Res. 00648-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Demolition of Works in Protected Zone Proceeds Even Without Criminal ConvictionDerribo de obras en zona de protección procede aunque no haya condena penal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00648 - 2024

Fecha de la Resolución: 21 de Agosto del 2024 a las 08:40

Expediente: 06-003679-0647-PE

Redactado por: Hannia Soto Arroyo

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Texto de la resolución

Resolución:2024-0648

Expediente: 06-003679-0647-PE            

 

TRIBUNAL PENAL DE APELACIÓN ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede SAN RAMON), a las ocho horas con cuarenta minutos, del día veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro.-

 RECURSOS DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], nació el 06/03/1956, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], casado, arquitecto, vecino de Desamparados; [Nombre 004], mayor, divorciada, cédula de identidad [Valor 002], nació el 02/02/1967, hija de [Nombre 005] y de [Nombre 006], divorciada, ama de casa, vecina de Poás de Alajuela;  [Nombre 007], mayor, cédula de identidad [Valor 003], nació el 22/11/1973, hija de [Nombre 009] y [Nombre 010], casada, ama de casa, vecina de San Rafael de Poás;  [Nombre 008], mayor, cédula de identidad [Valor 004], nació el 25/05/1971, hijo de [Nombre 011] y de [Nombre 012], divorciado, pintor, vecino de Póas de Alajuela; [Nombre 013], mayor, cédula de identidad [Valor 005], nació el 13/06/1974, hija de [Nombre 014], casada, ama de casa, vecina de San Rafael de Poás; por un delito de INVASION AL AREA DE PROTECCION, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, la jueza Hannia Soto Arroyo, y los jueces Rodrigo Obando Santamaría y Raúl Madrigal Lizano.  Se apersonaron en esta sede, el licenciado Randall Aguirre Mena, procurador penal y el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

                                                        RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 341-2019, de las nueve horas con cin cincuenta minutos, del día treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 31, 227 y 307 del Código Penal, 58 de la Ley Forestal, 90, de la Ley de conservación de la Vida Silvestre, artículos 1, 6, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del código Procesal Penal, se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO A [Nombre 001], [Nombre 008], ([Nombre 013]), [Nombre 007] Y [Nombre 004] por el delito de INVASIÓN DE ÁREA DE CONSERVACIÓN, que se les venía atribuyendo en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES.  Se declara expresamente desistida la Acción Civil Resarcitoria incoada por el Estado en contra de [Nombre 008], ([Nombre 013]), [Nombre 007] Y [Nombre 004] SIN LUGAR y se declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por El Estado contra el imputado [Nombre 001].  SE RECHAZA LA SOLICITUD DE DERRIBO DE OBRAS INCOADA PRO EL MINISTERIO PUBLICO Y LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Se resuelve sin especial condenatoria en costas.  NOTIFIQUESE POR LECTURA.  CHRISTIAN QUIROS ALFARO  JUEZ DE JUICIO." (sic).

      II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Randall Aguirre Mena, procurador penal y el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, interpusieron los recursos de apelación de sentencia penal, mismos que serán resueltos por la presente integración del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.

  III.-  Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de apelación de sentencia Soto Arroyo; y,

CONSIDERANDO:

 I.- El licenciado Randall Aguirre Mena, procurador penal y el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental,   interponen   recursos de apelación contra la sentencia oral de las 15:30 horas, del 15 de febrero de 2024, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela. De conformidad con los artículos 437, 438, 439, 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, los recursos de apelación reúnen los requisitos de ley para su conocimiento por el fondo, por lo que se procede a resolverlos por el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.

 II.-  Recurso de Apelación presentado por el licenciado Randall Aguirre Mena, procurador penal. El único motivo de apelación acusa “falta de fundamentación intelectiva, fáctica y jurídica, al declarar sin lugar la solicitud de derribo realizada”. Indica el recurrente que se está en presencia de un caso de reenvío, en el cual, el Tribunal de Apelación, resolvió lo siguiente: “Se declaran parcialmente con lugar el primer y segundo motivo del recurso de apelación promovido por la Procuraduría General de la República, y el segundo motivo planteado por el Ministerio Publico, en razón de ello se anula parcialmente el fallo venido en alzada, solo en lo atinente a la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria y la orden de derribo de las obras comunes en el lugar de los hechos. Se ordena el reenvío de la causa para nueva sustanciación, en cuanto a la acción civil resarcitoria y la solicitud de derribo de dichas obras. Se declara sin lugar el primer motivo de la apelación del Ministerio Publico. En lo demás el fallo se mantiene incólume. NOTIFIQUESE.". La sentencia impugnada, en su parte dispositiva, indica: "Se declara desistida la acción civil resarcitoria y se rechaza la solicitud de derribo al no existir hechos probados en la sentencia 341 -2019". Señala el señor Procurador que no se dio un desistimiento como tal de la acción civil resarcitoria pues el señor [Nombre 001] se encuentra fallecido, por lo que no había un demandado civil presente a quien exigirle dicha responsabilidad. Considera que, el que no haya condena en costas se puede interpretar como una falta de agravio, pero si hay una relación entre el desistimiento y el rechazo del derribo de las obras. Señala que la sentencia de primera instancia que en su momento fue apelada -N° 341-2019-, no fundamentó el rechazo del derribo de las obras que invaden la zona de protección de unas nacientes de carácter permanente. Reclama que, en el fallo recurrido y que complementa la resolución N° 341-2019, el juzgador no determinó el rechazo del derribo, pues en la sentencia no constaban hechos probados al respecto. Considera el señor Procurador que no se hizo un esfuerzo intelectivo alguno por parte del a quo, pues, aunque hubo una absolutoria penal que ya adquirió firmeza -y por ende no hubo hechos probados de interés-, ello no limita al juzgador el valorar la prueba para determinar el extremo del derribo y establecer un elenco de eventos demostrados sobre ese aspecto. En su opinión, la firmeza de lo penal no influye sobre el derribo, al tiempo que no se dio un desistimiento de la acción civil, y que el derribo se solicitó pues el demandado civil no era el dueño del fundo, pero lo que está en disputa es la obra en áreas comunes municipales, por lo que el Tribunal de Juicio sí tenía la posibilidad de pronunciarse, con vista en la prueba, sobre ese aspecto. Cita el voto 2017-135 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), y solicita se declare con lugar el alegato, se anule el fallo y se ordene el reenvío.

 III.-Recurso de Apelación presentado por el licenciado Luis Diego Hernández Araya, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. El primer motivo acusa errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente los artículos 140,142, 363 inciso b y 459 Código Procesal Penal; 103 del Código Penal; y 33, 34 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, así como el artículo 50 de la Constitución Política e inobservancia del principio de progresividad aplicable en materia de Derechos Humanos. Señala el recurrente que el artículo 33 de la Ley Forestal “crea las áreas de protección de los cuerpos de agua y entre ellas aquella que nos ocupa, sea una franja de 100 metros de circunferencia alrededor de las nacientes. Por su parte, el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Aguas declara el agua y sus cauces bienes de dominio público”. Indica que en la causa no se presentan las autorizaciones propias de los proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional (art. 34 de la Ley Forestal), por lo que las obras afectan el recurso hídrico, según el numeral 33 del mismo cuerpo legal y violenta el artículo 50 de la Constitución Política. Reclama que en la sentencia se establece que ordenar la demolición implicaría afectar a las casas que se instalen ahí a futuro, lo que es una apreciación subjetiva sin asidero probatorio alguno. Cita el voto N° 450-2003 del Tribunal de Casación Penal y N°13367-2012 de la Sala Constitucional, y anota que el principio de progresividad supone la obligación de las personas juzgadoras de dictar resoluciones “dirigidas a una mayor protección y recuperación de los ecosistemas afectados por la intervención del ser humano”, la que se da aun cuando se han dictado absolutorias, pero hubo afectación al objeto del delito. Refiere al voto 979-2002 del Tribunal de Casación Penal de San José y puntualiza que el agravio es evidente. El segundo motivo acusa falta de fundamentación del fallo. Fustiga el señor fiscal que el Juez de juicio determinó que no podía ordenar el derribo, pues la sentencia no tenía hechos probados al respecto, soslayando que era su papel el determinar qué eventos probados o no demostrados correspondían al juicio de reenvío, por lo que la falta de unos u otros hace que la sentencia carezca de fundamentación fáctica. El nuevo debate era específicamente sobre si procedía o no ese punto y debía analizarse la prueba, lo que el a quo obvió, añadiendo que se había desistido de la acción civil, sin contar con que la restitución de los bienes a su estado anterior no es una pretensión civil, sino que deriva de la acción penal y su antijuridicidad. Así, solicita se declare ineficaz el fallo, se anule el mismo y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación.

 IV.-Por presentar conexidad, se resuelven de manera conjunta el único motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República y el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y se declaran con lugar. Esta Cámara de Apelación, tras la escucha del fallo, considera que el mismo presenta falta de fundamentación, en el tanto determinó que no podía referirse a la procedencia o no del derribo de las obras debido a la ausencia de “hechos probados” al respecto en la sentencia principal. El fallo, que se encuentra en formato digital en el archivo 060036790667PE-1502202403616-2_MULTI—0, al minuto 16:10, señala que con respecto a las obras (calle, acera, caño y tanque de agua), no puede pronunciarse porque no se determina por la prueba donde inicia la protección de la quebrada ni hay un cuadro fáctico que demuestre el daño, por lo que “… se ve imposibilitado a hacer cumplir una circunstancia, que es notoria conforme a la prueba…” (minuto 17:43). La posición del Tribunal de juicio es errada. Si bien es cierto el relato de hechos probados del fallo 341 -2019, que se complementa con el presente, no hace referencia a ese punto y que se encuentra firme, lo cierto es que es el tema penal - sea la absolutoria por el delito de infracción a la Ley Forestal- lo que ya no es discutible, no así si la prueba permite determinar que se construyó en zonas protegidas y de bien común y que se lesionaron bienes estatales. Ese es justo el punto que debió dilucidar el a quo (al que incluso hizo referencia), y sobre el que el fallo 341-2019, fue omiso. No debe confundirse, en casos como el presente, la determinación de la responsabilidad penal o no en la comisión de un hecho delictivo, con las consecuencias propias del mismo sobre el bien jurídico tutelado, independientemente de si se logra individualizar a su autor y declararlo culpable, pues en situaciones en que los bienes de dominio público y especialmente los recursos naturales se han visto afectados por la obra humana, el restituirlos a su estado anterior, si es que procede, es un aspecto que no debe ser dejado de lado. Así, en la presente causa, lo conducente era que el Tribunal de Juicio, tras escuchar a las partes y conocer la prueba, determinara si era factible tener por demostrado que había una lesión a los bienes de dominio público causada por la obra humana y si procedía ordenar su destrucción. Se debe anotar que ello no implica una alteración lesiva a los derechos de las personas imputadas, pues no se refiere a la responsabilidad penal, sino definir si la prueba arroja o no información incontrovertida que permita definir si cabe o no el ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior. Así, ante la falta de fundamentación del fallo, se declaran con lugar ambos motivos. Se anula la resolución de las 15:30 horas, del 15 de febrero de 2024, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela únicamente en cuanto a lo resuelto sobre la solicitud de derribo de las obras y se ordena el reenvío, para que, con una nueva integración, defina lo que en derecho corresponda. En cuanto a la acción civil resarcitoria, si bien el representante de la Procuraduría General de la República hizo referencia a la misma pero no impugnó el que se declarara desistida, se mantiene firme lo resuelto. Por innecesario, se omite resolver el primer motivo del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

 V.- Con lo dispuesto en la presente resolución no se está prejuzgando sobre el resultado a que deberá llegarse finalmente en esta causa. Deberá el Tribunal asignado valorar la prueba en su forma originaria, para llegar a las conclusiones que se estimen pertinentes, y establecer lo que se atenga a derecho.

POR TANTO

 Se declaran con lugar el único motivo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República y el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Se anula la resolución de las 15:30 horas, del 15 de febrero de 2024, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela únicamente en cuanto a lo resuelto sobre la solicitud de derribo de las obras y se ordena el reenvío, para que, con una nueva integración, defina lo que en derecho corresponda. Queda el resto del fallo incólume. Por innecesario, se omite resolver el primer motivo del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Notifíquese.                                                                                                                                                     

                           

 

                       

 Hannia Soto Arroyo

 

 

 

 

Raúl Madrigal Lizano                                            Rodrigo Obando Santamaría

 

Jueza y Jueces del Tribunal Penal de Apelación

Especializado en Delincuencia Organizada

 

 

 

Expediente: 06-003679-0647-PE

Imputado: [Nombre 007] y otros.

Delito: Infracción a la Ley Forestal

Ofendido: Los Recursos Naturales.

 

 

 

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Expediente N° 06-003679-0647-PE - Voto N°2024-0648      - Pág.: 1

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I Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5349, 2211-5350 ó 2211-5351.

Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:29:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SPECIALIZED CRIMINAL APPEALS COURT FOR ORGANIZED CRIME. First Judicial Circuit of San José (Sitting as the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, SAN RAMON venue), at eight hours and forty minutes, on the twenty-first day of August, two thousand and twenty-four.-

CRIMINAL SENTENCING APPEALS filed in the present case against [Name 001], of legal age, identity card [Value 001], born 06/03/1956, son of [Name 002] and [Name 003], married, architect, resident of Desamparados; [Name 004], of legal age, divorced, identity card [Value 002], born 02/02/1967, daughter of [Name 005] and [Name 006], divorced, homemaker, resident of Poás de Alajuela; [Name 007], of legal age, identity card [Value 003], born 22/11/1973, daughter of [Name 009] and [Name 010], married, homemaker, resident of San Rafael de Poás; [Name 008], of legal age, identity card [Value 004], born 25/05/1971, son of [Name 011] and [Name 012], divorced, painter, resident of Póas de Alajuela; [Name 013], of legal age, identity card [Value 005], born 13/06/1974, daughter of [Name 014], married, homemaker, resident of San Rafael de Poás; for the crime of INVASION OF PROTECTION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judge Hannia Soto Arroyo and Judges Rodrigo Obando Santamaría and Raúl Madrigal Lizano participate in the decision of the appeal. Attorney Randall Aguirre Mena, criminal prosecutor, and attorney Luis Diego Hernández Araya, Coordinating Prosecutor of the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office, appeared at this venue.

RESULTANDO:

I.- That by judgment number 341-2019, at nine hours and fifty minutes, on the thirty-first day of May, two thousand and nineteen, the Trial Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, articles 1, 30, 31, 227 and 307 of the Penal Code, 58 of the Ley Forestal, 90, of the Wildlife Conservation Law, articles 1, 6, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365 and 366 of the Code of Criminal Procedure, [Name 001], [Name 008], ([Name 013]), [Name 007] AND [Name 004] are ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY BY APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF IN DUBIO PRO REO for the crime of INVASION OF CONSERVATION AREA, which had been attributed to them to the detriment of NATURAL RESOURCES. The Civil Action for Damages brought by the State against [Name 008], ([Name 013]), [Name 007] AND [Name 004] is expressly declared DISMISSED WITHOUT MERIT and the civil action for damages brought by the State against the accused [Name 001] is declared without merit. THE REQUEST FOR DEMOLITION OF WORKS BROUGHT BY THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE AND THE PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA IS REJECTED. It is resolved without special condemnation in costs. NOTIFY BY READING. CHRISTIAN QUIROS ALFARO TRIAL JUDGE." (sic).

II.- That, against the aforementioned decision, attorney Randall Aguirre Mena, criminal prosecutor, and attorney Luis Diego Hernández Araya, Coordinating Prosecutor of the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office, filed criminal sentencing appeals, which will be resolved by the present panel of the Specialized Criminal Appeals Court for Organized Crime, according to agreement number XXVI of the Superior Council of the Judiciary, in session number 53-2023, of June 23, 2023.

III.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the challenge.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Appeals Judge Soto Arroyo writes; and,

CONSIDERANDO:

I.- Attorney Randall Aguirre Mena, criminal prosecutor, and attorney Luis Diego Hernández Araya, Coordinating Prosecutor of the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office, file appeals against the oral judgment of 3:30 p.m., February 15, 2024, of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of Alajuela. In accordance with articles 437, 438, 439, 458, 459, 460 and 462 of the Code of Criminal Procedure, the appeals meet the legal requirements to be considered on their merits; therefore, the Specialized Criminal Appeals Court for Organized Crime proceeds to resolve them, according to agreement number XXVI of the Superior Council of the Judiciary, in session number 53-2023, of June 23, 2023.

II.- Appeal filed by attorney Randall Aguirre Mena, criminal prosecutor. The sole ground for appeal alleges "lack of intellective, factual, and legal reasoning, by declaring the demolition request without merit." The appellant indicates that this is a remand case, in which the Appeals Court resolved the following: "The first and second grounds of the appeal filed by the Procuraduría General de la República, and the second ground raised by the Public Prosecutor's Office, are partially upheld; accordingly, the appealed judgment is partially annulled, only with respect to the declaration of the civil action for damages and the demolition order of the common works at the scene of the events being without merit. The remanding of the case for new proceedings is ordered, regarding the civil action for damages and the request for demolition of said works. The first ground of the Public Prosecutor's Office appeal is declared without merit. The remainder of the judgment stands unaltered. NOTIFY." The challenged judgment, in its operative part, states: "The civil action for damages is declared dismissed and the request for demolition is rejected as there are no proven facts in judgment 341-2019." The Prosecutor points out that no actual dismissal of the civil action for damages occurred because Mr. [Name 001] is deceased, so there was no present civil defendant from whom to demand such liability. He considers that the lack of condemnation in costs can be interpreted as a lack of grievance, but there is a relationship between the dismissal and the rejection of the demolition of the works. He points out that the first-instance judgment that was appealed at the time - No. 341-2019 - did not provide reasoning for the rejection of the demolition of the works invading the protection zone (área de protección) of some permanent springs (nacientes). He claims that, in the appealed judgment, which complements resolution No. 341-2019, the judge did not determine the basis for rejecting the demolition, because the judgment did not contain proven facts on the matter. The Prosecutor considers that no intellective effort was made by the lower court, because, although a criminal acquittal that has become final existed -and therefore there were no proven facts of interest-, this does not limit the judge from assessing the evidence to determine the issue of demolition and establish a list of demonstrated events on that aspect. In his opinion, the finality of the criminal matter does not influence the demolition, while no dismissal of the civil action occurred, and the demolition was requested because the civil defendant was not the owner of the property, but what is in dispute is the work in common municipal areas, so the Trial Court did have the possibility of ruling on that aspect, based on the evidence. He cites vote 2017-135 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela (San Ramón), and requests that the allegation be upheld, the judgment be annulled, and a remand be ordered.

III.- Appeal filed by attorney Luis Diego Hernández Araya, Coordinating Prosecutor of the Adjunta Agrario Ambiental Prosecutor's Office. The first ground alleges erroneous application of substantive law, specifically articles 140, 142, 363 subsection b and 459 of the Code of Criminal Procedure; 103 of the Penal Code; and 33, 34 and 58 subsection a) of the Ley Forestal, as well as article 50 of the Political Constitution and failure to observe the principle of progressivity applicable in Human Rights matters. The appellant points out that article 33 of the Ley Forestal "creates protection areas for water bodies, and among them the one that concerns us, a strip of 100 meters of circumference around the springs (nacientes). For its part, articles 1, 2, and 3 of the Water Law declare water and its channels as public domain assets." He indicates that the case file does not present the proper authorizations for projects declared of national convenience by the Executive Branch (art. 34 of the Ley Forestal), so the works affect the water resource, according to section 33 of the same legal body and violate article 50 of the Political Constitution. He claims that the judgment states that ordering the demolition would imply affecting houses installed there in the future, which is a subjective assessment without any evidentiary basis. He cites Vote No. 450-2003 of the Criminal Cassation Court and No. 13367-2012 of the Constitutional Chamber, and notes that the principle of progressivity implies the obligation of judges to issue resolutions "aimed at greater protection and recovery of ecosystems affected by human intervention," which applies even when acquittals have been ordered, but there was impact on the object of the crime. He refers to Vote 979-2002 of the Criminal Cassation Court of San José and emphasizes that the grievance is evident. The second ground alleges lack of reasoning in the judgment. The prosecutor criticizes that the Trial Judge determined that he could not order the demolition, because the judgment had no proven facts on the matter, overlooking that it was his role to determine which proven or unproven events corresponded to the remand trial, so the lack of one or the other means the judgment lacks factual reasoning. The new debate was specifically about whether that point was appropriate or not, and the evidence should have been analyzed, which the lower court ignored, adding that the civil action had been dismissed, without considering that the restitution of assets to their previous state is not a civil claim, but derives from the criminal action and its unlawfulness. Thus, he requests that the judgment be declared ineffective, that it be annulled, and that a remand for new proceedings be ordered.

IV.- Due to their connection, the sole ground of the appeal filed by the Procuraduría General de la República and the second ground of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office are resolved jointly and are upheld. This Appeals Chamber, after listening to the judgment, considers that it suffers from a lack of reasoning, insofar as it determined that it could not rule on the appropriateness or not of the demolition of the works due to the absence of "proven facts" on the matter in the main judgment. The judgment, which is in digital format in file 060036790667PE-1502202403616-2_MULTI—0, at minute 16:10, states that with respect to the works (street, sidewalk, drainpipe, and water tank), it cannot rule because the evidence does not determine where the protection of the stream begins nor is there a factual framework demonstrating the damage, so "... [the court] finds itself unable to enforce a circumstance, which is notorious according to the evidence..." (minute 17:43). The Trial Court's position is erroneous. Although it is true that the statement of proven facts in judgment 341-2019, which is complemented by the present one, makes no reference to that point and is final, the truth is that it is the criminal matter - i.e., the acquittal for the crime of violation of the Ley Forestal - that is no longer debatable, not whether the evidence allows a determination that construction occurred in protected and common good zones and that state assets were damaged. That is precisely the point that the lower court should have elucidated (which it even referred to), and on which judgment 341-2019 was silent. In cases like the present one, the determination of criminal liability or not for the commission of a criminal act should not be confused with the consequences of that act on the protected legal interest, regardless of whether the perpetrator can be identified and declared guilty, because in situations where public domain assets and especially natural resources have been affected by human work, restoring them to their previous state, if appropriate, is an aspect that should not be overlooked. Thus, in the present case, the appropriate course was for the Trial Court, after hearing the parties and examining the evidence, to determine if it was feasible to consider it proven that there was damage to public domain assets caused by human work and if it was appropriate to order their destruction. It must be noted that this does not imply a harmful alteration to the rights of the accused persons, as it does not refer to criminal liability, but rather to defining whether the evidence yields incontrovertible information that allows defining whether ordering the restitution of things to their previous state is appropriate or not. Therefore, due to the lack of reasoning in the judgment, both grounds are upheld. The resolution of 3:30 p.m., February 15, 2024, of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of Alajuela is annulled only with respect to what was resolved regarding the request for demolition of the works, and a remand is ordered so that, with a new panel, it defines what is appropriate under the law. Regarding the civil action for damages, although the representative of the Procuraduría General de la República referred to it but did not challenge its being declared dismissed, what was resolved remains final. As unnecessary, resolution of the first ground of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office is omitted.

V.- The provisions of the present resolution do not prejudge the final outcome to be reached in this case. The assigned Court must assess the evidence in its original form to reach the conclusions deemed pertinent, and establish what is legally appropriate.

POR TANTO

The sole ground of the appeal filed by the Procuraduría General de la República and the second ground of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office are upheld. The resolution of 3:30 p.m., February 15, 2024, of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of Alajuela is annulled only with respect to what was resolved regarding the request for demolition of the works, and a remand is ordered so that, with a new panel, it defines what is appropriate under the law. The rest of the judgment remains unaltered. As unnecessary, resolution of the first ground of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office is omitted. Notify.

Hannia Soto Arroyo

Raúl Madrigal Lizano Rodrigo Obando Santamaría

Judge and Judges of the Criminal Appeals Court
Specialized in Organized Crime

Expediente: 06-003679-0647-PE

Accused: [Name 007] and others.

Crime: Violation of the Ley Forestal

Victim: Natural Resources.

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Expediente N° 06-003679-0647-PE - Vote N°2024-0648 - Page: 1

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