Res. 04639-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Liability of contractor and State for entering private property before official handover of possessionResponsabilidad de contratista y Estado por ingreso a propiedad privada antes de la puesta en posesión

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 04639 - 2024

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2024 a las 14:51

Expediente: 19-004698-1027-CA

Redactado por: Judith Reyes Castillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Responsabilidad objetiva de la Administración

Subtemas:

Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.
Necesaria demostración de daño y nexo causal.

Tema: Responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.
Necesaria demostración de daño y nexo causal.

Tema: Indemnización al administrado

Subtemas:

Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.
Necesaria demostración de daño y nexo causal.

Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.
Necesaria demostración de daño y nexo causal.

Tema: Carreteras y caminos públicos

Subtemas:

Indemnización ante invasión sufrida en propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada para construcción de carretera.

"IX.- Sobre el caso concreto: La demanda interpuesta consiste en un proceso civil de hacienda cuyo objeto está circunscrito a la pretensión indemnizatoria de la parte actora que reclama la supuesta invasión sufrida en la propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada y los daños derivados de tales actuaciones materiales"

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EXPEDIENTE:

	

19-004698-1027-CA




PROCESO:

	

Conocimiento




ACTOR:

	

[Nombre 001]




DEMANDADOS:

	

El Estado, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y China Harbour Engineering de C.R.

 N° 2024004639

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cincuenta y uno minutos del dieciocho de Julio del dos mil venticuatro.-

 

 Proceso de conocimiento establecido por el señor [Nombre 001], [...], contra las siguientes partes demandadas: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante CONAVI), representada por su apoderada especial judicial la licenciada Dixa Córdoba Gómez, carné profesional seis mil cuatrocientos setenta y tres, EL ESTADO, representada por su procurador el licenciado Omar Rojas Valverde Cordero, carné profesional veintiún mil doscientos ochenta y nueve y la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING DE C.R. (en adelante CHEC), representada por sus apoderados especiales judiciales los licenciados Raúl Guevara Villalobos, carné profesional diez mil seiscientos y John A. Brenes Rodríguez, carné profesional veintisiete mil sesenta y dos. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Donald Picado Angulo, carné profesional nueve mil seiscientos tres.

RESULTANDO

1.- En fecha 03 de abril del 2020 el actor formuló demanda para que se acojan las pretensiones que fueron ajustadas y definidas en la Audiencia Preliminar como sigue: “1.- Se condene a las demandadas al pago de daños y perjuicios, en los términos y proporciones indicadas en la presente demanda. 2.- Se condene a las demandadas al pago de ambas costas. (...) estimo la presente demanda, por concepto de daños y perjuicios en la suma de [Valor 001] millones de colones, desglosados en el siguiente orden: 1.- Daños a la propiedad infringidos por construcción de talud que impide acceso y aprovechamiento total de la propiedad desde los primeros meses del año 2019: [Valor 003], millones de colones / 2.-Daños totales en un área de 2600 metros cuadrados, con deforestación total y destrucción de la madera cortada, que impide disfrute y uso de ese terreno y el aprovechamiento de la madera, desde los primeros meses del año 2019 hasta la fecha de hoy:  [Valor 003] millones de colones. / 3.- Daños al resto de la propiedad, que desde los primeros meses del año anterior, queda como fundo enclavado: [Valor 004] millones de colones, sin acceso vehicular ni peatonal, sin posibilidad de construirse, hipotecarse ni comercializarse. Valor por metro cuadrado según valor fijado en proceso de expropiación: 4129,00 colones. Resto de la propiedad sin expropiar en metros cuadrados: 13653,47. / 4.- Perjuicio por no poder aprovecharse madera, ni la totalidad de la propiedad desde primeros meses del año anterior: 15 millones de colones. /5.- Daño moral subjetivo: 5 millones de colones”. En la Audiencia Preliminar la parte actora aclaró que los daños y perjuicios deberán ser indemnizados 70% por CHEC y 30% por el CONAVI. (Demanda en imágenes 01 a 23 y minuta de la Audiencia Preliminar en imágenes 423 y 424 del expediente principal digitalizado).

2.- Las representaciones de las partes demandadas contestaron de forma negativa la demanda y opusieron defensas y excepciones. En el caso de la empresa co-demandada Chec opuso la defensa previa de litisconsorcio pasivo necesario incompleto, resuelta interlocutoriamente y las excepciones de falta de legitimación activa por daño ambiental y falta de derecho. Solicitó declarar sin lugar la demanda con condenatoria en costas. El Conavi opuso las defensas previas de indebida acumulación de pretensiones, litispendencia e incompetencia, resueltas interlocutoriamente, excepcionó la falta de legitimación activa y la falta de derecho, solicitó condenar al actor el pago de las costas de este proceso, así como los intereses respectivos. El Estado opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva y activa y la falta de derecho, solicitó condenar al actor el pago de las costas y sus intereses. (Contestación de Chec en imágenes de la 96 a 132, contestación de Conavi visible a imágenes 196 a 215, contestación del Estado visible a imágenes 218 a 230 del expediente judicial digitalizado).-

3.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda mediante resolución Nº76-2021 de as 11:55 horas del 20 de enero de 2021 rechazó la excepción de incompetencia por razón de la materia considerando en lo medular lo siguiente: “[...] en la especie no nos encontramos ante una controversia que provenga del reclamo de daños resultantes de una expropiación parcial, que configure en su vertiente negativa la afectación de los atributos originales de la finca madre, precisamente originados por la expropiación en particular, es decir; que los daños alegados sean consecuencia directa de la segregación efectuada [...] Así las cosas, en el caso en análisis, el actor no manifiesta interés en rebatir los extremos del justiprecio, sino lo que se busca es determinar – se reitera- la existencia de la responsabilidad de los demandados con el pago de los supuestos daños y perjuicios correspondientes por la conducta desplegada por medio de los movimientos de tierra y tala de árboles, que según alega afectó la topografía original de la propiedad. Siendo entonces que lo que la parte promovente plantea claramente es un proceso civil de hacienda que lo que persigue en esencia es el reconocimiento de la responsabilidad por un hecho dañoso” (imágenes 259 a 267 del expediente judicial. El subrayado es nuestro).-

4.- La Sala Primera de la Corte Suprema mediante resolución Nº2441-C-S1-2022 de las 14:40 horas del 3 de noviembre de 2022 al conocer el conflicto de competencia definió lo siguiente: “[...] En el caso de estudio, se solicita indemnización en contra de los demandados, por motivo que, en apariencia, estos ingresaron ilegalmente a la propiedad del actor sin contar aún con los respectivos permisos, y realizaron un talud en la propiedad, y provocaron daños ambientales como materiales que le impidieron al accionante ingresar a su propiedad. De conformidad con lo solicitado, al pretenderse una responsabilidad patrimonial y moral en contra del Estado (artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), el presente proceso se enmarca dentro de los asuntos de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” (imágenes 288 a 292 del expediente judicial. El subrayado es nuestro).-

5.- La Audiencia Preliminar se realizó el 12 de julio de 2023 en presencia de todas las partes, se definieron las pretensiones, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba (minuta de la audiencia en imágenes 423 a 430 del expediente judicial).

6.- Que la audiencia de juicio oral y público fue celebrada los días 24, 25 y 27 de junio del 2024. En la misma en lo que resulta relevante, se evacuó la testimonial de Jimmy Madrigal Mora, Eduardo Romel Josephs, Rodolfo Delgado Conejo, [Nombre 012], Kenneth Solano Carmona, David Mesén Agüero, Luis Gerardo Meneses Valverde, Luis Yogseng León Villagra, Carlos Alberto Dengo Garrón y Jorge Coghi Fernández. Las partes rindieron sus alegatos de conclusiones y este Tribunal dispuso darle al presente proceso el trámite previsto en el artículo 111, inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.-

7.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados.-

Redacta la Jueza Reyes Castillo;

CONSIDERANDO:

I.- Alegatos de la parte actora: La parte actora alegó que es propietario de una finca con las siguientes características: Provincia: Limón Finca: [Valor 008] Duplicado: Horizontal: Derecho: 001 Segregaciones: no hay, Naturaleza: Lote 269-139 para la agricultura, situada en el Distrito 2 Batan, Cantón 5 Matina de la Provincia de Limón, Linderos: Norte: Calle, Sur: Porfirio Espinoza, Este: Emanuel Araya, Oeste: Porfirio Espinoza, mide: quince mil seiscientos treinta y cinco metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados, PLANO: [Valor 006]. Señala que dicha propiedad, se ubica, con exactitud de [...]. Alega que la finca contiene una gran cantidad de especies de árboles maderables y frutales. Manifiesta que sobre esa propiedad, no existe permiso vigente para la tala de árboles, otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía. Indica que dicha propiedad colinda con la ruta 32, por lo que un área de 1982 metros cuadrados, va a ser expropiada y utilizada en la ampliación de la misma. Hizo referencia al expediente 20-0013-1028-CA. Aclara, sin embargo, que, hasta el momento de la interposición de la presente demanda, no se ha autorizado la puesta en posesión de la propiedad y que tampoco se ha autorizado la entrega de monto alguno por concepto de expropiación. Sostiene que el actor no ha dado ninguna autorización para que se realicen trabajos de ninguna naturaleza en la propiedad, ni al Conavi, ni a Chec. Expone que durante los primeros meses del 2019, el actor no había sido notificado en modo alguno, de la existencia de algún proceso expropiatorio sobre su propiedad. No obstante, reiterando que nunca fue notificado por parte del CONAVI, de modo informal, se enteró que un ingeniero de CHEC, como empresa responsable de la ampliación de dicha ruta, andaba en busca de los dueños de las propiedades para que le suministraran un permiso formal para el ingreso y limpieza en las propiedades, sin tener que esperar el proceso de expropiación. Fue así, como dicho Ingeniero le contacta, y le indica que debía acercarme a ellos, e iniciar el trámite para conocer el área exacta que le iban a expropiar. Que una vez que se le brindó la información indicada anteriormente, el actor se dirige a su propiedad para hacer una inspección de campo, quien descubre que la propiedad ya había sido invadida e intervenida por parte de Chec, sin permiso alguno del mismo, al punto que Chec realizó un enorme talud que le impide materialmente el ingreso a la misma, como puede observarse en las fotografías y videos que obran en el expediente, de lo cual, da cuenta además, el informe topográfico adjunto y el testimonio de los testigos ofrecidos. Para poder ingresar, el actor debe pedir autorización al vecino colindante, siendo que ya no era posible el acceso por la ruta 32. Además, se constata que, una gran cantidad de árboles maderables y frutales, habían sido talados y apilados en su propiedad, amén de haberse afectado la topografía original del lugar con maquinaria pesada de construcción, dejando evidencias de grandes movimientos de tierra, provocando afectaciones no solamente en el área eventualmente a expropiar, sino en un área de casi setecientos metros cuadrados adicionales. Ver fotografías y videos adjuntos aportados al expediente, así como informe de topografía, realizado en fecha 5 de marzo del presente año. Sostiene que desde el momento de la intervención de CHEC, se le imposibilita el ingreso a la propiedad al actor, sin que pueda como propietario, hacer uso y disfrute de su derecho de propiedad, quedando imposibilitado de realizar tareas habituales como  ingresar en vehículo, realizar tareas de limpieza, sembrar plantas de cualquier especie.  Explica que al darse cuenta de lo anterior, el actor se dirigió a buscar a los responsables de ambas empresas, así como de CONAVI, con la finalidad de denunciar lo realizado y que se responsabilizaran por la evidente usurpación y afectación de su propiedad. Al reunirse luego con representantes de tales empresas y el CONAVI, le indicaron que, efectivamente, el ingreso a su propiedad fue realizado ilegalmente con maquinaria de CHEC, por desconocimiento del ordenamiento jurídico en Costa Rica, dado que los representantes de CHEC son ciudadanos de origen Chino, que no tenían conocimiento de tener que esperar la autorización del propietario del inmueble. Asimismo, le indican que antes de hacer la invasión, no contaban al menos con un inventario forestal del área intervenida y que, pese a la tala realizada, omitieron realizar dicho inventario. Que como consecuencia de los reclamos, el 19 de abril del año anterior, a pedido de CHEC y con el conocimiento de CONAVI, el Regente Ambiental, Luis Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, realizó un informe –que ya obra en el expediente - sobre el daño ambiental realizado por CHEC en la propiedad, previa investigación de campo, reconociendo expresamente allí los daños ambientales ocasionados por esta empresa, cuando indica: “Presentación: El presente estudio es la valorización económica de los daños ambientales, que ocasionó la empresa CHEC, en parte del fundo (aproximadamente 0,30 hectáreas), inscrita al folio real de la provincia de Limón N° [Valor 008], con plano catastrado N° [Valor 006], propiedad del señor [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 007], al cortar 30 árboles de 12 diferentes especies fuera del derecho en la ampliación de la ruta nacional N°32”.  Señala que en ese mismo estudio, se detalla que son, al menos, 30 especies, las que fueron taladas por parte de la empresa CHEC, considerando que este estudio se realiza sobre la constatación de aquellos troncos y raíces que permiten reconstruir, sin ser exacto, la cantidad de árboles que allí existía.  Sostiene que el 12 de junio del año anterior, el actor participó en una reunión con personeros de CHEC y CONAVI, en la cual manifiesta su preocupación por los daños ambientales y personales causados por sus actuaciones materiales. Allí, estos se comprometieron a no realizar más obras en la propiedad, hasta que no se autorice formalmente la puesta en posesión en el proceso de expropiación que se sigue. Sin embargo, el actor se dirige inmediatamente a su propiedad y constata que nuevamente, se hicieron movimientos de tierras en la misma, expandiendo el daño ambiental, al realizarse obras mayores sin reparar en el respeto a la vegetación, fauna y a los árboles existentes en dicha propiedad, conforme se aprecia de los videos y fotografías adjuntos. Agrega que preocupado por la situación expuesta, el actor acudió mediante solicitud de medida cautelar ante esta jurisdicción, misma que aunque fue rechazada, tuvo por demostrado la invasión por parte de la empresa CHEC a su propiedad, así como los consecuentes daños causados a su terreno, situación que llevó a la juzgadora a emitir una advertencia contra los aquí demandados. Al efecto, se estableció en el Voto Nº 551-2019-T de las dieciséis horas del día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve: “En cuanto al daño material argumentado, debe decirse que, no es un hecho controvertido dentro de este proceso cautelar, que la propiedad en discusión, sufrió el ingreso de maquinaria de la empresa codemandada (remoción de cobertura vegetal, corta de árboles y movimientos de tierra), sin precisarse una fecha concreta, pero entre los meses de enero, febrero y marzo del presente año y posteriormente, entre los  meses de junio y julio, donde se dio un incidente de menor escala, pero en apariencia, de igual naturaleza, tal y como se desprende de la demanda, sus contestaciones, los numerosos escritos de octubre del presente año y la prueba documental visible a imágenes 54 a 67, 308, 311 a 313, 318 a 320, 324 a 326, 336 a 338 del expediente judicial, así como las 36 fotografías y seis videos en tres discos compactos adjuntos al expediente digital… En todo caso, en mérito de lo expuesto anteriormente y sin perjuicio de la forma en que se resuelve, se llama fuertemente la atención a los codemandados, instándolos a no incurrir en conductas como las denunciadas, atendiendo al respecto al bloque normativo y a la propiedad privada”. Se plantean las siguientes: “Consideraciones sobre los daños y perjuicios ocasionados por las demandadas: MOTIVO QUE LOS ORIGINA: La actual demanda, pretende el resarcimiento de daños y perjuicios causados por las actuaciones materiales u omisiones de CONAVI y CHEC, a mi poderdante,  que le generaron y le siguen generando, severos daños a su propiedad, perjudicándole en el legítimo goce del derecho a la propiedad y, consecuentemente su patrimonio. El hecho generador de la responsabilidad, consistió, en el caso de CHEC, ingresar en al menos dos ocasiones – ver sentencia citada, donde se tiene por demostrado que en los primeros meses del año anterior, así como en junio y julio de ese mismo año - a una propiedad privada y disponer a su totalidad de la misma, causando severos daños, sin previa autorización de su legítimo propietario y, violentar el ordenamiento jurídico, al desobedecer lo dispuesto en la Ley de Expropiaciones que establece que solamente en el momento en que el propietario lo autorice expresamente, o bien, sea girada la puesta en posesión por la autoridad judicial competente, puede procederse a ingresar a tal propiedad, indistintamente de la urgencia y necesidad que revista un proyecto. Para el caso de CONAVI, existe una evidente falta a su deber de vigilancia, en tanto Administración encomendada para la fiscalización del Contrato de Ampliación de la ruta 32. Su omisión, propició que CHEC actuara en la forma tan arbitraria en que lo hizo detrimento de mi poderdante y no ejerció su obligación de vigilar porque las actuaciones de CHEC, en relación con el ingreso a la propiedad privada, se realizar conforme lo demanda la Ley de Expropiaciones. Por el contrario, CONAVI se limitó a observar pasivamente como CHEC estaba procediendo a irrumpir en la propiedad privada, sin que conste intervención oportuna de su parte, para impedir que se continuara con el proceder ilegítimo del contratista que, tal como se expuso, no solamente intervino una ocasión, sino que reincidió meses después en la propiedad de mi poderdante, conforme lo tuvo por demostrado la juzgadora que conoció la medida cautelar. Esto le genera una responsabilidad de orden solidaria a CONAVI con CHEC, por cuanto, es su deber, constatar que el contrato se ejecute en resguardo del ordenamiento jurídico vigente. Como puede observarse en la prueba aportada por el propio CONAVI, sus personeros participaron en reuniones donde se discutió junto con mi poderdante y CHEC sobre los daños acaecidos, sin que se vislumbre acción alguna para reprimir lo actuado por CHEC, ni para impedir, que se volviera a dar otra intervención de ésta en la propiedad, como la que se suscitó en los meses de junio del año anterior, tal cual, se expuso en la sentencia citada.  Tanto CONAVI como la contratista CHEC, han evidenciado el irrespeto del ordenamiento jurídico, al desconocer el derecho de propiedad y las afectaciones al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al ingresar una y otra vez a realizar trabajos, sin inventario forestal previo, sin notificación del proceso expropiatorio, sin sentencia de dicho proceso y sin autorización de mi poderdante, al menos, como ya se indicó. Conforme Su Autoridad podrá apreciar en la prueba ya aportada, el MINAE indica que no hay permiso alguno para talar árboles en la propiedad de mi poderdante, y que pese a esto, se realizaron flagrantes daños al ambiente, al proceder con la tala total de los árboles existentes. EN QUÉ CONSISTEN: Lo actuado por CHEC, así como lo omiso de la conducta de CONAVI, genera una lesión grave a la situación jurídica de mi poderdante, las cuales consisten en el daño provocado por las invasiones no autorizadas por mi poderdante a su propiedad, en las que se ha afectado fuertemente el valor de la misma por las destrucciones realizadas, las cuales le generan daños patrimoniales y morales, a mi poderdante. CHEC, ingresa arbitrariamente a la propiedad y toma el control total, cual propietario, introduciendo maquinaria pesada, para proceder a destruir a su antojo todo lo que allí existía. CHEC decide deforestar indiscriminadamente la totalidad de árboles existentes, sin contar con al menos un inventario forestal. CHEC, destruyó el ingreso existente a la propiedad, haciendo que nunca más se pueda ya ingresar ni en vehículo ni caminando a la misma, merced al talud que construyó al frente de la propiedad.  CHEC, no conforme con abusar del Estado de Derecho, violentado el sagrado derecho constitucional de propiedad privada, irrumpe en un área superior a la que eventualmente se va a expropiar, de aproximadamente 700 metros cuadrados, generando daños tales como deforestación, cambio de vegetación, en definitiva, destruyendo todo lo que se encontraba en esa propiedad. CHEC decide talar los árboles y posteriormente, disponer antojadizamente de la mayoría de especies cortadas, para un aprovechamiento que desconoce mi poderdante, cercenándole ese derecho como legítimo propietario. DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO: CHEC, al ingresar arbitrariamente a la propiedad y tomar el control total, cual propietario, introduciendo maquinaria pesada, para proceder a destruir a su antojo todo lo que allí existía, desvalorizó absolutamente mi propiedad, al punto que la dejó en un estado de deterioro total. Esto por cuanto, su primera acción, consistió en crear un talud de aproximadamente 12 metros que impide, a partir de la primera intervención de CHEC, el ingreso a la propiedad, defecto que persiste hasta este momento. Asimismo, se intervino un área superior – casi 700 metros - a la que se va a expropiar, a la cual se le causó una destrucción total. Así lo evidencia el informe pericial, adjunto, realizado por el Ing. Jimmy Madrigal Mora IT-28958, de fecha 5 de marzo del presente año, que indica: “La comparación de la línea de colindancia frente a la calle pública del plano con respecto al área utilizada por la empresa para realizar el movimiento de tierra, muestra que el trabajo realizado afecta directamente la propiedad del señor [Nombre 001], puesto que no solamente se realizaron trabajos en el derecho de vía que indica el plano, sino también dentro del terreno que se pretende expropiar. De las estacas colocas por el ente interesado en la expropiación del terreno según el propietario del inmueble, se lograron ubicar cinco que sirven para determinar que el área a expropiar es de aproximadamente 2660 metros cuadrados esto considerando el ancho de vía indicado en el plano. Se hace indicación al solicitante que además de existir afectación directa ya que la parte trabajada es de su propiedad, también es importante que se haga una valoración por parte de ente encargado de la afectación indirecta sobre el resto del terreno, esto debido a la conformación del talud frente a calle pública, que impide el acceso directo a la propiedad, mismo que nos limitó el trabajo hasta tanto no se solicitara y se concediera el permiso de entrada por parte del propietario de la finca colindante al costado este, sin embargo según el plano catastrado y la escritura, la propiedad solo tiene entrada por el frente a calle pública y no por alguna propiedad vecina, razón que hace posible una considerable depreciación de bien. Es de considerar que el talud presente en la propiedad después de los trabajos realizados supera los 12.50 metros de altura con respecto a la calle publica, esto sin tomar en cuenta lo que pueda aumentar al hacer uso completo de la parte que se pretende expropiar. Se hace la observación, que de no realizarse un trabajo que logre subsanar los defectos de acceso presentes en la propiedad, el uso de este terreno para cualquier actividad generadora de ingresos se podría ver imposibilitado. En conclusión, el área donde se realizaron los trabajos de movimiento de material representa una afectación directa a la finca del interesado, puesto que no solo se trabajó en el área comprendida dentro de lo establecido según los planos como derecho de vía de la carretera nacional, si no también se realizaron trabajos sobre el área prevista para ser expropiada. Por otra parte, se afectó de forma indirecta el resto de la propiedad limitando el acceso a la misma y comprometiendo el valor en caso de una posible venta, por tanto es importante solicitar al ente responsable de los avalúos, que en caso de una posible expropiación, no solo se valore el terreno que se está considerando para ser expropiado, si no también, la afectación al resto del inmueble del señor [Nombre 001], el cual muestra una evidente depreciación por el daño remanente causado por los trabajos realizados en el lugar”.  En resumen, los daños causados a la propiedad y al patrimonio de mi poderdante, concuerdan con: CHEC, destruyó el ingreso existente a la propiedad, haciendo que nunca más se pueda ya ingresar ni en vehículo ni caminando a la misma, merced al talud que construyó al frente de la propiedad. CHEC decide deforestar indiscriminadamente la totalidad de árboles existentes, sin contar con al menos un inventario forestal. CHEC, no conforme con abusar del Estado de Derecho, violentado el sagrado derecho constitucional de propiedad privada, irrumpe en un área superior a la que eventualmente se va a expropiar, de aproximadamente 700 metros cuadrados, generando daños tales como deforestación, cambio de vegetación, en definitiva, destruyendo todo lo que se encontraba en esa propiedad. CHEC decide talar los árboles y posteriormente, disponer antojadizamente de la mayoría de especies cortadas, para un aprovechamiento que desconoce mi poderdante, cercenándole ese derecho como legítimo propietario. CHEC destruye y deja sin valor de utilización y comercialización la propiedad, haciendo que esta no pueda aprovecharse más, ni pueda ser objeto de venta o hipoteca, en tanto el talud impide su ingreso, y; además, destruyó prácticamente todo el frente de la propiedad, haciendo que el resto – más del 80 % - se constituya en un fundo enclavado, carente de cualquier valor. Para el caso de CONAVI, como se expuso, se limitó a observar pasivamente como CHEC estaba procediendo a irrumpir en la propiedad privada, sin que conste intervención oportuna de su parte, para impedir que se continuara con el proceder ilegímito (sic) del contratista que, tal como se expuso, no solamente intervino una ocasión, sino que reincidió meses después en la propiedad de mi poderdante, conforme lo tuvo por demostrado la juzgadora que conoció la medida cautelar. Esto le genera una responsabilidad de orden solidaria a CONAVI con CHEC, por cuanto, es su deber, constatar que el contrato se ejecute en resguardo del ordenamiento jurídico vigente. Es claro que si CONAVI hubiese actuado oportunamente apegado a sus obligaciones, el daño en la propiedad del poderdante no se hubiera consumado. DAÑO MORAL: La actual situación, le acarrea a mi poderdante severos daños de orden moral subjetivo, por la destrucción de la que es objeto la propiedad, misma que recibe por donación de su abuela, siendo un activo familiar de mucho valor para su familia. Esto, le origina a mi poderdante, afectación anímica, producto del dolor y sufrimiento emocional, originada en las  conductas administrativas ilícitas, objeto del actual proceso, las cuales padeció desde el momento en que la primera de aquellas conductas administrativas se suscita, con la primera intervención en los primeros meses del año anterior. Es desde ese momento en que recae en él, una perturbación injusta absolutamente de sus condiciones anímicas, asociadas con desánimo, disgusto, desesperación, agravio contra su honor y dignidad. Esto es, desde el momento en que se entera de los daños sufridos en la propiedad, producto de la acción de CHEC, me acompaña una perturbación constante, incesante, estresante, toda vez que esto ponía en riesgo mi patrimonio y el de mi familia, en tanto el activo donado, constituía un activo de mucho valor, el cual se incrementaría obviamente con la ampliación de la ruta 32. La plusvalía iba a ser evidente, sin embargo, ahora todo cambia por la actuación de las demandadas, teniendo ahora un activo familiar destruido, inutilizado y sin valor comercial en este momento, por las condiciones en que CHEC deja la propiedad posterior a su desastrosa  e ilegal intervención. Otro aspecto no menos importante, es que esta propiedad conformaba la mitad del patrimonio de mi poderdante, siendo que solamente posee a su nombre otra propiedad en el Cantón de Pococí. La jurisprudencia de nuestros tribunales, en conteste en reconocer este tipo de daño, así se desprende de las siguientes citas jurisprudenciales, la primera de ellas, emanada en este Despacho: Resolución 120 de la una hora cuarenta minutos del 16 de mayo de 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI [...] Por su parte, la Sala Primera, ha definido este tipo de daño, entre otras, mediante resolución 000206-F-S1-2009 de las dieciséis horas veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil nueve. [...]. Al tenor de las citas jurisprudenciales expuestas, se extrae que en el caso de mi poderdante, acontecen la totalidad de los elementos que este tipo de daño debe tener, para ser considerado como tal, ergo  cierto, efectivo, evaluable e individualizable. El daño cierto, ya producido, - intervención de la propiedad sin autorización de mi poderdante, construcción de un talud que impide cualquier tipo de acceso, utilización de maquinaria pesada, que destruyó totalmente el área, aumentada en casi 700 metros sobre lo que se va a expropiar, corta de árboles, retiro de los árboles que hacen que no pueda utilizarse la madera, dejar la propiedad restante como un fundo enclavado - lo convierte en real, es decir, efectivo y patrimonialmente evaluable, a partir de lo que determinen estudios periciales que incluyan el valor de la propiedad antes de su condición de destrozo a la que la sometió CHEC, y el valor actual, considerando que este puede ser apreciable económicamente, e “individualizable” toda vez que sus agentes actores están ampliamente localizados en CHEC y CONAVI, es decir, a quien tengo el derecho a exigir la reparación de la lesión causada, quienes responderán solidariamente por los daños causados. Los daños deben ser cubiertos en un setenta por ciento por CHEC y en un treinta por cierto por CONAVI. PERJUICIOS: Las actuaciones de las demandadas, han ocasionado una pérdida en el valor futuro de la propiedad y el valor de aprovechamiento de dicha propiedad desde que se realiza la primera intervención de CHEC, dejando inutilizable totalmente la propiedad. Desde los primeros meses del año anterior, no se puede ingresar, por lo que no se puede aprovechar para agricultura de ninguna especie, ni tampoco es objeto de construcción, ni hipotecarse o bien de poder comercializarse. ESTIMACION Por  su especial naturaleza, la presente demanda es de carácter inestimable. Sin perjuicio de esto, producto de los estudios periciales que oportunamente se aportarán, prudencialmente, estimo la presente demanda, por concepto de daños y perjuicios en la suma de [Valor 001] millones de colones, desglosados en el siguiente orden: 1.- Daños a la propiedad infringidos por construcción de talud que impide acceso y aprovechamiento total de la propiedad desde los primeros meses del año 2019: [Valor 003], millones de colones

2.-Daños totales en un área de 2600 metros cuadrados, con deforestación total y destrucción de la madera cortada, que impide disfrute y uso de ese terreno y el aprovechamiento de la madera, desde los primeros meses del año 2019 hasta la fecha de hoy:  [Valor 003] millones de colones. 3.- Daños al resto de la propiedad, que desde los primeros meses del año anterior, queda como fundo enclavado: [Valor 004]  millones de colones, sin acceso vehicular ni peatonal, sin posibilidad de construirse, hipotecarse ni comercializarse. Valor por metro cuadrado según valor fijado en proceso de expropiación: 4129,00 colones. Resto de la propiedad sin expropiar en metros cuadrados: 13653,47. 4.- Perjuicio por no poder aprovecharse madera, ni la totalidad de la propiedad desde primeros meses del año anterior: 15 millones de colones. 5.- Daño moral subjetivo:5 millones de colones. FUNDAMENTO DE DERECHO. Baso la actual gestión, por lo establecido en el numeral 58, siguientes y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo”. En las conclusiones rendidas en el juicio oral y público se enfatizó que se acreditaron 2 invasiones de CHEC en propiedad privada sin permiso del propietario y que Conavi no ejerció el deber de vigilancia. Como daño material, se reiteró la inutilidad comercial de la finca por alteración de la topografía del inmueble que impide cualquier ingreso desde la calle pública debido a la construcción de un talud con pronunciada inclinación, lo que configura un caso típico de daño al remanente por la intervención de CHEC. Indica que la finca es inaprovechable por inaccesible. Se alegó que en todo caso la Administración y CHEC está obligados a brindar acceso a la propiedad del expropiado, sin que pueda dejar un fundo enclavado. Señaló que el nexo causal está delimitado por la omisión al deber de vigilancia debida al contrato de construcción que generó los daños causados al actor. Pide acoger la demanda en todos sus extremos con condenatoria en costas.

II.- Alegatos de Conavi: El CONAVI rechazó los hechos de la demanda y presentó las siguientes excepciones: “1. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO: a) Hecho de un tercero, falta de nexo causal. El actor pretende el resarcimiento de daños y perjuicios supuestamente causados por las actuaciones materiales u omisiones de CONAVI y CHEC, que supuestamente le generaron y le siguen generando, severos daños a su propiedad, perjudicándole en el legítimo goce del derecho a la propiedad y, consecuentemente su patrimonio, situación que no es imputable a este Consejo por los siguientes motivos: Mediante ley No. 9293 de fecha 10 de marzo de 2015, Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional Nº 32 sección cruce ruta 4-Limón. El 18 de febrero de 2013, el Ing. Pedro Castro en su doble condición de ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo de Administración suscribió un memorándum con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (TOMO I Folios 81 al 82 y anexo de folio 83 al 144 del expediente administrativo Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional Nº32 carretera Braulio Carrillo, Sección: Intersección Ruta Nacional Nº 4 (Cruce a Sarapiquí-Limón)'' en el cual se dispuso que el contratista debe suscribir las siguientes pólizas de Seguros y Responsabilidad. ''[...] Seguros por responsabilidad civil: será obligación de LA EMPRESA tomar una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) o de cualquier ente asegurador de responsabilidad civil debidamente imputable al asegurado (LA EMPRESA) por lesiones o muerte a terceros o por daños a la propiedad de terceros; ... " [...]. Posteriormente, el Consejo Nacional de Vialidad suscribió un contrato con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, mismo que fue refrendo por la Contraloría General de la República con oficio No. 5662-2016, en el cual se estableció en las condiciones generales punto 4.1 inciso 3 las obligaciones Generales del contratista. [...]. 4.1. Obligaciones generales del contratista. Aparte de las obligaciones dispuestas en el memorándum de acuerdo para el proyecto de Diseño, rehabilitación y ampliación de la ruta nacional 32 Carretera Braulio carrillo, sección intersección ruta nacional 4 (Cruce Sarapiquí Limón y sus anexos. El contratista tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 1 (...) 3. El contratista será el responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdida o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribe ...” [...]. Adicionalmente, en las obligaciones complementarias en el punto 39 se especificó que el contratista debe cumplir con todas las leyes vigentes en la república de Costa Rica indicándose lo siguiente: 39. El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en la República de Costa Rica, esas leyes incluirán todas las leyes locales, estatales, nacional o de otra índoles que afecten el cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, demanda, multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal. [...] Luego en el punto 4.12 y 4.16 del contrato se estableció como responsabilidad del contratista lo siguiente: 4.12. No interferencia El contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: a) la comodidad del público, b) el acceso, uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros. El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños y perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de ésa índole. 4.16. Protección del Medio Ambiente (Cumplimiento con la Viabilidad Ambiental y sus obligaciones. El contratista deberá cumplir fielmente con lo dispuesto en la Legislación Ambiental de la República de Costa Rica; así tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para evitar los daños y las alteraciones ambientales que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de sus operaciones. [...] Como complemento a lo anterior, mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2017-119 (2199) de fecha 14 de junio de 2017, el CONAVI de forma diligente le informó al representante legal de la empresa CHEC, el procedimiento previo al inicio de la etapa de construcción que hay que realizar para la corta de árboles. [...] Asimismo, con oficio UE-DRA-RN32-001-2017-321 (855) de fecha 25 de octubre de 2017, se le informa al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong, sobre las acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para desarrollara (sic) el protocolo para los trámites asociados a la corta de árboles (sic) que conlleva el proyecto y se le remite el borrador del protocolo. Con orden de servicio No. 3 de fecha 16 de noviembre de 2017, se da orden de inicio a partir del 20 de noviembre de 2017, la etapa de construcción. [...] Mediante oficio UE-DRA-RN32-001-2017-333 (855) de fecha 01 de noviembre de 2017, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre el seguimiento ambiental y que debe actualizar la documentación con base al (sic) la resolición (sic) 2207-2016 SETENA del otorgamiento ambiental previamente a dar inicio de las obras. [...]. Posteriormente, mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) de fecha 02 de marzo de 2018, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre el seguimiento ambiental, se trascribe en lo conducente lo siguiente: ''En relación con el inicio de la Corta de Árboles que se realizará por parte de su representada [...] Cabe recordar que, dicha labor no podrá dar inicio hasta que no se cuentr (sic) con todos los permisos requeridos... [...]. Luego mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) de fecha 02 de marzo de 2018, se le comunica al Gerente del Proyecto señor Zhou Jingxiong sobre la corta de árboles se se (sic) le reitera lo establecido en el punto 4.16. de las obligaciones complementarias del contratista, además se le indica que "El inventario forestal es un insumo técnico inexorable para el "Permiso de corta de árboles" permiso que de acuerdo a lo estipulado en el punto 10 (c) del documento de alcance del Contrato ... " [...]. De lo hasta aquí indicado se tiene que de existir un eventual daño el responsable no es el Consejo Nacional de Vialidad, sino la empresa CHEC, tal y como dispone el memorando y el contrato, y sus adendas. El CONAVI no solo ha sido diligente en advertir al contratista de diversos trámites y cumplimiento de leyes, sino que lo hizo con la antelación debida. En (sic) necesario indicar que la empresa CHEC intentó llegar a un acuerdo con el señor [Nombre 001], de indemnizarlo de conformidad con lo indicado en el inventario realizado por el Ing. Luis Femando Meneses Valverde inclusive propuso que con la maquinaria de la empresa restablece el terreno a las condiciones originales, sin embargo el propietario indicó que "...no le interesa ya que no quiere depender de los tiempos del CHEC y prefiere hacerlo en el momento que el desea''. Aunado a lo anterior, la empresa CHEC propuso pagar un alquiler del terreno afectado desde el momento en que ingresó la maquinaria al terreno hasta el mes de julio de 2019 y de una vez realizar los trabajos de mejora en el terreno", pero el señor [Nombre 001] no aceptó la propuesta, indicando que él prefiere el dinero. Nótese que la empresa CHEC intentó dar una solución al problema, sin embargo, el dueño de la propiedad solo estaba interesado en el dinero, por lo que claramente se evidencia que el interés del propietario es meramente económico y que la empresa CHEC entiende y acepta que es la única responsable de los supuestos daños y perjuicios reclamados. Por otra parte, se rechaza la existencia de un daño ambiental por cuanto el proyecto cuenta con la viabilidad ambiental otorgada mediante Resolución el ministerio de ambiente y energía, la secretaría técnica nacional ambiental Nº 2207-2016-SETENA las 15 horas 30 minutos del 02 de diciembre del 2016, por lo que se estaría ante un impacto ambiental que se configura cuando existe una viabilidad ambiental por cuanto se tiene ya previsto que puede ocasionarse determinado evento como lo es la tala de árboles. La parte actora pretende se le indemnice los supuestos daños moral y material por supuestos daños al cortar ciertos árboles en su propiedad por parte de la empresa CHEC, lo que deberá acreditarse en este proceso. Respecto a la relación de causalidad debe existir conexidad y el daño producido es una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquella el deber de resarcir dicho daño, este solo procede cuando existe certeza en la prueba del nexo causal. En el presente caso la parte actora omite presentar la prueba correspondiente que logre acreditar el nexo de causalidad con el daño alegado y el nexo con la administración, máxime que la propia actora indica que la supuesta invasión al terreno fue ejecutada por la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC). 2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN: Se interpone esta excepción, por cuanto como lo indica la propia parte actora, la supuesta invasión a la propiedad fue realizada por la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC) y de acuerdo a lo establecido en el contrato adendas y documentación complementaria, de darse un daño o perjuicio la empresa responderá por ello. Aunado a ello que en la propiedad en la que se reclama los daños y perjuicios fue debidamente expropiada y ya fue puesta en posesión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante notificación de las quince horas y veintiocho minutos del treinta de abril de 2020, correspondiente al Expediente 20-000013-1028-CA-0” (La negrita y subrayado son nuestros). Solicita condenar al actor al pago de las costas de este proceso, así como los intereses respectivos.

III.- Alegatos del Estado: Rechaza la demanda en cuanto a los hechos aclaró que: “El Estado ha decidido expropiar un área de terreno con una medida de mil novecientos ochenta y dos metros cuadrados (1,982.00 metros cuadrados), según plano catastro Nº [Valor 009], el cual forma parte del inmueble inscrito en el Partido de Limón, Folio Real Matrícula [Valor 010]. Dicha expropiación se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo bajo el expediente N° 20-13-1208-CA, siendo que en el mismo ya se autorizó la entrada en posesión de la franja a expropiar y se dispuso el giro del monto del avalúo administrativo. [...] En primer término, no nos consta la supuesta invasión de la propiedad del actor, ni tampoco que se hayan ocasionado los daños que se alegan. En ese sentido, las partes codemandadas han manifestado y aportado pruebas que acreditan que se estuvo trabajando en el derecho de vía. En segundo término, según la prueba que consta en autos, no nos consta que los trabajos realizados por la empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica Sociedad Anónima (en adelante CHEC) no permitan el ingreso a la propiedad del actor, toda vez que el mismo se realizaba por un pequeño acceso lateral a la finca. En ese sentido, conforme al avalúo administrativo N° SABI-2019-117 del 12 de agosto del 2019, visible a folios 44 al 59 del expediente relativo a la expropiación, se puede apreciar que el terreno del actor se encuentra a 4-5 metros sobre el nivel respecto de la vía pública, sin que existiera un acceso por el frente del lote, según se observa en las fotografías visibles a folio 51 de dicho expediente.  [...] En tercer lugar, se rechaza que se hayan realizado obras en un área mayor a la que es objeto de expropiación, así como la corta de árboles en los términos y dimensiones que expone el actor.  Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, es claro que las supuestas actuaciones e invasión denunciadas por el accionante fueron realizadas directamente por CHEC, como contratista de la obra que se encuentra en ejecución, sin que existan actuaciones u omisiones por parte del Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI) o del Estado en este caso. [...]” (la negrita es nuestra). Se rechazaron las pretensiones formuladas por el actora y se interpusieron las siguientes excepciones: “I. Falta de derecho y falta de legitimación: La Ley General de la Administración Pública en su título sétimo regula lo relacionado con la responsabilidad de la Administración. Tal título en su numeral 190 ordena que la Administración será responsable y responderá por todo daño que produzca su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal. Para que quepa esta responsabilidad deben concurrir tres elementos esenciales: 1) Una acción u omisión de la Administración. 2) Una lesión o daño antijurídico. 3) Debe existir un nexo causal entre los dos anteriores.  1) Respecto al primer elemento (sea una acción u omisión de la Administración) se debe tomar en cuenta que la parte actora no se refiere a ninguna conducta activa u omisiva del Estado, sino que conforme su demanda, se acusa una supuesta invasión y presuntos daños producidos directamente por la empresa CHEC. En esa dirección, debemos mencionar que por Ley N° 9293 del 10 de marzo del 2015, se aprueba el financiamiento al proyecto de rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32, mediante la suscripción del Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China. Al amparo de esta norma legal, se suscribe un contrato entre el CONAVI (contratante) y CHEC (contratista), para que éste último ejecute el diseño y construya las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N° 32.  En dicho contrato, visible a folios 145 a 180 del expediente administrativo aportado por el CONAVI, así como sus adendas, se establecen de manera clara las responsabilidades y obligaciones de las partes contratantes [...]. Como se puede apreciar con suma claridad, conforme a la legislación vigente y el contrato suscrito por las partes, se estableció un régimen de responsabilidad especial, según el cual la empresa CHEC, en su condición de contratista, sería el único responsable de indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, lo cual incluye el diseño y construcción de las obras de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N° 32, contemplando expresamente los posibles daños a la propiedad de terceros (en caso que se demuestren los mismos). Ahora bien, tampoco podría endilgarse una responsabilidad al CONAVI, toda vez que conforme se demuestra del estudio del expediente administrativo, dicho órgano ha informado al contratista, de manera constante y oportuna, sobre los diversos trámites, procedimientos y legislación aplicable para efectos del desarrollo del proyecto. En el excepcional caso que se estimara procedente alguna responsabilidad del CONAVI en este asunto, el Estado tampoco podría ser condenado, ya que estaríamos ante actuaciones u omisiones de un órgano legalmente desconcentrado, precisamente en ejercicio de sus competencias desconcentradas. A pesar de ser un órgano que se encuentra adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el artículo 3 de la ley N° 7798 le confiere personalidad jurídica instrumental y presupuestaria. Lo anterior significa que el CONAVI tiene personalidad jurídica y presupuesto propios con los cuales puede y debe responder a las obligaciones que nacen de las competencias que le otorgan su ley de creación. Sin embargo, hemos de reiterar que en este caso concreto no existe ninguna responsabilidad de CONAVI, mucho menos del Estado, pues como señalamos líneas atrás, conforme a la legislación vigente y el contrato suscrito por las partes, la empresa CHEC sería el único responsable de indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato (en caso de demostrarse los mismos). Adicionalmente, es necesario mencionar que el Estado es parte en este proceso, única y exclusivamente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 12 inciso 2) sub inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA); que dispone la obligación de tener al Estado como sujeto pasivo cuando se trate de conductas de órganos con personalidad jurídica instrumental, es decir legitimación ad procesum, lo cual es distinto a la legitimación ad causam (que en todo caso tampoco existe). Conforme lo expuesto, la falta de legitimación pasiva del Estado es clara y evidente, debiendo ser acogida en sentencia. 2) En cuanto a la producción del daño, éste resulta inexistente (artículo 41.1 del Código Procesal Civil). El Estado no le ha causado con su accionar ningún menoscabo o perjuicio, que pudiera generar algún tipo de pérdida económica al accionante, sino que como se acotó se trata del cuestionamiento de conductas exclusivas de la empresa CHEC. Se reitera, el Estado no emitió ningún acto o incurrió en alguna conducta omisiva capaz de producir un daño a la parte actora. 3) Entonces, evidentemente tampoco existe nexo causal, el cuadro fáctico que presenta la parte actora carece de los elementos esenciales de la responsabilidad Administrativa -en relación con mi Representado-, cual es la existencia del nexo causal o relación de causalidad, que constituye el "puente" entre la conducta administrativa y el daño producido, sea entre la Administración y el administrado. Sin perjuicio de lo anterior, debemos indicar que en este caso se configura una de las eximentes de responsabilidad estipulados en el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, como lo es el hecho de un tercero. En ese sentido, la anterior norma exceptúa del deber de indemnizar cuando existen eximentes de responsabilidad que rompan el nexo causal entre la conducta estatal y el daño producido. La norma en cuestión, en lo que interesa, dispone: La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Conforme se puede apreciar, ante la existencia de una eximente de responsabilidad, no cabe exigir responsabilidad a la Administración pues se rompe el nexo de causalidad entre el daño y la conducta imputable a la Administración. En este caso, estimamos que habría una responsabilidad de la empresa CHEC, toda vez que fue ésta la que tuvo a su cargo el diseño y construcción de la mejoras y ampliaciones de la ruta N° 32, siendo el supuesto causante de los daños que sufre la propiedad del demandante, por lo que le correspondería responder por los eventuales daños y perjuicios que se generen en razón de estas obras, configurándose el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad para el Estado. En consecuencia, no son imputables al Estado, los daños y perjuicios reclamados por la actora en este proceso, toda vez que se configura la causal eximente de responsabilidad para la Administración, como lo es el hecho de un tercero.  II- FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. En su demanda el actor alega la existencia de un supuesto daño ambiental; sin embargo, en la formulación de sus pretensiones no realiza ningún pedimento concreto sobre este extremo. Pese a ello, estimamos que el actor no estaría legitimado para solicitar a su nombre el resarcimiento por un daño ambiental, toda vez que nos encontraríamos ante un derecho colectivo o difuso, sin que el actor pueda arrogarse la legitimación para accionar en ese sentido. Por otra parte, según consta en autos, el actor es dueño del inmueble en la nuda propiedad, inscribiéndose a su nombre el día 25 de marzo del 2019. Así las cosas, de conformidad con los artículos 335, siguientes y concordantes del Código Civil, estimamos que el actor carece de legitimación activa para reclamar el pago de daños y perjuicios derivados del disfrute y uso del terreno, así como del aprovechamiento de la madera (pretensiones 2 y 4), toda vez que la legitimación para ello la podría tener la usufructuaria, más no el propietario de la nuda propiedad (quién sí podría reclamar los daños causados al fundo).   III- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS. En primer término, la parte demandante no comprueba la existencia real y efectiva de los supuestos daños causados a su propiedad, ni que éstos se originen por alguna conducta u omisión del Estado.  En esa dirección, para que prospere dicha pretensión resulta indispensable acreditar, por medio de prueba técnica idónea, que son actuaciones de mi representado las que generan el supuesto daño reclamado por la actora. Así las cosas, a la parte actora le compete la indubitable demostración de la existencia de los daños a la propiedad y que los mismos sean causados por actuaciones directas e inmediatas de mi representado (nexo de causalidad).En la especie, la actora alega que se le causaron daños a su propiedad sin demostrar mediante ningún tipo de prueba idónea la existencia de los mismos. No puede olvidarse que el artículo 41 del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria- contiene el principio doctrinal "Onus Probandi", según el cual a la parte actora le corresponde la carga de la prueba respecto de las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho, situación que no ocurre en esta litis.  Al incumplir con la plena demostración de los daños sufridos, por medio de la prueba idónea para ello, las afirmaciones de la parte actora en cuanto a su existencia se deben tener como no probados, y consecuentemente como inexistentes los mismos, razón por la cual el Despacho debe proceder al rechazo de todas las pretensiones de la demandante. Ello por cuanto, en el caso de marras no se aprecia un daño efectivo, evaluable e individualizable, conforme lo demanda el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, en virtud de la ausencia total de elementos probatorios que respalden y justifiquen los daños y perjuicios solicitados, dicho extremo petitorio resulta inadmisible y deberá ser rechazado por este Despacho” (el subrayado y la negrita son nuestros).  Solicita se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, con el pago de ambas costas a cargo de la parte actora, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago.

IV. Alegatos de la empresa co-demandada CHEC: Se indica que la finca objeto del proceso se encuentra en derechos y le corresponde al actor solamente la nuda propiedad. Aclara que el proceso expropiatorio de la finca del actor se tramita ante el Juzgado Contencioso con el expediente Nº20-0013-1028-CA donde autorizó el giro del monto del avalúo administrativo y mediante auto de las 15:28 horas del 30 de abril de 2020 se autorizó la puesta en posesión del inmueble pasado 2 meses desde la notificación, siendo el área a expropiar de 1.982,00 metros cuadrados. Señala que las obras constructivas realizadas por CHEC se efectuaron en el derecho de vía propiedad del Estado que es de 50 metros frente a la propiedad del señor [Nombre 001] sin que a la fecha se haya efectuado obra constructiva en la propiedad del actor. Alega que el actor confunde el derecho de vía con su propiedad. Reiteró que las obras constructivas se efectuaron cien por ciento en el derecho de vía y que no se ha realizado ningún talud en propiedad del Señor [Nombre 001]. Tampoco es cierto que existiera un acceso a la finca del Señor [Nombre 001] que se haya afectado. La finca del Señor [Nombre 001] si bien da frente a la ruta 32, no tenía construido ningún camino de acceso. Por el contrario, la parte que se intervino del derecho de vía no estaba a la altura de la carretera. Fue necesario remover gran cantidad de tierra para poder liberar el derecho de vía y conformar el talud provisional. Una vez que se entre en posesión del terreno expropiado, será necesario continuar con el movimiento de tierra y conformar el talud definitivo. Indica que todas las obras y actividades realizadas se encuentran contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que resultó en el otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. El área de proyecto evaluada está formada por lo que se denomina Área de Proyecto (AP) que es el derecho de vía de cincuenta metros de ancho y las áreas a expropiar, el Área de Influencia Directa del Proyecto conformada por los siguientes cincuenta metros adyacentes al derecho de vía y el Área de Influencia Indirecta del Proyecto que la constituyen los 250 metros adyacentes al Área de Influencia Directa. Es por ello que la corta de árboles y cualquier eventual actividad de movimiento de tierras que se deba realizar en el terreno expropiado, se encuentra autorizada desde el punto de vista ambiental en la viabilidad ambiental. Aclaró que no es cierto que el señor Luis Meneses sea el regente ambiental del proyecto, ni que haya habido afectación a árboles frutales o a especies arbóreas de importancia comercial. Rechazó que haya habido una usurpación a la propiedad del actor. Sostiene que no es cierto que CHEC haya realizado obra constructiva alguna en la propiedad del Señor [Nombre 001]. Aclara que una de las actividades que se realizan previo a efectuar cualquier actividad constructiva en una carretera, es la corta de árboles. Se reconoció expresamente que sí es cierto que, en abril del 2019, CHEC realizó corta de árboles en el derecho de vía. Adicionalmente y por error de los peones que no supieron diferenciar la demarcación del derecho de vía con la demarcación del área a expropiar, realizó corta de árboles en el área expropiada. Es cierto también que el Señor [Nombre 001] se reunió con representantes de CHEC, específicamente con el Ingeniero Luis León, y CHEC se comprometió a instruir a sus peones y operarios para que no se volviera a realizar actividad alguna en su terreno. En junio del 2019 CHEC finalizó con las obras de remoción de tierra en el derecho de vía y de conformación de talud, pero todo en el derecho de vía. Ninguna actividad se realizó en el terreno expropiado ni en la finca donde el Señor [Nombre 001] es nudo propietario. Se indicó que no es cierto que el ingeniero forestal Luis Meneses sea el regente ambiental del proyecto. Se aceptó como cierto que CHEC solicitó al ingeniero forestal Luis Meneses que realizara una revisión rápida del área y determinara bajo una metodología que partiera de la existencia de un daño ambiental para que se calculara a cuánto ascendería la reparación integral, aún y cuando ésta no es procedente, con el fin de tener un parámetro objetivo para indemnizar al señor [Nombre 001], todo eso a pesar de que el área iba a ser expropiada y que, conforme al Estudio de Impacto Ambiental, CHEC está autorizada para realizar actividades constructivas en el área expropiada. Con base en lo anterior, se le ofreció al Señor [Nombre 001] una indemnización incluso más alta de lo que arrojó el informe elaborado por el ingeniero Luis Meneses, lo cual el Señor [Nombre 001] rechazó. Manifiesta que el informe elaborado por el ingeniero forestal Luis Meneses no es prueba del daño ocasionado porque parte de una serie de supuestos y, por lo tanto, llega a conclusiones que no son exactas, ya que fueron planteadas por CHEC de buena fe para facilitar la negociación que permitiera evitar procesos litigiosos y buscar acelerar la puesta en posesión, lo que no se logró. Se aceptó que el día 12 de junio sostuvo una reunión con el Señor [Nombre 001] y con representantes del Consejo Nacional de Vialidad. En esa reunión CHEC asumió nuevamente el compromiso de realizar actividades únicamente en el derecho de vía. En realidad, desde el incidente de los árboles en abril del 2019, no se había realizado ninguna nueva actividad en la propiedad del Señor [Nombre 001]. Posteriormente a la reunión, el Señor [Nombre 001] sostuvo una comunicación telefónica con el supervisor general de la rama 1 de CHEC, señor Luis Yogseng León Villagra, a quien le indicó que se estaba trabajando nuevamente en su propiedad. El Señor Luis León le explicó que no se estaba haciendo ningún trabajo en su propiedad sino que se estaba trabajando en la conformación del talud provisional dentro del derecho de vía que en total es de 50 metros. Es absolutamente falso que se hicieran movimientos de tierra en la propiedad del Sr. [Nombre 001], que se causara daño ambiental, que se afectara la vegetación, la fauna y los árboles existentes en la propiedad del Sr. [Nombre 001]. En la franja de terreno en discusión no había ni hay bosque, ni plantaciones forestales o de árboles frutales. Adiciona, que es cierto que el Señor [Nombre 001] acudió a la vía cautelar y su solicitud fue rechazada, pero no es cierto que se haya demostrado daños a su propiedad. Los daños deben ser demostrados en el procedimiento ordinario. Interpuso las siguientes excepciones de fondo: “Falta de legitimación activa para ser indemnizado por daño ambiental: El derecho a un ambiente sano ha sido considerado como un derecho fundamental, cuya afectación no solo puede incidir en una persona, sino que por su naturaleza afecta a la colectividad. Es por eso que la legitimación en esta materia tiende a extenderse y ampliarse justificada en la doctrina de los intereses difusos, según la cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran, por lo que prácticamente cualquier persona puede entablar los remedios administrativos y jurisdiccionales ante una acción u omisión de alguna persona física o jurídica, privada o pública, que amenace con causar un daño ambiental. Lo anterior fue recogido por la Ley de Biodiversidad en su artículo 105, al legitimar a toda persona a accionar en sede administrativa o jurisdiccional en defensa de la biodiversidad. Sin embargo, por ser la tutela del derecho al ambiente de interés público y en muchos de los casos el elemento del ambiente afectado es de dominio público, la legitimación para reclamar indemnizaciones por daño ambiental se restringe, lo contrario sería aceptar la posibilidad de que un particular represente el interés público en materia de resarcimiento. El Señor [Nombre 001] confunde "la legitimación procesal (que permite plantear una demanda), con el derecho de fondo (lo pretendido), que se debe tener en concreto para obtener una decisión favorable y que el daño causado a la colectividad no implica la existencia automática de un daño personal ni legitimación para reclamarlo" (Voto 834-2015 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Por lo tanto, aunque la normativa nacional concede amplia legitimación para accionar, no así lo es para que una persona pueda recibir el monto de la indemnización: ‘Así, pese a la amplitud en la legitimación para reclamar el daño ambiental, las indemnizaciones por daño colectivo no pueden ser otorgadas a favor de las personas privadas o públicas específicas que hayan planteado el reclamo. El titular para recibirlas es el Estado (representado por la PGR) o quienes la ley determine expresamente. La indemnización por afectación indirecta a bienes o intereses privados (daño individualmente soportado), puede reclamarla sólo quien lo ha sufrido y es tal, por las reglas comunes de responsabilidad, quien tiene derecho a la indemnización" (Tribunal Contencioso Administrativo. Sentencia Nº 00045 -2016 del 06 de Mayo del 2016). Aunque la demanda no indica de manera clara en qué consiste el daño ambiental, en los hechos de la demanda hace referencia al informe realizado por el ingeniero forestal Luis Meneses, además de presentarse otro documento con estimaciones del daño ambiental el cual reclama que se le indemnice. En ambos informes se mezclan estimaciones de económicas del daño que pudo individualmente ser soportado por el Señor [Nombre 001], así como de otras, aunque improcedentes según se demostrará en este proceso, serían propias de la indemnización por daño colectivo. No obstante, el único órgano legitimado para reclamar indemnizaciones de tipo colectivo es la Procuraduría General de la República, en su calidad de representante del Estado según así lo dispone los artículos 1, 3.a) y 3.i) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Forestal indica en su artículo 58 [...]. De lo anteriormente expuesto, queda claro que la demandante no se encuentra legitimada para solicitar que se le indemnice el supuesto daño ambiental en cuanto a los elementos colectivos de éste como puede ser los servicios ambientales, debido a que por ley esa representación corresponde únicamente a la Procuraduría General de la República. Excepción de Falta de derecho: (...) 1. De las pretensiones indemnizatorias. Preliminarmente, es menester reiterar que rechazamos la existencia de cualquier hecho generador que pueda considerarse causante de daño alguno. La apreciación subjetiva del actor en torno a que CHEC haya 'destruido' su propiedad es absolutamente infundada pues la actuación de mi representada se ha efectuado cien por ciento en el derecho de vía por lo que es incorrecto considerar que se ha extralimitado en cuanto al alcance geográfico de las obras que ejecuta. Tampoco se ahonda en describir -o siquiera indicar- el criterio de imputación de responsabilidad civil subjetiva bajo el cuál CHEC sería -supuestamente- responsable. Debe recordarse que CHEC es un sujeto de derecho privado por lo que el actor debe acreditar el criterio de imputación o el factor subjetivo de atribución que justifica la supuesta responsabilidad civil de CHEC debe ser justificado por quien solicite una indemnización como la que pretende el actor. La connotación del término 'destruir' puede inducir a error al tribunal, por cuanto, se atribuye un sentido negativo al enunciado dando a entender que se trata de un grave daño o aflicción, que no se debería estar soportando. Cuando, la realidad de las cosas es que se han llevado a cabo acciones que, desde un punto de vista objetivo, no pueden considerarse una afectación arbitraria sino el ejercicio legítimo de una actividad de interés público, a saber, la ejecución de obra pública de vital importancia para el Estado, en terrenos que legalmente pertenecen o se encuentran en posesión de este. a Inexistencia del alegado daño patrimonial: Afirma la parte actora, en forma temeraria, que nuestra representada causó daños patrimoniales que, prácticamente, dejaron inutilizable la finca del Partido de Limón [Valor 008], de la cual es titular del derecho 001, a la totalidad de la nuda propiedad. [...] Pese a que en el presente caso opera un fuero de atracción de la competencia contencioso administrativo por existir una parte procesal pública, lo cierto es que para que fuera aplicable a CHEC la responsabilidad que el actor le indilga, debería demostrar fehacientemente que se ha realizado un acto que lesiona sus derechos e intereses, que existe un efectiva relación de causalidad entre acciones de nuestra representada y la causación de ese daño, y que tales actuaciones fueron desarrolladas en forma dolosa o culposa. Debería también el actor comprobar el importe de dicha lesión y no debería existir una vía procesal idónea y especial para la discusión de tales extremos. [...] (ii) No se ha generado el daño acusado por la parte actora [...] El actor no hace sino relatar una serie de hechos mezclados con apreciaciones personales. No demuestra cómo los trabajos desarrollados por CHEC dentro del derecho de vía podrían haber afectado la propiedad de la cual es nudatario. No fundamenta la existencia de una relación de causalidad, y es claro que la razón de esta deficiencia en solo una. No existen tales daños ni existe un nexo causal posible entre aquellos (si se hubieran dado) y los trabajos desarrollados por CHEC. (iii) CHEC no ha actuado de forma dolosa o culposa. Si bien este es un proceso contencioso administrativo, CHEC es parte en su condición de tercero que mantiene una relación contractual con el Estado. En este caso participa de este proceso debido al fuero de atracción previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo. No obstante, no ha perdido su condición de sujeto de Derecho Privado, por lo que le son aplicables las reglas de fondo previstas para tales personas físicas y jurídicas. Los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública contienen los presupuestos bajo los cuales debe determinarse la responsabilidad de la Administración Pública y de sus funcionarios. A partir de dicha normativa se establece una responsabilidad objetiva para la Administración, que responde frente a terceros por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Y por otro lado a diferencia de dicho campo de imputación objetiva, la responsabilidad del funcionario público es de naturaleza subjetiva, toda vez que se fundamenta en la existencia de una conducta dolosa o culposa que cause daño a un tercero o a la Administración. [...] En el presente caso, CHEC ha actuado dentro del derecho de vía, realizado las acciones ingenieriles necesarias para su recuperación y uso en la ampliación de la ruta 32. Nuestra representada actúa como contratista del Estado, acatando las obligaciones asumidas en el contrato, de acuerdo con los diseños efectuados y la programación acordada con el Estado. No existe, por parte del actor, ningún elemento de prueba que demuestre que alguna de las intervenciones constructivas de CHEC haya sido realizada con la intención de afectar la propiedad de la que el demandante es nudatario, ni tampoco que haya empleado métodos inadecuados, planos incorrectos o maquinaria inidónea para llevara (sic) a cabo las obras. No ha demostrado que el personal a cargo de los trabajos haya sido negligentemente seleccionado y supervisado. El actor se basa en simples presunciones, que no pueden dar lugar a la asignación de responsabilidad a CHEC. Por el contrario, mi representada ha actuado en absoluto apego a las mejores prácticas constructivas, poniendo atención en cada detalle para evitar que el desarrollo de una importante obra pública, ocasiones a los administrados más molestias de las que inevitablemente debe tolerar, ante la construcción de una infraestructura como esta. [...]”. Continúa manifestado en lo esencial: b. Inexistencia de daño ambiental: afirma que “CHEC de buena fe ha reconocido su responsabilidad por la corta de árboles en el área a ser expropiada, lo cual es muy diferente a que haya habido impacto en la fauna y flora del lugar y gran daño ambiental. CHEC ha reconocido tanto en el proceso de negociación con el Señor [Nombre 001] como en la medida cautelar que por error, cortó los 30 que se indican en el documento elaborado por el ingeniero forestal Luis Meneses. Sin embargo, esa acción es totalmente independiente y diferente de las obras de movimiento de tierras realizadas en el derecho de vía. Como bien se sabe, cuando se está construyendo una carretera, una vez que se han realizado todas las labores de ingeniería (levantamientos topográficos, inventarios forestales, diseños, trazos en campo), una de las primeras actividades que se realiza es la limpieza de vegetación y corta de árboles. Para esas actividades, no se requiere maquinaria que remueva la tierra, sino que se cortan los árboles y se aglomeran en un sitio donde después pasa un camión a recoger y llevar a los sitios autorizados por la SETENA para disponer de ese material. La corta de árboles igualmente se realiza por secciones. Es decir, la carretera tiene una extensión de 107 kilómetros, así que se divide en varias secciones de varios kilómetros para hacer los trabajos. En el caso de la corta de árboles realizada para el derecho de vía que pasa por frente de la propiedad de [Nombre 001], se venía trabajando en todas las fincas que están entre el río Madre Dios y río Barbilla, es decir, en un perímetro de poco más de 5 kilómetros. [...] En el caso de la propiedad del señor [Nombre 001], CHEC ha aceptado que sí cortó 30 árboles que están en el área a expropiar, por lo que sí ha aceptado pagar por el valor en pie de la madera. No obstante, en ningún momento realizó movimientos de tierras o afectación mayor en propiedad del señor [Nombre 001]. Tampoco ha habido un daño ambiental como tal. Obsérvese que el documento elaborado por el ingeniero Luis Meneses para CHEC, claramente indica que "He de aclarar que esta corta de árboles se encuentra cubierta por la Viabilidad Ambiental aprobada por SETENA para la ampliación de la ruta nacional Nº 32". Igualmente, el documento omite hacer referencia al tipo de ecosistema presente en el lugar, así como al destino que tiene ese terreno ya expropiado, el cual ha sido reconocido por el mismo [Nombre 001] que formará parte de la carretera. [...]”. c. Inexistencia del daño moral: Alega que “da la impresión de que lo que se pretende es una indemnización del daño patrimonial bajo un disfraz de daño moral pues, en el escrito de demanda, se limita a decir que ese inmueble representa un alto valor para su familia, sin fundamentar en que se basa para decir tal cosa [...] Finalmente, debe remarcarse que al no haber una línea argumentativa circunstanciada y coherente en cuanto a cuál es el hecho que funge como generador de este o estos daños, y al no demostrarse vínculo de causalidad alguno, lo procedente es declarar sin lugar este extremo de la demanda.” d. Sobre la distribución de daños: “No podemos dejar de referirnos a la antojadiza e infundada distribución que el actor sostiene, en cuanto establece la proporción 70/30 en cuanto a la distribución de la responsabilidad civil. El régimen de responsabilidad solidaria, que sería el regente en materia de responsabilidad civil extracontractual de conformidad con el artículo 1046 del Código Civil y 201 de la Ley General de la Administración Pública indica que la obligación resarcitoria es de carácter solidaria entre los partícipes. Por ello, ante la imposibilidad de encontrar el sustento normativo que justifique la solicitud del actor, lo procedente es desechar la pretensión y regirse por el régimen legal existente”. Se sostiene que parte de las pretensiones planteadas son propios del procedimiento de expropiación en el cual es parte como nudatario de la propiedad en cuestión. Aspectos tales como la amplitud del área a expropiar, la afectación que esta pueda generar en el valor de la propiedad así como a la afectación del resto no expropiado, son aspectos que determinarán el justiprecio que el Estado deba cancelar al propietario para compensar la pérdida patrimonial sufrida producto de la expropiación. Esto es claramente definido en los artículos 29, 30, 39 y siguientes de la Reforma integral de la ley Nº 7495, Ley de Expropiaciones Nº 9286, así como en el artículo 110.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. e. Inexistencia de los perjuicios: En este extremo se alegó: “De igual manera, rechazamos vehementemente la escasa y confusa argumentación del actor en lo referente a los perjuicios alegados. Como punto principal, alega la pérdida futura de plusvalía, lo cual no intenta siquiera probar, ante la imposibilidad de la tarea. No queda en evidencia ningún daño futuro cierto que toda esta actividad le genere, dado que ni siquiera hay base alguna para sostener un daño real y actual, y, como el futuro solo puede ser consecuencia del daño presente, no es posible concederle este extremo indemnizatorio”. Por último se plantea la “Oposición a la estimación: Nos oponemos a la estimación de la demanda por tratarse de una operación confusa tal y como se indicó en las líneas iniciales de esta contestación. Además de esto, de cualquier forma, existe una desproporción, así como una falta de concreción y fundamentación técnica del contenido económico del proceso, razones suficientes para oponernos a la estimación hecha por el actor”. Se solicita declarar sin lugar la demanda y se condene a la actora al pago de ambas costas.

V.- Sobre la prueba para mejor resolver ofrecida: Durante la audiencia preliminar la empresa co-demandada CHEC ofreció prueba documental en carácter de prueba para mejor resolver visibles a imágenes 398 a 422 del expediente judicial consistente en documentación aportada en el expediente de expropiación Nº20-00013-1028-CA del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, motivo por el cual la Jueza de Trámite concedió audiencia por escrito a todas las partes y reservó la admisibilidad para el Tribunal de Juicio conforme al numeral 50 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo. La representación Estatal se refirió a la prueba ofrecida en memorial del 14 de julio de 2023 visible a imagen 431 del principal. Adicionalmente, la parte actora durante la celebración del juicio oral y público ofreció prueba para mejor resolver consistente en fotografías tomadas en junio 2024 para observar el estado actual de la propiedad una vez concluidas las obras de infraestructura en el área expropiada, señala que es útil para dar una perspectiva real y definitiva del talud frente a calle, que imposibilita materialmente el acceso peatonal y vehiculara la propiedad convirtiéndolo en un fundo inutilizable.  El Tribunal confirió audiencia oral a las partes demandadas y se reservó la admisibilidad conforme el numeral 50 CPCA.  Respecto a la admisión facultativa de la prueba para mejor resolver, es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que su rechazo no produce la indefensión de las partes (véase los votos Nº547-F-S1-2002 y Nº29-F-S1-1995, ambas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En cuanto a la prueba para mejor resolver ofrecida por la empresa CHEC, se admite por tratarse de la actualización de piezas del expediente expropiatorio Nº20-00013-1028-CA del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, toda vez que se trata de prueba admitida durante la audiencia preliminar. Con respecto a las fotografías ofrecidas por la parte actora como prueba para mejor resolver se rechazan por carecer de utilidad y relevancia con el objeto procesa para la resolución de fondo del presente asunto debido a que no están vinculadas con los hechos objeto de la demanda ni con el momento histórico en que sucedieron.

VI.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes hechos demostrados: 1) Que el actor es dueño en la nuda propiedad registral de la finca inscrita con la matrícula de folio real número [Valor 011], Partido de Limón, ubicada en el cantón de Matina, distrito Batán, naturaleza para la agricultura, con los siguientes linderos indicados en el Registro Nacional: Norte: con calle pública, Sur: Porfirio Espinoza, Este: Emanuel Araya, Oeste: Porfirio Espinoza, cuya cabida es de quince mil seiscientos treinta y cinco metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados con el plano N°[Valor 006]. El derecho 002 le pertenece a la señora [Nombre 016] dueña del usufructo sobre la finca. Terreno en verde sin construcciones (certificaciones registrales y plano catastrado en imágenes 15, 45, 47, 346, 348 del legajo de medida cautelar y las imágenes 146 a 149 del principal). 2) Que entre el CONAVI y la empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica se suscribió contrato para el “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional Nº32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional Nº4 (Cruce a Sarapiquí-Limón)”, bajo el marco regulatorio de la Ley Nº9293 del 10 de marzo de 2015 “Aprueba financiamiento al proyecto de rehabilitación y extensión de la ruta nacional Nº32 sección Cruce ruta 4-Limón” donde se establecieron las obligaciones generales del contratista (Hecho no controvertido, las imágenes 49 a 53 del legajo de medida cautelar, contrato refrendado en la página web del Conavi hy refrendo contralor en página web de la cgr). 3) Que la propiedad de la parte actora se encuentra aproximadamente entre el estacionamiento 111+851 al 111+881, en concreto en el km111+851.396 (imágenes 311 a 313 del legajo de medida cautelar). 4) Que el 14 de marzo de 2019 el CONAVI y el Consorcio Supervisor le informaron al actor que su finca iba a ser afectada por una expropiación con motivo de la ampliación de la ruta nacional 32 (imagen 58 del legajo de medida cautelar). 5) Que en marzo del 2019, sin precisar la fecha exacta, la empresa co-demandada CHEC realizó corta de árboles, tanto en el derecho de vía que comprende una franja de 25 metros a partir del centro de la calle pública y en el área a expropiar de la finca del actor sin previo aviso al propietario. (Hecho no controvertido en asocio con el reconocimiento expreso de la empresa co-demandada Chec en su contestación al hecho sétimo de la demanda, visible en imagen 101 del expediente judicial). 6) Que el 22 de marzo de 2019 el actor planteó queja ante el CONAVI por invasión a propiedad y corta de árboles (imagen 59 del legajo de medida cautelar). 7) Que el 19 de abril del 2019, a pedido de CHEC el Regente Ambiental, Luis Gerardo Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, realizó un informe que en lo medular indica:  “El presente estudio es la valorización económica de los daños ambientales, que ocasionó la empresa CHEC, en parte del fundo (aproximadamente 0,30 hectáreas), inscrita al folio real de la provincia de Limón N° [Valor 008], con plano catastrado N° [Valor 006], propiedad del señor [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 007], al cortar 30 árboles de 12 diferentes especies fuera del derecho en la ampliación de la ruta nacional N°32”. Se aclaró que el estudio se hizo sobre la constatación de “tocones” (troncos y raíces) presentes en el sitio le que permitieron calcular una cantidad aproximada de árboles talados en la franja a expropiar.  (Imágenes 32 a 36 del expediente principal). 8) Que el día 12 de junio de 2019 se sostuvo una reunión entre el actor, los representantes de la empresa CHEC y del Consejo Nacional de Vialidad, donde la co-demandada Chec asumió el compromiso de realizar actividades únicamente en el derecho de vía (hecho no controvertido en asocio con las imágenes 66 y 67 del legajo de medida cautelar, imágenes 151 a 153 del expediente judicial y las declaraciones testimoniales de los señores Luis Yogseng León Villagra y Jorge Coghi Fernández). 9) Que mediante oficio del Consorcio Supervisor del Proyecto NºCDG-PR32-1244-2019 del 14 de octubre de 2019, suscrito por el ingeniero Ángel Meléndez Villalta, Gerente de Proyecto se indicó: “Por este medio me permito referirme a los trabajos realizados dentro de la propiedad del Sr. [Nombre 001], quien realizó una denuncia indicando que la empresa CHEC ingresó a su propiedad sin autorización y le causó una gran afectación realizando movimientos de tierra y corta de árboles maderables el pasado mes de marzo. Se procedió a realizar una verificación y retroalimentación de lo sucedido, de la supuesta intervención que hizo la empresa constructora entre los estacionamientos 111+851 al 111+881 entre los días 31 de mayo y del 2 de junio al 7 de junio, según nuestros registros de informes diarios, posteriormente a la denuncia, la constructora instaló una excavadora muy cerca de la finca del señor [Nombre 001] Arroyo, pero no se hizo ninguna intervención en su propiedad: Seguidamente se muestra en las fotografías adjuntas con flechas de color amarillo la propiedad del señor Jorge Luis, finca con permisos de intervención por parte del propietario y que es donde se estuvo realizando trabajos, y las flechas de color rojo muestran la propiedad del señor [Nombre 001], propiedad en la cual no existe evidencia de actividad alguna después de interpuesta la denuncia. [...]” (imágenes 336 a 338 del legajo de medida cautelar, el subrayado es nuestro). 10) Que mediante resolución de las 15:28 horas del 30 de abril de 2020 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del proceso Expropiación contra el señor [Nombre 001] tramitado con el expediente Nº20-000013-1028-CA dispuso: “Visto el escrito presentando por el representante estatal, el 29 de abril del 2020; se resuelve: Dado que la parte expropiada se encuentra debidamente notificada y el monto establecido en el avaluó administrativo le fue debidamente depositado, entonces, una vez notificada esta resolución y transcurrido el plazo de dos meses para el desalojo, podrá el Estado ingresar en la efectiva posesión del inmueble a expropiar” (imagen 137 del principal, el subrayado es nuestro). 11)  Que al momento de los hechos descritos en la demanda, la propiedad del actor consistía en un fundo enclavado sin acceso a la calle pública sin actividad comercial con la condición de “cacaotal abandonado” (hecho no controvertido en asocio con la manifestación expresa del representante del actor en las conclusiones rendidas en el juicio oral y público que consta en grabación en audio y video, las imágenes 146 a 149, 151 a 153 del expediente judicial y las declaraciones testimoniales de los señores Luis Gerardo Meneses, Luis Yogseng León Villagra, Jorge Coghi Fernández). 12) Que el ingreso a la propiedad privada del actor que realizó la empresa co-demandada CHEC sin contar con la autorización previa de sus propietarios y sin la puesta en posesión oficial dictada dentro del proceso de expropiación ocasionó daño moral en el fuero interno del actor (los autos).

VII. Sobre hechos no probados: De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen como indemostrados los siguientes: 1- Que la empresa co-demandada CHEC construyera un talud en la propiedad del actor antes de la puesta en posesión de la franja expropiada. 2- Que la empresa co-demandada CHEC hubiera destruido el acceso de ingreso a la propiedad del actor. 3- Que la co-demandada CHEC hubiera destruido y dejado sin valor de utilización y comercialización la propiedad sin que pueda ser objeto de venta o hipoteca por tratarse de un fundo enclavado. 4- Que el actor hubiera realizado labores de aprovechamiento de la finca y de madera ubicada en la propiedad. 5- Que se haya determinado el monto actualizado del valor comercial de la madera talada dentro de la propiedad del actor. 6- Que el CONAVI incurriera en faltas y omisiones al deber de supervisión y vigilancia de la contratista CHEC.

VIII.- Sobre la responsabilidad objetiva de la Administración Pública:  Para imponer la responsabilidad a la Administración Pública se requiere acreditar junto con el daño real, efectivo e individualizable, el nexo causal con la conducta administrativa acusada de haber ocasionado el daño, al tenor del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto al término ce conducta administrativa, comprende todas las formas de manifestación de la voluntad de la Administración Pública, sea las actuaciones materiales que son aquellas no amparadas a un acto administrativo o mera actividad normal, la conducta omisiva, no hacer algo que está obligado por el bloque de legalidad y la conducta formal, sería el acto administrativo propiamente.  De este modo, se requiere de la concurrencia de cuatro elementos, a saber: a) Una lesión, que consiste en los perjuicios patrimoniales antijurídicos, porque el que los padece no tiene el deber de soportarlos; b) Una conducta administrativa en relación con la cual se encuentre vinculada la producción del daño reprochado; b) Un nexo causal, conformado por la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el hecho (conducta administrativa) que se imputa y el daño producido; y c) Que no existan las causas de justificación, siendo que la existencia de las mismas puede desvincular jurídicamente el perjuicio producido con la conducta de la Administración Pública, de modo tal que el efecto dañoso no le sea imputable, rompiendo el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones previsto en los artículos 9, y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es entonces de naturaleza esencialmente objetiva, por lo que para nacer basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas. Existe una clara necesidad de demostrar la existencia de una relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada por la Administración Pública, sea el nexo causal. En doctrina se han indicado diferentes criterios de imputación objetiva, pero debe destacarse, la causalidad adecuada. Con respecto a este criterio de causalidad, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto 251-F-06 de las 10 horas 30 minutos del 25 de mayo del 2006, en conjunto con la teoría de la causa eficiente, explicó que: "XIV.- El nexo causal como presupuesto de responsabilidad. La diversa tipología de las causas. (…) resta por establecer si la inacción administrativa del Ministerio de Salud por no verificar, de previo a emitir el permiso de salud y de funcionamiento, si el redondel cumplía con los estándares que dispone la Ley General de Salud, fue la causante directa o indirecta del daño, dado que la estimación de la demanda depende de la demostración de la existencia de un nexo causal, en su tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del daño suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y adecuada del mal causado (…) En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, el Juzgador debe establecer, con base en las pruebas del proceso, si la acción concreta que consiste en un funcionamiento administrativo, o bien la abstención de desplegar el marco funcional que le impone el Ordenamiento Jurídico, es causa apta para la generación del daño (…).. Es decir, para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. Lo anterior supone un ejercicio valorativo para desplazar del marco de consideración, las causas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de prognosis objetiva, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico. En esta inteligencia, el nexo causal se impone como el inexorable vínculo relacional entre el daño y la conducta administrativa, de modo que sin esta, aquel probablemente no se hubiese producido. Claro está que la determinación de este factor depende en alto grado del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes litigantes. A partir de ellas, el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico particular, las acciones del Estado conllevan a su responsabilidad, por haberse asociado su funcionamiento a la generación de las lesiones”. La Sala Primera se decanta por la teoría de la causalidad del daño en conjunto con la teoría de la eficiencia de la causa, para establecer aquella que presenta mayor aptitud para generar con mayor eficacia el daño y selecciona de todas las condiciones aquella que supone una posibilidad máxima en la contribución al resultado dañoso (mayor poder intrínseco de causación del daño). De esta manera se busca individualizar los hechos u omisiones que tengan efectiva influencia en la afectación que invoca la parte lesionada o que al menos sustente un grado de probabilidad objetiva en su influencia en el mismo (juicio de probabilidad del resultado basado en los hechos tenidos por demostrados que se realiza conforme las reglas de la experiencia). En todo caso, es menester indicar que será carga de la parte que la invoca, la respectiva demostración de la existencia de dicho vínculo causal entre el hecho que se estima generador del daño y éste. Es con base en estas consideraciones que procede determinar la responsabilidad. En la responsabilidad por omisión administrativa (conducta omisiva), lo que se analiza es si la Administración Pública se encuentra en el deber legal de realizar una conducta y si incumplió ese deber. En esos casos de omisión, igualmente aplican los eximentes de responsabilidad de la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, por lo que en caso de concurrir cualquiera de ellas se entiende que el sujeto público a quien se le atribuye la omisión administrativa no es imputable y, por ende, no existe responsabilidad. De lo expuesto, resulta claro que no es suficiente invocar un daño, sino que se debe demostrar fehacientemente su existencia y el nexo de causalidad que le une con la conducta u omisión del ente responsable.

IX.- Sobre el caso concreto: La demanda interpuesta consiste en un proceso civil de hacienda cuyo objeto está circunscrito a la pretensión indemnizatoria de la parte actora que reclama la supuesta invasión sufrida en la propiedad privada de previo a la puesta en posesión oficial de la franja expropiada y los daños derivados de tales actuaciones materiales. Lo anterior, según fue establecido en las resoluciones que resolvieron la excepción de incompetencia interpuesta, en concreto la resolución Nº76-2021 de las 11:55 horas del 20 de enero de 2021 de este Tribunal y la resolución Nº2441-C-S1-2022 de las 14:40 horas del 3 de noviembre de 2022 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que en lo medular señaló: “[...] En el caso de estudio, se solicita indemnización en contra de los demandados, por motivo que, en apariencia, estos ingresaron ilegalmente a la propiedad del actor sin contar aún con los respectivos permisos, y realizaron un talud en la propiedad, y provocaron daños ambientales como materiales que le impidieron al accionante ingresar a su propiedad. De conformidad con lo solicitado, al pretenderse una responsabilidad patrimonial y moral en contra del Estado (artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), el presente proceso se enmarca dentro de los asuntos de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” (imágenes 288 a 292 del expediente judicial. El subrayado es nuestro). Se destaca que no forma parte del objeto de este proceso, ninguna pretensión anulatoria ni relacionada con el proceso expropiatorio ni con los rubros propios del justiprecio. A partir de lo aclarado, este Tribunal hará pronunciamiento en estricto apego a lo solicitado por la parte actora y se omitirá respecto de cualquier argumento que carezca de una pretensión claramente deducida en la demanda. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que las pretensiones de la demanda resultan parcialmente procedentes, con fundamento en el análisis que de seguido se expone.

1.- De los supuestos daños a la propiedad infringidos por construcción de talud que impide acceso y aprovechamiento total de la propiedad desde los primeros meses del año 2019 que se calcularon en [Valor 003], millones de colones:  El actor reclama que sin haber dado ninguna autorización para que se realicen trabajos de ninguna naturaleza en la propiedad, ni al Conavi, ni a Chec ni haber sido notificado de la existencia de algún proceso expropiatorio, la menciona empresa durante los primeros meses del 2019, invadió e intervino su propiedad sin permiso alguno. Alegó que Chec realizó un enorme talud que le impide materialmente el ingreso a la misma y para poder ingresar, se  debe pedir autorización al vecino colindante, siendo que ya no era posible el acceso por la ruta 32. Para probar su tesis el actor aportó fotografías y videos que obran en el expediente, el informe topográfico del Ingeniero Jimmy Madrigal y el testimonio de los señores Eduardo Romel Josephs y Rodolfo Delgado Conejo. Lo acusado no resulta atendible. Es necesario reiterar que para exigir la responsabilidad objetiva de la Administración Pública junto con el contratista CHEC se requiere acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos legales que se expusieron en el Considerando anterior y que se resumen de la siguiente forma: a) Un daño, que deberá acreditarse que es real, efectivo e individualizable; b) Una conducta administrativa, que incluye las actuaciones materiales y las omisiones; b) Un nexo causal, que bajo la teoría de la causa eficiente obliga a demostrar el vínculo causa-efecto entre la conducta acusada y el daño reclamado; y c) Inexistencia de causas de justificación, concretamente la presencia de culpa de la víctima y el hecho de un tercero. En el caso bajo análisis, según la pretensión Nº1 el daño reclamado que se vinculó con la construcción del talud comprende dos rubros: 1) daño por impedir el acceso a la propiedad y su aprovechamiento y, 2) daño por irrespetar la propiedad privada al haber construido el talud en la franja expropiada antes de la puesta en posesión oficial y sin contar con el permiso del propietario. En relación al primer extremo del daño, referido al impedimento de acceso y aprovechamiento de la propiedad del actor no se demostró el daño alegado con motivo de la construcción de un talud. Por el contrario, se acreditó que, al momento de los hechos descritos en la demanda, la propiedad del actor era un fundo enclavado sin acceso a la calle pública y sin actividad comercial con la condición de “cacaotal abandonado” (hecho probado Nº 11). A esta conclusión arribó el Tribunal luego de analizar la integridad de la prueba del expediente, siendo de relevancia el reconocimiento expreso que el representante del actor hizo durante las conclusiones rendidas en el juicio oral y público que consta en grabación en audio y video, donde con claridad señaló que la propiedad del actor carecía de acceso desde la calle pública. A lo anterior, se le suma que en las declaraciones testimoniales de los señores Luis Gerardo Meneses, Luis Yogseng León Villagra, Jorge Coghi Fernández, quienes visitaron la propiedad del actor con motivo del reclamo presentado ante CONAVI, manifestaron que ingresaron por la propiedad del vecino colindante debido a la topografía del terreno. Lo que resulta coincidente con el informe pericial elaborado por el Ingeniero Napoleón Román Álvarez dentro del proceso expropiatorio expediente 20-000013-1028-CA, visible en imágenes 146 a 149 del expediente judicial que en lo aquí relevante indicó: “[...] Actualmente es un terreno en "verde" (sin ninguna construcción), a su vez contaba con vegetación característica de la zona, especies tales Laurel, Cedro, etc. declara el dueño al momento de la inspección al lugar. Actualmente el ingreso lo realiza a través de la entrada de un colindante o vecino. Los linderos no están ubicados de manera física, se tiene según criterios de la vegetación existencia (sic), el frente de la propiedad no cuenta con acera, ni cordón de caño. El terreno se encuentra sobre nivel con referencia a la Ruta 32, no presenta entrada o acceso definido a la propiedad. [...]” (el subrayado es nuestro). Adicionalmente, en el documento denominado “Hoja de Análisis para Invasiones” de fecha 10 de junio de 2020, visible a imágenes 151 a 153 del expediente judicial, el Ingeniero Jorge Coghi Fernández, en relación con el acceso a la propiedad del actor señaló: “[...] Conclusiones: 1. De los ortofotos y registros previos de CHEC de Costa Rica y CONAVI, se determina que no había ningún acceso a esta finca. A diferencia de las fincas vecinas que si tienen acceso. [...]” (el subrayado es nuestro). En igual sentido, se tiene como indemostrado que el actor hubiera realizado labores de aprovechamiento de la propiedad, ni se aportó ningún tipo de prueba en este sentido. Lo que sí fue demostrado a partir de la declaración testimonial del señor Luis Gerardo Meneses Valverde, quien dijo ser ingeniero forestal en ejercicio liberal desde el 2004, fue la condición de “cacaotal en abandono”, elemento que no se desvirtuó de ninguna forma por la parte actora. Tampoco se logró acreditar en autos el supuesto irrespeto a la propiedad privada por haber construido el talud en la franja expropiada antes de la puesta en posesión oficial y sin permiso del propietario. Por el contrario, consta que mediante oficio del Consorcio Supervisor del Proyecto NºCDG-PR32-1244-2019 del 14 de octubre de 2019, suscrito por el ingeniero Ángel Meléndez Villalta, Gerente de Proyecto se indicó: “Por este medio me permito referirme a los trabajos realizados dentro de la propiedad del Sr. [Nombre 001], quien realizó una denuncia indicando que la empresa CHEC ingresó a su propiedad sin autorización y le causó una gran afectación realizando movimientos de tierra y corta de árboles maderables el pasado mes de marzo. Se procedió a realizar una verificación y retroalimentación de lo sucedido, de la supuesta intervención que hizo la empresa constructora entre los estacionamientos 111+851 al 111+881 entre los días 31 de mayo y del 2 de junio al 7 de junio, según nuestros registros de informes diarios, posteriormente a la denuncia, la constructora instaló una excavadora muy cerca de la finca del señor [Nombre 001], pero no se hizo ninguna intervención en su propiedad: Seguidamente se muestra en las fotografías adjuntas con flechas de color amarillo la propiedad del señor Jorge Luis, finca con permisos de intervención por parte del propietario y que es donde se estuvo realizando trabajos, y las flechas de color rojo muestran la propiedad del señor [Nombre 001], propiedad en la cual no existe evidencia de actividad alguna después de interpuesta la denuncia. [...]” (hecho probado Nº9 en imágenes 336 a 338 del legajo de medida cautelar, el subrayado es nuestro). La prueba aportada por el actor para acreditar este extremo resultó insuficiente para demostrar su teoría en este punto, según se analiza de seguido. El informe del Ingeniero Jimmy Madrigal Mora del 05 de marzo de 2020, visible a imágenes 26 a 31 del expediente judicial principal, resulta insuficiente por incompleto para demostrar que el talud fue construido en la franja expropiada antes de la puesta en posesión ordenada por el Juzgado Contencioso. Esto es así, porque al analizar el indicado informe pericial escrito junto con la declaración testimonial rendida en juicio oral y público por el perito de parte Jimmy Madrigal Mora, le aclaró al Tribunal que hizo el levantamiento de la propiedad a solicitud del actor para determinar la zona de afectación de 2 mil metros y un resto, que su informe lo hizo sin revisar el expediente de la expropiación, que fue el propietario quien le enseñó las estacas, pero que no vio quién las colocó, que su informe no se acompañó del montaje para determinar las áreas. De especial relevancia fue la respuesta del perito Madrigal quien contestó de forma directa y clara que “no sabe cuándo fueron los movimientos de tierra”. Los demás testigos ofrecidos por el actor, a saber los señores Eduardo Romel Josephs Watson y Rodolfo Delgado Conejo, centraron sus declaraciones en las dificultades de acceso a la propiedad del actor por razones de la topografía de la finca, sin que hicieran referencia a la construcción del talud ni a los detalles de modo, tiempo y lugar, dado que no les constaba de manera directa. Además, las fotografías y vídeos aportadas resultan igualmente insuficientes, al no demostrar las condiciones esenciales de modo, tiempo y lugar. Por otro lado, la parte actora no cuestiona ni desvirtúa el informe rendido por el Consorcio Supervisor de la Ampliación de la Ruta Nacional 32 que concluyó que los trabajos de movimiento de tierra fueron realizados en el derecho de vía y que no se hizo ninguna intervención luego de la denuncia presentada por actor en marzo de 2019. Aquí cabe aclarar, que el derecho de vía es la franja de 25 metros a cada lado de la calle pública propiedad del Estado de naturaleza demanial, destinada para la construcción de obras viales para la circulación de vehículos, y otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los linderos que la separan de los terrenos públicos o privados adyacentes a la vía, según lo establecido en los artículos 33 de la Ley General de Caminos y 5 de la Ley de Construcciones Ley Nº833. Razón por la cual, le resultaba permitido la intervención al Conavi y a su contratista en el derecho de vía por tratarse de un bien público. En la declaración testimonial rendida en juicio por el señor Luis Yogseng León Villagra, quien dijo ser ingeniero civil y funcionario de la empresa CHEC, desempeñando el cargo de encargado de la supervisión de los trabajos en la Ruta 32, manifestó en lo esencial que: “llevaban un 25% de avance en la propiedad de [Nombre 001] cuando se dieron cuenta que no era la propiedad. Ese día solo cortaron árboles no hubo movimiento de tierras. Él dio la orden de parar el trabajo. Los trabajos continuaron en el derecho de vía. En la zona a expropiar si se reactivaron cuando él recibió la comunicación de su jefe inmediato. Estuvo detenido en zona un año. No sabe quién dio la orden de ingreso. Se cometió un error al entrar. No construyó el talud. Otros compañeros hicieron los cortes”.  Lo antes declarado le merece la credibilidad del Tribunal por ser coincidente con el informe documental del Consorcio Supervisor de la obra, mismo que no fue atacado ni rebatido por la parte actora en ningún extremo. A partir de la inexistencia del daño reclamado, que es el elemento esencial para la atribución de la responsabilidad de la Administración Pública, deviene en innecesario el análisis de los restantes elementos (nexo causal y causas de exoneración), toda vez que es imprescindible la acreditación de la totalidad de los requisitos legales para la exigir la reparación del daño. En consecuencia, se rechaza el primer extremo petitorio por falta de demostración del daño real.

2.- De los daños totales en un área de 2600 metros cuadrados, con deforestación total y destrucción de la madera cortada, que impide disfrute y uso de ese terreno y el aprovechamiento de la madera, desde los primeros meses del año 2019 hasta la fecha de hoy:  [Valor 003] millones de colones. En el caso concreto, la parte actora alegó que se violentó el derecho constitucional de propiedad privada al irrumpir en un área superior a la que eventualmente se va a expropiar, de aproximadamente 700 metros cuadrados, generando daños tales como deforestación, cambio de vegetación, en definitiva, destruyendo todo lo que se encontraba en esa propiedad, toda vez que CHEC decidió talar los árboles y posteriormente, disponer de las especies cortadas, para un aprovechamiento que desconoce el actor, cercenándole ese derecho como legítimo propietario. Estima este tribunal que el reclamo es parcialmente procedente. Se aclara que no forma parte del objeto de este asunto ni del análisis de este Tribunal, lo relativo a la mayor medida requerida de la franja a expropiar dentro de la propiedad de la parte actora. Lo antes indicado, se trata de un rubro exclusivo del proceso expropiatorio y de la fijación del justiprecio, aspecto que fue expresamente excluido del objeto de este proceso al fijarse el parámetro de la pretensión por la Sala Primera en la resolución Nº2441-C-S1-2022 que resolvió la inconformidad contra la resolución Nº76-2021 del Tribunal Contencioso que definió la competencia para conocer este asunto en la vía contenciosa. En igual sentido, se omite pronunciamiento sobre un eventual daño ambiental por no existir ninguna pretensión en este sentido. Conforme la pretensión Nº2 de la demanda el daño reclamado con motivo de la tala de árboles comprende los árboles cortados que se ubicaban dentro de la propiedad del actor y, el irrespeto a la propiedad privada por ingresar sin permiso del propietario y antes de la puesta en posesión oficial. En el presente asunto, se acreditó el reconocimiento expreso de CHEC de la actuación material acusada en su contestación al hecho sétimo de la demanda, visible en imagen 101 del expediente judicial, donde literalmente se indicó: “[...] Sí es cierto que, en abril del 2019, mi representada realizó corta de árboles en el derecho de vía. Adicionalmente y por error de los peones que no supieron diferenciar la demarcación del derecho de vía con la demarcación del área a expropiar, realizó corta de árboles en el área expropiada. Es cierto también que el Señor [Nombre 001] se reunió con representantes de CHEC, específicamente con el Ingeniero Luis León, y CHEC se comprometió a instruir a sus peones y operarios para que no se volviera a realizar actividad alguna en su terreno [...]” (hecho probado Nº5, el subrayado es nuestro). Se tiene por demostrado que el 22 de marzo de 2019 el actor planteó queja ante el CONAVI por invasión a propiedad y corta de árboles (hecho probado Nº6). Se verificó que el 19 de abril del 2019, a pedido de CHEC el Regente Ambiental, Luis Gerardo Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, ingeniero forestal, realizó un informe que en lo medular indica:  “El presente estudio es la valorización económica de los daños ambientales, que ocasionó la empresa CHEC, en parte del fundo (aproximadamente 0,30 hectáreas), inscrita al folio real de la provincia de Limón N° [Valor 008], con plano catastrado N° [Valor 006], propiedad del señor [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 007], al cortar 30 árboles de 12 diferentes especies fuera del derecho en la ampliación de la ruta nacional N°32” (hecho probado Nº7, el subrayado es nuestro). Durante la declaración testimonial rendida en juicio oral, el señor Meneses Valverde manifestó que el estudio se hizo para cuantificar los árboles cortados porque se ingresó por error sobre la constatación de “tocones” (troncos y raíces que quedan en tierra) presentes en el sitio le que permitieron calcular una cantidad aproximada de árboles talados en la franja a expropiar. Señaló que hizo un cálculo aproximado del valor de la madera con el diámetro, especie y altura,  midiendo los árboles cortados que todavía estaban en la finca y un monto por la reforestación. Según lo anterior, no consta el monto actualizado del valor comercial de la madera talada dentro de la propiedad del actor. Por otro lado, es un hecho no controvertido que el 12 de junio de 2019 se sostuvo una reunión entre el actor, los representantes de la empresa CHEC y del Consejo Nacional de Vialidad, donde la co-demandada Chec asumió el compromiso de realizar actividades únicamente en el derecho de vía, sin que las partes llegaran al algún acuerdo económico por el precio de los árboles talados. A partir de lo anterior, se tiene por acreditada la conducta acusada al mediar un error inexcusable de los empleados de la empresa contratista CHEC, producto de negligencia y culpa grave en la revisión de las coordenadas de ubicación de las propiedades con “Entrada en Posesión Voluntaria otorgada por el propietario” EPV y de las fincas que no habían sido expropiadas, no contaban con la puesta en posesión que les habilitaba ingresar al terreno en consecuencia, lo anterior ni siquiera se afirmó por esta parte demandada en sentido contrario, sin que se contaran con el permiso de sus dueños. La empresa CHEC reconoció que sin consultar previamente a las autoridades del CONAVI ingresó a la finca del actor y sin tener permiso del dueño y sin que la puesta en posesión judicial estuviera formalmente notificada y que procedieron a la tala de árboles dentro de la finca en cuestión. En esta misma línea, se acredita el nexo causal entre la actuación material de la contratista CHEC de ingresar a la propiedad privada sin permiso del propietario y el daño de talar árboles sin autorización previa, provocando así un perjuicio patrimonial que no debe soportar el dueño de la finca.  No se acredita ninguna causal de exoneración de responsabilidad del contratista. Ahora, al haberse determinado un daño cierto, efectivo e individualizable consistente en la tala de árboles dentro de la propiedad privada del actor sin su permiso, restando únicamente la cuantificación económica del valor actualizado de la madera, corresponde analizar a quién se le debe atribuir la responsabilidad y su correspondiente indemnización económica. De entrada, se destaca que la contratación entre el CONAVI y la empresa CHEC corresponde a un Acuerdo Comercial entre Costa Rica y China, bajo las condiciones y términos de la Ley Nº9293 del 10 de marzo de 2015 y el contrato suscrito entre ambas partes contratantes. Al respecto, la Sala Constitucional en el voto Nº13490-2015 de las 11:31 horas del 26 de agosto de 2015 conociendo la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº9293 y la interpretación de la Contraloría sobre el inciso 1.b) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa dispuso:

“[...] IV.- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Si bien, en esta acción no se impugna directamente la excepción contenida en el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, lo cierto es que previo a resolver la constitucionalidad alegada es esta acción, es preciso efectuar un análisis de este inciso, dado que fue con base en esta norma, que se autorizó la contratación directa  a la que se refiere la ley 9293 aquí cuestionada.  El artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que:

“Artículo 2°.-Excepciones

Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:

a) […]

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional.

[…]”

Tal como se indicó en el considerando anterior, existen casos muy calificados en los que por razones de urgencia, necesidad o por su naturaleza, la utilización de concursos o procedimientos licitatorios obstaculizan o enervan la posibilidad de satisfacer el interés público. Dentro de las excepciones por  razones de urgencia o necesidad, se pueden citar,  por ejemplo,  los casos en que  por eventos de la naturaleza como terremotos e inundaciones, surge la necesidad de contratar para la restauración de estructuras viales o la compra de insumos, entre otros, que por su carácter urgente, no puede esperar a la realización de trámites de licitación. Ahora bien, en cuando a las excepciones en atención a la naturaleza del acto, se enmarcan las negociaciones internacionales con otros Estados, que es precisamente, la que establece el inciso b) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. A juicio de esta Sala, la excepción contenida en dicho inciso resulta constitucionalmente válida, toda vez, que se refiere a los casos de contratación en el ámbito del Derecho Público Internacional, el cual por su naturaleza y características, es un orden jurídico  autónomo, que se rige  por reglas y  principios diferentes a las del ordenamiento interno, entre ellos el principio de buena fe, de reciprocidad, soberanía, autonomía de la voluntad y cooperación, pero principalmente, está basado en el pleno consentimiento de los Estados. Es así, como de acuerdo con esos principios, los Estados a través de sus representantes, pueden   entablar negociaciones  y realizar convenios o acuerdos de cooperación y contratación de obras públicas, para obtener   de esta forma  el apoyo,  los recursos, las ventajas y las condiciones que ofrecen las relaciones de cooperación internacional, con el fin de satisfacer un  interés público de manera ágil, eficiente y oportuna. Claro está, que para ejecutar y hacer valer el acuerdo en el ordenamiento interno, éste debe ser incorporado a través de un mandato legal, lo cual efectivamente, corresponde a la Asamblea Legislativa. En razón de lo anterior,  al tratarse de negociaciones entre dos entes de Derecho Público Internacional, un Estado no puede imponer a otro, el sistema interno de contratación, ni la utilización de procedimientos licitatorios, se trata más bien de una cuestión de consensos entre ambos Estados al momento de pactar,  por lo que el legislador optó  por excluir este tipo de contrataciones de los procedimientos licitatorios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, no solo por la especial naturaleza de estos actos, sino también, para evitar el entorpecimiento y obstaculización de las relaciones internacionales de cooperación con otros países, y consecuentemente, la afectación del interés público que se pretende satisfacer. En todo caso, cabe recordar, que el hecho de que la contratación se autorice en forma directa, no exime al Estado de la  responsabilidad de controlar, fiscalizar y adoptar las medidas necesarias y oportunas, para que las obras se ejecuten conforme a Derecho, a lo pactado  y de forma eficiente. Bajo tales circunstancias, estima esta Sala que la excepción contenida en el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa resulta acorde con el Derecho de la Constitución.

V.- SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 9293. Una vez analizada la conformidad constitucional del inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, procede analizar la norma cuestionada en esta acción, sea la Ley 9293, a efecto de determinar,  si la contratación directa que regula, se enmarca dentro del presupuesto de excepción al que hace referencia el citado inciso b), toda vez, que el alegato del accionante es, precisamente, que la norma  quebranta en forma directa el artículo 182 de la Constitución Política, que exige un procedimiento de licitación para contratar, pues a su juicio,  autoriza la contratación directa con una empresa pública pese a que no es un Estado, ni un sujeto de derecho internacional de los que menciona  el inciso b) del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior,  sin que exista un procedimiento de licitación. No obstante, observa esta Sala que la  Ley 9293, desde su artículo primero, establece que:

“Se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China sobre el Otorgamiento de una Línea de Crédito Preferencial a la Parte Costarricense por la Parte China.”. (El resaltado no es original) Asimismo, de conformidad con el artículo 2 de la misma Ley, se establece que:

“ARTÍCULO 2.- Aprobación del financiamiento. Se aprueban el Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura, el Contrato de Préstamo Concesional por seiscientos veintiocho millones de yuanes (¥628 millones) y el Contrato de Préstamo Comercial y sus respectivas adendas por un monto de doscientos noventa y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$296 millones), suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Importación y Exportación de China, el 3 de junio de 2013, y que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón.

[…]

"Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura  sobre PROYECTO DE DISEÑO, REHABILITACIÓN  Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL NO. 32 Entre  El Gobierno de la República de Costa Rica  Representado por el Ministerio de Hacienda como Prestatario y El Banco de Exportación e Importación de China como Prestamista

El presente Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura al que de aquí en adelante nos referimos como "el presente Contrato") se celebra entre el Gobierno de la República de Costa Rica representado por el Ministerio de Hacienda y el Banco de Exportación e Importación de China.

Por cuanto: -------------------------------------------------------

1) El 3 de junio del 2013, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) formalizaron el Contrato Comercial ( CC ) sobre la implementación del Proyecto para el Diseño, Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional No. 32 (en adelante el "Proyecto"), con un monto total de 465,593,387.06 dólares de EE.UU. (US$ Cuatrocientos sesenta y cinco mil millones quinientos noventa y tres mil trescientos ochenta y siete con seis centavos). El Gobierno de la República de Costa Rica (GRCR) representado por el Ministerio de Hacienda (el Prestatario) solicita un Préstamo del Gobierno de la República Popular de China (GPRC) para financiar en parte el Proyecto.[…]” (El resaltado no es original)

En ese sentido, de la simple lectura de la ley impugnada, se desprende, en primer término, que el objeto de la ley, es por un lado, aprobar el financiamiento acordado entre el  Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de Costa Rica,  para financiar el proyecto de proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón,  así como  los términos y condiciones en que se llevará a cabo dicho financiamiento. En ese sentido, observa esta Sala que contrario a lo que afirma el accionante, la negociación  que se aprueba en la ley impugnada sí se produce entre dos Estados –Costa Rica y China- y no entre Costa Rica y una empresa pública  internacional;  situación que claramente  se enmarca dentro del caso de  excepción contenido en el inciso b del Artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, se constata que el financiamiento aprobado  es para la rehabilitación y extensión de la ruta 32, obra que reviste un claro interés público, toda vez,  que  se trata de la ruta nacional que conecta la Capital con  la provincia de Limón, la cual además de ser una de las rutas principales del país, tiene una gran importancia económica y comercial pues constituye un canal de transporte y distribución  de los productos y bienes que se desembarcan en el puerto  de Moín en Limón. Ahora bien, en cuanto a los sujetos que intervienen en el proyecto, tal como se indicó en el considerando anterior, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los Estados en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pueden pactar los términos y condiciones en que se llevará a cabo el financiamiento, lo que incluye la designación de los órganos y sujetos que se encargarán físicamente, de ejecutar los acuerdos. Con mayor razón, cuando se trata de un financiamiento de obra pública –tal como ocurre en este caso- el Estado prestamista, como cualquier otro acreedor puede, válidamente, establecer ciertas condiciones  o requisitos  con la finalidad de  proteger sus fondos y disminuir los riesgos del crédito, por lo que incluso puede escoger la empresa que llevará a cabo la obra, no solo por su condición de acreedor, sino también como parte de la negociación a la que llegaron ambos Estados.  En el caso particular, se observa, que producto de los acuerdos a los que llegaron ambos Gobiernos, todo lo relacionado con los recursos del  financiamiento, será tramitado por el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República de Costa Rica, y el  Banco de Exportación e Importación de China por parte del  Gobierno de la República Popular de China.  Ahora bien, en cuanto a la ejecución de las obras públicas para la cual se solicitó el financiamiento, ambos Estados acordaron designar al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por parte del Gobierno de Costa Rica y a la empresa China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), por parte del Gobierno de China; todo lo anterior, como consecuencia directa de la negociación y los acuerdos a los que llegaron ambos Estados. No se trata entonces,  de la contratación aislada  de una empresa pública, para  la realización de determinada obra, sino de uno de los puntos acordados entre dos Estados en el ámbito de negociaron internacional.  De esta forma,  se observa que la contratación e intervención de la empresa CHEC mencionada por el actor y sobre la cual se centra su impugnación, no es más que el producto de la negociación que llevaron a cabo el Gobierno de China y el Gobierno de Costa Rica, quienes al pactar los términos del financiamiento designaron los órganos y sujetos  que  se encargarían de girar y controlar los fondos,  y los que debían ejecutar la obra, que en el caso de los primeros es el Ministerio de Hacienda y el Banco de China, y en el segundo, el  CONAVI y la empresa China Harbour Engineering Company Ltd.   En consecuencia, estima esta Sala que la ley impugnada  no  es contraria a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, pues se trata de uno de los  casos de excepción previa, expresa y taxativamente autorizados  por el legislador en el artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa; dado que lo autorizado por el legislador en la ley 9293 es un financiamiento acordado entre Estados, como parte de las relaciones de cooperación internacional entre ambos países, cuyo fin es satisfacer un interés público; por lo que la excepción  a los procedimientos de licitación en este caso, resulta constitucionalmente válida. [...]”. (El subrayado es nuestro).

 

De lo expuesto, se extrae que el contrato suscrito entre el CONAVI y la empresa CHEC se enmarca como un tipo especial de negociación, con regulaciones y términos particulares pactados por las partes contratantes de aplicación obligatoria. En la misma línea, la Contraloría General de la República mediante oficio Nº05262 del 26 de abril de 2016 DCA-1062 otorgó el refrendo al contrato y a los Adendas 1, 2, 3 y 4 del "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad y las empresas China Harbour Engineering Company Limited y China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por un monto de $[Valor 012], bajo la modalidad de suma alzada, enfatizando en las diferencias de dicha contratación:

“[...] Particularmente, en relación con la selección del contratista, China Harbour Engineering Company Limited, es preciso apuntar que su designación como empresa encargada de la ejecución del presente proyecto, viene dada por el propio legislador, mediante la Ley No. 9293 con la que se “Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón”.  Al respecto, se tiene que como parte de las condiciones establecidas por el Banco de Exportación e Importación de China para otorgar el financiamiento, se dispuso que la empresa encargada de la ejecución del proyecto debía ser una empresa china, lo anterior queda constando en el documento DCI-406-13 del 04 de setiembre del 2013, en la que se muestra que dentro de la negociación fue el propio Gobierno de la República Popular de China quien propone inicialmente a la empresa China Harbour Engineering Company Limited para la ejecución del proyecto.   Como parte de la negociación, nuestro país aceptó tal designación, lo que se materializó en un Acuerdo Comercial y luego se validó por parte del legislador, mediante la promulgación de la Ley No.9293. [...]”. (El subrayado es nuestro). 

 

En materia de la responsabilidad del Conavi, el indicado refrendo de la Contraloría hizo especial referencia al tema de las expropiaciones de las propiedades privadas y puntualizó lo siguiente:

“[...] Por consiguiente, el Consejo estructurará oportunamente una estrategia para el abordaje del riesgo asociado a las expropiaciones, en las funciones que le correspondan a cada parte. Lo anterior por ser un tema extremadamente sensible para el éxito del proyecto, de forma que impactaría no solo tiempos de la construcción sino también podría afectar las obligaciones del financiamiento. Es por ello que se le reitera al Consejo que es de su exclusiva responsabilidad que las diferentes actividades atinentes a este tema sean desarrolladas de forma oportuna y eficiente, definiendo para ello los encargados de administrar el riesgo señalado y potenciar la posibilidad de cumplir con las fechas fijadas. 

Para ello, en función de la relevancia que representa este tema en el proyecto en cuestión, el CONAVI deberá definir los lineamientos generales para el manejo de los riesgos inherentes a la tramitación de las expropiaciones, todo en aras de que no se presenten atrasos en la ejecución del programa de trabajo, particularmente de su ruta crítica, y se cumpla el plazo de ejecución definido por las partes, a saber un total de 42 meses (etapa de diseño 8 meses contados a partir de la fecha de inicio del diseño y etapa de construcción 34 meses contados a partir de la fecha de inicio de construcción y que se disponga de viabilidad ambiental otorgada por Setena), y que se atiendan oportunamente los predios que resultan necesarios para la ejecución de las obras, así como que se eviten posibles reclamos que podrían ocasionarse por parte de la contratista al considerarse que podrían tratarse de eventos compensables. [...]”. (El subrayado es nuestro).

 

En lo que se refiere a la responsabilidad del contratista CHEC el contrato suscrito y refrendado por la Contraloría General de la República, estableció de manera particular una claúsula de asunción exclusiva de la responsabilidad por el contratista de todos los daños ocasionados a la propiedad de terceros, que se encuentra vigente y de plena aplicación al caso bajo estudio. En concreto en la cláusula 17.1 se establece:

“17. Riesgos y Responsabilidades. 17.1 Indemnizaciones: El Contratista por ser el responsable de la ejecución de las Obras se hará responsable de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con daños a (sic) o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales, en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos. / El Contratista se compromete frente a terceros, por actos o hechos con ocasión de su funcionamiento, por culpa, negligencia o impericia de sus funcionarios o terceros que se presenten durante el cumplimiento del objeto de este contrato. El Contratista será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, así como, cualquier lesión, muerte o perjuicio a terceros, además por daños a la propiedad de terceros independientemente que los daños y perjuicios provocados por esos eventos, superen o no los montos definidos en las pólizas de seguros de las que disponga el Contratista o sus subcontratistas” (el subrayado es nuestro).

 

 En el caso particular, se acreditó el daño causado por la actuación material de la empresa CHEC de ingresar sin el permiso del actor a su propiedad y talar los árboles por un error inexcusable producto de la negligencia de sus funcionarios, quienes actuaron sin verificar previamente las coordenadas de ubicación de los predios que sí contaban con permisos de sus propietarios.  Lo anterior califica como culpa grave del contratista CHEC debido al irrespeto a la propiedad privada y a los daños patrimoniales provocados por la tala de árboles sin permiso del dueño, que deberá asumir en su totalidad. El Diccionario Usual del Poder Judicial define la culpa grave así: “Grado altísimo de negligencia en el cumplimiento de las obligaciones. Hay doctrina que, en virtud de la gran falta de diligencia, equipara la culpa grave al dolo. || Descuido total o desprecio absoluto de precaución para evitar un daño. || Ineptitud inexcusable”. Se estima que la empresa CHEC y sus funcionarios no guardaron la diligencia mínima necesaria al momento de ingresar a las propiedades privadas para cerciorarse de que contaban con el permiso del dueño o con la puesta en posesión judicial, como le correspondía y era su deber. A efecto de determinar el monto actualizado de la madera, se remite el asunto a la fase de Ejecución de Sentencia para que con auxilio pericial se cuantifique el monto que deberá por los árboles talados en propiedad privada según el inventario realizado por el ingeniero Luis Gerardo Meneses Valverde del 19 de abril de 2020 visible a imágenes 32 a 36 del expediente principal. No procede reconocer el pago de reforestación ni de servicios forestales por mantenimiento de bosque, por cuando no se acreditó que el actor realizara tales acciones. En cuanto a la responsabilidad reclamada al CONAVI, no se acreditó en el expediente la supuesta falta al deber de vigilancia y supervisión del contratista CHEC. Tampoco fueron desvirtuadas por el actor ninguna de las comunicaciones realizadas por el Consejo a la empresa Chec, tendientes a informar, comunicar y organizar la ejecución de la obra en conjunto con el Consorcio Supervisor del proyecto. Adicionalmente, la parte actora no argumentó con claridad y suficiencia las supuestas faltas al deber de vigilancia y supervisión del Conavi ni aportó la prueba de rigor, lo que impone el rechazo del extremo.  Por último, se rechaza la pretendida distribución de responsabilidad porcentual repartida en el 70% a la empresa CHEC y 30% al Conavi por carecer de soporte normativo alguno, siendo que la norma contractual vigente y refrendada por el órgano contralor dispone la responsabilidad del 100% al contratista CHEC por daños a la propiedad de terceros, sin que se haya cuestionado ninguna contractual.

3.- De los daños al resto de la propiedad, que desde los primeros meses del año anterior, queda como fundo enclavado: [Valor 004] millones de colones, sin acceso vehicular ni peatonal, sin posibilidad de construirse, hipotecarse ni comercializarse. Valor por metro cuadrado según valor fijado en proceso de expropiación: 4129,00 colones. Resto de la propiedad sin expropiar en metros cuadrados: 13653,47. Se omite pronunciamiento de la pretensión Nº3 de la demanda, por cuanto los daños al remanente corresponden a un rubro exclusivo del justiprecio que deberá ser revisado dentro el proceso expropiatorio y que no forma parte del objeto procesal definido por la Sala Primera en este proceso judicial.

4.- Del perjuicio por no poder aprovecharse madera, ni la totalidad de la propiedad desde primeros meses del año anterior: 15 millones de colones. Se omite pronunciamiento de la pretensión Nº4 de la demanda, por ser una pretensión reiterada, debiendo atenerse al análisis realizado para la pretensión Nº2.

5.- Del daño moral subjetivo por la infracción al derecho de la propiedad privada valorado en 5 millones de colones. Esta Cámara lo concede de forma parcial, por las razones que de seguido se explican. El daño moral subjetivo, es aquel que se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo: disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc. Al suponer el mismo una perturbación injusta de las condiciones anímicas, no requiere prueba directa, sino que puede inferirse a partir de presunciones humanas. En este sentido, en la sentencia No. 96 de las 16 horas del 29 de enero de 2009, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia indicó que en "lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe "in re ipsa (…)". En la misma línea, ha dicho que: “…La determinación y cuantificación del daño moral subjetivo entonces, queda a la equitativa y prudente valoración del Juzgador, quien acude para ello a presunciones del ser humano inferidas de los hechos comprobados. La presunción humana es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos…” (Sentencia No. 878-F-2007 de las 8 horas 15 minutos del 14 de diciembre de 2007, emitida por la referida Sala Casacional. Ver en relación, resolución No. 662 de las 14 horas 20 minutos del 26 de mayo de 2010, No. 850 de las 10 horas del 21 de julio de 2011 y sentencia No. 000820-F-S1-2012, de las 08:55 horas del 18 de julio de 2012, emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En la especie, según se ha dicho, que la empresa CHEC ingresó a la propiedad del actor y sin su permiso ni contar con la orden judicial que lo autorizara, procedió a talar árboles, lo que representa una violación directa al Principio constitucional de Inviolabilidad de la propiedad privada establecido en el artículo 45 de la Constitución Política. Que ante tal actuación material ilegítima en contra su derecho constitucional de propiedad el actor sufrió afectación anímica, dolor y sufrimiento emocional, consistente en sentimientos de frustración, impotencia, desánimo, perturbación y ansiedad, según fue descrito por la testigo [Nombre 012], compañera sentimental del actor desde hace nueve años, quien describió los cambios emocionales en la forma de ser del actor, la depresión y frustración que le vio padecer a partir de la intervención de CHEC en su propiedad. Debido a la gravedad del evento, en aplicación de una básica presunción humana, es de suponer que lo acaecido provocó en el fuero interno del actor una perturbación injusta de sus condiciones anímicas, generándole sentimientos de angustia, frustración y desánimo, entre otros. Por lo anterior, el monto indemnizatorio se fija en tres millones de colones (¢3.000.000,00) en total, por la violación a la propiedad privada, mismo que deberá ser asumido por la empresa CHEC. Lo que sin duda guarda relación con el percance y con las molestas consecuencias que el actor ha tenido que experimentar. Por lo tanto, la fijación del quantum del daño moral subjetivo, se realiza conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y no constituye un enriquecimiento sin causa para el actor, siendo que por el contrario, viene a ser una compensación ante la adversidad que debió afrontar, como consecuencia directa de la violación al derecho de propiedad privada. (Sentencia No. 000822-F-S1-2011 de las 08:55 del 7 de julio de 2011, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Se rechaza el daño moral subjetivo respecto a los planes futuros sobre la propiedad, por corresponder a potencialidades y expectativas o sueños, que no corresponden a extremos indemnizables y que tampoco fueron debidamente acreditados en autos.      

IX. En cuanto a las excepciones planteadas: las partes demandadas opusieron las excepciones de falta de legitimación y Falta de Derecho. Se acoge la falta de legitimación pasiva del Estado al acreditarse que no existe conducta estatal en los hechos de la demanda y que la participación obedece a integración conforme al numeral 12 inciso 2) del CPCA. Se rechaza la falta de legitimación activa sustentada en la condición de nudatario del actor, de conformidad con el artículo 316 del Código Civil el dueño de la nuda propiedad tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende. En consecuencia, durante el goce del usufructo el nudo propietario puede vender su nuda propiedad, hipotecarla, cederla o de cualquier otro modo traspasarla, ejecutando los actos necesarios para conservar la cosa. El nudatario está obligado a abstenerse del derecho de transformación; de destruir e imponer servidumbres sobre el bien. Adicionalmente, el artículo 363 del Código Civil dispone: “Cuando hubiere expropiación de la cosa usufructuada por causa de utilidad pública, el precio de la finca se colocará a interés, y el usufructuario gozará de la renta, durante el tiempo por que se constituyó su derecho”, supuesto que no se presenta en el caso bajo estudio y no resulta de aplicación. Se rechaza la falta de legitimación activa con base en un daño ambiental, toda vez que se sobre ese extremo se omitió pronunciamiento al no existir una pretensión vinculada. Siendo que el actor ostenta la condición de propietario registral de la finca objeto de litis que colinda con la ruta nacional 32, siendo que entre la empresa CHEC y el Conavi se suscribió para la ampliación de la indicada ruta, se acredita la relación jurídica procesal entre las partes y las pretensiones deducidas en la demanda, motivo por el cual se rechaza la falta de legitimación en su doble modalidad, activa y pasiva. La Representación Conavi opuso la excepción de falta de Derecho que debe ser acogida al no acreditarse los reclamos planteados por el actor en su contra. Por último, se acoge parcialmente la falta de derecho interpuesta por Chec conforme a las consideraciones dadas en esta Sentencia, al haberse concedido de forma parcial las pretensiones de los actores y se declara parcialmente con lugar la demanda en contra de la empresa co-demandada CHEC. 

X.- Sobre las costas. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En este caso, no se observan motivos que permitan excepcionar la máxima de condena al vencido. Por ello, se imponen ambas costas del proceso a cargo de la empresa co-demandada Chec en favor del actor. Se dicta sin especial condenatoria en costas con relación al Estado por existir obligación legal de ser integrado a la litis y al Conavi por estimar que había motivo suficiente para litigar, debiendo asumir cada parte las suyas. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe, habrá de ser fijado por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte demandada.  

POR TANTO

Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por la empresa co-demandada CHEC y se rechaza la ofrecida por el actor. En lo que la demanda se dirigió contra el Estado, se acoge la falta de legitimación pasiva y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se omite pronunciamiento sobre la falta de derecho. Se dicta sin especial condenatoria en costas. Respecto de la demanda seguida contra Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), se rechaza la falta de legitimación en su doble modalidad y se acoge la excepción de Falta de Derecho. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se dicta sin especial condenatoria en costas. Sobre la demanda interpuesta en contra de la empresa contratista China Harbour Engineering de C.R. (CHEC) se rechaza la excepción de falta de legitimación activa y se acoge parcialmente la falta de derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor [Nombre 001] contra CHEC, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido: i) Se condena a la empresa CHEC al pago de tres millones de colones en total, por concepto de daño moral subjetivo en favor del actor. ii) Se condena a la empresa CHEC al pago del valor actualizado de los árboles talados en la propiedad del actor sin su permiso y de previo a la puesta posesión, según el inventario levantado por el perito forestal Luis Gerardo Meneses Valverde en fecha 19 de abril de 2019, por concepto de daño económico, monto que deberá ser determinado en la fase de ejecución de sentencia con auxilio pericial. iii) Son las costas de este proceso a cargo de la empresa CHEC co-demandada en favor del actor, que se determinarán en la Etapa de Ejecución de Sentencia.- NOTIFÍQUESE.

JUDITH REYES CASTILLO

 

 

JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN                FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ 



 

 




- Código Verificador -
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22VUQSFHXMK61



 

Documento firmado por:

JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A
JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-004698-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:28:27.

SCIJ de Hacienda
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Contentious-Administrative Tribunal

Resolution No. 04639 - 2024

Resolution Date: July 18, 2024 at 14:51

Case File: 19-004698-1027-CA

Drafted by: Judith Reyes Castillo

Type of Matter: Proceeding for a declaratory judgment

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER


Rulings from the same case file

Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Administrative Law

Topic: Objective liability of the Administration

Subtopics:

Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.
Necessary demonstration of damage and causal link.

Topic: Civil liability of the Administration

Subtopics:

Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.
Necessary demonstration of damage and causal link.

Topic: Compensation to the administered party

Subtopics:

Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.
Necessary demonstration of damage and causal link.

Topic: Damages arising from the civil liability of the Administration

Subtopics:

Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.
Necessary demonstration of damage and causal link.

Topic: Highways and public roads

Subtopics:

Compensation for an invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the strip expropriated for road construction.

"IX.- Regarding the specific case: The filed lawsuit consists of a civil treasury proceeding whose object is circumscribed to the compensatory claim of the plaintiff, who demands compensation for the alleged invasion suffered on the private property prior to the official transfer of possession of the expropriated strip and the damages derived from such material actions"

.

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Text of the resolution

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CASE FILE:

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19-004698-1027-CA




PROCEEDING:

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Declaratory judgment




PLAINTIFF:

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[Name 001]




DEFENDANTS:

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The State, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) and China Harbour Engineering de C.R.

 No. 2024004639

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, FOURTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and fifty-one minutes on the eighteenth of July, two thousand twenty-four.-

 

 Proceeding for a declaratory judgment filed by Mr. [Name 001], [...], against the following defendants: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (hereinafter CONAVI), represented by its special judicial attorney, licensed attorney Dixa Córdoba Gómez, professional ID six thousand four hundred seventy-three, THE STATE, represented by its prosecutor, licensed attorney Omar Rojas Valverde Cordero, professional ID twenty-one thousand two hundred eighty-nine, and the company CHINA HARBOUR ENGINEERING DE C.R. (hereinafter CHEC), represented by its special judicial attorneys, licensed attorneys Raúl Guevara Villalobos, professional ID ten thousand six hundred, and John A. Brenes Rodríguez, professional ID twenty-seven thousand sixty-two. Appearing as the special judicial attorney for the plaintiff is licensed attorney Donald Picado Angulo, professional ID nine thousand six hundred three.

WHEREAS

1.- On April 3, 2020, the plaintiff filed a lawsuit requesting that the claims be granted, which were adjusted and defined at the Preliminary Hearing as follows: "1.- The defendants be ordered to pay damages, in the terms and proportions indicated in this lawsuit. 2.- The defendants be ordered to pay both costs. (...) I estimate this lawsuit, for damages, in the sum of [Value 001] million colones, broken down as follows: 1.- Damage to the property caused by the construction of a slope preventing total access to and use of the property since the first months of 2019: [Value 003] million colones. / 2.- Total damages in an area of 2,600 square meters, with total deforestation and destruction of the cut timber, preventing enjoyment and use of that land and the use of the timber, from the first months of 2019 to the present date: [Value 003] million colones. / 3.- Damages to the rest of the property, which, since the first months of last year, remains as a landlocked plot (fundo enclavado): [Value 004] million colones, without vehicular or pedestrian access, unable to be built upon, mortgaged, or commercialized. Value per square meter according to the value set in the expropriation proceeding: 4,129.00 colones. Remainder of the unexpropriated property in square meters: 13,653.47. / 4.- Loss due to inability to use the timber, or the entire property since the first months of last year: 15 million colones. /5.- Subjective moral damage: 5 million colones". At the Preliminary Hearing, the plaintiff clarified that the damages should be compensated 70% by CHEC and 30% by CONAVI. (Lawsuit in images 01 to 23 and minutes of the Preliminary Hearing in images 423 and 424 of the main digitized case file).

2.- The representations of the defendants negatively contested the lawsuit and raised defenses and exceptions. The co-defendant company CHEC raised the preliminary defense of incomplete necessary passive joinder, resolved interlocutorily, and the exceptions of lack of active standing for environmental damage and lack of right. It requested the lawsuit be dismissed with an award of costs. Conavi raised the preliminary defenses of improper joinder of claims, lis pendens, and lack of jurisdiction, resolved interlocutorily, and excepted for lack of active standing and lack of right, requesting the plaintiff be ordered to pay the costs of this proceeding, as well as the corresponding interest. The State raised the exceptions of lack of passive and active standing ad causam and lack of right, requesting the plaintiff be ordered to pay costs and interest. (CHEC's answer in images 96 to 132, Conavi's answer visible in images 196 to 215, the State's answer visible in images 218 to 230 of the digitized judicial case file).-

3.- The Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, by resolution No. 76-2021 at 11:55 on January 20, 2021, rejected the exception of lack of jurisdiction by reason of the subject matter, considering in its core the following: "[...] in the case at hand, we are not faced with a controversy arising from a claim for damages resulting from a partial expropriation, which configures, in its negative aspect, the affectation of the original attributes of the parent property, precisely caused by the expropriation itself, that is; that the alleged damages are a direct consequence of the segregation carried out [...] Thus, in the case under analysis, the plaintiff does not express an interest in disputing the terms of the fair price (justiprecio), but rather seeks to determine – it is reiterated – the existence of the defendants' liability for the payment of the alleged damages corresponding to the conduct displayed through earthworks (movimientos de tierra) and tree felling, which, he alleges, affected the original topography of the property. Therefore, what the plaintiff clearly raises is a civil treasury proceeding that essentially seeks the recognition of liability for a harmful act" (images 259 to 267 of the judicial case file. The underlining is ours).-

4.- The First Chamber of the Supreme Court, by resolution No. 2441-C-S1-2022 at 14:40 on November 3, 2022, in hearing the jurisdictional conflict, defined the following: "[...] In the case under study, compensation is sought against the defendants, on the grounds that they allegedly entered the plaintiff's property illegally without yet having the respective permits, and built a slope on the property, and caused environmental and material damages that prevented the plaintiff from entering his property. In accordance with what is sought, as a claim is made for patrimonial and moral liability against the State (article 190 and following of the Ley General de la Administración Pública), the present proceeding falls within the matters of jurisdiction of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal." (images 288 to 292 of the judicial case file. The underlining is ours).-

5.- The Preliminary Hearing was held on July 12, 2023, in the presence of all parties, the claims were defined, the disputed facts were determined, and the evidence was admitted (minutes of the hearing in images 423 to 430 of the judicial case file).

6.- That the oral and public trial hearing was held on June 24, 25, and 27, 2024. In it, relevantly, the testimony of Jimmy Madrigal Mora, Eduardo Romel Josephs, Rodolfo Delgado Conejo, [Name 012], Kenneth Solano Carmona, David Mesén Agüero, Luis Gerardo Meneses Valverde, Luis Yogseng León Villagra, Carlos Alberto Dengo Garrón, and Jorge Coghi Fernández was given. The parties presented their closing arguments, and this Tribunal decided to give the present proceeding the procedure set forth in article 111, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo.-

7.- That no nullities that must be declared, and/or defects that must be corrected, have been observed in the proceedings.-

Drafted by Judge Reyes Castillo;

WHEREAS:

I.- Arguments of the plaintiff: The plaintiff argued that he is the owner of a property with the following characteristics: Province: Limón Property: [Value 008] Duplicate: Horizontal: Right: 001 Segregations: none, Nature: Lot 269-139 for agriculture, located in District 2 Batan, Canton 5 Matina of the Province of Limón, Boundaries: North: Street, South: Porfirio Espinoza, East: Emanuel Araya, West: Porfirio Espinoza, measures: fifteen thousand six hundred thirty-five square meters and forty-seven square decimeters, PLAT: [Value 006]. He indicates that said property is located, with exactness of [...]. He alleges that the property contains a large number of timber and fruit tree species. He states that over that property, there is no valid permit for tree felling issued by the Ministerio de Ambiente y Energía. He indicates that said property borders route 32, so an area of 1,982 square meters will be expropriated and used for its expansion. He referred to case file 20-0013-1028-CA. He clarifies, however, that, up to the moment of filing this lawsuit, the transfer of possession of the property has not been authorized, nor has the delivery of any amount for expropriation been authorized. He maintains that the plaintiff has not given any authorization for work of any nature to be carried out on the property, neither to Conavi, nor to Chec. He explains that during the first months of 2019, the plaintiff had not been notified in any way of the existence of any expropriation proceeding regarding his property. However, reiterating that he was never notified by CONAVI, he informally learned that an engineer from CHEC, as the company responsible for the expansion of said route, was looking for the owners of the properties so that they could provide formal permission for entry and cleaning of the properties, without having to wait for the expropriation process. It was thus that said Engineer contacted him, and told him that I had to approach them, and start the procedure to know the exact area that they were going to expropriate. Once the information indicated above was provided to him, the plaintiff went to his property to carry out a field inspection, and discovered that the property had already been invaded and intervened by CHEC, without any permission from him, to the point that CHEC built a huge slope that materially prevents entry to it, as can be seen in the photographs and videos in the case file, which is also evidenced by the attached topographic report and the testimony of the witnesses offered. To be able to enter, the plaintiff must request authorization from the adjoining neighbor, as access via route 32 was no longer possible. Furthermore, it is verified that a large number of timber and fruit trees had been felled and piled up on his property, besides the original topography of the place having been affected with heavy construction machinery, leaving evidence of large earthworks (movimientos de tierra), causing effects not only in the area eventually to be expropriated but also in an area of almost seven hundred additional square meters. See attached photographs and videos provided to the case file, as well as the survey report, conducted on March 5 of this year. He maintains that from the moment of CHEC's intervention, the plaintiff is prevented from entering his property, unable as the owner to use and enjoy his property right, being unable to perform usual tasks such as entering by vehicle, performing cleaning tasks, or planting species of any kind. He explains that upon realizing this, the plaintiff went to seek those responsible from both companies, as well as from CONAVI, with the aim of denouncing what had been done and demanding that they take responsibility for the evident usurpation and affectation of his property. Upon meeting later with representatives of those companies and CONAVI, they indicated to him that, indeed, the entry to his property was illegally carried out with CHEC machinery, due to ignorance of the Costa Rican legal system, given that CHEC's representatives are citizens of Chinese origin who were unaware that they had to wait for the authorization of the property owner. Likewise, they indicated that before the invasion, they did not even have a forest inventory (inventario forestal) of the intervened area and that, despite the felling carried out, they omitted to carry out said inventory. That as a consequence of the complaints, on April 19 of last year, at the request of CHEC and with the knowledge of CONAVI, the Environmental Manager, Luis Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, prepared a report – already in the case file - on the environmental damage caused by CHEC on the property, after a field investigation, expressly acknowledging therein the environmental damages caused by this company, when he states: "Presentation: The present study is the economic valuation of the environmental damages, which the company CHEC caused, in part of the land (fundo) (approximately 0.30 hectares), registered under the real estate folio number of the Province of Limón [Value 008], with cadastral plat [Value 006], owned by Mr. [Name 001], identity card No. [Value 007], by cutting 30 trees of 12 different species outside the right-of-way in the expansion of national route No. 32". He indicates that in that same study, it is detailed that there are at least 30 species that were felled by the company CHEC, considering that this study was carried out by verifying those trunks and roots that allow reconstructing, without being exact, the number of trees that existed there. He maintains that on June 12 of last year, the plaintiff participated in a meeting with representatives of CHEC and CONAVI, in which he expressed his concern about the environmental and personal damages caused by their material actions. There, they committed not to carry out more works on the property until the transfer of possession is formally authorized in the ongoing expropriation process. However, the plaintiff immediately goes to his property and verifies that earthworks (movimientos de tierra) were once again carried out on it, expanding the environmental damage, by performing major works without regard for the vegetation, fauna, and existing trees on said property, as seen in the attached videos and photographs. He adds that, worried about the exposed situation, the plaintiff resorted by means of a request for a precautionary measure before this jurisdiction, which, although rejected, demonstrated the invasion by the company CHEC of his property, as well as the consequent damages caused to his land, a situation that led the judge to issue a warning against the defendants here. To that effect, it was established in Ruling No. 551-2019-T at sixteen hours on October twenty-third, two thousand nineteen: "Regarding the material damage argued, it must be said that it is not a disputed fact within this precautionary process that the property in dispute suffered the entry of machinery from the co-defendant company (removal of vegetation cover, tree cutting, and earthworks (movimientos de tierra)), without specifying a specific date, but between the months of January, February, and March of this year and subsequently, between the months of June and July, where a smaller-scale incident occurred, but apparently of the same nature, as is clear from the lawsuit, its answers, the numerous writings of October of this year, and the documentary evidence visible in images 54 to 67, 308, 311 to 313, 318 to 320, 324 to 326, 336 to 338 of the judicial case file, as well as the 36 photographs and six videos on three compact discs attached to the digital case file… In any case, on the merits of the foregoing and without prejudice to the way in which it is resolved, a strong call of attention is made to the co-defendants, urging them not to engage in conduct such as that denounced, accordingly respecting the regulatory framework and private property". The following are raised: "Considerations on the damages caused by the defendants: REASON FOR ORIGIN: This lawsuit seeks compensation for damages caused by the material actions or omissions of CONAVI and CHEC to my client, which generated and continue to generate severe damage to his property, harming him in the legitimate enjoyment of the right to property and, consequently, his patrimony. The act giving rise to liability consisted, in the case of CHEC, of entering on at least two occasions – see cited ruling, where it is demonstrated that in the first months of last year, as well as in June and July of that same year - onto a private property and disposing of it in its entirety, causing severe damage, without prior authorization from its legitimate owner, and violating the legal system by disobeying the provisions of the Ley de Expropiaciones, which establishes that only at the moment when the owner expressly authorizes it, or when the transfer of possession is ordered by the competent judicial authority, can one proceed to enter such property, regardless of the urgency and necessity of a project. In the case of CONAVI, there is an evident failure in its duty of vigilance, as the Administration tasked with supervising the Contract for the Expansion of Route 32. Its omission encouraged CHEC to act in the arbitrary way it did to the detriment of my client and did not exercise its obligation to ensure that CHEC's actions, in relation to entry onto private property, were carried out as required by the Ley de Expropiaciones. On the contrary, CONAVI limited itself to passively observing as CHEC was proceeding to break into private property, without there being evidence of timely intervention on its part to prevent the contractor from continuing its illegitimate conduct, who, as stated, intervened not only once but re-offended months later on my client's property, as was demonstrated by the judge who heard the precautionary measure. This generates joint and several liability for CONAVI with CHEC, inasmuch as it is their duty to verify that the contract is executed in accordance with the current legal system. As can be seen in the evidence provided by CONAVI itself, its representatives participated in meetings where the damages that occurred were discussed together with my client and CHEC, without any action being seen to reprimand what CHEC acted, nor to prevent another intervention by it on the property from occurring again, such as the one that arose in the months of June of last year, just as was stated in the cited ruling. Both CONAVI and the contractor CHEC have shown disrespect for the legal system, by ignoring the right to property and the effects on the right to a healthy and ecologically balanced environment, by entering time and again to carry out work, without a prior forest inventory (inventario forestal), without notification of the expropriation process, without a ruling in said process, and without authorization from my client, at least, as already indicated. As Your Honor may appreciate in the evidence already provided, MINAE indicates that there is no permit whatsoever to cut trees on my client's property, and despite this, flagrant damage to the environment was carried out by proceeding with the total felling of the existing trees. WHAT THEY CONSIST OF: What CHEC did, as well as the omission in CONAVI's conduct, generates a serious injury to the legal situation of my client, which consists of the damage caused by the unauthorized invasions of his property, in which its value has been strongly affected by the destruction carried out, which generates patrimonial and moral damages to my client. CHEC arbitrarily enters the property and takes total control, as if it were the owner, introducing heavy machinery to proceed to destroy at will everything that existed there. CHEC decides to indiscriminately deforest the entirety of the existing trees, without even having a forest inventory (inventario forestal). CHEC destroyed the existing entrance to the property, making it so that it is no longer possible to enter either by vehicle or on foot, thanks to the slope it built in front of the property. CHEC, not satisfied with abusing the Rule of Law, violating the sacred constitutional right of private property, breaks into an area larger than what will eventually be expropriated, of approximately 700 square meters, generating damages such as deforestation, change of vegetation, in short, destroying everything that was on that property. CHEC decides to cut down the trees and subsequently, arbitrarily dispose of the majority of the cut species, for a use unknown to my client, curtailing that right as the legitimate owner. PATRIMONIAL DAMAGE CAUSED: CHEC, by arbitrarily entering the property and taking total control, as if it were the owner, introducing heavy machinery to proceed to destroy at will everything that existed there, absolutely devalued my property, to the point of leaving it in a state of total deterioration. This because its first action consisted of creating a slope of approximately 12 meters that prevents, from CHEC's first intervention, entry to the property, a defect that persists to this day. Likewise, an area larger – almost 700 meters - than that which will be expropriated was intervened, which was totally destroyed. This is evidenced by the attached expert report, prepared by Engineer Jimmy Madrigal Mora IT-28958, dated March 5 of this year, which indicates: "The comparison of the boundary line facing the public street from the plat with respect to the area used by the company to carry out earthworks (movimiento de tierra), shows that the work carried out directly affects the property of Mr. [Name 001], since work was not only carried out in the right-of-way indicated by the plat, but also within the land intended to be expropriated. From the stakes placed by the entity interested in the expropriation of the land, according to the property owner, five were located that serve to determine that the area to be expropriated is approximately 2,660 square meters, this considering the road width indicated on the plat. It is indicated to the applicant that in addition to there being a direct affectation since the worked part belongs to his property, it is also important that an assessment be made by the entity in charge of the indirect affectation on the rest of the land, this due to the formation of the slope in front of the public street, which prevents direct access to the property, the same that limited our work until entry permission was requested and granted from the owner of the adjoining property on the east side, however according to the cadastral plat and the deed, the property only has entrance from the front facing the public street and not through any neighboring property, a reason which makes a considerable depreciation of the property possible. It should be considered that the slope present on the property after the work performed exceeds 12.50 meters in height with respect to the public street, this without taking into account what may increase when full use is made of the part intended to be expropriated. The observation is made that if no work is done to remedy the access defects present on the property, the use of this land for any income-generating activity could be rendered impossible. In conclusion, the area where the earthworks (movimiento de material) were carried out represents a direct affectation to the interested party's property, since work was not only carried out in the area comprised within what is established according to the plats as the right-of-way of the national highway, but work was also carried out on the area planned to be expropriated. On the other hand, the rest of the property was indirectly affected by limiting access to it and compromising its value in case of a possible sale, therefore it is important to request the entity responsible for the appraisals that, in case of a possible expropriation, not only is the land being considered for expropriation valued, but also the affectation to the rest of the property of Mr. [Name 001], which shows an evident depreciation due to the residual damage caused by the work carried out on the site". In summary, the damages caused to my client's property and patrimony are consistent with: CHEC destroyed the existing entrance to the property, making it so that it is no longer possible to enter either by vehicle or on foot, thanks to the slope it built in front of the property. CHEC decides to indiscriminately deforest the entirety of the existing trees, without even having a forest inventory (inventario forestal). CHEC, not satisfied with abusing the Rule of Law, violating the sacred constitutional right of private property, breaks into an area larger than what will eventually be expropriated, of approximately 700 square meters, generating damages such as deforestation, change of vegetation, in short, destroying everything that was on that property. CHEC decides to cut down the trees and subsequently, arbitrarily dispose of the majority of the cut species, for a use unknown to my client, curtailing that right as the legitimate owner. CHEC destroys the property and renders it valueless for use and commercialization, making it so that it can no longer be utilized, nor can it be the object of sale or mortgage, insofar as the slope prevents its entry, and; moreover, it practically destroyed the entire frontage of the property, making the rest – more than 80% - a landlocked plot (fundo enclavado), lacking any value. In the case of CONAVI, as stated, it limited itself to passively observing as CHEC was proceeding to break into private property, without there being evidence of timely intervention on its part to prevent the contractor from continuing its illegitimate conduct, who, as stated, intervened not only once but re-offended months later on my client's property, as was demonstrated by the judge who heard the precautionary measure. This generates joint and several liability for CONAVI with CHEC, inasmuch as it is their duty to verify that the contract is executed in accordance with the current legal system. It is clear that if CONAVI had acted in a timely manner, adhering to its obligations, the damage to my client's property would not have been consummated. MORAL DAMAGE: The current situation causes my client severe subjective moral damages, due to the destruction of which the property is the object, the same he received as a donation from his grandmother, being a family asset of great value to his family. This causes my client emotional distress, a product of pain and emotional suffering, originating from the illicit administrative conducts, the object of the current process, which he has suffered from the moment the first of those administrative conducts occurred, with the first intervention in the first months of last year.

It is from that moment that an unjust disturbance absolutely falls upon his emotional conditions, associated with discouragement, displeasure, despair, and offense against his honor and dignity. That is, from the moment he learns of the damages suffered to the property as a result of CHEC's actions, I am accompanied by a constant, incessant, stressful disturbance, since this put my assets and those of my family at risk, insofar as the donated asset constituted a very valuable asset, which would obviously increase in value with the expansion of Route 32. The increase in value (plusvalía) was going to be evident; however, everything changes now due to the actions of the defendants, now having a destroyed, useless family asset with no commercial value at this moment, due to the conditions in which CHEC left the property after its disastrous and illegal intervention. Another no less important aspect is that this property constituted half of my client's assets, given that he only owns in his name another property in the Canton of Pococí. The jurisprudence of our courts is consistent in recognizing this type of damage, as is evident from the following jurisprudential citations, the first of which emanated from this Court: Resolution 120 of one hour forty minutes on May 16, 2011, of the Administrative Litigation Tribunal Section VI [...] For its part, the First Chamber has defined this type of damage, among others, through resolution 000206-F-S1-2009 of sixteen hours twenty minutes on February twenty-sixth, two thousand nine. [...]. In light of the jurisprudential citations presented, it is extracted that in the case of my client, all the elements that this type of damage must have to be considered as such, ergo certain, effective, assessable, and individualizable, occur. The certain damage, already produced – intervention on the property without my client's authorization, construction of a slope (talud) that prevents any type of access, use of heavy machinery that totally destroyed the area, increased by almost 700 meters beyond what is to be expropriated, tree cutting, removal of trees which makes it impossible to use the timber, leaving the remaining property as a landlocked property (fundo enclavado) – makes it real, that is, effective and financially assessable, based on what expert studies determine that include the value of the property before its condition of destruction to which CHEC subjected it, and the current value, considering that this can be economically appreciable, and "individualizable" since its acting agents are widely located at CHEC and CONAVI, that is, from whom I have the right to demand reparation for the injury caused, who will be jointly and severally liable for the damages caused. The damages must be covered seventy percent by CHEC and thirty percent by CONAVI. DAMAGES: The actions of the defendants have caused a loss in the future value of the property and the value of the use of said property since CHEC's first intervention, rendering the property completely unusable. Since the first months of the previous year, it has not been possible to enter, so it cannot be used for agriculture of any kind, nor can it be built upon, mortgaged, or commercially sold. ESTIMATION Due to its special nature, the present claim is of an inestimable nature. Without prejudice to this, as a result of the expert studies that will be submitted in due course, I prudently estimate the present claim, for damages, at the sum of [Value 001] million colones, broken down in the following order: 1.- Damages to the property inflicted by construction of a slope (talud) that prevents access and full use of the property since the first months of 2019: [Value 003] million colones\n\n2.-Total damages in an area of 2600 square meters, with total deforestation and destruction of the cut timber, which prevents enjoyment and use of that land and the use of the timber, from the first months of 2019 to today's date: [Value 003] million colones. 3.- Damages to the rest of the property, which since the first months of the previous year, remains as a landlocked property (fundo enclavado): [Value 004] million colones, without vehicular or pedestrian access, without the possibility of being built upon, mortgaged, or commercialized. Value per square meter according to the value set in the expropriation process: 4129.00 colones. Rest of the property not expropriated in square meters: 13653.47. 4.- Damages for not being able to use timber, nor the entirety of the property since the first months of the previous year: 15 million colones. 5.- Subjective moral damages: 5 million colones. LEGAL BASIS. I base the current action on what is established in numeral 58 and following and concordant articles of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). In the conclusions rendered at the oral and public trial, it was emphasized that 2 invasions by CHEC on private property without the owner's permission were accredited and that Conavi did not exercise its duty of surveillance. As material damage, the commercial uselessness of the farm due to alteration of the property's topography that prevents any entry from the public street was reiterated, due to the construction of a slope (talud) with a steep incline, which constitutes a typical case of damage to the remainder due to CHEC's intervention. It indicates that the farm is unusable because it is inaccessible. It was argued that in any case, the Administration and CHEC are obliged to provide access to the expropriated person's property, without being able to leave a landlocked property (fundo enclavado). It pointed out that the causal link is delimited by the omission of the duty of surveillance owed under the construction contract that generated the damages caused to the plaintiff. It requests that the claim be granted in all its aspects with an award of costs.\n\nII.- Arguments of Conavi: CONAVI rejected the facts of the claim and presented the following exceptions: “1. EXCEPTION OF LACK OF RIGHT: a) Act of a third party, lack of causal link. The plaintiff seeks compensation for damages allegedly caused by the material actions or omissions of CONAVI and CHEC, which allegedly generated and continue to generate severe damages to his property, harming him in the legitimate enjoyment of the right to property and, consequently, his assets, a situation that is not attributable to this Council for the following reasons: Through Law No. 9293 of March 10, 2015, financing is approved for the rehabilitation and extension project of national route No. 32, section intersection route 4-Limón. On February 18, 2013, Eng. Pedro Castro, in his dual capacity as Minister of Public Works and Transport and president of the Board of Directors, signed a memorandum with the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (VOLUME I Folios 81 to 82 and annex from folio 83 to 144 of administrative file Project: \"Design, Rehabilitation and Expansion of National Route No. 32 Braulio Carrillo highway, Section: Intersection National Route No. 4 (Sarapiquí-Limón Crossing)'' in which it was established that the contractor must take out the following Insurance and Liability policies. ''[...] Civil liability insurance: it will be the obligation of THE COMPANY to take out a policy from the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros, INS) or from any duly authorized insurer for civil liability attributable to the insured (THE COMPANY) for injuries or death to third parties or for damage to third-party property; ... \" [...]. Subsequently, the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad) signed a contract with the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, which was approved by the Comptroller General of the Republic with official letter No. 5662-2016, in which the General obligations of the contractor were established in the general conditions point 4.1 subsection 3. [...]. 4.1. General obligations of the contractor. Apart from the obligations set forth in the memorandum of agreement for the Design, rehabilitation and expansion project of national route 32 Braulio Carrillo Highway, section intersection national route 4 (Sarapiquí Limón Crossing) and its annexes, the contractor shall have, among others, the following obligations: 1 (...) 3. The contractor shall be responsible for all loss, expense, and claims for loss or damages suffered by material goods, injuries, and death that occur as a consequence of its own acts or omissions in the execution of the contract being signed...” [...]. Additionally, in the complementary obligations in point 39, it was specified that the contractor must comply with all current laws in the republic of Costa Rica, indicating the following: 39. The Contractor shall comply with all current laws in the Republic of Costa Rica, such laws shall include all local, state, national, or other laws that affect the fulfillment of the Contract and are mandatory for the Contractor. The Contractor shall exempt the Contracting Party from all liability for damages, claims, fines, sanctions, and expenses of any nature arising from or as a consequence of the violation of those laws by the Contractor or its personnel, including Subcontractors and their personnel. [...] Then in points 4.12 and 4.16 of the contract, the following was established as the contractor's responsibility: 4.12. No interference. The contractor shall not interfere unnecessarily or improperly with: a) the comfort of the public, b) the access, use, and occupation of all roads and paths, regardless of whether they are public or in the possession of the Contracting Party or others. The Contractor shall indemnify and hold the Contracting Party harmless from all damages and expenses (including attorneys' fees and expenses) generated as a result of unnecessary or improper interference of that nature. 4.16. Environmental Protection (Compliance with Environmental Feasibility and its obligations). The contractor must faithfully comply with the provisions of the Environmental Legislation of the Republic of Costa Rica; and shall take all necessary measures to protect the environment (both inside and outside the Place of Works) and to avoid the environmental damages and alterations that may be created to people and property as a consequence of its operations. [...] Complementing the above, via official letter UE-DRA-RN32-002-2017-119 (2199) dated June 14, 2017, CONAVI diligently informed the legal representative of the CHEC company of the procedure prior to the start of the construction phase that must be carried out for tree cutting. [...] Likewise, with official letter UE-DRA-RN32-001-2017-321 (855) dated October 25, 2017, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is informed about the coordination actions with the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) to develop the protocol for the procedures associated with tree cutting that the project entails, and the draft protocol is sent to him. With service order No. 3 dated November 16, 2017, the order is given to start the construction phase as of November 20, 2017. [...] Via official letter UE-DRA-RN32-001-2017-333 (855) dated November 1, 2017, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about environmental follow-up and that he must update the documentation based on SETENA resolution 2207-2016 regarding the environmental approval (otorgamiento ambiental) prior to the start of works. [...]. Subsequently, via official letter UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) dated March 2, 2018, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about environmental follow-up; the following is transcribed where relevant: ''Regarding the start of Tree Cutting that will be carried out by your represented company [...] It should be remembered that said work cannot begin until all required permits have been obtained... [...]. Then, via official letter UE-DRA-RN32-002-2018-104 (855) dated March 2, 2018, the Project Manager, Mr. Zhou Jingxiong, is notified about tree cutting and is reiterated what is established in point 4.16 of the complementary obligations of the contractor; it is also indicated that \"The forest inventory is an inexorable technical input for the \"Tree cutting permit\" a permit that according to what is stipulated in point 10 (c) of the scope document of the Contract ... \" [...]. From what has been indicated so far, it is clear that if a potential damage exists, the party responsible is not the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), but rather the CHEC company, as established by the memorandum, the contract, and its addenda. CONAVI has not only been diligent in warning the contractor of various procedures and compliance with laws, but did so with due anticipation. It is necessary to indicate that the CHEC company attempted to reach an agreement with Mr. [Name 001] to compensate him in accordance with the inventory carried out by Eng. Luis Femando Meneses Valverde; it even proposed using the company's machinery to restore the land to its original conditions; however, the owner indicated that \"...he is not interested since he does not want to depend on CHEC's timelines and prefers to do it when he desires''. In addition to the above, the CHEC company proposed paying rent for the affected land from the moment the machinery entered the land until July 2019 and proceeding with the improvement works on the land\", but Mr. [Name 001] did not accept the proposal, indicating that he preferred the money. Note that the CHEC company tried to provide a solution to the problem; however, the property owner was only interested in the money, which clearly shows that the owner's interest is purely economic and that the CHEC company understands and accepts that it is the only party responsible for the alleged damages claimed. On the other hand, the existence of environmental damage is rejected because the project has environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted through Resolution of the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat Nº 2207-2016-SETENA at 15 hours 30 minutes on December 2, 2016, so we would be facing an environmental impact that is configured when environmental feasibility exists since it is already foreseen that a certain event such as tree felling can be caused. The plaintiff seeks compensation for alleged moral and material damages for alleged damages from cutting certain trees on his property by the CHEC company, which must be proven in this process. Regarding the causal relationship, there must be a connection, and the damage produced is an indispensable condition for attributing the duty to compensate said damage to that party; this only proceeds when there is certainty in the proof of the causal link. In the present case, the plaintiff omits presenting the corresponding evidence that can prove the causal link with the alleged damage and the link with the administration, especially since the plaintiff herself indicates that the alleged invasion of the land was executed by the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC). 2. EXCEPTION OF LACK OF STANDING: This exception is filed because, as the plaintiff herself indicates, the alleged invasion of the property was carried out by the company CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (CHEC), and according to what is established in the contract, addenda, and complementary documentation, should damage or injury occur, the company will be responsible for it. Coupled with this, the property for which damages are claimed was duly expropriated and was already placed in the possession of the Ministry of Public Works and Transport, via notification at fifteen hours and twenty-eight minutes on April thirtieth, two thousand twenty, corresponding to File 20-000013-1028-CA-0” (The bolding and underlining are ours). It requests that the plaintiff be ordered to pay the costs of this process, as well as the respective interest.\n\nIII.- Arguments of the State: It rejects the claim; regarding the facts, it clarified that: “The State has decided to expropriate an area of land measuring one thousand nine hundred eighty-two square meters (1,982.00 square meters), according to cadastral plan No. [Value 009], which is part of the property registered in the Party of Limón, Real Folio Registration [Value 010]. Said expropriation is processed before the Administrative Litigation Court under file No. 20-13-1208-CA, wherein entry into possession of the strip to be expropriated has already been authorized and the disbursement of the administrative appraisal amount was ordered. [...] In the first place, the alleged invasion of the plaintiff's property is not proven to us, nor that the alleged damages have been caused. In that sense, the co-defendant parties have stated and provided evidence that proves work was being done on the right-of-way. In the second place, according to the evidence in the case file, it is not proven to us that the works carried out by the company China Harbour Engineering Company de Costa Rica Sociedad Anónima (hereinafter CHEC) prevent access to the plaintiff's property, since entry was made via a small lateral access to the farm. In that sense, according to administrative appraisal No. SABI-2019-117 of August 12, 2019, visible on folios 44 to 59 of the file related to the expropriation, it can be seen that the plaintiff's land is located 4-5 meters above the level of the public road, without there having been access through the front of the lot, as seen in the photographs visible on folio 51 of said file. [...] Thirdly, it is rejected that works were carried out in an area larger than the one subject to expropriation, as well as the tree cutting in the terms and dimensions set forth by the plaintiff. Finally, without prejudice to the foregoing, it is clear that the alleged actions and invasion reported by the plaintiff were carried out directly by CHEC, as the contractor for the work that is under execution, without any actions or omissions on the part of the National Road Council (hereinafter CONAVI) or the State in this case. [...]” (the bolding is ours). The claims made by the plaintiff were rejected, and the following exceptions were filed: “I. Lack of right and lack of standing: The General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) in its seventh title regulates matters related to the Administration's liability. Said title in its numeral 190 orders that the Administration shall be liable and shall answer for all damage produced by its legitimate, illegitimate, normal, or abnormal functioning. For this liability to apply, three essential elements must concur: 1) An action or omission of the Administration. 2) An unlawful injury or damage. 3) There must be a causal link between the two previous elements. 1) Regarding the first element (i.e., an action or omission of the Administration), it must be considered that the plaintiff does not refer to any active or omissive conduct by the State, but rather, according to his claim, an alleged invasion and presumed damages produced directly by the CHEC company are alleged. In that direction, we must mention that through Law No. 9293 of March 10, 2015, financing is approved for the rehabilitation and extension project of national route No. 32, through the signing of the Framework Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the People's Republic of China. Under the protection of this legal norm, a contract is signed between CONAVI (contracting party) and CHEC (contractor), so that the latter executes the design and builds the rehabilitation and expansion works of National Route No. 32. In said contract, visible on folios 145 to 180 of the administrative file provided by CONAVI, as well as its addenda, the responsibilities and obligations of the contracting parties are clearly established [...]. As can be clearly seen, according to current legislation and the contract signed by the parties, a special liability regime was established, according to which the CHEC company, in its capacity as contractor, would be the sole party responsible for compensating the damages that are caused to third parties as a consequence of the execution of the contract, which includes the design and construction of the rehabilitation and expansion works of National Route No. 32, expressly contemplating possible damages to third party property (in case they are proven). Now, neither could liability be attributed to CONAVI, since as shown from the study of the administrative file, said body has informed the contractor, constantly and timely, about the various procedures, processes, and applicable legislation for the purposes of the project's development. In the exceptional case that some liability of CONAVI were deemed applicable in this matter, the State could not be condemned either, since we would be facing actions or omissions of a legally deconcentrated body, precisely in the exercise of its deconcentrated powers. Despite being a body attached to the Ministry of Public Works and Transport, article 3 of Law No. 7798 grants it instrumental and budgetary legal personality. The foregoing means that CONAVI has its own legal personality and budget with which it can and must respond to the obligations arising from the powers granted by its enabling law. However, we must reiterate that in this specific case there is no liability whatsoever of CONAVI, much less of the State, because as we pointed out earlier, according to current legislation and the contract signed by the parties, the CHEC company would be the sole party responsible for indemnifying the damages caused to third parties as a consequence of the execution of the contract (if they are proven). Additionally, it is necessary to mention that the State is a party in this process, solely and exclusively, by virtue of the provisions of numeral 12 subsection 2) sub-subsection a) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA); which establishes the obligation to name the State as a passive subject when dealing with conduct of bodies with instrumental legal personality, i.e., standing to be a party (legitimación ad procesum), which is different from standing to sue (legitimación ad causam) (which, in any case, also does not exist). As set forth, the lack of passive standing of the State is clear and evident, and must be accepted in the judgment. 2) Regarding the production of damage, this is non-existent (article 41.1 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)). The State has not caused, through its actions, any detriment or prejudice that could generate some type of economic loss for the plaintiff, but rather, as noted, it concerns the questioning of exclusive conduct by the CHEC company. We reiterate, the State did not issue any act or incur any omissive conduct capable of producing damage to the plaintiff. 3) Therefore, there is evidently no causal link either; the factual picture presented by the plaintiff lacks the essential elements of Administrative liability -in relation to my Represented-, namely the existence of the causal link or causal relationship, which constitutes the \"bridge\" between the administrative conduct and the damage produced, i.e., between the Administration and the administered party. Without prejudice to the foregoing, we must indicate that in this case one of the exemptions from liability stipulated in article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública) is configured, which is the act of a third party. In that sense, the aforementioned norm exempts from the duty to compensate when there are exemptions from liability that break the causal link between state conduct and the damage produced. The norm in question, relevantly, establishes: The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. As can be observed, in the presence of an exemption from liability, liability cannot be demanded from the Administration because the causal link between the damage and the conduct attributable to the Administration is broken. In this case, we estimate that there would be liability on the part of the CHEC company, since it was this company that was in charge of the design and construction of the improvements and expansions of Route No. 32, being the alleged cause of the damages suffered by the plaintiff's property; therefore, it would be up to it to answer for any eventual damages arising from these works, configuring the act of a third party as an exemption from liability for the State. Consequently, the damages claimed by the plaintiff in this process are not attributable to the State, since the cause for exemption from liability for the Administration is configured, which is the act of a third party. II- LACK OF ACTIVE STANDING. In his claim, the plaintiff alleges the existence of alleged environmental damage; however, in formulating his claims, he makes no specific petition on this point. Despite this, we estimate that the plaintiff would not have standing (legitimación) to request compensation in his name for environmental damage, since we would be dealing with a collective or diffuse right, without the plaintiff being able to arrogate the standing to litigate in that regard. On the other hand, as recorded in the case file, the plaintiff is the owner of the property in bare ownership (nuda propiedad), registered in his name on March 25, 2019. Thus, according to articles 335 and following and concordant of the Civil Code (Código Civil), we estimate that the plaintiff lacks active standing to claim payment for damages derived from the enjoyment and use of the land, as well as the use of the timber (claims 2 and 4), since the standing for this could belong to the usufructuary, but not the owner of the bare ownership (who could claim damages caused to the property). III- SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE DAMAGES CLAIMED. In the first place, the plaintiff does not prove the real and effective existence of the alleged damages caused to his property, nor that these originate from any conduct or omission by the State. In that direction, for said claim to succeed, it is essential to prove, through suitable technical evidence, that it is the actions of my represented party that generate the alleged damage claimed by the plaintiff. Thus, the plaintiff bears the burden of indubitable demonstration of the existence of the damages to the property and that they are caused by direct and immediate actions of my represented party (causal link). In the present case, the plaintiff claims that damages were caused to his property without demonstrating their existence through any type of suitable evidence. It cannot be forgotten that article 41 of the Civil Procedure Code –of supplementary application – contains the doctrinal principle \"Onus Probandi\", according to which the plaintiff bears the burden of proof regarding the assertions of the constitutive facts of their right, a situation that does not occur in this litigation. By failing to provide full proof of the damages suffered, through suitable evidence for this, the plaintiff's assertions regarding their existence must be considered unproven, and consequently non-existent, which is why the Court must proceed to reject all of the plaintiff's claims. This is because, in the case at hand, no effective, assessable, and individualizable damage is observed, as required by article 196 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Thus, by virtue of the total absence of probative elements that support and justify the damages claimed, said petition is inadmissible and must be rejected by this Court” (the underlining and bolding are ours). It requests that the claim be declared without merit in all its aspects, with the payment of costs chargeable to the plaintiff, as well as the interest they generate until their effective payment.\n\nIV. Arguments of the co-defendant company CHEC: It is indicated that the farm subject to the process is in rights (en derechos) and that only the bare ownership (nuda propiedad) corresponds to the plaintiff. It clarifies that the expropriation process for the plaintiff's farm is processed before the Administrative Litigation Court under file No. 20-0013-1028-CA where the disbursement of the administrative appraisal amount was authorized, and through an order at 3:28 p.m. on April 30, 2020, the possession of the property was authorized 2 months after notification, with the area to be expropriated being 1,982.00 square meters. It points out that the construction works carried out by CHEC were performed on the right-of-way, property of the State, which is 50 meters in front of Mr. [Name 001]'s property, without any construction work having been carried out on the plaintiff's property to date. It claims that the plaintiff confuses the right-of-way with his property. It reiterated that the construction works were carried out one hundred percent on the right-of-way and that no slope (talud) has been created on Mr. [Name 001]'s property. Nor is it true that there was an access to Mr. [Name 001]'s farm that was affected. Mr. [Name 001]'s farm, although it fronts onto Route 32, did not have any access road built. On the contrary, the part of the right-of-way that was intervened was not at the level of the road.

It was necessary to remove a large amount of earth in order to clear the right-of-way and shape the temporary slope. Once possession of the expropriated land is taken, it will be necessary to continue with the earthworks (movimiento de tierra) and shape the permanent slope. It indicates that all works and activities carried out are contemplated in the Environmental Impact Study as part of the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process that resulted in the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. The evaluated project area is made up of what is called the Project Area (AP), which is the right-of-way fifty meters wide and the areas to be expropriated, the Project's Direct Influence Area made up of the following fifty meters adjacent to the right-of-way, and the Project's Indirect Influence Area, which consists of the 250 meters adjacent to the Direct Influence Area. It is for this reason that the felling of trees and any eventual earthworks (movimiento de tierras) activity that must be carried out on the expropriated land is authorized from an environmental standpoint in the environmental feasibility. It clarified that it is not true that Mr. Luis Meneses is the project's environmental regent, nor that there was any impact to fruit trees or tree species of commercial importance. It rejected that there was any usurpation of the plaintiff's property. It maintains that it is not true that CHEC carried out any construction work on Mr. [Name 001]'s property. It clarifies that one of the activities carried out before undertaking any construction activity on a highway is the felling of trees. It was expressly acknowledged that it is indeed true that, in April 2019, CHEC felled trees in the right-of-way. Additionally and due to an error by the laborers who did not know how to differentiate the demarcation of the right-of-way from the demarcation of the area to be expropriated, it felled trees in the expropriated area. It is also true that Mr. [Name 001] met with representatives of CHEC, specifically with Engineer Luis León, and CHEC undertook to instruct its laborers and operators not to carry out any activity on his land again. In June 2019, CHEC finished the earth removal works in the right-of-way and the slope shaping, but all within the right-of-way. No activity was carried out on the expropriated land or on the farm where Mr. [Name 001] is the bare owner. It was indicated that it is not true that forestry engineer Luis Meneses is the project's environmental regent. It was accepted as true that CHEC asked forestry engineer Luis Meneses to carry out a quick review of the area and determine, under a methodology that started from the existence of environmental damage, the amount that integral repair would amount to, even though such repair is not applicable, in order to have an objective parameter to indemnify Mr. [Name 001], all this despite the fact that the area was going to be expropriated and that, in accordance with the Environmental Impact Study, CHEC is authorized to carry out construction activities in the expropriated area. Based on the foregoing, Mr. [Name 001] was offered compensation even higher than what resulted from the report prepared by engineer Luis Meneses, which Mr. [Name 001] rejected. It states that the report prepared by forestry engineer Luis Meneses is not proof of the damage caused because it starts from a series of assumptions and, therefore, reaches conclusions that are not accurate, since they were proposed by CHEC in good faith to facilitate negotiation that would allow avoiding litigation and seeking to accelerate the placing in possession, which was not achieved. It was accepted that on June 12, a meeting was held with Mr. [Name 001] and representatives of the Consejo Nacional de Vialidad. At that meeting, CHEC again assumed the commitment to carry out activities solely in the right-of-way. In reality, since the tree incident in April 2019, no new activity had been carried out on Mr. [Name 001]'s property. After the meeting, Mr. [Name 001] held a telephone conversation with the general supervisor of CHEC's branch 1, Mr. Luis Yogseng León Villagra, to whom he indicated that work was being done on his property again. Mr. Luis León explained that no work was being done on his property, but rather that work was being done on shaping the temporary slope within the right-of-way, which in total is 50 meters. It is absolutely false that earthworks (movimientos de tierra) were carried out on Mr. [Name 001]'s property, that environmental damage was caused, that vegetation, fauna, and existing trees on Mr. [Name 001]'s property were affected. In the strip of land under discussion, there was not and is not any forest, nor forestry or fruit tree plantations. It adds that it is true that Mr. [Name 001] resorted to the precautionary channel and his request was rejected, but it is not true that damages to his property were demonstrated. The damages must be demonstrated in ordinary proceedings. It raised the following substantive defenses: “Lack of standing to be compensated for environmental damage: The right to a healthy environment has been considered a fundamental right, whose affectation can not only impact one person, but by its nature affects the community. That is why standing in this matter tends to extend and broaden, justified by the doctrine of diffuse interests, according to which the original standing of the legitimate interested party or even the simple interested party is diffused among all members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them, so that practically any person can file administrative and jurisdictional remedies against an action or omission by any natural or legal person, private or public, that threatens to cause environmental damage. The foregoing was included in the Biodiversity Law in its Article 105, by granting standing to every person to take action in administrative or judicial venues in defense of biodiversity. However, because the protection of the right to the environment is of public interest and in many cases the affected environmental element is of public domain, standing to claim compensation for environmental damage is restricted; the contrary would be to accept the possibility that a private individual represents the public interest in terms of compensation. Mr. [Name 001] confuses 'procedural standing (which allows filing a claim), with the substantive right (what is sought), which must be held concretely to obtain a favorable decision, and that the damage caused to the community does not imply the automatic existence of personal damage nor standing to claim it' (Ruling 834-2015 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Therefore, although national regulations grant broad standing to take action, this is not the case for a person to receive the amount of compensation: 'Thus, despite the breadth in standing to claim environmental damage, compensation for collective damage cannot be awarded in favor of the specific private or public persons who have filed the claim. The holder entitled to receive them is the State (represented by the PGR) or those expressly determined by law. Compensation for indirect impact on private property or interests (individually borne damage) can be claimed only by the one who has suffered it, and it is such person, under the common rules of liability, who has the right to compensation' (Administrative Appeals Court. Judgment No. 00045-2016 of May 6, 2016). Although the claim does not clearly indicate what the environmental damage consists of, in the facts of the claim it refers to the report prepared by forestry engineer Luis Meneses, in addition to presenting another document with estimates of environmental damage which it claims to be compensated for. In both reports, economic estimates are mixed of damage that could have been individually borne by Mr. [Name 001], as well as others that, although inappropriate as will be demonstrated in this proceeding, would pertain to compensation for collective damage. However, the only body with standing to claim collective-type compensation is the Procuraduría General de la República, in its capacity as representative of the State as provided for in Articles 1, 3.a) and 3.i) of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, and the Forest Law indicates in its Article 58 [...]. From the foregoing, it is clear that the plaintiff does not have standing to request compensation for the alleged environmental damage regarding its collective elements, such as environmental services, because by law that representation corresponds solely to the Procuraduría General de la República. Defense of Lack of Right: (...) 1. Regarding the compensatory claims. Preliminarily, it is necessary to reiterate that we reject the existence of any generating event that can be considered as causing any damage. The plaintiff's subjective assessment that CHEC has 'destroyed' his property is absolutely unfounded because my client's actions have been carried out one hundred percent within the right-of-way, so it is incorrect to consider that it has exceeded its authority regarding the geographical scope of the works it executes. Nor does it delve into describing—or even indicating—the criterion of imputation of subjective civil liability under which CHEC would supposedly be responsible. It should be remembered that CHEC is a subject of private law, so the plaintiff must prove the criterion of imputation or the subjective attribution factor that justifies CHEC's alleged civil liability; it must be justified by whoever requests compensation such as that sought by the plaintiff. The connotation of the term 'destroy' may mislead the court, as a negative sense is attributed to the statement, implying that it is a serious harm or affliction that one should not have to endure. When the reality of things is that actions have been carried out that, from an objective point of view, cannot be considered an arbitrary impact but rather the legitimate exercise of a public interest activity, namely, the execution of public works of vital importance for the State, on lands that legally belong to or are in the possession thereof. a. Non-existence of the alleged material damage: The plaintiff claims, recklessly, that our client caused material damages that practically rendered the farm of the Partido de Limón [Value 008], of which he holds right 001, to the entirety of the bare property, unusable. [...] Although in the present case a jurisdictional attraction of administrative contentious jurisdiction operates due to the existence of a public procedural party, the truth is that for the liability that the plaintiff attributes to CHEC to be applicable, it would have to fehaciently demonstrate that an act was carried out that harms his rights and interests, that there is an effective causal relationship between our client's actions and the causation of that damage, and that such actions were carried out with intent or fault. The plaintiff should also prove the amount of said injury, and there should not exist an ideal and special procedural channel for the discussion of such issues. [...] (ii) The damage alleged by the plaintiff has not been generated [...] The plaintiff does nothing but recount a series of facts mixed with personal assessments. He does not demonstrate how the work carried out by CHEC within the right-of-way could have affected the property of which he is the bare owner. He does not substantiate the existence of a causal relationship, and it is clear that the reason for this deficiency is only one. Such damages do not exist, nor does a possible causal link exist between them (if they had occurred) and the works carried out by CHEC. (iii) CHEC has not acted with intent or fault. Although this is an administrative contentious proceeding, CHEC is a party in its condition as a third party that maintains a contractual relationship with the State. In this case, it participates in this proceeding due to the jurisdictional attraction provided for in the Administrative Contentious Procedure Code. However, it has not lost its status as a subject of Private Law, so the substantive rules provided for such natural and legal persons are applicable. Articles 190 and following of the General Public Administration Law contain the preconditions under which the liability of the Public Administration and its officials must be determined. Based on said regulations, strict liability is established for the Administration, which is liable to third parties for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation. And on the other hand, unlike said field of strict liability imputation, the liability of the public official is subjective in nature, since it is based on the existence of intentional or negligent conduct that causes damage to a third party or to the Administration. [...] In the present case, CHEC has acted within the right-of-way, carrying out the engineering actions necessary for its recovery and use in the expansion of Route 32. Our client acts as a State contractor, complying with the obligations assumed in the contract, in accordance with the designs made and the schedule agreed upon with the State. There is no evidence whatsoever from the plaintiff demonstrating that any of CHEC's construction interventions were carried out with the intention of affecting the property of which the plaintiff is the bare owner, nor that it employed inadequate methods, incorrect plans, or unsuitable machinery to carry out the works. It has not demonstrated that the personnel in charge of the work were negligently selected and supervised. The plaintiff relies on simple presumptions, which cannot give rise to the assignment of liability to CHEC. On the contrary, my client has acted in absolute adherence to best construction practices, paying attention to every detail to avoid causing the governed parties more inconvenience than they must inevitably tolerate due to the construction of infrastructure such as this. [...]”. It continues stating, in essence: b. Non-existence of environmental damage: it affirms that “CHEC has in good faith acknowledged its responsibility for the felling of trees in the area to be expropriated, which is very different from there having been an impact on the local fauna and flora and great environmental damage. CHEC has acknowledged, both in the negotiation process with Mr. [Name 001] and in the precautionary measure, that by mistake, it cut down the 30 trees indicated in the document prepared by forestry engineer Luis Meneses. However, that action is totally independent and different from the earthworks (movimiento de tierras) works carried out in the right-of-way. As is well known, when a highway is being built, once all the engineering work has been done (topographic surveys, forestry inventories, designs, field marking), one of the first activities carried out is the clearing of vegetation and felling of trees. For those activities, machinery that removes earth is not required; rather, trees are cut down and stacked at a site where a truck later comes to collect them and take them to sites authorized by SETENA for disposal of that material. Tree felling is also carried out in sections. That is, the highway has a length of 107 kilometers, so it is divided into several sections of several kilometers to carry out the work. In the case of the tree felling carried out for the right-of-way that passes in front of [Name 001]'s property, work had been underway on all the farms between the Madre Dios River and the Barbilla River, that is, within a perimeter of a little over 5 kilometers. [...] In the case of Mr. [Name 001]'s property, CHEC has accepted that it did cut down 30 trees that are in the area to be expropriated, so it has agreed to pay for the stumpage value of the wood. However, at no time did it carry out earthworks (movimientos de tierras) or major impacts on Mr. [Name 001]'s property. Nor has there been environmental damage as such. Note that the document prepared by engineer Luis Meneses for CHEC clearly states that 'I must clarify that this tree felling is covered by the Environmental Feasibility approved by SETENA for the expansion of national route No. 32'. Likewise, the document omits to refer to the type of ecosystem present at the site, as well as the destination of that already expropriated land, which has been recognized by [Name 001] himself as forming part of the highway. [...]”. c. Non-existence of moral damages: It alleges that “it gives the impression that what is sought is compensation for material damage under a disguise of moral damages because, in the statement of claim, it is limited to saying that this property represents a high value for his family, without substantiating the basis for saying such a thing [...] Finally, it must be emphasized that since there is no detailed and coherent line of argument as to what the generating event for this or these damages is, and since no causal link whatsoever is demonstrated, the appropriate action is to dismiss this part of the claim.” d. On the apportionment of damages: “We cannot fail to refer to the whimsical and unfounded apportionment that the plaintiff maintains, establishing a 70/30 ratio regarding the distribution of civil liability. The regime of joint and several liability, which would govern in matters of extracontractual civil liability in accordance with Article 1046 of the Civil Code and Article 201 of the General Public Administration Law, indicates that the compensatory obligation is of a joint and several nature among the participants. Therefore, given the impossibility of finding the regulatory support that justifies the plaintiff's request, the appropriate action is to reject the claim and abide by the existing legal regime”. It is argued that part of the claims raised are typical of the expropriation proceeding in which he is a party as the bare owner of the property in question. Aspects such as the extent of the area to be expropriated, the impact this may have on the property's value as well as the impact on the non-expropriated remainder, are aspects that will determine the fair price that the State must pay the owner to compensate for the material loss suffered as a result of the expropriation. This is clearly defined in Articles 29, 30, 39 and following of the Comprehensive Reform of Law No. 7495, Expropriations Law No. 9286, as well as in Article 110.4 of the Organic Law of the Judiciary. e. Non-existence of consequential damages: On this point, it was alleged: “Similarly, we vehemently reject the plaintiff's scarce and confusing argumentation regarding the alleged consequential damages. As a main point, he alleges the future loss of added value, which he does not even attempt to prove, given the impossibility of the task. There is no evidence of any certain future damage that all this activity causes him, since there is not even any basis to sustain real and current damage, and, since the future can only be a consequence of the present damage, it is not possible to grant this compensatory item”. Finally, it raises the “Opposition to the estimation: We oppose the estimation of the claim because it is a confusing operation as indicated in the opening lines of this response. In addition to this, in any case, there is a disproportion, as well as a lack of specificity and technical substantiation of the economic content of the process, sufficient reasons to oppose the estimation made by the plaintiff”. It requests that the claim be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay both sets of costs.

V.- Regarding the evidence offered for a better resolution: During the preliminary hearing, the co-defendant company CHEC offered documentary evidence as evidence for a better resolution, visible in images 398 to 422 of the judicial file, consisting of documentation provided in the expropriation file No. 20-00013-1028-CA of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, which is why the Case Management Judge granted a written hearing to all parties and reserved admissibility for the Trial Court in accordance with subsection 50(2) of the Administrative Contentious Procedure Code. The State representation referred to the evidence offered in a brief dated July 14, 2023, visible in image 431 of the main file. Additionally, during the oral and public trial, the plaintiff offered evidence for a better resolution consisting of photographs taken in June 2024 to observe the current state of the property once the infrastructure works in the expropriated area were completed, noting that it is useful for providing a real and definitive perspective of the slope facing the street, which materially makes pedestrian and vehicular access to the property impossible, rendering it an unusable tract of land. The Court granted an oral hearing to the defendant parties and reserved admissibility in accordance with subsection 50 CPCA. Regarding the discretionary admission of evidence for a better resolution, it is a reiterated criterion of the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice that its rejection does not cause the defenselessness of the parties (see Rulings No. 547-F-S1-2002 and No. 29-F-S1-1995, both from the First Chamber of the Supreme Court of Justice). As for the evidence for a better resolution offered by the company CHEC, it is admitted because it constitutes an update of pieces from the expropriation file No. 20-00013-1028-CA of the Administrative Contentious and Civil Treasury Court, given that it is evidence admitted during the preliminary hearing. Regarding the photographs offered by the plaintiff as evidence for a better resolution, they are rejected because they lack usefulness and relevance to the procedural object for the substantive resolution of the present matter, because they are not linked to the facts that are the object of the claim nor to the historical moment in which they occurred.

VI.- Proven facts. The following proven facts are of relevance for the purposes of this proceeding: 1) That the plaintiff is the owner of the registered bare ownership of the farm registered under real estate folio number [Value 011], Partido de Limón, located in the canton of Matina, Batán district, designated for agriculture, with the following boundaries indicated in the National Registry: North: public road, South: Porfirio Espinoza, East: Emanuel Araya, West: Porfirio Espinoza, with an area of fifteen thousand six hundred thirty-five square meters and forty-seven square decimeters according to plan No. [Value 006]. Right 002 belongs to Mrs. [Name 016], owner of the usufruct over the farm. Green land without buildings (registry certifications and cadastral plan in images 15, 45, 47, 346, 348 of the precautionary measure file and images 146 to 149 of the main file). 2) That a contract was signed between CONAVI and the company China Harbour Engineering Company de Costa Rica for the “Design, Rehabilitation and Expansion of National Route No. 32 Braulio Carrillo Highway, Section Intersection National Route No. 4 (Cruce a Sarapiquí-Limón)”, under the regulatory framework of Law No. 9293 of March 10, 2015, “Approves financing for the rehabilitation and extension project of national route No. 32 section Cruce ruta 4-Limón” where the general obligations of the contractor were established (Undisputed fact, images 49 to 53 of the precautionary measure file, contract endorsed on the Conavi website and comptroller endorsement on the CGR website). 3) That the plaintiff's property is located approximately between station 111+851 and 111+881, specifically at km 111+851.396 (images 311 to 313 of the precautionary measure file). 4) That on March 14, 2019, CONAVI and the Supervisor Consortium informed the plaintiff that his farm was going to be affected by an expropriation for the purpose of the expansion of national route 32 (image 58 of the precautionary measure file). 5) That in March 2019, without specifying the exact date, the co-defendant company CHEC felled trees, both in the right-of-way comprising a 25-meter strip from the center of the public road and in the area to be expropriated from the plaintiff's farm, without prior notice to the owner. (Undisputed fact, in connection with the express acknowledgment of the co-defendant company CHEC in its response to the seventh fact of the claim, visible in image 101 of the judicial file). 6) That on March 22, 2019, the plaintiff filed a complaint before CONAVI for invasion of property and felling of trees (image 59 of the precautionary measure file). 7) That on April 19, 2019, at CHEC's request, the Environmental Regent, Luis Gerardo Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, prepared a report that essentially indicates: “The present study is the economic valuation of the environmental damages caused by the company CHEC on part of the tract of land (approximately 0.30 hectares), registered under real estate folio of the province of Limón No. [Value 008], with cadastral plan No. [Value 006], property of Mr. [Name 001], identity card No. [Value 007], by cutting down 30 trees of 12 different species outside the right-of-way in the expansion of national route No. 32”. It was clarified that the study was done based on the verification of “stumps” (trunks and roots) present at the site, which allowed calculating an approximate number of trees felled in the strip to be expropriated. (Images 32 to 36 of the main file). 8) That on June 12, 2019, a meeting was held between the plaintiff, representatives of the company CHEC, and the Consejo Nacional de Vialidad, where the co-defendant CHEC assumed the commitment to carry out activities solely in the right-of-way (undisputed fact, in connection with images 66 and 67 of the precautionary measure file, images 151 to 153 of the judicial file, and the witness statements of Messrs. Luis Yogseng León Villagra and Jorge Coghi Fernández). 9) That by means of official letter from the Project Supervisor Consortium No. CDG-PR32-1244-2019 dated October 14, 2019, signed by engineer Ángel Meléndez Villalta, Project Manager, it was stated: “By this means I take the liberty of referring to the work carried out within the property of Mr. [Name 001], who filed a complaint indicating that the company CHEC entered his property without authorization and caused a major impact by carrying out earthworks (movimientos de tierra) and felling of timber trees last March. We proceeded to verify and provide feedback on what happened, regarding the alleged intervention made by the construction company between stations 111+851 and 111+881 between the days of May 31 and June 2 to June 7, according to our daily report records. After the complaint, the construction company installed an excavator very close to Mr. [Name 001] Arroyo's farm, but no intervention was made on his property: Subsequently, the attached photographs show, with yellow arrows, the property of Mr. Jorge Luis, a farm with intervention permits from the owner and where work was being carried out, and the red arrows show the property of Mr. [Name 001], a property in which there is no evidence of any activity after the complaint was filed. [...]” (images 336 to 338 of the precautionary measure file, underlining is ours). 10) That by means of a resolution issued at 3:28 p.m. on April 30, 2020, by the Administrative Contentious and Civil Treasury Court within the Expropriation proceeding against Mr. [Name 001] processed under file No. 20-000013-1028-CA, it ordered: “In view of the brief filed by the State representative on April 29, 2020; it is resolved: Given that the expropriated party is duly notified and the amount established in the administrative appraisal was duly deposited to them, then, once this resolution is notified and the two-month period for eviction has elapsed, the State may enter into effective possession of the property to be expropriated” (image 137 of the main file, underlining is ours). 11) That at the time of the facts described in the claim, the plaintiff's property consisted of an enclaved tract of land without access to the public road, without commercial activity, in the condition of an “abandoned cacao grove” (undisputed fact, in connection with the express statement of the plaintiff's representative in the conclusions rendered at the oral and public trial, which is recorded in audio and video, images 146 to 149, 151 to 153 of the judicial file, and the witness statements of Messrs. Luis Gerardo Meneses, Luis Yogseng León Villagra, Jorge Coghi Fernández). 12) That the entry onto the plaintiff's private property by the co-defendant company CHEC, without having the prior authorization of its owners and without the official placing in possession ordered within the expropriation proceeding, caused moral damages in the plaintiff's inner self (the record).

Regarding unproven facts: Of relevance for the resolution of this matter, the following are deemed unproven: 1- That the co-defendant company CHEC built an embankment (talud) on the plaintiff's property prior to the official transfer of possession (puesta en posesión) of the expropriated strip. 2- That the co-defendant company CHEC destroyed the access route to the plaintiff's property. 3- That the co-defendant CHEC destroyed and rendered the property valueless for use and commercialization, such that it cannot be sold or mortgaged because it is a landlocked estate (fundo enclavado). 4- That the plaintiff carried out harvesting activities on the farm and of timber located on the property. 5- That the updated amount of the commercial value of the felled timber within the plaintiff's property was determined. 6- That CONAVI incurred in faults and omissions regarding its duty of supervision and oversight of the contractor CHEC.

VIII.- Regarding the strict liability (responsabilidad objetiva) of the Public Administration: To impose liability on the Public Administration, it is necessary to prove, together with the real, effective, and individualizable damage, the causal link (nexo causal) with the administrative conduct accused of having caused the damage, pursuant to Article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). As for the term administrative conduct, it includes all forms of manifestation of the will of the Public Administration, be it material actions, which are those not supported by an administrative act or mere normal activity, omissive conduct, failing to do something obligated by the block of legality, and formal conduct, which would be the administrative act proper. Thus, the concurrence of four elements is required, namely: a) An injury (lesión), which consists of unlawful patrimonial damages, because the person suffering them has no duty to bear them; b) An administrative conduct to which the production of the alleged damage is linked; c) A causal link (nexo causal), formed by the existence of a direct cause-and-effect relationship between the act (administrative conduct) being attributed and the damage produced; and d) That no justifications exist, as their existence can legally disconnect the damage produced from the conduct of the Public Administration, such that the harmful effect is not attributable to it, breaking the causal link (nexo de causalidad) upon the occurrence of an exempting situation such as force majeure (fuerza mayor), the fault of the victim (culpa de la víctima), or the act of a third party (hecho de un tercero). The regime of patrimonial liability of the State and its institutions, provided for in Articles 9 and 41 of the Political Constitution, and 190 et seq. of the General Law of Public Administration, is therefore essentially strict in nature, so for liability to arise, it is sufficient that there is compensable damage, an administrative conduct, and a causal link between them. There is a clear need to demonstrate the existence of a relationship between the claimed damage and the conduct displayed by the Public Administration, that is, the causal link. In doctrine, different criteria for objective imputation have been indicated, but adequate causation (causalidad adecuada) must be highlighted. Regarding this criterion of causation, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, in its ruling 251-F-06 at 10:30 a.m. on May 25, 2006, in conjunction with the theory of efficient cause, explained that: "XIV.- The causal link as a prerequisite for liability. The diverse typology of causes. (...) it remains to be established whether the administrative inaction of the Ministry of Health, by not verifying, prior to issuing the health and operating permit, whether the roundabout complied with the standards provided by the General Health Law, was the direct or indirect cause of the damage, given that the estimation of the claim depends on the demonstration of the existence of a causal link, in its traditional notion of cause-effect. In this regard, it should be recalled that in the production of damage, multiple factors often concur, within which it is necessary to determine those that are the direct or indirect efficient and adequate cause of the harm caused (...) In that confluence of factual or legal elements surrounding the harmful situation, the Judge must establish, based on the evidence in the proceeding, whether the specific action consisting of an administrative operation, or the abstention from deploying the functional framework imposed by the Legal System, is a suitable cause for the generation of the damage (...). That is, to infer the efficiency of the cause deemed adequate, it is essential to deduce if it is the producer of the injury, so that if it were eliminated, it is rational to deduce that the damage would not have occurred. The foregoing presupposes an evaluative exercise to displace from the framework of consideration those causes that had no influence on the result (foreign causes), from those which, had they not occurred, would have prevented the harm. It is a kind of objective prognosis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific damage will occur. In this understanding, the causal link imposes itself as the inexorable relational bond between the damage and the administrative conduct, such that without the latter, the former probably would not have occurred. It is clear that the determination of this factor depends to a high degree on the examination of the evidence brought to the proceeding by the litigating parties. From this evidence, the Judge can deduce whether, within the particular factual picture, the actions of the State entail its liability, for having associated its operation with the generation of the injuries." The First Chamber leans towards the theory of causation of damage in conjunction with the theory of the efficiency of the cause, to establish the one that presents the greatest aptitude to generate the damage with greater efficacy and selects from all the conditions that which supposes a maximum possibility in the contribution to the harmful result (greater intrinsic power to cause the damage). In this way, the aim is to individualize the facts or omissions that have an effective influence on the harm claimed by the injured party or that at least sustain a degree of objective probability in their influence on it (judgment of probability of the result based on the facts deemed proven, carried out according to the rules of experience). In any case, it is necessary to indicate that the party invoking it bears the burden of the respective demonstration of the existence of said causal link between the act considered to be the generator of the damage and the damage itself. It is based on these considerations that liability is to be determined. In liability for administrative omission (omissive conduct), what is analyzed is whether the Public Administration has a legal duty to perform a conduct and whether it breached that duty. In those cases of omission, the exemptions from liability of force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), and the act of a third party (hecho de un tercero) equally apply; therefore, should any of them concur, it is understood that the public entity to which the administrative omission is attributed is not responsible, and therefore, there is no liability. From the foregoing, it is clear that it is not sufficient to invoke damage, but its existence and the causal link that unites it with the conduct or omission of the responsible entity must be convincingly demonstrated.

IX.- Regarding the specific case: The filed claim consists of a civil treasury proceeding whose object is circumscribed to the indemnity claim of the plaintiff, who demands compensation for the alleged invasion suffered on private property prior to the official transfer of possession of the expropriated strip and the damages derived from such material actions. The foregoing, as was established in the resolutions that settled the filed plea of lack of jurisdiction (excepción de incompetencia), specifically resolution No. 76-2021 at 11:55 a.m. on January 20, 2021, of this Court and resolution No. 2441-C-S1-2022 at 2:40 p.m. on November 3, 2022, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which in its core stated: "[...] In the case under study, compensation is requested against the defendants, on the grounds that, apparently, they illegally entered the plaintiff's property without yet having the respective permits, and built an embankment (talud) on the property, and caused environmental and material damages that prevented the plaintiff from entering his property. In accordance with what was requested, since patrimonial and moral liability is sought against the State (Article 190 et seq. of the General Law of Public Administration), this proceeding falls within the matters cognizable by the Administrative and Civil Treasury Court." (images 288 to 292 of the judicial file. Underlining is ours). It is highlighted that no annulment claim, nor any claim related to the expropriation proceeding or the items pertaining to the fair price (justiprecio), forms part of the object of this proceeding. Based on what has been clarified, this Court will issue a ruling in strict adherence to what was requested by the plaintiff and will omit any argument lacking a claim clearly deduced in the complaint. By reason of the foregoing, this Court deems the claims of the complaint to be partially admissible, based on the analysis set forth below.

1.- Regarding the alleged damages to the property infringed by the construction of an embankment (talud) that prevents access and full use of the property since the first months of 2019, calculated at [Value 003] million colones: The plaintiff claims that without having given any authorization for works of any nature to be carried out on the property, neither to Conavi nor to Chec, nor having been notified of the existence of any expropriation proceeding, the mentioned company, during the first months of 2019, invaded and intervened on his property without any permission. He alleged that Chec built an enormous embankment (talud) that materially prevents entry to it, and that to gain access, authorization must be requested from the adjoining neighbor, as access via Route 32 was no longer possible. To prove his theory, the plaintiff provided photographs and videos on file in the judicial record, the topographical report by Engineer Jimmy Madrigal, and the testimony of Messrs. Eduardo Romel Josephs and Rodolfo Delgado Conejo. The accusation is not admissible. It is necessary to reiterate that to demand the strict liability (responsabilidad objetiva) of the Public Administration together with the contractor CHEC, it is necessary to prove the fulfillment of certain legal requirements that were set out in the previous Considering (Considerando) and which are summarized as follows: a) Damage (daño), which must be proven to be real, effective, and individualizable; b) An administrative conduct (conducta administrativa), which includes material actions and omissions; c) A causal link (nexo causal), which under the theory of efficient cause requires demonstrating the cause-effect link between the accused conduct and the claimed damage; and d) Absence of justifications, specifically the presence of the fault of the victim (culpa de la víctima) and the act of a third party (hecho de un tercero). In the case under analysis, according to claim No. 1, the damage claimed linked to the construction of the embankment (talud) comprises two items: 1) damage for preventing access to the property and its use, and 2) damage for disrespecting private property by having built the embankment (talud) on the expropriated strip before the official transfer of possession (puesta en posesión) and without the owner's permission. In relation to the first part of the damage, referring to the impediment of access and use of the plaintiff's property, the damage alleged due to the construction of an embankment (talud) was not proven. On the contrary, it was proven that, at the time of the events described in the complaint, the plaintiff's property was a landlocked estate (fundo enclavado) without access to a public street and without commercial activity, in the condition of an "abandoned cacao grove (cacaotal abandonado)" (proven fact No. 11). The Court reached this conclusion after analyzing the entirety of the evidence in the file, with the express acknowledgment made by the plaintiff's representative during the conclusions rendered at the oral and public trial, recorded in audio and video, being relevant, where he clearly stated that the plaintiff's property lacked access from the public street. In addition to the above, in the testimonial statements of Messrs. Luis Gerardo Meneses, Luis Yogseng León Villagra, Jorge Coghi Fernández, who visited the plaintiff's property on the occasion of the claim filed before CONAVI, they stated that they entered through the adjoining neighbor's property due to the topography of the land. This is consistent with the expert report prepared by Engineer Napoleón Román Álvarez within the expropriation proceeding file 20-000013-1028-CA, visible in images 146 to 149 of the judicial file, which in the relevant part indicated: "[...] Currently it is a 'green' lot (without any construction), it also had vegetation characteristic of the area, species such as Laurel, Cedro, etc., as declared by the owner at the time of the on-site inspection. Currently, entry is made through the entrance of an adjoining neighbor. The boundaries are not physically located, they are estimated according to criteria of the existing vegetation (sic), the front of the property does not have a sidewalk, nor a curb and gutter. The land is situated on a level with reference to Route 32, it does not present a defined entrance or access to the property. [...]" (underlining is ours). Additionally, in the document called "Analysis Sheet for Invasions" dated June 10, 2020, visible in images 151 to 153 of the judicial file, Engineer Jorge Coghi Fernández, regarding access to the plaintiff's property, stated: "[...] Conclusions: 1. From the orthophotos and previous records of CHEC de Costa Rica and CONAVI, it is determined that there was no access to this farm. Unlike neighboring farms which do have access. [...]" (underlining is ours). In the same vein, it is deemed unproven that the plaintiff had carried out harvesting activities on the property, nor was any type of evidence provided in this regard. What was proven from the testimonial statement of Mr. Luis Gerardo Meneses Valverde, who stated he is a forestry engineer in private practice since 2004, was the condition of "abandoned cacao grove (cacaotal en abandono)," an element that the plaintiff did not refute in any way. Nor was it possible to prove in the proceeding the alleged disrespect to private property for having built the embankment (talud) on the expropriated strip before the official transfer of possession and without the owner's permission. On the contrary, it is on record that through official letter from the Project Supervisory Consortium No. CDG-PR32-1244-2019 of October 14, 2019, signed by engineer Ángel Meléndez Villalta, Project Manager, it was indicated: "By this means I refer to the works carried out within the property of Mr. [Name 001], who filed a complaint indicating that the company CHEC entered his property without authorization and caused significant damage by carrying out earthworks (movimientos de tierra) and cutting down timber trees last March. A verification and feedback process was carried out regarding what happened, regarding the alleged intervention made by the construction company between stations 111+851 to 111+881 between May 31 and from June 2 to June 7, according to our daily report records, subsequent to the complaint, the construction company installed an excavator very close to Mr. [Name 001]'s farm, but no intervention was made on his property: The attached photographs show with yellow arrows the property of Mr. Jorge Luis, a farm with intervention permits from the owner and where works were being carried out, and the red arrows show the property of Mr. [Name 001], a property on which there is no evidence of any activity after the complaint was filed. [...]" (proven fact No. 9 in images 336 to 338 of the precautionary measure file, underlining is ours). The evidence provided by the plaintiff to prove this point was insufficient to demonstrate his theory on this matter, as analyzed below. The report of Engineer Jimmy Madrigal Mora dated March 5, 2020, visible in images 26 to 31 of the main judicial file, is insufficient because it is incomplete to demonstrate that the embankment (talud) was built on the expropriated strip before the official transfer of possession ordered by the Contentious-Administrative Court. This is so because, upon analyzing the indicated written expert report together with the testimonial statement rendered at the oral and public trial by the party expert Jimmy Madrigal Mora, he clarified to the Court that he surveyed the property at the plaintiff's request to determine the affected area of 2 thousand meters and a remainder, that he prepared his report without reviewing the expropriation file, that it was the owner who showed him the stakes, but he did not see who placed them, and that his report was not accompanied by the layout to determine the areas. Of special relevance was the response of the expert Madrigal, who answered directly and clearly that he "does not know when the earthworks (movimientos de tierra) occurred." The other witnesses offered by the plaintiff, namely Messrs. Eduardo Romel Josephs Watson and Rodolfo Delgado Conejo, focused their statements on the difficulties of access to the plaintiff's property due to the topography of the farm, without referring to the construction of the embankment (talud) nor to the details of manner, time, and place, given that they did not have direct knowledge. Moreover, the photographs and videos provided are equally insufficient, as they do not demonstrate the essential conditions of manner, time, and place. On the other hand, the plaintiff does not question or refute the report issued by the Supervision Consortium for the Expansion of National Route 32, which concluded that the earthmoving works were carried out within the right-of-way (derecho de vía) and that no intervention was made after the complaint filed by the plaintiff in March 2019. It should be clarified here that the right-of-way (derecho de vía) is the strip of 25 meters on each side of the public street, owned by the State, of public domain (demanial) nature, intended for the construction of road works for vehicle circulation and other works related to safety, ornamentation, and pedestrian use, generally comprised between the boundaries that separate it from the public or private lands adjacent to the road, as established in Articles 33 of the General Roads Law (Ley General de Caminos) and 5 of the Construction Law (Ley de Construcciones) Law No. 833. For this reason, the intervention of Conavi and its contractor in the right-of-way (derecho de vía) was permitted, as it is a public good. In the testimonial statement rendered at trial by Mr. Luis Yogseng León Villagra, who stated he is a civil engineer and an employee of the company CHEC, serving as the person in charge of supervising the works on Route 32, he stated in essence that: "they had 25% progress on the property of [Name 001] when they realized it was not the property. That day they only cut trees; there were no earthworks (movimiento de tierras). He gave the order to stop the work. The works continued in the right-of-way (derecho de vía). In the area to be expropriated, they were reactivated when he received communication from his immediate superior. It was stopped in the area for a year. He does not know who gave the order to enter. A mistake was made upon entering. He did not build the embankment (talud). Other colleagues did the cutting." The foregoing statement merits the credibility of this Court as it is consistent with the documentary report of the Work Supervision Consortium, which was not attacked or rebutted by the plaintiff in any respect. Given the nonexistence of the claimed damage, which is the essential element for attributing liability to the Public Administration, the analysis of the remaining elements (causal link and causes for exoneration) becomes unnecessary, since the proof of all the legal requirements is indispensable to demand reparation for the damage. Consequently, the first claim is rejected due to lack of proof of real damage.

2.- Regarding the total damages in an area of 2600 square meters, with total deforestation (deforestación total) and destruction of the felled timber, which prevents enjoyment and use of that land and the harvesting of the timber, from the first months of 2019 to the present date: [Value 003] million colones. In the specific case, the plaintiff alleged that the constitutional right to private property was violated by entering an area greater than that which would eventually be expropriated, approximately 700 square meters, generating damages such as deforestation (deforestación), change of vegetation, in short, destroying everything that was on that property, since CHEC decided to fell the trees and subsequently dispose of the cut species for a use unknown to the plaintiff, curtailing that right as the legitimate owner. This court deems the claim to be partially admissible. It is clarified that matters related to the greater measure required of the strip to be expropriated within the plaintiff's property do not form part of the object of this matter nor of the analysis of this Court. The foregoing is an item exclusive to the expropriation proceeding and the setting of the fair price (justiprecio), an aspect that was expressly excluded from the object of this proceeding when the parameter of the claim was set by the First Chamber in resolution No. 2441-C-S1-2022, which resolved the objection against resolution No. 76-2021 of the Contentious-Administrative Court that defined jurisdiction to hear this matter in the contentious-administrative jurisdiction. In the same vein, no ruling is made on any potential environmental damage, as there is no claim in this regard. According to claim No. 2 of the complaint, the damage claimed due to the felling of trees comprises the felled trees that were located within the plaintiff's property and the disrespect for private property by entering without the owner's permission and before the official transfer of possession. In the present matter, the express acknowledgment by CHEC of the accused material action was proven in its response to fact seven of the complaint, visible in image 101 of the judicial file, where it literally stated: "[...] It is true that, in April 2019, my represented party felled trees in the right-of-way (derecho de vía). Additionally, and due to an error by the laborers who did not know how to differentiate the demarcation of the right-of-way (derecho de vía) from the demarcation of the area to be expropriated, it felled trees in the expropriated area. It is also true that Mr. [Name 001] met with CHEC representatives, specifically with Engineer Luis León, and CHEC undertook to instruct its laborers and operators not to perform any activity on his land again [...]" (proven fact No. 5, underlining is ours). It is deemed proven that on March 22, 2019, the plaintiff filed a complaint before CONAVI for invasion of property and felling of trees (proven fact No. 6). It was verified that on April 19, 2019, at the request of CHEC, the Environmental Regent (Regente Ambiental), Luis Gerardo Meneses Valverde, CDG. CIA 2233, a forestry engineer, prepared a report that in its core indicates: "The present study is the economic valuation of the environmental damages caused by the company CHEC in part of the estate (approximately 0.30 hectares), registered under the real folio of the province of Limón No. [Value 008], with cadastral plan No. [Value 006], owned by Mr. [Name 001], identity card No. [Value 007], by cutting 30 trees of 12 different species outside the right-of-way in the expansion of national route No. 32" (proven fact No. 7, underlining is ours). During the testimonial statement rendered at the oral trial, Mr. Meneses Valverde stated that the study was done to quantify the cut trees because entry was made by mistake, based on the verification of "stumps (tocones)" (trunks and roots remaining in the ground) present at the site, which allowed him to calculate an approximate number of trees felled in the strip to be expropriated. He stated that he made an approximate calculation of the value of the timber by diameter, species, and height, measuring the cut trees that were still on the farm and an amount for reforestation. According to the above, the updated amount of the commercial value of the timber felled within the plaintiff's property is not on record. Moreover, it is an uncontested fact that on June 12, 2019, a meeting was held between the plaintiff, representatives of the company CHEC, and the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), where the co-defendant Chec assumed the commitment to carry out activities only in the right-of-way (derecho de vía), without the parties reaching any economic agreement on the price of the felled trees. Based on the foregoing, the accused conduct is deemed proven, as there was an inexcusable error by the employees of the contractor company CHEC, the product of negligence and gross fault in reviewing the location coordinates of properties with "Voluntary Transfer of Possession (Entrada en Posesión Voluntaria) granted by the owner" EPV and of farms that had not been expropriated and did not have the transfer of possession that would have enabled them to enter the land; consequently, this was not even asserted by this defendant to the contrary, nor did they have permission from their owners. The company CHEC acknowledged that without previously consulting CONAVI authorities, it entered the plaintiff's farm without the owner's permission and without the judicial transfer of possession (puesta en posesión judicial) being formally notified, and that they proceeded to fell trees within the farm in question. In the same vein, the causal link (nexo causal) is proven between the material action of the contractor CHEC of entering private property without the owner's permission and the damage of felling trees without prior authorization, thus causing a patrimonial loss that the farm owner should not have to bear. No cause for exoneration of the contractor's liability is proven. Now, having determined a certain, effective, and individualizable damage consisting of the felling of trees within the plaintiff's private property without his permission, leaving only the economic quantification of the updated value of the timber, it is necessary to analyze to whom liability and the corresponding economic compensation should be attributed. Initially, it is highlighted that the contracting between CONAVI and the company CHEC corresponds to a Commercial Agreement between Costa Rica and China, under the conditions and terms of Law No. 9293 of March 10, 2015, and the contract signed between both contracting parties. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in ruling No. 13490-2015 at 11:31 a.m. on August 26, 2015, hearing the action of unconstitutionality against Law No. 9293 and the interpretation of the Comptroller General's Office regarding subsection 1.b) of Article 2 of the Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa), ordered:

"[...] IV.- ON THE CONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION B) OF ARTICLE 2 OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACTING LAW. Although this action does not directly challenge the exception contained in subsection b) of Article 2 of the Administrative Contracting Law, the truth is that prior to resolving the alleged constitutionality in this action, it is necessary to carry out an analysis of this subsection, given that the direct contracting referred to by Law 9293 challenged here was authorized based on this norm. Article 2 subsection b) of the Administrative Contracting Law provides that:

"Article 2.- Exceptions

The following activities shall be excluded from the competitive bidding procedures established in this law:

a) [...]

b) Agreements entered into with other States or with subjects of public international law.

[...]"

As indicated in the previous considering (considerando), there are highly qualified cases in which, for reasons of urgency, necessity, or due to their nature, the use of competitive bids or bidding procedures hinders or undermines the possibility of satisfying the public interest. Within the exceptions for reasons of urgency or necessity, one can cite, for example, cases where due to events of nature such as earthquakes and floods, the need arises to contract for the restoration of road structures or the purchase of supplies, among others, which, due to their urgent nature, cannot wait for the completion of bidding procedures. However, as for exceptions based on the nature of the act, international negotiations with other States are included, which is precisely the one established by subsection b) of Article 2 of the Administrative Contracting Law. In the judgment of this Chamber, the exception contained in said subsection is constitutionally valid, since it refers to cases of contracting in the field of Public International Law, which, by its nature and characteristics, is an autonomous legal order, governed by rules and principles different from those of the domestic system, among them the principle of good faith, reciprocity, sovereignty, autonomy of will, and cooperation, but mainly, it is based on the full consent of the States."

Thus, in accordance with those principles, States, through their representatives, may enter into negotiations and conclude cooperation agreements or arrangements and contract public works, in order to obtain in this manner the support, resources, advantages, and conditions offered by international cooperation relations, with the aim of satisfying a public interest in an agile, efficient, and timely manner. It is clear, of course, that in order to execute and enforce the agreement within the domestic legal order, it must be incorporated through a legal mandate, which effectively corresponds to the Legislative Assembly. By reason of the foregoing, when dealing with negotiations between two entities of Public International Law, one State cannot impose on another its internal contracting system, nor the use of competitive bidding procedures (procedimientos licitatorios); it is rather a matter of consensus between both States at the time of contracting, and therefore the legislator chose to exclude this type of contracting from the competitive bidding procedures established in the Ley de Contratación Administrativa, not only because of the special nature of these acts, but also to avoid hindering and obstructing international cooperation relations with other countries, and consequently, affecting the public interest sought to be satisfied. In any case, it should be recalled that the fact that the contracting is authorized directly does not exempt the State from the responsibility of controlling, supervising, and adopting the necessary and timely measures so that the works are executed in accordance with the Law, with what was agreed, and efficiently. Under such circumstances, this Chamber considers that the exception contained in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa is consistent with Constitutional Law.

V.- ON THE CONSTITUTIONALITY OF LAW 9293. Having analyzed the constitutional conformity of subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa, it is appropriate to analyze the rule challenged in this action, namely Law 9293, in order to determine if the direct contracting it regulates falls within the exception presupposition referred to in said subsection b), given that the plaintiff's allegation is, precisely, that the rule directly violates Article 182 of the Constitución Política, which requires a competitive bidding procedure for contracting, since in his opinion, it authorizes direct contracting with a public company even though it is not a State, nor a subject of international law of those mentioned in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa, the foregoing, without a competitive bidding procedure existing. However, this Chamber notes that Law 9293, from its first article, establishes that:

"Se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China sobre el Otorgamiento de una Línea de Crédito Preferencial a la Parte Costarricense por la Parte China." (Highlighting is not original) Likewise, in accordance with Article 2 of the same Law, it is established that:

"ARTÍCULO 2.- Aprobación del financiamiento. Se aprueban el Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura, el Contrato de Préstamo Concesional por seiscientos veintiocho millones de yuanes (¥628 millones) y el Contrato de Préstamo Comercial y sus respectivas adendas por un monto de doscientos noventa y seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$296 millones), suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Importación y Exportación de China, el 3 de junio de 2013, y que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón.

[…]

"Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura sobre PROYECTO DE DISEÑO, REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RUTA NACIONAL NO. 32 Entre El Gobierno de la República de Costa Rica Representado por el Ministerio de Hacienda como Prestatario y El Banco de Exportación e Importación de China como Prestamista

El presente Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura al que de aquí en adelante nos referimos como "el presente Contrato") se celebra entre el Gobierno de la República de Costa Rica representado por el Ministerio de Hacienda y el Banco de Exportación e Importación de China.

Por cuanto: -------------------------------------------------------

1) El 3 de junio del 2013, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) formalizaron el Contrato Comercial ( CC ) sobre la implementación del Proyecto para el Diseño, Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional No. 32 (en adelante el "Proyecto"), con un monto total de 465,593,387.06 dólares de EE.UU. (US$ Cuatrocientos sesenta y cinco mil millones quinientos noventa y tres mil trescientos ochenta y siete con seis centavos). El Gobierno de la República de Costa Rica (GRCR) representado por el Ministerio de Hacienda (el Prestatario) solicita un Préstamo del Gobierno de la República Popular de China (GPRC) para financiar en parte el Proyecto.[…]" (Highlighting is not original)

In that sense, from a simple reading of the challenged law, it is evident, in the first place, that the object of the law is, on one hand, to approve the financing agreed upon between the Government of the People's Republic of China and the Government of Costa Rica, to finance the project for the rehabilitation and extension of national route No. 32, section cruce ruta 4-Limón, as well as the terms and conditions under which said financing will be carried out. In that sense, this Chamber notes that contrary to what the plaintiff claims, the negotiation approved in the challenged law does occur between two States –Costa Rica and China– and not between Costa Rica and an international public company; a situation that clearly falls within the exception case contained in subsection b) of Article 2 of the Ley de Contratación Administrativa. Likewise, it is verified that the approved financing is for the rehabilitation and extension of Route 32, a work that is of clear public interest, since it is the national route that connects the Capital with the province of Limón, which besides being one of the main routes of the country, has great economic and commercial importance as it constitutes a channel for the transport and distribution of products and goods unloaded at the port of Moín in Limón. Now, regarding the subjects involved in the project, as indicated in the preceding recital (considerando), from the point of view of international relations, States, in exercise of their autonomy of will, may agree on the terms and conditions under which the financing will be carried out, which includes the designation of the bodies and subjects that will physically be in charge of executing the agreements. With greater reason, when dealing with financing of public works –as occurs in this case– the lending State, like any other creditor, can validly establish certain conditions or requirements with the purpose of protecting its funds and reducing credit risks, and therefore it may even choose the company that will carry out the work, not only due to its condition as creditor, but also as part of the negotiation reached by both States. In the particular case, it is observed that as a result of the agreements reached by both Governments, everything related to the financing resources will be handled by the Ministerio de Hacienda on behalf of the Government of the Republic of Costa Rica, and the Export-Import Bank of China on behalf of the Government of the People's Republic of China. Now, regarding the execution of the public works for which the financing was requested, both States agreed to designate the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) on behalf of the Government of Costa Rica and the company China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), on behalf of the Government of China; all of the foregoing, as a direct consequence of the negotiation and the agreements reached by both States. It is not, therefore, a matter of the isolated contracting of a public company to carry out a specific work, but rather one of the points agreed upon between two States in the sphere of international negotiation. In this way, it is observed that the contracting and intervention of the company CHEC mentioned by the plaintiff and upon which his challenge is centered, is nothing more than the product of the negotiation carried out by the Government of China and the Government of Costa Rica, who, upon agreeing on the financing terms, designated the bodies and subjects that would be in charge of disbursing and controlling the funds, and those that were to execute the work, which in the case of the former are the Ministerio de Hacienda and the Bank of China, and in the latter, CONAVI and the company China Harbour Engineering Company Ltd. Consequently, this Chamber considers that the challenged law is not contrary to the provisions of Article 182 of the Constitución Política, since it is one of the cases of exception previously, expressly, and exhaustively authorized by the legislator in Article 2, subsection b) of the Ley de Contratación Administrativa; given that what was authorized by the legislator in Law 9293 is a financing agreed upon between States, as part of the international cooperation relations between both countries, the purpose of which is to satisfy a public interest; therefore, the exception to competitive bidding procedures in this case is constitutionally valid. [...]". (Underlining is ours).


From the foregoing, it is deduced that the contract signed between CONAVI and the company CHEC is framed as a special type of negotiation, with regulations and particular terms agreed upon by the contracting parties of mandatory application. In the same vein, the Contraloría General de la República, through official communication No. 05262 of April 26, 2016, DCA-1062, granted approval (refrendo) to the contract and to Addenda 1, 2, 3, and 4 of the "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", signed between the Consejo Nacional de Vialidad and the companies China Harbour Engineering Company Limited and China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A., for an amount of $[Valor 012], under the lump sum (suma alzada) modality, emphasizing the differences of said contracting:

“[...] Particularly, in relation to the selection of the contractor, China Harbour Engineering Company Limited, it is necessary to point out that its designation as the company in charge of the execution of this project is given by the legislator itself, through Law No. 9293 with which the “Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón” is approved. In this regard, it is noted that as part of the conditions established by the Export-Import Bank of China to grant the financing, it was stipulated that the company in charge of the project execution had to be a Chinese company; this is recorded in document DCI-406-13 of September 4, 2013, which shows that within the negotiation, it was the Government of the People's Republic of China itself that initially proposed the company China Harbour Engineering Company Limited for the execution of the project. As part of the negotiation, our country accepted such designation, which materialized in a Commercial Agreement and was later validated by the legislator, through the enactment of Law No. 9293. [...]”. (Underlining is ours).


Regarding CONAVI's responsibility, the indicated approval (refrendo) by the Contraloría made special reference to the issue of expropriations of private properties and specified the following:

“[...] Consequently, the Council will timely structure a strategy to address the risk associated with expropriations, in the functions corresponding to each party. The foregoing because this is an extremely sensitive issue for the success of the project, such that it would impact not only construction times but could also affect the financing obligations. It is for this reason that the Council is reiterated that it is its exclusive responsibility that the different activities relating to this issue are developed in a timely and efficient manner, defining for this purpose those in charge of managing the indicated risk and enhancing the possibility of meeting the set dates.

For this purpose, given the relevance this issue represents in the project in question, CONAVI must define the general guidelines for managing the risks inherent to the processing of expropriations, all in order to avoid delays in the execution of the work program, particularly its critical path, and to comply with the execution period defined by the parties, namely a total of 42 months (design stage 8 months counted from the design start date and construction stage 34 months counted from the construction start date and provided that environmental viability (viabilidad ambiental) is available, granted by SETENA), and that the properties necessary for the execution of the works are attended to in a timely manner, as well as to avoid possible claims that could be caused by the contractor if considered to be compensable events. [...]”. (Underlining is ours).


With respect to the responsibility of the contractor CHEC, the contract signed and approved (refrendado) by the Contraloría General de la República specifically established a clause of exclusive assumption of responsibility by the contractor for all damages caused to third-party property, which is in force and fully applicable to the case under study. Specifically, clause 17.1 establishes:

“17. Risks and Responsibilities. 17.1 Indemnities: The Contractor, being responsible for the execution of the Works, shall be responsible for all claims, damages, losses, and expenses (including legal fees and expenses) related to damages to or loss of any properties, whether real or personal, to the extent that said damage or loss occurs as a result of or during the course of the Contractor's design, the execution and completion of the Works, and the repair of any defects. / The Contractor undertakes towards third parties, for acts or events arising from its operations, due to fault, negligence, or lack of skill of its employees or third parties that occur during the fulfillment of the object of this contract. The Contractor shall be solely responsible for the work risks of all its personnel, as well as any injury, death, or harm to third parties, in addition to damages to the property of third parties, regardless of whether the damages and losses caused by these events exceed or not the amounts defined in the insurance policies available to the Contractor or its subcontractors” (underlining is ours).


In the particular case, the damage caused by the material action of the company CHEC in entering the plaintiff's property without his permission and cutting down the trees due to an inexcusable error resulting from the negligence of its employees, who acted without previously verifying the location coordinates of the properties that did have permission from their owners, was proven. The foregoing qualifies as gross negligence (culpa grave) by the contractor CHEC due to the disrespect for private property and the patrimonial damages caused by the cutting down of trees without the owner's permission, which it must fully assume. The Diccionario Usual del Poder Judicial defines gross negligence (culpa grave) as follows: “Highest degree of negligence in the fulfillment of obligations. There is doctrine that, by virtue of the great lack of diligence, equates gross negligence to willful misconduct (dolo). || Total carelessness or absolute disregard of precaution to avoid harm. || Inexcusable ineptitude”. It is estimated that the company CHEC and its employees did not exercise the minimum diligence necessary when entering private properties to ensure they had the owner's permission or judicial possession, as was its responsibility and duty. In order to determine the updated amount of the timber, the matter is referred to the Judgment Enforcement phase so that, with expert assistance, the amount owed for the trees cut down on private property can be quantified, according to the inventory conducted by engineer Luis Gerardo Meneses Valverde on April 19, 2020, visible in images 32 to 36 of the main case file. It is not appropriate to recognize payment for reforestation or for forest services (servicios forestales) for forest maintenance, as it was not proven that the plaintiff carried out such actions. Regarding the liability claimed against CONAVI, the alleged failure in the duty of oversight and supervision of the contractor CHEC was not proven in the case file. Nor were any of the communications made by the Council to the company CHEC, aimed at informing, communicating, and organizing the execution of the work together with the Project Supervising Consortium, refuted by the plaintiff. Additionally, the plaintiff did not argue with clarity and sufficiency the alleged failures in CONAVI's duty of oversight and supervision, nor did he provide the rigorous proof, which mandates the rejection of this claim. Finally, the claimed distribution of percentage liability distributed 70% to the company CHEC and 30% to CONAVI is rejected because it lacks any regulatory support, given that the valid contractual norm, approved (refrendada) by the controlling body, establishes 100% liability on the contractor CHEC for damages to third-party property, without any contractual clause having been challenged.

3.- Regarding the damages to the remainder of the property, which, since the first months of the previous year, has been left as a landlocked (enclavado) parcel: [Valor 004] million colones, without vehicular or pedestrian access, without the possibility of being built upon, mortgaged, or commercialized. Value per square meter according to the value set in the expropriation process: 4129.00 colones. Remainder of the property not expropriated in square meters: 13653.47. A ruling on claim No. 3 of the complaint is omitted, since the damages to the remainder correspond to an exclusive item of the just compensation (justiprecio) that must be reviewed within the expropriation process and that does not form part of the procedural object defined by the Sala Primera in this judicial process.

4.- Regarding the loss for not being able to use the timber, nor the entirety of the property, since the first months of the previous year: 15 million colones. A ruling on claim No. 4 of the complaint is omitted, as it is a reiterated claim, and must adhere to the analysis carried out for claim No. 2.

5.- Regarding the subjective moral damages (daño moral subjetivo) for the infringement of the right to private property, valued at 5 million colones. This Chamber grants it partially, for the reasons explained below. Subjective moral damages (daño moral subjetivo) is that which occurs when a non-patrimonial right has been injured without affecting the patrimony, normally implying an unjust disturbance of the individual's emotional conditions: upset, discouragement, despair, loss of satisfaction in living, etc. Since it implies an unjust disturbance of emotional conditions, it does not require direct proof but can be inferred from human presumptions. In this sense, in judgment No. 96 of 4:00 p.m. on January 29, 2009, the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia indicated that "regarding the proof of moral damages, the principle is as follows: its existence and severity must be proven, a burden that corresponds to the victim; however, it has been admitted that such proof can be achieved through human presumptions inferred from indications, since the unlawful generating event reveals the moral damages, because when the psyche, health, physical integrity, honor, intimacy, etc., are harmed, it is easy to infer the damage, and therefore it is said that the proof of moral damages exists 'in re ipsa (…)'. " Along the same lines, it has stated: “…The determination and quantification of subjective moral damages, then, is left to the equitable and prudent assessment of the Judge, who uses for this purpose human presumptions inferred from the proven facts. The human presumption is a logical judgment of the judge, by virtue of which a fact is considered probable, based on the general maxims of experience, which indicate the normal way in which things and events happen…” (Judgment No. 878-F-2007 of 8:15 a.m. on December 14, 2007, issued by the referred Cassation Chamber. See in relation, resolution No. 662 of 2:20 p.m. on May 26, 2010, No. 850 of 10:00 a.m. on July 21, 2011, and judgment No. 000820-F-S1-2012, of 08:55 a.m. on July 18, 2012, issued by the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia). In the specific case, as has been stated, the company CHEC entered the plaintiff's property and, without his permission and without a judicial order authorizing it, proceeded to cut down trees, which represents a direct violation of the constitutional Principle of Inviolability of private property established in Article 45 of the Constitución Política. That in the face of such illegitimate material action against his constitutional property right, the plaintiff suffered emotional affectation, pain, and emotional suffering, consisting of feelings of frustration, impotence, discouragement, disturbance, and anxiety, as described by the witness [Nombre 012], the plaintiff's romantic partner for nine years, who described the emotional changes in the plaintiff's demeanor, the depression and frustration she saw him suffer from CHEC's intervention on his property. Due to the seriousness of the event, in application of a basic human presumption, it is to be assumed that what happened caused in the plaintiff's inner self an unjust disturbance of his emotional conditions, generating feelings of anguish, frustration, and discouragement, among others. Therefore, the indemnity amount is set at three million colones (¢3,000,000.00) in total, for the violation of private property, which must be assumed by the company CHEC. This is undoubtedly related to the mishap and the bothersome consequences the plaintiff has had to experience. Therefore, the setting of the quantum of subjective moral damages (daño moral subjetivo) is carried out in accordance with the principles of reasonableness and proportionality, and does not constitute unjust enrichment for the plaintiff, but rather, on the contrary, is compensation for the adversity he had to face, as a direct consequence of the violation of the right to private property. (Judgment No. 000822-F-S1-2011 of 08:55 on July 7, 2011, issued by the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia). The claim for subjective moral damages regarding future plans for the property is rejected, as they correspond to potentialities and expectations or dreams, which do not correspond to indemnifiable claims and were also not duly proven in the record.

IX. Regarding the defenses raised: the defendants raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación) and Lack of Right (Falta de Derecho). The passive lack of standing (falta de legitimación pasiva) of the State is accepted, as it was proven that there is no state conduct in the facts of the complaint and that its participation is due to joinder in accordance with numeral 12, subsection 2) of the CPCA. The active lack of standing (falta de legitimación activa) based on the plaintiff's status as a bare owner (nudatario) is rejected; in accordance with Article 316 of the Código Civil, the owner of the bare ownership (nuda propiedad) has the power to claim in court the object of his property, and the free enjoyment of each and every one of the rights it encompasses. Consequently, during the enjoyment of the usufruct, the bare owner (nudo propietario) may sell his bare ownership (nuda propiedad), mortgage it, assign it, or in any other way transfer it, performing the necessary acts to preserve the thing. The bare owner (nudatario) is obliged to refrain from the right of transformation; from destroying and imposing easements (servidumbres) on the property. Additionally, Article 363 of the Código Civil provides: “When there is expropriation of the thing under usufruct due to public utility, the price of the property shall be placed at interest, and the usufructuary shall enjoy the income, for the time for which his right was constituted”, a situation that does not arise in the case under study and is not applicable. The active lack of standing (falta de legitimación activa) based on environmental damage is rejected, given that a ruling on that claim was omitted as there is no linked claim. Given that the plaintiff holds the status of registered owner of the property that is the subject of the litis and borders national route 32, and that a contract was signed between the company CHEC and CONAVI for the expansion of the indicated route, the procedural legal relationship between the parties and the claims deduced in the complaint is proven, which is why the lack of standing (falta de legitimación) in its dual modality, active and passive, is rejected. The CONAVI Representation raised the defense of Lack of Right (Falta de Derecho), which must be accepted as the claims raised by the plaintiff against it were not proven. Finally, the Lack of Right (falta de derecho) defense raised by CHEC is partially accepted in accordance with the considerations given in this Judgment, as the plaintiffs' claims were partially granted, and the complaint is declared partially with merit against the co-defendant company CHEC.

X.- Regarding costs (costas). Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that procedural and personal costs (costas procesales y personales) are imposed on the losing party by the mere fact of being so. Dispensation from this condemnation is only viable when there is, in the Tribunal's opinion, sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence unknown to the opposing party. In this case, no reasons are observed that allow an exception to the rule of condemning the losing party. Therefore, both costs (costas) of this process are imposed on the co-defendant company CHEC in favor of the plaintiff. No special condemnation for costs (costas) is ordered in relation to the State, as there is a legal obligation to be joined to the litis, and in relation to CONAVI, as it is considered there was sufficient reason to litigate, with each party assuming their own. The determination of the amount corresponding to costs (costas) shall be set by the competent judge in the judgment enforcement phase at the request of the defendant party.

POR TANTO

The evidence for better judgment offered by the co-defendant company CHEC is admitted, and that offered by the plaintiff is rejected. Regarding the portion of the complaint directed against the State, the passive lack of standing (falta de legitimación pasiva) is accepted, and the complaint is dismissed in all its claims. A ruling on the Lack of Right (falta de derecho) is omitted. No special condemnation for costs (costas) is ordered. With respect to the complaint pursued against the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), the lack of standing (falta de legitimación) in its dual modality is rejected, and the defense of Lack of Right (Falta de Derecho) is accepted. The complaint is dismissed in all its claims. No special condemnation for costs (costas) is ordered. Regarding the complaint filed against the contractor company China Harbour Engineering de C.R. (CHEC), the defense of active lack of standing (falta de legitimación activa) is rejected, and the Lack of Right (falta de derecho) is partially accepted. Consequently, the complaint filed by Mr. [Nombre 001] against CHEC is declared partially with merit, with anything not expressly granted considered denied: i) The company CHEC is ordered to pay three million colones in total, as subjective moral damages (daño moral subjetivo) in favor of the plaintiff. ii) The company CHEC is ordered to pay the updated value of the trees cut down on the plaintiff's property without his permission and prior to possession being granted, according to the inventory prepared by forestry expert (perito forestal) Luis Gerardo Meneses Valverde on April 19, 2019, as economic damages, an amount that must be determined in the judgment enforcement phase with expert assistance. iii) The costs (costas) of this process are borne by the co-defendant company CHEC in favor of the plaintiff, which will be determined in the Judgment Enforcement Stage.- NOTIFÍQUESE.

JUDITH REYES CASTILLO



JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN               FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ







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Documento firmado por:

JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A
JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A


EXP: 19-004698-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]


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