generated to the petitioner. Under the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake between the circumstance of the individual, on one hand, and on the other, the public interest, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure.-

V. ON THE SPECIFIC CASE. An analysis of the requirements for the precautionary measure (medida cautelar) will be carried out, taking into account the elements required in Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code, according to the arguments of the parties and the elements of proof provided to the file, observing that it is the procedural burden of the interested party to prove the affirmations made in support of its claims, under 41.1. of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil) in supplementary application in accordance with Article 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Regarding the proof of conducting a judicial inspection (inspección judicial), the petitioner offers as evidence a judicial inspection on the property that is the subject of the present proceeding, to verify the information provided and have better and greater elements for the definitive resolution of the precautionary measure; this Judge considers that the indicated evidence is not useful to resolve the precautionary protection submitted for consideration and that there are sufficient elements in the record to address the merits of the present precautionary measure, and consequently, this evidence is rejected. 1. Appearance of good right (Apariencia de buen derecho), based on what was indicated by the managing municipality, without entering into a value judgment on the merits, which is not proper for this precautionary process, this matter is susceptible to being heard in a plenary proceeding in this jurisdiction and therefore, this requirement is considered fulfilled. 2. Serious, current, or potential damage or harm in the legal situation of the petitioner. The representation of the Municipality of Talamanca states that with the cancellation of the sanitary operating permit and the closure of the "Volio Transfer and Recoverable Waste Center (Centro de Transferencia y Residuos Valorizables Volio)", this property remains closed without providing the public service of recoverable waste collection in the canton, and the officials assigned to said task cannot perform their functions normally, seriously affecting the provision of the service and the right to a healthy environment. From the evidence: the probative array provided corresponds to the administrative acts requesting the suspension and cessation of legal effects, namely the sanitary orders MS-DRRSHC-DARST-OS-002-2024, MS-DRRSHC-DARST-OS-001-2024, sanitary report MS-DRRSHC-ARST-IS-001-2024, the closure record MS-DRRSHC-ARTS-AC-001-2024, the inspection records 005-2024, 006-2024 and 014-2024, from the Ministry of Health dated January 15, 2023, and January 17, 2023, the Sanitary Operating Permit DARST-0001-2024, a copy of the Remedial Plan for attention to sanitary order MS-DRRSHC-DARST-OS-067-2022, and the official letter UGA-033-2024 issued by Merlin Elena Abarca Araya, Environmental Management Coordinator of the Municipality of Talamanca. These elements do not prove or allow one to glimpse the existence of any serious damage or harm, and even less the intensity of the eventual damage or harm; the arguments correspond to mere presumptions or argumentations, and as stated at the beginning of this Considerando, proof is a procedural burden assumed by the interested party, as provided in Article 41.1. of the Civil Procedural Code in supplementary application in accordance with Article 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Therefore, it is concluded that the legal requirement under analysis is not verified. 3. Balancing of the interests at stake, the Municipality indicates that we are facing a conflict of interest between fundamental rights of constitutional level, the right to health versus people's rights to a healthy and ecologically balanced environment, and the right to work, to legal certainty, and to constitutional due process. In the specific case, the alleged serious damage has not been demonstrated, so there is no merit to carry out a deep analysis of this last element. However —without prejudging the merits— the public interest must be safeguarded since, it is true, that the Ministry of Health is the governing body that exercises competencies regarding the adequate management of recoverable waste that materialize in sanitary orders and other actions. That said, waste collection is as important for the community, the environment, and health, as the adequate management and disposal thereof, reasons why the public interest must prevail over the private interest. Consequently, as the necessary legal requirements partially concur, the requested precautionary measure (medida cautelar) must be declared without merit. It is resolved without special condemnation in costs.-

POR TANTO

The requested precautionary measure (medida cautelar) is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without special condemnation in costs.- Notify. Ana Katarina Apú Hidalgo. Judge.-

- Verifier Code -
*4YXSSW2GXY61*

Document signed by:

ANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUDGE/PROCESSING JUDGE

EXP: 24-001426-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:28:28.

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