Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora bien, tiene razón el Juzgado Civil, no se trata en sentido estricto de proceso de ejecución de lo ordenado por el tribunal administrativo, sino del ejercicio coactivo de la Administración Pública de la potestad de recuperación de la acreencia por la vía privilegiada ejecutiva en sede judicial común, mediante la emisión del título ejecutivo respectivo al amparo de los artículos 149.1.a) y 150 de la Ley General de la Administración Pública [“ejecución administrativa”], y 111.2, inciso 7, del Código Procesal Civil. Por lo que la tramitación de los procedimientos corresponde en lo sucesivo al proceso monitorio dinerario, que es competencia del Juzgado de Cobro de Heredia [canon 185 del Código Procesal Civil].
English (translation)Now, the Civil Court is correct; it is not strictly a process for enforcing what was ordered by the administrative tribunal, but rather the Public Administration’s coercive exercise of the power to recover the debt through the privileged executive route in ordinary judicial court, via the issuance of the respective enforceable title under Articles 149(1)(a) and 150 of the General Public Administration Law [“administrative enforcement”], and Article 111(2), subsection 7, of the Civil Procedure Code. Therefore, the subsequent processing of the proceedings corresponds to the monetary payment order procedure, which falls under the jurisdiction of the Heredia Collection Court [canon 185 of the Civil Procedure Code].
Jurisdiction declared
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia Sede Heredia Materia Civil Resolución Nº 00556 - 2024 Fecha de la Resolución: 12 de Setiembre del 2024 a las 09:49 Expediente: 22-005757-1158-CJ Redactado por: José Miguel González Molina Clase de asunto: Proceso monitorio Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 22-005757-1158-CJ - 7 PROCESO: MONITORIO DINERARIO ACTOR/A: EL ESTADO DEMANDADO/A: ELIZABETH JIMÉNEZ MESÉN Y ARACELLY ESQUIVEL ROJAS N° N° 2024000556 TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y TRABAJO DE HEREDIA. A las nueve horas cuarenta y nueve minutos del doce de setiembre de dos mil veinticuatro.- Proceso iniciado en el Juzgado Cobro de Heredia como monitorio dinerario y radicado ahora en el Juzgado Civil de Heredia como sumario de cobro de obligación dineraria, bajo el número de expediente N.º 22-005757-1158-CJ, presentado por El Estado contra Elizabeth Jiménez Mesén, cédula de identidad 1-0744-0275, y Aracelly Esquivel Rojas, cédula de identidad 2-0063-0295. Interviene como abogado de la parte actora el procurador licenciado Luis Felipe Solano Ramírez, carné de colegiatura 8800. Conoce el Tribunal del conflicto de competencia planteado por el Juzgado Civil de Heredia, de modo unipersonal en razón de la cuantía menor del proceso. CONSIDERANDO: I. Antecedentes. El actor ha incoado una demanda monitoria dineraria, según alega, para obtener el pago de una indemnización por daño ambiental a la que fueron condenadas las demandadas por acto final en proceso administrativo. En el auto N.º 2024003420 de las trece horas cuarenta y un minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Cobro de Heredia consideró que el asunto compete al Juzgado Civil de Heredia en razón de la materia [sic]: “La (s) pretensión (es) establecida (s) en este proceso en relación con los hechos narrados en la demanda o gestión inicial, comprende lo siguiente: La ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Ambiental según prueba documental aportada a los autos. De lo anterior se infiere que el tema jurídico objeto del proceso es regulado por el derecho civil, con competencia no especializada, el cual cuenta con tribunales por razón de esa materia…” [sic]. Sin embargo, el órgano jurisdiccional receptor discrepa y mediante la resolución N.º 2024000886 de las nueve horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro sostiene conflicto de competencia para ser dirimido por el Tribunal de apelación como superior común, basado en que: “No se comparten las razones indicadas ya que conforme los artículos 111.2 del Código Procesal Civil y el 204 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública se tendrá como titulo ejecutivo la certificación del adeudo que sea expedido por administración publica, aunado a que no se puede entender que este proceso es una ejecución de sentencia como lo interpreta el Juzgado de Cobro, ya que la resolución en cuestión fue emitida por una autoridad administrativa y no una judicial.”. II. Criterio del Tribunal. Primero se debe hacer la aclaración de que no se trata de un conflicto de competencia por la materia, que sigue siendo la misma, sino de la atribución de competencias entre los distintos órganos especializados de las materias civil y comercial, en función de los procesos jurisdiccionales asignados a cada uno. Ahora bien, tiene razón el Juzgado Civil, no se trata en sentido estricto de proceso de ejecución de lo ordenado por el tribunal administrativo, sino del ejercicio coactivo de la Administración Pública de la potestad de recuperación de la acreencia por la vía privilegiada ejecutiva en sede judicial común, mediante la emisión del título ejecutivo respectivo al amparo de los artículos 149.1.a) y 150 de la Ley General de la Administración Pública [“ejecución administrativa”], y 111.2, inciso 7, del Código Procesal Civil. Por lo que la tramitación de los procedimientos corresponde en lo sucesivo al proceso monitorio dinerario, que es competencia del Juzgado de Cobro de Heredia [canon 185 del Código Procesal Civil]. Desde luego, sin perjuicio del examen debido de forma y fondo sobre la ejecutividad del título presentado como documento base de la reclamación de la suma dineraria. POR TANTO: Se declara competente al Juzgado de Cobro de Heredia para seguir conociendo del asunto en proceso monitorio dinerario. wperazaa MSc. José Miguel González Molina - Código Verificador - VGPMFDWR62K61 Documento firmado por: JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MOLINA, DECISOR/A EXP: 22-005757-1158-CJ De la esquina de los Tribunales de Heredia Centro, 125 metros norte Teléfonos: 2238-4760. Fax: 2277-0439. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:31:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Heredia Civil and Labor Appeals Court, Heredia Seat, Civil Matters Resolution No. 00556 - 2024 Resolution Date: September 12, 2024 at 09:49 Expediente: 22-005757-1158-CJ Drafted by: José Miguel González Molina Case type: Order for payment procedure (Proceso monitorio) Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Text of the resolution EXPEDIENTE: 22-005757-1158-CJ - 7 PROCEEDING: MONETARY ORDER FOR PAYMENT (MONITORIO DINERARIO) PLAINTIFF: EL ESTADO DEFENDANTS: ELIZABETH JIMÉNEZ MESÉN AND ARACELLY ESQUIVEL ROJAS No. No. 2024000556 HEREDIA CIVIL AND LABOR APPEALS COURT. At nine hours forty-nine minutes on the twelfth of September, two thousand twenty-four.- Proceeding initiated in the Heredia Debt Collection Court (Juzgado Cobro de Heredia) as a monetary order for payment procedure (monitorio dinerario) and now filed in the Heredia Civil Court (Juzgado Civil de Heredia) as a summary proceeding for collection of a monetary obligation (sumario de cobro de obligación dineraria), under expediente number No. 22-005757-1158-CJ, filed by El Estado against Elizabeth Jiménez Mesén, identity card 1-0744-0275, and Aracelly Esquivel Rojas, identity card 2-0063-0295. The plaintiff's attorney, procurator licensed Luis Felipe Solano Ramírez, bar association number 8800, is intervening. This Court hears the conflict of competence (conflicto de competencia) raised by the Heredia Civil Court, acting in a single-judge capacity by reason of the proceeding's lower amount in controversy. CONSIDERANDO: I. Background. The plaintiff has filed a monetary order for payment claim (demanda monitoria dineraria), as it alleges, to obtain payment of compensation for environmental damage (daño ambiental) to which the defendants were condemned by final act in administrative proceedings. In order No. 2024003420 of thirteen hours forty-one minutes on February twenty-first, two thousand twenty-four, the Heredia Debt Collection Court considered that the matter falls within the competence of the Heredia Civil Court by reason of subject matter [sic]: "The claim(s) established in this proceeding in relation to the facts narrated in the lawsuit or initial filing, comprises the following: The execution of a judgment issued by the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) according to documentary evidence provided to the case file. From the foregoing, it is inferred that the legal issue subject to the proceeding is governed by civil law, with non-specialized competence, which has courts by reason of that subject matter…" [sic]. However, the receiving jurisdictional body disagrees and, through resolution No. 2024000886 of nine hours thirty-nine minutes on June twenty-fourth, two thousand twenty-four, raises a conflict of competence to be resolved by the Appeals Court as the common superior, based on: "The reasons indicated are not shared since, pursuant to articles 111.2 of the Civil Procedure Code and 204 subsection 2 of the General Public Administration Law, the certification of the debt issued by the public administration shall be considered an executory title (titulo ejecutivo), in addition to which it cannot be understood that this proceeding is an execution of judgment as the Debt Collection Court interprets it, since the resolution in question was issued by an administrative authority and not a judicial one.". II. Court's Criterion. First, it must be clarified that this is not a conflict of competence by subject matter, which remains the same, but rather an attribution of competences between the different specialized organs of civil and commercial matters, depending on the jurisdictional proceedings assigned to each. Now, the Civil Court is right; this is not, in the strict sense, a proceeding for execution of what was ordered by the administrative tribunal, but rather the coercive exercise by the Public Administration of its power to recover the debt via the privileged executive route in the ordinary judicial seat, through the issuance of the respective executory title under articles 149.1.a) and 150 of the General Public Administration Law [“administrative execution (ejecución administrativa)”], and 111.2, subsection 7, of the Civil Procedure Code. Therefore, the processing of the proceedings corresponds henceforth to the monetary order for payment procedure (proceso monitorio dinerario), which is the competence of the Heredia Debt Collection Court [canon 185 of the Civil Procedure Code]. This is, of course, without prejudice to the due examination of the form and substance regarding the enforceability of the title presented as the base document for the monetary sum claim. POR TANTO: The Heredia Debt Collection Court is declared competent to continue hearing the matter as a monetary order for payment procedure (proceso monitorio dinerario). wperazaa MSc. José Miguel González Molina - Código Verificador - VGPMFDWR62K61 Document signed by: JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MOLINA, DECISOR/A EXP: 22-005757-1158-CJ From the corner of the Heredia Courts, Downtown, 125 meters north Telephones: 2238-4760. Fax: 2277-0439. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:31:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República