Res. 04879-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Statute of Limitations Applied to INDER's Alleged Failure to Execute Land Titling Agreements in OsaCaducidad de acción sobre omisión del INDER en ejecutar acuerdos de titulación de tierras en Osa

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 04879 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Julio del 2024 a las 12:58

Expediente: 15-005409-1027-CA

Redactado por: Eduardo González Segura

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

15-005409-1027-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

GREGORIO ALEMAN VALENCIA




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2024004879

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las doce horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de Julio del dos mil venticuatro.-

 

 Proceso de conocimiento interpuesto por GREGORIO ALEMÁN VALENCIA, cédula de identidad número 5-0231-0035; contra EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), cédula de persona jurídica número 4-000-213311. Intervienen los abogados Roldán Morales Novoa en su calidad de apoderado especial judicial del actor y Jonathan Jiménez Ruiz en su condición de apoderado especial judicial del ente demandado. A continuación, procede este TRIBUNAL COLEGIADO GRUPO DOS (anteriormente Sección Segunda), a dictar la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.

 

 Redacta el Juez GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERANDO

 I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación, se hace un recuento del íter procesal relevante:

 1.- Los señores Juan de Dios García Alemán, Gregorio Alemán Valencia, Lisbeth Alemán Fajardo, Mario González González y José Hans Pérez González, presentaron demanda en esta sede (expediente 13-001226-1027-CA) solicitando se declare lo siguiente: “1.- Que mis representados son los únicos y legítimos propietarios del inmueble que mantienen en posesión, de conformidad con la prueba documental que se adjunta. 2.- Que en el momento en que se (sic) el decreto 5343-A del 24 de octubre de 1975, el cual reconoce los derechos de los poseedores como es el caso de mis representados, desplegó sus efectos con la inscripción de los inmuebles partidos de Puntarenas matrículas folios reales números [Valor 001] y [Valor 002], se encontraba vigente el artículo 4 de dicho decreto, y el mismo no había sido variado. 3.- Que era de conocimiento del Estado que en las tierras que pretendía expropiar a la Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mis representados. 4.- Que el fin primordial de la expropiación realizada a la Osa Forestales, era solucionar el problema de ocupación en precario que existía en la zona de la Península y dotar de título a los campesinos. 5.- Que el asiento número dos que consta al margen izquierdo de los inmuebles partidos de Puntarenas matrículas folios reales números [Valor 001] y [Valor 002] es nulo, por cuanto dichos inmuebles ya se había reunido con otras fincas generando la [Valor 003]. 6.- Que el Estado carecía de legitimación para realizar el asiento número dos que consta al margen izquierdo de los inmuebles partidos de Puntarenas matrículas folios reales números [Valor 001] y [Valor 002], por cuanto dichos terrenos ya había sido inscritos a nombre de la Osa, por lo que dicha sociedad era la única legitimada para realizar cualquier tipo de anotación al margen de sus propiedades. 7.- Que en el momento en que el decreto número 6953-A del veintiséis de abril 1977, el cual modifica el artículo 4° del Decreto Ejecutivo N°5343-A, ya éste había desplegado sus efectos reconociendo los derechos de los agricultores como es el caso de mis representados. 8.- Que el decreto 5343-A del 24 de octubre de 1975, el cual desplegó sus efectos con la inscripción de los inmuebles partidos de Puntarenas matrículas folios reales números [Valor 001], y [Valor 002], es nulo por cuanto titula un sector catalogado como baldíos nacionales, terrenos los cuales eran poseídos por mis representados desde antes de 1962, y por sus transmitentes desde 1957. 9.- Que el decreto 6953-A del veintiséis de abril el cual modifica el artículo 4° del Decreto Ejecutivo No 5343-A, está viciado de una nulidad absoluta y manifiesta, por cuanto violenta el derecho de los poseedores de la zona de la Península debidamente resguardado por el decreto original, así como por medio de la Ley de Tierras y Colonizaciones. 10.- Que el decreto de expropiación 10088-G-H de 2 de mayo de 1979 y el 10244-G del 5 julio del mismo año, son nulos por cuanto expropian unas fincas en las cuales existían consolidados derechos de posesión decenal, inmuebles los cuales estaban viciados de nulidad absoluta, razón por la cual toda gestión o decreto que los involucrara son completamente nulos. 11.- Que la reunión de las fincas realizada por la Osa Forestal contemplaba el reconocimiento de los derechos decenales de las personas que habitaban dichos terrenos como es el caso de mis representados. 12.- Que el asiento en donde se indica la expropiación realizada por el Estado del inmueble partido de Puntarenas número [Valor 003], la cual nace de la reunión de los inmuebles folios reales números [Valor 001], y [Valor 002], surge de la reunión de los inmuebles permutados como otros de la sociedad Osa Forestales, es nulo por cuanto el mismo no está firmado y no corre. 13.- Que el inmueble partido de Puntarenas número [Valor 004], es nulo por no tener un tracto sucesivo que le permita existir, por haberse formado por la reunión de una serie de fincas las cuales no solo están viciadas de nulidad absoluta, si no que pertenecían a diferentes propietarios Registrales, en donde se respetaban los derechos posesorios decenales de sus ocupantes. 14.- Que se ordene inscribir las propiedades de los representados que cumplan con los requisitos a efectos de poder Usucapir, y aquellos que por una razón o no los cumplan por razones imputables al Estado, se les reconozca su derecho posesorio, y se les permita poder Titular sus inmuebles por medio del trámite de Información Posesoria. 15.- Que las propiedades de la Compañía que se encuentran dentro de la Reserva Golfo Dulce no fueron afectadas al régimen forestal, dado que presentaban un conflicto de orden social debidamente constatado por la Dirección General Forestal, y reconocida históricamente desde 1970. 16.- Que la Reserva Golfo Dulce es nula por haber sido declarada sin cumplir con los requisitos que la ley señalaba al momento de su promulgación. 17.- Que se le ordene al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones otorgar los respectivos visados de planos que representan porciones de terrenos de mis representados, los cuales ante la negativa del MINAET no pudieron inscribir dichos planos y hoy día gozan, de un plano catastrado debidamente inscrito. 18.- Que se le condene al Estado al pago de Daños, Perjuicios y Daño Moral ocasionado a mis representados, cuando era de conocimiento que mis representados eran los únicos poseedores de los inmuebles de litis. 17.- (sic) Que se le condene al pago de ambas costas en el presente proceso a los demandados. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: De no acogerse al pretensión para ordenar la titulación de las propiedades de mis representados, solicito que declare, sin perjuicio de lo solicitado en la pretensión principal, y lo referente a la ilegalidad de la afectación de la propiedad de mis representados, por los decretos 10088-G-H del 2 de mayo de 1979 y el 10244-G del 5 de julio del mismo año, que se ordene la expropiación y el correspondiente pago de la propiedad, sus mejoras, los daños, perjuicios y daño moral, así como el pago de ambas costas del presente proceso causados al Estado”. (Imágenes14 a 56).

 2.- Por resolución N°1498-2013 de las 8:56 horas del 24 de julio de 2013, el Juez Tramitador ordenó acumular el expediente número 13-001226-1027-CA al expediente 12-005762-1027-CA. (Imágenes 527 a 529).

 3.- Por resolución N°461-2014 de las 11:40 horas del 28 de febrero de 2014, el Juez Tramitador dispuso: “Se declara parcialmente inadmisible la demanda interpuesta por la sucesión de [Nombre 001], Pamela Loise Nave Stowers, Pedro Caravaca Guadamuz, Manuel Caravaca Guadamuz, Flomube Drake Sociedad Anónima, Francisca Fajardo Amaya, Anais García Alemán; Ronald Segura Zamora, [Nombre 001], [Nombre 003], Silvia Flores Murillo, Juan de Dios García Alemán, Gregorio Alemán Valencia, Lisbeth Alemán Fajardo, Mario González González y José Hans Pérez Morales contra el Estado, Junta Administrativa del Registro Nacional, Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por deducirse las pretensiones numeradas 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 16 contra conductas no susceptibles de impugnación por haber operado en forma evidente manifiesta la caducidad de la acción.- Una vez firme esta resolución, prosíganse los autos conforme la etapa procesal que corresponda”. (Imágenes 587 a 600).   

 4.- La parte actora presentó recurso de casación contra la resolución N°461-2014. (Imágenes 657 a 684).

 5.- Por resolución N°4-TC-A-2015 de las 9:10 horas del 15 de enero de 2015, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó de plano el recurso. (Imágenes 716 a 732).

 6.- Por resolución de las 9:41 horas del 24 de abril de 2015, el Juez Tramitador ordenó la desacumulación de los procesos y la desacumulación de las pretensiones por cada accionante. A partir de esta decisión nació el presente expediente número 15-005409-1027-CA correspondiente únicamente a la acción del señor Gregorio Alemán Valencia. (Imágenes 1308 a 1313).   

 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación contestó la demanda y opuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación ad causam activa y falta de derecho. (Imágenes 778 a 792 y 805 a 819).

 8.- El Instituto de Desarrollo Rural contestó la demanda y opuso las excepciones de falta de legitimación, falta de interés actual y falta de derecho. (Imágenes 833 a 869).

 9.- El Estado contestó la demanda y opuso las excepciones de prescripciones, falta de legitimación ad causam activa y falta de derecho. (Imágenes 871 a 892).

 10.- La parte actora presentó escrito desistiendo de la acción contra la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Estado y el SINAC. (Imagen 1075).

 11.- La parte actora presentó ampliación de la demanda en cuanto a los hechos y en cuanto a las pretensiones. (Imágenes 1092 a 1095).

 12.- La audiencia preliminar se realizó el 4 de marzo de 2016. La parte actora reiteró su interés en desistir del proceso en cuanto a la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Estado y el SINAC. El Juez Tramitador ordenó a la parte actora reformular la demanda. (Audio e imágenes 1102 a 1104).

 13.- El actor Gregorio Alemán presentó un nuevo escrito de demanda. En sus pretensiones solicitó que en sentencia se declare lo siguiente: “La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No. 11 Sesión No. 400 del 08 de junio de 1965 (folio 55-56), acuerdo No. VI de la sesión 1196 del 16 de junio de 1970 (folio 83), acuerdo cuarto de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 (folio 102), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de 1967 (folio 72), encaminados a dar una solución al problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. Que se le reubique a mi representado en un fundo en iguales condiciones al que posee, mismo que se representa por medio del croquis que consta en autos (folio 476) o, en su defecto, se le debe de cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representado. Condenar en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión    del terreno identificado por medio del croquis que consta en autos, y la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representado. Que era de conocimiento del antiguo ITCO -hoy INDER- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representado, el cual se representa por medio del croquis que consta en autos. Que se reconozca a mi representado dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del croquis que consta en autos. Que el ente demandado recayó en otra conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005. Que se condene al demandado al pago de ambas costas”. (Imágenes 1105 a 1121).

 14.- Por resolución de las 10:27 horas del 20 de marzo de 2017, el Juez Tramitador suspendió el proceso hasta que la Sala Constitucional resolviera la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente número 17-000373-0007-CO. (Imagen 1162).

  15.- La representación del INDER solicitó que se declarara la caducidad del proceso. (Imágenes 1190 y 1191).

 16.- Por resolución N°1503-2018-T de las 11:40 horas del 17 de setiembre de 2018, el Juez Tramitador rechazó la caducidad del proceso. (Imágenes 1235 a 1240).

 17.- Por resolución N°1795-2019 de las 13:01 horas del 2 de octubre de 2019, el Juez Tramitador tuvo por desistida la demanda contra la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Estado y el SINAC. (Imágenes 1305 a 1307).

 18.- El INDER contestó la demanda y opuso la defensa previa de falta de integración de litisconsorcio pasivo necesaria, así como las excepciones de caducidad, prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y falta de derecho. (Imágenes 1319 a 1348).

 19.- La audiencia preliminar se reanudó el 5 de diciembre de 2019. Las pretensiones quedaron fijadas tal como fueron establecidas en el escrito de demanda de imágenes 1105 a 1121. El Juez Tramitador rechazó la defensa previa de litisconsorcio pasivo necesaria y difirió las excepciones de caducidad y prescripción para ser resueltas en sentencia de fondo. La representación del INDER manifestó que presentaría recurso de apelación contra la resolución del Juez de rechazar la defensa de litisconsorcio pasivo necesario. (Audio e imágenes 1598 a 1603).

 20.- La representación del INDER presentó el recurso de apelación y por resolución N°056-2020-II de las 11:20 horas del 30 de enero de 2020, rechazó el recurso y confirmó la resolución impugnada. (Imágenes 1604 a 1608 y 1656 a 1660).

 21.- La audiencia preliminar se reanudó el 19 de enero de 2021. Fue admitida prueba documental y testimonial. (Audio y minuta a imágenes 1688 a 1904).                 

 22.- El presente expediente le fue returnado (redistribuido) al Tribunal Colegiado Grupo Dos, para la realización del juicio y el dictado de sentencia de primera instancia. (Imagen 1736).

 23.- Por resolución de las 11:43 horas del 10 de enero de 2024, este Tribunal señaló la realización del juicio oral y público para el 9 de julio de 2024. (Imágenes 1737 a 1740).

 24.- La audiencia de juicio oral y público se llevó a cabo el 9 de julio de 2024. Fue admitido como prueba para mejor resolver el oficio N°INDER-GG-DRT-OTOS-INF-0006-2024 (Imágenes 1772 a 1804). Se dio lectura de las pretensiones como fueron fijadas en la audiencia preliminar y las partes manifestaron estar de acuerdo. La parte actora desistió del testigo Hernán Paniagua Quirós. Se recibió la declaración de los testigos Víctor Arguijo Arguijo, Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda. Las partes rindieron sus conclusiones. El asunto fue declarado como complejo. (Grabación e imágenes 1772 a 1888).

  25.- La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual de la siguiente forma: desmarcadas las casillas: "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" y seleccionada la opción: "Final", en la casilla: "Ver detalles carátula del Expediente".

 26.- No se advierten yerros u omisiones que causen nulidad procesal, ni las partes lo han manifestado así.

 II.- POSICIÓN DE LA DEMANDA.- La parte actora aduce lo siguiente: El señor GREGORIO ALEMÁN VALENCIA, es poseedor de un inmueble sin inscribir, el cual se ubica en Los Planes, Cantón quinto Osa de la provincia de Puntarenas, el cual limita al Norte: Asociación Tesoro Verde, Sur: Quebrada, Este: Zenón Hernández Díaz, OESTE: Aniceto Alemán Valencia, con una medida de doce hectáreas nueve mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados, de conformidad con el croquis aportado como prueba. El 24 de octubre de 1975, mediante el decreto 5357-A se crea el Parque Corcovado una gran cantidad de terreno aledaño a la propiedad de litis. Posterior a esta fecha la administración Pública por medio del ITCO hoy el Instituto de Desarrollo Agrario inició trabajos con el fin de realizar censos en las tierras que conformaban el Parque, como en las tierras aledañas, estudios los cuales demostraron que dentro de dichas tierras existían personas con derechos posesorios decenales plenamente consolidados, tal y como lo demuestro con la documental que consta en autos, donde no solo se evidencia la existencia del conflicto, sino que también el Inder reconoce que existen derechos posesorios por más de diez años. De igual manera producto de una serie de conflictos acaecidos en Bahía Drake de Osa entre los vecinos del sector y una Compañía Norteamericana en 1965 que acaparó muchas fincas, el Instituto de Tierras Colonización inicia negociaciones con la Empresa que en ese momento se denominaba Arawak Forestal, luego Osa Forestales para solucionar el problema de ocupación precaria en las presuntas propiedades de esa Multinacional, según consta en varios acuerdos y antecedentes de la Institución, iniciando formalmente la gestión con el acuerdo No. 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 y acuerdo No VI de la sesión 1196 de 16 de junio de 1970, donde se reconocía dicho problema ocupacional. Producto de estos censos, el Inder se percata que existe un problema de Ocupación Precaria dentro de los terrenos de la Osa Forestales, prueba de ello es el decreto de expropiación que realiza el Estado a la Osa Forestal, así como el acuerdo que firma con dicha sociedad, era con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando a cientos de campesinos, los cuales toda una vida había poseído por sí o por sus transmitentes, los terrenos. Producto de estas negociaciones el Instituto de Tierras y Colonización hoy Inder, había llegado con la Osa Forestales, a realizar una serie de censos con el único de fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba, lo cual se demuestra con el plano que se adjunta como prueba, en donde constar todos los sectores ocupados, entre el cual está el de mi representado. Apegando a la buena fe de nuestro campesinos, el Instituto de Tierras y Colonización hoy Inder, ingresaron a cada una de las propiedades, realizando los levantamientos topográficos respectivos, en principio con el fin de solucionar la situación precaria de título, y dotar de título a los campesinos, los cuales ante tal ayuda no dudaron en abrir las puertas de sus casas, dándoles comida y abrigo a los funcionarios encargados de realizar tan noble tarea, sin imaginar que la solución al conflicto no llegaría. A raíz de esta situación, una Subcomisión Especial de la Asamblea Legislativa que desde 1972 estaba investigando y estudiando lo concerniente a esa Compañía por el acaparamiento de tierras en la Península de Osa y el problema de ocupación precaria en toda la región, presentando la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley número 5852, que pretendía expropiar a la Compañía Osa Productos Forestales y legalizar la tenencia en toda la región de la península, según versaba su texto original artículo noveno del 28 de junio de 1973, expediente No 5399. Así mismo el Concejo Municipal de Golfito apoyo mediante acuerdo No. 20 del 15 febrero de 1972, la situación ocupacional para que se entregara títulos en las tierras de la Compañía, según documento del 17 de febrero de 1972. “Artículo 9- Autorizase al Instituto de Tierras y Colonización para otorgar títulos de propiedad a todos los poseedores de tierras en precario en la península de Osa que demuestren haber poseído sus tierras durante tres años o más. En caso de que el ITCO lo considere necesario y de utilidad pública entregar parcelas y otorgar los respectivos títulos de propiedad a otros agricultores. Pero se le impone la obligación de defender las riquezas madereras de la península de Osa para el Estado”. Dentro de las negociaciones realizadas con el fin de solucionar el problema de ocupación en precario señalado, se toma como punto de partida el plano [Valor 026], plano el cual señalaba los terrenos que supuestamente le pertenecían a la Osa Forestales, con un área de 34800 hectáreas con 577 metros cuadrados. Para el año de 1974 el ITCO y la Compañía habían llegado a un arreglo para solucionar el problema de ocupación precaria en las tierras de la península por medio de un convenio, dentro del marco de la Ley 2825 y sus reformas en donde entre otras cosas declaran la existencia de un conflicto de ocupación precaria en esas propiedades, documento legal firmado por las partes el 20 de noviembre de 1974. Documento respaldado por acuerdos de la Junta Directiva del ITCO y debidamente ratificado según acuerdo cuarto de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974. Producto de los estudios realizados por el demandado, hoy Inder, éste se percata que, dentro de los terrenos ocupados por los campesinos de la Península de Osa, existían sectores que denominaron baldíos nacionales, terrenos los cuales no le pertenecía a la Osa Forestales, y sobre los cuales existían derechos posesorios por más de diez años de las personas que lo habitaban, tal y como lo había reflejado los censos realizados. Mediante el Decreto No 5357-A del 24 de octubre de 1975 se crea el Parque Nacional de Corcovado, una gran cantidad de terrenos aledaños a la propiedad de litis, en donde posterior a esa fecha y como se viene exponiendo la Administración Pública por medio del ITCO hoy Inder, había iniciado formalmente desde 1973 una serie de acciones para realizar un censo general en las todas tierras en conflicto incluidas las que iban a ser del Parque Nacional, comprobándose que dentro de dichas tierras existían núcleos dispersos de pobladores con derechos posesorios decenales plenamente consolidados, lo cual se demuestra con las pruebas arriba expuestas. Producto de estas gestiones institucionales (ITCO-Convenio Marco-Proyecto Ley 5852), el demandado reitera el hecho de que existe un profundo problema de Ocupación Precaria dentro y fuera de los terrenos de la Osa Forestal. Prueba de ello es el mismo Proyecto de Ley 5852 de 1973 que venía tramitando la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como el Convenio Marco suscrito por las partes ITCO-OSA el 20 de noviembre de 1974, con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando, desde la toma de control de esos terrenos la Multinacional en 1957, a cientos de campesinos los cuales toda la vida habían poseído por sí o por sus descendientes sus fincas. Producto de las negociaciones del Convenio marco, Inder, había llegado con la Osa Forestal a realizar un censo desde 1974 con el único fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba, no es hasta principios de febrero de 1976 que la Sección de Inventarios de Tierras del ITCO finaliza un informe sobre la ocupación casi total del sector de Bahía Drake y Rancho Quemado como última y tercera etapa, con un poco más de ciento sesenta familias censadas. La omisión de parte del ente demandado de no resolver el conflicto de ocupación en precario, según se desprende del oficio SIT-059-78 de la sección de Inventario de tierras con fecha del 8 de junio de 1978, es desde 1963, es decir, la conducta omisiva del ente demandado tiene más de 50 años. Tal y como lo indican los documentos que adjunto como prueba documental con el presente escrito, el fundamento del decreto número 10088, mismo que expropia a Osa Productos Forestales S.A, era precisamente resolver el conflicto de tenencia de las tierras de tantos campesinos. Nótese que ya en 1979 el ente demandado sabía que sobre el inmueble que se pretendía expropiar a la Osa Productos Forestales, pesaban anotaciones de juicios promovidos desde 1963, un elemento de más de la existencia del conflicto de tenencia de la Tierra. Producto de esta situación, el ente demandado inició más no concluye, es decir, sigue su conducta omisiva hasta la fecha, diferentes gestiones con el fin de dotar de tierras a los campesinos, prueba de ello es el oficio DL-1281-93, donde el Departamento legal de la demandada, emite un dictamen donde faculta el otorgamiento de títulos de propiedad en el asentamiento de Osa, lugar donde está mi representado. Posteriormente en el año 2005 se crea una comisión en la cual la aquí demandada era parte, la cual tenía como objetivo realizar la titulación a los campesinos del asentamiento Osa, donde se puede ver nuevamente que el ente demandado no soluciona el conflicto y continúa su conducta omisiva. Por medio del artículo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre del 2005, la Junta Directiva de la demandada acuerda realizar un procedimiento especial para solucionar el problema de posesión en precario, el cual nunca se realizó continuando la conducta omisiva de la demandada a dar solución al problema que le aqueja a mi representado. Producto de esta comisión y acuerdo debidamente aprobado por la junta Directiva del IDA Hoy Inder, el ente demandado inició con todos los procedimientos a efectos de dotar de tierra a los campesinos, procedimiento el cual no pasó del papel del acuerdo de la Junta Directiva de la demandada. Lo interesante de esto es que por medio del oficio OSO-319-06, del 28 de abril del 2006, se certifica la posesión, el tiempo y la cadena de transmitentes de varios campesinos vecinos del inmueble de mi representado, indicándose que los mismos tienen una posesión que data desde 1959, es decir, el inmueble de litis estaba en posesión antes de que naciera el ITCO, que es el antecesor del IDA hoy INDER, oficio el cual adjunto como prueba con el presente escrito. Lo anterior es importante, a efectos de probar que una vez más que aún y cuando tienen muy claro el problema de la posesión y así lo han aceptado y reconocido, también es cierto que no han hecho nada para solucionarlo, razón por la cual han obligado a mi representado a presentar el presente proceso a efectos de que sean los tribunales de justicia los que le pongan fin de una vez por todas a la conducta omisiva de no resolver la posesión de mi representado, que es la que da origen al presente expediente. De conformidad con el artículo 290 inciso 5 del Código Procesal Civil, utilizado supletoriamente en esta materia, me permito indicar el motivo, en que consiste y la respectiva estimación de los Daños, Perjuicios y del Daño Moral ocasionado a mi familia por parte del Estado en la figura del Instituto de Desarrollo Agrario. DAÑOS, PERJUICIOS Y DAÑO MORAL. DAÑOS: Son Originados por el actuar de mala fe por parte del IDA, el cual aun y cuando era de su conocimiento el conflicto de posesión en precario que sufría el asentamiento de Osa desde 1963, y que mi representado por sí y por sus transmitentes ha poseído de forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de cincuenta años, han mantenido una conducta omisiva de no resolver el conflicto de tenencia de tierras de una vez por todas. Estos daños consisten en la imposibilidad de mi representado de poder ejercer los actos referentes a propietario, impidiéndoles que pueda ejercer su derecho de poder inscribir su propiedad ante el Registro Público, como la imposibilidad de poder usufructuar su propiedad, manteniendo a mi representado en una eterna zozobra, por las múltiples gestiones que el Inder ha realizado con el fin de desalojarnos sin reconocer nuestros derechos. La estimación de los daños se determina tomando en cuenta los esfuerzos que ha tenido que realizar mi representado para defender su propiedad y su derecho, tomando en cuenta las limitaciones económicas con la que cuenta, esto por cuanto vive de lo que la tierra le da, los honorarios profesionales de diferentes profesionales que ha tenido que contratar, así como los gastos inmensos que ha tenido que realizar en las oportunidades que ha tenido que desplazarse a la capital, tomando en cuenta la distancia que existe desde la Península hasta la capital, el hospedaje, alimentación, etc. Así mismo el hecho de la conducta omisiva del demandado le ha impedido poder desarrollar su vida normal como cualquier otro costarricense, y le ha limitado el margen de actuación de crédito para crecer en actividades como la agricultura, la ganadería o el mismo eco turismo actividad más reciente, razón por la cual solicito se condene en abstracto, y será en ejecución de sentencia que se liquidarán. PERJUICIO: Los perjuicios consisten en la posibilidad de haber invertido los dineros que mi representado ha utilizado en honorarios profesionales, así como en los demás gastos, en la producción agraria que realiza, así como en la actividad eco turística que realiza en las propiedades, tomando en cuenta los intereses dejados de percibir por las sumas que debieron obtenerse, así como la imposibilidad de poder contar con tierras debidamente inscritas a su nombre, lo cual le limita la gama de derechos con los que cuenta todos los costarricenses. Son originados por el actuar de mala fe por parte del IDA, el cual aun y cuando era de su conocimiento el conflicto de posesión en precario que sufría el asentamiento de Osa desde 1963, y que mi representado por sí y por sus transmitentes ha poseído de forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de cincuenta años, han mantenido una conducta omisiva de no resolver el conflicto de tenencia de tierras de una vez por todas. La estimación de los perjuicios se determina tomando en cuenta los esfuerzos que ha tenido que realizar mi representado para defender su propiedad y su derecho, tomando en cuenta las limitaciones económicas con la que cuenta, esto por cuanto vive de lo que la tierra le da, los honorarios profesionales de diferentes profesionales que ha tenido que contratar, así como los gastos inmensos que ha tenido que realizar en las oportunidades que ha tenido que desplazarse a la capital, tomando en cuenta la distancia que existe desde la Península hasta la capital, el hospedaje, alimentación, etc. Así mismo el hecho de la conducta omisiva del demandado le ha impedido a mi representado poder desarrollar su vida normal como cualquier otro costarricense, y le ha limitado el margen de actuación, el acceso a crédito para crecer en actividades como la agricultura, la ganadería o el mismo eco turismo actividad más reciente, razón por la cual solicito se condene en abstracto, y será en ejecución de sentencia que se liquidarán. DAÑO MORAL: El daño moral consiste en la aflicción que mi representado ha sufrido durante todos los años que ha durado la conducta omisiva del ente demandado, plazo en el cual de una u otra manera la demandada se ha encargado de negarle a mi representado la posibilidad de poder ejercer los actos propios de propietario, ejerciendo actos con el ánimo de despojarnos de nuestras tierras. Los mismos son originados por el actuar evidente y manifiesto de mala fe por parte del IDA, el cual aun y cuando era de su conocimiento el conflicto de posesión en precario que sufría el asentamiento de Osa desde 1963, y que mi representado por sí y por sus transmitentes ha poseído de forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de cincuenta años, han mantenido una conducta omisiva de no resolver el conflicto de tenencia de tierras de una vez por todas. Consiste en la aflicción que ha sido causado para mi representado al tener que enfrentar, durante todo el plazo que ha durado la conducta que es objeto del presente proceso por parte de la demandada, ha diferentes gestiones de parte del Inder como desalojos y dejar en la calle a mi representado luego de que mi representado ha trabajado toda una vida en su terreno, esto aún y cuando el mismo ente demandado reconoce la posesión desde 1963, así como de la existencia del conflicto de tenencia de tierra. Debe considerarse además a efectos de determinar el monto del daño moral, el hecho de que los procesos judiciales y administrativos han tardado muchos años, lo cual ha generado una angustia continúa por tal situación, razón por la cual solicito se condene en abstracto, y será en ejecución de sentencia que se liquidarán

 III.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN- La representación del INDER contestó lo siguiente: El área de terreno objeto de la presente demanda, forma parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, de tal suerte que, por disposición de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal quedaron automáticamente incorporados al Patrimonio Natural del Estado. Aunado a ello, para proteger el recurso natural la propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural, situación que conllevaría a la no indemnización ni a los reclamos que pretende la parte actora, máxime que dichas áreas poseen todas las características de ser bienes demaniales y por ello son inalienables, imprescriptibles, sin que cualquier reclamo por particulares cause derecho alguno a su favor, por el carácter demanial que se le reconoce a estos bienes y cualquier tipo de ocupación por los particulares no es útil y no otorga derecho alguno. Además de ello, no es procedente el reconocimiento de ningún derecho porque la parte actora no demuestra ser el legítimo poseedor en forma originaria o derivada del inmueble con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1" de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 que ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado,” definido en el artículo 18 como el que “está constituido por las Reservas Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas”; asimismo, en su artículo 19 se dispuso que "quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reservas nacionales, b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas. Concepto que en la actualidad mantiene su esencia, con la definición del Patrimonio Natural del Estado, que dispone la Ley Forestal 7575. Aunado a ello, la afectación como Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente, reconocido en el artículo 50 constitucional y antes a ella por la misma Sala Constitucional mediante el Voto N°3905-1993 de las 15:00 hrs del 30 de julio de 1993. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucha más razón, terrenos propiedad del Instituto de Desarrollo Rural. Así las cosas, actualmente la institución tiene impedimento legal para titular los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado dado que los artículos 14 y 15 de la Ley Forestal le impide a la Institución enajenar o disponer de los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado. Si el actor realizó cualquier tipo de negocio jurídico con el inmueble que le pertenece al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era responsabilidad del adquirente, investigar y verificar las características del bien, no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de ser bienes demaniales. No existe censo alguno que demuestre que el actor sea el legítimo poseedor en forma originaria o derivada del inmueble con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 que ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. Por ende, solicito que se declare sin lugar la presente demanda, se acojan las excepciones opuestas y se condene al actor al pago de ambas costas. EXCEPCIONES: EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA. La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. Nótese que el artículo 94 de la Ley de Tierras y Colonización, reguló que, si en un año el conflicto no ha sido solucionado, se tendría por agotada la vía administrativa. La demanda en contra del Instituto de Desarrollo Rural de manera evidente y manifiesta se encuentra caduca y por ende es procedente declararla inadmisibilidad de la demanda. En cualquiera de las siguientes hipótesis, la acción judicial se encuentra caduca. EN PRIMER LUGAR: La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974, no obstante, de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se reguló un plazo máximo para incoar el proceso de un año. En consecuencia, si se parte desde los años 1965, 1967, 1970 y 1974 hasta el día de la interposición de la demanda que fue el 14 de febrero del 2013, por demasía ha operado el plazo de un año para incoar el proceso en contra del Instituto de Desarrollo Rural. EN SEGUNDO LUGAR: El actor pretende la posibilidad de discutir en la vía judicial si tiene derecho o no a ser reubicado y/o indemnizado y demás. No obstante, de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se reguló un plazo máximo para incoar el proceso de un año. Si se parte desde el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce o bien, desde que el actor presuntamente adquiere el inmueble en fecha 04 de octubre del 2011 según el documento visible a folio 474 del expediente judicial, es más que evidente que ha operado el plazo de un año para incoar el proceso. El Código Procesal Contencioso Administrativo empezó a regir a partir del año 2008 y es hasta el 14 de febrero del año 2013, en donde el actor acude directamente a la vía jurisdiccional. Por ende, desde la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (1 de enero del 2008) hasta el día de la interposición de la acción judicial (14 de febrero del 2013), se ha computado el plazo de un año regulado en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por ende, solicito que se declare con lugar la excepción de la caducidad de la acción y sin lugar en todos sus extremos la demanda en contra del Instituto de Desarrollo Rural. EN TERCER LUGAR: La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974, no obstante, si aplicamos como fecha de inicio del cómputo desde los años 1965, 1967, 1970 y 1974 en aplicación del numeral 37 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por disposición del transitorio II del Código Procesal Contencioso Administrativo, hasta el día de la interposición de la demanda que fue el día 14 de febrero del 2013, por demás ha operado el plazo de dos meses, por ser el precepto legal que se encontraba vigente en aquel momento para interponer el juicio y por ende, ha operado el plazo de dos meses para incoar el proceso en contra del Instituto de Desarrollo Rural. EN CUARTO LUGAR: La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974, no obstante, si aplicáramos el anterior texto del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, por disposición del transitorio II del Código Procesal Contencioso Administrativo, por ser la normativa aplicable en aquel momento, en el sentido que caducará en cuatro años la potestad del administrado para acudir a la vía jurisdiccional. Entonces si se aplica como fecha de inicio desde los años 1965, 1967, 1970 y 1974 hasta el día de la interposición de la demanda que fue el día 14 de febrero del 2013, ha operado el plazo de cuatro años, por ser el numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública, el precepto legal que se encontraba vigente en aquel momento y, por ende, ha operado el plazo de los cuatro años para incoar el proceso en contra del Instituto de Desarrollo Rural. Si se aplicara el artículo 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en donde se regula que el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo. Ahora bien, si se parte desde el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce, hasta el día de la notificación de la demanda judicial que ocurre el día 24 de julio del 2015, se ha computado el plazo legal para declarar la prescripción de cualquier derecho incluso el indemnizatorio ya sea en aplicación de la prescripción ordinaria regulada en el artículo 868 del Código Civil, en donde todo derecho y su correspondiente acción prescriben en diez años o bien aplicando el artículo 61 de la Ley de Expropiaciones que regula un plazo de prescripción de 10 años desde la afectación que se da con la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, a bien el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que establece un plazo de cuatro años para reclamar cualquier tipo de indemnización. Por ende, solicito que se declare con lugar la excepción de la caducidad de la acción y sin lugar en todos sus extremos la demanda en contra del Instituto de Desarrollo Rural. Así las cosas, es que esta representación opone la excepción de caducidad de conformidad con el artículo 66 inciso K) del Código Procesal Contencioso Administrativo, dado que el plazo para incoar el proceso ha sobrepasado el plazo legalmente establecido de manera evidente y manifiesta por ser la caducidad un instituto jurídico que regula un plazo rígido, fatal y sin interrupciones. Solicitando que se acoja la excepción de caducidad y que se condene en ambas costas al actor. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EVIDENTE Y MANIFIESTA. La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. La demanda en contra del Instituto de Desarrollo Rural de manera evidente y manifiesta se encuentra prescrita y por ende es procedente declarar la inadmisibilidad de la demanda. Nótese que el artículo 94 de la Ley de Tierras y Colonización, reguló que, si en un año el conflicto no ha sido solucionado, se tendría por agotada la vía administrativa. En cualquiera de las siguientes hipótesis, cualquier tipo de derecho que se pretenda reclamar se encuentra prescrito. EN PRIMER LUGAR: La parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. Así las cosas, si se aplicara el artículo 868 del Código Civil que regula la prescripción ordinaria, en que todo derecho y su correspondiente acción prescriben en diez años. Cualquier tipo de pretensión en contra del Instituto de Desarrollo Rural estaría prescrito por el mero transcurso del tiempo y por la inercia del titular en ejercer su derecho dentro del plazo legalmente establecido. El plazo para pretender la conducta omisiva del INDER en ejecutar acuerdos que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974 ha sobrepasado el plazo de los diez años para reclamar cualquier tipo de derecho. EN SEGUNDO LUGAR: La acción indemnizatoria que pretende rubros por concepto de daños y perjuicios está prescrita, ya sea en aplicación de la prescripción ordinaria regulada en el artículo 868 del Código Civil, en donde todo derecho y su correspondiente acción prescriben en diez años, o bien en aplicación del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que menciona que el derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años. La parte actora alude a la inacción de ejecutar acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. Así las cosas, si se aplicara el artículo 868 del Código Civil o el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, la pretensión indemnizatoria estaría prescrita por el mero transcurso del tiempo y por la inercia del titular en ejercer su derecho dentro del plazo legalmente establecido. Por ende, es procedente declarar con lugar la excepción de prescripción para reclamar cualquier tipo de indemnización a la Administración y condenar en costas al actor. EN TERCER LUGAR: Si se parte desde el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce, hasta el día de la notificación de la demanda judicial que ocurre el día 24 de julio del 2015, se ha computado el plazo legal para declarar la prescripción de cualquier derecho incluso el indemnizatorio. Ya sea en aplicación de la prescripción ordinaria regulada en el artículo 868 del Código Civil, en donde todo derecho y su correspondiente acción prescriben en diez años, o bien aplicando el artículo 61 de la Ley de Expropiaciones que regula un plazo de prescripción de 10 años desde la afectación que se da con la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, o bien el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que establece un plazo de cuatro años para reclamar cualquier tipo de indemnización. Por ende, solicito que se declare con lugar la excepción de prescripción y sin lugar en todos sus extremos la demanda en contra del Instituto de Desarrollo Rural. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO: En primer lugar, el actor carece de derecho para pretender la reubicación en un fundo en iguales condiciones con aquel que se representa por medio del croquis a folio 476 del expediente judicial. Ni en la Ley de Tierras y Colonización -Ley 2825- ni en la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) -Ley 9036- existe precepto alguno en reubicar a una persona que se encuentra en un área que forma parte del Patrimonio Natural del Estado. Es más, la misma ley en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sanciona cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. Es de aclarar y fundamentar que la verdadera ideología de la función social objetiva de la propiedad agraria la distribución equitativa de la tierra- está contemplada en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Colonización y esta es una norma programática y no imperativa. Esta norma propicia la realización de un bien común que es una expectativa que envuelve un contenido social y plasma la intervención del Estado en el orden económico-social. Esta norma propicia el mayor acceso a la propiedad agraria, pero como una expectativa de derecho y no como un derecho consolidado. Por ende, la pretensión de la reubicación carece de derecho y en consecuencia es procedente declarar con lugar la excepción interpuesta condenando en ambas costas al actor. En otro orden de ideas, la parte actora pretende declarar la conducta omisiva del INDER en ejecutar los acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974, sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 1574-2008 de las catorce horas y cincuenta y seis minutos del treinta de enero del dos mil ocho, en cuanto al tema de la solución de los conflictos derivados de la posesión precaria de tierras, mencionó: [Cita]. Por consiguiente, los acuerdos que pretende el actor (sic) la conducta omisiva del INDER, son acuerdos en donde la Institución no actuó en su condición de ente público dotado de privilegios y prerrogativas públicas, sino como mediador o arbitro como un mecanismo alternativo al conflicto, Por ende, el actor carece de derecho para pretender la declaratoria de cualquier conducta omisiva del INDER porque el artículo 94 de la Ley de Tierras y Colonización, reguló, que si en un año el conflicto no ha sido solucionado, se tendría por agotada la vía administrativa. En otro orden de ideas, la parte actora también pretende declarar la inacción en ejecutar acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. Sin embargo, la parte actora carece de prueba para demostrar que durante esa época estaba ocupando la zona y, en consecuencia, la parte actora carece de derecho para pretender cualquier tipo de inacción administrativa. Además, no existe derecho alguno porque el acuerdo número 11 de la sesión 400 del 08 de junio de 1965 de la Junta Directiva fue revocado por el artículo II de la sesión 628 del 04 de noviembre de 1988. (ver folio 68 del expediente judicial). Ahora bien, el actor también pretende eventuales reconocimientos de derechos posesorios e indemnizatorios sobre un terreno identificado por medio del croquis a folio 476 del expediente judicial. Para el caso en concreto, se demuestra con el oficio ACOSA-RFGD-114-2015 del 18 de agosto del 2015 a folios 782 y 783 del expediente judicial y el oficio IRT-0899-2019 del 16 de octubre del 2019 y el montaje que se adjunta, que el croquis que aporta el actor a folio 476 del expediente judicial, forma parte en su totalidad de la Reserva Forestal Golfo Dulce. La Reserva Forestal Golfo Dulce fue creada mediante el Decreto Ejecutivo 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978. Esta Área Silvestre Protegida forma parte del Patrimonio Natural del Estado. Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto al tema del Patrimonio Natural del Estado, en el voto 416975-2008, sostuvo: [Cita]. Por consiguiente, se demuestra que el área de terreno que pretende la parte actora forma parte en su totalidad de la Reserva Forestal Golfo Dulce y en consecuencia, esta área del Patrimonio Natural del Estado por ley es administrado por el MINAE a través del SINAC (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2”, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2”) y en consecuencia nos encontramos bajo un régimen especial, en donde el Instituto de Desarrollo Rural no puede disponer del Patrimonio Natural del Estado por disposición del artículo 15 de la Ley Forestal. La Reserva Forestal Golfo Dulce está sujeta a un régimen especial, en donde el Instituto de Desarrollo Rural está impedido por disposición de rango de ley para disponer en los terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, en donde la propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. Además no es posible el reconocimiento de ningún derecho porque el actor no demuestra ser el legítimo poseedor en forma originaria o derivada del inmueble con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado,” definido en el artículo 18 como el que "está constituido por las Reservas Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas”; asimismo, en su artículo 19 se dispuso que “quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reservas nacionales; b) las Áreas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas [...)”. Concepto que en la actualidad mantiene su esencia, con la definición del Patrimonio Natural del Estado, que dispone la Ley Forestal 7575. Asimismo, no es posible el reconocimiento de indemnización alguna. La propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. La afectación como Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente, reconocido en el artículo 50 constitucional y antes a ella por la misma Sala Constitucional mediante el Voto N°3905-1993 de las 15:00 hrs del 30 de julio de 1993. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucha más razón, terrenos propiedad de alguna institución del Estado. El Instituto de Desarrollo Rural tiene impedimento legal para disponer de los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado dado que los artículos 14 y 15 de la Ley Forestal impide a la Institución enajenar los bienes que forman el Patrimonio Natural del Estado. Fue el Estado a través del Poder Ejecutivo quien decidió, en el año 1978, el crear la Reserva Forestal Golfo Dulce mediante el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978, incorporándose al Patrimonio Natural del Estado y si el actor realizó cualquier tipo de negocio jurídico con los inmuebles que le pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era responsabilidad del adquirente, investigar y verificar las características del bien, no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de los bienes demaniales. Asimismo, para los ocupantes que adquirieron su posesión en forma derivada, no procede el pago por concepto de daño moral, ya que este debe ser alegado por la persona que sufrió el daño en forma directa, no configurándose en el presente caso dicho presupuesto. No existe censo alguno que demuestre que el actor es el legítimo poseedor en forma originaria del inmueble con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. Asimismo, la pretensión del actor en cobrar perjuicios no posee fundamento legal, es absolutamente contrario a lo normado en el artículo 194, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública el cual indica que la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. Además de lo anterior, tampoco procede el reconocimiento de ningún tipo de derecho posesorio o indemnizatorio, porque en el voto número 52-1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictada a las quince horas diecisiete minutos del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ya existió una indemnización dentro de terrenos del Asentamiento Campesino a favor de los señores Arturo Aguilar Vindas por un terreno de mil doscientas setenta y cuatro hectáreas, a Santiago Aguilar Mora por un terreno de quinientas hectáreas y a la sucesión de Eliecer Aguilar Mora por un terreno de trescientos sesenta y cinco hectáreas. Así pues, cualquier posesión derivada de la finca de la Familia Aguilar no es procedente por cuanto dichos terrenos fueron oportunamente indemnizados por la Institución. Al respecto el croquis que aporta el actor a folio 476 del expediente judicial, se encuentran traslapado con la finca conocida como Los Aguilares, circunstancia que se demuestra con el oficio AT-150-2013 del 15 de mayo del 2013 y el montaje visible a folios 967 y 968 del expediente judicial y el oficio IRT-0899-2019 del 16 de octubre del 2019 y montaje que se adjuntan, determinan que efectivamente el croquis con un área de 12ha. 9774m2 se encuentra dentro de la finca conocida como Los Aguilares. Nótese que el contrato de venta del inmueble que aporta el actor a folio 474 del expediente judicial, se constata que la presunta posesión derivada que pretende hacer valer la parte actora, proviene del señor Arturo Aguilar, quien ya había recibido la indemnización correspondiente. Por otra parte, el croquis que aporta el actor a folio 476 no comprueba la posesión según lo dispuesto en el artículo 301 del Código Civil y el contrato de venta del inmueble que aporta el actor a folio 474 del expediente judicial, se constata que la presunta posesión derivada que pretende hacer valer la parte actora la obtiene hasta el 04 de octubre del 2011. Para esa fecha, el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en el artículo 39 de la sesión 044-05 del 14 de noviembre del 2005 ya se encontraba revocado por el artículo 35 de la sesión ordinaria 040-2007 del 19 de noviembre del 2007. (ver acuerdos de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario), por lo que es conveniente indicar también que la parte actora, en ningún momento acredita el haber gestionado alguna solicitud administrativa al amparo del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en el artículo 39 de la sesión 044-05 del 14 de noviembre del 2005, por lo que se rechaza cualquier conducta omisiva. Por ende, solicito que se declare sin lugar la presente demanda, se acoja la falta de derecho y se condene al actor al pago de ambas costas. SOBRE LA FALTA DE DERECHO CON RESPECTO A LOS DAÑOS, PERJUICIOS Y DAÑO MORAL: Esta representación se opone en todos sus extremos al cobro de daños, perjuicios y daño moral. El actor carece de nexo causal y de prueba idónea para pretender cualquier tipo de indemnización al Instituto de Desarrollo Rural. El actor pretende el cobro de daños y perjuicios ocasionados por la presunta inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años por impedir un régimen de posesión sano de posesión del terreno identificado por medio del croquis a folio 476 del expediente judicial y la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento del actor. Ahora bien, el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce fue dictada por el Poder Ejecutivo. Fue un acto administrativo de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo con la finalidad de crear una Área Silvestre Protegida. El Instituto de Desarrollo Rural no creó la Reserva Forestal Golfo Dulce y ante este supuesto la Institución se encuentra ante una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 190 inciso 1) por ser el hecho de un tercero y consecuentemente el actor carecería de derecho para reclamar cualquier indemnización al Instituto de Desarrollo Rural. Aunado a lo anterior, si el actor realizó cualquier tipo de negocio jurídico con el inmueble que le pertenece al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era responsabilidad del adquirente, investigar y verificar las características del bien, no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de ser bienes demaniales. En este supuesto estamos ante una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 190 inciso 1) por ser culpa de la víctima. En el mismo orden de ideas, no es posible el reconocimiento de indemnización alguna. La propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. La afectación como Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público del Estado, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente. La administración del Patrimonio Natural del Estado por Ley le corresponde al MINAET a través del SINAC. (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2. y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32. pfo: 2). Así las cosas, el INDER no es la institución que administra el Patrimonio Natural del Estado y consecuentemente los actores carecerían de derecho para reclamar cualquier indemnización al Instituto de Desarrollo Rural. Además de lo anteriormente expuesto es importante indicar que no es procedente ningún tipo de indemnización contra el Instituto de Desarrollo Rural, porque tiene impedimento legal para disponer de los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado por la regulación de rango legal contemplada que el artículo 15 de la Ley Forestal, y consecuentemente le impide a la Institución cualquier tipo de disposición de los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado. La presunta posesión derivada que adquiere el actor, a folio 474, lo obtiene por un precio de trescientos mil colones en octubre del dos mil once, y ahora pretende accionar indemnizaciones contra el Instituto de Desarrollo Rural insinuando gastos inmensos, daños, perjuicios y demás que carecen de toda prueba idónea. Asimismo, cualquier ocupante que adquirió presuntamente su posesión en forma derivada, no procede el pago por concepto de daño moral, ya que este debe ser alegado por la persona que sufrió el daño en forma directa, no configurándose en el presente caso dicho presupuesto. Incluso nótese que no existe censo alguno que demuestre que el actor sea el legítimo poseedor en forma originaria del inmueble con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto de Patrimonio Forestal del Estado. Se rechaza en todos sus extremos, cualquier gestión de desalojo y/o gestiones administrativas que dicha la parte actora menciona que ha enfrentado, por carecer de prueba idónea. Además, se rechaza en todos sus extremos cualquier cobro de daño moral por el hecho que los procesos judiciales han tardado mucho como lo alega la representación del actor. Los procesos y el accionar ante los Tribunales de Justicia no pueden catalogarse en daño moral alguno. Es un hecho ajeno y excluyente al Instituto de Desarrollo Rural, careciendo de nexo causal. Por último, se rechaza en todos sus extremos la pretensión del actor en cobrar perjuicios, porque no poseen fundamento legal, es absolutamente contrario a lo normado en el artículo 194, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública el cual indica que la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. Por ende, solicito que se declare sin lugar la presente demanda, se acoja la excepción de falta de derecho y se condene al actor al pago de ambas costas. EXCEPCIÓN DE FALTA DE INTERÉS ACTUAL: La parte actora no acudió a hacer valer su derecho en el momento oportuno. Los terrenos fueron afectados por el Decreto de Creación de la Reserva Forestal de Golfo Dulce desde el año 1978, o bien, incorporados al Patrimonio Forestal del Estado a causa de la Ley Forestal 4465 del año 1969 y ratificada por la actual Ley Forestal 7575 bajo el concepto de Patrimonio Natural del Estado. Nótese que la parte actora pretende declarar la inacción de ejecutar acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974, no obstante, es el propio Estado -a través del Poder Ejecutivo- quien decidió crear la Reserva Forestal Golfo Dulce mediante el Decreto Ejecutivo 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978, incorporándose esta área al Patrimonio Natural del Estado y en consecuencia el Instituto de Desarrollo Rural tiene impedimento legal para disponer de los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado por la regulación de rango legal contemplada que el artículo 15 de la Ley Forestal, y consecuentemente le impide a la Institución cualquier tipo de disposición de los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado. Por ende, se reitera respetuosamente que el croquis que aporta el actor a folio 476 del expediente judicial forma parte en su totalidad de la Reserva Forestal Golfo Dulce y, en consecuencia, esta área del Patrimonio Natural del Estado por ley es administrado por el MINAE a través del SINAC (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2) y en consecuencia nos encontramos bajo un régimen especial, en donde actualmente el Instituto de Desarrollo Rural no puede disponer del Patrimonio Natural del Estado por disposición del artículo 15 de la Ley Forestal. Por ende, solicito que se declare sin lugar la presente demanda, se acoja la falta de interés actual y se condene a los actores al pago de ambas costas. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA: La parte actora también pretende declarar la inacción en ejecutar acuerdos de Junta Directiva del anteriormente denominado Instituto de Tierras y Colonización que datan de 1965, 1967, 1970 y 1974. Sin embargo, la parte actora carece de prueba para demostrar que durante esa época estaba ocupando la zona y en consecuencia, el Instituto de Desarrollo Rural no puede ser objeto de reclamos por la actora. Ahora bien, el Decreto 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1 de junio de 1978 que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce fue dictada por el Poder Ejecutivo. Fue un acto administrativo de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo con la finalidad de crear una Área Silvestre Protegida. El Instituto de Desarrollo Rural no creó la Reserva Forestal Golfo Dulce y ante este supuesto la Institución se encuentra ante una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 190 inciso 1) por ser el hecho de un tercero y consecuentemente el Instituto de Desarrollo Rural carece de legitimación pasiva para que sea objeto de reclamos. Aunado a lo anterior, si el actor realizó cualquier tipo de negocio jurídico con el inmueble que le pertenece al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era responsabilidad del adquirente, investigar y verificar las características del bien, no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de ser bienes demaniales. En este supuesto estamos ante una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 190 inciso 1) por ser culpa de la víctima y el Instituto de Desarrollo Rural carece de legitimación pasiva para que sea objeto de reclamos. Asimismo, cualquier ocupante de los terrenos del Patrimonio Natural del Estado carece de legitimación para reclamar o pretender derecho alguno, por disposición de los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización. Asimismo, la parte actora carece de legitimación porque no es la legítima poseedora en forma originaria o derivada de los inmuebles con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 17 de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO estando incorporados al Patrimonio Forestal del Estado hoy denominado Patrimonio Natural del Estado. Además, el Patrimonio Natural del Estado es administrado por el MINAE a través del SINAC. (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, articulo 32, pfo. 2). Así pues, el Instituto de Desarrollo Rural no puede ser objeto de reclamos en terrenos en los cuales no le compete su administración, máxime que dicha administración es competencia del MINAE a través del SINAC de manera irrenunciable, intransferible e imprescriptible que no puede declinar. Por ende, solicito que se declare sin lugar la presente demanda, se acoja la falta de legitimación activa y pasiva y se condene a la parte actora al pago de ambas costas.

 IV.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

 1) Mediante la Ley de Tierras y Colonización (N°2825 del 14 de octubre de 1961), el legislador dispuso, en lo conducente: “Artículo 92.-El Instituto es el organismo facultado para intervenir en todos los casos de posesión precaria de tierras, y procurará encontrarles solución satisfactoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas por esta ley. Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria; pero una vez involucrados en la resolución de un conflicto motivado por la posesión precaria de tierras, quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 101 de esta ley; los que no tuvieren la posesión decenal, reclamarán sus derechos conforme a las disposiciones de este Capítulo”. “Artículo 94.-La solución de los conflictos derivados de la posesión precaria de tierras, se buscará fundamentalmente a través de contratos directos de compra-venta entre el propietario y los ocupantes, con intervención del Instituto, y en la forma en que se indica en los artículos siguientes. Previamente al establecimiento de una acción judicial cualquiera en que pueda estar comprendido un problema de posesión precaria de tierras, los propietarios deberán presentar su reclamo ante el Instituto, conforme a los procedimientos mencionados en este Capítulo. Transcurridos tres meses a partir del recibo de la gestión respectiva sin que el Instituto haya declarado la existencia de un conflicto de posesión de tierras, o un año desde esa declaratoria, sin que el conflicto haya sido solucionado, se tendrá por agotado el procedimiento administrativo, y los accionantes podrán dirigirse a los Tribunales. No obstante lo anterior, cualquiera de los interesados podrá solicitar al Juez o Alcalde de la Jurisdicción en que esté situada la finca, que lleve a cabo una inspección ocular, con citación de partes, para comprobar cualesquiera hechos o señales que pudieren variar o desaparecer con el tiempo. Mientras el asunto esté en el Instituto, no correrá el término de la prescripción para ninguna de las partes. Solucionado el conflicto por el Instituto con la conformidad del propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, el propietario carecerá de toda acción judicial, sea civil o penal, contra los poseedores en calidad de tales. Caso contrario, los ocupantes quedarán expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 2) Por acuerdo adoptado en el artículo N°11 -once- de la sesión N°400 celebrada el 19 de junio de 1965, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: “Proponer a la Arawak Co. el arreglo expresado en las siguientes bases: A) Compra de la porción de sus tierras conocidas con el nombre de Bahía Drake (zona A en el plano preparado por la Sección de Estudio de Fincas) con una superficie de 2.778 has. de área plana y 2.292 has. 5123.58 m2 de área irregular, a 10 años de plazo por la suma valorada por el perito del ITCO en avalúo que es documento Anexo a esta acta (…) B) Venta de la zona denominada área del este de la Laguna Rancho Quemado (zona III en plano adjunto) con una superficie de 412 has. 7792.91 m2, en la suma de … la ha. de acuerdo al avalúo establecido por los peritos del ITCO, y que figura en documento anexo a esta acta, que se pagarán al ITCO en dinero efectivo (…). C) Arrendamiento a la Compañía de la zona conocida con el nombre de centro Arawak que es terreno del Estado (…) para lo cual el ITCO conseguirá la correspondiente autorización legislativa. D) Considerar la posibilidad de arrendar a la Cia. el llamado Cerro de Oro de propiedad del Estado (…) localizado en el sur de Arawak”. (Imágenes 66 y 67 del expediente judicial).

 3) Por acuerdo adoptado en el artículo II de la sesión N°628, celebrada el 4 de noviembre de 1966, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: “Revocar el acuerdo contenido en artículo XI de la sesión N°400 celebrada el día 8 de junio de 1965. Sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria de tierras en fincas de la sociedad Arawak Trust Company, sitas en Bahía Drake de Osa, prosíganse los trámites señalados en el Capítulo 6º de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas”. (Imagen 79 del expediente judicial).

 4) Por acuerdo adoptado en el artículo VI de la sesión N°712 del 2 de mayo de 1967, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: "a) Ratificar el acuerdo contenido en el art. II de la sesión N°628 celebrada el 4 de noviembre de 1966, por el cual se acordó que sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa, prosíganse los trámites señalados en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y Colonización; b) Encargar al Depto. Legal la elaboración de un proyecto de Decreto Ejecutivo tendiente a inscribir a nombre del Estado, para su posterior traspaso al ITCO, de aquellos terrenos nacionales, con una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas, que se encuentran situados en el centro de la Península de Osa, rodeados de las fincas de la Osa Productos Forestales”. (Imagen 83 del expediente judicial).

 5) Mediante la Ley Forestal (N°4465 del 25 de noviembre de 1969), el legislador dispuso, en lo conducente: “Artículo 22.- El Poder Ejecutivo decretará tanto para reservas nacionales, estatales, municipales o particulares, las Reservas Forestales, los Parques Nacionales y Reservas Biológicas que crea conveniente para el logro adecuado del propósito de esta ley. Cuando se trate de terrenos particulares para el establecimiento de Reservas y Parques Nacionales, tales terrenos se adquirirán mediante compra o expropiación”. “Artículo 23.- En los decretos creadores de las Reservas Forestales y de los Parques Nacionales, se establecerán claramente sus linderos y la obligación de materializarlos en el terreno, por parte de la Dirección General Forestal”. “Artículo 24.- Las Zonas Protectoras establecidas por la ley o mediante decreto ejecutivo, que se encuentren en las Reservas Nacionales, también formarán parte del patrimonio forestal del Estado”. “Artículo 25.- La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado, a que se refiere el artículo 19 de esta ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal, con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupen total o parcialmente, en el caso de que se trate de Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales y Reservas Biológicas. Asimismo, el Instituto de Tierras y Colonización tiene la obligación de reubicar a las personas afectadas por esta disposición, previo acuerdo con el Poder Ejecutivo”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 6) Por acuerdo adoptado en el artículo VI de la sesión N°1196 del 16 de junio de 1970, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: "a) Ordenar al Departamento correspondiente la localización y medida de las áreas que la Cía. Osa Productos Forestales S.A. propone al Instituto canjear por terrenos de la Reserva Nacional, según plano que se adjunta; b) Solicitar a la Gerencia se ponga en contacto con la Dirección Nacional Forestal para que en forma conjunta con el Instituto, realice un estudio de la propuesta de la Cía. Osa Productos Forestales S.A.”. (Imagen 94 del expediente judicial). 

 7) Por acuerdo adoptado en el artículo VIII de la sesión N°1604, de la sesión celebrada el 20 de marzo de 1973 la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: “Encargar a la Gerencia prepare el estudio técnico de las tierras propiedad de la OSA Productos Forestales S.A. sitos en la Península de OSA a fin de que el mismo permita al ITCO plantear contraposiciones a la mencionada empresa para la resolución del conflicto de ocupación precaria allí existente ya sea mediante compra de tierras o por medio de expropiación de las mismas”. (Imagen 95 del expediente judicial).

 8) Por acuerdo adoptado en el artículo XI de la sesión N°1821, de la sesión celebrada el 11 de noviembre de 1974, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: "A- Ratificar la aprobación del proyecto de convenio preliminar para la solución de conflicto de tierras en propiedad de Osa Productos Forestales S.A. haciendo hincapié en que al tenor de la cláusula cuarta del mismo la OSA se obliga a traspasar al ITCO el 20% de las áreas de Reserva Nacional; B- La anterior disposición deroga todos aquellos acuerdos que se opongan a lo acordado en el inciso A de este acuerdo". (Imagen 111 del expediente judicial).

 9) Por acuerdo adoptado en el artículo IV de la sesión N°1832, de la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1974, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso: "Modificar el artículo XI de la Sesión N°1821 de 11 de noviembre de 1974 en el sentido de que se lea así: A) Ratificar la aprobación del Proyecto de Convenio preliminar para la solución del conflicto de tierras en propiedad de Osa Productos Forestales S.A. haciendo hincapié en que al tenor de la cláusula cuarta del mismo, la Osa, se obliga a traspasar al ITCO un área de Reserva del 20% de las tierras requeridas para cada Asentamiento, destinado al desarrollo futuro de aquellos; B) La anterior disposición deroga todos aquellos acuerdos que se opongan a lo acordado en el inciso A) de este acuerdo".(Imagen 113 del expediente judicial).

 10) Por escritura número 51 otorgada ante el Notario Rolando Sáenz Ulloa el 20 de noviembre de 1974, el Gerente General del antiguo ITCO y el representante de la empresa Compañía Osa Productos Forestales S.A., suscribieron un convenio que en lo conducente dice: “…Cláusula Primera: Las partes contratantes desean buscarle solución justa y adecuada a los conflictos existentes entre campesinos, ocupantes de parcelas ubicadas dentro de los inmuebles de que es propietaria La Osa, con miras a dotar a aquellos de esos ocupantes que califiquen como poseedores en precario, de tierras económicamente explotables, de procurar el justo valor de las mejoras realizadas a los campesinos censados por el ITCO que no alcancen esa calificación, de abrir nuevas fuentes de trabajo para los pequeños propietarios establecidos en la región y para sus familias, y de asegurar el normal desarrollo de las actividades de La Osa en la explotación racional de los bosques y las tierras que le pertenecen, en un ambiente de paz y armonía con los campesinos pobladores de la región. De acuerdo con la Ley de Tierras y Colonización, es entendido que, para los efectos de este convenio, sólo merecerán la calificación de ocupantes o poseedores en precario, aquellos pequeños agricultores carentes de tierras propias, inscritas o no inscritas, que, a la fecha de promoverse el conflicto ante el ITCO, demuestren haber realizado actos de posesión estables y efectivos, como dueños en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, por más de un año. Las partes convienen en que el conflicto se tendrá por iniciado el día primero de enero de mil novecientos setenta y tres. Por campesinos con derecho al pago de mejora, se entenderá aquellos pequeños propietarios que se encuentren en las condiciones descritas pero que no hayan alcanzado el año de posesión que se requiere para tener la condición de ocupantes en precario. Cláusula Segunda: Para cumplir las finalidades expresadas en la cláusula primera, en la forma más eficiente, técnica y económica, las partes contratantes convienen que el ITCO inicie a la mayor brevedad posible un censo general de los pobladores afincados en los terrenos de La Osa y la determinación de cuáles de ellos califican como ocupantes en precario y cuáles tienen la condición de campesinos que no pueden ser calificados como tales, pero a quienes se justifica el reconocimiento del valor de las mejoras efectuadas. El ITCO realizará los estudios técnicos que requiera la localización y planificación de los asentamientos o parcelaciones que deberán servir para ubicar a quienes califiquen como ocupantes en precario y la selección de los terrenos adecuados para esa finalidad”. (Imágenes 250 a 255 del expediente judicial).

 11) Mediante Decreto Ejecutivo N°5343 (del 24 de octubre de 1975), el Poder Ejecutivo inscribió a nombre del Estado áreas de terreno de la Reserva Nacional en Sierpe. Dispuso en lo conducente: “Considerando: 1°-Que es función esencial del Estado la conservación de los recursos naturales del país y en especial la protección de aquellas áreas del territorio que constituyan un patrimonio nacional que debe mantenerse por su belleza escénica o especiales condiciones ecológicas. 2°-Que para los efectos de la creación del Parque Nacional de Corcovado se han realizado negociaciones con particulares propietarios de fincas afectadas por el indicado proyecto para el intercambio de algunas áreas de terrenos del Estado ubicadas fuera de la zona de afectación por otras sujetas ya a dominio privado, que deben ser comprendidas dentro del régimen de protección que establece el decreto de creación del indicado Parque Nacional de Corcovado. 3°-Que de conformidad con el ordenamiento legal vigente dicho intercambio de tierras es más factible por intermedio del Instituto de Tierras y Colonización, organismo al cual la ley le atribuye el deber de coadyuvar la conservación de recursos naturales y para el que este tipo de negociación constituye una operación de tráfico ordinario. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°-Inscríbase a nombre del Estado como finca individualizada en el Registro Público, las áreas de terreno de la Reserva Nacional sitas en Sierpe, distrito 3° del cantón 5° de la provincia de Puntarenas, que describen así: lote primero. terreno de montaña con un área de 9.396 hectáreas, 5.312,50 metros cuadrados, que se localiza en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50000, Llorona 3441 - 11, localizada por los puntos cuyos rumbos, distancias y coordenadas son: (…) Lote segundo: terreno de montaña con una área de 4.886 hectáreas, 7.187,50 metros cuadrados, localizado en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1 :50 000, Llorona 3441 - 1, Y Golfo Dulce 3441 - IV, localizada por los puntos cuyos rumbos, distancias y coordenadas son: (…) Artículo 2°-Se establece un derecho de vías a efecto de facilitar el acceso al Parque Nacional de Corcovado y tierras aledañas sobre el área de paso cuya superficie es de 1. 442 hectáreas, 3.750,00 metros cuadrados, la cual se localiza en la hoja del Instituto Geográfico Nacional, escala 1 :50 000, Sierpe 3442 - n, localizada por los puntos cuyos rumbos, distancias y coordenadas son: (…) Artículo 3°-Autorízase al señor Procurador General de la República a comparecer ante la notaría del Estado con el objeto de hacer protocolizar en lo conducente este decreto y para traspasar en el mismo acto al Instituto de Tierras y Colonización los inmuebles descritos. Artículo 4°-Igualmente se autoriza al Instituto de Tierras y Colonización para permutar con la compañía "Osa Productos Forestales S. A.", con domicilio en esta ciudad capital, libres de todo gravamen los inmuebles a que se refiere el artículo 1° del presente decreto por el área de terreno perteneciente a dicha sociedad afectada por el Parque Nacional de Corcovado y para traspasar a su vez a la Dirección Forestal, el lote permutado con la indicada compañía, conforme a las negociaciones celebradas entre aquella y el Gobierno de la República”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 12) Mediante Decreto Ejecutivo N°5357 (del 24 de octubre de 1975), el Poder Ejecutivo creó el Parque Nacional de Corcovado en la Península de Osa. Dispuso en lo conducente: “Considerando: 1°-Que es una de las funciones del Estado, la conservación de aquellas zonas del país que posean recursos naturales o culturales de importancia excepcional. 2°-Que la cuenca del Corcovado en la Península de Osa, ha sido considerada por científicos de todo el mundo, como una de las áreas tropicales húmedas de mayor riqueza en flora, fauna y ecosistemas naturales. 3°-Que debido a su aislamiento, hasta hace poco la zona se mantuvo inalterada, pero que actualmente, la explotación destructiva de sus recursos naturales amenaza con hacer desaparecer toda la riqueza biológica de la misma. 4°-Que las tierras de esta cuenca, según lo comprobó la Comisión Legislativa que estudió lo relacionado con la Osa Productos Forestales, son en su mayoría de muy fuertes pendientes, de mal drenaje, de alta pluviosidad y de suelo inestables, y consecuentemente no tienen ningún valor agropecuario y muy escaso valor forestal. 5°-Que el establecimiento de un Parque Nacional en la cuenca del Corcovado, asegurará que esta importante parte del Patrimonio Cultural suministre beneficios permanentes de educación, investigación, inspiración y recreación para las actuales y futuras generaciones de costarricenses. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°-Se declara como Parque Nacional de Corcovado, la zona de la Península de Osa que se encuentra en las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50000, Carate 3541 - III, Golfo Dulce 3541 - IV, Madrigal 3441 - II y Llorona 3441 - I, localizada por los puntos cuyos rumbos, distancias y coordenadas son: (…) Área 34 346 Ha. 5 000.00 m2. Entre este último punto de coordenadas 267 000 y 519 000, y el origen de la presente descripción de coordenadas 287 000 y 492 750, se extiende el límite marítimo de este Parque, que incluye una franja de 500 metros de mar a lo largo de la costa. Se incluyen dentro del Parque todas las rocas e islas ubicadas frente al mismo que se encuentren en aguas territoriales de Costa Rica. Artículo 2°-La Procuraduría General de la República hará inscribir los terrenos del Estado ubicados dentro de este parque en el Registro Público, como finca individualizada del patrimonio nacional. Estos terrenos se declaran como inalienables. Artículo 3°-Durante la vigencia de este decreto, los particulares no podrán tramitar en los terrenos afectados, ninguna información posesoria, ni ejercer ningún acto de posesión dentro del Parque, de conformidad con los artículos 19 y 25 de la Ley Forestal. Artículo 4°-Se encarga al Instituto Geográfico Nacional la interpretación de los límites descritos, de acuerdo con el avance cartográfico del mapa básico del país, la publicación de un mapa separado de este parque y la toma de nuevas fotos aéreas para la confección de un Mosaico Fotográfico actualizado. Artículo 5°-La Procuraduría General de la República, dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto, levantará actas notariales de los actuales propietarios; ocupantes y precaristas de la zona. Artículo 6°-A fin de proteger el Parque creado por este decreto, los miembros de la Guardia de Asistencia Rural quedan investidos del carácter de guardabosques. Será responsabilidad suya ayudar al MAG en la protección del parque hasta tanto no se cree un cuerpo permanente de guardabosques residentes en el mismo. Artículo 7°-La administración de este Parque estará a cargo del Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual contará con el asesoramiento técnico y científico de un Comité Asesor formado por: El Director del Servicio de Parques Nacionales, quien lo presidirá; un representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), un representante de la Oficina de Planificación; un representante de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, un representante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica; un representante del Colegio de Biólogos, y un representante del Centro Científico Tropical, como asociación nacional interesada en la conservación de la naturaleza. El Comité podrá también invitar a sus reuniones con el carácter de observadores, a representantes de organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la conservación de este parque. Artículo 8°-Las funciones del Comité serán: 1) Coadyuvar en la adecuada administración y protección del parque; 2) Fomentar las contribuciones y donaciones de personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras, para desarrollo y protección del mismo; 3) Gestionar la inclusión de este parque dentro de los programas de las Naciones Unidas denominados "El Hombre y la Biosfera" y "Fondo para la Herencia Mundial" 4) Colaborar en la redacción de un proyecto para darle estatus de ley de la República a este Parque, en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la fecha en que el Comité quede oficialmente instalado; 5) Coadyuvar en la coordinación de la acción de todas las instituciones nacionales que pudieran colaborar en el establecimiento y manejo de este parque. Artículo 9°-El MAG podrá celebrar contratos y acuerdos con organizaciones nacionales e internacionales con el fin de procurar fondos para la protección de este Parque Nacional. Artículo 10°-En todos los terrenos ubicados en este Parque, queda prohibido: 1) Talar árboles y extraer cualquier tipo de planta o producto vegetal; 2) Cazar o capturar animales silvestres, fluviales, terrestres o marinos o recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos; 3) Recolectar o extraer objetos de interés histórico o arqueológico; 4) Introducir plantas y animales domésticos exóticos; 5) Aterrizar en las playas sin autorización o sobrevolar la. zona a baja altura; 6) Extraer rocas y arenas; 7) Provocar quemas, echar ganado y poner colmenas; 8) Construir carreteras y caminos para vehículos; 9) Portar armas. Sólo se permitirá la recolección de pocos o pequeños especímenes de plantas, rocas y minerales, mediante la aprobación conjunta por escrito del Servicio de Parques Nacionales y del Comité de Manejo. Igualmente, el Servicio de Parques Nacionales con la aprobación del Comité, podrá realizar o autorizar la realización de aquellas obras de infraestructura y facilidades que sean necesarias para fines de investigación, educación, administración y para visitantes con intereses educativos”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 13) Entre el 13 de enero y el 6 de febrero de 1976, la Sección de Inventario de Tierras y la Sección de Avalúos del ITCO realizaron el estudio de tenencia de tierras y el censo de ocupantes en terrenos propiedad de la empresa Osa Productos Forestales S.A. en el cantón de Osa. (Imágenes 296 a 320 del expediente judicial).

 14) Por acuerdo adoptado en el artículo III de la sesión N°1962 celebrada el 15 de marzo de 1976, la Junta Directiva del antiguo ITCO dispuso, en lo conducente: “Autorizar se gire al Fondo Especial de Emergencia creado por el artículo IV de la Ley 4374 del 14 de agosto de 1969, con el carácter de aporte con destino específico al pago de las indemnizaciones legales que por concepto de mejoras deban reconocerse a los ocupantes desalojados de los terrenos comprendidos dentro del Parque Nacional de Corcovado (…)”. (Imágenes 145 y 146 del expediente judicial).   

 15) Mediante Decreto Ejecutivo N°6953 (del 26 de abril de 1977), el Poder Ejecutivo reformó parcialmente el Decreto N°5343 del 24 de octubre de 1975, autorizando igualmente al ITCO para permutar inmuebles con Osa Productos Forestales S.A. para la creación del Parque Nacional de Corcovado. Dispuso en lo conducente: “Considerando: Que por error de interpretación de la disposición contenida en el decreto que se dirá, han surgido dificultades en la ejecución del Convenio de permuta de tierras entre el Estado y la sociedad de este domicilio "Osa Productos Forestales S. A.". para la creación del Parque Nacional de Corcovado. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°- Modificase el artículo 4° del Decreto Ejecutivo N°5343-A publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" del 31 de octubre de 1975, a efecto de que se lea como sigue: "Artículo 4°-Igualmente se autoriza al Instituto de Tierras y Colonización para permutar con la compañía "Osa Productos Forestales S. A.", con domicilio en esta ciudad capital, libres de todo gravamen los inmuebles a que se refiere el artículo 1° del presente decreto por el área de terreno perteneciente a dicha sociedad afectada por el Parque Nacional de Corcovado y para traspasar a su vez a la Dirección Forestal, el lote permutado con la indicada compañía, conforme a las negociaciones celebradas entre aquella y el Gobierno de la República. Asimismo, se autoriza al Procurador General de la República, para comparecer ante el notario del Estado para aceptar el traspaso de las áreas destinadas al Parque Nacional de Corcovado que transferirá al ITCO a la Dirección General Forestal según lo dispone el presente decreto". Artículo 2°-Se autoriza al señor Procurador General de la República a comparecer ante el notario del Estado a otorgar la correspondiente escritura de rectificación del asiento respectivo practicado en el Registro Público”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 16) Mediante Decreto Ejecutivo N°8494 (del 28 de abril de 1978), el Poder Ejecutivo creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Dispuso en lo conducente: “Considerando: 1°-Que es función esencial del Estado velar por la protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso múltiple de los recursos naturales renovables. 2°-Que los cerros que existen alrededor del Golfo Dulce y en la Península de Osa son en su mayoría de topografía quebrada hasta fuertemente pendiente, de suelos arcillosos con poca fertilidad, y de alta pluviosidad hasta seis metros de lluvia anual: y consecuentemente estos terrenos no son aptos ni para la agricultura ni para la ganadería. El uso más adecuado para ellos sería la explotación racional de los recursos forestales, protegiendo a la vez las cuencas hidrográficas que proveen el agua a las áreas agrícolas de la zona. 3°-Que estas tierras en su mayoría se encuentran todavía con mis bosques intactos, los cuales contienen un gran número de árboles de alto valor comercial, y cuentan con capacidad para una regeneración rápida en las zonas manejadas para rendimiento continuo. 4°-Que la explotación racional de estos bosques bajo un plan ordenado de rendimiento continuo, regulado por la Dirección General Forestal podría ser la base para un desarrollo industrial maderero, lo cual crearía empleo y mejoraría las condiciones de vida para la gente de la zona. 5°-Que la apertura reciente de tina trocha que une a la Carretera interamericana desde Piedras Blancas con Rincón y Puerto Jiménez de Osa, constituye un peligro inmediato para una gran parte de estos recursos forestales, ya que termina con el aislamiento que anteriormente daba protección natural a estos terrenos. Por tanto. DECRETAN: Artículo 1°.-Establécese la Reserva Forestal Golfo Dulce que comprende el territorio ubicado dentro de la siguiente demarcación (según mapas topográficos 1 -50000 IGN- Changuera 3542 TV, Rincón 3542 [II. Sierpe .4442 II, Llorona 3441 I, Golfo Dulce 3541 IV. Carate 3541 III). (…) Artículo 2°-La Reserva Forestal que se declara en este decreto comprende un área de 84 538 Ha I 875 m2. La demarcación de dicha reserva se encuentra en el plano confeccionado por la Dirección General Forestal. Artículo 3°-Se declaran inalienables tos terrenos nacionales que se encuentran dentro de la anterior delimitación. Artículo 4°-La Procuraduría General de la República hará inscribir los terrenos del listado de esta Reserva en el Registro Público, como finca individualizada del Patrimonio Nacional. Artículo 5°- La Dirección General Forestal se encargará de los trabajos de deslinde, vigilancia y estudios tendientes al aprovechamiento de los recursos naturales. Artículo 6°-En los terrenos comprendidos dentro de la Reserva queda prohibido sin el permiso previo del Director General Forestal: a) Talar árboles y extraer productos forestales de todo orden; b) Cazar o capturar animales silvestres o recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos; y c) Realizar quemas y cualquier tipo de actividad agrícola, pecuaria, industrial, comercial o de explotación forestal. Artículo 7°-El aprovechamiento de cualquiera de los recursos naturales de la reserva sólo será permitido bajo normas técnicas que la Dirección General Forestal aprobará en su oportunidad y según la zonificación que a tal efecto establezca. Artículo 8°-Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la autorización escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las adquiera. Artículo 9°-La Dirección General Forestal gestionará la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentra dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración. Artículo 10.-El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización. Artículo 11.-La adquisición de los terrenos que fueren necesarios se harán de conformidad con el censo que para este efecto levantará la Dirección General Forestal o el ITCO. Artículo 12.-La Dirección General Forestal podrá celebrar toda clase contratos con las dependencias del Gobierno Central, los entes autónomos o semiautónomos. Municipalidades, Organismos Internacionales y Asociaciones Científicas, si los mismos tienen por objeto la realización de estudios, establecimientos de campos científicos o de experimentación, de control ecológico y turismo, dentro de esta zona de Reserva”. Posteriormente, mediante los Decretos N°9388 del 30 de noviembre de 1978 y N°10142 del 12 de junio de 1979, se modificaron la cabida y la demarcación de la Reserva. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 17) Mediante Decreto Ejecutivo N°9628 (del 19 de febrero de 1979), el Poder Ejecutivo emitió el Reglamento sobre Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales. Dispuso en lo conducente: “Considerando: 1°-Que a partir de la promulgación de la Ley Forestal se han creado -y ratificado- reservas forestales en distintas regiones del país, abarcando tanto terrenos del Estado como fincas reducidas a dominio particular. 2°-Que las reservas forestales se establecen con el propósito de aprovechar racionalmente los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso múltiple de los recursos naturales renovables. 3°-Que es interés del Gobierno, coincidiendo con el espíritu del legislador según lo preceptuado en el artículo 71 de la precitada Ley, que los fundos privados comprendidos dentro de las reservas forestales, salvo casos excepcionales, permanezcan en manos de sus propietarios, quienes podrán continuar explotándolos, aunque sujetos a las recomendaciones técnicas de la Dirección General Forestal. 4°-Que se ha podido comprobar que una superficie considerable de las reservas forestales decretadas a la fecha, involucran terrenos agropecuarios, unos en plena producción, que de adquirirlos el Estado o dedicarlos a otros fines, iría obviamente en perjuicio de la economía nacional. Por tanto, DECRETAN: El siguiente Reglamento sobre la Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales. CAPITULO I: Disposiciones Generales. Artículo I°-El presente reglamento establece el régimen de protección y aprovechamiento de las reservas forestales. Artículo 2°-Para los fines de este reglamento, se entenderá por Reserva Forestal un área boscosa, o de aptitud forestal, de reconocida capacidad productiva y linderos definidos señalados en el respectivo Decreto Ejecutivo, destinada al aprovechamiento forestal racional, de acuerdo a los planes técnicos que formulen la Dirección General Forestal o los particulares. Artículo 3°-El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, procederá mediante decretos ejecutivos, una vez efectuados los estudios e investigaciones del caso, a las declaraciones de reservas forestales de aquellas áreas, estatales o privadas, que así lo requieran. Artículo 4°-Las reservas forestales serán declaradas como tales por cualesquiera de los siguientes motivos: a) Por ser los bosques o terrenos forestales objeto de la medida los únicos existentes en la región con capacidad productiva forestal actual o potencial. b) Por haberse puesto en evidencia que se está menoscabando con explotaciones irracionales una valiosa riqueza forestal. c) Por tratarse de terrenos de aptitud forestal o áreas boscosas que en razón de su composición florística, cuantitativa o cualitativa, constituyen elementos indispensables para el suministro de materia prima a la industria forestal, creando así un factor de seguridad para el desenvolvimiento de ésta. Artículo 5°-El aprovechamiento de los productos forestales en las reservas forestales estará en función de planes de ordenamiento y manejo, que determinen las cantidades anuales de aprovechamiento y las normas técnicas silviculturales a seguir. Artículo 6°-Las reservas forestales funcionarán como unidades productoras de materia prima, procurando al mismo tiempo la incorporación de nuevas especies al mercado nacional y buscando la mayor utilización de ellas. Artículo 7°-En las zonas protectoras comprendidas dentro de las áreas declaradas "Reserva Forestal" es prohibido efectuar labores agrícolas o destruir la vegetación, salvo casos excepcionales a juicio de la Dirección General Forestal. CAPITULO II: De los Terrenos Nacionales. Artículo 8°-Los terrenos nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas reservas forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derechos de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49, y 57 de la Ley Forestal. Artículo 9°-Se autoriza el aprovechamiento de las reservas forestales estatales, que podrá llevarse a cabo de acuerdo a las siguientes alternativas: a) Cuando existe la intervención directa de la Dirección General Forestal, sea, que sea ella la que elabore los planes técnicos de manejo. b) Cuando el plan de ordenación está a cargo de los particulares, bajo la supervisión de la Dirección General Forestal. Artículo 10.-Cuando existe la intervención directa de la Dirección General Forestal, ésta podrá hacer ofertas de maderas en pie u ofertas de áreas boscosas mediante el sistema de licitaciones o concesiones a largo plazo, llevándose a cabo el aprovechamiento de acuerdo a las disposiciones técnicas y demás regulaciones estipuladas en el cartel y en el respectivo contrato que suscribirá el beneficiario. Artículo 11.-Si los planes técnicos han sido elaborados por los particulares, éstos podrán formular las correspondientes solicitudes de áreas forestales, casos en los que, de ser aprobadas, la Dirección General Forestal otorgará la concesión respectiva, sujeta igualmente a las condiciones establecidas en el con­trato que a ese efecto deberá firmar el interesado. Artículo 12.-Para realizar los respectivos estudios de investigación, los particulares deberán pedir autorización a la Dirección General Forestal, acatar los lineamientos dados por ella a ese efecto y pagar el canon correspondiente. Artículo 13.-En la eventualidad que el plan de ordenación realizado por un particular no se ajuste a las especificaciones establecidas por la Dirección General Forestal, se le notificará oportunamente al interesado para que lo elabore nuevamente o lo corrija. Si no lo hiciere dentro del término conferido, su petición será denegada, sin responsabilidad alguna para el Ministerio de Agriculltura y Ganadería. Artículo 14.-Todo concesionario deberá pagar un derecho superficial anual por cada hectárea cedida y un derecho calculado con base al volumen, peso y clase del producto aprovechado. Artículo 15.-Ninguna persona podrá disfrutar simultáneamente de más de una concesión cuando se trate de la explotación de una misma especie de productos. Serán absolutamente nulas aquellas que se celebren directamente o a través de interpuestas personas en contravención a lo aquí dispuesto. Las concesiones se darán hasta por un máximo de 50 años, y solamente podrán ser prorrogadas previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Artículo 16.-Los ocupantes de terrenos en las reservas forestales, ya sean de vocación forestal o de aptitud agropecuaria, no amparados por la posesión decenal, podrán continuar aprovechando racionalmente los recursos de sus parcelas si formalizan su situación suscribiendo los respectivos contratos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si no estuviesen de acuerdo, o la Dirección General Forestal recomienda que dichos terrenos deben quedar bajo su completa administración, se les pagará las mejoras realizadas, debiendo el Instituto de Tierras y Colonización, por su parte, reubicarlos. CAPITULO III: De los Terrenos Reducidos a Dominio Particular. Artículo 17.-Los bosques y terrenos forestales reducidos a dominio particular, que formen parte de las reservas forestales, quedarán sometidos obligatoriamente al régimen forestal, consecuentemente, para cortar árboles, aprovechar los recursos forestales o cambiar el uso de la tierra deberán contar con la autorización correspondiente de la Dirección General Forestal, debiendo cumplir los interesados las recomendaciones técnicas dadas en cada caso. Artículo 18.-Los propietarios de los bosques y terrenos forestales que se encuentren en las circunstancias señaladas en el artículo anterior estarán exceptuados del pago del impuesto sobre tierras incultas, pudiendo asimismo deducir del Impuesto Sobre la Renta las inversiones realizadas en ellos en trabajos de forestación y re forestación, siempre y cuando estén contemplados dentro de un plan técnico de manejo forestal debidamente aprobado por la Dirección General Forestal. Artículo 19.-Los terrenos de aptitud agropecuaria podrán ser explotados libremente por sus dueños, previa calificación que a solicitud de ellos deberá hacer la Dirección General Forestal. Artículo 20.-El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrá, en casos muy especiales, comprar o expropiar aquellos terrenos de dominio privado que estime indispensables para el mejor manejo de determinada reserva forestal. Igual decisión tomarán cuando los propietarios se nieguen a acatar el régimen forestal. CAPITULO IV: Disposiciones Finales. Artículo 21.-En ningún caso podrán enajenarse -sea traspasarse- ni colonizarse los terrenos del Estado declarados reserva forestal sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa. Artículo 22.-El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General Forestal, podrá delegar en otras instituciones del Estado parte de las reservas forestales de su propiedad, siempre que se comprometan a manejarlas de acuerdo con los principios estipulados en la Ley Forestal y el presente reglamento. Artículo 23.-Queda facultado el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para excluir de las reservas forestales aquellos terrenos de aptitud agropecuaria reducidos a dominio particular que no sean necesarios para su integración. Artículo 24.-Será sancionado con multa de doscientos a cinco mil colones, quien explote sin permiso las reservas forestales o, teniendo la autorización respectiva, incumpla las cláusulas o normas establecidas en el contrato correspondiente. Los productos forestales explotados ilícitamente se decomisarán, y, previa denuncia ante la autoridad competente, se pondrán a la orden de ella. Artículo 25.-Igualmente, será penado con multa de doscientos a cinco mil colones quien invada las reservas forestales. Artículo 26.-Será reprimido con arresto de uno a seis meses, el que realice actividades prohibidas en las zonas protectoras declaradas en el artículo 79 de este reglamento. De haber material decomisado, también se pondrá a la orden de la autoridad competente. Artículo 27.-Serán. separados de sus cargos, sin responsabilidad de ninguna índole para el Estado, los funcionarios de la Dirección General Forestal y autoridades que contravengan las disposiciones de este reglamento, o que amparen acciones u omisiones que vayan en perjuicio de sus finalidades. Artículo 28.-Deróganse las disposiciones legales (sic) reglamentarias que se opongan a las normas establecidas en el presente reglamento. Artículo 29.-Este reglamento rige a partir de su publicación”. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 18) Mediante Decreto Ejecutivo N°10088 (del 2 de mayo de 1979), el Poder Ejecutivo expropió a Osa Productos Forestales S.A. las fincas del Partido de Puntarenas folio real matrículas [Valor 003] y [Valor 011], y expropió a la empresa O S.A. la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula [Valor 025]. En su parte considerativa indicó: “Considerando: 1°-Que siendo obligación del Estado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar por el bienestar de los habitantes del país, organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo cual se logra en parte, resolviendo el problema de tantos campesinos sin tierra, así como realizando un vasto plan de desarrollo agropecuario-forestal, el Gobierno de la República con ese fin, por medio del Instituto de Tierras y Colonización, está llevando a cabo en todo el territorio nacional, un ambicioso plan de asentamientos campesinos, haciéndose necesario consecuentemente, la adquisición de las fincas, construcciones, instalaciones, mejoras, maquinaria, repuestos y mobiiiario que luego se describirán en la parte dispositiva y que pertenecen a las firmas comerciales "Osa Productos Forestales Sociedad Anónima" hoy "Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima" y a "O Sociedad Anónima". 2°-Que con el fin anteriormente indicado el Ministerio de Gobernación y Policía por oficio de fecha 24 de abril último propuso a las compañías antes mencionadas la adquisición de los bienes de su pertenencia, habiendo el representante legal de esas sociedades en nota de fecha veintisiete de abril del año en curso, manifestado su conformidad en la expropiación”. Por Decreto N°10244 del 5 de julio de 1979 se rectificó la medida correcta de la finca del partido de Puntarenas folio real matrícula [Valor 003]. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ en página web: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

 19) Mediante los documentos citas tomo 305 asiento 166621 (escritura otorgada ante la notaría del licenciado Luis Francisco Madriz Soto a las 08:30 horas del 04 de diciembre de 1975), tomo 305 asiento 22508 (escritura otorgada ante la notaría del mismo Madriz Soto a las 08:00 horas del 30 de mayo de 1976), se crean los inmuebles bajo matrículas [Valor 002] y [Valor 001] de la provincia de Puntarenas, como terrenos inscritos a nombre del Estado que éste transmitió de manera gratuita al Instituto de Tierras y Colonización. El ITCO permutó estos inmuebles con la empresa Osa Productos Forestales S.A., por un lote a ser segregado de cada una de las fincas matrículas [Valor 010], [Valor 011] y [Valor 012], así como por la totalidad de las fincas matrículas [Valor 015], [Valor 016] y [Valor 017]. Asimismo, mediante el documento citas tomo 306 asiento 243 (escritura otorgada ante la notaría del licenciado Tobías D'Ambrosio Umaña a las 07:00 horas del 04 de junio de 1976), la empresa Osa Productos Forestales S.A., ya propietaria de las fincas matrículas [Valor 002] y [Valor 001], por estar contiguas, procede a reunirlas conjuntamente con las fincas matrículas [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011], [Valor 012], y [Valor 013], formando el inmueble matrícula [Valor 003]. Luego, mediante escritura otorgada ante los notarios Adrián Arguello Artavia y Eduardo Ching Murillo el 4 de setiembre de 1980, el ITCO reunió las fincas de su propiedad del partido de Puntarenas folios reales matrículas [Valor 003], [Valor 025] y [Valor 011] (expropiadas a Osa Productos Forestales S.A. y a O. S.A. por Decreto Ejecutivo N°10088 del 2 de mayo de 1979). Esta reunión dio origen a la finca del partido de Puntarenas folio real matrícula 39334. (Hecho que extrae el Tribunal a partir del informe emitido por el Registro Nacional en el oficio N°RIM-RN-0461-2012, del 26 de setiembre de 2012, visible a imágenes 441 a 448 del expediente judicial).

 20) Por acuerdos adoptados en el artículo XVI de la sesión N°2401 celebrada el 18 de agosto de 1980, y en el artículo XIII de la sesión N°2429 celebrada el 1 de diciembre de 1980, la Junta Directiva del antiguo ITCO, para el Proyecto denominado Osa Forestal, adjudicó parcelas a los ocupantes con posesión decenal, segregó la finca matrícula 6-39334 y autorizó el traspaso de esas parcelas a su favor. (Imágenes 168 a 175 y 182 a 186 del expediente judicial).

 21) Mediante Decreto N°11755-G del 18 de agosto de 1980, publicado el 27 de agosto de 1980, ordenó expropiar las mejoras propiedad del señor Arturo Aguilar Vindas y que se encuentran en un lote por él ocupado dentro de lo que se conoció como La Osa Productos Forestales, hoy Asentamiento Campesino La Osa, finca propiedad del Instituto de Tierras y Colonización. (Imagen 893 del expediente judicial).

 22) Por sentencia N°34 del 3 de febrero de 1990, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, condenó al antiguo IDA a pagar a los señores Arturo Aguilar Vindas, Eliécer Aguilar Mora y Santiago Aguilar Mora, el valor de la nuda propiedad de los fundos que poseyeron en Drake de Osa, dentro de lo que se conoció como Osa Productos Forestales S.A., por la suma de setecientos cincuenta colones por cada hectárea, e intereses legales a partir de la firmeza de la sentencia. Este fallo fue confirmado por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo y por la Sala Primera. (Imágenes 907 a 970 del expediente judicial).

 23) Por acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión N°044-05 celebrada el 14 de marzo de 2005, la Junta Directiva del antiguo IDA dispuso, en lo conducente: "1- Que las fincas inscritas en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Puntarenas, números [Valor 003], 8974 y [Valor 025], las cuales fueron reunidas formando una sola finca inscrita al Folio Real [Valor 004] del Partido de Puntarenas propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, que conforman el Asentamiento Campesino Osa, se ubican dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante decreto ejecutivo número 8494-A del 1 de junio de 1978. 2- Que los indicados inmuebles los expropió el Estado a la compañía Osa Productos Forestales y en el mismo acto los traspasó al Instituto de Tierras y Colonización, hoy IDA, para el desarrollo de un plan agropecuario forestal a favor de campesinos sin tierra (ver decretos Ejecutivos 10088-G-H de fecha 2 de mayo de 1979 y Decreto 10244-G de fecha 5 de julio de 1979). 3- Que según estudios efectuados por la Sección de Inventario de Tierras de este Instituto las tierras expropiadas a la Compañía Osa Productores Forestales estaban por un conflicto de ocupación precaria que se originó en el año 1963 (véase oficio SIT-059-78). (...) La Junta Directiva Acuerda: PRIMERO: Se autoriza un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca número [Valor 004] del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce. SEGUNDO: El beneficiario que pretenda ser sujeto de titulación deberá presentar los siguientes documentos ante la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa: a- Solicitud formal para que se le otorgue el título que deberá contener como mínimo: nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante y su cónyuge ubicación de la parcela o lote que se pretende titular y naturaleza del terreno. b- Documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de julio de 1978. e- Declaración jurada rendida ante un Notario Pública (sic) donde conste el tiempo de posesión del solicitante el nombre, apellidos y demás calidades de la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968. d- Certificación del estado civil del solicitante o solicitantes. e- Copia de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge. f- Plano catastrado del inmueble. Con toda la documentación antes señalada la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa procederá a la conformación del respectivo expediente administrativo (...) CUARTO: La Oficina Subregional de Rincón de Osa del IDA, en acción conjunta con el funcionario que la Dirección del Área de Conservación Osa el MINAE designe, deberá en todos los casos practicar inspección ocular en el predio que se pretende titular. La indicada inspección ocular tendrá como objeto lo siguiente: a) Comprobar en el propio sitio la presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. e) Reseñar la naturaleza del inmueble. d) Levanta el acta correspondiente que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la información investigada con la base de datos, censos y documentos que posea la oficina subregional del IDA en Osa. QUINTO: Realizada la inspección de campo y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el MINAE por medio de su representante regional y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirán la recomendación respectiva expresando su opinión favorable para el otorgamiento del título o las razones para negarlo. SEXTO: Todo lo actuado que deberá constar en el expediente respectivo será elevado a conocimiento del Director de la Región Brunca quien a través de su asesora legal verificará el contenido del expediente y emitirá su recomendación sobre el caso. En el supuesto de que el examen resulte positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el Área de Titulación y éste lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente. (…)” (Imágenes 1125 a 1130 del expediente judicial). 

 24) Por acuerdo adoptado en el artículo 35 de la sesión N°040-07 celebrada el 19 de noviembre de 2007, la Junta Directiva del antiguo IDA revocó el acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005. En lo conducente indicó: “Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrita por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de dos terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD”. (Imagen 1406 del expediente judicial).

 25) Mediante escritura otorgada ante el Notario Alfredo Carrillo Mena el 4 de octubre de 2011, los señores Pedro Alemán Dinarte y Pascuala Valencia Mendoza le vendieron al aquí actor Gregorio Alemán Valencia el derecho de posesión que dicen haber ejercido en forma quieta pacifica, pública, notoria y a título de dueños, por más de un decenal, sobre un terreno sin inscribir ubicado en los Planes, distrito Bahía Drake, cantón Osa, provincia Puntarenas, con un área de doce hectáreas nueve mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: Asociación Tesoro Verde; Sur: Quebrada; Este: Zenón Hernández Díaz; Oeste: Aniceto Alemán Valencia. No cuenta con plano catastrado. El inmueble está representado por el croquis levantado por el topógrafo Albert Torres Muñoz, en junio de 2009. Actualmente está ocupado por el actor Gregorio Alemán Valencia. (Imágenes 485 y 487 del expediente judicial. Se aclara que antes de que este expediente judicial fuera escaneado, el croquis constaba a folio 476 del expediente físico).

 26) El inmueble descrito en el hecho anterior fue poseído inicialmente, al menos desde 1968, por don Evelio García. Luego, don Evelio le vendió la posesión a don Pedro Alemán, padre del actor Gregorio Alemán. (Hecho que se acredita a partir de las declaraciones del testigo Víctor Arguijo Arguijo, recibidas en el contradictorio, que fueron claras, precisas y concordantes, sin contradicciones, ni elementos que hagan dudar de su veracidad).

 27) El inmueble descrito en el hecho anterior y tras-anterior está identificado como la parcela 28 del Asentamiento Osa. Es parte de la finca matrícula 6-39334 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario -hoy INDER-. Cuenta con casa de habitación, centro de cocina externa, cochera, casa de huésped, tarima metálica de depósito de agua, chanchera en desuso, tres cabinas, área de cultivos y árboles frutales, área de potrero, 20 vacas, 1 toro, 4 terneros, seis gallinas y área de bosque. (Oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-INF-0006-2024, admitido en audiencia de juicio como prueba para mejor resolver, visible a imágenes 1773 a 1781. Declaraciones de los testigos Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda, recibidas en el contradictorio, que fueron claras, precisas y concordantes, sin contradicciones, ni elementos que hagan dudar de su veracidad).

 28) En documento N°ACOSA-RFGD-111-2015, emitido el 18 de agosto de 2015, el Ing. Forestal Juan José Jiménez Espinoza, Administrador de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, del Área de Conservación Osa, del SINAC, certificó lo siguiente: “El suscrito Juan José Jiménez Espinoza, en mi calidad de Administrador de la Reserva Forestal Golfo Dulce del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía, certifico que según los registros existentes en el Sistema de Información Geográfica con que cuenta el Departamento de Ordenamiento Territorial de esta Área Protegida y de conformidad con la ubicación geográfica contenida en el croquis aportado por el Gregorio Alemán Valencia, cédula de identidad 5-231-035, mismo que corresponde al folio 476 de la copia del expediente 15-005409-1027-CA, tomo 1, expediente que se custodia en las oficinas de la asesoría legal del Área de Conservación Osa, corresponde a un inmueble que se ubica 100% dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto Ejecutivo No DE-10142-A del 27 de junio de 1979”. (Imagen 820 del expediente judicial. El subrayado es suplido).

 29) Por oficio N°OTOS-449-2018, del 3 de setiembre de 2018, la Oficina de Desarrollo Territorial Osa, del INDER, indicó lo siguiente: “Conforme a lo solicitado mediante Oficio AJ-L-245 y de acuerdo a revisión de bases de datos, censos y archivos de la oficina de la oficina, el señor José Gregorio Alemán Valencia, cédula de identidad 5-0231-0035, no se registra como propietario, adjudicatario, arrendatario u ocupante, de ningún predio administrado por la oficina”. (Imagen 1353 del expediente judicial).

 V.- HECHOS NO PROBADOS.- De interés para lo que se resuelve en esta litis, se tiene como no acreditado lo siguiente:

 1) Que los señores Evelio García o Pedro Alemán hayan formado parte de las personas censadas y adjudicadas por ITCO en el Proyecto Osa Forestal, dentro del proceso de solución del conflicto de tenencia de tierras en el sector de Osa. (Los autos).

 2) Que los señores Evelio García o Pedro Alemán ejercieran acciones administrativas o judiciales, antes de diciembre de 1990, para ser sujetos destinatarios de los acuerdos de la Junta Directiva del antiguo ITCO adoptados en el artículo 11 -once- de la sesión N°400 celebrada el 19 de junio de 1965, el artículo VI de la sesión N°712 del 2 de mayo de 1967, el artículo VI de la sesión N°1196 del 16 de junio de 1970, y el artículo IV de la sesión N°1832, de la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1974.-

 VI.- CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN PRIMERA POR LA CUAL SE PIDE DECLARAR LA CONDUCTA OMISIVA DEL INDER DE EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ANTIGUO ITCO ADOPTADOS: EN EL ARTÍCULO 11 -ONCE- DE LA SESIÓN N°400 CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 1965, EN EL ARTÍCULO VI DE LA SESIÓN N°712 CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE 1967, EN EL ARTÍCULO VI DE LA SESIÓN N°1196 CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 1970, Y EN EL ARTÍCULO IV DE LA SESIÓN N°1832 CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 1974.- La revisión judicial de conductas omisivas de la Administración Pública no es indefinida o perpetua, está sujeta a límites temporales por razones de seguridad jurídica. El artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo recoge este principio al establecer que esa revisión de conductas administrativas omisivas es posible en tanto que subsistan sus efectos de forma continuada (únicamente para anulación e inaplicabilidad futura), y establece como límite temporal el plazo de un año a partir de que cesen sus efectos -la conducta omisiva-, para que el administrado pueda presentar la acción jurisdiccional, de lo contrario, esa acción deviene en caduca. Así, el numeral citado dispone: “ARTÍCULO 40.- 1) Serán impugnables los actos administrativos absolutamente nulos, para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, mientras subsistan sus efectos continuados, pero ello únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura. 2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso será de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos”. Ahora bien, los acuerdos de la pretensión primera cuya omisión acusa en este proceso la parte actora, disponían en síntesis lo siguiente: 1) El acuerdo de la Junta Directiva del ITCO adoptado en el artículo 11 -once- de la sesión N°400 celebrada el 19 de junio de 1965, lo que ordenaba era proponer un arreglo (convenio o contrato) con la empresa Arawak Co. (luego Osa Forestales), para adquirir terrenos que eran propiedad de esa compañía ubicados en Bahía Drake. 2) El acuerdo de la Junta Directiva del ITCO adoptado en el artículo VI de la sesión N°712 del 2 de mayo de 1967, lo que ordenaba era ratificar que, sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa, se prosiguieran los trámites señalados en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y Colonización para arreglar el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa; y encargó elaborar un proyecto de Decreto Ejecutivo tendiente a inscribir a nombre del Estado, para su posterior traspaso al ITCO, aquellos terrenos nacionales con una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas, que se encontraban situados en el centro de la Península de Osa, rodeados de las fincas de la Osa Productos Forestales. 3) El acuerdo de la Junta Directiva del ITCO adoptado en el artículo VI de la sesión N°1196 del 16 de junio de 1970, lo que ordenaba era que se hiciera la localización y medida de las áreas que la compañía Osa Productos Forestales le proponía al ITCO canjear por terrenos de la Reserva Nacional, y que se realizara un estudio de la propuesta. 4) El acuerdo de la Junta Directiva del ITCO adoptado en el artículo IV de la sesión N°1832, de la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1974, lo que ordenaba era ratificar la aprobación del Proyecto de Convenio para la solución del conflicto de tierras en propiedad de la empresa Osa Productos Forestales S.A. y que de acuerdo con la cláusula cuarta de ese proyecto de convenio, Osa Productos Forestales se obligaría a traspasar al ITCO un área de Reserva del 20% de las tierras requeridas para cada Asentamiento. Bajo la tesis del actor, el antiguo ITCO (hoy INDER) omitió ejecutar esos acuerdos (conducta omisiva), sin embargo, de conformidad con los hechos probados, se tiene por acreditado que: a) En 1974, el ITCO suscribió un convenio en escritura pública con la Compañía Osa Productos Forestales S.A., que tenía por objeto buscarle una solución justa y adecuada a los conflictos existentes entre campesinos, ocupantes de parcelas ubicadas dentro de los inmuebles de que era propietaria esa empresa; se convino que el conflicto se tenía por iniciado el día primero de enero de mil novecientos setenta y tres y que el ITCO haría un censo general para determinar cuáles de ellos calificaban como ocupantes en precario y cuáles como campesinos que no podían ser calificados como tales, pero a quienes se les debía reconocer el valor de las mejoras efectuadas. b) En 1976 la Sección de Inventario de Tierras y la Sección de Avalúos del ITCO realizaron el estudio de tenencia de tierras y el censo de ocupantes en terrenos propiedad de la empresa Osa Productos Forestales S.A. en el cantón de Osa. c) En 1976 los inmuebles matrícula 6-[Valor 002] y 6-[Valor 001], inscritos como terrenos a nombre del Estado, le fueron transmitidos al ITCO a título gratuito. d) En 1976 el ITCO permutó esos inmuebles con la empresa Osa Productos Forestales S.A., a cambio de lotes segregados de las fincas matrículas 6-[Valor 010], 6-[Valor 011] y 6-[Valor 012], y por la totalidad de las fincas matrículas 6-[Valor 015], 6-[Valor 016] y 6-[Valor 017]. e) En 1978 el Estado creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce (Decreto N°8494), -reformado en la cabida de la Reserva por los Decretos N°9388 y N°10142- declarando: i) que las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedaban automáticamente sometidas al Régimen Forestal; ii) que se gestionara la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encontraran dentro de la demarcación de la Reserva y que fueran indispensables para su integración; iii) que se hiciera el traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de la Reserva, conforme a la Ley Forestal, con intervención del Instituto de Tierras y Colonización; iv) que la adquisición de los terrenos que fueren necesarios para tal propósito se haría de conformidad con el censo que para este efecto levantaría la Dirección General Forestal o el ITCO. f) En 1979 el Estado emitió el Reglamento sobre Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales (Decreto N°9628), disponiendo: i) que los terrenos nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas reservas forestales son inalienables -no podían salir del dominio del Estado-, y su posesión no causaría derechos de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49, y 57 de la Ley Forestal; ii) que los ocupantes de terrenos en las reservas forestales, ya sean de vocación forestal o de aptitud agropecuaria, no amparados por la posesión decenal, podrían continuar aprovechando racionalmente los recursos de sus parcelas si formalizaban su situación suscribiendo contratos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y si no estaban de acuerdo, o la Dirección General Forestal recomendaba que dichos terrenos debían quedar bajo su completa administración, se les pagaría las mejoras realizadas, y el Instituto de Tierras y Colonización debía reubicarlos. g) En 1979 el Estado, por Decretos N°10088 y N°10244, expropió a Osa Productos Forestales S.A. la finca matrícula [Valor 003] (que resultó de la reunión de las fincas 6-[Valor 002] y 6-[Valor 001]) y la finca matrícula 6-[Valor 011], al igual que expropió a la empresa O S.A. la finca matrícula 6-[Valor 025], para destinarlas a establecer asentamientos campesinos en la Península de Osa, incluido el Asentamiento Osa -que se encuentra dentro de la Reserva de Golfo Dulce-. h) En 1980 el ITCO reunió las fincas matrículas [Valor 003], 6- [Valor 025] y 6-[Valor 011] (que fueron expropiadas para resolver el problema de tenencia de tierras en Osa), y de esta reunión nació la finca matrícula 6-39334. i) En 1980 el ITCO, en el Proyecto denominado Osa Forestal, adjudicó parcelas a los ocupantes con posesión decenal, segregó la finca matrícula 6-39334 y autorizó el traspaso de esas parcelas a su favor. Entonces, si se observa, lo ordenado en los acuerdos cuya omisión se acusa en la pretensión primera, contrario a lo que alega la parte actora, sí fueron efectivamente ejecutados por la Administración, concretamente por el ITCO en conjunto con el Estado central. Evidentemente, los acuerdos tenían un alcance general, es decir, no estaban direccionados a producir efectos específicamente para la situación de la posesión de la parcela que actualmente ocupa el aquí actor (identificada como parcela 28 del Asentamiento Osa), sino que sus efectos estaban dirigidos a resolver un conflicto social y económico de tenencia de tierras en una vasta área geográfica, por parte de personas que a través de los años llegaron y se asentaron en diferentes sectores de la península de Osa, en este caso en Bahía Drake, pero que a pesar de ello no eran propietarios. La empresa Osa Productos Forestales S.A. era la propietaria de una gran parte de esa área de terrenos que estaban ocupados por poseedores en precario, razón por la cual el ITCO, bajo el mandato de la Ley de Tierras y Colonización, tomó los mencionados acuerdos para hacer efectiva la misión de facilitar la inscripción del título de propiedad a esos poseedores en precario, definidos por la Ley de Tierras y Colonización como “todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público”. La citada Ley que estableció que quienes podían ser sujetos beneficiarios de esa posibilidad de inscripción de su título, eran aquellos poseedores en precario que tuvieran una posesión decenal. Según se vio, en el contrato que suscribió el ITCO con la empresa Osa Productos Forestales S.A., se fijó como fecha de inicio del conflicto de tierras el 1 de enero de 1973. Luego, cuando se emitió el Decreto N°8494 (creó la Reserva de Golfo Dulce) se estableció que aquellos ocupantes que tenían para ese momento (año 1978) diez años de poseer terrenos dentro de la Reserva, tenían derecho al traslado y reasentamiento. En ese marco, teniendo claro que los acuerdos que se acusan como conductas omisivas, tenían un alcance general dirigido a todas aquellas personas que calificaban en la condición de poseedores en precario con posesión decenal ejercida a título de dueños, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, ya sea que se cuente desde    1973 hacia atrás, o desde 1978 hacia atrás, estima el Tribunal que esos acuerdos sí fueron efectivamente ejecutados y surtieron sus efectos para la finalidad por la que fueron emitidos por el ente demandado. Veamos. Los acuerdos fueron adoptados por el ITCO con el fin de resolver el problema de tenencia precaria de tierras de los poseedores decenales en el sector de Bahía Drake, en la Península de Osa; el ITCO entabló negociaciones con la empresa propietaria Osa Productos Forestales S.A. para ese propósito; el ITCO firmó un contrato en escritura pública con esa empresa para la adquisición y canje de terrenos; el ITCO realizó el censo de las personas que podían ser beneficiarias de titulación según los requisitos de ley; el ITCO canjeó terrenos con Osa Forestales y le compró otros; el Estado central constituyó un área silvestre protegida en esa zona que fue la Reserva Forestal Golfo Dulce, pero dejó a salvo el derecho de los poseedores en precario de ser trasladados y reasentados; el Estado central expropió tierras a Osa Productos Forestales S.A. y a O S.A para traspasarlos al ITCO y que se destinarán a la constitución de asentamientos campesinos en la zona de Osa; el ITCO reunió las fincas compradas y expropiadas; y de la finca que resultó de esa reunión segregó parcelas del Proyecto Osa Forestal, las adjudicó a los poseedores decenales y autorizó el traspasó de las mismas a su favor. Con estos últimos actos administrativos (acuerdos artículo XVI de la sesión N°2401 celebrada el 18 de agosto de 1980, y artículo XIII de la sesión N°2429 celebrada el 1 de diciembre de 1980), en los que se adjudicaron las parcelas a los poseedores decenales en precario y se autorizó el traspaso de las mismas a su favor, culminó el proceso que en vía administrativa nació con el acuerdo de la Junta Directiva del ITCO adoptado en el artículo N°11 -once- de la sesión N°400 celebrada el 19 de junio de 1965, orientado a dar solución al problema de tenencia de tierras en Bahía Drake de Osa para los poseedores decenales en precario. Esto significa que, las conductas administrativas que en la primera pretensión se acusan como omisivas, cesaron sus efectos de omisión en diciembre de 1980. Ahora, volviendo a lo que se indicaba al inicio de este considerando, el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo impone la regla de que la revisión judicial de las conductas omisivas de la Administración no puede superar el plazo de un año a partir del momento en que cesan los efectos de las mismas. Cierto es que para el año 1980 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no regulaba ningún plazo en este sentido, pero el Tribunal no puede desconocer que, a partir del año 2008, con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta regla de temporalidad es vinculante en el ordenamiento jurídico procesal del derecho administrativo, por lo que no puede ser desaplicada por esta Cámara. Ahora bien, frente a esta laguna del ordenamiento, el mecanismo jurídico que se impone es la integración con otras fuentes, tal y como lo establece el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública. Concretamente, en lo que se refiere a plazos extintivos, con independencia de si fueren de caducidad o de prescripción, se estima que, en aplicación del principio de la norma más favorable para el administrado, el que debe aplicarse para esta integración por laguna del ordenamiento es el que fuere más extenso para el año 1980, que sin duda lo era el plazo de decenal previsto por el ordinal 868 del Código Civil, debiendo recordarse que el numeral 9 de la Ley General de la Administración Pública habilita la utilización de normas del derecho privado para integrar el ordenamiento jurídico público, en ausencia de normas atinentes en éste último. Pues bien, tomando como base este plazo decenal antes indicado, calculado desde diciembre del año 1980, momento en que cesaron los efectos de los acuerdos acusados como omitidos en su ejecución -que desde su inicio fueron de alcance general (no particular)-, se tiene que la acción judicial para revisar la alegada omisión de ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva del ITCO: del artículo 11 -once- de la sesión N°400 celebrada el 19 de junio de 1965, del artículo VI de la sesión N°712 del 2 de mayo de 1967, del artículo VI de la sesión N°1196 del 16 de junio de 1970, y del artículo IV de la sesión N°1832, de la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1974, culminó por acaecimiento de plazo fatal en diciembre del año 1990. Esto quiere decir que la persona (Evelio García o Pedro Alemán) que para el año 1973, o bien, para el año 1978, tenía la condición de ser poseedor decenal de la parcela que actualmente ocupa el aquí actor, que se describe como: terreno sin inscribir ubicado en los Planes, distrito Bahía Drake, cantón Osa, provincia Puntarenas, con un área de doce hectáreas nueve mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: Asociación Tesoro Verde; Sur: Quebrada; Este: Zenón Hernández Díaz; Oeste: Aniceto Alemán Valencia, representado por el croquis levantado por el topógrafo Albert Torres Muñoz, en junio de 2009; era el sujeto de derecho que tuvo oportunidad en ese momento histórico para presentar la acción judicial contra el ITCO, con el objeto de solicitar, para sí, la aplicación de los acuerdos tantas veces mencionados para obtener el título inscribible sobre la parcela descrita, o cuando menos su reubicación y pago de mejoras. Al no haberse ejercitado ese derecho de accionar en vía judicial a más tardar a diciembre de 1990, la situación jurídica relativa a la citada parcela quedó firme y no es susceptible de revisión por parte de esta jurisdicción, al haber operado la caducidad de la acción. En complemento, tómese en consideración que el artículo 94 párrafo tercero de la Ley de Tierras y Colonización muy claramente dispone: “Solucionado el conflicto por el Instituto con la conformidad del propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, el propietario carecerá de toda acción judicial, sea civil o penal contra los poseedores en calidad de tales. Caso contrario, los ocupantes quedarán expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder”. En este caso, como ya fue bien explicado, los acuerdos del ITCO acusados como omitidos en su ejecución, sí fueron cumplidos y sí solucionaron el conflicto de tenencia de tierras en el sector de Bahía Drake en Osa, teniendo claro, como ya fue explicado, que el contenido y alcance de esos acuerdos era de orden general (no singularizado a casos concretos) por tratarse cabalmente de un fenómeno colectivo dentro de una enorme cantidad de área de terreno, que se manifestaba como un conflicto de naturaleza social y económica. Otra cosa es que la persona que en aquel momento histórico tuvo la posesión decenal de la parcela que actualmente ocupa el actor, haya dejado de accionar (conducta pasiva) y permitiera con esa inacción que el inmueble careciera de posibilidad de obtener un título inscribible, de reubicación o de pago de mejoras, pero esta conducta pasiva o inacción se encuentra dentro del ámbito de la libre disponibilidad de los derechos patrimoniales de los particulares, por lo que no puede ser trasladada al ente demandado más de 20 años después de haber transcurrido 10 años desde que culminaron los efectos de los acuerdos del ITCO en 1980 que tuvieron por finalidad dar solución al problema de tenencia de tierras (posesión precaria) de los ocupantes de los terrenos de Bahía Drake de Osa en las décadas de los sesentas y setentas del siglo pasado, oportunidad que se computa en relación con la fecha de presentación de esta demanda (14 de febrero de 2013). Consecuentemente, por las razones dadas se declara la caducidad de la acción respecto de la pretensión número uno.

 VII.- CADUCIDAD DE LAS PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA Y QUINTA.- En el extremo dos de la petitoria, el actor solicita que se le reubique en un fundo en iguales condiciones al que posee, representado por medio del croquis que consta a folio 476 del expediente judicial escaneado, o en su defecto, que se le debe cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida. En el extremo tres de la petitoria, el accionante solicita que se condene en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno representado por medio del croquis que consta a folio 476 del expediente judicial escaneado, así como la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de su representado. En el extremo quinto de la petitoria, el demandante solicita que se le reconozca dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, que se representa por medio del croquis que consta a folio 476 del expediente judicial escaneado.- Todas estas pretensiones, como derivación de la caducidad declarada en el considerando precedente, corren su misma suerte, es decir, también están caducas. Tanto el reconocimiento y la inclusión de quien fuera en su momento poseedor de la finca representada por el croquis de folio 476 del expediente escaneado, dentro del grupo de los poseedores que fueron objeto del censo, su eventual reubicación, así como las indemnizaciones a las que eventualmente podía acceder, todo ello a raíz del conflicto de tenencia de tierras que se tuvo por iniciado en 1973 (o bien, en 1978), eran posibles derechos que tuvieron un determinado contexto fáctico y una determinada vigencia al amparo de la Ley de Tierras y Colonización, la Ley Forestal, el Decreto N°9494 y el Decreto N°9628, tal y como ya fue explicado, y el tiempo para hacer valer esos potenciales derechos ya expiró desde diciembre de 1990. Cualquier acción judicial que pretenda exigir el reconocimiento y otorgamiento de tales derechos de orden patrimonial en este momento, es abiertamente caduca y así debe ser declarado.     

 VIII.- IMPROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA.- En esta pretensión el actor solicita que se declare que era de conocimiento del antiguo ITCO que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso del inmueble representado por medio del croquis que consta a folio 476 del expediente judicial escaneado. Esta pretensión es manifiestamente improcedente, por cuanto no es una pretensión en sí misma, en tanto no conlleva a una conducta de hacer o de no hacer a cargo de la parte demandada, sino que se trata de un mero argumento. Y en tal sentido, cabe hacer ver que efectivamente se ha tenido por probado que el ITCO, como el Estado central, emitieron los acuerdos y decretos enlistados en el elenco de hechos probados, justamente para dar solución al problema de ocupación en precario en la zona de Osa. En el caso de la finca ocupada por el demandante, la misma se ubica en el distrito de Bahía Drake de Osa, por lo que ciertamente ese terreno fue parte del área que presentó problemas ocupación precaria en el contexto de la década de los sesentas y setentas del siglo pasado.

 IX.- IMPROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN SEXTA.- En esta pretensión el demandante solicita que se declare que el ente demandado incurrió en conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo de la Junta Directiva adoptado en el artículo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005. Esta pretensión es manifiestamente improcedente. Como consta en los hechos probados, por acuerdo adoptado en el artículo 35 de la sesión N°040-07 celebrada el 19 de noviembre de 2007, la Junta Directiva del antiguo IDA revocó el acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005. Por tanto, no es posible declarar la omisión de cumplir una conducta administrativa que ya no existe, toda vez que fue suprimida del ordenamiento jurídico. Ergo, no es posible jurídicamente pretender derivar el reconocimiento de derechos a partir de un acto administrativo inexistente. Es importante aclarar que el actor no está impugnando el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del IDA en el artículo 35 de la sesión N°040-07 celebrada el 19 de noviembre de 2007, por lo que en este proceso resulta irrelevante entrar a analizar si el antiguo IDA revocó de forma válida o no el acuerdo precedente, adoptado en el artículo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005. Para todos los efectos, lo relevante aquí es que el acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, ya no existe y su alegada omisión no puede ser declarada.

 X.- SOBRE LAS EXCEPCIONES.- Por las razones expuestas se acoge la excepción de caducidad en relación con las pretensiones 1, 2, 3 y 5, y se acoge la excepción de falta de derecho respecto de las pretensiones 4 y 6. Por la forma en que se resuelve, por resultar innecesario, se omite pronunciamiento sobre las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual.

 XI.- SOBRE LAS PRETENSIONES.- Por todas las consideraciones desarrolladas en esta sentencia, lo que procede es declarar inadmisible la demanda en los extremos 1, 2, 3, y 5 y declararla improcedente en los extremos 4 y 6.

 XII.- SOBRE LAS COSTAS.-  Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar al actor al pago de ambas costas de la acción por el solo hecho de haber resultado vencido en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Las costas generarán intereses una vez que sea determinado y exigible su monto.

 

POR TANTO

 Se acoge la excepción de caducidad en relación con las pretensiones 1, 2, 3 y 5, en consecuencia, se declara inadmisible la demanda en cuanto a esos extremos. Se acoge la excepción de falta de derecho respecto de las pretensiones 4 y 6, en consecuencia, se declara improcedente la demanda en cuanto a esos extremos. Son ambas costas de esta acción a cargo del actor, así como los eventuales intereses que pudieren generarse sobre las mismas una vez que sea determinado y exigible su monto.- Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo. Jueces de Juicio.



 

 




- Código Verificador -
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NCJQGUV1Q7O61



 

Documento firmado por:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-005409-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:53:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

15-005409-1027-CA - 2

PROCESO:

CONOCIMIENTO

ACTOR/A:

GREGORIO ALEMAN VALENCIA

DEMANDADO/A:

EL ESTADO

N° 2024004879

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twelve hours fifty-eight minutes on the thirtieth of July of two thousand twenty-four.-

Process of conocimiento brought by GREGORIO ALEMÁN VALENCIA, identity card number 5-0231-0035; against THE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INDER), legal entity number 4-000-213311. Attorneys Roldán Morales Novoa, in his capacity as special judicial representative of the plaintiff, and Jonathan Jiménez Ruiz, in his capacity as special judicial representative of the defendant entity, are participating. Next, this COLEGIATE TRIBUNAL GROUP TWO (formerly Second Section) proceeds to issue the first-instance judgment, with the unanimous vote of its members, following the required deliberation.-

Drafted by Judge GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERANDO

I.- PROCEDURAL BACKGROUND.- Below is a summary of the relevant procedural history:

1.- Messrs. Juan de Dios García Alemán, Gregorio Alemán Valencia, Lisbeth Alemán Fajardo, Mario González González and José Hans Pérez González filed a complaint in this venue (case file 13-001226-1027-CA) requesting that the following be declared: "1.- That my clients are the sole and legitimate owners of the property they hold in possession, in accordance with the documentary evidence attached. 2.- That at the time decree 5343-A of October 24, 1975, which recognizes the rights of possessors as in the case of my clients, took effect with the registration of the segregated properties of Puntarenas, real property folio numbers [Valor 001] and [Valor 002], Article 4 of said decree was in force, and it had not been amended. 3.- That the State was aware that on the lands it sought to expropriate from Osa Forestales there was a problem of precarious occupancy (ocupación en precario), as is the case of my clients. 4.- That the primary purpose of the expropriation carried out against Osa Forestales was to solve the problem of precarious occupancy (ocupación en precario) existing in the Peninsula area and to provide title to the campesinos. 5.- That entry number two noted on the left margin of the segregated properties of Puntarenas, real property folio numbers [Valor 001] and [Valor 002], is null, because said properties had already been consolidated (reunido) with other farms, generating folio number [Valor 003]. 6.- That the State lacked standing (legitimación) to make entry number two noted on the left margin of the segregated properties of Puntarenas, real property folio numbers [Valor 001] and [Valor 002], because said lands had already been registered in the name of Osa, and therefore that company was the only one with standing (legitimada) to make any type of annotation on the margin of its properties. 7.- That at the time decree number 6953-A of April twenty-sixth, 1977, which amends Article 4° of Executive Decree No. 5343-A, took effect, it had already deployed its effects by recognizing the rights of the farmers as in the case of my clients. 8.- That decree 5343-A of October 24, 1975, which took effect with the registration of the segregated properties of Puntarenas, real property folio numbers [Valor 001] and [Valor 002], is null because it titles a sector classified as national wastelands (baldíos nacionales), lands which had been possessed by my clients since before 1962, and by their transferors since 1957. 9.- That decree 6953-A of April twenty-sixth, which amends Article 4° of Executive Decree No. 5343-A, is vitiated by absolute and manifest nullity, because it violates the right of the possessors of the Peninsula area duly protected by the original decree, as well as by the Ley de Tierras y Colonizaciones. 10.- That expropriation decrees 10088-G-H of May 2, 1979, and 10244-G of July 5 of the same year, are null because they expropriate farms on which consolidated decennial possession rights (derechos de posesión decenal) existed, properties which were vitiated by absolute nullity, which is why any proceeding or decree involving them is completely null. 11.- That the consolidation (reunión) of the farms carried out by Osa Forestal contemplated the recognition of the decennial rights (derechos decenales) of the people who inhabited those lands, as in the case of my clients. 12.- That the entry indicating the expropriation carried out by the State of the segregated property of Puntarenas number [Valor 003], which arises from the consolidation (reunión) of the properties with real folio numbers [Valor 001] and [Valor 002], arises from the consolidation (reunión) of the properties exchanged as well as others of the company Osa Forestales, is null because it is not signed and is not effective (no corre). 13.- That the segregated property of Puntarenas number [Valor 004] is null for lacking a successive chain of title (tracto sucesivo) that allows it to exist, having been formed by the consolidation (reunión) of a series of farms which are not only vitiated by absolute nullity, but also belonged to different registered owners, where the decennial possessory rights (derechos posesorios decenales) of their occupants were respected. 14.- That the inscription of the properties of the clients who meet the requirements be ordered for the purpose of being able to acquire by usucapion (Usucapir), and for those who, for one reason or another, do not meet them for reasons attributable to the State, their possessory right (derecho posesorio) be recognized, and they be permitted to obtain title (Titular) to their properties through the Información Posesoria proceeding. 15.- That the Company's properties located within the Golfo Dulce Reserve were not subjected to the forest regime (régimen forestal), given that they presented a social conflict duly verified by the Dirección General Forestal, and historically recognized since 1970. 16.- That the Golfo Dulce Reserve is null for having been declared without fulfilling the requirements that the law provided at the time of its enactment. 17.- That the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications be ordered to grant the respective approvals of survey plans (visados de planos) representing portions of land of my clients, which, given MINAET's refusal, they were unable to register, and which today enjoy a duly registered cadastral plan (plano catastrado). 18.- That the State be ordered to pay Damages, Losses (Perjuicios), and Non-pecuniary Damage (Daño Moral) caused to my clients, when it was known to it that my clients were the sole possessors of the properties in dispute. 17.- (sic) That the defendants be ordered to pay both costs in the present proceeding. SUBSIDIARY CLAIM: Should the claim to order the titling of my clients' properties not be upheld, I request that it be declared, without prejudice to what was requested in the principal claim, and regarding the illegality of the encumbrance (afectación) on my clients' property by decrees 10088-G-H of May 2, 1979, and 10244-G of July 5 of the same year, that the expropriation be ordered along with the corresponding payment for the property, its improvements, the damages, losses (perjuicios) and non-pecuniary damage (daño moral), as well as payment of both costs of this proceeding caused to the State". (Images 14 to 56).

2.- By resolution No. 1498-2013 at 8:56 hours on July 24, 2013, the Procedural Judge ordered the joinder of case file number 13-001226-1027-CA to case file 12-005762-1027-CA. (Images 527 to 529).

3.- By resolution No. 461-2014 at 11:40 hours on February 28, 2014, the Procedural Judge ordered: "The complaint filed by the succession of [Nombre 001], Pamela Loise Nave Stowers, Pedro Caravaca Guadamuz, Manuel Caravaca Guadamuz, Flomube Drake Sociedad Anónima, Francisca Fajardo Amaya, Anais García Alemán; Ronald Segura Zamora, [Nombre 001], [Nombre 003], Silvia Flores Murillo, Juan de Dios García Alemán, Gregorio Alemán Valencia, Lisbeth Alemán Fajardo, Mario González González and José Hans Pérez Morales against the State, the Administrative Board of the National Registry (Junta Administrativa del Registro Nacional), the Institute of Rural Development (INDER) and the National System of Conservation Areas (SINAC) is declared partially inadmissible, because claims numbered 5, 8, 9, 10, 12, 13 and 16 are brought against acts not susceptible to challenge due to the evident and manifest expiry (caducidad) of the action.- Once this resolution is final, the proceedings shall continue according to the appropriate procedural stage". (Images 587 to 600).

4.- The plaintiff filed a cassation appeal against resolution No. 461-2014. (Images 657 to 684).

5.- By resolution No. 4-TC-A-2015 at 9:10 hours on January 15, 2015, the Cassation Tribunal of the Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rejected the appeal outright (de plano). (Images 716 to 732).

6.- By resolution at 9:41 hours on April 24, 2015, the Procedural Judge ordered the de-joinder of the proceedings and the separation of the claims for each plaintiff. The present case file number 15-005409-1027-CA arose from this decision, corresponding solely to the action of Mr. Gregorio Alemán Valencia. (Images 1308 to 1313).

7.- The National System of Conservation Areas answered the complaint and raised the defenses (excepciones) of prescription (prescripción), lack of active standing (falta de legitimación ad causam activa) and lack of right (falta de derecho). (Images 778 to 792 and 805 to 819).

8.- The Institute of Rural Development answered the complaint and raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación), lack of current interest (falta de interés actual) and lack of right. (Images 833 to 869).

9.- The State answered the complaint and raised the defenses of prescriptions (prescripciones), lack of active standing and lack of right. (Images 871 to 892).

10.- The plaintiff filed a written motion dismissing (desistiendo) the action against the Administrative Board of the National Registry, the State and SINAC. (Image 1075).

11.- The plaintiff filed an amplification of the complaint regarding the facts and regarding the claims. (Images 1092 to 1095).

12.- The preliminary hearing was held on March 4, 2016. The plaintiff reiterated its interest in dismissing the proceeding against the Administrative Board of the National Registry, the State and SINAC. The Procedural Judge ordered the plaintiff to reformulate the complaint. (Audio and images 1102 to 1104).

13.- The plaintiff Gregorio Alemán filed a new complaint brief. In its claims, it requested that the judgment declare the following: "The omission (conducta omisa) of INDER in executing the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965 (folio 55-56), agreement No. VI of session 1196 of June 16, 1970 (folio 83), agreement four of session No. 1832 of December 11, 1974 (folio 102), agreement VI session 712 of May 2, 1967 (folio 72), aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. That my client be relocated to a property (fundo) in conditions equal to the one he possesses, which is represented by the sketch (croquis) contained in the record (folio 476) or, failing that, that he be paid the money for his exercised possession right (derecho de posesión), based on an expert appraisal that values the property my client possesses. To order INDER in the abstract for the damages and losses (daños y perjuicios) caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a healthy regime of possession of the land identified by the sketch contained in the record, and the correct distribution of land and its wealth, to the detriment of my client. That it was known to the former ITCO - today INDER - that on the lands it sought to expropriate from the company Osa Forestales there was a problem of precarious occupancy (ocupación en precario), as in the case of my client, who is represented by the sketch contained in the record. That my client be recognized within the group of possessors described in the censuses contained in the record, as a result of his continuous possession by successive transfer (tracto sucesivo), which is represented by the sketch contained in the record. That the defendant entity incurred in another omission (conducta omisiva) by failing to execute agreement 39 of session 044-05, held on November 14, 2005. That the defendant be ordered to pay both costs". (Images 1105 to 1121).

14.- By resolution at 10:27 hours on March 20, 2017, the Procedural Judge suspended the proceeding until the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) resolved the unconstitutionality action processed under case file number 17-000373-0007-CO. (Image 1162).

15.- The INDER's representative requested that the expiry (caducidad) of the proceeding be declared. (Images 1190 and 1191).

16.- By resolution No. 1503-2018-T at 11:40 hours on September 17, 2018, the Procedural Judge rejected the expiry of the proceeding. (Images 1235 to 1240).

17.- By resolution No. 1795-2019 at 13:01 hours on October 2, 2019, the Procedural Judge accepted the dismissal of the complaint against the Administrative Board of the National Registry, the State and SINAC. (Images 1305 to 1307).

18.- INDER answered the complaint and raised the preliminary defense of necessary joinder of passive litisconsort (falta de integración de litisconsorcio pasivo necesaria), as well as the defenses of expiry (caducidad), prescription (prescripción), lack of active and passive standing, lack of current interest and lack of right. (Images 1319 to 1348).

19.- The preliminary hearing resumed on December 5, 2019. The claims remained set as they were established in the complaint brief at images 1105 to 1121. The Procedural Judge rejected the preliminary defense of necessary passive litisconsort and deferred the defenses of expiry and prescription to be resolved in the final judgment. INDER's representative stated that it would file an appeal against the Judge's resolution rejecting the necessary passive litisconsort defense. (Audio and images 1598 to 1603).

20.- INDER's representative filed the appeal and, by resolution No. 056-2020-II at 11:20 hours on January 30, 2020, it rejected the appeal and confirmed the challenged resolution. (Images 1604 to 1608 and 1656 to 1660).

21.- The preliminary hearing resumed on January 19, 2021. Documentary and testimonial evidence was admitted. (Audio and minute at images 1688 to 1904).

22.- This case file was reassigned (redistributed) to Colegiate Tribunal Group Two for the holding of trial and the issuance of the first-instance judgment. (Image 1736).

23.- By resolution at 11:43 hours on January 10, 2024, this Tribunal scheduled the oral and public trial for July 9, 2024. (Images 1737 to 1740).

24.- The oral and public trial hearing was held on July 9, 2024. Official communication No. INDER-GG-DRT-OTOS-INF-0006-2024 (Images 1772 to 1804) was admitted as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver). The claims as set in the preliminary hearing were read, and the parties stated they were in agreement. The plaintiff dismissed witness Hernán Paniagua Quirós. The testimony of witnesses Víctor Arguijo Arguijo, Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda was received. The parties presented their closing arguments. The matter was declared complex. (Recording and images 1772 to 1888).

25.- This case has been processed in this venue in electronic form; therefore, the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop in the following manner, will be used as reference: unchecking the boxes: "Descending Order" and "View Document Description (PDF)" and selecting the option: "Final", in the box: "View Case File Cover Details".

26.- No errors or omissions causing procedural nullity are observed, nor have the parties so argued.

II.- POSITION OF THE COMPLAINT.- The plaintiff alleges the following: Mr. GREGORIO ALEMÁN VALENCIA is the possessor of an unregistered property, which is located in Los Planes, Fifth Canton Osa of the province of Puntarenas, which is bounded on the North by: Tesoro Verde Association, South: Creek (Quebrada), East: Zenón Hernández Díaz, WEST: Aniceto Alemán Valencia, with a measurement of twelve hectares, nine thousand seven hundred seventy-four square meters, according to the sketch (croquis) provided as evidence. On October 24, 1975, through decree 5357-A, the Corcovado Park was created, a large amount of land adjacent to the property in dispute. After this date, the public Administration through ITCO, today the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), began work to conduct censuses on the lands that made up the Park, as well as on adjacent lands, studies which demonstrated that within those lands there were people with fully consolidated decennial possessory rights (derechos posesorios decenales), as shown by the documentary evidence in the record, where not only the existence of the conflict is evident, but also that INDER recognizes that there are possessory rights for more than ten years. Likewise, as a result of a series of conflicts occurring in Bahía Drake de Osa among the residents of the area and a North American Company in 1965 that accumulated many farms, the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) began negotiations with the Company, then called Arawak Forestal, later Osa Forestales, to solve the problem of precarious occupancy (ocupación precaria) on the presumed properties of that Multinational, as recorded in several agreements and records of the Institution, formally initiating the procedure with agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965, and agreement No. VI of session 1196 of June 16, 1970, where said occupational problem was recognized. As a result of these censuses, INDER realized that there was a problem of Precarious Occupancy (Ocupación Precaria) within the lands of Osa Forestales; proof of this is the expropriation decree that the State carried out against Osa Forestal, as well as the agreement it signed with that company, the sole purpose of which was to solve the problem of precarious occupancy that was affecting hundreds of campesinos, who for their entire lives had possessed the lands, either personally or through their transferors. As a result of these negotiations, the Institute of Lands and Colonization, today INDER, had reached an agreement with Osa Forestales to conduct a series of censuses with the sole purpose of determining the number of families suffering from the problem of precarious occupancy (ocupación en precario), as well as the tracts of land that each of them occupied, which is demonstrated by the plan (plano) attached as evidence, showing all the occupied sectors, among which is that of my client. Relying on the good faith of our campesinos, the Institute of Lands and Colonization, today INDER, entered each of the properties, carrying out the respective topographical surveys, initially with the aim of solving the precarious title situation, and providing title to the campesinos, who, faced with such help, did not hesitate to open the doors of their homes, giving food and shelter to the officials charged with carrying out such a noble task, without imagining that the solution to the conflict would never come. As a result of this situation, a Special Subcommittee of the Legislative Assembly that had been investigating and studying everything concerning that Company since 1972 for land accumulation in the Osa Peninsula and the problem of precarious occupancy throughout the region, the Legislative Assembly presented legislative initiative number 5852, which sought to expropriate the Company Osa Productos Forestales and legalize tenure throughout the peninsula region, according to its original text, Article nine of June 28, 1973, file No. 5399. Likewise, the Municipal Council of Golfito supported, by agreement No. 20 of February 15, 1972, the occupational situation so that titles would be granted on the Company's lands, according to a document of February 17, 1972. "Article 9- The Institute of Lands and Colonization is authorized to grant property titles to all possessors of lands in precario in the Osa Peninsula who demonstrate having possessed their lands for three years or more. In the event that ITCO considers it necessary and of public utility, to deliver parcels and grant the respective property titles to other farmers. But it is imposed the obligation to defend the timber wealth of the Osa Peninsula for the State". Within the negotiations carried out to solve the indicated problem of precarious occupancy (ocupación en precario), the plan [Valor 026] was taken as a starting point, a plan which indicated the lands that supposedly belonged to Osa Forestales, with an area of 34,800 hectares and 577 square meters. By 1974, ITCO and the Company had reached an arrangement to solve the problem of precarious occupancy on the lands of the peninsula through an agreement, within the framework of Ley 2825 and its reforms, where, among other things, they declare the existence of a conflict of precarious occupancy on those properties, a legal document signed by the parties on November 20, 1974. Document supported by agreements of the ITCO Board of Directors and duly ratified according to agreement four of Session No. 1832 of December 11, 1974. As a result of the studies conducted by the defendant, today INDER, it realized that, within the lands occupied by the campesinos of the Osa Peninsula, there were sectors they designated as national wastelands (baldíos nacionales), lands which did not belong to Osa Forestales, and over which there existed possessory rights for more than ten years belonging to the people who inhabited them, as had been reflected in the censuses conducted. By Decree No. 5357-A of October 24, 1975, the Corcovado National Park was created, a large amount of land adjacent to the property in dispute, where after that date, and as has been explained, the public Administration through ITCO, today INDER, had formally initiated since 1973 a series of actions to conduct a general census on all the lands in conflict, including those that would become part of the National Park, verifying that within those lands there were dispersed nuclei of settlers with fully consolidated decennial possessory rights (derechos posesorios decenales), which is demonstrated by the evidence presented above. As a result of these institutional efforts (ITCO-Framework Agreement-Draft Law 5852), the defendant reiterates the fact that there is a deep problem of Precarious Occupancy (Ocupación Precaria) within and outside the lands of Osa Forestal. Proof of this is the same Draft Law 5852 of 1973 that the Legal Affairs Committee had been processing, as well as the Framework Agreement signed by the parties ITCO-OSA on November 20, 1974, with the sole purpose of solving the problem of precarious occupancy that was affecting, since the Multinational took control of those lands in 1957, hundreds of campesinos who for their entire lives had possessed their farms either personally or through their descendants. As a result of the negotiations of the Framework Agreement, INDER had agreed with Osa Forestal to conduct a census since 1974 with the sole purpose of determining the number of families suffering from the problem of precarious occupancy (ocupación en precario), as well as the tracts of land that each of them occupied; it was not until early February 1976 that the Land Inventory Section of ITCO finalized a report on the almost total occupation of the Bahía Drake and Rancho Quemado sector as the last and third stage, with slightly more than one hundred sixty families registered in the census. The omission on the part of the defendant entity in failing to resolve the conflict of precarious occupancy, as shown by official communication SIT-059-78 of the Land Inventory Section dated June 8, 1978, dates back to 1963, that is, the omission (conducta omisiva) of the defendant entity has lasted more than 50 years. As indicated by the documents I attach as documentary evidence with this brief, the basis of decree number 10088, which expropriates Osa Productos Forestales S.A., was precisely to resolve the land tenure conflict of so many campesinos. Note that by 1979 the defendant entity knew that the property intended to be expropriated from Osa Productos Forestales was burdened by annotations of lawsuits filed since 1963, a further element of the existence of the land tenure conflict. As a result of this situation, the defendant entity initiated, but did not conclude—that is, it continues its omission (conducta omisiva) to date—various actions aimed at providing land to the campesinos; proof of this is official communication DL-1281-93, in which the Legal Department of the defendant issues an opinion authorizing the granting of property titles in the settlement (asentamiento) of Osa, a place where my client is located. Subsequently, in 2005, a commission was created, of which the defendant was a part, whose objective was to carry out the titling of the campesinos of the Osa settlement, where it can again be seen that the defendant entity does not resolve the conflict and continues its omission. By means of Article 39 of session 044-05, held on November 14, 2005, the Board of Directors of the defendant agreed to carry out a special procedure to solve the problem of possession in precario (posesión en precario), which was never carried out, continuing the defendant's omission to provide a solution to the problem afflicting my client. As a result of this commission and agreement duly approved by the Board of Directors of IDA, today INDER, the defendant entity initiated all the procedures to provide land to the campesinos, a procedure that went no further than the paper of the agreement of the defendant's Board of Directors. The interesting thing about this is that through official communication OSO-319-06, of April 28, 2006, the possession, the time, and the chain of transferors (cadena de transmitentes) of various campesinos, neighbors of my client's property, are certified, indicating that they have been in possession dating back to 1959, that is, the property in dispute was in possession before ITCO, the predecessor of IDA, today INDER, was created, an official communication I attach as evidence with this brief. The foregoing is important for the purpose of proving that once again, even though they are very clear about the problem of possession and have accepted and recognized it, it is also true that they have done nothing to solve it, which is why they have forced my client to file this proceeding so that it is the courts of justice that put an end, once and for all, to the omission of failing to resolve my client's possession, which is what gives rise to this case file. In accordance with Article 290, subsection 5, of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), used supplementarily in this matter, I hereby state the reason, what it consists of, and the respective estimation of the Damages, Losses (Perjuicios), and Non-pecuniary Damage (Daño Moral) caused to my family by the State through the Institute of Agrarian Development. DAMAGES, LOSSES AND NON-PECUNIARY DAMAGE. DAMAGES: They originate from the bad faith action of the IDA, which, even though it was aware of the conflict of possession in precario (posesión en precario) suffered by the Osa settlement since 1963, and that my client, personally and through his transferors (transmitentes), has possessed publicly, peacefully, uninterruptedly, and under claim of ownership for more than fifty years, has maintained an omission (conducta omisiva) in failing to resolve the land tenure conflict once and for all. These damages consist of my client's inability to exercise the acts corresponding to an owner, preventing him from exercising his right to register his property before the Public Registry, as well as the inability to enjoy the usufruct of his property, keeping my client in eternal anxiety, due to the multiple proceedings that INDER has carried out to evict us without recognizing our rights. The estimation of damages is determined by taking into account the efforts my client has had to make to defend his property and his right, taking into account the economic limitations he has, since he lives from what the land provides, the professional fees of different professionals he has had to hire, as well as the immense expenses he has had to incur on the occasions he has had to travel to the capital, taking into account the distance from the Peninsula to the capital, lodging, food, etc. Likewise, the fact of the defendant's omission has prevented him from developing his normal life like any other Costa Rican, and has limited his margin of action for credit to grow in activities such as agriculture, cattle raising, or even eco-tourism, a more recent activity, which is why I request a judgment in the abstract, and that it will be in the execution of the judgment that these are liquidated.

DAMAGES: The damages consist of the lost opportunity to have invested the funds that my client has used for professional fees, as well as for other expenses, in the agricultural production he carries out, as well as in the ecotourism activity he carries out on the properties, taking into account the interest lost on the sums that should have been obtained, as well as the impossibility of being able to have lands duly registered in his name, which limits the array of rights enjoyed by all Costa Ricans. They are caused by the bad-faith conduct of the IDA, which, even though it was aware of the precarious possession (posesión en precario) conflict suffered by the Osa settlement since 1963, and that my client, both personally and through his predecessors in interest, has possessed the land publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owner for more than fifty years, has maintained an omission of not resolving the land tenure conflict once and for all. The estimation of damages is determined taking into account the efforts my client has had to make to defend his property and his right, considering his economic limitations, since he lives from what the land provides, the professional fees of various professionals he has had to hire, as well as the immense expenses he has had to incur on the occasions he has had to travel to the capital, taking into account the distance from the Peninsula to the capital, lodging, food, etc. Likewise, the fact of the defendant's omission has prevented my client from being able to develop his normal life like any other Costa Rican, and has limited his scope of action, his access to credit to grow in activities such as agriculture, livestock, or even ecotourism—a more recent activity—which is why I request that damages be awarded in the abstract (se condene en abstracto), and they will be liquidated (liquidarán) during execution of judgment. MORAL DAMAGES (DAÑO MORAL): The moral damages consist of the distress that my client has suffered during all the years the omission of the defendant entity has lasted, a period in which, in one way or another, the defendant has undertaken to deny my client the possibility of exercising the acts characteristic of an owner, carrying out acts with the intention of dispossessing us of our lands. The same are caused by the evident and manifest bad-faith conduct of the IDA, which, even though it was aware of the precarious possession (posesión en precario) conflict suffered by the Osa settlement since 1963, and that my client, both personally and through his predecessors in interest, has possessed the land publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owner for more than fifty years, has maintained an omission of not resolving the land tenure conflict once and for all. It consists of the distress caused to my client by having to confront, throughout the entire period the conduct that is the subject of this proceeding by the defendant has lasted, various actions by the Inder such as evictions and leaving my client on the street after my client has worked his entire life on his land, even though the defendant entity itself acknowledges the possession since 1963, as well as the existence of the land tenure conflict. In determining the amount of moral damages, the fact that the judicial and administrative proceedings have taken many years must also be considered, which has generated continuous anguish over this situation, which is why I request that damages be awarded in the abstract (se condene en abstracto), and they will be liquidated (liquidarán) during execution of judgment.

III.- POSITION OF THE ANSWER- The INDER's representation answered as follows: The area of land that is the subject of this lawsuit forms part of the Golfo Dulce Forest Reserve, such that, by provision of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal), it was automatically incorporated into the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In addition to this, to protect the natural resource, the legislation itself, in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 8 of the Lands and Colonization Law, expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State's Natural Heritage with the aim of protecting the natural resource, a situation that would lead to no compensation nor the claims sought by the plaintiff, especially since those areas possess all the characteristics of being public domain assets (bienes demaniales) and therefore are inalienable, imprescriptible, and any claim by private parties does not grant any right in their favor, due to the public domain character (carácter demanial) recognized for these assets, and any type of occupation by private parties is ineffective and grants no right. Moreover, the recognition of any right is not appropriate because the plaintiff does not demonstrate being the legitimate possessor, in original or derivative form, of the property with at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or ten years prior to those lands being property of the State or of the ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), defined in Article 18 as that which "is constituted by the National Reserves, the Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves"; likewise, its Article 19 provided that "all forests and forest lands situated in: a) Lands considered national reserves, b) rural properties in the private domain of the State, those belonging to municipalities, Autonomous and Semi-autonomous Institutions, are affected for the purposes of this law." That concept currently maintains its essence, with the definition of the State's Natural Heritage provided in Forestry Law 7575. In addition, the designation as State Forest Heritage or State Natural Heritage is due to a public interest, which prevails over the private interest of environmental protection, recognized in Article 50 of the Constitution and prior to that by the Constitutional Chamber itself through Opinion (Voto) No. 3905-1993 of 3:00 p.m. on July 30, 1993. Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property, and with even greater reason, lands that are the property of the Rural Development Institute. Thus, the institution currently has a legal impediment to titling lands belonging to the State's Natural Heritage, given that Articles 14 and 15 of the Forestry Law prevent the institution from alienating or disposing of the assets that make up the State's Natural Heritage. If the plaintiff carried out any type of legal transaction regarding the property belonging to the State's Natural Heritage, he did so with the implications this would entail; therefore, it was the acquirer's responsibility to investigate and verify the characteristics of the asset, and he cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with the characteristics of public domain assets. There is no census whatsoever demonstrating that the plaintiff is the legitimate possessor, in original or derivative form, of the property with at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or ten years prior to those lands being property of the State or of the ITCO, because Forestry Law number 4465 of November 25, 1969, already regulated the concept of the State's Forest Heritage. Therefore, I request that this lawsuit be declared without merit, the exceptions raised be sustained, and the plaintiff be ordered to pay both costs. EXCEPTIONS: EXCEPTION OF EVIDENT AND MANIFEST EXPIRATION (CADUCIDAD). The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. Note that Article 94 of the Lands and Colonization Law provided that if the conflict is not resolved within one year, the administrative channel would be deemed exhausted. The lawsuit against the Rural Development Institute is evidently and manifestly expired, and therefore it is proper to declare the lawsuit inadmissible. Under any of the following hypotheses, the judicial action is expired. IN THE FIRST PLACE: The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974; however, in accordance with Article 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, a maximum period of one year to commence the proceeding was established. Consequently, if one starts from the years 1965, 1967, 1970, and 1974 until the date of filing the lawsuit, which was February 14, 2013, the one-year period to commence the proceeding against the Rural Development Institute has abundantly elapsed. IN THE SECOND PLACE: The plaintiff claims the possibility of litigating in the judicial channel whether or not he has the right to be relocated and/or compensated, etc. However, in accordance with Article 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code, a maximum period of one year to commence the proceeding was established. Whether one starts from Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, which creates the Golfo Dulce Forest Reserve, or from when the plaintiff allegedly acquired the property on October 4, 2011, according to the document visible at folio 474 of the judicial file, it is more than evident that the one-year period to commence the proceeding has elapsed. The Contentious-Administrative Procedure Code came into effect starting in 2008, and it was not until February 14, 2013, that the plaintiff directly resorted to the judicial channel. Therefore, from the effective date of the Contentious-Administrative Procedure Code (January 1, 2008) until the date of filing the judicial action (February 14, 2013), the one-year period established in Article 39 of the Contentious-Administrative Procedure Code has been computed. Therefore, I request that the exception of expiration (caducidad) of the action be sustained, and the lawsuit against the Rural Development Institute be declared without merit in its entirety. IN THE THIRD PLACE: The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974; however, if we apply as the starting date of the computation the years 1965, 1967, 1970, and 1974, in application of section 37 of the Law on the Contentious-Administrative Jurisdiction by provision of Transitory Provision II of the Contentious-Administrative Procedure Code, until the day the lawsuit was filed, which was February 14, 2013, the two-month period has abundantly elapsed, that being the legal precept in force at that time for filing suit, and therefore, the two-month period to commence the proceeding against the Rural Development Institute has elapsed. IN THE FOURTH PLACE: The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974; however, if we were to apply the previous text of Article 175 of the General Public Administration Law, by provision of Transitory Provision II of the Contentious-Administrative Procedure Code, that being the applicable norm at that time, in the sense that the power of the administrated party to resort to the judicial channel would expire in four years. Then, if the starting date is applied from the years 1965, 1967, 1970, and 1974 until the day the lawsuit was filed, which was February 14, 2013, the four-year period has elapsed, section 175 of the General Public Administration Law being the legal precept in force at that time, and therefore, the four-year period to commence the proceeding against the Rural Development Institute has elapsed. If Article 41 of the Contentious-Administrative Procedure Code were to be applied, wherein it is established that the maximum period to commence the proceeding shall be the same period as the legal system provides as the statute of limitations (prescripción) for the respective substantive right. Now then, starting from Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, which creates the Golfo Dulce Forest Reserve, until the date of notification of the judicial lawsuit, which occurred on July 24, 2015, the legal period to declare the statute of limitations of any right, including the right to compensation, has been computed, whether applying the ordinary statute of limitations established in Article 868 of the Civil Code, wherein every right and its corresponding action prescribe in ten years, or applying Article 61 of the Expropriations Law, which establishes a statute of limitations period of 10 years from the taking (afectación) that occurs with the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, or Article 198 of the General Public Administration Law, which establishes a four-year period to claim any type of compensation. Therefore, I request that the exception of expiration (caducidad) of the action be sustained, and the lawsuit against the Rural Development Institute be declared without merit in its entirety. Thus, this representation raises the exception of expiration in accordance with Article 66, subsection K) of the Contentious-Administrative Procedure Code, given that the period to commence the proceeding has evidently and manifestly exceeded the legally established period, since expiration is a legal institution that establishes a rigid, final, and non-interruptible period. Requesting that the exception of expiration be sustained and that the plaintiff be ordered to pay both costs. EXCEPTION OF EVIDENT AND MANIFEST STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN). The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. The lawsuit against the Rural Development Institute is evidently and manifestly time-barred, and therefore it is proper to declare the lawsuit inadmissible. Note that Article 94 of the Lands and Colonization Law provided that if the conflict is not resolved within one year, the administrative channel would be deemed exhausted. Under any of the following hypotheses, any type of right sought to be claimed is time-barred. IN THE FIRST PLACE: The plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. Thus, if Article 868 of the Civil Code, which establishes the ordinary statute of limitations, were to be applied, in which every right and its corresponding action prescribe in ten years, any type of claim against the Rural Development Institute would be time-barred by the mere passage of time and by the inertia of the holder in exercising his right within the legally established period. The period to claim the INDER's omission in executing agreements dating from 1965, 1967, 1970, and 1974 has exceeded the ten-year period to claim any type of right. IN THE SECOND PLACE: The compensatory action seeking items for damages (daños y perjuicios) is time-barred, whether applying the ordinary statute of limitations established in Article 868 of the Civil Code, wherein every right and its corresponding action prescribe in ten years, or applying Article 198 of the General Public Administration Law, which states that the right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years. The plaintiff refers to the inaction to execute Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. Thus, if Article 868 of the Civil Code or Article 198 of the General Public Administration Law were to be applied, the compensatory claim would be time-barred by the mere passage of time and by the inertia of the holder in exercising his right within the legally established period. Therefore, it is proper to sustain the exception of statute of limitations to claim any type of compensation from the Administration and to order the plaintiff to pay costs. IN THE THIRD PLACE: Starting from Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, which creates the Golfo Dulce Forest Reserve, until the date of notification of the judicial lawsuit, which occurred on July 24, 2015, the legal period to declare the statute of limitations of any right, including the right to compensation, has been computed. Whether applying the ordinary statute of limitations established in Article 868 of the Civil Code, wherein every right and its corresponding action prescribe in ten years, or applying Article 61 of the Expropriations Law, which establishes a statute of limitations period of 10 years from the taking that occurs with the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, or Article 198 of the General Public Administration Law, which establishes a four-year period to claim any type of compensation. Therefore, I request that the exception of statute of limitations be sustained, and the lawsuit against the Rural Development Institute be declared without merit in its entirety. EXCEPTION OF LACK OF RIGHT: In the first place, the plaintiff lacks the right to claim relocation to a property under equal conditions as the one represented by the sketch map at folio 476 of the judicial file. Neither the Lands and Colonization Law - Law 2825 - nor the Law for the Transformation of the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) - Law 9036 - contains any precept whatsoever regarding relocating a person who is located in an area that forms part of the State's Natural Heritage. Moreover, the law itself in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 8 of the Lands and Colonization Law expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State's Natural Heritage with the aim of protecting the natural resource. It must be clarified and substantiated that the true ideology of the objective social function of agrarian property —the equitable distribution of land— is contemplated in Article 1 of the Lands and Colonization Law, and this is a programmatic norm and not an imperative one. This norm promotes the realization of a common good, which is an expectation encompassing a social content and reflects the State's intervention in the socio-economic order. This norm promotes greater access to agrarian property, but as an expectation of right and not as a consolidated right. Therefore, the claim for relocation lacks right and consequently, it is proper to sustain the exception raised, ordering the plaintiff to pay both costs. In another line of thought, the plaintiff seeks to declare the INDER's omission in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974; however, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in opinion number 1574-2008 of two fifty-six in the afternoon on January thirtieth, two thousand eight, regarding the topic of resolving conflicts derived from the precarious possession (posesión precaria) of lands, stated: [Quote]. Consequently, the agreements for which the plaintiff claims omission by the INDER are agreements in which the Institution did not act in its capacity as a public entity endowed with public privileges and prerogatives, but rather as a mediator or arbitrator as an alternative mechanism for the conflict. Therefore, the plaintiff lacks the right to seek a declaration of any omission by the INDER because Article 94 of the Lands and Colonization Law provided that if the conflict was not resolved within one year, the administrative channel would be deemed exhausted. In another line of thought, the plaintiff also seeks to declare the inaction in executing the Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. However, the plaintiff lacks proof to demonstrate that during that time he was occupying the zone, and consequently, the plaintiff lacks the right to claim any type of administrative inaction. Furthermore, no right exists because Agreement number 11 of Session 400 of June 8, 1965, of the Board of Directors was revoked by Article II of Session 628 of November 4, 1988. (see folio 68 of the judicial file). Now then, the plaintiff also seeks eventual recognition of possessory and compensation rights over a piece of land identified by the sketch map at folio 476 of the judicial file. In the specific case, it is demonstrated by official letter ACOSA-RFGD-114-2015 of August 18, 2015, at folios 782 and 783 of the judicial file, and official letter IRT-0899-2019 of October 16, 2019, and the attached overlay, that the sketch map provided by the plaintiff at folio 476 of the judicial file lies entirely within the Golfo Dulce Forest Reserve. The Golfo Dulce Forest Reserve was created by Executive Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978. This Protected Wilderness Area forms part of the State's Natural Heritage. Regarding the topic of the State's Natural Heritage, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in opinion 416975-2008, held: [Quote]. Consequently, it is demonstrated that the area of land sought by the plaintiff forms entirely part of the Golfo Dulce Forest Reserve, and consequently, this area of the State's Natural Heritage is by law administered by MINAE through SINAC (Forestry Law, arts. 6, subs. a and 13, para. 2, and 14; Organic Law on the Environment, Article 32, para. 2), and consequently we are under a special regime, in which the Rural Development Institute cannot dispose of the State's Natural Heritage by provision of Article 15 of the Forestry Law. The Golfo Dulce Forest Reserve is subject to a special regime, in which the Rural Development Institute is barred by a provision of statutory rank from disposing of the lands that form part of the State's Natural Heritage, where the legislation itself in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 8 of the Lands and Colonization Law expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State's Natural Heritage with the aim of protecting the natural resource. Furthermore, the recognition of any right is not possible because the plaintiff does not demonstrate being the legitimate possessor, in original or derivative form, of the property with at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or ten years prior to those lands being property of the State or of the ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State's Forest Heritage, defined in Article 18 as that which "is constituted by the National Reserves, the Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, the Protective Zones, and the Biological Reserves"; likewise, its Article 19 provided that "all forests and forest lands situated in: a) Lands considered national reserves; b) Rural areas in the private domain of the State, those belonging to municipalities, Autonomous and Semi-autonomous Institutions [...] are affected for the purposes of this law." That concept currently maintains its essence, with the definition of the State's Natural Heritage provided in Forestry Law 7575. Likewise, the recognition of any compensation is not possible. The legislation itself, in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 8 of the Lands and Colonization Law, expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State's Natural Heritage with the aim of protecting the natural resource. The designation as State Forest Heritage or State Natural Heritage is due to a public interest, which prevails over the private interest of environmental protection, recognized in Article 50 of the Constitution and prior to that by the Constitutional Chamber itself through Opinion (Voto) No. 3905-1993 of 3:00 p.m. on July 30, 1993. Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property, and with even greater reason, lands that are the property of some State institution. The Rural Development Institute has a legal impediment to dispose of the lands belonging to the State's Natural Heritage, given that Articles 14 and 15 of the Forestry Law prevent the institution from alienating the assets that form the State's Natural Heritage. It was the State, through the Executive Branch, that decided, in 1978, to create the Golfo Dulce Forest Reserve through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, incorporating it into the State's Natural Heritage, and if the plaintiff carried out any type of legal transaction regarding the properties belonging to the State's Natural Heritage, he did so with the implications this would entail; therefore, it was the acquirer's responsibility to investigate and verify the characteristics of the asset, and he cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with the characteristics of public domain assets. Furthermore, for occupants who acquired their possession in a derivative form, payment for moral damages is not appropriate, as this must be claimed by the person who directly suffered the harm, that prerequisite not being satisfied in the present case. There is no census whatsoever demonstrating that the plaintiff is the legitimate possessor, in original form, of the property with at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or ten years prior to those lands being property of the State or of the ITCO, because Forestry Law number 4465 of November 25, 1969 already regulated the concept of the State's Forest Heritage. Likewise, the plaintiff's claim to collect damages (perjuicios) lacks legal basis; it is absolutely contrary to the provisions of Article 194, subsection 2) of the General Public Administration Law, which indicates that compensation shall cover the value of the losses at the time of their payment, but not loss of profit (lucro cesante). In addition to the foregoing, the recognition of any type of possessory or compensation right is also not appropriate, because in opinion number 52-1995 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, issued at three seventeen in the afternoon on May twenty-six, nineteen ninety-five, there already existed a compensation within lands of the Asentamiento Campesino in favor of Messrs. Arturo Aguilar Vindas for a property of one thousand two hundred seventy-four hectares, Santiago Aguilar Mora for a property of five hundred hectares, and the succession of Eliecer Aguilar Mora for a property of three hundred sixty-five hectares. Thus, any possession derived from the property of the Aguilar Family is not appropriate, since those lands were duly compensated by the Institution. In this regard, the sketch map provided by the plaintiff at folio 476 of the judicial file overlaps with the property known as Los Aguilares, a circumstance demonstrated by official letter AT-150-2013 of May 15, 2013, and the overlay visible at folios 967 and 968 of the judicial file, and official letter IRT-0899-2019 of October 16, 2019, and the overlay attached, which determine that indeed the sketch map with an area of 12ha 9774m2 is located within the property known as Los Aguilares. Note that the sale contract for the property provided by the plaintiff at folio 474 of the judicial file confirms that the alleged derivative possession the plaintiff seeks to assert originates from Mr. Arturo Aguilar, who had already received the corresponding compensation. Moreover, the sketch map provided by the plaintiff at folio 476 does not prove possession as provided in Article 301 of the Civil Code, and the sale contract for the property provided by the plaintiff at folio 474 of the judicial file confirms that the alleged derivative possession the plaintiff seeks to assert was not obtained until October 4, 2011. By that date, the agreement of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute in Article 39 of Session 044-05 of November 14, 2005, had already been revoked by Article 35 of Ordinary Session 040-2007 of November 19, 2007. (see agreements of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute), so it is also appropriate to indicate that the plaintiff at no time accredits having filed any administrative request under the protection of the agreement of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute in Article 39 of Session 044-05 of November 14, 2005, and thus any omission is rejected.

Therefore, I request that the present lawsuit be dismissed, that the lack of right be upheld, and that the plaintiff be ordered to pay both costs. REGARDING THE LACK OF RIGHT WITH RESPECT TO DAMAGES, LOSSES, AND MORAL DAMAGES: This representation opposes in its entirety the claim for damages, losses, and moral damages. The plaintiff lacks a causal link and adequate proof to claim any type of compensation from the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural). The plaintiff claims damages and losses caused by the alleged administrative inaction over the last sixty years for preventing a sound possession regime of the land identified by the sketch on folio 476 of the judicial file and the correct distribution of land and its wealth to the detriment of the plaintiff. Now, Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), was issued by the Executive Branch. It was a general administrative act issued by the Executive Branch with the purpose of creating a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida). The Institute of Rural Development did not create the Golfo Dulce Forest Reserve and, under this premise, the Institution is faced with an exemption from liability set forth in Article 190, subsection 1) because it constitutes an act of a third party, and consequently, the plaintiff would lack the right to claim any compensation from the Institute of Rural Development. In addition to the foregoing, if the plaintiff carried out any type of legal transaction involving the property belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), the plaintiff did so with the implications this would entail; therefore, it was the responsibility of the acquirer to investigate and verify the characteristics of the property, and the acquirer cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with characteristics of being public domain assets (bienes demaniales). In this scenario, we are faced with an exemption from liability set forth in Article 190, subsection 1) because it constitutes fault of the victim. In the same vein, no compensation whatsoever can be recognized. The legislation itself, in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) and Article 8 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), expressly sanctions any type of occupation of the assets of the Natural Heritage of the State with the purpose of protecting the natural resource. The designation as State Forestry Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) or Natural Heritage of the State is due to a public interest of the State, which prevails over private interest, namely, the protection of the environment. The administration of the Natural Heritage of the State by Law corresponds to MINAET through SINAC. (Forestry Law, arts. 6, subsect. a and 13, para. 2. and 14; Organic Environmental Law, Article 32. para. 2). That being the case, INDER is not the institution that administers the Natural Heritage of the State, and consequently, the plaintiffs would lack the right to claim any compensation from the Institute of Rural Development. In addition to the above, it is important to note that no type of compensation against the Institute of Rural Development is admissible because it has a legal impediment to dispose of lands belonging to the Natural Heritage of the State due to the legal regulation set forth in Article 15 of the Forestry Law, and consequently, the Institution is prevented from any type of disposal of the assets that make up the Natural Heritage of the State. The alleged derived possession that the plaintiff acquires, on folio 474, the plaintiff obtains for a price of three hundred thousand colones in October two thousand eleven, and now intends to claim compensation against the Institute of Rural Development, hinting at immense expenses, damages, losses, and others that lack any adequate proof. Likewise, for any occupant who presumably acquired possession derivatively, the payment for moral damages is not applicable, since this must be alleged by the person who suffered the damage directly, this premise not being met in the present case. It should even be noted that there is no census whatsoever that demonstrates that the plaintiff is the legitimate possessor in an original manner of the property for at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or ten years before these were lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of State Forestry Heritage. The rejection is total regarding any eviction proceeding and/or administrative proceedings that the plaintiff party mentions having faced, for lack of adequate proof. Furthermore, any claim for moral damages is rejected in its entirety based on the fact that the judicial processes have taken too long, as alleged by the plaintiff's representation. Proceedings and actions before the Courts of Justice cannot be categorized as any form of moral damages. This is an act alien to and excluding the Institute of Rural Development, lacking a causal link. Finally, the plaintiff's claim to recover losses is rejected in its entirety, because it has no legal basis and is absolutely contrary to what is regulated in Article 194, subsection 2) of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which indicates that compensation must cover the value of the damages at the time of payment, but not lost profits (lucro cesante). Therefore, I request that the present lawsuit be dismissed, that the defense of lack of right (excepción de falta de derecho) be upheld, and that the plaintiff be ordered to pay both costs. DEFENSE OF LACK OF CURRENT INTEREST (EXCEPCIÓN DE FALTA DE INTERÉS ACTUAL): The plaintiff party did not come forward to assert their right at the appropriate time. The lands were affected by the Decree Creating the Golfo Dulce Forest Reserve since 1978, or incorporated into the State Forestry Heritage due to the Forestry Law 4465 of 1969 and ratified by the current Forestry Law 7575 under the concept of Natural Heritage of the State. It should be noted that the plaintiff party seeks to declare the inaction in executing Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) dating from 1965, 1967, 1970, and 1974; however, it is the State itself—through the Executive Branch—that decided to create the Golfo Dulce Forest Reserve by means of Executive Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, this area being incorporated into the Natural Heritage of the State, and consequently, the Institute of Rural Development has a legal impediment to dispose of the lands belonging to the Natural Heritage of the State due to the legal regulation set forth in Article 15 of the Forestry Law, and consequently, it prevents the Institution from any type of disposal of the assets that make up the Natural Heritage of the State. Therefore, it is respectfully reiterated that the sketch provided by the plaintiff on folio 476 of the judicial file forms part in its entirety of the Golfo Dulce Forest Reserve and, consequently, this area of the Natural Heritage of the State is administered by law by MINAE through SINAC (Forestry Law, arts. 6, subsect. a and 13, para. 2, and 14; Organic Environmental Law, Article 32, para. 2), and consequently, we are under a special regime, where currently the Institute of Rural Development cannot dispose of the Natural Heritage of the State by provision of Article 15 of the Forestry Law. Therefore, I request that the present lawsuit be dismissed, that the lack of current interest be upheld, and that the plaintiffs be ordered to pay both costs. DEFENSE OF LACK OF STANDING TO SUE AND BE SUED (EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA): The plaintiff party also seeks to declare the inaction in executing Board of Directors' agreements of the formerly named Institute of Lands and Colonization dating from 1965, 1967, 1970, and 1974. However, the plaintiff party lacks proof to demonstrate that during that time they were occupying the area, and consequently, the Institute of Rural Development cannot be the subject of claims by the plaintiff. Now, Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve, was issued by the Executive Branch. It was a general administrative act issued by the Executive Branch with the purpose of creating a Protected Wilderness Area. The Institute of Rural Development did not create the Golfo Dulce Forest Reserve, and under this premise, the Institution is faced with an exemption from liability set forth in Article 190, subsection 1) because it constitutes an act of a third party, and consequently, the Institute of Rural Development lacks standing to be sued. In addition to the foregoing, if the plaintiff carried out any type of legal transaction involving the property belonging to the Natural Heritage of the State, the plaintiff did so with the implications this would entail; therefore, it was the responsibility of the acquirer to investigate and verify the characteristics of the property, and the acquirer cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with characteristics of being public domain assets. In this scenario, we are faced with an exemption from liability set forth in Article 190, subsection 1) because it constitutes fault of the victim, and the Institute of Rural Development lacks standing to be sued. Likewise, any occupant of the lands of the Natural Heritage of the State lacks standing to claim or assert any right, by provision of Articles 14 and 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 8 of the Land and Colonization Law. Likewise, the plaintiff party lacks standing because they are not the legitimate possessor in an original or derivative manner of the properties for at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 17, 1978, and/or ten years before these were lands owned by the State or ITCO, being incorporated into the State Forestry Heritage, now called the Natural Heritage of the State. Furthermore, the Natural Heritage of the State is administered by MINAE through SINAC. (Forestry Law, arts. 6, subsect. a and 13, para. 2, and 14; Organic Environmental Law, Article 32, para. 2). Thus, the Institute of Rural Development cannot be the subject of claims on lands whose administration it is not responsible for, especially since said administration is the competence of MINAE through SINAC in an inalienable, non-transferable, and imprescriptible manner that cannot be declined. Therefore, I request that the present lawsuit be dismissed, that the lack of standing to sue and be sued be upheld, and that the plaintiff party be ordered to pay both costs.

IV.- PROVEN FACTS.- Of importance for resolving this matter, the following facts of interest are considered proven:

1) By means of the Land and Colonization Law (No. 2825 of October 14, 1961), the legislator provided, in what is relevant: “Article 92.- The Institute is the entity empowered to intervene in all cases of precarious possession (posesión precaria) of lands, and will seek to find a satisfactory solution for them, in accordance with the provisions established by this law. For the purposes of this law, it shall be understood that a person is a precarious possessor (poseedor en precario) when anyone who, out of necessity, carries out stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it in conditions of production for their subsistence or that of their family, on land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have decennial possession (posesión decenal) under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with what is established in this law and through the possessory information (información posesoria) procedure; but once involved in the resolution of a conflict arising from the precarious possession of lands, they will be subject to what is provided in the final paragraph of Article 101 of this law; those who do not have decennial possession will claim their rights in accordance with the provisions of this Chapter.” “Article 94.- The solution of conflicts derived from the precarious possession of lands shall primarily be sought through direct sale-purchase contracts between the owner and the occupants, with the intervention of the Institute, and in the manner indicated in the following articles. Prior to the filing of any judicial action in which a problem of precarious possession of lands may be involved, the owners must present their claim before the Institute, in accordance with the procedures mentioned in this Chapter. Upon the lapse of three months from the receipt of the respective petition without the Institute having declared the existence of a land possession conflict, or one year from that declaration without the conflict having been resolved, the administrative procedure shall be deemed exhausted, and the plaintiffs may address the Courts. Notwithstanding the foregoing, any of the interested parties may request the Judge or Alcalde of the Jurisdiction in which the property is located to conduct an ocular inspection (inspección ocular), with summons of the parties, to verify any facts or signs that could change or disappear over time. While the matter is before the Institute, the statute of limitations shall not run for any of the parties. Once the conflict is resolved by the Institute with the agreement of the owner, or once expropriation is ordered by the Executive Branch, the owner shall lack any judicial action, whether civil or criminal, against the possessors in their capacity as such. Otherwise, the occupants will be subject to the common legal sanctions that may apply.” (Consultation of the Costa Rican Legal Information System SCIJ on website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

2) By agreement adopted in Article No. 11 -eleven- of session No. 400 held on June 19, 1965, the Board of Directors of the former ITCO provided: “Propose to Arawak Co. the settlement expressed on the following bases: A) Purchase of the portion of its lands known as Bahía Drake (zone A on the plan prepared by the Farm Study Section) with an area of 2,778 has. of flat area and 2,292 has. 5123.58 m2 of irregular area, payable over 10 years for the sum valued by the ITCO expert in the appraisal that is a document Annexed to this record (…) B) Sale of the area called east of the Rancho Quemado Lagoon (zone III on the attached plan) with an area of 412 has. 7792.91 m2, for the sum of … per ha. according to the appraisal established by the ITCO experts, and which appears in a document annexed to this record, to be paid to ITCO in cash (…). C) Lease to the Company of the area known as center Arawak which is State land (…) for which ITCO will obtain the corresponding legislative authorization. D) Consider the possibility of leasing to the Co. the so-called Cerro de Oro, property of the State (…) located in the south of Arawak.” (Images 66 and 67 of the judicial file).

3) By agreement adopted in Article II of session No. 628, held on November 4, 1966, the Board of Directors of the former ITCO provided: “Revoke the agreement contained in Article XI of session No. 400 held on June 8, 1965. Without prejudice to the conversations that could be carried out to satisfactorily settle the conflict of precarious occupation of lands on properties of the company Arawak Trust Company, located in Bahía Drake de Osa, continue the procedures indicated in Chapter 6 of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments.” (Image 79 of the judicial file).

4) By agreement adopted in Article VI of session No. 712 of May 2, 1967, the Board of Directors of the former ITCO provided: "a) Ratify the agreement contained in art. II of session No. 628 held on November 4, 1966, by which it was agreed that, without prejudice to the conversations that could be carried out to satisfactorily settle the conflict of precarious occupation on properties of Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake de Osa, continue the procedures indicated in Chapter VI of the Land and Colonization Law; b) Instruct the Legal Dept. to prepare a draft Executive Decree aimed at registering in the name of the State, for their subsequent transfer to ITCO, those national lands, with an area of approximately 15,000 hectares, which are located in the center of the Osa Peninsula, surrounded by the properties of Osa Productos Forestales.” (Image 83 of the judicial file).

5) By means of the Forestry Law (No. 4465 of November 25, 1969), the legislator provided, in what is relevant: “Article 22.- The Executive Branch shall decree, whether for national, state, municipal, or private reserves, the Forest Reserves (Reservas Forestales), National Parks (Parques Nacionales), and Biological Reserves that it deems convenient for the adequate achievement of the purpose of this law. When dealing with private lands for the establishment of Reserves and National Parks, such lands shall be acquired through purchase or expropriation.” “Article 23.- In the decrees creating the Forest Reserves and National Parks, their boundaries and the obligation to materialize them on the ground, by the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), shall be clearly established.” “Article 24.- The Protective Zones (Zonas Protectoras) established by law or by executive decree, which are within the National Reserves, shall also form part of the State forestry heritage (patrimonio forestal del Estado).” “Article 25.- The possession of lands located in the National Reserves and State properties, referred to in Article 19 of this law, shall not create any type of rights, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) over the same is imprescriptible, and the General Forestry Directorate, with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands persons who occupy them totally or partially, in the event that these are Protective Zones, National Parks, Forest Reserves, and Biological Reserves. Likewise, the Institute of Lands and Colonization has the obligation to relocate the persons affected by this provision, with prior agreement with the Executive Branch.” (Consultation of the Costa Rican Legal Information System SCIJ on website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

6) By agreement adopted in Article VI of session No. 1196 of June 16, 1970, the Board of Directors of the former ITCO provided: "a) Order the corresponding Department to locate and measure the areas that the Co. Osa Productos Forestales S.A. proposes to the Institute to exchange for lands of the National Reserve, according to the attached plan; b) Request that the Management contact the National Forestry Directorate so that, jointly with the Institute, it conducts a study of the proposal of the Co. Osa Productos Forestales S.A.” (Image 94 of the judicial file).

7) By agreement adopted in Article VIII of session No. 1604, of the session held on March 20, 1973, the Board of Directors of the former ITCO provided: “Instruct the Management to prepare the technical study of the lands owned by OSA Productos Forestales S.A. located on the OSA Peninsula so that it allows ITCO to present counter-positions to the mentioned company for the resolution of the conflict of precarious occupation existing there, whether by land purchase or through expropriation thereof.” (Image 95 of the judicial file).

8) By agreement adopted in Article XI of session No. 1821, of the session held on November 11, 1974, the Board of Directors of the former ITCO provided: "A- Ratify the approval of the draft preliminary agreement for the solution of the land conflict on property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that, under the terms of its fourth clause, OSA is obligated to transfer to ITCO 20% of the National Reserve areas; B- The foregoing provision repeals all those agreements that oppose what is agreed in subsection A of this agreement." (Image 111 of the judicial file).

9) By agreement adopted in Article IV of session No. 1832, of the session held on December 11, 1974, the Board of Directors of the former ITCO provided: "Modify Article XI of Session No. 1821 of November 11, 1974, so that it reads as follows: A) Ratify the approval of the Draft Preliminary Agreement for the solution of the land conflict on property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that, under the terms of its fourth clause, Osa is obligated to transfer to ITCO a Reserve area of 20% of the lands required for each Settlement (Asentamiento), destined for their future development; B) The foregoing provision repeals all those agreements that oppose what is agreed in subsection A) of this agreement." (Image 113 of the judicial file).

10) By public deed number 51 executed before Notary Rolando Sáenz Ulloa on November 20, 1974, the General Manager of the former ITCO and the representative of the company Compañía Osa Productos Forestales S.A., signed an agreement that in what is relevant states: “…First Clause: The contracting parties wish to seek a fair and adequate solution to the conflicts existing between peasants (campesinos), occupants of parcels located within the properties owned by La Osa, with the aim of providing those occupants who qualify as precarious possessors with economically exploitable lands, of securing the fair value of the improvements made to the peasants censused by ITCO who do not achieve that qualification, of opening new sources of work for the small landowners established in the region and for their families, and of ensuring the normal development of La Osa's activities in the rational exploitation of the forests and lands that belong to it, in an environment of peace and harmony with the peasant settlers of the region. In accordance with the Land and Colonization Law, it is understood that, for the purposes of this agreement, only those small farmers lacking their own lands, registered or unregistered, who, at the date the conflict was brought before ITCO, demonstrate having carried out stable and effective acts of possession, as owners in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, for more than one year, shall merit the qualification of precarious occupants or possessors. The parties agree that the conflict shall be deemed to have started on January first, nineteen seventy-three. Peasants entitled to payment for improvement shall be understood as those small landowners who meet the conditions described but who have not reached the one year of possession required to have the condition of precarious occupants. Second Clause: To fulfill the purposes expressed in the first clause, in the most efficient, technical, and economical manner, the contracting parties agree that ITCO shall begin as soon as possible a general census of the settlers established on the lands of La Osa and the determination of which of them qualify as precarious occupants and which have the condition of peasants who cannot be classified as such, but for whom the recognition of the value of the improvements made is justified. ITCO shall conduct the technical studies required for the location and planning of the settlements or subdivisions (parcelaciones) that must serve to place those who qualify as precarious occupants and the selection of the appropriate lands for that purpose.” (Images 250 to 255 of the judicial file).

11) By means of Executive Decree No. 5343 (of October 24, 1975), the Executive Branch registered in the name of the State areas of land of the National Reserve in Sierpe. It provided in what is relevant: “Considering: 1°- That an essential function of the State is the conservation of the country's natural resources and especially the protection of those areas of the territory that constitute a national heritage that must be maintained for its scenic beauty or special ecological conditions. 2°- That for the purposes of creating Corcovado National Park, negotiations have been carried out with private owners of properties affected by the indicated project for the exchange of some areas of State lands located outside the affected zone for others already subject to private domain, which must be included within the protection regime established by the decree creating said Corcovado National Park. 3°- That in accordance with the current legal order, said land exchange is more feasible through the Institute of Lands and Colonization, an entity to which the law assigns the duty to contribute to the conservation of natural resources and for which this type of negotiation constitutes an ordinary traffic operation. Therefore, THEY DECREE: Article 1°- Register in the name of the State as an individualized property in the Public Registry, the areas of land of the National Reserve located in Sierpe, district 3 of canton 5 of the province of Puntarenas, described as follows: first lot. mountain land with an area of 9,396 hectares, 5,312.50 square meters, located on sheets of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), scale 1:50000, Llorona 3441 - 11, located by points whose bearings, distances, and coordinates are: (…) Second lot: mountain land with an area of 4,886 hectares, 7,187.50 square meters, located on sheets of the National Geographic Institute, scale 1:50,000, Llorona 3441 - 1, and Golfo Dulce 3441 - IV, located by points whose bearings, distances, and coordinates are: (…) Article 2°- A right-of-way (derecho de vías) is established for the purpose of facilitating access to Corcovado National Park and neighboring lands over the passage area whose surface is 1,442 hectares, 3,750.00 square meters, which is located on sheet of the National Geographic Institute, scale 1:50,000, Sierpe 3442 - n, located by points whose bearings, distances, and coordinates are: (…) Article 3°- The Attorney General of the Republic is authorized to appear before the State notary's office in order to have this decree protocolized in what is relevant and to transfer in the same act to the Institute of Lands and Colonization the described properties. Article 4°- Equally, the Institute of Lands and Colonization is authorized to exchange with the company "Osa Productos Forestales S. A.", domiciled in this capital city, free of all liens, the properties referred to in Article 1 of this decree for the area of land belonging to said company affected by Corcovado National Park, and to transfer in turn to the Forestry Directorate (Dirección Forestal), the lot exchanged with the indicated company, in accordance with the negotiations held between the latter and the Government of the Republic.” (Consultation of the Costa Rican Legal Information System SCIJ on website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

12) By means of Executive Decree No. 5357 (of October 24, 1975), the Executive Branch created Corcovado National Park on the Osa Peninsula. It provided in what is relevant: “Considering: 1°- That one of the functions of the State is the conservation of those areas of the country that possess natural or cultural resources of exceptional importance. 2°- That the Corcovado watershed on the Osa Peninsula has been considered by scientists from around the world as one of the humid tropical areas of greatest richness in flora, fauna, and natural ecosystems. 3°- That due to its isolation, until recently the area remained unaltered, but currently, the destructive exploitation of its natural resources threatens to make all its biological wealth disappear. 4°- That the lands of this watershed, as verified by the Legislative Commission that studied matters related to Osa Productos Forestales, are mostly of very steep slopes, poor drainage, high rainfall, and unstable soils, and consequently, they have no agricultural value and very little forestry value. 5°- That the establishment of a National Park in the Corcovado watershed will ensure that this important part of the Cultural Heritage provides permanent benefits of education, research, inspiration, and recreation for present and future generations of Costa Ricans. Therefore, THEY DECREE: Article 1°- The area of the Osa Peninsula located on sheets of the National Geographic Institute, scale 1:50000, Carate 3541 - III, Golfo Dulce 3541 - IV, Madrigal 3441 - II, and Llorona 3441 - I, located by points whose bearings, distances, and coordinates are: (…) Area 34,346 Ha. 5,000.00 m2, is declared as Corcovado National Park. Between this last point with coordinates 267,000 and 519,000, and the origin of this description with coordinates 287,000 and 492,750, extends the maritime boundary of this Park, which includes a strip of 500 meters of sea along the coast. All rocks and islands located in front of the same that are within Costa Rica's territorial waters are included within the Park. Article 2°- The General Attorney's Office shall register the State lands located within this park in the Public Registry, as an individualized property of the national heritage (patrimonio nacional). These lands are declared inalienable. Article 3°- During the validity of this decree, private individuals may not process any possessory information (información posesoria) on the affected lands, nor exercise any act of possession within the Park, in accordance with Articles 19 and 25 of the Forestry Law.

Article 4—The National Geographic Institute (IGN) is charged with interpreting the described limits, in accordance with the cartographic progress of the basic map of the country, the publication of a separate map of this park, and the taking of new aerial photos for the preparation of an updated Photographic Mosaic. Article 5—The Office of the Attorney General of the Republic shall, within one month following the publication of this decree, draw up notarized deeds for the current owners, occupants, and squatters of the zone. Article 6—In order to protect the Park created by this decree, the members of the Rural Assistance Guard are vested with the character of park rangers. It shall be their responsibility to assist the MAG in protecting the park until a permanent corps of resident park rangers is created therein. Article 7—The administration of this Park shall be in charge of the National Parks Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, which shall have the technical and scientific advice of an Advisory Committee formed by: The Director of the National Parks Service, who shall preside; a representative of the National Council for Scientific and Technological Research (CONICIT), a representative of the Planning Office; a representative of the School of Environmental Sciences of the National University, a representative of the School of Biology of the University of Costa Rica; a representative of the College of Biologists, and a representative of the Tropical Science Center, as a national association interested in the conservation of nature. The Committee may also invite to its meetings, with the character of observers, representatives of national and international organizations interested in the conservation of this park. Article 8—The functions of the Committee shall be: 1) To contribute to the adequate administration and protection of the park; 2) To promote contributions and donations from national and foreign natural or legal persons, for its development and protection; 3) To arrange for the inclusion of this park within the United Nations programs called "Man and the Biosphere" and "World Heritage Fund"; 4) To collaborate in drafting a bill to give this Park the status of a law of the Republic, within a period of no more than 6 months from the date the Committee is officially established; 5) To contribute to coordinating the action of all national institutions that could collaborate in the establishment and management of this park. Article 9—The MAG may enter into contracts and agreements with national and international organizations in order to secure funds for the protection of this National Park. Article 10—On all lands located within this Park, it is prohibited: 1) To fell trees and extract any type of plant or plant product; 2) To hunt or capture wild, fluvial, terrestrial, or marine animals or to collect or extract any of their products or spoils; 3) To collect or extract objects of historical or archaeological interest; 4) To introduce exotic plants and domestic animals; 5) To land on the beaches without authorization or to fly over the zone at low altitude; 6) To extract rocks and sand; 7) To cause fires, release livestock, and place beehives; 8) To build highways and roads for vehicles; 9) To carry weapons. The collection of few or small specimens of plants, rocks, and minerals shall only be permitted with the joint written approval of the National Parks Service and the Management Committee. Likewise, the National Parks Service, with the approval of the Committee, may carry out or authorize the carrying out of those infrastructure works and facilities necessary for purposes of research, education, administration, and for visitors with educational interests." (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ at website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

13) Between January 13 and February 6, 1976, the Land Inventory Section and the Appraisal Section of ITCO carried out the land tenure study and the census of occupants on lands owned by the company Osa Productos Forestales S.A. in the canton of Osa. (Images 296 to 320 of the judicial case file).

14) By agreement adopted in article III of session No. 1962 held on March 15, 1976, the Board of Directors of the former ITCO ordered, as relevant: "Authorize that a transfer be made to the Special Emergency Fund created by article IV of Ley 4374 of August 14, 1969, with the character of a contribution with a specific destination for the payment of the legal compensations that, for improvements, must be recognized to the occupants evicted from the lands comprised within Corcovado National Park (…)". (Images 145 and 146 of the judicial case file).

15) By means of Executive Decree No. 6953 (of April 26, 1977), the Executive Branch partially amended Decree No. 5343 of October 24, 1975, also authorizing ITCO to swap (permutar) real estate with Osa Productos Forestales S.A. for the creation of Corcovado National Park. It ordered, as relevant: "Considering: That due to an error in the interpretation of the provision contained in the decree to be mentioned below, difficulties have arisen in the execution of the land swap agreement between the State and the company domiciled herein 'Osa Productos Forestales S. A.' for the creation of Corcovado National Park. Therefore, DECREE: Article 1—Amend article 4 of Executive Decree No. 5343-A published in the Official Gazette 'La Gaceta' of October 31, 1975, so that it reads as follows: 'Article 4—The Institute of Lands and Colonization (ITCO) is likewise authorized to swap with the company 'Osa Productos Forestales S. A.', domiciled in this capital city, free of all encumbrances, the real estate referred to in article 1 of this decree for the area of land belonging to said company affected by Corcovado National Park, and to transfer in turn to the Forestry Directorate the lot swapped with the indicated company, in accordance with the negotiations held between the latter and the Government of the Republic. Likewise, the Attorney General of the Republic is authorized to appear before the State notary to accept the transfer of the areas destined for Corcovado National Park that ITCO shall transfer to the General Forestry Directorate as provided in this decree.' Article 2—The Attorney General of the Republic is authorized to appear before the State notary to execute the corresponding deed of rectification of the respective entry made in the Public Registry." (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ at website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

16) By means of Executive Decree No. 8494 (of April 28, 1978), the Executive Branch created the Golfo Dulce Forest Reserve. It ordered, as relevant: "Considering: 1—That it is an essential function of the State to ensure the protection, use, conservation, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of multiple use of renewable natural resources. 2—That the hills existing around Golfo Dulce and on the Osa Peninsula are mostly of broken to strongly steep topography, with clayey soils of low fertility, and high rainfall of up to six meters of annual rain; and consequently, these lands are not suitable for agriculture or for livestock raising. The most suitable use for them would be the rational exploitation of forest resources, while protecting the hydrographic basins that provide water to the agricultural areas of the zone. 3—That these lands are mostly still found with their forests intact, which contain a large number of trees of high commercial value, and have the capacity for rapid regeneration in areas managed for sustained yield. 4—That the rational exploitation of these forests under an orderly sustained-yield plan, regulated by the General Forestry Directorate, could be the basis for timber industrial development, which would create employment and improve living conditions for the people of the area. 5—That the recent opening of a track connecting the Inter-American Highway from Piedras Blancas with Rincón and Puerto Jiménez de Osa, constitutes an immediate danger for a large part of these forest resources, since it ends the isolation that previously provided natural protection to these lands. Therefore, DECREE: Article 1—The Golfo Dulce Forest Reserve is hereby established, comprising the territory located within the following demarcation (according to topographic maps 1:50000 IGN- Changuera 3542 TV, Rincón 3542 [II. Sierpe .4442 II, Llorona 3441 I, Golfo Dulce 3541 IV. Carate 3541 III). (…) Article 2—The Forest Reserve declared in this decree comprises an area of 84,538 Ha I 875 m2. The demarcation of said reserve is found on the map prepared by the General Forestry Directorate. Article 3—The national lands found within the preceding delimitation are declared inalienable. Article 4—The Office of the Attorney General of the Republic shall register the lands of the listing of this Reserve in the Public Registry, as an individualized property of the National Heritage. Article 5—The General Forestry Directorate shall be in charge of the demarcation, surveillance, and studies aimed at the use of the natural resources. Article 6—On the lands comprised within the Reserve, it is prohibited, without prior permission from the General Forestry Director: a) To fell trees and extract forest products of all kinds; b) To hunt or capture wild animals or to collect or extract any of their products or spoils; and c) To conduct burns and any type of agricultural, livestock, industrial, commercial, or forest exploitation activity. Article 7—The use of any of the natural resources of the reserve shall only be permitted under technical standards that the General Forestry Directorate shall approve in due course and according to the zoning it establishes for such purpose. Article 8—Registered properties, properties with ten-year possession, and properties in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subject to the Forest Regime. The agricultural work carried out on these properties must have the written authorization of the General Forestry Director as long as the State does not acquire them. Article 9—The General Forestry Directorate shall arrange for the direct purchase or expropriation of the lands reduced to private ownership that are within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration. Article 10—The transfer and resettlement of occupants of more or less than ten years of possessing lands within this Reserve, in accordance with the Ley Forestal, shall be carried out with the intervention of the Institute of Lands and Colonization (ITCO). Article 11—The acquisition of the lands that are necessary shall be carried out in accordance with the census that the General Forestry Directorate or ITCO shall conduct for this purpose. Article 12—The General Forestry Directorate may enter into all kinds of contracts with agencies of the Central Government, autonomous or semi-autonomous entities, Municipalities, International Organizations, and Scientific Associations, if their purpose is the realization of studies, the establishment of scientific or experimental field stations, ecological control, and tourism, within this zone of the Reserve." Subsequently, by means of Decrees No. 9388 of November 30, 1978, and No. 10142 of June 12, 1979, the area and the demarcation of the Reserve were modified. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ at website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

17) By means of Executive Decree No. 9628 (of February 19, 1979), the Executive Branch issued the Regulation on the Protection and Use of Forest Reserves. It ordered, as relevant: "Considering: 1—That since the enactment of the Ley Forestal, forest reserves have been created—and ratified—in different regions of the country, encompassing both State lands and properties reduced to private ownership. 2—That forest reserves are established for the purpose of rationally using the country's forest resources, in accordance with the principle of multiple use of renewable natural resources. 3—That it is in the Government's interest, coinciding with the spirit of the legislator as prescribed in article 71 of the aforementioned Law, that the private properties comprised within the forest reserves, except for exceptional cases, remain in the hands of their owners, who may continue exploiting them, although subject to the technical recommendations of the General Forestry Directorate. 4—That it has been possible to verify that a considerable area of the forest reserves decreed to date involves agricultural lands, some in full production, which if the State were to acquire them or dedicate them to other purposes, would obviously harm the national economy. Therefore, DECREE: The following Regulation on the Protection and Use of Forest Reserves. CHAPTER I: General Provisions. Article I—This regulation establishes the regime for the protection and use of forest reserves. Article 2—For the purposes of this regulation, a Forest Reserve shall be understood as a forested area, or area of forest aptitude, of recognized productive capacity and defined boundaries indicated in the respective Executive Decree, destined for rational forest use, according to the technical plans formulated by the General Forestry Directorate or by private individuals. Article 3—The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock, shall proceed, by means of executive decrees, once the relevant studies and investigations have been carried out, to declare as forest reserves those areas, whether state or private, that so require it. Article 4—Forest reserves shall be declared as such for any of the following reasons: a) Because the forests or forest lands subject to the measure are the only ones existing in the region with current or potential forest productive capacity. b) Because it has become evident that a valuable forest resource is being diminished by irrational exploitation. c) Because they are lands of forest aptitude or forested areas that, due to their quantitative or qualitative floristic composition, constitute indispensable elements for the supply of raw material to the forest industry, thus creating a factor of security for its development. Article 5—The use of forest products in forest reserves shall be based on management and ordering plans that determine the annual allowable cut quantities and the silvicultural technical standards to be followed. Article 6—Forest reserves shall function as raw material production units, while at the same time promoting the incorporation of new species into the national market and seeking their greater utilization. Article 7—In the protective zones comprised within the areas declared 'Forest Reserve', it is prohibited to carry out agricultural work or destroy the vegetation, except in exceptional cases at the discretion of the General Forestry Directorate. CHAPTER II: National Lands. Article 8—The national lands comprised within the areas declared forest reserves are inalienable, that is, they may not be transferred out of State ownership, and their possession shall not give rise to rights of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49, and 57 of the Ley Forestal. Article 9—The use of state forest reserves is authorized, which may be carried out according to the following alternatives: a) When there is direct intervention by the General Forestry Directorate, that is, it is the one that prepares the technical management plans. b) When the management plan is the responsibility of private individuals, under the supervision of the General Forestry Directorate. Article 10—When there is direct intervention by the General Forestry Directorate, it may make offers of standing timber or offers of forested areas through a system of tenders or long-term concessions, with the use being carried out according to the technical provisions and other regulations stipulated in the bidding documents and in the respective contract to be signed by the beneficiary. Article 11—If the technical plans have been prepared by private individuals, they may submit the corresponding applications for forest areas, in which cases, if approved, the General Forestry Directorate shall grant the respective concession, also subject to the conditions established in the contract that the interested party must sign to that effect. Article 12—To carry out the respective research studies, private individuals must request authorization from the General Forestry Directorate, comply with the guidelines given by it for that purpose, and pay the corresponding fee. Article 13—In the event that the management plan carried out by a private individual does not conform to the specifications established by the General Forestry Directorate, the interested party shall be notified in due time so that they may prepare it again or correct it. If they fail to do so within the period granted, their petition shall be denied, without any responsibility for the Ministry of Agriculture and Livestock. Article 14—Every concessionaire must pay an annual surface right per hectare transferred and a right calculated based on the volume, weight, and type of product used. Article 15—No person may simultaneously enjoy more than one concession when it involves the exploitation of the same species of product. Those entered into directly or through intermediaries in contravention of the provisions herein shall be absolutely null. Concessions shall be granted for a maximum of 50 years, and may only be extended with the prior approval of the Legislative Assembly. Article 16—Occupants of lands in the forest reserves, whether of forest vocation or agricultural aptitude, not covered by ten-year possession, may continue to rationally use the resources of their parcels if they formalize their situation by signing the respective contracts with the Ministry of Agriculture and Livestock. If they do not agree, or the General Forestry Directorate recommends that said lands must be placed under its complete administration, the improvements made shall be paid to them, and the Institute of Lands and Colonization must, in turn, relocate them. CHAPTER III: Lands Reduced to Private Ownership. Article 17—Forests and forest lands reduced to private ownership, which form part of the forest reserves, shall be mandatorily subject to the forest regime; consequently, in order to cut trees, use forest resources, or change land use, they must have the corresponding authorization from the General Forestry Directorate, and the interested parties must follow the technical recommendations given in each case. Article 18—The owners of forests and forest lands meeting the circumstances set forth in the preceding article shall be exempt from the tax on uncultivated lands, and may also deduct from Income Tax the investments made therein for afforestation and reforestation work, provided they are contemplated within a technical forest management plan duly approved by the General Forestry Directorate. Article 19—Lands of agricultural aptitude may be freely exploited by their owners, following a qualification that, at their request, the General Forestry Directorate must make. Article 20—The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock, may, in very special cases, purchase or expropriate those privately owned lands that it deems indispensable for the better management of a given forest reserve. The same decision shall be taken when the owners refuse to comply with the forest regime. CHAPTER IV: Final Provisions. Article 21—In no case may State lands declared a forest reserve be alienated—that is, transferred—nor colonized without the prior authorization of the Legislative Assembly. Article 22—The Ministry of Agriculture and Livestock, through the General Forestry Directorate, may delegate part of the forest reserves of its ownership to other State institutions, provided they commit to managing them in accordance with the principles stipulated in the Ley Forestal and this regulation. Article 23—The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock, is empowered to exclude from the forest reserves those lands of agricultural aptitude reduced to private ownership that are not necessary for their integration. Article 24—Whoever exploits the forest reserves without permission, or having the respective authorization breaches the clauses or standards established in the corresponding contract, shall be sanctioned with a fine of two hundred to five thousand colones. The illegally exploited forest products shall be seized, and, upon complaint to the competent authority, placed at its disposal. Article 25—Likewise, whoever invades forest reserves shall be punished with a fine of two hundred to five thousand colones. Article 26—Whoever carries out prohibited activities in the protective zones declared in article 79 of this regulation shall be punished with arrest of one to six months. If there is seized material, it shall also be placed at the disposal of the competent authority. Article 27—Officials of the General Forestry Directorate and authorities who contravene the provisions of this regulation, or who support actions or omissions that harm its purposes, shall be removed from their positions, without any responsibility of any kind for the State. Article 28—The legal [sic] regulatory provisions that oppose the standards established in this regulation are hereby repealed. Article 29—This regulation shall take effect upon its publication." (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ at website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

18) By means of Executive Decree No. 10088 (of May 2, 1979), the Executive Branch expropriated from Osa Productos Forestales S.A. the properties of the District of Puntarenas, real folio registrations [Valor 003] and [Valor 011], and expropriated from the company O S.A. the property of the District of Puntarenas, real folio registration [Valor 025]. Its recital section indicated: "Considering: 1—That it is the obligation of the State, in accordance with article 50 of the Political Constitution, to ensure the well-being of the inhabitants of the country, to organize and stimulate production and the most adequate distribution of wealth, which is achieved in part by solving the problem of so many landless peasants, as well as by carrying out a vast plan of agro-forestry development, the Government of the Republic for that purpose, through the Institute of Lands and Colonization, is carrying out an ambitious plan of peasant settlements throughout the national territory, making it consequently necessary to acquire the farms, constructions, installations, improvements, machinery, spare parts, and furniture that will later be described in the operative part and that belong to the commercial firms 'Osa Productos Forestales Sociedad Anónima' now 'Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima' and to 'O Sociedad Anónima'. 2—That with the previously indicated purpose, the Ministry of Government and Police by official communication dated April 24 last, proposed to the aforementioned companies the acquisition of the goods belonging to them, and the legal representative of those companies, in a note dated April 27 of the current year, expressed their conformity with the expropriation." By Decree No. 10244 of July 5, 1979, the correct measurement of the property of the district of Puntarenas, real folio registration [Valor 003], was rectified. (Consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ at website: https://www.pgrweb.go.cr/scij/).

19) By means of documents, volume 305, entry 166621 (deed executed before the notary of lawyer Luis Francisco Madriz Soto at 08:30 hours on December 4, 1975), volume 305, entry 22508 (deed executed before the notary of the same Madriz Soto at 08:00 hours on May 30, 1976), the real estate properties under registrations [Valor 002] and [Valor 001] of the province of Puntarenas were created as lands registered in the name of the State, which the State transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization. ITCO swapped these real estate properties with the company Osa Productos Forestales S.A., for a lot to be segregated from each of the properties with registrations [Valor 010], [Valor 011], and [Valor 012], as well as for the entirety of the properties with registrations [Valor 015], [Valor 016], and [Valor 017]. Likewise, by means of document volume 306, entry 243 (deed executed before the notary of lawyer Tobías D'Ambrosio Umaña at 07:00 hours on June 4, 1976), the company Osa Productos Forestales S.A., already the owner of the properties with registrations [Valor 002] and [Valor 001], since they are contiguous, proceeded to merge them together with the properties with registrations [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011], [Valor 012], and [Valor 013], forming the real estate property with registration [Valor 003]. Then, by means of a deed executed before notaries Adrián Arguello Artavia and Eduardo Ching Murillo on September 4, 1980, ITCO merged the properties of its ownership from the district of Puntarenas, real folio registrations [Valor 003], [Valor 025], and [Valor 011] (expropriated from Osa Productos Forestales S.A. and from O. S.A. by Executive Decree No. 10088 of May 2, 1979). This merger gave rise to the property of the district of Puntarenas, real folio registration 39334. (Fact that the Tribunal extracts from the report issued by the National Registry in official communication No. RIM-RN-0461-2012, of September 26, 2012, visible at images 441 to 448 of the judicial case file).

20) By agreements adopted in article XVI of session No. 2401 held on August 18, 1980, and in article XIII of session No. 2429 held on December 1, 1980, the Board of Directors of the former ITCO, for the Project called Osa Forestal, awarded parcels to the occupants with ten-year possession, segregated the property with registration 6-39334, and authorized the transfer of those parcels in their favor. (Images 168 to 175 and 182 to 186 of the judicial case file).

21) By means of Decree No. 11755-G of August 18, 1980, published on August 27, 1980, it ordered the expropriation of the improvements owned by Mr. Arturo Aguilar Vindas and which are found on a lot occupied by him within what was known as La Osa Productos Forestales, today the Campesino Settlement La Osa, a property owned by the Institute of Lands and Colonization. (Image 893 of the judicial case file).

22) By judgment No. 34 of February 3, 1990, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court ordered the former IDA to pay to Messrs. Arturo Aguilar Vindas, Eliécer Aguilar Mora, and Santiago Aguilar Mora, the value of the bare property of the parcels they possessed in Drake de Osa, within what was known as Osa Productos Forestales S.A., in the sum of seven hundred fifty colones per hectare, plus legal interest from the date the judgment becomes final. This ruling was confirmed by the Superior Contentious-Administrative Tribunal and by the First Chamber. (Images 907 to 970 of the judicial case file).

23) By agreement adopted in article 39 of session No. 044-05 held on March 14, 2005, the Board of Directors of the former IDA ordered, as relevant: "1- That the properties registered in the Public Registry, Property Section, District of Puntarenas, numbers [Valor 003], 8974, and [Valor 025], which were merged forming a single property registered under Real Folio [Valor 004] of the District of Puntarenas, property of the Institute of Agrarian Development, which make up the Campesino Settlement Osa, are located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree number 8494-A of June 1, 1978. 2- That the indicated real estate properties were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales and in the same act were transferred to the Institute of Lands and Colonization, today IDA, for the development of an agro-forestry plan in favor of landless peasants (see Executive Decrees 10088-G-H of May 2, 1979 and Decree 10244-G of July 5, 1979). 3- That according to studies carried out by the Land Inventory Section of this Institute, the lands expropriated from the Company Osa Productores Forestales were affected by a conflict of precarious occupation that originated in 1963 (see official communication SIT-059-78). (...) The Board of Directors Agrees: FIRST: A special and exclusive procedure is authorized so that, on the property number [Valor 004] of the District of Puntarenas, owned by the IDA, which forms the Campesino Settlement Osa, located within the Golfo Dulce forest reserve, property titles may be granted in favor of those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree.

SECOND: The beneficiary seeking to be subject to titling must submit the following documents to the IDA Subregional Office in Rincón de Osa: a- Formal request for the title to be granted, which must contain at a minimum: name, surnames, personal details (calidades) and domicile of the applicant and their spouse, location of the parcel or lot to be titled, and nature of the land. b- Legal documents demonstrating the ten-year possession (posesión decenal) exercised prior to July 1, 1978. c- Sworn statement (declaración jurada) given before a Notary Public (sic) stating the applicant’s time of possession, the name, surnames, and other personal details of the person from whom they acquired their right, as well as the chain of transmission of the same starting from July 1, 1968. d- Certification of the civil status of the applicant or applicants. e- Copy of the identity card of the applicant and their spouse. f- Cadastral plan (plano catastrado) of the property. With all the aforementioned documentation, the IDA Subregional Office in Rincón de Osa shall proceed to compile the respective administrative file (...) FOURTH: The IDA Subregional Office in Rincón de Osa, in joint action with the official designated by the Directorate of the Osa Conservation Area (ACOSA) of MINAE, must in all cases conduct an on-site inspection (inspección ocular) of the property sought to be titled. Said on-site inspection shall have the following purposes: a) Verify on the site itself the presence of the occupant as owner of the land. b) Verify boundaries, verify that there are no overlaps or presence of third-party occupants. c) Describe the nature of the property. d) Draft the corresponding record, which shall be signed by the designated officials. e) Verify the information investigated against the database, censuses, and documents held by the IDA subregional office in Osa. FIFTH: Once the field inspection has been carried out and compliance with the required conditions has been verified, MINAE through its regional representative and the IDA through the Osa Subregional Office shall issue the respective recommendation expressing their favorable opinion for the granting of the title or the reasons for denying it. SIXTH: All actions taken, which must be recorded in the respective file, shall be brought to the attention of the Director of the Brunca Region, who, through his legal advisor, shall verify the content of the file and issue his recommendation on the case. In the event that the examination is positive, the segregation (segregación) and transfer of the property to be titled shall be recommended to the Titling Area, and it shall refer it to the IDA Board of Directors for the issuance of the corresponding resolution. (...)" (Images 1125 to 1130 of the judicial file).

24) By resolution adopted in Article 35 of Session No. 040-07 held on November 19, 2007, the Board of Directors of the former IDA revoked the resolution adopted in Article 39 of Session 44-05 of November 14, 2005. It stated, as relevant: "Based on what was set forth in official letter DAJ-1013-07, signed by the Directorate of Legal Affairs, indicating that the encumbrance as Forest Reserve of two properties registered in the name of the Institute of Agrarian Development makes their encumbrance as Natural Heritage automatic, and it is therefore forbidden to grant property titles to private individuals, it is resolved: To revoke Resolution 39 of Session 44-05 of November 14, 2005, regarding titling in the Golfo Dulce Forest Reserve. RESOLUTION APPROVED UNANIMOUSLY." (Image 1406 of the judicial file).

25) By public deed executed before Notary Public Alfredo Carrillo Mena on October 4, 2011, Messrs. Pedro Alemán Dinarte and Pascuala Valencia Mendoza sold to the plaintiff herein, Gregorio Alemán Valencia, the right of possession they claim to have exercised in a quiet, peaceful, public, notorious manner and as owners, for more than a ten-year period (decenal), over an unregistered property located in Los Planes, Bahía Drake district, Osa canton, Puntarenas province, with an area of twelve hectares, nine thousand seven hundred seventy-four square meters, with the following boundaries: North: Asociación Tesoro Verde; South: Quebrada; East: Zenón Hernández Díaz; West: Aniceto Alemán Valencia. It does not have a cadastral plan. The property is represented by the sketch (croquis) drawn up by surveyor Albert Torres Muñoz in June 2009. It is currently occupied by the plaintiff Gregorio Alemán Valencia. (Images 485 and 487 of the judicial file. It is clarified that before this judicial file was scanned, the sketch appeared at folio 476 of the physical file).

26) The property described in the preceding fact was possessed initially, at least since 1968, by Mr. Evelio García. Subsequently, Mr. Evelio sold the possession to Mr. Pedro Alemán, father of the plaintiff Gregorio Alemán. (Fact that is accredited based on the statements of witness Víctor Arguijo Arguijo, received in the adversarial hearing, which were clear, precise, and concordant, without contradictions, or elements that cast doubt on their veracity).

27) The property described in the preceding and immediately preceding fact is identified as parcel 28 of the Osa Settlement (Asentamiento Osa). It is part of registered property (finca) folio 6-39334 owned by the Institute of Agrarian Development – now INDER -. It has a dwelling house, outdoor kitchen center, garage, guest house, metal water storage platform, pigsty in disuse, three cabins, cultivation area and fruit trees, pasture area, 20 cows, 1 bull, 4 calves, six hens, and forest area. (Official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-INF-0006-2024, admitted in the trial hearing as evidence for better resolution, visible at images 1773 to 1781. Statements of witnesses Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda, received in the adversarial hearing, which were clear, precise, and concordant, without contradictions, or elements that cast doubt on their veracity).

28) In document No. ACOSA-RFGD-111-2015, issued on August 18, 2015, Forestry Engineer Juan José Jiménez Espinoza, Administrator of the Golfo Dulce Forest Reserve, of the Osa Conservation Area (ACOSA), of SINAC, certified the following: "The undersigned Juan José Jiménez Espinoza, in my capacity as Administrator of the Golfo Dulce Forest Reserve of the National System of Conservation Areas (SINAC), of the Ministry of Environment and Energy, certify that according to the records existing in the Geographic Information System held by the Land-Use Planning Department of this Protected Area and in accordance with the geographic location contained in the sketch provided by Gregorio Alemán Valencia, identity card 5-231-035, the same corresponding to folio 476 of the copy of file 15-005409-1027-CA, volume 1, a file kept in the offices of the legal advisory of the Osa Conservation Area, it corresponds to a property that is located 100% within the boundaries of the Golfo Dulce Forest Reserve, in accordance with what is stated in Executive Decree No. DE-10142-A of June 27, 1979." (Image 820 of the judicial file. The underlining is supplied).

29) By official letter No. OTOS-449-2018, of September 3, 2018, the Osa Territorial Development Office of INDER stated the following: "Pursuant to what was requested through Official Letter AJ-L-245 and in accordance with the review of databases, censuses, and archives of the office, Mr. José Gregorio Alemán Valencia, identity card 5-0231-0035, is not registered as owner, allottee (adjudicatario), lessee, or occupant of any property administered by the office." (Image 1353 of the judicial file).

V.- UNPROVEN FACTS.- Of interest for what is resolved in this litis, the following is considered unaccredited:

1) That Messrs. Evelio García or Pedro Alemán were part of the persons censused and allotted by ITCO in the Osa Forestal Project, within the process of resolving the land tenure conflict in the Osa sector. (The case record).

2) That Messrs. Evelio García or Pedro Alemán filed administrative or judicial actions, before December 1990, to be eligible recipients of the resolutions of the Board of Directors of the former ITCO adopted in Article 11 -eleven- of Session No. 400 held on June 19, 1965, Article VI of Session No. 712 of May 2, 1967, Article VI of Session No. 1196 of June 16, 1970, and Article IV of Session No. 1832, of the session held on December 11, 1974.

VI.- EXPIRY (CADUCIDAD) OF THE FIRST CLAIM WHICH SEEKS TO DECLARE THE OMISSIVE CONDUCT OF INDER IN FAILING TO EXECUTE THE RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE FORMER ITCO ADOPTED: IN ARTICLE 11 -ELEVEN- OF SESSION NO. 400 HELD ON JUNE 19, 1965, IN ARTICLE VI OF SESSION NO. 712 HELD ON MAY 2, 1967, IN ARTICLE VI OF SESSION NO. 1196 HELD ON JUNE 16, 1970, AND IN ARTICLE IV OF SESSION NO. 1832 HELD ON DECEMBER 11, 1974.- The judicial review of omissive conduct by the Public Administration is not indefinite or perpetual; it is subject to temporal limits for reasons of legal certainty. Article 40 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) embodies this principle by establishing that such review of omissive administrative conduct is possible as long as its effects subsist continuously (solely for annulment and future inapplicability), and establishes as a temporal limit the period of one year from the cessation of its effects – the omissive conduct – for the individual to be able to file the jurisdictional action; otherwise, that action becomes expired (caduca). Thus, the cited provision states: "ARTICLE 40.- 1) Absolutely null administrative acts shall be challengeable, for purposes of their annulment and future inapplicability, as well as omissive conduct, as long as their continued effects subsist, but this only for their annulment and future inapplicability. 2) In these cases, the maximum period to file the process shall be one year from the day following the cessation of its effects." Now, the resolutions of the first claim whose omission the plaintiff alleges in this process, in summary, ordered the following: 1) The resolution of the ITCO Board of Directors adopted in Article 11 -eleven- of Session No. 400 held on June 19, 1965, ordered that an arrangement (agreement or contract) be proposed with the company Arawak Co. (later Osa Forestales), to acquire lands that were the property of that company located in Bahía Drake. 2) The resolution of the ITCO Board of Directors adopted in Article VI of Session No. 712 of May 2, 1967, ordered the ratification that, without prejudice to any conversations that might be held to satisfactorily resolve the conflict of precarious occupation (ocupación precaria) on properties of Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake de Osa, the procedures outlined in Chapter VI of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) be continued to resolve the conflict of precarious occupation on properties of Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake de Osa; and tasked the preparation of a draft Executive Decree aimed at registering in the name of the State, for its subsequent transfer to ITCO, those national lands with an approximate area of 15,000 hectares, located in the center of the Osa Peninsula, surrounded by the properties of Osa Productos Forestales. 3) The resolution of the ITCO Board of Directors adopted in Article VI of Session No. 1196 of June 16, 1970, ordered that the location and measurement of the areas that the company Osa Productos Forestales proposed to ITCO to exchange for lands from the National Reserve be carried out, and that a study of the proposal be conducted. 4) The resolution of the ITCO Board of Directors adopted in Article IV of Session No. 1832, of the session held on December 11, 1974, ordered the ratification of the approval of the Draft Agreement for the solution of the land conflict on property of the company Osa Productos Forestales S.A., and that in accordance with clause four of that draft agreement, Osa Productos Forestales would be obligated to transfer to ITCO a Reserve area of 20% of the lands required for each Settlement. Under the plaintiff's thesis, the former ITCO (now INDER) omitted to execute those resolutions (omissive conduct); however, in accordance with the proven facts, it is held as accredited that: a) In 1974, ITCO entered into an agreement via public deed with the Company Osa Productos Forestales S.A., whose purpose was to seek a just and adequate solution to the existing conflicts between campesinos, occupants of parcels located within the properties owned by that company; it was agreed that the conflict was considered to have started on January 1, 1973, and that ITCO would carry out a general census to determine which of them qualified as precarious occupants (ocupantes en precario) and which as campesinos who could not be classified as such, but to whom the value of improvements made should be recognized. b) In 1976, the Land Inventory Section and the Appraisal Section of ITCO carried out the land tenure study and the census of occupants on lands owned by the company Osa Productos Forestales S.A. in the canton of Osa. c) In 1976, the properties folio 6-[Value 002] and 6-[Value 001], registered as lands in the name of the State, were transferred to ITCO gratuitously. d) In 1976, ITCO exchanged those properties with the company Osa Productos Forestales S.A., in exchange for lots segregated from properties folios 6-[Value 010], 6-[Value 011], and 6-[Value 012], and for the entirety of properties folios 6-[Value 015], 6-[Value 016], and 6-[Value 017]. e) In 1978, the State created the Golfo Dulce Forest Reserve (Decree No. 8494), – amended regarding the boundaries of the Reserve by Decrees No. 9388 and No. 10142 – declaring: i) that registered properties, properties with ten-year possession, and properties in precarious possession established within the boundaries of the Reserve were automatically subject to the Forestry Regime; ii) that the direct purchase or expropriation of privately owned lands found within the demarcation of the Reserve and indispensable for its integration be pursued; iii) that the relocation and resettlement of occupants who had been possessing lands within the Reserve for more or less than ten years be carried out, in accordance with the Forestry Law (Ley Forestal), with the intervention of the Institute of Lands and Colonization; iv) that the acquisition of lands necessary for such purpose would be done in accordance with the census that the General Forestry Directorate or ITCO would conduct for this purpose. f) In 1979, the State issued the Regulation on Protection and Use of Forest Reserves (Reglamento sobre Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales) (Decree No. 9628), providing: i) that national lands included within the areas declared forest reserves are inalienable – they could not leave the domain of the State –, and their possession would not create rights of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49, and 57 of the Forestry Law; ii) that occupants of lands in the forest reserves, whether of forestry vocation or agricultural aptitude, not protected by ten-year possession (posesión decenal), could continue to rationally use the resources of their parcels if they formalized their situation by entering into contracts with the Ministry of Agriculture and Livestock, and if they did not agree, or the General Forestry Directorate recommended that said lands should remain under its complete administration, they would be paid for the improvements made, and the Institute of Lands and Colonization was to relocate them. g) In 1979, the State, by Decrees No. 10088 and No. 10244, expropriated from Osa Productos Forestales S.A. property folio [Value 003] (which resulted from the merger of properties 6-[Value 002] and 6-[Value 001]) and property folio 6-[Value 011], just as it expropriated from the company O S.A. property folio 6-[Value 025], to allocate them to establishing campesino settlements in the Osa Peninsula, including the Osa Settlement – which is located within the Golfo Dulce Reserve -. h) In 1980, ITCO merged properties folios [Value 003], 6-[Value 025], and 6-[Value 011] (which were expropriated to resolve the land tenure problem in Osa), and from this merger property folio 6-39334 was created. i) In 1980, ITCO, in the Project called Osa Forestal, allotted parcels to occupants with ten-year possession (posesión decenal), segregated property folio 6-39334, and authorized the transfer of those parcels in their favor. Thus, if observed, what was ordered in the resolutions whose omission is alleged in the first claim, contrary to what the plaintiff alleges, was indeed effectively executed by the Administration, specifically by ITCO jointly with the central State. Evidently, the resolutions had a general scope, that is, they were not directed at producing effects specifically for the possession situation of the parcel currently occupied by the plaintiff here (identified as parcel 28 of the Osa Settlement), but rather their effects were aimed at resolving a social and economic conflict of land tenure in a vast geographic area, involving people who over the years arrived and settled in different sectors of the Osa Peninsula, in this case in Bahía Drake, but who despite this were not owners. The company Osa Productos Forestales S.A. was the owner of a large part of that area of lands that were occupied by precarious possessors (poseedores en precario), which is why ITCO, under the mandate of the Land and Colonization Law, adopted the aforementioned resolutions to fulfill the mission of facilitating the registration of property titles to those precarious possessors, defined by the Land and Colonization Law as "anyone who, out of necessity and as owner, carries out stable and effective acts of possession, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it into production for their subsistence or that of their family, over land duly registered in the name of a third party in the Public Registry." The cited Law established that those who could be eligible beneficiaries of this possibility of title registration were those precarious possessors who had ten-year possession (posesión decenal). As seen, in the contract that ITCO entered into with the company Osa Productos Forestales S.A., the start date of the land conflict was set as January 1, 1973. Subsequently, when Decree No. 8494 (created the Golfo Dulce Reserve) was issued, it was established that those occupants who at that time (1978) had been possessing lands within the Reserve for ten years had the right to relocation and resettlement. Within this framework, it being clear that the resolutions accused as omissive conduct had a general scope directed at all those persons who qualified as precarious possessors with ten-year possession exercised as owners, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, whether counting from 1973 backwards, or from 1978 backwards, this Tribunal considers that those resolutions were indeed effectively executed and produced their effects for the purpose for which they were issued by the defendant entity. Let us see. The resolutions were adopted by ITCO with the aim of resolving the problem of precarious land tenure of the ten-year possessors in the Bahía Drake sector, in the Osa Peninsula; ITCO entered into negotiations with the owning company Osa Productos Forestales S.A. for that purpose; ITCO signed a contract via public deed with that company for the acquisition and exchange of lands; ITCO carried out the census of persons who could be beneficiaries of titling according to the legal requirements; ITCO exchanged lands with Osa Forestales and purchased others from them; the central State established a protected wild area in that zone, which was the Golfo Dulce Forest Reserve, but safeguarded the right of precarious possessors to be relocated and resettled; the central State expropriated lands from Osa Productos Forestales S.A. and from O S.A. to transfer them to ITCO and allocate them for the establishment of campesino settlements in the Osa area; ITCO merged the purchased and expropriated properties; and from the property resulting from this merger, it segregated parcels from the Osa Forestal Project, allotted them to the ten-year possessors, and authorized their transfer in their favor. With these last administrative acts (resolutions Article XVI of Session No. 2401 held on August 18, 1980, and Article XIII of Session No. 2429 held on December 1, 1980), by which the parcels were allotted to the ten-year precarious possessors and their transfer in their favor was authorized, the process that had originated administratively with the resolution of the ITCO Board of Directors adopted in Article No. 11 -eleven- of Session No. 400 held on June 19, 1965, aimed at providing a solution to the land tenure problem in Bahía Drake de Osa for the ten-year precarious possessors, concluded. This means that the administrative conducts accused in the first claim as omissive ceased their effects of omission in December 1980. Now, returning to what was indicated at the beginning of this recital, Article 40 of the Contentious Administrative Procedure Code imposes the rule that the judicial review of omissive conduct by the Administration cannot exceed the period of one year from the moment their effects cease. It is true that in 1980 the Regulatory Law of the Contentious Administrative Jurisdiction did not regulate any time limit in this sense, but this Tribunal cannot ignore that, starting in 2008, with the entry into force of the Contentious Administrative Procedure Code, this temporality rule is binding in the procedural legal system of administrative law, and therefore cannot be disapplied by this Chamber. Now, faced with this gap in the legal system, the legal mechanism that is imposed is integration with other sources, as established by Article 9 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). Specifically, with regard to extinctive time limits, regardless of whether they are of expiry (caducidad) or statute of limitations (prescripción), it is considered that, in application of the principle of the most favorable norm for the individual, the one to be applied for this integration due to a gap in the legal system is the one that was most extensive for 1980, which undoubtedly was the ten-year period (decenal) provided for by Article 868 of the Civil Code, it being necessary to remember that Article 9 of the General Public Administration Law enables the use of private law norms to integrate the public legal system in the absence of applicable norms in the latter. Well then, taking this aforementioned ten-year period as a basis, calculated from December 1980, the moment when the effects of the resolutions accused as omitted in their execution ceased – which from their inception were of a general scope (not particular) –, it follows that the judicial action to review the alleged omission to execute the resolutions of the ITCO Board of Directors: of Article 11 -eleven- of Session No. 400 held on June 19, 1965, of Article VI of Session No. 712 of May 2, 1967, of Article VI of Session No. 1196 of June 16, 1970, and of Article IV of Session No. 1832, of the session held on December 11, 1974, concluded due to the occurrence of the fatal time limit in December 1990. This means that the person (Evelio García or Pedro Alemán) who, for the year 1973, or alternatively, for the year 1978, had the status of a ten-year possessor of the parcel currently occupied by the plaintiff here, which is described as: unregistered land located in Los Planes, Bahía Drake district, Osa canton, Puntarenas province, with an area of twelve hectares, nine thousand seven hundred seventy-four square meters, with the following boundaries: North: Asociación Tesoro Verde; South: Quebrada; East: Zenón Hernández Díaz; West: Aniceto Alemán Valencia, represented by the sketch drawn up by surveyor Albert Torres Muñoz in June 2009; was the legal subject who had the opportunity at that historical moment to file the judicial action against ITCO, for the purpose of requesting, for themselves, the application of the resolutions repeatedly mentioned to obtain the registrable title over the described parcel, or at least their relocation and payment for improvements. By not having exercised that right of action judicially by December 1990 at the latest, the legal situation relating to the cited parcel became final and is not susceptible to review by this jurisdiction, as the expiry (caducidad) of the action has occurred. In addition, it must be taken into consideration that Article 94, third paragraph, of the Land and Colonization Law very clearly provides: "Once the conflict has been resolved by the Institute with the conformity of the owner, or once the expropriation has been ordered by the Executive Branch, the owner shall lack any judicial action, be it civil or criminal, against the possessors in such capacity. Otherwise, the occupants shall be exposed to the common legal sanctions that may apply." In this case, as has been well explained, the ITCO resolutions accused as omitted in their execution were indeed complied with and did resolve the land tenure conflict in the Bahía Drake sector in Osa, it being clear, as already explained, that the content and scope of those resolutions were of a general nature (not individualized to specific cases) precisely because it was a collective phenomenon within an enormous quantity of land area, manifesting as a social and economic conflict. It is another matter that the person who at that historical moment had the ten-year possession (posesión decenal) of the parcel currently occupied by the plaintiff failed to take action (passive conduct) and allowed, through that inaction, the property to lack the possibility of obtaining a registrable title, relocation, or payment for improvements; but this passive conduct or inaction falls within the sphere of the free disposition of the patrimonial rights of private individuals, and therefore cannot be transferred to the defendant entity more than 20 years after 10 years had elapsed since the effects of the ITCO resolutions concluded in 1980, which had the purpose of resolving the land tenure problem (precarious possession) of the occupants of the lands of Bahía Drake de Osa in the 1960s and 1970s of the last century, an opportunity that is calculated in relation to the filing date of this claim (February 14, 2013). Consequently, for the reasons given, the expiry (caducidad) of the action with respect to claim number one is declared.

VII.- EXPIRY (CADUCIDAD) OF THE SECOND, THIRD, AND FIFTH CLAIMS.- Under item two of the prayer for relief, the plaintiff requests to be relocated to a property under equal conditions to the one he possesses, represented by means of the sketch appearing at folio 476 of the scanned judicial file, or failing that, that he be paid the value of his exercised right of possession. Under item three of the prayer for relief, the plaintiff requests that INDER be condemned in the abstract for the damages caused by the administrative inaction throughout the last sixty years and for preventing a healthy regime of possession of the land represented by means of the sketch appearing at folio 476 of the scanned judicial file, as well as the correct distribution of the land and its wealth to the detriment of his represented party. Under item five of the prayer for relief, the plaintiff requests recognition within the group of possessors described in the censuses contained in the case record, as a result of his continuous possession through successive tract, which is represented by means of the sketch appearing at folio 476 of the scanned judicial file.- All these claims, as a derivation of the expiry declared in the preceding recital, suffer the same fate, that is, they are also expired (caducas). Both the recognition and inclusion of whoever was at the time the possessor of the property represented by the sketch at folio 476 of the scanned file, within the group of possessors who were subject to the census, his eventual relocation, as well as the compensation he could eventually access, all as a result of the land tenure conflict that was deemed to have started in 1973 (or alternatively, in 1978), were possible rights that had a specific factual context and a specific validity under the protection of the Land and Colonization Law, the Forestry Law, Decree No. 9494, and Decree No. 9628, as has already been explained, and the time to assert those potential rights already expired in December 1990. Any judicial action seeking to demand the recognition and granting of such patrimonial rights at this time is overtly expired (caduca) and must be so declared.

VIII.- IMPROPRIETY OF THE FOURTH CLAIM.- In this claim, the plaintiff requests to declare that it was known by the former ITCO that on the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there existed a problem of precarious occupation (ocupación en precario), as is the case of the property represented by means of the sketch appearing at folio 476 of the scanned judicial file. This claim is manifestly improper, in that it is not a claim in itself, insofar as it does not entail a conduct to be performed or abstained from on the part of the defendant, but rather is a mere argument.

And in that regard, it is worth noting that it has indeed been held as proven that the ITCO, like the central State, issued the agreements and decrees listed in the set of proven facts, precisely to resolve the problem of precarious occupation (ocupación en precario) in the Osa area. In the case of the property occupied by the plaintiff, it is located in the Bahía Drake district of Osa, so that land was certainly part of the area that presented problems of precarious occupation in the context of the 1960s and 1970s.

IX.- IMPROPRIETY OF THE SIXTH CLAIM.- In this claim the plaintiff requests that it be declared that the defendant entity engaged in omissive conduct by failing to execute the Board of Directors' agreement adopted in Article 39 of session 044-05, held on November 14, 2005. This claim is manifestly improper. As set forth in the proven facts, by agreement adopted in Article 35 of session N°040-07 held on November 19, 2007, the Board of Directors of the former IDA revoked the agreement adopted in Article 39 of session 44-05 of November 14, 2005. Therefore, it is not possible to declare the omission to perform an administrative act that no longer exists, since it was eliminated from the legal system. Ergo, it is not legally possible to seek to derive the recognition of rights from a non-existent administrative act. It is important to clarify that the plaintiff is not challenging the agreement adopted by the IDA's Board of Directors in Article 35 of session N°040-07 held on November 19, 2007, and therefore in this proceeding it is irrelevant to analyze whether the former IDA validly revoked the preceding agreement adopted in Article 39 of session 044-05, held on November 14, 2005, or not. For all purposes, what is relevant here is that the agreement adopted in Article 39 of session 44-05 of November 14, 2005, no longer exists and its alleged omission cannot be declared.

X.- REGARDING THE EXCEPTIONS.- For the reasons set forth, the exception of expiration (caducidad) is upheld in relation to claims 1, 2, 3, and 5, and the exception of lack of right is upheld regarding claims 4 and 6. Given the manner of resolution, as unnecessary, a ruling on the exceptions of prescription, lack of active and passive standing, and lack of current interest is omitted.

XI.- REGARDING THE CLAIMS.- Based on all the considerations developed in this judgment, the appropriate course is to declare the claim inadmissible as to items 1, 2, 3, and 5 and to declare it improper as to items 4 and 6.

XII.- REGARDING COSTS.- By express provision of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the plaintiff must be ordered to pay both costs of the action for the mere fact of having been unsuccessful in this proceeding, without any reasons existing that would justify exoneration pursuant to subsections a) and b) of said Article 193. The costs shall generate interest once their amount has been determined and become enforceable.

POR TANTO

The exception of expiration (caducidad) is upheld in relation to claims 1, 2, 3, and 5; consequently, the claim is declared inadmissible as to those items. The exception of lack of right is upheld regarding claims 4 and 6; consequently, the claim is declared improper as to those items. Both costs of this action shall be borne by the plaintiff, as well as any interest that may accrue thereon once their amount has been determined and become enforceable.- Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo. Trial Judges.

- Código Verificador -
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NCJQGUV1Q7O61

Document signed by:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 15-005409-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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