Res. 04396-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — INDER Recovers Lot in Southern Border Strip Illegally TitledINDER recupera terreno en franja fronteriza sur titulado ilegalmente

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 04396 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Julio del 2024 a las 16:19

Expediente: 17-009841-1027-CA

Redactado por: Amy Lucía Miranda Alvarado

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Concepto, características y elementos.
Proceso de lesividad para anular titulación a un tercero por parte del INDER.
Temas (descriptores): Proceso de lesividad
Subtemas:
Alcances y consideraciones sobre los presupuestos necesarios para su aplicación.
Nulidad de titulación de bien de dominio público.
Temas (descriptores): Lesividad del acto administrativo
Subtemas:
Análisis con respecto a su aplicación y presupuestos procesales.
Titulación de bien de dominio púbico.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

17-009841-1027-CA - 7




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL




DEMANDADO/A:

	

HERIBERTO DE SAN ANTONIO JIMENEZ LEIVA

 

 N° 2024004396

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con diecinueve minutos del ocho de Julio del dos mil veinticuatro.-

 

 Proceso de lesividad interpuesto por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado últimamente por el Lic. Natanael José Barrantes Azofeifa, carnet del Colegio de Abogados número 19857, en contra de los señores YAHAIRA MONGE BARBOZA, portadora de la cédula de identidad número 6-0364-0033, HERIBERTO JIMÉNEZ LEIVA, portador de la cédula de identidad número 1-0674-0412, MARÍA EMILIA JIMÉNEZ QUESADA, portadora de la cédula de identidad número 1-0652-0553, y SIDIANI MONGE BARBOZA, portador de la cédula de identidad número 6-0388-0112, representado por su curador procesal, Lic. Marcelo Gamboa Venegas, carnet del Colegio de Abogados número 11411, todos los demandados mayores. Participa el ESTADO como coadyuvante activo, representado por la procuradora, Licda. Susana Fallas Cubero, carnet del colegio de abogados número 9669.-

RESULTANDO

 I.- En fecha 3 de octubre de 2017, la parte actora interpone proceso de lesividad en contra de los señores Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, María Emilia Jiménez Quesada, y Sidiani Monge Barboza, formulando y aclarando en audiencia preliminar, las siguientes pretensiones: "1. Que se declare absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización de segregación y traspaso de un terreno a favor de YAHAIRA MONGE BARABOZA,(sic) descrita en plano catastrado número P- 999359-2005. 2. Por conexidad, que se anule la escritura pública número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 40 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de YAHAIRA MONGE BARABOZA,(sic) que generó la matricula registral folio real número 143.728-000 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número P-999359-2005. 3. Por conexidad, que se anulen las escrituras 14 de las 11 horas 10 minutos del 6 de junio de 2008, visible a folio 49 frente del tomo 18 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde la adjudicataria vende la finca ya descrita a favor del señor Heriberto Jiménez Leiva, por la suma de 25.000 colones y la escritura número 66 de las 13 horas 35 minutos del 18 de diciembre de 2009 suscrita a folio 49 frente del tomo 19 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde el señor Heriberto Jiménez Leiva vende la finca ya descrita a favor de la señora YAHAIRA MONGE BARABOZA(sic) por la suma de 50 mil colones, y la escritura número 149 de las 9 horas del 1 de febrero de 2013 suscrita a folio 19 del tomo 3 de la Notaria Antonieta Arce Sancho donde la señora YAHAIRA MONGE BARABOZA(sic) dona la finca en cuestión al señor SIDIANI MONGE BARBOZA, y la escritura número 98-14 de las 16 horas del 18 de marzo de 2014, visible a folio 35 vuelto del tomo 4 de la (sic) Antonieta Arce Sancho donde el señor SIDIANI MONGE BARBOZA dona la finca en cuestión a la señora MARÍA EMILIA JIMÉNEZ QUESADA, quien es la actual propietaria registral. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matricula número 143.728-000 del Partido de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional. 5. Una vez firme la presente demanda, se ordene el desalojo y se ponga posesión del bien al Instituto de Desarrollo Rural de la propiedad cuyo plano catastrado número P-999359-2005. 6. De existir oposición en el presente proceso, se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso a favor del INDER y se exonere al pago de costas al Instituto de Desarrollo Rural". (Ver demanda y audiencia preliminar en imágenes 2 a 18 y 372 a 375 del expediente digital judicial).-

 II.- Otorgado el traslado de ley, los demandados Yahaira Monge Barboza, Jiménez Leiva y Jiménez Quesada fueron debidamente notificados, sin embargo, no se presentaron a contestar la demanda y fueron declarados rebeldes mediante resolución de las once horas con treinta y un minutos del 19 de marzo de 2021, solo el codemandado Sidiani Monge Barboza contestó la demanda por medio de su curador procesal, allanándose a la demanda. (Ver imágenes 286, 288, 290, 291, 337 a 340 y 345 del expediente digital judicial).-

 III.- La audiencia preliminar prevista en el ordinal 90 del CPCA fue celebrada el día 29 de julio de 2021, con la asistencia del INDER, Estado y el curador del señor Sidiani Monge Barboza. Se fijaron las pretensiones, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió prueba solo de orden documental y se rindieron conclusiones. (Imágenes 372 a 375 del expediente judicial).-

 IV.- Se dicta esta sentencia por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

 Redacta la Jueza Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.

CONSIDERANDO

 I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Que la finca 143728-000 de la Provincia de Puntarenas, tiene las siguientes características: naturaleza, Proyecto Amalia Hernández Piedra, terreno para construir, parcela 40; situada en el distrito, Sabalito, cantón 8 Coto Brus de la Provincia de Puntarenas; linderos Norte: Parcela 41-1, sur calle publica, Este: parcela 39 y Oeste: parcela 41-1; miden: doscientos dos metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados según el plano P-0999359-2005. Gravámenes, servidumbre trasladada, reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos. Propiedad de María Emilia Jiménez Quesada. (Ver certificación registral en imagen 260 del expediente judicial y 167 y 45 frente del expediente administrativo); 2) Dicha finca nace de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas número 12464-000, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER, que tiene naturaleza de terreno inculto de bosques, situada en el distrito 04 Boruca, cantón 03 Buenos Aires, linda al norte con Roberto Nelson Howard, al sur con zona inalienable del Estado, al este con Jorge Zeledón Castro y al oeste, con Andre Jean Chalie Penaforte, con una medida de dos millones ciento noventa y siete mil novecientos veinticuatro metros con once decímetros cuadrados. (Folios 1 a 6 vuelto del expediente administrativo) 3) En el año 2005, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario toma un acuerdo en el artículo 66 de la sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, para autorizar la adjudicación, segregación y traspaso de 122 lotes, parcelas y granjas en el Asentamiento Amalia Hernández Piedra en Sabalito de Coto Brus de la provincia de Puntarenas. La parcela 40 que dio origen a la finca 143728-000 de la Provincia de Puntarenas, estaba dentro de esas 122 parcelas. (Ver folios 9 a 29 del expediente administrativo); 4) Mediante la escritura número 15 del Tomo Octavo del Protocolo del Notario Jimmy Meza Lazarus, se procedió a segregar y vender lotes del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, entre ellas la parcela número cuarenta, que se traspasó a Yahaira Monge Barboza, la cual dio origen a la finca del Partido de Puntarenas número 143728-000. (Ver imagen 70 del expediente administrativo); 5) Mediante escritura número catorce del tomo dieciocho del Protocolo de la Notaria Julieta Elizondo Calderón, de fecha 6 de junio de 2008, la señora Yahaira Monge Barboza, vende al señor Heriberto Jiménez Leiva, la finca de su propiedad número 143728-000 del Partido de Puntarenas. (Ver folios 129 frente a 131 del expediente administrativo); 6) Mediante escritura número sesenta y seis del tomo diecinueve del Protocolo de la Notaria Julieta Elizondo Calderón, de fecha 18 de diciembre de 2009, el señor Heriberto Jiménez Leiva, vende a la señora Yahaira Monge Barboza, la finca de su propiedad número 143728-000 del Partido de Puntarenas. (Ver folios 132 frente a 136 del expediente administrativo); 7) Mediante escritura número ciento cuarenta y nueve del tomo tres del Protocolo de la Notaria Antonieta Arce Sancho, de fecha 1 de febrero de 2013, la señora Yahaira Monge Barboza, dona al señor Sidiani Monge Barboza, la finca de su propiedad número 143728-000 del Partido de Puntarenas. (Ver folio 137 del expediente administrativo); 8) Mediante escritura número noventa y ocho bis del tomo cuatro del Protocolo de la Notaria Antonieta Arce Sancho, de fecha 18 de marzo de 2014, el señor Sidiani Monge Barboza dona a la señora María Emilia Jiménez Quesada, la finca de su propiedad número 143728-000 del Partido de Puntarenas. (Ver folios 138 y 139 del expediente administrativo); 9) La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario mediante el artículo número 90 de la sesión ordinaria 033-2008 del 22 de setiembre de 2008, acuerda acoger una recomendación del Director y el Asesor Legal de la Región Brunca, referente al otorgamiento de títulos en el Proyecto Amalia Hernández en Coto Brus y a partir de ello instruir al área de topografía que determine cuales predios de dicho asentamiento se encuentran en la franja fronteriza. (Ver folio 141 del expediente administrativo); 10) Mediante la certificación AT-381-2016 se indica que, de acuerdo al estudio de campo realizado por el Ing. Víctor Montero Vallejos, el predio representado en el plano catastrado P-nueve nueve nueve tres cinco nueve-dos mil cinco, situado en el distrito Sabalito, cantón Coto Brus, provincia de Puntarenas, que corresponde a la parcela 40 del asentamiento Amalia Hernández Piedra conocida como el Progreso, se encuentra en su totalidad inmersa en los dos kilómetros de la faja fronteriza Sur. (Ver imagen 52 del expediente administrativo); 11) Mediante Sesión Ordinaria 41 del 14 de noviembre de 2016, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en su artículo 62, se conoce oficio A-PE-2033-2016 de la Presidencia Ejecutiva por el cual se traslada el procedimiento administrativo para la declaratoria de lesividad del acto dictado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, del 24 de octubre de 2005, por el cual se asignó y autorizó titulación de la parcela 40 del Asentamiento Campesino Amalia Hernández. Esto por cuanto el terreno forma parte del Patrimonio del Estado al encontrarse dentro de los 2000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá. Siendo que en dicha sesión se toma el siguiente acuerdo: "POR TANTO: Con fundamento en los hechos expuestos, la prueba aportada y los fundamentos de derechos, se acuerda: 1) Declarar la lesividad del Acuerdo de la Junta Directiva, Artículo 66, Sesión 041-05, celebrado el veinticuatro de octubre de dos mil cinco, que aprobó la segregación y traspaso de un terreno identificado como parcela 40 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, a favor de YAHAIRA MONGE BARBOZA, cédula 6-364-033, mismo que era parte de la finca matrícula folio real número DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO-CERO CERO CERO, finca inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, Terreno con un área de 202,69 m2, descrito en plano catastrado número P-999359-2005; acuerdo que se materializó en escritura número quince del Tomo octavo otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lazarus, al ser las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, inscribiéndose en el Registro Inmobiliario, bajo las citas: Tomo 560. Asiento 19557, generando la finca de la Provincia de Puntarenas número CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO-CERO CERO CERO, pues permitió que sobre un terreno afectado en su totalidad por ubicarse en la franja fronteriza sur, así demostrado mediante certificación AT-381-2016, de fecha 16 de mayo 2016, emitida por el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe del Área de Topografía del Instituto de Desarrollo Rural, se constituyeran derechos a favor de un particular, en contravención a la normativa vigente al momento de dictarse el acto, en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 7 inciso f) de la Ley 2825 (Ley de Tierras y Colonización); por integrar parte el Patrimonio del Estado, terrenos sometidos al dominio público, siendo que no pueden desafectarse sino es por reserva de Ley. 2) Instruir a la Asesoría Legal de la Región Brunca para que en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, interponga ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el proceso de declaratoria de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el proceso de declaratoria de lesividad del Acuerdo de  Junta Directiva, Artículo 66 Sesión 041-05, celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil cinco, en razón de que la Institución sin tener la facultad o contar con la autorización para ello, siendo esta reserva de Ley, desafectó terrenos de dominio público, contraviniendo  la norma existente, y de que de conformidad con los Artículos 173, 174 y 183 de la Ley General de la Administración Pública, en aplicación al Artículo 7 inciso f) de la Ley 2825, lleve a cabo todas als acciones pertinentes y necesarias para recuperar el inmueble matrícula número CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO-CERO CERO CERO que en la actualidad se encuentra a nombre de MARIA EMILIA JIMÉNEZ QUESADA, cédula 1-652-553, al haberse determinado la existencia de vicios que acarrean la nulidad del acto". (Ver folios 158 a 166 del expediente administrativo).-  

 II.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos improbados de interés.-

 III.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LA PARTE ACTORA: En su escrito de demanda, la parte actora plantea: "(...) SOBRE LOS TERRENOS PERTENECIENTES A LA ZONA INALIENABLE DE LA FRONTERA SUR: Los terrenos comprendidos dentro de la franja de dos mil metros que discurre a lo largo de la Frontera con Panamá, constituyen por voluntad del legislador bienes de dominio público, afectación de vieja data tutelada desde el siglo XIX, primeramente en el Código Fiscal, No 8 del 31 de octubre de 1885, afectación que luego sufrió algunas modificaciones con Decreto número 3 de 29 de octubre de 1914 se declara indenunciable una zona de cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de la frontera definitiva con la República de Panamá, posteriormente con leyes números 11 de 22 de octubre de 1926 y 149 del 16 de agosto de 1929, se reduce la afectación a cinco kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá y ocho con Nicaragua, más adelante, la ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, modifica el tamaño, reduciéndola a dos kilómetros, siendo que en su artículo 10 se establecía: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Con Decreto número 6 se reglamenta la ley de Terrenos Baldíos, y en su artículo 15 inciso f), se faculta al Poder Ejecutivo para dar en arrendamiento los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá, todo ello con la finalidad de conservarlos dentro del dominio público y permitir un aprovechamiento por tiempo definido a quienes satisfagan una serie de requisitos y asumieran algunos compromisos, entre ellos, dar uso directo al terreno para el fin que se entregó. Finalmente, con la promulgación de la Ley 2825 de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961, y sus reformas, se perpetua hasta nuestros días esta afectación, siendo que el artículo 7 inciso f) estipula: "Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se consideraron inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá". Respecto a estas características de la Franja Fronteriza, nuestra Sala Constitucional, como parte de la sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, indicó: "Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se torna en el elemento primordial para la inclusión de un bien al dominio público, por lo tanto, será de dominio público todo bien destinado por Ley, o por un acto administrativo cuanto ésta lo autorice. Cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, adquiere una serie de características esenciales como la inabienabilidad, la imprescriptibilidad, y la inembargabilidad. De estas condiciones es que estos bienes no son expropiables, por cuanto ésta implicaría la enajenación y son inalienables. Asimismo, la usucapión tampoco es un medio de adquiridos, las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas. "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectadas al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad." (Sala Constitucional, Voto No. 2306-91 de14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991). Así mismo, el dictamen C-1461008 del 5 de mayo de 2008, suscrito por el Dr José J. Barahona Vargas, Procurador Asesor de la Procuraduría General de la República, como respuesta a consulta realizada por el Instituto de Desarrollo Agrario sobre "la validez jurídica de titular predios en asentamientos campesinos dentro de la franja fronteriza sur, llega a las siguientes conclusiones: "2) Por lo anterior, contravenir los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad, que protegen el régimen de dominio público de la franja fronteriza, y mediar falta de competencia, contenido ilícito e imposible legalmente y falta de motivo, son absolutamente nulas las titulaciones -entendidas con el significado dicha- que realice el instituto de Desarrollo Agrario sobre terrenos demaniales de la franja fronteriza sur, así como todo acto o contrato traslativo del dominio que los comprenda o incorpore inmuebles del patrimonio natural del Estado (áreas silvestres protegidas y bosques o terrenos forestales a que se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal. Dictamen C-321-2003). 3) El acto administrativo nulo no se presume legítimo, ni se podrá ordenar su ejecución, convalidar o sanear. Ordenar su ejecución, origina responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor si la ejecución llegare a tener lugar. (Ley General de lo Administración Pública, arts.169, 170 y 172). 4) Si bien la Ley 2825, artículo 7°, inciso f), respeta los derechos de dominio privado, con título legítimo, de los terrenos incluidos dentro de la franja fronteriza, debe tenerse en cuenta que con antelación se emitieron varias normas, sin solución de continuidad, que la declararon inalienable e indenunciable (con ancho no menor a dos kilómetros), y excluyeron así la posibilidad de reducirla a propiedad privada, reservándose al dominio público del Estado: Decreto N" 3/1914, al que la Ley 2/1915 otorgó rango de ley, Ley 11/1926 (arts.1° y 10), Ley 29/1934 (art 23), Ley 13/1939 (art.10) y Ley 1455/1952 (art. 1)". Con respecto al tema de la nulidad de los actos el Dictamen C-321-2003, del 9/10/2003, suscrito Dr. José J. Barahona Vargas, Procurador Director, Area de Derecho Agrario y Ambiental, Procuraduría General de la República señala, además: "Todo acto administrativo de transmisión del demanio afecto por ley, es nulo de pleno derecho, por realizarlo un órgano manifiestamente incompetente y ser de contenido imposible". Y algunos otros tratadistas han indicado: "Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y cualquier decisión administrativa en contrario debe reputarse nula de pleno derecho, pues su objeto serio absolutamente ilícito y radicalmente imposible en términos legales". (SÁNCHEZ MORÓN, Miguel y otros. Los Bienes Públicos (Régimen Jurídico). Editorial Tecnos S. A. Madrid. 1997, pg 73). "La enajenación del bien demanial es nula de modo absoluto por falta total de objeto: enajenar una cosa demanial es jurídicamente tan imposible como enajenar una cosa que no existe ni podrá existir..." (BIONDO BIONDI. Los Bienes. Edit. Bosch- Urgel, 51 bis. Barcelona. 1961, págs. 276 a 347. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, sentencia N° 101 de 1995). La Sala Constitucional en la resolución número 2008-008309 de las nueve horas y quince minutos del dieciséis de mayo del dos mil ocho, establece los elementos de conceptualización de los bienes demaniales v en tal sentido dice: "'(...) Sobre los Bienes de Dominio Público. El presente asunto sometido a conocimiento de este Tribunal presentó la característica de involucrar la discusión que se puede generar en torno a los bienes de dominio público y a los posibles usos que se pueden llegar a obtener sobre éstos. Lo primero que se debe recordar es que respecto de los bienes de dominio público existen ciertos elementos que ayudan o conceptuar en qué momento se está frente o un bien de tal calidad. Tales elementos se pueden definir como: 1) subjetivo, se refiere o quién posee la titularidad sobre los bienes de dominio público, que, claro está, le pertenece al Estado, entendido en nuestro ordenamiento como la Administración Central y las instituciones descentralizadas, según lo señala el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública; 2) objetivo el cual indica qué puede ser o que es un bien de dominio público, para esto se requiere que el bien posea una cierta capacidad de permanencia temporal, así se ha afirmado que ni los bienes fungibles ni los consumibles son susceptibles de afectarse al dominio público a diferencia de los bienes inmateriales que si tienen la posibilidad de afectarse a tal dominio, 3) finalista o teleológico, los bienes de dominio público, necesariamente, deben responder de forma directa a indirecta o un uso común, deben estar destinados a un fin que satisfaga a una colectividad, este es su elemento más trascendental, sin tal nota característica no se le podría denominar a un bien como de dominio público, 4) normativo, ese fin o uso común que se le da a un bien debe estar definido por una ley en sentido formal y material, siendo el legislador quien define qué son bienes de dominio público. Estos bienes revisten características excepcionales otorgadas por el ordenamiento jurídico, en virtud de que el legislador, a través de un instrumento normativo, decidió dotarlos de ciertas cualidades que no posee ningún otro bien dentro del universo jurídico. (...)". Lo anterior cumple con el elemento teleológico que los terrenos que pertenecen a la Zona Fronteriza Sur, por ser del Estado, son inembargables, inalienables, no susceptibles de ser adquiridos por posesión y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible, con lo que se infieren las características de un bien de dominio público, según las establece la Sala Constitucional en la sentencia número 1991-02306, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que indica: )El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominicales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados o un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- (...) Conforme a lo anterior, el acto administrativo dictado por mi representada, en el acuerdo tomado por la Junta Directiva artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, que autorizó segregar y traspasar la parcela número 40 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, con una medida de 202.69 m2, sito en la Provincia de Puntarenas, Cantón de Coto Brus, Distrito Sabalito, ubicado en Progreso, al amparo de la Ley 2825 (Ley de Tierras y Colonización), específicamente dentro del Programa ordinario de Titulación, dentro de la unidad agronómica formada por la finca inscrita al Folio Real de Puntarenas 12.464›000, a nombre del Instituto, traspaso a favor de la señora YAHAIRA MONGE BARABOZA, (sic) con cédula de identidad 6-364-033, resulta absolutamente nulo porque el terreno objeto de este proceso se encuentra dentro de la zona inalienable de los 2000 metros de la zona Fronteriza Sur, por lo que se constituye en predio de dominio público, en virtud de lo antes expuesto y en resguardo del Dominio Público, es que mi representada solicita la nulidad del título otorgado. VICIOS DE NULIDAD EN LOS ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO. De los hechos relatados en esta demanda y la documentación que consta en el expediente administrativo, se concluye que existe una nulidad absoluta, al titular un predio comprendido dentro de la zona inalienable de la Zona Sur, al respecto el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, articulo que se relaciona con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. El artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse al motivo como elemento de validez del acto administrativo, dispone que este tiene que ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. La Junta Directiva del IDA autorizó el traspaso del lote en cuestión, supuestamente porque se había cumplido con todos los requisitos establecidos por el Reglamento de Selección de adjudicatarios, siendo este el motivo del acto administrativo que acordó el traspaso de la parcela a la solicitante. Por su parte, el artículo 132 de la misma ley, establece que el contenido del acto administrativo debe ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo. Al tratarse de un terreno afectado por la inalienabilidad, terrenos que por sus características pertenecen al Estado, el acuerdo que autorizó el traspaso de este se torna ilícito, ya que se trata de un bien inalienable de dominio público de acuerdo a lo supra citado, que jurídicamente no es posible traspasarlo a particulares, dado que el bien está fuera del comercio de los hombres y destinado al servicio de la comunidad, por lo que es un acto lesivo al interés público. CONTENIDO ILEGAL Y LESIVIDAD DEL ACTO. Mi representada consciente del error administrativo cometido al autorizar y formalizar la segregación del terreno objeto de esta demanda, sin la debida verificación de que no se afectaba terrenos del Estado, dispuso de conformidad con el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, declarar la lesividad de su conducta mediante Acuerdo de Junta Directiva. Artículo 62 de la Sesión Ordinaria 41-2016. efectuada el 14 de noviembre de 2016, para continuar conforme esta normativa con la presente demanda cuyo propósito es anular el acto administrativo viciado de nulidad absoluta y los conexos a éste, que generaron o son dependientes del título de propiedad, al haberse gestionado éste título ante el Registro Nacional sin cumplir, el acto administrativo, con requisitos esenciales dados por ley, nulidad absoluta que debe ser declarada por la autoridad judicial, por lo que de conformidad con la norma indicada, así se demanda en este proceso".-

IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DEL CODEMANDADO MONGE BARBOZA: En el escrito de contestación, indica el curador procesal del codemandado Monge Barboza en lo interés que: "(...) Análisis Jurídico. Esta representación, de la presente demanda no cuenta con elementos probatorios técnicos o jurídicos que contradigan las pretensiones del actor, tratándose de la zona inalienable, nuestra legislación y jurisprudencia ha sido amplia sobre la nulidad de los instrumentos jurídicos otorgados en contraposición de dicha normativa, por lo que no encuentra esta representación argumentos de oposición legalmente fundamentados. En sentido estricto, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, de las 8 horas del 23 de abril de 2020, bajo el expediente 17-9839-1027-CA resuelve en similares condiciones sobre la franja de Zona Fronteriza donde se ubica la finca sometida a nulidad en el presente proceso, criterio que comparte esta representación. Petitoria. Por lo antes expuesto contesto la presente demanda, en los términos planteada me allano por estar a derecho las pretensiones de la actora. De conformidad con el inciso a) del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por la naturaleza de la demanda y tomando en cuenta que no se conocía la inclusión dentro de la zona inalienable, solicito se exima a mi representado de las costas personales y procesales".-

V.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO: Si bien el Estado fue incorporado al proceso como coadyuvante, el mismo no aportó argumentos a considerar.-

VI.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL PROCESO DE LESIVIDAD: Para realizar el análisis del presente proceso, es importante partir del cumplimiento de los presupuestos que impone el ordenamiento jurídico para la interposición de un proceso de lesividad por parte de la Administración Pública, toda vez que la ausencia de uno de ellos haría innecesario el examen de fondo. En términos generales, las diversas Secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, han precisado en sus sentencias que la lesividad es un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual, la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado y a su vez, estima que esos efectos, son desfavorables para el interés público, sea éste económico, social, tributario, sanitario, u otro. Lógicamente, la naturaleza de esta pretensión demanda la participación de todo aquel que se encuentra perjudicado por la anulación de la conducta que concede el derecho subjetivo o beneficio, a efecto que ejerza la defensa de sus intereses a través del contradictorio. En orden a lo descrito, es el Juez quien debe proceder a analizar la validez de una conducta administrativa de contenido favorable. Las disposiciones normativas que regulan esta figura procesal se encuentran contenidas en la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Éste último, en su artículo 34, fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública. En resumen, las normas de cita imponen las condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales de la acción de lesividad. En primer término, al referirnos al elemento subjetivo, debemos precisar que la legitimación activa se concede a la Administración autora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus beneficios. El elemento objetivo, se refiere al mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos que son favorables o declarativos de derechos al administrado pero que, estima la Administración, se encuentran viciados de nulidad absoluta o relativa y que, por ende, se tornan sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En lo que respecta al orden procedimental, es requisito que la Administración declare lesivo a los intereses públicos esa conducta, siendo imperativo que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, sociales, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. Es importante recordar, que por tratarse de un requisito procedimental que será sometido al conocimiento de la sede jurisdiccional, a diferencia del procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta que realiza en sede administrativa la propia Administración productora del acto, acá no se concede audiencia al administrado, por cuanto, se trata de una acción de naturaleza interna de la Administración, que se orienta a verificar la voluntad del máximo jerarca, y a su vez, permite el inicio del proceso judicial y será en el curso de éste, que podrá ejercer su derecho de defensa aquel que derive derechos derivados del acto impugnado, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Otro aspecto de trascendencia al analizar el acto que declara su lesividad es el determinar si el acto emana del máximo jerarca administrativo. Las reglas son las siguientes, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, de acuerdo con el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República, previo pedimento del jerarca máximo supremo y declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. La misma regla procesal opera cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Por último, en cuanto a las administraciones públicas descentralizadas, deberá realizar la declaratoria el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Otro aspecto a tomar en cuenta, es que procesalmente existe el impedimento para que la Administración formule vía contrademanda, la pretensión anulatoria. Por último, existe una limitación temporal. El artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del mismo cuerpo normativo, esa declaratoria interna puede hacerse mientras éstos perduren. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de los mismos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta anulada. Luego de esa declaratoria, se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa, bajo pena de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora bien, la excepción a estas regulaciones temporales que hemos citado, gira en torno a la tutela del dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo, según se deriva del artículo 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del artículo 261 del Código Civil. Nótese entonces que cuando la acción de lesividad gira en torno a bienes demaniales del Estado, el plazo para declarar la lesividad en las normas procesales de referencia es inaplicable, lo que implica que puede disponerse en cualquier momento sin que medie sanción procesal alguna. Por último, debemos advertir que el ordinal 41 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece de forma expresa que, tratándose de materia tributaria, el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute. Por último, al estudiar el Tribunal un proceso judicial de lesividad, debe advertir si el acto que se pretende anular fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, esto es, en fecha 1 de enero del 2008, ya que de ser así, debe aplicarse lo dispuesto en el Transitorio III del citado cuerpo normativo, conforme al cual, el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento. Teniendo claro lo anterior, de seguido analizamos si en el caso concreto, se cumplen los presupuestos de ley, para la estimatoria de la acción.-

 VII.- CONSIDERACIONES SOBRE LA FRANJA FRONTERIZA:  Este Tribunal, en la sentencia número 88-2016-I de las dieciséis horas del veintidós de setiembre del dos mil dieciséis, se refirió al tema de la Franja Fronteriza y su carácter demanial, en los siguientes términos que se mantienen incólume en este fallo y que se citan a continuación: "(...) VII. SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LAS ZONAS FRONTERIZAS:  La líneas fronterizas entre Nicaragua y Costa Rica y Panamá y Costa Rica han sido reservadas al dominio público, así lo establece la ley No. 13  del 10 de enero del 1939, "Ley de Terrenos Baldíos"  y lo retoma la ley 2825 de "Tierras y Colonización" la cual preceptúa en su artículo 7 inc. f que: "Mientras que el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se consideran inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión,... f) Los comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá. Esa condición de dominio público ha sido tratada y reconocida por la jurisprudencia, así por ejemplo la sentencia de la Sala Constitucional número 2007008098 de las 16:24 horas del 12 de junio de 2007, en la cual a su vez hace referencia a la sentencia número 2988-99 de las 11:57 horas del 23 de abril de 1999, se indicó:" III.- Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, en el artículo 10 dispuso: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular y proteger los recursos naturales existentes hoy en día, y que sin el control y la limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano....". Por su parte la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 233-F-2005, señaló:  “...Ante tal situación, en primer orden, el régimen legal aplicable es el establecido por el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, según el cual, son inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los terrenos: “...comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá ...”. Tal afectación no se limita a la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, sino que, como bien lo señala el Procurador Agrario, existen una serie de leyes especiales que desde el siglo trasanterior, desde la época de la Corona Española, afectaron al dominio público esos bienes con miras a salvaguardar la seguridad nacional en un inicio y más recientemente a proteger los recursos naturales existentes en esa zona”. Es claro entonces tomando en cuenta la integración de los bienes de dominio público, que el legislador desde antigua data ha otorgado a los bienes delimitados en esa franja fronteriza de dos kilómetros como bienes demaniales, los cuales por su naturaleza son imprescriptibles e inalienables y fuera del comercio de los hombres". (la negrita es nuestra). Lo anterior es plenamente aplicable como se dirá a continuación, en el caso que nos ocupa.-

VIII.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD: De acuerdo con el expediente judicial, tenemos que, debe procederse a revisar si la entidad accionante cumple con los requisitos objetivos, subjetivos, de temporalidad y de procedimiento para que el objeto del proceso sea analizado por esta Cámara de Juzgadores. En primer lugar, tenemos que el elemento subjetivo se ha cumplido, toda vez que conforme lo dispone el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es la administración autora del acto declarativo de derechos quien demanda su anulación en este proceso. Así, efectivamente la declaratoria de lesividad y la interposición de la acción se encuentran ajustadas a derecho, por cuanto es la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en ejercicio de sus competencias dicta lesivo el acuerdo del artículo 66 de la sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, y es contra los señores Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, Sidiani Monge Barboza y María Emilia Jiménez Quesada, quien formula la presente acción al haber derivados derechos de ese acto, esto conforme lo dispone el artículo 10 inciso 5) del Código Procesal Contencioso Administrativo, de suerte que las legitimaciones activa y pasiva se encuentran correctamente constituidas. Como se desprende del expediente, el acto administrativo que declara lesivo al interés público el acto administrativo que concedió en su momento y actualmente derecho a los señores Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, Sidiani Monge Barboza y María Emilia Jiménez Quesada, esto como se desprende de los hechos probados. De esta manera, no existiendo otro sujeto que traer al proceso a defender sus intereses, la legitimación pasiva está correctamente constituida. Ahora bien, en cuanto al objeto del proceso, es claro que éste versa en la declaratoria de nulidad del acuerdo plasmado el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005 y los actos administrativos derivados y conexos de ese acuerdo, por lo que la pretensión anulatoria es congruente con el proceso de lesividad. Por último, en cuanto a la temporalidad, si bien la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo, -que sería la normativa a aplicar en tanto era la normativa vigente en el año 2005 cuando se produce el acto administrativo que se solicita anular-, dispone el plazo de dos meses para la presentación de la demanda de lesividad una vez se declare lesivo el acto (numeral 37.3 de esa ley), es claro que al estar frente a una discusión relacionada con la franja fronteriza, nos encontramos frente a una excepción debiendo concordar la norma citada supra con el artículo 261 del Código Civil, y en ese sentido, la regulación temporal cede frente a la imprescriptibilidad general del dominio público siendo entonces que no existe plazo para la presentación de esta lesividad. Habiendo cumplido entonces los elementos formales para el conocimiento del proceso de lesividad, procede esta Cámara a revisar los argumentos y prueba del actor. Señala la representación del hoy INDER que el acto administrativo adoptado por la Junta Directiva en al año 2005, específicamente en el artículo 66 de la sesión 041-05, del 24 de octubre de 2005, y que autorizó segregar y traspasar la parcela número 40 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, con una medida de 202.69 m2, sito en la Provincia de Puntarenas, Cantón de Coto Brus, Distrito Sabalito, ubicado en Progreso, adolece de nulidad absoluta y esta Cámara a la luz de la prueba aportada concuerda con ello. De vieja data, como se ha indicado en el considerando anterior, las áreas cercanas a las fronteras de Costa Rica con Nicaragua y Panamá, este último que es el caso que nos ocupa, han estado afectadas por ley al dominio público y si bien las medidas de esas áreas han sufrido variaciones importantes, su afectación y protección no ha variado en las diferentes leyes, y esto se reitera -para efecto del hoy INDER- en la ley 2825, Ley de Tierras y Colonización, que en si numeral 7 inciso f) señala: "Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se consideraron inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá". Es claro entonces que la legislación es expresa en cuanto a que dentro de los dos mil metros a lo largo de las fronteras, los terrenos son bienes demaniales y que esto debía ser aplicado para una dependencia como el hoy INDER. No obstante lo anterior, es de notar que, en el año 2005, la Junta Directiva del INDER emitió un acto administrativo contrario a derecho, y que por el acuerdo tomado en el artículo 66 de la sesión 041-05, del 24 de octubre de 2005, autorizó segregar y traspasar en forma irregular y contraria a la ley, la parcela número 40 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, en tanto la misma se encuentra dentro de la zona inalienable de los 2000 metros de la zona Fronteriza Sur. La prueba técnica que consta en el expediente administrativo, en este caso, la certificación AT-381-2016, sobre el resultado del estudio de campo realizado por el Ing. Víctor Montero Vallejos, es clara en el sentido de que la parcela número 40 que posteriormente se inscribió en el Registro Nacional y dio origen a la finca del Partido de Puntarenas número 143728-000, se ubica en su totalidad dentro de los dos kilómetros reservados como dominio público por estar dentro de la denominada franja fronteriza con Panamá. Entonces, de esa prueba -y que no ha sido desvirtuada de ninguna forma mediante otra prueba técnica-, se tiene que el traspaso autorizado por la Junta Directiva del hoy INDER, es totalmente contrario a la ley, y así deber ser declarado al afectar elementos esenciales del acto, en tanto no puede nunca tenerse como legítimo y licito un acto administrativo que afecte un bien demanial, esto conforme lo dispone la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 128, 131, 132, 133, 158.1.2, 165 y 166. Como se dijo en el considerando anterior, la Sala Constitucional al referirse a la zona fronteriza ha señalado como esta franja de dos kilómetros es un bien de dominio público y por ello afecto a las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, al estar fuera del comercio de los hombres en los términos de los numerales 261 y 262 del Código Civil que recordemos mencionan: "Artículo 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. (...), Artículo 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas. El terreno que ocupa actualmente la finca del Partido de Puntarenas número 143728-000, es un bien demanial por disposición de no una ley sino varias leyes que así lo han dispuesto y por ello no puede ser objeto de apropiación y cualquier acto administrativo dictado en ese efecto es absolutamente nulo. En el caso que nos ocupa, el Instituto ha cumplido como ya se ha mencionado los requisitos subjetivos y objetivos para la declaratoria de la lesividad y acorde a ello, mediante el acuerdo de Junta Directiva. Artículo 62 de la Sesión Ordinaria 41-2016, del 14 de noviembre de 2016, declaró lesivo el acto emitido por la Junta Directiva en el año 2005 y que dio origen al traspaso de la parcela 40 y por ello al haber dispuesto la Junta Directiva una segregación y traspaso de un lote que está dentro de esos dos kilómetros de la franja fronteriza violenta el ordenamiento jurídico y afecta el acto administrativo en su validez, contenido y fin, siendo que no queda más que acceder a declarar nulo el acto que acá se ha cuestionado. Ahora, el traspaso realizado en su momento por la escritura número 15 del Tomo Octavo del Protocolo del Notario Jimmy Meza Lazarus, dio origen a la finca del Partido de Puntarenas número 143728-000 a nombre de la señora Yahaira Monge Barboza, a partir de ello con su inscripción registral y sin existir limitaciones de ningún tipo, en su momento la señora Monge Barboza vendió esta finca al señor Heriberto Jiménez Leiva, a través de la escritura número catorce del tomo dieciocho del Protocolo de la Notaria Julieta Elizondo Calderón, de fecha 6 de junio de 2008. El señor Jiménez Leiva por su parte, vuelve a vender por medio de la escritura número sesenta y seis del tomo diecinueve del Protocolo de la Notaria Julieta Elizondo Calderón, de fecha 18 de diciembre de 2009, a la señora Yahaira Monge Barboza, esta finca. Varios años después, la señora Yahaira Monge Barboza, mediante escritura número ciento cuarenta y nueve del tomo tres del Protocolo de la Notaria Antonieta Arce Sancho, de fecha 1 de febrero de 2013, dona al señor Sidiani Monge Barboza esta propiedad. Finalmente, a través de la escritura número noventa y ocho bis del tomo cuatro del Protocolo de la Notaria Antonieta Arce Sancho, de fecha 18 de marzo de 2014, el señor Sidiani Monge Barboza dona a la señora María Emilia Jiménez Quesada esta finca quien a la fecha es la propietaria registral de la misma. En el presente asunto se notificó a todos aquellos que en su momento fueron propietarios de la finca número 143728-000, así como a la actual propietaria registral y con excepción del señor Sidiani Monge Barboza, quien a través de su curador procesal se allanó al proceso, el resto de los demandados no se presentaron al mismo y fueron declarados rebeldes, sin que se pueda desprender que los mismos estén en indefensión o exista alguna nulidad en el proceso que haya impedido el ejercicio de su defensa. Así, todos los traspasos y posteriores actos registrales en la finca número 143728-000, también deben ser anulados a la luz de lo que acá se ha determinado por estar afectados por conexidad a la declaratoria de nulidad absoluta del acto original que dio origen a la finca ya indicada. Por lo ya dicho: 1) Se declara absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en tanto autorizo la segregación y traspaso de un terreno a favor de Yahaira Monge Barboza, descrito en plano catastrado número P- 999359-2005. 2) Por conexidad, deben anularse las escrituras públicas: a) La número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 40 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Yahaira Monge Barboza, que generó la matricula registral folio real número 143728-000 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número P-999359-2005. b) La escritura número 14 de las 11 horas 10 minutos del 6 de junio de 2008, visible a folio 49 frente del tomo 18 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde la adjudicataria vende la finca ya descrita a favor del señor Heriberto Jiménez Leiva. c) La número 66 de las 13 horas 35 minutos del 18 de diciembre de 2009, suscrita a folio 49 frente del tomo 19 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde el señor Heriberto Jiménez Leiva vende la finca ya descrita a favor de la señora Yahaira Monge Barboza. d) La número 149 de las 9 horas del 1 de febrero de 2013, suscrita a folio 19 del tomo 3 de la Notaria Antonieta Arce Sancho, por la cual la señora Yahaira Monge Barboza, dona la finca en cuestión al señor Sidiani Monge Barboza. d) La número 98-14 de las 16 horas del 18 de marzo de 2014, visible a folio 35 vuelto del tomo 4 de la Notaria Antonieta Arce Sancho, por la cual el señor Sidiani Monge Barboza, dona la finca en cuestión a la señora María Emilia Jiménez Quesada, actual propietaria registral. 3) Se ordena al Registro Nacional proceder a anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matricula número 143728-000 del Partido de Puntarenas y los asientos posteriores a ese asiento registral. 4) Se ordena el desalojo de cualquier ocupante de la parcela número 40 del asentamiento Amalia Hernández Piedra, plano catastrado número P-999359-2005 y la puesta en posesión de la misma a favor del Instituto de Desarrollo Rural.-

 IX.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Sin embargo en la especie, encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto las partes demandadas lo fueron en razón de los derechos que nacieron a la luz del acto administrativo cuya lesividad se ha pedido y que ellos en su momento adquirieron y traspasaron y en el caso de la última demandada, la misma no se presentó al proceso oponiéndose, por ello se opta por no condenar al pago de las costas del proceso.-

POR TANTO

 En cuanto a la demanda de lesividad planteada por el Instituto de Desarrollo Rural, se declara con lugar la acción. En consecuencia, se dispone: 1) Declarar absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005. 2) Anular las siguientes escrituras públicas: a) La número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 40 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Yahaira Monge Barboza, que generó la matricula registral folio real número 143728-000 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número P-999359-2005. b) La escritura número 14 de las 11 horas 10 minutos del 6 de junio de 2008, visible a folio 49 frente del tomo 18 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde la adjudicataria vende la finca ya descrita a favor del señor Heriberto Jiménez Leiva. c) La número 66 de las 13 horas 35 minutos del 18 de diciembre de 2009, suscrita a folio 49 frente del tomo 19 de la Notaria Julieta Elizondo Calderón donde el señor Heriberto Jiménez Leiva vende la finca ya descrita a favor de la señora Yahaira Monge Barboza. d) La número 149 de las 9 horas del 1 de febrero de 2013, suscrita a folio 19 del tomo 3 de la Notaria Antonieta Arce Sancho, por la cual la señora Yahaira Monge Barboza, dona la finca en cuestión al señor Sidiani Monge Barboza. d) La número 98-14 de las 16 horas del 18 de marzo de 2014, visible a folio 35 vuelto del tomo 4 de la Notaria Antonieta Arce Sancho, por la cual el señor Sidiani Monge Barboza, dona la finca en cuestión a la señora María Emilia Jiménez Quesada, actual propietaria registral. 3) Ordenar al Registro Nacional anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matricula número 143728-000 del Partido de Puntarenas y los posteriores derivados del mismo. 4) Ordenar el desalojo de cualquier ocupante de la parcela número 40 del asentamiento Amalia Hernández Piedra, plano catastrado número P-999359-2005 y la puesta en posesión de la misma a favor del Instituto de Desarrollo Rural. Este asunto se falla sin especial condenatoria en costas. Notifíquese.-

Amy Miranda Alvarado

Claudia Bolaños Salazar    Carlos José Mejías Rodríguez

 

	


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AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 17-009841-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:51:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO**

**I.-** On October 3, 2017, the plaintiff filed a lesividad proceeding against Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, María Emilia Jiménez Quesada, and Sidiani Monge Barboza, formulating and clarifying in the preliminary hearing the following claims: "1. That the agreement taken by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 66 of Session 041-05, held on October 24, 2005, be declared absolutely null, insofar as it refers to the authorization of the segregation and transfer of a lot in favor of YAHAIRA MONGE BARABOZA,(sic) described in cadastral map number P- 999359-2005. 2. Consequently, that public deed number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight o'clock on October twenty-seventh, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 40 of the Amalia Hernández Settlement, be annulled, solely in regard to the titling of a property in favor of YAHAIRA MONGE BARABOZA,(sic) which generated the real estate registration under the folio real system number 143,728-000 of the Canton of Puntarenas, with cadastral map number P-999359-2005. 3. Consequently, that the following deeds be annulled: deed 14 of 11:10 a.m. on June 6, 2008, visible on folio 49 front of volume 18 of Notary Julieta Elizondo Calderón where the grantee sells the already described property in favor of Mr. Heriberto Jiménez Leiva, for the sum of 25,000 colones; and deed number 66 of 1:35 p.m. on December 18, 2009, registered on folio 49 front of volume 19 of Notary Julieta Elizondo Calderón where Mr. Heriberto Jiménez Leiva sells the already described property in favor of Mrs. YAHAIRA MONGE BARABOZA(sic) for the sum of 50 thousand colones; and deed number 149 of 9:00 a.m. on February 1, 2013, registered on folio 19 of volume 3 of Notary Antonieta Arce Sancho where Mrs. YAHAIRA MONGE BARABOZA(sic) donates the property in question to Mr. SIDIANI MONGE BARBOZA; and deed number 98-14 of 4:00 p.m. on March 18, 2014, visible on folio 35 back of volume 4 of (sic) Antonieta Arce Sancho where Mr. SIDIANI MONGE BARBOZA donates the property in question to Mrs. MARÍA EMILIA JIMÉNEZ QUESADA, who is the current registered owner. 4. Consequently, that the registration entry for the property registered under the Folio Real system, registration number 143,728-000 of the Canton of Puntarenas, issued by the National Registry, be annulled. 5. Once this complaint becomes final, that the eviction be ordered and possession of the property described in cadastral map number P-999359-2005 be granted to the Instituto de Desarrollo Rural. 6. Should there be opposition in this proceeding, that the defendants be ordered to pay both sets of costs of this proceeding in favor of INDER and that the Instituto de Desarrollo Rural be exonerated from paying costs". (See complaint and preliminary hearing at images 2 to 18 and 372 to 375 of the digital judicial file).-

**II.-** Once the legal transfer was granted, the defendants Yahaira Monge Barboza, Jiménez Leiva, and Jiménez Quesada were duly notified; however, they did not appear to answer the complaint and were declared in default by resolution at eleven hours thirty-one minutes on March 19, 2021; only the co-defendant Sidiani Monge Barboza answered the complaint through his procedural guardian, acquiescing to the complaint. (See images 286, 288, 290, 291, 337 to 340, and 345 of the digital judicial file).-

**III.-** The preliminary hearing provided for in Article 90 of the CPCA was held on July 29, 2021, with the attendance of INDER, the State, and the guardian of Mr. Sidiani Monge Barboza. The claims were established, the contested facts were determined, only documentary evidence was admitted, and closing arguments were delivered. (Images 372 to 375 of the judicial file).-

**IV.-** This judgment is issued unanimously and after prior deliberation by the members of the Tribunal, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings.-

Drafted by Judge Miranda Alvarado, with the affirmative vote of judges Bolaños Salazar and Mejías Rodríguez.

**CONSIDERANDO**

**I.- OF THE PROVEN FACTS.-** Of importance for the resolution of this matter, the following is considered duly accredited: 1) That property 143728-000 of the Province of Puntarenas has the following characteristics: nature, Proyecto Amalia Hernández Piedra, land for building, parcel 40; located in the district of Sabalito, canton 8, Coto Brus of the Province of Puntarenas; boundaries North: Parcel 41-1, South: public road, East: parcel 39, and West: parcel 41-1; measures: two hundred two meters and sixty-nine square decimeters according to map P-0999359-2005. Encumbrances: transferred easement (servidumbre trasladada), reservations of the Water Law (Ley de Aguas) and Public Roads Law (Ley de Caminos Públicos). Property of María Emilia Jiménez Quesada. (See registration certification at image 260 of the judicial file and 167 and 45 front of the administrative file); 2) Said property originates from the property registered in the Canton of Puntarenas number 12464-000, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, today INDER, which is of uncultivated forest land nature, located in district 04 Boruca, canton 03 Buenos Aires, bounded on the north by Roberto Nelson Howard, on the south by the State's inalienable zone, on the east by Jorge Zeledón Castro, and on the west by Andre Jean Chalie Penaforte, with a measurement of two million one hundred ninety-seven thousand nine hundred twenty-four meters and eleven square decimeters. (Folios 1 to 6 back of the administrative file) 3) In 2005, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario made an agreement in Article 66 of Session 041-05 of October 24, 2005, to authorize the adjudication, segregation, and transfer of 122 lots, parcels, and farms in the Asentamiento Amalia Hernández Piedra in Sabalito de Coto Brus, province of Puntarenas. Parcel 40, which gave rise to property 143728-000 of the Province of Puntarenas, was among those 122 parcels. (See folios 9 to 29 of the administrative file); 4) Through deed number 15 of Volume Eight of the Protocol of Notary Jimmy Meza Lazarus, lots of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra were segregated and sold, among them parcel number forty, which was transferred to Yahaira Monge Barboza, giving rise to property number 143728-000 of the Canton of Puntarenas. (See image 70 of the administrative file); 5) Through deed number fourteen of volume eighteen of the Protocol of Notary Julieta Elizondo Calderón, dated June 6, 2008, Mrs. Yahaira Monge Barboza sold to Mr. Heriberto Jiménez Leiva her property number 143728-000 of the Canton of Puntarenas. (See folios 129 front to 131 of the administrative file); 6) Through deed number sixty-six of volume nineteen of the Protocol of Notary Julieta Elizondo Calderón, dated December 18, 2009, Mr. Heriberto Jiménez Leiva sold to Mrs. Yahaira Monge Barboza his property number 143728-000 of the Canton of Puntarenas. (See folios 132 front to 136 of the administrative file); 7) Through deed number one hundred forty-nine of volume three of the Protocol of Notary Antonieta Arce Sancho, dated February 1, 2013, Mrs. Yahaira Monge Barboza donated to Mr. Sidiani Monge Barboza her property number 143728-000 of the Canton of Puntarenas. (See folio 137 of the administrative file); 8) Through deed number ninety-eight bis of volume four of the Protocol of Notary Antonieta Arce Sancho, dated March 18, 2014, Mr. Sidiani Monge Barboza donated to Mrs. María Emilia Jiménez Quesada his property number 143728-000 of the Canton of Puntarenas. (See folios 138 and 139 of the administrative file); 9) The Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, through Article number 90 of ordinary session 033-2008 of September 22, 2008, agreed to accept a recommendation from the Director and the Legal Advisor of the Brunca Region regarding the granting of titles in Proyecto Amalia Hernández in Coto Brus and, based on this, to instruct the topography area to determine which properties of said settlement are located in the border strip (franja fronteriza). (See folio 141 of the administrative file); 10) Through certification AT-381-2016, it is indicated that, according to the field study conducted by Eng. Víctor Montero Vallejos, the property represented on cadastral map P-nine nine nine three five nine-two thousand five, located in the Sabalito district, Coto Brus canton, Puntarenas province, which corresponds to parcel 40 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra known as El Progreso, is entirely immersed within the two kilometers of the Southern border strip. (See image 52 of the administrative file); 11) Through Ordinary Session 41 of November 14, 2016, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in its Article 62, acknowledges official communication A-PE-2033-2016 from the Executive Presidency through which the administrative procedure for the declaration of lesividad of the act issued by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 66 of Session 041-05, of October 24, 2005, by which the assignment and authorization of titling of parcel 40 of the Asentamiento Campesino Amalia Hernández was made, is transferred. This because the land forms part of the State's Patrimony by being located within the 2,000 meters wide along the border with Panama. In that session, the following agreement was made: "POR TANTO: Based on the exposed facts, the evidence provided, and the legal grounds, it is agreed: 1) To declare the lesividad of the Board of Directors Agreement, Article 66, Session 041-05, held on October twenty-fourth, two thousand five, which approved the segregation and transfer of a land identified as parcel 40 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, in favor of YAHAIRA MONGE BARBOZA, ID card 6-364-033, which was part of the property under the folio real system registration number TWELVE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR-ZERO ZERO ZERO, a property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, Land with an area of 202.69 m2, described in cadastral map number P-999359-2005; an agreement materialized in deed number fifteen of Volume eight granted before Notary Jimmy Meza Lazarus, at eight o'clock on October twenty-seventh, two thousand five, registered in the Real Estate Registry under citations: Volume 560, Entry 19557, generating the property of the Province of Puntarenas number ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-EIGHT-ZERO ZERO ZERO, because it allowed rights to be constituted in favor of a private individual over a land entirely affected by being located in the southern border strip, as demonstrated by certification AT-381-2016, dated May 16, 2016, issued by Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of the Topography Area of the Instituto de Desarrollo Rural, contravening the regulations in force at the time the act was issued, in application of the provisions of Article 7, subsection f) of Law 2825 (Ley de Tierras y Colonización); as lands submitted to the public domain (dominio público) are part of the State's Patrimony, and cannot be disaffected (desafectarse) except by reserve of Law. 2) To instruct the Legal Advisory Office of the Brunca Region so that, in coordination with the Legal Affairs Directorate, it files before the Tribunal de lo Contencioso Administrativo, the proceeding for the declaration of lesividad of the Board of Directors Agreement, Article 66, Session 041-05, held on October twenty-fourth, two thousand five, because the Institution, without having the authority or authorization to do so, as this is a reserve of Law, disaffected lands of the public domain, contravening the existing norm, and that in accordance with Articles 173, 174, and 183 of the General Law of Public Administration, in application of Article 7, subsection f) of Law 2825, it carries out all pertinent and necessary actions to recover the property under registration number ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-EIGHT-ZERO ZERO ZERO, which is currently in the name of MARIA EMILIA JIMÉNEZ QUESADA, ID card 1-652-553, having determined the existence of defects (vicios) leading to the nullity of the act". (See folios 158 to 166 of the administrative file).-

**II.- CONCERNING THE UNPROVEN FACTS:** There are no unproven facts of interest.-

**III.- CONCERNING THE PLAINTIFF'S ARGUMENT:** In its complaint, the plaintiff states: "(...) CONCERNING THE LANDS BELONGING TO THE INALIENABLE ZONE OF THE SOUTHERN BORDER: The lands comprised within the strip of two thousand meters running along the Border with Panama constitute, by the will of the legislator, bienes de dominio público (public domain assets), an affectation (afectación) of old date protected since the 19th century, first in the Tax Code, No. 8 of October 31, 1885, an affectation which then underwent some modifications with Decree number 3 of October 29, 1914, declaring a zone of fifty kilometers wide along the definitive border with the Republic of Panama unclaimable (indenunciable); subsequently with laws numbers 11 of October 22, 1926, and 149 of August 16, 1929, the affectation is reduced to five kilometers wide along the border with Panama and eight with Nicaragua; later, the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939, modifies the size, reducing it to two kilometers, and its Article 10 established: 'Likewise, the lands comprised within a zone of two kilometers wide, along the border with Nicaragua and with Panama, are inalienable.' With Decree number 6, the Vacant Lands Law is regulated, and in its Article 15, subsection f), the Executive Branch is empowered to lease the lands comprised within a zone of two kilometers wide along the border with Nicaragua and with Panama, all with the purpose of keeping them within the public domain and allowing their use for a defined time by those who satisfy a series of requirements and assume some commitments, among them, to give direct use to the land for the purpose for which it was granted. Finally, with the enactment of Law 2825, the Land and Colonization Law of October 14, 1961, and its amendments, this affectation is perpetuated to this day, with Article 7, subsection f) stipulating: 'As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be maintained under its domain, those comprised in a zone of 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama are considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement (denuncio) or possession.' Regarding these characteristics of the Border Strip, our Constitutional Chamber, as part of judgment No. 2306-91 of 2:45 p.m. on November 6, 1991, indicated: 'Our legislation creates a system in which the affectation (afectación) becomes the primary element for the inclusion of an asset in the public domain; therefore, any asset destined by Law, or by an administrative act when the latter authorizes it, shall be of the public domain. When an asset is integrated into the public domain regime, it acquires a series of essential characteristics such as inalienability, imprescriptibility, and unseizability. From these conditions, these assets are not expropriable, since this would imply alienation and they are inalienable. Likewise, usucapion is also not a means of acquiring them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subject to possession by private individuals, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the public utility purpose to which they are affected. "The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest. They are the so-called dominical assets, demanial assets (bienes demaniales), public assets or things, or public goods, which do not individually belong to private individuals and are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide, and are invariably essential by virtue of express norms. Characteristic features of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and the administrative action replaces possessory actions to recover domain. Being outside of commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, though not a right to property.' (Constitutional Chamber, Ruling No. 2306-91 of 2:45 p.m. on November 6, 1991). Likewise, opinion C-1461008 of May 5, 2008, signed by Dr. José J. Barahona Vargas, Advisory Attorney of the Procuraduría General de la República, in response to a consultation made by the Instituto de Desarrollo Agrario regarding 'the legal validity of titling properties in peasant settlements within the southern border strip,' reaches the following conclusions: "2) Therefore, contravening the principles of inalienability and imprescriptibility, which protect the public domain regime of the border strip, and given the lack of competence, illicit and legally impossible content, and lack of motive, the titlings—understood with said meaning—carried out by the Instituto de Desarrollo Agrario over demanial lands of the southern border strip, as well as any act or contract translative of domain that includes or incorporates real estate of the State's natural heritage (protected wild areas and forests or forest lands referred to in Articles 13 and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal). Opinion C-321-2003), are absolutely null. 3) A null administrative act is not presumed legitimate, nor can its execution, validation, or correction be ordered. Ordering its execution originates civil liability for the Administration, and civil, administrative, and potentially criminal liability for the server if the execution were to take place. (General Law of Public Administration, arts. 169, 170, and 172). 4) Although Law 2825, Article 7°, subsection f), respects private domain rights, with legitimate title, of lands included within the border strip, it must be noted that several prior norms were issued, without continuity solution, which declared it inalienable and unclaimable (with a width of no less than two kilometers), and thus excluded the possibility of reducing it to private property, reserving it to the public domain of the State: Decree No. 3/1914, to which Law 2/1915 granted the rank of law, Law 11/1926 (arts. 1° and 10), Law 29/1934 (art. 23), Law 13/1939 (art. 10), and Law 1455/1952 (art. 1)." Regarding the issue of the nullity of acts, Opinion C-321-2003, of 10/9/2003, signed by Dr. José J. Barahona Vargas, Directing Attorney, Agrarian and Environmental Law Area, Procuraduría General de la República, further states: "Any administrative act of transmission of the demanial domain affected by law is null and void ab initio, for being performed by a manifestly incompetent body and for having impossible content." And some other legal scholars have indicated: "Public domain assets are inalienable and imprescriptible and any administrative decision to the contrary must be deemed null and void ab initio, since its object would be absolutely unlawful and radically impossible in legal terms." (SÁNCHEZ MORÓN, Miguel et al. Los Bienes Públicos (Régimen Jurídico). Editorial Tecnos S. A. Madrid. 1997, pg 73). "The alienation of a demanial asset is absolutely null due to total lack of object: alienating a demanial thing is legally as impossible as alienating a thing that does not exist nor can exist..." (BIONDO BIONDI. Los Bienes. Edit. Bosch- Urgel, 51 bis. Barcelona. 1961, pgs. 276 to 347. SUPERIOR AGRARIAN COURT, judgment No. 101 of 1995). The Constitutional Chamber in resolution number 2008-008309 of nine hours fifteen minutes on May sixteenth, two thousand eight, establishes the conceptualization elements of demanial assets and in that sense states: "'(...) On Public Domain Assets. The present matter submitted to the knowledge of this Court presented the characteristic of involving the discussion that can arise around public domain assets and the possible uses that can be obtained over them. The first thing to remember is that regarding public domain assets, there are certain elements that help to conceptualize when one is facing an asset of such quality. Such elements can be defined as: 1) subjective, it refers to who holds the title over the public domain assets, which, of course, belongs to the State, understood in our legal system as the Central Administration and decentralized institutions, as indicated in Article 19 of the General Law of Public Administration; 2) objective, which indicates what can be or what a public domain asset is; for this, the asset must possess a certain capacity for temporal permanence; thus, it has been affirmed that neither fungible nor consumable goods are susceptible to being affected to the public domain, unlike immaterial goods which do have the possibility of being affected to such domain; 3) finalist or teleological, public domain assets, necessarily, must respond directly or indirectly to a common use; they must be destined for a purpose that satisfies a community; this is its most transcendental element; without such a characteristic feature, an asset could not be called a public domain asset; 4) normative, that purpose or common use given to an asset must be defined by a law in the formal and material sense, with the legislator being who defines which assets are public domain assets. These assets possess exceptional characteristics granted by the legal system, by virtue of the fact that the legislator, through a normative instrument, decided to endow them with certain qualities that no other asset within the legal universe possesses. (...)". The foregoing complies with the teleological element that lands belonging to the Southern Border Zone, being of the State, are unseizable, inalienable, not susceptible to acquisition by possession, and the State's action to recover them is imprescriptible, thereby inferring the characteristics of a public domain asset, as established by the Constitutional Chamber in judgment number 1991-02306, of two forty-five in the afternoon on November sixth, nineteen ninety-one, which indicates: )The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest.- They are the so-called dominical assets, demanial assets, public assets or things, or public goods, which do not belong individually to private individuals and are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide, and are invariably essential by virtue of express norms.- Characteristic features of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and the administrative action replaces possessory actions to recover domain.- Being outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, though not a right to property.- (...) According to the foregoing, the administrative act issued by my represented, in the agreement taken by the Board of Directors, Article 66 of Session 041-05, held on October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer of parcel number 40 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, with a measurement of 202.69 m2, located in the Province of Puntarenas, Canton of Coto Brus, District of Sabalito, located in El Progreso, under the protection of Law 2825 (Ley de Tierras y Colonización), specifically within the Ordinary Titling Program, within the agronomic unit formed by the property registered in the Folio Real of Puntarenas 12,464›000, in the name of the Institute, transfer in favor of Mrs. YAHAIRA MONGE BARABOZA, (sic) with ID card number 6-364-033, is absolutely null because the land subject to this proceeding is within the inalienable zone of the 2,000 meters of the Southern Border Zone, therefore constituting a property of public domain; by virtue of the foregoing and in protection of the Public Domain, it is that my represented requests the nullity of the granted title. DEFECTS OF NULLITY (VICIOS DE NULIDAD) IN THE ELEMENTS OF VALIDITY OF THE ADMINISTRATIVE ACT. From the facts related in this complaint and the documentation contained in the administrative file, it is concluded that an absolute nullity exists in titling a property comprised within the inalienable zone of the Southern Zone; in this regard, Article 158 of the General Law of Public Administration provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act expressly or implicitly demanded by the legal system shall constitute a defect of said act, an article related to 166 of the same law which establishes that an act shall be absolutely null when one or more constitutive elements, whether real or legal, are totally lacking, and Article 167 which provides that an act shall be relatively null when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the realization of the purpose, in which case the nullity shall be absolute. Article 133 of the General Law of Public Administration, referring to the motive as an element of validity of the administrative act, provides that it must be legitimate and exist exactly as it was taken into account for issuing the act. The IDA Board of Directors authorized the transfer of the lot in question, supposedly because all the requirements established by the Regulation for the Selection of Grantees had been met, this being the motive for the administrative act that agreed to the transfer of the parcel to the applicant. Meanwhile, Article 132 of the same law establishes that the content of the administrative act must be lawful, possible, clear, precise, and cover all matters of fact and law arising from the motive.

Since this concerns land affected by inalienability, lands that due to their characteristics belong to the State, the agreement that authorized the transfer of this land becomes unlawful, as it is an inalienable public domain asset according to the above cited, which legally cannot be transferred to private parties, given that the asset is outside the commerce of men and destined for the service of the community, therefore it is an act harmful to the public interest. ILLEGAL CONTENT AND HARMFUL NATURE OF THE ACT. My principal, aware of the administrative error committed in authorizing and formalizing the segregation (segregación) of the land subject to this lawsuit, without the proper verification that State lands were not being affected, decided, in accordance with Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to declare the harmful nature (lesividad) of its conduct via a Board of Directors Agreement. Article 62 of Ordinary Session 41-2016, held on November 14, 2016, in order to proceed in accordance with this regulation with the present lawsuit, whose purpose is to annul the administrative act vitiated by absolute nullity and the acts connected to it, which generated or are dependent on the title deed, as this title was processed before the National Registry without the administrative act fulfilling essential requirements provided by law, absolute nullity that must be declared by the judicial authority, for which reason, in accordance with the indicated norm, it is so demanded in this process."

IV.- ON THE ARGUMENT OF CO-DEFENDANT MONGE BARBOZA: In the statement of defense, the procedural guardian (curador procesal) for co-defendant Monge Barboza indicates, in his interest, that: "(...) Legal Analysis. This representation, from the present lawsuit, does not have technical or legal evidentiary elements that contradict the plaintiff's claims; regarding the inalienable zone, our legislation and jurisprudence have been extensive on the nullity of legal instruments granted in contravention of such regulation, therefore this representation finds no legally substantiated opposition arguments. In a strict sense, the judgment of the Tribunal Contencioso Administrativo Section II, at 8:00 a.m. on April 23, 2020, under file 17-9839-1027-CA, resolves under similar conditions regarding the Border Zone (Zona Fronteriza) strip where the property subject to nullity in the present process is located, a criterion that this representation shares. Petition. For the foregoing, I answer this lawsuit and, in the terms presented, I acquiesce as the plaintiff's claims are legally sound. In accordance with subsection a) of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, due to the nature of the lawsuit and taking into account that inclusion within the inalienable zone was unknown, I request that my principal be exonerated from personal and procedural costs."

V.- ON THE STATE'S ARGUMENTS: Although the State was incorporated into the process as an intervener (coadyuvante), it did not provide arguments for consideration.

VI.- ON THE PREREQUISITES FOR THE HARMFUL NATURE PROCEEDING (PROCESO DE LESIVIDAD): To conduct the analysis of the present process, it is important to start from the fulfillment of the prerequisites imposed by the legal system for the filing of a harmful nature proceeding (proceso de lesividad) by the Public Administration, given that the absence of one of them would make an examination of the merits unnecessary. In general terms, the various Sections of the Tribunal Contencioso Administrativo have specified in their rulings that the harmful nature proceeding (lesividad) is a jurisdictional mechanism by virtue of which the Administration seeks the suppression of an act of its own that generates favorable effects or declares rights in favor of an administered party, and it also considers that those effects are unfavorable to the public interest, be it economic, social, tax, sanitary, or otherwise. Logically, the nature of this claim demands the participation of everyone who is harmed by the annulment of the conduct that grants the subjective right or benefit, so that they may exercise the defense of their interests through the adversarial process. As described, it is the Judge who must proceed to analyze the validity of an administrative conduct of favorable content. The normative provisions that regulate this procedural figure are contained in the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo. The latter, in its Article 34, sets the preliminary elements and procedural regulations of this figure, in relation to numerals 173 subsection 6) and 183 of the Ley General de la Administración Pública. In summary, the cited norms impose the subjective, objective, procedural, and temporal conditions of the harmful nature action (acción de lesividad). First, when referring to the subjective element, we must specify that active standing is granted to the Administration that authored the questioned act, while the passive party with standing is the recipient of the effects of the conduct declared harmful, i.e., whoever obtains its benefits. The objective element refers to the mechanism for the juridical suppression of administrative acts that are favorable or declarative of rights for the administered party but which, in the Administration's estimation, are vitiated by absolute or relative nullity and which, therefore, become substantially non-conforming with the legal system. Regarding the procedural order, it is a requirement that the Administration declare that conduct harmful to public interests, it being imperative that the supreme highest authority of the respective Public Administration declare the harmful nature (lesividad) of the act, whether due to harm to economic, social, fiscal, or other interests derived from the public interest, for which purpose it must have an underlying legal-technical opinion supporting that determination. It is important to remember that, being a procedural requirement that will be submitted to the jurisdictional venue, unlike the administrative procedure to declare absolute, evident, and manifest nullity that the Administration producing the act carries out in the administrative venue, here the administered party is not given a hearing, because this is an action of an internal nature of the Administration, aimed at verifying the will of the highest authority, and in turn, allows the judicial process to begin. It will be in the course of this process that the person deriving rights from the challenged act may exercise his right of defense, so the absence of his participation in the administrative phase for the declaration of harmful nature in no way curtails his right to due process or administrative procedure. Another aspect of importance when analyzing the act that declares its harmful nature is determining whether the act emanates from the highest administrative authority. The rules are as follows: when the act emanates from the State, that is, from the Central Administration, according to Article 16 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the lawsuit may only be initiated by the Procuraduría General de la República, upon prior request of the supreme highest authority and internal declaration of harmful nature, detailing the reasons for that criterion. The same procedural rule operates when the harmful act emanates from the Legislative and Judicial Branches, as well as the Tribunal Supremo de Elecciones, insofar as they exercise administrative functions. Such representation also requires, in the case of acts of the Judicial Branch issued in the exercise of its administrative function, as is the case of acts issued by the Consejo Superior, that the harmful nature must be declared by the Corte Plena. Lastly, for decentralized public administrations, the supreme highest body of the administrative hierarchy must make the declaration. Another aspect to consider is that, procedurally, there is an impediment for the Administration to formulate the annulment claim via counterclaim. Finally, there is a temporal limitation. Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes a term of one year, counted from the business day following its issuance, to declare the act harmful to public interests in the administrative venue. The foregoing, except for cases in which the act suffered from absolute nullity and continues to produce effects, in which case, according to ordinal 34 subsection 1) of the same normative body, that internal declaration can be made while those effects persist. In such a hypothesis, the year is counted from the cessation of the same, and the judgment ordering the eventual nullity will do so only for the annulment and future non-applicability of the annulled conduct. After that declaration, a term of one year is granted to file the administrative contentious action, under penalty of expiration (caducidad), as established by Article 39 subsection e) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Now, the exception to these temporal regulations we have cited revolves around the protection of public domain, in which case the harmful nature action (acción de lesividad) is not subject to a term, as derived from Article 34 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in application of the general clause of imprescriptibility of that type of asset, as derived from Article 261 of the Civil Code. Note then that when the harmful nature action revolves around public domain assets (bienes demaniales) of the State, the term to declare the harmful nature in the procedural norms of reference is inapplicable, which implies that it can be ordered at any time without any procedural sanction. Finally, we must note that ordinal 41 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo expressly establishes that, in tax matters, the maximum term to initiate the process will be the same as the statute of limitations period provided by the legal system for the respective substantive right discussed. Finally, when the Court studies a judicial harmful nature process, it must note whether the act sought to be annulled was issued prior to the entry into force of the Código Procesal Contencioso Administrativo, that is, on January 1, 2008, since if so, the provisions of Transitory III of the cited normative body must be applied, according to which, the regime for challenging administrative acts that became final in the administrative venue before the effectiveness of the cited Code will be governed by the legislation in force at that time. Having this clear, we now analyze whether, in the specific case, the legal prerequisites for the granting of the action are met.

VII.- CONSIDERATIONS ON THE BORDER ZONE (FRANJA FRONTERIZA): This Court, in judgment number 88-2016-I of four o'clock in the afternoon on September twenty-second, two thousand sixteen, addressed the issue of the Border Zone (Franja Fronteriza) and its public domain character, in the following terms that remain unchanged in this ruling and are cited below: "(...) VII. ON PUBLIC DOMAIN ASSETS IN BORDER ZONES: The border lines between Nicaragua and Costa Rica and Panama and Costa Rica have been reserved to the public domain, as established by Law No. 13 of January 10, 1939, "Ley de Terrenos Baldíos" and reiterated by Law 2825 on "Tierras y Colonización" which establishes in its Article 7, subsection f, that: 'While the State, by its own will or upon indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, for reasons of national convenience, determines the lands that must be kept under its domain, the following are considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession,... f) Those comprised within a zone 2000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama.' That condition of public domain has been addressed and recognized by jurisprudence, for example, the judgment of the Sala Constitucional number 2007008098 at 4:24 p.m. on June 12, 2007, which in turn references judgment number 2988-99 at 11:57 a.m. on April 23, 1999, indicated: 'III.- Regarding the border strip, we have that the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, in Article 10 provided: "Likewise inalienable are the lands comprised in a zone of two kilometers in width, along the border with Nicaragua and with Panama." This protection arises because our border zones continue to be considered indispensable for the country, not only for reasons of defense of the country's sovereignty, given the importance of reserving them as strategic zones for the security of the Nation, but also for their relevance from the point of view of protecting the State's natural heritage. The border zones, due to their position and cover, become an extremely important area for the protection of the environment as territory, an indispensable buffer zone for the communication of flora and fauna, water resources, and the prevailing ecosystem in certain regions of the country, and therefore, the interest and necessity of the Costa Rican State to regulate and protect the natural resources existing today, and which without the control and limitation regarding their disposition by the competent authorities, would seriously endanger the right to a healthy environment...' Furthermore, the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia, in judgment 233-F-2005, stated: '...Faced with such a situation, in first order, the applicable legal regime is that established by Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, according to which, the following lands are inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that were under private domain with legitimate title: "...those comprised in a zone of 2000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama..." Such affectation is not limited to the effectiveness of the Ley de Tierras y Colonización, but rather, as the Procurador Agrario well points out, there are a series of special laws that, since the antepenultimate century, since the era of the Spanish Crown, affected those assets to the public domain with a view to safeguarding national security initially, and more recently to protecting the natural resources existing in that zone.' It is clear then, taking into account the integration of public domain assets, that the legislator since ancient times has granted the assets delimited in that two-kilometer border strip the status of public domain assets (bienes demaniales), which by their nature are imprescriptible and inalienable and outside the commerce of men." (bold is ours). The foregoing is fully applicable, as will be stated below, in the case at hand.

VIII.- THE FULFILLMENT OF THE REQUISITES FOR THE DECLARATION OF HARMFUL NATURE: According to the judicial file, we must proceed to review whether the plaintiff entity meets the objective, subjective, temporality, and procedure requisites for the object of the process to be analyzed by this Chamber of Judges. First, we find that the subjective element has been fulfilled, since as provided in Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it is the administration that authored the act declarative of rights that demands its annulment in this process. Thus, indeed, the declaration of harmful nature (declaratoria de lesividad) and the filing of the action are in accordance with law, because it is the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in the exercise of its competencies, that declares harmful the agreement of Article 66 of session 041-05 of October 24, 2005, and it is against the individuals Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, Sidiani Monge Barboza, and María Emilia Jiménez Quesada, who files this present action having derived rights from that act, this in accordance with Article 10 subsection 5) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, such that the active and passive standings are correctly constituted. As evidenced from the file, the administrative act declaring harmful to the public interest the administrative act that at the time granted, and currently grants, a right to the individuals Yahaira Monge Barboza, Heriberto Jiménez Leiva, Sidiani Monge Barboza, and María Emilia Jiménez Quesada, as evidenced from the proven facts. In this manner, there being no other subject to bring into the process to defend their interests, the passive standing is correctly constituted. Now, regarding the object of the process, it is clear that this concerns the declaration of nullity of the agreement set forth in Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, and the administrative acts derived from and connected to that agreement, so the annulment claim is consistent with the harmful nature proceeding (proceso de lesividad). Finally, regarding temporality, although the former Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo—which would be the applicable regulation since it was the regulation in force in 2005 when the administrative act sought to be annulled was produced—provides a term of two months for filing the harmful nature lawsuit (demanda de lesividad) once the act is declared harmful (subsection 37.3 of that law), it is clear that when dealing with a discussion related to the border zone (franja fronteriza), we are facing an exception, needing to reconcile the supra-cited norm with Article 261 of the Civil Code, and in that sense, the temporal regulation yields to the general imprescriptibility of the public domain, meaning there is no term for filing this harmful nature proceeding. Having fulfilled the formal elements for the cognizance of the harmful nature proceeding (proceso de lesividad), this Chamber proceeds to review the arguments and evidence of the plaintiff. The representation of today's INDER argues that the administrative act adopted by the Board of Directors in 2005, specifically in Article 66 of session 041-05 of October 24, 2005, which authorized segregating and transferring parcel number 40 of the Amalia Hernández Piedra Settlement (Asentamiento), measuring 202.69 m2, located in the Province of Puntarenas, Canton of Coto Brus, District Sabalito, located in Progreso, suffers from absolute nullity, and this Chamber, in light of the evidence provided, agrees with that. Since ancient times, as indicated in the preceding recital (considerando), the areas near the borders of Costa Rica with Nicaragua and Panama, the latter being the case at hand, have been affected by law to the public domain, and although the measurements of those areas have undergone significant variations, their affectation and protection have not varied in the different laws, and this is reiterated—for the effect of today's INDER—in Law 2825, Ley de Tierras y Colonización, which in its numeral 7 subsection f) states: "While the State, by its own will or upon indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be kept under its domain, those comprised in a zone 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama were considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession." It is clear then that the legislation is express in that, within the two thousand meters along the borders, the lands are public domain assets (bienes demaniales) and that this must be applied by an entity like today's INDER. Notwithstanding the foregoing, it is notable that, in 2005, the Board of Directors of INDER issued an administrative act contrary to law, and through the agreement taken in Article 66 of session 041-05 of October 24, 2005, authorized the irregular and illegal segregation and transfer of parcel number 40 of the Amalia Hernández Piedra Settlement, as the same is located within the inalienable zone of the 2000 meters of the Southern Border Zone (Zona Fronteriza Sur). The technical evidence contained in the administrative file, in this case, certification AT-381-2016, regarding the result of the field study conducted by Eng. Víctor Montero Vallejos, is clear in the sense that parcel number 40, which was subsequently registered in the National Registry and gave rise to property number 143728-000 of the District (Partido) of Puntarenas, is located entirely within the two kilometers reserved as public domain for being within the so-called border strip with Panama. Therefore, from that evidence—which has not been refuted in any way by other technical evidence—it follows that the transfer authorized by the Board of Directors of today's INDER is totally contrary to law, and must be so declared as it affects essential elements of the act, since an administrative act that affects a public domain asset (bien demanial) can never be considered legitimate and lawful, this in accordance with the provisions of the Ley General de la Administración Pública in its Articles 128, 131, 132, 133, 158.1.2, 165, and 166. As stated in the preceding recital (considerando), the Sala Constitucional, when referring to the border zone, has indicated how this two-kilometer strip is a public domain asset and therefore subject to the characteristics of imprescriptibility and inalienability, being outside the commerce of men in the terms of numerals 261 and 262 of the Civil Code, which we recall state: "Article 261.- Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone can take advantage of for being entrusted to public use. (...), Article 262.- Public things are outside commerce; and may not enter it, so long as it is not legally provided thus, separating them from the public use for which they were destined." The land currently occupied by property number 143728-000 of the District of Puntarenas is a public domain asset (bien demanial) by provision of not one but several laws that have so ordered, and therefore cannot be the object of appropriation, and any administrative act issued to that effect is absolutely null. In the case at hand, the Institute has, as already mentioned, fulfilled the subjective and objective requirements for the declaration of harmful nature (declaratoria de la lesividad), and accordingly, by the Board of Directors Agreement, Article 62 of Ordinary Session 41-2016, of November 14, 2016, it declared harmful the act issued by the Board of Directors in 2005 that gave rise to the transfer of parcel 40. Therefore, as the Board of Directors ordered a segregation and transfer of a lot that is within those two kilometers of the border strip, it violates the legal system and affects the administrative act in its validity, content, and purpose, such that there is no alternative but to grant the declaration of nullity of the act that has been challenged here. Now, the transfer carried out at the time by deed number 15 of Volume Eight of the Protocol of Notary Jimmy Meza Lazarus gave rise to property number 143728-000 of the District of Puntarenas in the name of Ms. Yahaira Monge Barboza. From that point on, with its registral inscription and without any type of limitations existing, Ms. Monge Barboza at the time sold this property to Mr. Heriberto Jiménez Leiva, through deed number fourteen of volume eighteen of the Protocol of Notary Julieta Elizondo Calderón, dated June 6, 2008. Mr. Jiménez Leiva, in turn, resold the property, through deed number sixty-six of volume nineteen of the Protocol of Notary Julieta Elizondo Calderón, dated December 18, 2009, to Ms. Yahaira Monge Barboza. Several years later, Ms. Yahaira Monge Barboza, through deed number one hundred forty-nine of volume three of the Protocol of Notary Antonieta Arce Sancho, dated February 1, 2013, donated this property to Mr. Sidiani Monge Barboza. Finally, through deed number ninety-eight bis of volume four of the Protocol of Notary Antonieta Arce Sancho, dated March 18, 2014, Mr. Sidiani Monge Barboza donated this property to Ms. María Emilia Jiménez Quesada, who is currently the registered owner thereof. In the present matter, all those who were at one time owners of property number 143728-000 were notified, as well as the current registered owner, and with the exception of Mr. Sidiani Monge Barboza, who through his procedural guardian (curador procesal) acquiesced to the process, the rest of the defendants did not appear and were declared in default (rebeldes), without it being possible to deduce that they are defenseless or that any nullity exists in the process that has prevented the exercise of their defense. Thus, all the transfers and subsequent registral acts on property number 143728-000 must also be annulled in light of what has been determined here, as they are affected by connection (conexidad) to the declaration of absolute nullity of the original act that gave rise to the indicated property. For the reasons stated: 1) The agreement taken by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, is declared absolutely null, insofar as it authorized the segregation and transfer of a piece of land in favor of Yahaira Monge Barboza, described in cadastral map number P-999359-2005. 2) By connection (conexidad), the following public deeds must be annulled: a) Number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight o'clock in the morning on October twenty-seventh, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 40 of the Amalia Hernández Settlement, solely regarding the titling of a property in favor of Yahaira Monge Barboza, which generated registral registration real folio number 143728-000 of the District of Puntarenas, with cadastral map number P-999359-2005. b) Deed number 14 at 11:10 a.m. on June 6, 2008, visible on folio 49 recto of volume 18 of Notary Julieta Elizondo Calderón, where the grantee sells the already described property in favor of Mr. Heriberto Jiménez Leiva. c) Number 66 at 1:35 p.m. on December 18, 2009, executed on folio 49 recto of volume 19 of Notary Julieta Elizondo Calderón, where Mr. Heriberto Jiménez Leiva sells the already described property in favor of Ms. Yahaira Monge Barboza. d) Number 149 at 9:00 a.m. on February 1, 2013, executed on folio 19 of volume 3 of Notary Antonieta Arce Sancho, through which Ms. Yahaira Monge Barboza donates the property in question to Mr. Sidiani Monge Barboza. e) Number 98-14 at 4:00 p.m. on March 18, 2014, visible on folio 35 verso of volume 4 of Notary Antonieta Arce Sancho, through which Mr. Sidiani Monge Barboza donates the property in question to Ms. María Emilia Jiménez Quesada, the current registered owner. 3) The Registro Nacional is ordered to proceed to annul the registral entry of inscription of the property inscribed under the Folio Real system registration number 143728-000 of the District of Puntarenas and the entries subsequent to that registral entry. 4) The eviction (desalojo) of any occupant of parcel number 40 of the Amalia Hernández Piedra settlement, cadastral map number P-999359-2005, is ordered, and the placement in possession of the same in favor of the Instituto de Desarrollo Rural.

IX.- ON THE AWARD OF COSTS: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. However, in this instance, this Collegiate Body finds reason to apply the exceptions provided by the applicable regulation, because the defendant parties were so due to the rights that arose under the administrative act whose harmful nature (lesividad) has been requested, and which they at the time acquired and transferred, and in the case of the last defendant, she did not appear in the process to oppose. For this reason, we choose not to order payment of the costs of the process.

POR TANTO

Regarding the harmful nature lawsuit (demanda de lesividad) filed by the Instituto de Desarrollo Rural, the action is granted. Consequently, it is ordered: 1) To declare absolutely null the agreement taken by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005. 2) To annul the following public deeds: a) Number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight o'clock in the morning on October twenty-seventh, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 40 of the Amalia Hernández Settlement, solely regarding the titling of a property in favor of Yahaira Monge Barboza, which generated registral registration real folio number 143728-000 of the District of Puntarenas, with cadastral map number P-999359-2005. b) Deed number 14 at 11:10 a.m. on June 6, 2008, visible on folio 49 recto of volume 18 of Notary Julieta Elizondo Calderón, where the grantee sells the already described property in favor of Mr. Heriberto Jiménez Leiva. c) Number 66 at 1:35 p.m. on December 18, 2009, executed on folio 49 recto of volume 19 of Notary Julieta Elizondo Calderón, where Mr. Heriberto Jiménez Leiva sells the already described property in favor of Ms. Yahaira Monge Barboza. d) Number 149 at 9:00 a.m. on February 1, 2013, executed on folio 19 of volume 3 of Notary Antonieta Arce Sancho, through which Ms. Yahaira Monge Barboza donates the property in question to Mr. Sidiani Monge Barboza. e) Number 98-14 at 4:00 p.m. on March 18, 2014, visible on folio 35 verso of volume 4 of Notary Antonieta Arce Sancho, through which Mr. Sidiani Monge Barboza donates the property in question to Ms. María Emilia Jiménez Quesada, the current registered owner.

3) Order the National Registry to cancel the registration entry for the property registered under the Folio Real system, registration number 143728-000 of the Puntarenas Registry (Partido de Puntarenas) and any subsequent derivatives thereof. 4) Order the eviction of any occupant from parcel number 40 of the Amalia Hernández Piedra settlement, cadastral map number P-999359-2005, and the delivery of possession of the same in favor of the Instituto de Desarrollo Rural. This matter is decided without special award of costs. Notify.-

Amy Miranda Alvarado

Claudia Bolaños Salazar    Carlos José Mejías Rodríguez

 

	

EXP: 17-009841-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Electronic mail: [email protected]

 

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