Res. 00906-2024 Tribunal Agrario — Better Right of Possession Against Registered Owner — Lack of StandingMejor derecho de posesión frente a propietario registral — falta de legitimación

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00906 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Setiembre del 2024 a las 10:48

Expediente: 20-000302-0465-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Posesión agraria
Subtemas:
Finalidad y presupuestos de la acción publiciana.
Temas (descriptores): Valoración de la prueba en materia agraria
Subtemas:
Aplicación de las reglas de la sana critica.
Temas (descriptores): Acción publiciana agraria
Subtemas:
Finalidad, presupuestos y aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

20-000302-0465-AG - 4




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

ANASARIO SANCHEZ ABREGO




DEMANDADO/A:

	

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

 

   

VOTO N°  N° 2024000906

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas cuarenta y ocho minutos del trece de setiembre de dos mil veinticuatro.-

 PROCESO ORDINARIO  interpuesto por  ANAZARIO SÁNCHEZ ÁBREGO, mayor, en unión libre, agricultor y peón agrícola, cédula de residencia número uno cinco nueve uno cero cero cuatro uno cero cuatro dos tres, vecino de  Limón; contra CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres- ciento uno- dieciocho mil novecientos sesenta y ocho,  representada por su gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma Jorge Arturo Sauma Aguilar, mayor, casado, ingeniero agrónomo,  cédula de identidad número nueve- cero cuarenta y cuatro- ochocientos sesenta y nueve, vecino de Curridabat. Intervienen el licenciado Raúl Méndez Contreras, carné diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora,  la licenciada Rosa Iselle Sánchez Vargas, carné cinco mil seiscientos cuarenta, y la letrada Yelena Piedra Matsenko, carné veintisiete mil cuatrocientos veintisiete, ambas en su condición de apoderadas especiales judiciales de la parte demandada. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer  Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

 Redacta el  juez  Darcia Carranza; y,

CONSIDERANDO:

 I. DE LAS PRETENSIONES: La parte actora interpuso la presente demanda ordinaria, solicitando que se declare en sentencia: «Pretensión Principal: ...con lugar la presente demanda en todos sus extremos.   Se condene  a la demandada al pago de las costas personales y procesales de la presente acción. Pretensión secundaria En caso que su autoridad considere que mi representado no tiene derecho a la posesión del terreno en litis, se condene a la demandada al pago según la estimación por concepto de mejoras  útiles y necesarias a favor de la parte actora.». En relación a las mejoras indica:  «NECESARIAS a) Mantenimiento continúo de limpieza de zonas verdes, delimitaciones, limpieza de desagües aledaños y limpieza de ronda del lote, estimado en un valor de ¢2.000.000.00 de colones. b) Mantenimiento básico de la casa de habitación, tales como limpieza de desagües, arreglo de goteras, limpieza de techos, descongestionamiento de residuos aguas servidas, pintura de paredes y techos, cambio de láminas de zinc, arreglo de puertas, bisagras, llavines, reparación de tuberías de acueducto, estimado en un valor de ¢2.000.000.00 de colones. UTILES Dentro de dicho inmueble mi representado desde el año 2017 hasta la actualidad, ha realizado cultivos de  yuca,  culantro,   tilo y, tekiski,  mismas que son mejoras útiles y que de igual forma se estiman en un valor de ¢2.000.000.00 de colones.» (Ver expediente electrónico imágenes 1 a 7, 22 a 26, 52 a 53).              

 II.  EXCEPCIONES DEDUCIDAS:  La parte demandada contesta en tiempo y de forma negativa,  solicitando que sea declarada sin lugar  la demanda incoada en su contra, y opone las excepciones de: falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, genérica  de sine actione agit, litis consorcio  necesaria y litis pendencia, estas dos últimas rechazadas mediante auto sentencia de las quince horas treinta y nueve minutos del quince de setiembre de dos mil veintiuno.  (Ver expediente electrónico,  contestación en imágenes 74 a 88, 103 a 117,    resolución en imágenes  155 a 156).

 III.- RESOLUCIÓN APELADA:El Juez Gerardo Antonio Pérez Alfaro, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, en sentencia 2024000380 de las catorce horas con veintidós   minutos del veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, resolvió: «POR TANTO:  De conformidad con los argumentos y citas legales expuestos, se acogen las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y falta de derecho sobre las pretensiones principales y subsidiarias; por lo que se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda planteada por Anazario Sánchez Ábrego contra Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria; se condena al actor al pago de las costas personales y procesales de la presente demanda.. ». (Ver expediente electrónico imágenes 260 a 265).

 IV.- La parte actora por medio de su apoderado especial judicial Raúl Orlando Méndez Contreras, interpuso recurso de apelación indicando como agravios los siguientes: "... De lo anterior podemos apoyarnos en  lo que el testigo ofrecido por el actor Samiquel Railan Juquer manifestó en su testimonio, para lo que nos interesa en esta Litis. Interroga al primer testigo Samiquel Railan Juquer la señora jueza del Juzgado Agrario de Limón, así le responde: soy vecino de Finca 97, soy jornalero. tengo 46 años. no tengo interés directo en este proceso, no me perjudica ni me beneficia. soy amigo de Anasario Sánchez Abrego, no soy familia de él. no he trabajado con él. lnterroga al testigo señor Samíquel Railan Juquer el Licenciado Luis Ángel Pizarro Conoce usted a Anasario. responde el lo conozco desde el 2008 como compañero. Usted y él han trabajado juntos en la empresa, responde el testigo no. : Como conoce al testigo, bueno lo conozco desde el 2008 como compañero. En la empresa, responde el testigo, no. Sabe usted o conoce con cuales empresas él ha trabajado, responde el testigo, si con Bandeco, Corporación del Monte. Sabe usted si Anasario tiene un terreno en esta finca en posesión, responde el testigo, si correcto en este que estamos parados aquí este pedazo. Sabe usted o conoce que uso le da él al terreno, responde el testigo. si cultivar, siembra ahí, está el bananìto jocote, plátano pero todo eso fue cortado por el ordenamiento de los jefes superiores que tiene Del Monte aquí en finca Sixaola uno. Sabe usted si Anasario le da mantenimiento al terrenito en posesión, responde el testigo. si claro ahí ve culantro, chile dulce. él le da mantenimiento.. Conoce usted si alguna empresa le ha dado mantenimiento al terreno en posesión de Anasario.responde el testigo, no Sabe usted si Anasario sembró cultivos en el terreno en posesión,  responde el testigo. sì correcto yuca hay algunos que se fue quedando que cortaron , plátano. yuca, chile dulce, malanga, tiquisque, banano, Jocote. papaya que toda la cortaron, otros arbolitos que ahí están quedando. Sabe usted si esas matas parieron responde el testigo ,  si algunos parieron, algunos no. la yuca estaba como metro y medio  la cortaron toda. Conoce usted de terceras persona con interés de esas malas, responde el testigo, si correcto es de parte de los señores de Corporación Agrícola del Monte que ordenó el supervisor de finca Sixaola uno. les dieron quince días para que ellos cortaran las matas que habían sembrado. entonces solicitaron a la empresa quien había ordenado porque había una medida cautelar en ese entonces solicitado al juez agrario en Limón. Entonces la respuesta de la empresa del señor Ariel Rugama fue de que ellos no necesitaban ningún documento del Juez para deshacerse de las matas que estaban ahí, que si dentro de quince días ellos no las cortaban, ellos las venían a cortar y se cumplió el plazo de quince días y las vinieron a cortar, Ariel Rugama es el nombre de quien ordeno cortar. Sabe usted si otra persona le ha reclamado el terreno a Anasario. responde el testigo, no sé. Conoce usted o si sabe si a él le dieron una notificación para que no estuviera más en el terreno, responde el testigo, no. Sabe usted si Anasario vive o habita en alguna casa de este cuadrante, responde el testigo, si aquí en donde la vemos en frente, son casitas de cuatro familias y solo esas cuatro familias utilizan el mismo medidor. entonces si en ese medidor aparecen veinticinco mil colones se le rebaja veinticinco mil colones a cada uno y lo justo deben dividir esos 25.000 mil colones para que se le rebaje a los cuatro. Sabe usted cual empresa le asigno la vivienda a Anasario. responde el testigo, si Del Monte, Bandeco. Conoce a otra persona que le haya reclamado esa vivienda a Anasario, responde el testigo, no sé. Conoce usted si la vivienda que habita Anasario tiene agua y luz. responde el testigo, agua si tiene. luz no tiene porque fue cortada masivamente a todos los que estaban participando en el movimiento de huelga para que ellos desalojaran el hogar. La empresa solicitó a los señores del I C E que vinieran a cortar la luz con orden de los administradores de la empresa Del Monte, porque los señores no pagaban. Conoce usted si ha Anasario le han entregado una notificación para que desocupe la vivienda. responde el testigo, no. Sabe usted si Anasario firmó un contrato de uso de vivienda, responde el testigo, si claro firmó un contrato con Bandeco Corporación de Desarrollo Del Monte. Contra interroga la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apoderada judicial de la empresa Corbana al testigo Samiquel Railan Juquer. estas son sus respuestas: Ariel Rugama trabaja para la empresa Del Monte ese supervisor tiene dos años de estar aquí en la zona, si correcto Corbana es dueña, lo sé porque trabajé con Corbana y después de eso Del Monte le renta la finca. Entonces nos reunieron y que Del Monte iba a traer un desarrollo mejor y que se iba a ganar mejor, Corbana ya no tenia como pagamos a nosotros si no se iba a cerrar la línea y para el desarrollo de la comunidad y ganancia económica pero fue al revés. todas las tarifas de trabajo se vino para abajo, nos asignaron siete labores y se paga un solo precio, el arriendo fue en el año 2004 pero Corbana entregó la línea el primero de Enero del 2005. Si claro después se venció el contrato de 10 años y renovado hasta el 2024. Bandeco volvió a firmar otro contrato que va a seguir en esta zona. Vendiendo banano esa es la actividad económica que ellos realizan en la zona, si claro Anasario sembró cultivos en el 20l4 esos mismos cultivos. 2017 es lo mismo. En el 2014 laboró para Del Monte finalizó el 31 de diciembre del 2014 y para el 201 7 ya él estaba cesado por la empresa Del Monte por ir al movimiento de huelga por bajar toda la tarifa de trabajo. si correcto aquí todavía él vive aunque le han hecho de todo, cortaron la luz y la tubería del agua. llegaron a cortar los trabajadores de Del monte para que Anasario saliera de ese hogar, no sé si a él le notificaron o no notificaron. cuando el habitaba en el hogar entonces se le rebajaba el consumo de luz, el agua no. la casa no. lnterroga la señora Jueza del Juzgado Agrario de Limón al testigo ofrecido por Corbana, señor José Magdiel Collado Romero así le responde: vivo en barrio San RaFael la Colonia de Guápiles 600 metros oeste de la Iglesia católica. soy ingeniero agrónomo de profesión trabajo con la Corporación Bananera Nacional desde el año 1993 soy funcionario activo, no soy familiar de los aquí presentes, para nada ni amigo ni enemigo. no tengo ningún interés en este proceso que me beneficie o me perjudique. lnterroga al testigo José Magdiel Callado Romero la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apodera judicial de la empresa Corbana. así le responde: correcto Corbana es propietario de esta finca, si correcto esta finca esta arrendada a la empresa Del Monte. Me consta porque hay un contrato de arriendo que se hizo entre la empresa Corbana y la empresa Del Monte y para hacer ese contrato de arriendo hubo una verificación de áreas de los folios a través de un estudio topográfico donde yo participe. correcto yo lo he tenido a la vista,  se suscribió este contrato en setiembre del año 2004. el objeto del contrato es la producción  y exportación del banano comercial actual. Si hay un listado de activos adjunto al contrato que se llama anexo uno. bueno ahí tenemos un área industrial con  plantas empacadoras, con oficinas, con bodegas de cartón, con bodegas de materiales. con bodegas de fertilizantes, con talleres y también tenemos áreas habitacional que las conocemos como cuadrantes donde viven trabajadores que Del Monte le ha asignado la vivienda o también hay campamentos de solteros que le llaman baches, hay otra serie de activos escritorios. mesas. sillas. motores entre otras cosas. El préstamo es a título gratuito se fìrma un contrato de uso gratuito de la vivienda que se firma entre Del Monte y el trabajador de del monte al cual la empresa le asigna la vivienda. La limpieza periódica de los lotes y las rondas, de esta finca, las delimitacíones de esta finca, la limpieza de los desagües aledaños de esta finca, la limpieza y arreglo de los techos de las casas de esta finca, los descongestionamiento de las aguas servidas de la casas de esta finca todo lo anterior descrito lo lleva acabo la empresa Del Monte. Eso es porque en el contrato hay una cláusula que habla específicamente del mantenimiento de toda la infraestructura que se dio en custodia en el arriendo y esa cláusula indica que Del Monte es el único responsable del mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Si correcto en ese contrato que he mencionado de uso gratuito de vivienda hay una cláusula que indica que una vez que se termina la relación laboral hay un lapso de ocho a quince días en donde se debe devolver la casa. Correcto ellos tienen una serie de prohibiciones en donde no se puede cocinar con leña adentro y afuera de las viviendas, no se pueden meter más personas de las que están incluidas dentro del contrato de uso gratuito. no se pueden hacer cultivos, no se pueden sembrar árboles tampoco. Eso como mencionaba lo de la cláusula de mantenimiento lo ha hecho Del Monte, por ejemplo esta casa en de madera cuando nosotros las entregamos, esas casas tuvieron una rehabilitación se les puso fibrocemento de paredes y se pintó con los colores corporativos de la empresa Del Monte. he sido informado por Del Monte de que hay unos procesos de desalojo desde el año 2016. Bueno acá en la zona el proveedor del servicio eléctrico es el l C E, entonces el ICE hace una gran factura a Del Monte, Del Monte cancela esa factura y luego a través de un control que tienen ellos de consumo de los trabajadores que están activos que usan el servicio eléctrico. ellos hacen un rebajo de planilla de ese monto para recuperar los dineros que han pagado al I C E. Y acá hay pozos en el tema de agua cuyas concesiones son de Corbana pero como están dentro del arriendo entonces Del Monte paga los montos de esos cánones y luego hace una distribución gratuita del agua al área industrial y al área de  plantas empacadoras, hay talleres, hay bodegas de materiales. hay casas de habitación que Del Monte asigna. hay equipo menor como escritorio, computadoras, motores, sillas. Usted sabe si la empresa Del Monte le presta la vivienda a los trabajadores a título gratuito o les cobra algo por ello, le responde el testigo, correcto es un préstamo a título gratuito que se hace entre Del Monte y el trabajador que Del Monte asigne, ellos firman un pequeño contrato de uso gratuito de la vivienda. Usted ha tenido a la vista de uso gratuito de vivienda de este contrato. le responde el testigo, correcto lo he tenido a la vista, es una forma de demostrar que ellos hacen un uso del bien cuidando el bien. para cumplir con la cláusula del contrato que dice que Del Monte es responsable de todos los edificios que está dando en arriendo. Usted sabe quien hace la limpieza periódica de los lotes y las rondas de la finca en donde nos encontramos, responde el testigo, la empresa Del Monte. Sabe usted quien lleva las delimitaciones de la finca en donde nos encontramos, responde el testigo, la empresa Del Monte. Sabe usted quien lleva la limpieza de los desagües de la finca en donde nos encontramos, le responde el testigo, la empresa Del Monte. Sabe usted quien limpia y arregla los techos de las casas en la finca donde nos encontramos, le responde el testigo, la empresa Del Monte. Porque a usted le consta lodo lo anterior. le responde el testigo. eso es porque está definido dentro del contrato. hay cláusulas especificas del mantenimiento de la infraestructura y cuando se hizo el arriendo el acuerdo fue que Del Monte asumiría completamente todo lo que es mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura que está bajo ese listado que se les entregó. Usted sabe si existido algún tipo de desalojo administrativo promovido por la empresa del monte hacia alguno de sus ex trabajadores en esta linea en donde nos ubicamos. le responde el testigo, correcto he sido informado por del monte sobre esos desalojos, fue en el año 20 l 6. La luz básicamente el I. C. E. es el proveedor de la zona, hace una factura a nombre de del monte y luego a través de planilla los trabajadores activos que tienen ellos les hacen un rebajo del consumo. observando lo consumido en el mes por los medidores, el agua se da a título gratuito porque aquí funcionan pozos que son activos. Usted mencionó que usted es el enlace entre Del Monte y Corbana. las visitas que usted realiza periódicamente con que periodicidad se dan, responde el testigo, normalmente cada tres semanas, hacemos un informe trimestral a la gerencia general y a la junta directiva sobre temas del cumplimiento del contrato entre ambas empresa. Usted sabe si existe algún tipo de señalización en la finca en donde nos encontramos, responde el testigo, hay unos rótulos que ponen los señores de Del Monte que indican que es una propiedad privada. Cuando usted visita aquí la visita lo hace solo o acompañado, responde el testigo. en el caso de mis visitas son solas, yo la hago con un funcionario de Del Monte mañana tengo un recorrido de supervisión. Después de mañana cuando fue la última vez que usted visito la finca. responde el testigo, cada tres semanas una frecuencia normal de visitas. Contra interroga al señor José Magdiel Collado Romero el Licenciado José Ariel Valverde Briceño apoderado judicial del actor. Cuando fue la última vez que usted vio a la empresa Del Monte darle mantenimiento al terreno de don Ismael, responde el testigo. básicamente he pasado  y he constatado que hacen chapeas de zonas verdes, básicamente es lo que he visto. Usted sabe dónde está ubicado el terreno de don Ismael, le responde el testigo. el terreno de don Ismael no, porque yo lo que visito son las fincas arrendadas de Corbana a Del Monte. no el terreno de él en particular. Entonces como usted conoce que la empresa Del Monte da mantenimiento a ese terreno. responde el testigo. es que yo me refiero a los terrenos del arriendo, porque yo a don Anasario dije no lo conozco. Usted nos podía decir cuando fue que pusieron esos letreritos de propiedad privada de parte de la empresa del monte. responde el testigo, no detallo la fecha exacta.  No hay ninguna relación laboral entre trabajadores de Del monte y Corbana. son visitas que se realizan aproximadamente cada tres semanas. correcto yo tengo que rendir un informe a la gerencia y junta directiva de Corbana sobre el tema de la inspección que yo hago. yo vengo y doy seguimiento al avance de los programas agronómicos y al tema de mantenimiento de infraestructura. Ese es el  tema de coordinación con Del Monte, esa es mi función dentro del contrato. Hay unos rótulos que instaló la empresa Del Monte que indican que es propiedad privada e indica Del Monte. Contra interroga al testigo ofrecido por la empresa demandada señor Magdiel Collado Romero el Licenciado Luis Ángel Pizarro Contreras apoderado judicial del actor así le responde: el mantenimiento de los desagües se hacen por igual tanto para las fincas como para los cuadrantes. responde el testigo, es correcto. Sabe usted o conoce sì en el cuadrante hay tanto trabajadores activos como inactivos. responde el testigo, es correcto hay una mezcla de trabajadores que son activos de Del Monte y otros que son inactivos. Sabe usted o conoce si a don Anasario le notificaron que no podía sembrar en el patio aledaño de la vivienda responde el testigo, específicamente al señor no le sabría decir, ellos me han explicado que hay un procedimiento que cada vez que se asigna una casa se firma un contrato. Interroga al testigo Federico Abrego Abrego ofrecido por el actor la señora Jueza del Juzgado Agrario de Limón. estas son sus respuestas: vecino de Sixaola La Palma, 70 metros antes de llegar a la Iglesia del Evangelìo completo. me dedico a la agricultura. tengo 62 años, no tengo interés en este proceso que me beneficie o perjudique, no soy familiar de la parte aquí presente. soy compañero. Interroga al testigo ofrecido por el actor Federico Abrego Abrego. el Licenciado Luis Ángel Pizarro Contreras apoderado judicial, estas son sus respuestas: Desde hace cuánto tiempo usted conoce a Anasario, responde el testigo, lo conozco cuando el comenzó a trabajar con Bandeco en el 2010. Usted y él han trabajado juntos. responde el testigo,juntos no. Sabe o conoce con cuales empresas él ha trabajado, responde el testigo,  con Bandeco. Sabe usted si él tiene en esta finca un terreno en posesión, si claro aquí al frente donde estamos nosotros. Contra interroga al testigo Federico Abrego Abrego la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apoderada judicial de Corbana. así le responde: si es el mismo, 16 de Enero del 2015 dejó de trabajar. Bandeco juntamente con la orden de Corbana le prohibió.  Los trabajadores Del Monte juntamenle con la administración de Corbana. Del Monte cuando estaba trabajando. si Corbana es Ia dueña de la finca le arrendó a Del Monte en año 2005 y todavía está vigente, la actividad económica es el banano, en el 2014 tenía primitivo, malanga, yuca inclusive ahí están los culantros todavía. en el 2017 eran los mismos cultivos como le indicaba. eso los mandaban a cortar y vuelven a retornar de nuevo pero ahora todo lo que picaron le echaron químico para matarlo, no le cobro la casa era gratis. Bueno el agua siempre ha estado ahí porque es agua de pozo,  la luz se lo rebajaban a ellos cuando estaban trabajando de la planilla, si el agua si es gratuita. Interroga al testigo Marlon Quijano Castillo la jueza agraria del primer circuito judicial de Limón. estas son sus respuestas: soy vecino de La Palma aproximadamente de aquí unos cuatro o cinco kilómetros, me dedico al área forestal, agroforestales en Agroforestales de Sìxaola, 61 años, casado, no tengo interés directo en este proceso que me beneficie o me perjudique. no soy familiar de los presentes. tampoco enemigo o amigo. lnterrogatorio la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apodera judicial de Corbana al testigo ofrecido señor Marlon Quijano Castillo. estas son sus respuestas: no conozco a Anasario Sánchez Abrego, si correcto es propietaria, porque fui informado por mi jefe inmediato Magdiel Collado en el 2004 entre octubre y noviembre. bueno ellos iniciaron en Enero del 2005, Del Monte correcto se encuentra vigente. la actividad económica es el cultivo de banano y exportación del mismo. las casas las destina para sus trabajadores. a titulo gratuito porque mi esposa laboro con Del Monte en la parte administrativa. Del Monte hace la limpieza de los lotes y las rondas de esta finca. la empresa Del Monte lleva a cabo las delimitaciones de esta finca, la limpieza de los desagües aledaños lo lleva a cabo Del Monte en esta finca, la empresa  limpia y arregla los techos de las casas de esta finca los descongestionamiento de residuos de las aguas servidas de las casas de Ia finca los lleva acabo la empresa Del Monte, Io sé porque vivo acá en el cuadrante lo  he visto. si correcto lo se mi esposa Iaboró para Del Monte y como se pensionó le pidieron la vivienda, si correcto un plazo de quince para que desocupara la vivienda. si correcto prohíbe sembrar. Del Monte pinta las casas de esta finca, si correcto Del Monte y Bandeco es lo mismo, si correcto lo he visto aquí en Daytonia en el año 2016 cuando iba por carretera en vehículo. si correcto la electricidad es por medio del I C E y Del Monte paga los recibos y posteriormente son rebajados por planilla a sus trabajadores, en el caso del agua es gratuita porque son pozos internos de la finca en este caso yo soy informado vía correo electrónico por el jefe de contabilidad para apoyar aquí al compañero de inventario que viene de San José hacemos los inventarios y se hacen anualmente, son 240 hectáreas y parte de esas hay parte que están en pago de servicio ambiental y unas siembras de 69 hectáreas de melina, si correcto indica propiedad privada  y las puso Del Monte. Contra interroga el Licenciado Luis Ángel Pizarro Contreras apoderado judicial del actor al testigo Marlon Quijano Castillo. estas son sus respuestas: Usted ha tenido a la vista o en físico algún contrato de vivienda gratuito, responde el testigo, solo el de mi esposa la copia. Usted sabe si la empresa Del Monte le notificó a Anasario que no podía sembrar en el patio aledaño, responde el testigo, lo ignoro. Usted sabe si los contratos que le hacen a los trabajadores son por igual para todos. responde el testigo. lo ignoro puedo dar fe con el mi esposa solamente. Los testigos del actor a todas luces han venido a rendir una manifestación sincera y creíble desde toda óptica, reconocen que quien realizaba los actos posesorios era mi representado en el terreno en Litis y la vivienda. Como podrá ver su autoridad el testimonio de los testigos de la empresa demandada ellos únicamente se han referido a toda la finca en general que son más de cinco millones metros cuadrados y que a todas las viviendas de los cuadrantes les dan mantenimiento, pintándolas y arreglándole los techos. pero estos mismos testigos nunca se refirieron con exactitud a la porción del terreno que son aproximadamente doscientos metros cuadrados y la vivienda que está en posesión de mi representado. Es criterio de mi poderdante que el señor A quo ha sido ayuno en valorar los medios de prueba aportados en el presente expediente y los presupuestos para que se manifieste la posesión de mi representado en el terreno referido que se encuentra enclavado en la Iey de jurisdicción agraria e incluso no indica el a quo en relación a las mejoras realizadas por mi representado, no existe pronunciamiento alguno, siendo que va es basta nuestra jurisprudencia refiriéndose a las mejoras, como así lo indica al respecto la Sala Primera. en sentencia número 013-F-93 de las 10:00 horas del 29 de enero de l993, dijo: " IV.- Las denominadas "mejoras necesarias", cuando así se les llama técnicamente no son mejoras, son reparaciones, pues en realidad se refieren a todos aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa pero que no acrecientan el valor venal de la misma. Se realizan con la finalidad de impedir el deterioro o mina de la misma, lo cual sobrevendría de no realizarse. no con la finalidad de lograr un plusvalor de la cosa. Se les denomina necesarias pues deben ejecutarse sólo para que la cosa no se deteriore y no disminuya su rendimiento. Por el contrario. las útiles si aumentan el valor venal de la cosa. mereciendo el calificativo de "mejoras" porque se realizan, precisamente, con el fin de mejorar la cosa, aumentar las utilidades. siendo de manifiesto provecho para cualquier poseedor, y no sólo para el que las realiza. pues generan una plusvalía al acrecentar el valor de la cosa. El Código Civil desarrolla esta distinción en el artículo 332 en forma similar a lo anteriormente expuesto, pues califica a las necesarias como aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa v a las útiles como las que aumenten su valor venal. Esta división y clasificación es de fuerte raigambre romanista y tradicionalmente ha sido recibida así por el Derecho civil y su doctrina. En el contrato civil de arrendamiento de cosas -para proteger al propietario y eximirlo de indemnizarse ha interpretado que al arrendatario no le está permitido realizar mejoras -incluidas las necesarias- v, en consecuencia, el propietario no debe reconocérselas. Sin embargo. es una distinción propia de la materia civil y no de la mejora agraria. Para el Derecho agrario la mejora vendría a ser todo acto o hecho. jurídico o no. susceptible de aumentar en forma estable y permanente la capacidad productiva del fundo. Se distingue, a tales efectos, entre mejoras económicas y mejoras sociales. Las primeras inciden directamente sobre el fundo provocando un aumento. estable y permanente, sobre su capacidad productiva. mientras las segundas inciden sobre las condiciones en que se presta el trabajo, brindando mayor comodidad para aumentar su eficiencia. Las mejoras sociales son una especie de las económicas. pues estas últimas son todas las que en forma general aumentan la productividad del fundo y las sociales son las que la aumentan mejorando específicamente las condiciones en que se ejerce el trabajo. haciéndolo más eficiente. Para todas las mejoras agrarias el elemento caracterizante es su incidencia sobre un bien productivo y como resultado del qénero de la actividad agraria. Es decir. para el Derecho agrario no hay tales " mejoras necesarias". sino simples hechos y actos de conservación y reparación del fundo, pues mejoras para el Derecho agrario son sólo aquellas que acrecientan la capacidad productiva del bien. Siendo tendencia general del Derecho agrario reconocer las mejoras con la finalidad de estimular al productor a aumentar la capacidad productiva de bienes que no son suyos. pero no así las denominadas por el Derecho civil "mejoras necesarias". o sea, los simples gastos de mantenimiento y conservación." (El resaltado no es del original). Así las cosas. podría pensarse que, en el caso de un fundo de naturaleza y aptitud agraria sólo si las mejoras han incrementado efectivamente la capacidad productiva del bien, deberían pagarse. Sin embargo. la doctrina que sustentaría esta conclusión ha sido corregida y precisada en un aspecto importante. La Sala Primera, en sentencia número 060-f-95 de las l5:30 horas del 31 de mayo de 1995. en expresa referencia a Ia sentencia anteriormente citada, señaló que: " VI.- La situación en cuanto a gastos y mejoras, tratándose de la liquidación del estado posesorio motivado por una acción reivindicatoria o una acción de mejor derecho de poseer, tiene un tratamiento diferente al del arrendamiento. Al respecto, por razones de justicia y equidad. al no existir un vínculo previo entre el poseedor y el reivindicante, el legislador ha reconocido en forma amplia la obligación del pago de éstas. estableciendo criterios específicos según se trate de poseedores de buena o de mala fe. El Código Civil, siguiendo las clasificaciones utilizadas en la época de su promulgación. alude a mejoras útiles, necesarias y de puro adorno o suntuarias. Las "mejoras" necesarias, se refieren a gustos indispensables en los cuales se ha incurrido para mantener el bien y evitar su pérdida o deterioro. No se trata, como se ha dicho, de "mejoras" en sentido técnico, sino de gastos o reparaciones necesarias o indispensables. En ellos también habría incurrido el reclamante si no quería el menoscabo del fundo. Por ende, siempre ha de reconocerse su pago al poseedor perdedor. Respecto de ellas, el régimen aplicable al poseedor de mala fe no difiere de aquél correspondiente al de buena fe. Ambos tienen derecho al abono de su valor e incluso a retener el bien hasta tanto no se les haya pagado lo correspondiente (artículos 328 y 330 del Código Civil). En cuanto a las mejoras útiles, el Código Civil las define como "las que hayan aumentado el valor venal de la cosa" (articulo 332). Respecto de éstas, sí existen diferencias sustanciales en cuanto al poseedor de buena o de mala fe. El poseedor de buena fe tiene derecho al pago de esas mejoras, así como a retener el bien hasta tanto no se cumpla con dicha obligación. El poseedor de mala fe tiene derecho a su reembolso. pero no a retener el bien hasta su pago. Las mejoras Suntuarias o de puro adorno pueden ser retiradas por el poseedor de buena fe (ius follendi), si con ello no se causa deterioro al bien y siempre que el poseedor legítimo no prefiera conservarlas. pagando el valor que tendrían después de separadas. El poseedor de mala le. por el contrario, no tiene derecho a retirarlas ni a reclamar nada por ellas. Para los efectos de la liquidación del estado posesorio, cabe recordar que cesa la buena le a partir del momento en el cual se haya adquirido la certeza de poseer en forma ilegítima y también a partir de la notificación de la demanda. si ésta es declarada con lugar en sentencia definitiva. En tales situaciones. las mejoras realizadas a partir del cese de la buena fe, se regirán según lo establecido por el artículo 330 del Código Civil." (El resaltado no es del original). Lo dicho respecto de la acción reivindicatoria es aplicable. por razones obvias. al desalojo administrativo, pues en ambos casos estamos en presencia de la liquidación del estado posesorìo. Además. lo dicho en la sentencia número 013-F-93 se refiere a las mejoras cuando hay un vínculo contractual entre las partes, y la sentencia número 060-F-95 se refiere a las mejoras cuando no existe tal vínculo, como ocurre en el caso consultado. El principio básico es que quien recupera la posesión no puede beneficiarse ilegítimamente de las mejoras hechas por el anterior poseedor, aunque haya sido un poseedor de mala fe.Como en caso de la acción reivindicatoria. cuando se da un desalojo administrativo el pago de las mejoras no se reduce a aquellas que aumentan la capacidad productiva del bien. si este es un fundo agrario. Deben pagarse las mejoras necesarias y útiles, según lo dispone el artículo 330 del código civil y la doctrina que se desprende de la jurisprudencia de la sala primera. Ahora bien como ya se señaló. si el instituto paga las mejoras en vía administrativa debe calificarlas adecuadamente. tomando en cuenta la vocación y actitud del bien inmueble que se trate. Así, debe de tomar en cuenta si los actos o hechos en qué consisten las mejoras son conformes con la vocación 0 actitud del fundo. pues en caso contrario podría estarse no frente a una mejora sino ante un daño provocado a un inmueble del Instituto. No está de más señalar que. lo que este último defina en \ia administrativa podría eventualmente ser impugnado en la judicial. si el ocupante de que se trate lo considere lo que considere perjudicial a sus intereses. Con ello la autoridad judicial seria en última instancia determine si determinados actos o hechos constituyen o no mejoras a pagar por el Instituto. En todo caso  debe quedar claro que lo relativo al pago de las mejoras necesarias y útiles que el ocupante hayan realizado en los inmuebles de los cuales son desalojados. es un aspecto independiente de los eventuales daños y perjuicios que estos hayan podido provocar al Instituto de Desarrollo Agrario. Si tal cosa ocurrió, el Instituto puede resarcirse acudiendo a la vía judicial donde debe probar los daños y perjuicios ocasionados. Como ya se indicó anteriormente, mi representado es un poseedor de buena fe.quien sea encargado de realizar el cuidado y mantenimiento del inmueble desde el año 20 14 hasta la fecha actual, adquiriendo todos los atributos de buen poseedor. En ese orden de ideas para justificar la adquisición de la posesión misma. lo configuraría a parte de la posesión a non domino que ha consolidado mi representado a lo largo del tiempo. los mismos actos posesorios que en ella se realizaban. Es decir mi poderdante inicio su derecho de posesión de dicho terreno en el 20 14, a través del abandono que hizo la compañía del inmueble y la casa de habitación que al día de hoy se mantiene ocupando mi representado y de lo cual lo ratifico con las declaraciones de los testigos que coinciden con sus declaraciones. Cabe señalar que mi poderdante ha ejercido la posesión con animus domini (ánimo del dominio) de buena fe y cumpliendo con la función social en el terreno que se discute en este proceso judicial. al trabajarla y utilizarla pues a día de hoy ha ejercido una posesión sobre el inmueble de mérito por más de nueve años. realizando los actos posesorios del terreno descrito al amparo de los presupuestos en la ley agraria de igual forma la adquisición del dominio se ha realizado por la posesión continuidad del mismo tiempo con las condiciones que fija la ley. de esta forma se configura así la buena fe pues mi poderdante ha actuado de buena fe desde el momento de los actos posesorios. Tercero: En cuanto a las costas. cabe señalar que mi poderdante ha actuado de buena fe lo cual debe eximirse de la condenatoria en costas que declaro el Juez A Quo mi representado le ha asistido todo el derecho de interponer el presente proceso, por lo que acude a los Tribunales de Justicia. está claro que el resultado de acudir a los Tribunales nunca puede ser anticipado con total certeza, por lo que no se puede imputar a mi poderdante el accionar de mala fe, cuando lo hizo amparado al ordenamiento jurídico. No existe prueba alguna que mi poderdante tuviera mala fe. Así las cosas por actuar de buena fe se revoque el pago de costas personales y procesales. PETITORIA. En lo que respecta., solicito se acoja la presente apelación en todos sus extremos y se mantengan incólume las pretensiones solicitadas en el escrito de demanda inicial. Por actuar de buena fë se revoque el pago de costas personales y procesales..."    (Ver expediente electrónico, bandeja de escritos presentado el 03/07/2024 a las 16:16:47).

V.- El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por acreditados, por tener buen sustento en lo que informan los autos.

VI.- De igual modo, se comparte lo dispuesto en cuanto a hechos indemostrados.

VII.-  No lleva razón el recurrente en sus agravios en relación con la prueba.- En concreto, es necesario reiterar lo que ha dicho el Tribunal sobre el tema de valoración de la prueba: “... IV. La valoración o apreciación de la prueba judicial es, en materia agraria, la operación mental que  realiza el juez agrario, que tiene como fin conocer el mérito o valor de convicción de los hechos, que puedan deducirse del contenido de los elementos probatorios. Es una actividad procesal exclusiva del juez agrario. De ella depende el resultado del proceso. La valoración de la prueba es necesaria para la comprobación de los hechos, para descubrir la verdad real. Existen dos sistemas para la apreciación de las pruebas. El de tarifa legal y el de libre apreciación.  La libre apreciación debe ser razonada, crítica y ha de basarse en la lógica, la experiencia, la sicología, la sana crítica. No es arbitraria. La convicción del juez debe explicarse en la motivación del fallo. Con ello se garantiza la publicidad y contradicción como parte del debido proceso.  Por prueba legal se entienden aquellas que, de acuerdo a la ley, son admisibles en el proceso, pues la ley señala los medios probatorios en forma taxativa o permitiendo la inclusión de otros. Las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas en el sistema de tarifa legal, aunque podrían existir atenuaciones. Por ello, la motivación del fallo no es característico de un sistema de tarifa legal. No se concibe un sistema de tarifa legal sin que simultáneamente se señalen los medios probatorios admisibles, pues si se dejara al juez en libertad para tener como tales los que conforme a su criterio tuvieran valor de convicción, sería imposible señalar de antemano su mérito en la ley. El sistema de la tarifa legal se justificó para dar mayor confianza a la justicia, someter las sentencias a la ley y librarlas de la arbitrariedad o la ignorancia de los jueces, lográndose la uniformidad de los fallos. Entre sus desventajas e incovenientes se apuntan: 1. Mecaniza o automatiza la función del juez, quitándole personalidad e impidiéndole formar un criterio personal, pues las soluciones vienen dadas por ley en contra de un convencimiento lógico y razonado. 2. Conduce a declarar como verdad una apariencia formal 3. Se  produce un divorcio entre la justicia y la sentencia. Se sacrifica el fin de la justicia por fórmulas abstractas y se pierde el contacto con la realidad.-  V. El resultado de la actividad probatoria puede variar, dependiendo si el juez debe conformarse con las razones de orden legal que esté obligado a deducir de una apreciación tasada de los medios aducidos o que, por el contrario, pueda valorarlos con su propio criterio. Los motivos de convicción los toma el juez de la ley o de su personal apreciación. Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Solo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia." (DEVIS ECHANDIA, Tratado de la prueba judicial, pág. 111). La libre valoración probatoria es un principio fundamental del proceso oral, y por ende del proceso agrario.  Se deriva de las facultades inquisitivas del juzgador, para la investigación oficiosa de los hechos, lo que podría llevarlo, inclusive a la facultad de decidir ultra petita partium,  reconocida para los procesos de carácter social. Hay un interés general de la colectividad, para que el Juez, utilizando todas sus facultades haga triunfar la verdad y la justicia, en vez de la habilidad o el poder económico. El sistema de libre valoración probatoria no puede confundirse con uno de "mixto". "No hay sistemas mixtos: o el juez tiene libertad de apreciación o no la tiene; no existe libertad a medias. Cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al juez el determinar la fuerza de convicción de otras o le permite calificar su contenido para rechazarlas a pesar de que formalmente reúnan los requisitos para su obligatoriedad, existen atenuaciones al sistema de la tarifa legal y no un sistema mixto."(DEVIS ECHANDIA, op. cit., pág. 95) El juez tiene libertad, o no la tiene, para apreciar los elementos de prueba. No la puede tener a medias.  Por ello, en este sistema se impone la motivación del fallo con criterios de equidad y de derecho, y se convierte en una garantía constitucional del debido proceso.    En el sistema de libre valoración (o libre convicción, o apreciación a conciencia por profesionales) rige la formación libre del convencimiento, mediante la crítica personal razonada y lógica del juez. Libre apreciación y libre convicción expresan la idea de libertad. El juez es libre para adoptar -racionalmente- la conclusión que le parezca deducible del elemento probatorio.-     VI. La libre apreciación de la prueba debe tener como garantía la publicidad y controversia de la prueba, la prohibición de tener en cuenta pruebas no llevadas al proceso o el conocimiento personal del juez, la obligación de resolver sobre las pruebas aportadas, la preparación cultural de los jueces agrarios; la doctrina y la divulgación de la jurisprudencia agraria, tanto del Tribunal como de la Sala de Casación.   Pese a lo anterior, la doctrina señala que las normas que contengan los códigos sustantivos, sobre las formalidades para la validez de ciertos actos o contratos, no excluyen la libre apreciación procesal. Las formalidades sustanciales se exigen, por ejemplo para la donación, o para demostrar contratos de determinada cuantía. Pero en materia agraria, por la fuerza de la costumbre, ello no debería ser una limitación.  Por ello el Juez Agrario debe:  "Analizar los motivos, discernir los diversos grados de intención, desembrollar las causas que influyen sobre la sensibilidad, valorar un testimonio frente a otro, sopesar un testimonio particular contra una probalidad general, representa operaciones que suponen un gran estudio del corazón humano...(BETHAM: Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I, pág. 45, citado por DEVIS ECHANDIA). Un aspecto fundamental es la especialización de los jueces en materia agraria.     El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación  "in situ", directa e inmediata. Utiliza los sentidos para su apreciación, y precisa con la mayor exactitud posible el hecho, la relación, el documento, o la persona objeto de ella. La percepción debe ser minuciosa y cuidadosa. Una vez apreciados los elementos probatorios procede a su reconstrucción histórica, en conjunto, clasificándolos de acuerdo a su naturaleza, tiempo y circunstancias de la realidad que se trata de reconstruir. Para ello induce de los datos conclusiones para ir formando su convicción, utiliza el raciocinio, las reglas de experiencia y lógica, de donde deduce consecuencias probatorias. La lógica es fundamental. Pero no es puro silogismo. Cuando la ley permite al juez agrario la libre apreciación probatoria, la premisa es la regla de la experiencia que él conoce y aplica en el campo agrario. La base del razonamiento es la experiencia externa e interna de la realidad agraria -y el medio en el que se desenvuelve- y del orden moral. Por ello a la valoración del Juez Agrario se agrega la imaginación, la sicología y la sociología. Así lo ha establecido reiteramente el Tribunal Superior Agrario, al momento de redactar los fallos. Las reglas o máximas de experiencia le sirven para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, y hasta el dictamen de peritos. La convicción del juez agrario es un acto puramente psicológico, aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo,  o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también ha de analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio...". (Tribunal Agrario, No. 100 de las 9:30 horas del 10 de febrero de 1999).  De ahí, que no resulte admisible, el argumento del recurrente sobre errónea valoración de la prueba, porque, como se ha indicado, en materia agraria, los jueces tienen libre apreciación de la prueba, lo que exige expresar los motivos de equidad y de derecho en que se fundamenta el fallo, lo cual se hizo en este caso por parte del juzgador de instancia.

VIII.-  En cuanto a los aspectos de fondo, el Juzgador de instancia ha realizado una correcta apreciación del elemento probatorio, conforme a las facultades que le otorga el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y ha otorgado la calificación jurídica que corresponde a tales elementos y a la situación fáctica concreta demostrada con la prueba aportada en autos. Considera este Tribunal no lleva razón el recurrente en señalar se haya dado una solución parcializada al caso concreto, como lo da a entender el recurrente.  Por el contrario, el Juzgador analiza en su fallo los requisitos de la acción planteada, en este caso  “mejor derecho de posesión” que alega el actor tener dentro del bien disputa, sin que lograra demostrar los elementos esenciales para ello.   Nuestro ordenamiento jurídico está basado en principios democráticos y en derechos y valores consagrados constitucionalmente.  Por un lado, la Constitución consagra el derecho de propiedad como institución jurídica, y garantiza su libre goce y uso, atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, pero respetando el interés público, pues nadie puede gozar abusivamente de un derecho en perjuicio de la colectividad.  La propiedad, como institución jurídica, está dividida en especies, entre ellas se encuentra la propiedad agraria, que igualmente goza de una protección constitucional, y también debe gozar de seguridad jurídica, y se otorgan las acciones protectoras al propietario para que haga uso de ellas en caso de que se vea perjudicado con el actuar de terceros.  El derecho real de propiedad agraria, representa el dominio pleno, cuando se ejerce en todos sus atributos. El derecho de posesión, puede adquirirse independientemente de la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que exige el Código Civil:  posesión pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe, y por mas de un año. Tal posesión debe ser ejercida a título de dueño, y mediante el ejercicio de actos posesorios agrarios, estables y efectivos, tendientes a cultivar y mejorar el bien.  Cuando se consolida ese derecho de posesión, independientemente de la propiedad, el poseedor puede llegar hasta a adquirir el inmueble por usucapión agraria, siempre y cuando el titular registral, es decir, el propietario agrario, que tiene derecho a gozar de los atributos dominicales, no interrumpa ese ejercicio, mediante las acciones protectoras de la propiedad o de la posesión.

IX- En el presente caso, está acreditado que el fundo objeto de la litis, corresponde a la finca Inscrita del Partido de Limón, No. 139042, a nombre de la CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA); está representada con el Plano L-1529027-2011, mide 5.414.169 metros cuadrados, y es terreno de bosque, plantación de banano, oficina, viviendas y empacadadora (ver certificación a imagen 10 del expediente digitalizado). También está demostrado que en dicho fundo existen casas de habitación, entre ellas, la casa y zona verde donde habitaba el aquí accionante, y que forma parte del fundo de la demandada (ver hecho probado 1). El inmueble, en su totalidad ha sido arrendado por CORBANA a la Corporación Agrícola del Monte, para la producción de banano, la cual presta a título gratuito las viviendas donde habitan los trabajadores (testimonio de José Magdiel, y  Marlon Quijano  en CD).  En consecuencia resulta claro, que no existe legitimación activa del actor, para pretender reclamar un derecho de posesión, a título de dueño y, mucho menos, el cobro de mejoras, toda vez que no tiene título legítimo para poseer, y se encuentra en una situación de mera tolerancia al dársele el terreno con la casa mientras era trabajador de la empresa, lo cual dejó de ocurrir cuando cesa el contrato de laboral, es decir está ahí por mera tolerancia..  Véase que en la misma demanda el actor indica que ha "...estado ocupando el lugar de forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, llevando a cabo labores de limpieza y mantenimiento..."(ver hecho primero de la demanda, a imagen 2), de lo que infiere este Tribunal que el actor no posee con "animus domini", es decir con intención de ser dueño, sino como ocupante en precario, y como tal ha realizado labores de mantenimiento, las cuales no pueden ser considerados actos posesorios agrarios propiamente dichos, sino más bien actos complementarios a lo que podría ser una verdadera posesión agraria.  Por otra parte, en cuanto a la buena o mala fe, si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la "buena fe" se presume (artículos 283 a 285 del Código Civil), en este caso, dicho principio no se aplica porque es evidente que el actor reconoce que ocupa un inmueble ajeno. Además de que es público y notorio que en estos casos las casas de habitación están dentro de terrenos destinados por sus propietarios y/o arrendatarios, como parte del fundus instructus, es decir, como parte de viviendas necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola bananera. Tampoco existiría, en consecuencia, legitimación pasiva, pues la parte demandada, la Corporación Bananera Nacional es la titular registral del inmueble que ocupa el accionante. La falta de derecho es evidente, pues no demuestra el actor la posesión a título de dueño, con intención de apropiarse del mismo, de buena fe, y tampoco demostró mejoras de contenido agrario (actos dirigidos a desarrollar una actividad agraria organizada dirigida a la producción o cría de animales o vegetales).  Por otra parte, es claro, que el inmueble, según se determinó en el reconocimiento judicial forma parte de la propiedad de la compañía demandada. Además, los testigos fueron claros al indicar dicha circunstancia, agregando además que la Corporación Agrícola del Monte presta esas viviendas, a título gratuito, para los trabajadores, con la advertencia de que no pueden realizar cultivos (ver testimonios de José Magdiel, y Marlon Quijano agregados en CD).  En un caso similar al que ahora nos ocupa, con la diferencia de que la demanda fue interpuesta contra la Compañía Del Monte, este Tribunal subrayó lo siguiente:  "El apelante pretende impugnar la sentencia basado en juicios de valoración probatoria en cuanto a los aparentes cultivos y la destrucción de los mismos. Sin embargo, debe recordarse que en materia agraria rige el principio de libre valoración probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria). Siendo que en la especie el Juez de primera instancia dio las razones objetivas, valorando la integralidad de la prueba, por las cuales concluyó que no existen mejoras y, por ende, sin derecho a la indemnización.  Pero al margen de lo anterior, el Tribunal considera que en este caso particular el a-quo ni siquiera debió entrar a analizar el derecho de fondo, pues primero debió de estudiar si existía legitimación activa y pasiva (excepciones opuestas por la parte demandada). En cuanto a la legitimación activa, evidentemente no la hay. El actor en ningún momento alega tener mejor derecho de posesión; por el contrario, confiesa haber ingresado por consentimiento de la demandada, y estar ahí por mera tolerancia luego de terminar su relación laboral (hecho primero de la demanda, imagen 2), por lo que no puede generar ningún derecho de fondo, como derecho de posesión. Es decir no estaba legitimado activamente para demandar, al ser un mero tenedor del bien sobre la cosa, por una razón de mera liberalidad. De conformidad con el artículo 279 del Código Civil, inciso 1° "Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión".  Por otra parte, tampoco existe legitimación activa, ni pasiva, pues en la demanda el mismo actor señala que la finca pertenece a Corporación Bananera Nacional pero que quien a solicitado el desalojo es la empresa Corporación Agrícola del Monte que es la arrendataria del inmueble. Corporación Bananera Nacional al contestar la demanda señala, ella tiene arrendada la finca a Corporación Agrícola Del Monte y no tiene conocimiento de quienes se encuentran en el inmueble ni de las condiciones en que pueden estar ahí, y ello lo reconoce el mismo actor en su demanda al indicar en el hecho "...Cuarto: Que hasta en fecha 28 de marzo del 2016, mi representado recibe una notificación de desalojo por parte de la empresa Corporación Agrícola del Monte quien manifiesta ser arrendataria de la empresa CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA sin justificación alguna y sin ningún tipo de reparo para con mi representado." . De lo anterior se desprende evidentemente una falta de legitimación pasiva al entablarce directamente por tales hechos una demanda contra  CORBANA, pues los hechos acusados van directamente dirigidos en cuanto a lo actuado por  Corporación Agrícola Del Monte y no por la aquí demandada. Por otra parte en cuanto a un mejor derecho de posesión contra el propietario registral en este caso CORBANA se trata de una demanda en la cual falta un presupuesto esencial como lo es la legitimación pasiva, lo que hace que la la pretensión principal resulta a todas luces improcedente en vista de no cumplir con uno de los presupuestos base de la acción. Este caso trata sobre un proceso ordinario de mejor derecho de posesión interpuesto por el apelante contra CORBANA, quien es propietario registral de la finca  del Partido de Limón N° 139042-000 descrita en el plano L-1529027-2011.  En principio se ha dicho la demanda de mejor derecho de posesión es entre poseedores no contra un propietario registral pues este no es un poseedor ilegítimo.  Sobre la imposibilidad de entablar demanda de acción publiciana contra propietario registral ha dicho este Tribunal: IV.- Es importante hacerle ver al recurrente, no lleva razón en lo expresado en sus agravios por lo siguiente: La acción de mejor derecho posesorio se plantea entre poseedores para demostrar un mejor derecho de posesión, lo cual no resulta atinente al caso de marras al estarse discutiendo una finca inscrita y ser dirigida la demanda contra un titular registral del inmueble. Por otra parte, véase que aporta una certificación registral de la finca No. 153987-000, perteneciente a la Corporación Bananera Nacional. Es decir, esta no estaba legitimada para ser demandada y menos por actuaciones de un tercero (Corporación del Monte) según se analizó supra. De ahí que era innecesario entrar a analizar el fondo del asunto sobre la existencia, o no de mejoras.(ver en igual sentido votos de este Tribunal Agrario, Voto No.1064-F-2022 de 8:15 horas del 3 de noviembre del 2022 y  voto N° 2023000961 de las 13:48 horas del 9 de noviembre de 2023). Por otra parte lo reclamado como mejoras tampoco da para ello por cuanto se trata de un terreno de 200 metros cuadrados con casa de habitación con pequeño patio,  el cual, es parte de la finca inscrita 139042-000, y sobre lo cual se le había indicado no podrían establecer cultivos de ninguna especie por lo que se hace un ejercicio abusivo del derecho pues no logró demostrar las mejoras que reclama ha introducido en el fundo como mantenimiento de la casa de habitación, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de rondas, limpieza de desagues.Por otra parte el tipo de productos que dice a introducido se trata de algunas plantas perecederas que no son propiamente mejoras como lo indica el apelante.

       X.- En cuanto a las costas, contrario a lo indicado por el recurrente, considera el Tribunal que no ha existido buena fe, al pretender un reclamo de mejoras, cuando el mismo ingresó como ocupante de la casa de habitación, en una relación precaria, al dársele en préstamo como trabajador y  al conocer que el inmueble pertenece a la aquí demandada, aparte de no existir legitimación en la causa, activa y pasiva para demandar. Por otra parte la pretensión solicitada es totalmente ilógica pues dice estar en un terreno pequeño con zona verde y una casa de habitación, sin embargo  pide se declare la posesión de buena fe que ha ejercido el actor y se reconozca la inversión dineraria en las mejoras (cultivos perecederos) que no son mejoras propiamente dichas y mantenimiento de la finca del Partido de Limón número 139042-000, como limpieza de desagues y no se ha dado mantenimiento por parte de este a una finca que que mide más de quinientas hectáreas. y en cuanto a mantenimiento de la casa que se reclaman ello no fue demostrado.

POR TANTO:

Por las razones aquí expuestas, se confirma la sentencia.

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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-000302-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:31:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

20-000302-0465-AG - 4

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

ANASARIO SANCHEZ ABREGO

**DEFENDANT:**

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

**VOTE No. No. 2024000906**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At ten forty-eight hours on the thirteenth of September of two thousand twenty-four.-

**ORDINARY PROCEEDING** filed by **ANAZARIO SÁNCHEZ ÁBREGO**, of legal age, in a common-law union, farmer and agricultural laborer, residence identity card number one five nine one zero zero four one zero four two three, resident of Limón; against **CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, legal identity card three- one hundred one- eighteen thousand nine hundred sixty-eight, represented by its general manager with powers of generalissimo attorney-in-fact without limit of sum Jorge Arturo Sauma Aguilar, of legal age, married, agronomist, identity card number nine- zero forty-four- eight hundred sixty-nine, resident of Curridabat. Appearing are attorney Raúl Méndez Contreras, bar number seventeen thousand six hundred ninety-four, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff, attorney Rosa Iselle Sánchez Vargas, bar number five thousand six hundred forty, and attorney Yelena Piedra Matsenko, bar number twenty-seven thousand four hundred twenty-seven, both in their capacity as special judicial attorneys-in-fact for the defendant. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone.

Drafted by Judge Darcia Carranza; and,

**WHEREAS:**

**I. OF THE CLAIMS:** The plaintiff filed the present ordinary lawsuit, requesting that it be declared in judgment: "Main Claim: ...the present lawsuit granted in all its terms. The defendant is ordered to pay the personal and procedural costs of this action. Secondary claim In the event that your authority considers that my client does not have the right to possession (posesión) of the land in litis, the defendant is ordered to pay, according to the estimate, for useful and necessary improvements (mejoras útiles y necesarias) in favor of the plaintiff." In relation to the improvements (mejoras), he indicates: "NECESSARY a) Continuous maintenance of cleaning of green areas, boundaries, cleaning of adjacent drains and cleaning of the lot's perimeter, estimated at a value of ¢2,000,000.00 colones. b) Basic maintenance of the dwelling house, such as cleaning of drains, fixing leaks, cleaning of roofs, unblocking of wastewater residue, painting of walls and roofs, changing of zinc sheets, fixing of doors, hinges, locks, repair of aqueduct pipes, estimated at a value of ¢2,000,000.00 colones. USEFUL Within said property, my client, from 2017 to the present, has cultivated yuca, culantro, tilo and, tekiski, which are useful improvements (mejoras útiles) and are likewise estimated at a value of ¢2,000,000.00 colones." (See electronic file images 1 to 7, 22 to 26, 52 to 53).

**II. DEFENSES RAISED:** The defendant answers in a timely and negative manner, requesting that the lawsuit filed against it be declared without merit, and raises the defenses of: lack of right, lack of active standing (falta de legitimación activa) and lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), generic defense of sine actione agit, necessary joinder (litis consorcio necesaria) and lis pendens (litis pendencia), the latter two rejected by interlocutory judgment at fifteen hours thirty-nine minutes on the fifteenth of September of two thousand twenty-one. (See electronic file, answer in images 74 to 88, 103 to 117, resolution in images 155 to 156).

**III.- APPEALED RESOLUTION:** Judge Gerardo Antonio Pérez Alfaro, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón, in judgment 2024000380 at fourteen hours twenty-two minutes on the twenty-eighth of June of two thousand twenty-four, resolved: "**THEREFORE:** In accordance with the arguments and legal citations set forth, the defenses of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa, pasiva) and lack of right are upheld on the main and subsidiary claims; therefore, the lawsuit filed by Anazario Sánchez Ábrego against Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima is declared without merit in all its terms. In accordance with Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria; the plaintiff is ordered to pay the personal and procedural costs of this lawsuit." (See electronic file images 260 to 265).

**IV.-** The plaintiff, through his special judicial attorney-in-fact Raúl Orlando Méndez Contreras, filed an appeal indicating the following grievances: "... From the above we can rely on what the witness offered by the plaintiff Samiquel Railan Juquer stated in his testimony, for what interests us in this Litis. The judge of the Agrarian Court of Limón questions the first witness Samiquel Railan Juquer, and he answers thus: I am a resident of Finca 97, I am a day laborer. I am 46 years old. I have no direct interest in this proceeding, it does not harm me nor benefit me. I am a friend of Anasario Sánchez Abrego, I am not family of his. I have not worked with him. Attorney Luis Ángel Pizarro questions the witness Mr. Samíquel Railan Juquer: Do you know Anasario? He answers: I have known him since 2008 as a coworker. You and he have worked together at the company? The witness answers: No. How do you know the witness? Well, I have known him since 2008 as a coworker. At the company? The witness answers: No. Do you know or are you aware of which companies he has worked for? The witness answers: Yes, with Bandeco, Corporación del Monte. Do you know if Anasario has a land in this farm in possession (posesión)? The witness answers: Yes, correct, this one we are standing on here, this piece. Do you know or are you aware of what use he gives to the land? The witness answers: Yes, cultivating, he sows there, there is the small banana tree, jocote, plantain but all that was cut by order of the senior bosses that Del Monte has here in Finca Sixaola uno. Do you know if Anasario maintains the little land in possession (posesión)? The witness answers: Yes, of course, there you see culantro, sweet chili. He maintains it. Do you know if any company has maintained the land in Anasario's possession (posesión)? The witness answers: No. Do you know if Anasario sowed crops on the land in possession (posesión)? The witness answers: Yes, correct, yuca, there are some that were left behind that they cut, plantain. yuca, sweet chili, malanga, tiquisque, banano, Jocote. papaya that they cut all of it, other little trees that are still there. Do you know if those plants bore fruit? The witness answers: Yes, some bore fruit, some did not. The yuca was about a meter and a half tall, they cut it all. Do you know of third parties with interest in those plants? The witness answers: Yes, correct, it is from the people of Corporación Agrícola del Monte, ordered by the supervisor of Finca Sixaola uno. They were given fifteen days for them to cut the plants that had been sown. Then they asked the company who had ordered it because there was a precautionary measure (medida cautelar) at that time requested from the agrarian judge in Limón. Then the company's response from Mr. Ariel Rugama was that they did not need any document from the Judge to get rid of the plants that were there, that if within fifteen days they did not cut them, they would come and cut them, and the fifteen-day period was fulfilled and they came and cut them, Ariel Rugama is the name of the one who ordered the cutting. Do you know if another person has claimed the land from Anasario? The witness answers: I don't know. Do you know or are you aware if he was given a notification to no longer be on the land? The witness answers: No. Do you know if Anasario lives or dwells in any house in this quad (cuadrante)? The witness answers: Yes, here in front of where we see it, they are little houses of four families and only those four families use the same meter. So if twenty-five thousand colones appear on that meter, twenty-five thousand colones are deducted from each one, and it is fair that those 25,000 thousand colones should be divided so that it is deducted from the four. Do you know which company assigned the dwelling to Anasario? The witness answers: Yes, Del Monte, Bandeco. Do you know of another person who has claimed that dwelling from Anasario? The witness answers: I don't know. Do you know if the dwelling Anasario inhabits has water and electricity? The witness answers: Water it does have. Electricity it does not have because it was massively cut to all those who were participating in the strike movement so that they would vacate the home. The company asked the people from ICE to come and cut the electricity on the orders of the administrators of the Del Monte company, because the people did not pay. Do you know if Anasario has been given a notification to vacate the dwelling? The witness answers: No. Do you know if Anasario signed a dwelling use contract? The witness answers: Yes, of course, he signed a contract with Bandeco Corporación de Desarrollo Del Monte. Attorney Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney-in-fact for the company Corbana, cross-examines the witness Samiquel Railan Juquer. These are his answers: Ariel Rugama works for the company Del Monte, that supervisor has been in the area for two years, yes correct Corbana is the owner, I know because I worked with Corbana and after that Del Monte rents the farm. So they gathered us and said that Del Monte was going to bring better development and that one was going to earn better, Corbana no longer had the means to pay us, otherwise the line was going to close, and for the development of the community and economic gain, but it was the opposite. All the work rates went down, they assigned us seven tasks and they pay a single price, the lease was in the year 2004 but Corbana handed over the line on the first of January 2005. Yes, of course, afterwards the 10-year contract expired and was renewed until 2024. Bandeco signed another contract again that it will continue in this area. Selling banano, that is the economic activity they carry out in the area, yes, of course, Anasario sowed crops in 2014, those same crops. 2017 is the same. In 2014 he worked for Del Monte, he finished on December 31, 2014, and by 2017 he was already dismissed by the Del Monte company for going to the strike movement to lower all the work rate. Yes, correct, he still lives here even though they have done everything to him, they cut the electricity and the water pipe. Del Monte workers came to cut so that Anasario would leave that home, I don't know if they notified him or did not notify him. When he dwelled in the home, then the electricity consumption was deducted from him, the water was not. The house was not. The Judge of the Agrarian Court of Limón questions the witness offered by Corbana, Mr. José Magdiel Collado Romero, and he answers thus: I live in Barrio San Rafael, La Colonia de Guápiles, 600 meters west of the Catholic Church. I am an agronomist engineer by profession, I work with the Corporación Bananera Nacional since 1993, I am an active employee, I am not family of those present here, at all, neither friend nor enemy. I have no interest in this proceeding that benefits or harms me. Attorney Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney-in-fact for the company Corbana, questions the witness José Magdiel Callado Romero. He answers thus: Correct, Corbana is the owner of this farm, yes, correct, this farm is leased to the company Del Monte. I know this because there is a lease contract made between the company Corbana and the company Del Monte, and to make that lease contract there was a verification of areas of the folios through a topographical study in which I participated. Correct, I have had it in view, this contract was signed in September of the year 2004. The purpose of the contract is the production and export of current commercial banano. Yes, there is a list of assets attached to the contract called Anexo 1. Well, there we have an industrial area with packing plants, with offices, with cardboard warehouses, with material warehouses, with fertilizer warehouses, with workshops, and we also have residential areas that we know as quads (cuadrantes) where workers that Del Monte has assigned the dwelling live, or there are also bachelor camps they call baches, there are another series of assets, desks, tables, chairs, motors, among other things. The loan is free of charge, a free use contract for the dwelling is signed between Del Monte and the Del Monte worker to whom the company assigns the dwelling. The periodic cleaning of the lots and the perimeters, of this farm, the boundaries of this farm, the cleaning of the adjacent drains of this farm, the cleaning and repair of the roofs of the houses of this farm, the unblocking of the wastewater of the houses of this farm, all of the above described is carried out by the company Del Monte. That is because in the contract there is a clause that specifically addresses the maintenance of all the infrastructure given in custody under the lease, and that clause indicates that Del Monte is solely responsible for preventive and corrective maintenance. Yes, correct, in that contract I mentioned for free use of dwelling, there is a clause that indicates that once the employment relationship ends, there is a period of eight to fifteen days in which the house must be returned. Correct, they have a series of prohibitions where cooking with firewood inside and outside the dwellings is not allowed, more people than those included in the free use contract cannot be brought in, cultivation is not allowed, trees cannot be sown either. That, as I mentioned regarding the maintenance clause, has been done by Del Monte, for example, this house here is made of wood, when we handed them over, those houses underwent a rehabilitation, fiber cement was put on the walls and they were painted with the corporate colors of the Del Monte company. I have been informed by Del Monte that there are some eviction proceedings since the year 2016. Well, here in the area, the electricity service provider is ICE, so ICE makes a large invoice to Del Monte, Del Monte pays that invoice and then through a consumption control they have for the active workers who use the electric service, they make a payroll deduction for that amount to recover the funds they paid to ICE. And here there are wells for water, whose concessions are from Corbana, but since they are within the lease, Del Monte pays the amounts of those fees and then makes a free distribution of the water to the industrial area and to the packing plant area, there are workshops, there are material warehouses, there are dwelling houses that Del Monte assigns, there is minor equipment such as desks, computers, motors, chairs. Do you know if the Del Monte company lends the dwelling to the workers free of charge or charges them something for it? The witness answers: Correct, it is a free-of-charge loan made between Del Monte and the worker that Del Monte assigns, they sign a small free use contract for the dwelling. Have you had in view the free use of dwelling contract? The witness answers: Correct, I have had it in view, it is a way of demonstrating that they use the property taking care of it, to comply with the contract clause that says Del Monte is responsible for all the buildings it is leasing. Do you know who does the periodic cleaning of the lots and the perimeters of the farm where we are located? The witness answers: The Del Monte company. Do you know who carries out the boundaries of the farm where we are located? The witness answers: The Del Monte company. Do you know who carries out the cleaning of the drains of the farm where we are located? The witness answers: The Del Monte company. Do you know who cleans and repairs the roofs of the houses on the farm where we are located? The witness answers: The Del Monte company. Why are you certain of all the above? The witness answers: That is because it is defined within the contract. There are specific clauses for infrastructure maintenance, and when the lease was made, the agreement was that Del Monte would fully assume everything that is preventive and corrective maintenance of the infrastructure that is under that list that was given to them. Do you know if there has been any type of administrative eviction promoted by the Del Monte company towards any of its former workers on this line where we are located? The witness answers: Correct, I have been informed by Del Monte about those evictions, it was in the year 2016. The electricity, basically ICE is the provider in the area, makes an invoice in the name of Del Monte, and then through payroll, the active workers they have are deducted for consumption, observing what was consumed in the month by the meters; the water is given free of charge because wells that are active operate here. You mentioned that you are the liaison between Del Monte and Corbana. The visits you periodically make, with what frequency do they occur? The witness answers: Normally every three weeks, we make a quarterly report to the general management and the board of directors on matters of contract compliance between both companies. Do you know if there is any type of signage on the farm where we are located? The witness answers: There are some signs that the Del Monte people put up indicating that it is private property. When you visit here, do you do the visit alone or accompanied? The witness answers: In the case of my visits, they are alone, I do it with a Del Monte employee, tomorrow I have a supervision tour. The day after tomorrow, when was the last time you visited the farm? The witness answers: Every three weeks, a normal frequency of visits. Attorney José Ariel Valverde Briceño, judicial attorney-in-fact for the plaintiff, cross-examines Mr. José Magdiel Collado Romero. When was the last time you saw the Del Monte company maintain Mr. Ismael's land? The witness answers: Basically I have passed by and verified that they do clearing (chapeas) of green areas. That is basically what I have seen. Do you know where Mr. Ismael's land is located? The witness answers: Mr. Ismael's land, no, because what I visit are the farms leased from Corbana to Del Monte, not his land in particular. Then how do you know that the Del Monte company maintains that land? The witness answers: It's that I am referring to the lands of the lease, because I said I do not know Mr. Anasario. Could you tell us when they put up those little signs of private property from the Del Monte company? The witness answers: I cannot detail the exact date. There is no employment relationship between Del Monte workers and Corbana. They are visits made approximately every three weeks. Correct, I have to render a report to the management and board of directors of Corbana on the topic of the inspection I carry out. I come and follow up on the progress of the agronomic programs and on the topic of infrastructure maintenance. That is the coordination topic with Del Monte, that is my function within the contract. There are some signs that the Del Monte company installed that indicate it is private property and indicate Del Monte. Attorney Luis Ángel Pizarro Contreras, judicial attorney-in-fact for the plaintiff, cross-examines the witness offered by the defendant company, Mr. Magdiel Collado Romero. He answers thus: The maintenance of the drains is done equally for both the farms and the quads (cuadrantes). The witness answers: It is correct. Do you know or are you aware if in the quad (cuadrante) there are both active and inactive workers? The witness answers: It is correct, there is a mix of workers who are active with Del Monte and others who are inactive. Do you know or are you aware if Mr. Anasario was notified that he could not sow in the adjacent yard of the dwelling? The witness answers: Specifically regarding the gentleman, I could not say, they have explained to me that there is a procedure that every time a house is assigned, a contract is signed. The Judge of the Agrarian Court of Limón questions the witness Federico Abrego Abrego offered by the plaintiff. These are his answers: Resident of Sixaola La Palma, 70 meters before reaching the Church of the Full Gospel. I am dedicated to agriculture. I am 62 years old, I have no interest in this proceeding that benefits or harms me, I am not family of the party present here. I am a coworker. Attorney Luis Ángel Pizarro Contreras, judicial attorney-in-fact, questions the witness offered by the plaintiff Federico Abrego Abrego. These are his answers: For how long have you known Anasario? The witness answers: I knew him when he started working with Bandeco in 2010. You and he have worked together? The witness answers: Together, no. Do you know or are you aware of which companies he has worked for? The witness answers: With Bandeco. Do you know if he has land in this farm in possession (posesión)? Yes, of course, here in front of where we are. Attorney Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney-in-fact for Corbana, cross-examines the witness Federico Abrego Abrego. He answers thus: Yes, it is the same, January 16, 2015, he stopped working. Bandeco, together with the order of Corbana, prohibited him. The Del Monte workers together with the Corbana administration. Del Monte when he was working. Yes, Corbana is the owner of the farm, it leased it to Del Monte in 2005 and it is still in force, the economic activity is banano, in 2014 it had primitivo, malanga, yuca, even the culantros are still there. In 2017 it was the same crops as I indicated. They sent them to cut them and they return again, but now everything they chopped they poured chemical on to kill it. The house was not charged, it was free. Well, the water has always been there because it is well water, the electricity was deducted from them when they were working from the payroll. Yes, the water is free. The agrarian judge of the first judicial circuit of Limón questions the witness Marlon Quijano Castillo. These are his answers: I am a resident of La Palma, approximately four or five kilometers from here, I am dedicated to the forestry, agroforestry area at Agroforestales de Sìxaola, 61 years old, married, I have no direct interest in this proceeding that benefits or harms me. I am not family of those present. Neither enemy nor friend. Attorney Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney-in-fact for Corbana, questions the offered witness Mr. Marlon Quijano Castillo. These are his answers: I do not know Anasario Sánchez Abrego. Yes, correct, she is the owner, because I was informed by my immediate boss Magdiel Collado in 2004 between October and November. Well, they started in January 2005, Del Monte, correct, is in force. The economic activity is the cultivation of banano and its export. They allocate the houses for their workers. Free of charge, because my wife worked for Del Monte in the administrative part. Del Monte does the cleaning of the lots and the perimeters of this farm. The Del Monte company carries out the boundaries of this farm, the cleaning of the adjacent drains is carried out by Del Monte on this farm, the company cleans and repairs the roofs of the houses on this farm, the unblocking of wastewater residue from the houses of the farm is carried out by the Del Monte company. I know because I live here in the quad (cuadrante), I have seen it. Yes, correct, I know my wife worked for Del Monte and since she retired, they asked her for the dwelling, yes, correct, a period of fifteen days to vacate the dwelling. Yes, correct, it prohibits sowing. Del Monte paints the houses on this farm, yes, correct, Del Monte and Bandeco are the same, yes, correct, I have seen it here in Daytonia in 2016 when I was going by road in a vehicle. Yes, correct, the electricity is through ICE and Del Monte pays the bills and subsequently they are deducted by payroll from their workers, in the case of water, it is free because they are the farm's internal wells. In this case, I am informed via email by the head of accounting, to support the inventory colleague here who comes from San José, we do the inventories and they are done annually, it is 240 hectares and part of those, there is part that is in payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) and some plantings of 69 hectares of melina, yes, correct, it indicates private property and Del Monte put them up. Attorney Luis Ángel Pizarro Contreras, judicial attorney-in-fact for the plaintiff, cross-examines the witness Marlon Quijano Castillo. These are his answers: Have you had in view or in physical form any free dwelling contract? The witness answers: Only my wife's copy. Do you know if the Del Monte company notified Anasario that he could not sow in the adjacent yard? The witness answers: I do not know. Do you know if the contracts made with the workers are the same for all? The witness answers: I do not know, I can attest only with respect to my wife's. The plaintiff's witnesses have clearly come to render a sincere and credible statement from every perspective; they acknowledge that it was my client who performed the possessory acts (actos posesorios) on the land in Litis and the dwelling. As your authority can see, the testimony of the defendant company's witnesses, they have only referred to the entire farm in general, which is more than five million square meters, and that they maintain all the dwellings in the quads (cuadrantes), painting them and repairing the roofs. But these same witnesses never referred with exactness to the portion of land, which is approximately two hundred square meters, and the dwelling that is in my client's possession (posesión). It is my client's opinion that the lower court judge has been lacking in evaluating the evidentiary means provided in the present file and the prerequisites for my client's possession (posesión) to manifest itself on the referenced land, which is embedded within the Ley de Jurisdicción Agraria, and the lower court judge does not even indicate, in relation to the improvements (mejoras) made by my client, there is no pronouncement whatsoever, given that our jurisprudence is already vast when referring to improvements (mejoras), as indicated in this regard by the First Chamber, in judgment number 013-F-93 of 10:00 hours on January 29, 1993, it stated: "IV.- The so-called 'necessary improvements (mejoras necesarias)', when they are technically called so, are not improvements (mejoras), they are repairs, because in reality they refer to all those expenses indispensable for the conservation of the thing but that do not increase its market value. They are carried out with the purpose of preventing its deterioration or ruin, which would occur if they were not carried out, not with the purpose of achieving an added value of the thing. They are called necessary because they must be executed only so that the thing does not deteriorate and does not diminish its yield. On the contrary, the useful ones do increase the market value of the thing, deserving the qualification of 'improvements (mejoras)' because they are carried out, precisely, with the purpose of improving the thing, increasing the utilities, being of manifest benefit for any possessor, and not only for the one who makes them, since they generate a surplus value by increasing the value of the thing. The Civil Code develops this distinction in Article 332 in a manner similar to what was previously set forth, for it qualifies necessary ones as those indispensable expenses for the conservation of the thing and useful ones as those that increase its market value. This division and classification is of strong Romanist roots and has traditionally been received as such by civil law and its doctrine. In the civil lease contract for things - to protect the owner and exempt him from indemnifying - it has been interpreted that the lessee is not permitted to make improvements (mejoras) - including necessary ones - and, consequently, the owner must not recognize them. However, it is a distinction proper to civil matters and not to agrarian improvements (mejora). For Agrarian Law, the improvement (mejora) would be any act or fact, legal or not, capable of increasing in a stable and permanent manner the productive capacity of the farm. A distinction is made, for these purposes, between economic improvements (mejoras) and social improvements (mejoras). The former directly affect the farm, causing a stable and permanent increase in its productive capacity, while the latter affect the conditions under which work is performed, providing greater comfort to increase its efficiency. Social improvements (mejoras) are a species of economic improvements (mejoras), since the latter are all those that in a general way increase the productivity of the farm, and social ones are those that increase it by specifically improving the conditions under which work is performed, making it more efficient.

For all agrarian improvements, the characterizing element is their impact on a productive asset and as a result of the nature of agrarian activity. That is, for Agrarian Law there is no such thing as "necessary improvements (mejoras necesarias)," but rather simple acts and deeds of conservation and repair of the property, since improvements for Agrarian Law are only those that increase the productive capacity of the asset. The general tendency of Agrarian Law is to recognize improvements for the purpose of stimulating the producer to increase the productive capacity of assets that are not his own, but not so-called "necessary improvements (mejoras necesarias)" under Civil Law, i.e., simple maintenance and conservation expenses." (Emphasis not in original). This being the case, one might think that, in the case of a property of agrarian nature and aptitude, only if the improvements have effectively increased the productive capacity of the asset should they be paid for. However, the doctrine that would support this conclusion has been corrected and clarified in an important respect. The First Chamber, in judgment number 060-f-95 of 3:30 p.m. on May 31, 1995, in express reference to the previously cited judgment, stated that: " VI.- The situation regarding expenses and improvements, in the case of the liquidation of the possessory state resulting from a reivindicatory action (acción reivindicatoria) or an action for better right to possess, has a different treatment than that of a lease. In this regard, for reasons of justice and equity, since there is no prior link between the possessor and the claimant, the legislator has broadly recognized the obligation to pay for these, establishing specific criteria depending on whether they are possessors in good or bad faith. The Civil Code, following the classifications used at the time of its enactment, refers to useful improvements (mejoras útiles), necessary improvements (mejoras necesarias), and improvements for mere ornament or luxury (de puro adorno o suntuarias). 'Necessary improvements (mejoras necesarias)' refer to indispensable expenses incurred to maintain the asset and prevent its loss or deterioration. It is not, as has been said, a matter of 'improvements' in the technical sense, but of necessary or indispensable expenses or repairs. The claimant would also have incurred them if he did not want the property's impairment. Therefore, their payment must always be recognized to the losing possessor. Regarding these, the regime applicable to the bad-faith possessor does not differ from that corresponding to the good-faith possessor. Both have the right to reimbursement of their value and even to retain the asset until they have been paid the corresponding amount (articles 328 and 330 of the Civil Code). As for useful improvements (mejoras útiles), the Civil Code defines them as 'those that have increased the market value of the thing' (article 332). Regarding these, there are substantial differences between the good-faith and the bad-faith possessor. The good-faith possessor has the right to payment for those improvements, as well as to retain the asset until said obligation is fulfilled. The bad-faith possessor has the right to reimbursement, but not to retain the asset until payment. Luxury or purely ornamental improvements (mejoras Suntuarias o de puro adorno) can be removed by the good-faith possessor, if this does not cause deterioration to the asset and provided the legitimate possessor does not prefer to keep them, paying the value they would have after separation. The bad-faith possessor, on the contrary, has no right to remove them or to claim anything for them. For the purposes of liquidating the possessory state, it should be remembered that good faith ceases from the moment certainty is acquired of possessing illegitimately and also from the notification of the lawsuit, if it is declared with merit in a final judgment. In such situations, improvements made after the cessation of good faith shall be governed as established by article 330 of the Civil Code." (Emphasis not in original). What has been said regarding the reivindicatory action is applicable, for obvious reasons, to the administrative eviction, since in both cases we are in the presence of the liquidation of the possessory state. Furthermore, what was said in judgment number 013-F-93 refers to improvements when there is a contractual link between the parties, and judgment number 060-F-95 refers to improvements when no such link exists, as occurs in the case consulted. The basic principle is that whoever recovers possession cannot illegitimately benefit from the improvements made by the previous possessor, even if he was a possessor in bad faith. As in the case of the reivindicatory action, when an administrative eviction occurs, the payment of improvements is not reduced to those that increase the productive capacity of the asset, if this is an agrarian property. Necessary improvements (mejoras necesarias) and useful improvements (mejoras útiles) must be paid, as provided by article 330 of the civil code and the doctrine derived from the jurisprudence of the first chamber. However, as already noted, if the institute pays for the improvements administratively, it must qualify them appropriately, taking into account the vocation and aptitude of the real estate in question. Thus, it must take into account whether the acts or deeds constituting the improvements are in accordance with the vocation or aptitude of the property, because otherwise, it might not be a matter of an improvement but of damage caused to an Institute property. It is not superfluous to point out that what the latter defines administratively could eventually be challenged in court, if the occupant in question considers it detrimental to their interests. Thereby, the judicial authority would ultimately determine whether certain acts or deeds constitute improvements to be paid by the Institute. In any case, it must be clear that the matter of payment for the necessary improvements (mejoras necesarias) and useful improvements (mejoras útiles) that the occupant may have made on the real estate from which they are evicted is an aspect independent of any damages that they may have caused to the Institute. If such a thing occurred, the Institute can seek compensation by resorting to the judicial route where it must prove the damages caused. As previously indicated, my client is a good-faith possessor, who has been in charge of the care and maintenance of the property from the year 2014 to the present date, acquiring all the attributes of a good possessor. In this vein, to justify the acquisition of possession itself, it would be configured, apart from the possession a non domino that my client has consolidated over time, by the very possessory acts performed therein. That is, my principal began his right of possession of said land in 2014, through the abandonment by the company of the property and the dwelling house that to this day my client continues to occupy and which I confirmed with the witness statements that coincide with their declarations. It should be noted that my principal has exercised possession with animus domini (intent to own) in good faith and fulfilling the social function on the land disputed in this judicial process, by working and using it, as to date he has exercised possession over the property in question for more than nine years, performing possessory acts on the described land under the provisions of agrarian law; likewise, the acquisition of ownership has been achieved through continuous possession for the same time under the conditions set by law. Good faith is thus configured, as my principal has acted in good faith from the moment of the possessory acts. Third: Regarding costs, it should be noted that my principal has acted in good faith, which should exempt him from the costs ordered by the Judge A Quo. My client has had every right to file this process, which is why he comes to the Courts of Justice. It is clear that the result of going to Court can never be anticipated with total certainty, so my principal cannot be charged with acting in bad faith when he did so under the protection of the legal system. There is no evidence whatsoever that my principal acted in bad faith. Therefore, for acting in good faith, the payment of personal and procedural costs be revoked. PETITION. In this regard, I request that this appeal be granted in all its aspects and that the claims requested in the initial complaint remain intact. For acting in good faith, the payment of personal and procedural costs be revoked..." (See electronic file, tray of briefs filed on 07/03/2024 at 16:16:47).

V.- The Court shares the relation of facts held as accredited, as they have good support in what the case file reports.

VI.- Likewise, what is ordered regarding unproven facts is shared.

VII.- The appellant is not correct in his grievances regarding the evidence. Specifically, it is necessary to reiterate what the Court has said on the subject of evidence assessment: "… IV. The assessment or appreciation of judicial evidence is, in agrarian matters, the mental operation performed by the agrarian judge, which aims to know the merit or value of conviction of the facts that can be deduced from the content of the evidentiary elements. It is an exclusive procedural activity of the agrarian judge. The outcome of the process depends on it. The assessment of evidence is necessary for the verification of facts, to discover the real truth. There are two systems for the appreciation of evidence: that of legal tariff and that of free appreciation. Free appreciation must be reasoned, critical, and based on logic, experience, psychology, and sound criticism (sana crítica). It is not arbitrary. The judge's conviction must be explained in the reasoning of the judgment. This guarantees publicity and contradiction as part of due process. By legal evidence is meant those that, according to the law, are admissible in the process, as the law indicates the means of evidence exhaustively or allows the inclusion of others. Evidence is appreciated subject to prior legal rules in the legal tariff system, although there could be attenuations. Therefore, the reasoning of the judgment is not characteristic of a legal tariff system. A legal tariff system cannot be conceived without simultaneously indicating the admissible means of evidence, because if the judge were left free to consider as such those that according to his criteria had conviction value, it would be impossible to indicate their merit in the law beforehand. The legal tariff system was justified to give greater confidence in justice, to subject judgments to the law, and to free them from the arbitrariness or ignorance of judges, achieving uniformity in decisions. Among its disadvantages and inconveniences are noted: 1. It mechanizes or automates the judge's function, depriving him of personality and preventing him from forming a personal criterion, as solutions are given by law against logical and reasoned conviction. 2. It leads to declaring a formal appearance as truth. 3. A divorce occurs between justice and the judgment. The goal of justice is sacrificed for abstract formulas, and contact with reality is lost.- V. The result of evidentiary activity may vary, depending on whether the judge must conform to the legal reasons he is obliged to deduce from a taxed appreciation of the means adduced or, on the contrary, can evaluate them with his own criteria. The grounds for conviction are taken by the judge from the law or from his personal appreciation. For truth to triumph, for the public interest goal of the process to be obtained, and for it not to be an uncertain adventure whose result depends on the skill of the litigating lawyers, it is essential that, in addition to the free appreciation of evidence, the civil judge has inquisitorial powers to practice those that, according to his honest knowledge and understanding, he deems convenient for clarifying the facts that the parties affirm. Only thus will equality of parties in the process and true democracy in justice be obtained." (DEVIS ECHANDIA, Treatise on Judicial Evidence, p. 111). Free evidentiary assessment (libre valoración probatoria) is a fundamental principle of the oral process, and therefore of the agrarian process. It derives from the inquisitorial powers of the judge, for the ex officio investigation of facts, which could lead him, even to the power to decide ultra petita partium, recognized for processes of a social nature. There is a general interest of the community for the Judge, using all his powers, to make truth and justice triumph, instead of skill or economic power. The system of free evidentiary assessment cannot be confused with a "mixed" one. "There are no mixed systems: either the judge has freedom of appreciation or he does not; there is no half-freedom. When the law imposes assessment rules for certain evidence and leaves the judge to determine the conviction force of others or allows him to qualify its content to reject it despite formally meeting the requirements for its mandatory nature, there are attenuations to the legal tariff system and not a mixed system." (DEVIS ECHANDIA, op. cit., p. 95). The judge has freedom, or he does not, to appreciate the evidence. He cannot have it in half measures. Therefore, in this system, the reasoning of the judgment is imposed with criteria of equity and law, and it becomes a constitutional guarantee of due process. In the system of free assessment (or free conviction, or conscientious appreciation by professionals), the free formation of conviction governs, through the judge's personal reasoned and critical analysis. Free appreciation and free conviction express the idea of freedom. The judge is free to adopt—rationally—the conclusion that seems deducible from the evidentiary element.- VI. The free appreciation of evidence must have as a guarantee the publicity and controversy of the evidence, the prohibition of considering evidence not brought to the process or the personal knowledge of the judge, the obligation to rule on the evidence provided, the cultural preparation of agrarian judges; the doctrine and dissemination of agrarian jurisprudence, both from the Court and the Cassation Chamber. Despite the above, the doctrine indicates that the rules contained in substantive codes regarding formalities for the validity of certain acts or contracts do not exclude free procedural appreciation. Substantive formalities are required, for example, for a donation, or to demonstrate contracts of a certain amount. But in agrarian matters, due to the force of custom, this should not be a limitation. Therefore, the Agrarian Judge must: "Analyze motives, discern the various degrees of intention, unravel the causes that influence sensibility, assess one testimony against another, weigh a particular testimony against a general probability, represents operations that suppose a great study of the human heart..." (BETHAM: Treatise on Judicial Evidence, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I, p. 45, cited by DEVIS ECHANDIA). A fundamental aspect is the specialization of judges in agrarian matters. The agrarian judge comes into contact with the facts through 'in situ' perception or observation, directly and immediately. He uses his senses for appreciation, and specifies the fact, the relationship, the document, or the person that is the object of it, with the greatest possible accuracy. Perception must be meticulous and careful. Once the evidentiary elements are appreciated, he proceeds to their historical reconstruction, as a whole, classifying them according to their nature, time, and circumstances of the reality to be reconstructed. To do this, he induces conclusions from the data to form his conviction, using reasoning, rules of experience, and logic, from which he deduces evidentiary consequences. Logic is fundamental. But it is not pure syllogism. When the law permits the agrarian judge free evidentiary assessment, the premise is the rule of experience that he knows and applies in the agrarian field. The basis of reasoning is the external and internal experience of agrarian reality—and the environment in which it operates—and of the moral order. Therefore, imagination, psychology, and sociology are added to the assessment of the Agrarian Judge. This has been repeatedly established by the Superior Agrarian Court when drafting judgments. The rules or maxims of experience serve him to reject a witness's statements, or the party's confession, or what is related in a document, or the conclusions sought to be obtained from circumstantial evidence, and even the expert opinion. The agrarian judge's conviction is a purely psychological act, applied to a concrete, living situation, typical of agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness or a party says to assess its value. But he must also analyze the social experience, the environment—the agrarian world—where the conflict unfolds, and even the culture and behavior of the peasant. Therefore, authenticity and sincerity of each piece of evidence must be considered on the one hand when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, their accuracy and credibility must be determined. This guarantees the principles of loyalty and probity in the result of the evidentiary element…". (Agrarian Court, No. 100 of 9:30 a.m. on February 10, 1999). Hence, the appellant's argument regarding erroneous assessment of the evidence is not admissible, because, as has been indicated, in agrarian matters, judges have free appreciation of the evidence, which requires expressing the motives of equity and law on which the judgment is based, which was done in this case by the trial judge.

VIII.- Regarding the substantive aspects, the trial Judge has made a correct appreciation of the evidentiary element, in accordance with the powers granted by article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, and has given the legal qualification that corresponds to such elements and to the specific factual situation demonstrated by the evidence provided in the case file. This Court considers that the appellant is not correct in stating that a biased solution was given to the specific case, as the appellant implies. On the contrary, the Judge analyzes in his judgment the requirements of the action filed, in this case "better right of possession" that the plaintiff claims to have over the disputed property, without managing to demonstrate the essential elements for it. Our legal system is based on democratic principles and on constitutionally enshrined rights and values. On the one hand, the Constitution enshrines the right of property as a legal institution, and guarantees its free enjoyment and use, attending to the nature of the asset in question, but respecting the public interest, as no one can abusively enjoy a right to the detriment of the community. Property, as a legal institution, is divided into species, among them is agrarian property, which equally enjoys constitutional protection, and must also enjoy legal certainty, and protective actions are granted to the owner so that he may use them in case he is harmed by the actions of third parties. The real right of agrarian property represents full ownership, when exercised in all its attributes. The right of possession can be acquired independently of ownership, provided the conditions required by the Civil Code are met: public, peaceful, uninterrupted, good faith possession, and for more than one year. Such possession must be exercised as owner, and through the exercise of stable and effective agrarian possessory acts, aimed at cultivating and improving the asset. When that right of possession is consolidated, independently of ownership, the possessor can even acquire the property through agrarian usucapion (usucapión agraria), as long as the registered titleholder, that is, the agrarian owner, who has the right to enjoy the dominical attributes, does not interrupt that exercise, through protective actions of property or possession.

IX- In the present case, it is accredited that the property subject to the litigation corresponds to registered estate of the Partido de Limón, No. 139042, in the name of CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA); it is represented with Map L-1529027-2011, measures 5,414,169 square meters, and is forest land, banana plantation, office, housing, and packing plant (see certification at image 10 of the digitized file). It is also demonstrated that on said property there are dwelling houses, among them, the house and green area where the plaintiff here lived, and which forms part of the defendant's property (see proven fact 1). The property, in its entirety, has been leased by CORBANA to Corporación Agrícola del Monte, for banana production, which provides the dwellings where the workers live free of charge (testimony of José Magdiel, and Marlon Quijano on CD). Consequently, it is clear that the plaintiff lacks active legal standing to claim a right of possession as owner and, much less, to claim payment for improvements, since he has no legitimate title to possess, and is in a situation of mere tolerance by being given the land with the house while he was a worker of the company, which ceased to occur when the employment contract ended, that is, he is there by mere tolerance. See that in the same lawsuit the plaintiff indicates that he has "...been occupying the place quietly, publicly, peacefully, uninterruptedly, carrying out cleaning and maintenance work…" (see first fact of the lawsuit, at image 2), from which this Court infers that the plaintiff does not possess with "animus domini," that is, with the intention of being the owner, but as a precarious occupant, and as such has carried out maintenance work, which cannot be considered strictly agrarian possessory acts, but rather complementary acts to what could be a true agrarian possession. On the other hand, regarding good or bad faith, although it is true in our legal system "good faith" is presumed (articles 283 to 285 of the Civil Code), in this case, said principle does not apply because it is evident that the plaintiff acknowledges occupying someone else's property. Besides the fact that it is public and notorious that in these cases the dwelling houses are within lands destined by their owners and/or lessees, as part of the fundus instructus, that is, as housing necessary for the development of banana agricultural activity. Nor would there be, consequently, passive legal standing, as the defendant, Corporación Bananera Nacional, is the registered titleholder of the property occupied by the plaintiff. The lack of right is evident, as the plaintiff does not demonstrate possession as owner, with the intention of appropriating it, in good faith, nor did he demonstrate improvements of agrarian content (acts directed at developing an organized agrarian activity aimed at the production or breeding of animals or plants). On the other hand, it is clear that the property, as determined in the judicial inspection, forms part of the property of the defendant company. Moreover, the witnesses were clear in indicating said circumstance, adding that Corporación Agrícola del Monte lends those dwellings, free of charge, to the workers, with the warning that they cannot cultivate (see testimonies of José Magdiel, and Marlon Quijano attached on CD). In a case similar to the one now before us, with the difference that the lawsuit was filed against Compañía Del Monte, this Court stressed the following: "The appellant seeks to challenge the judgment based on evidentiary assessment judgments regarding the apparent crops and their destruction. However, it must be remembered that in agrarian matters the principle of free evidentiary assessment governs (article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law). Given that in this case the trial Judge gave the objective reasons, assessing the entirety of the evidence, for which he concluded that there are no improvements and, therefore, no right to compensation. But aside from the foregoing, the Court considers that in this particular case the a-quo should not even have analyzed the substantive right, as he should first have studied whether there was active and passive legal standing (exceptions raised by the defendant). Regarding active legal standing, there evidently is none. The plaintiff never claims to have a better right of possession; on the contrary, he confesses to having entered with the defendant's consent, and to be there by mere tolerance after his employment relationship ended (first fact of the lawsuit, image 2), and therefore cannot generate any substantive right, such as a right of possession. That is, he was not actively legitimized to sue, being a mere holder of the asset over the thing, for a reason of mere liberality. In accordance with article 279 of the Civil Code, subsection 1 'Optional acts or acts of simple tolerance do not give the right of possession.' On the other hand, there is also no active or passive legal standing, since in the lawsuit the plaintiff himself states that the estate belongs to Corporación Bananera Nacional but that the one who requested the eviction is the company Corporación Agrícola del Monte, which is the lessee of the property. Corporación Bananera Nacional, when answering the lawsuit, states that it has the estate leased to Corporación Agrícola Del Monte and has no knowledge of who is on the property or the conditions under which they may be there, and this is recognized by the plaintiff himself in his lawsuit when indicating in the fact '...Fourth: That until March 28, 2016, my client received an eviction notice from the company Corporación Agrícola del Monte who claims to be the lessee of the company CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA without any justification and without any remedy for my client.' From the above, a lack of passive legal standing is evident when filing a lawsuit directly against CORBANA for such facts, because the alleged facts are directly aimed at the actions taken by Corporación Agrícola Del Monte and not by the defendant here. On the other hand, regarding a better right of possession against the registered owner, in this case CORBANA, it is a lawsuit where an essential prerequisite such as passive legal standing is missing, which makes the main claim clearly inadmissible in view of not fulfilling one of the basic prerequisites of the action. This case concerns an ordinary process for better right of possession filed by the appellant against CORBANA, who is the registered owner of estate of the Partido de Limón N° 139042-000 described in map L-1529027-2011. In principle, it has been said that a lawsuit for better right of possession is between possessors, not against a registered owner, as the latter is not an illegitimate possessor. Regarding the impossibility of filing a publician action lawsuit against a registered owner, this Court has said: IV.- It is important to make the appellant see that he is not correct in what he expresses in his grievances for the following reason: The action for better possessory right is filed between possessors to demonstrate a better right of possession, which is not pertinent to the case at hand as an inscribed estate is being disputed and the lawsuit is directed against a registered titleholder of the property. On the other hand, see that he provides a registration certificate for estate No. 153987-000, belonging to Corporación Bananera Nacional. That is, it was not legitimacy to be sued, and even less for actions of a third party (Corporación del Monte) as analyzed supra. Hence, it was unnecessary to analyze the substance of the matter regarding the existence or not of improvements. (see in the same sense votes of this Agrarian Court, Vote No.1064-F-2022 of 8:15 a.m. on November 3, 2022, and vote N° 2023000961 of 1:48 p.m. on November 9, 2023). Moreover, what is claimed as improvements does not suffice for it either, as it concerns a 200-square-meter plot with a dwelling house with a small yard, which is part of inscribed estate 139042-000, and about which he had been told that no crops of any kind could be established, so an abusive exercise of right is made as he failed to prove the improvements he claims he introduced on the property such as maintenance of the dwelling house, maintenance of green areas, clearing of firebreaks, cleaning of drains. On the other hand, the type of products he says he introduced are some perishable plants that are not properly improvements as the appellant indicates.

X.- Regarding costs, contrary to what the appellant indicated, the Court considers that there has been no good faith, by seeking a claim for improvements, when he entered as an occupant of the dwelling house, in a precarious relationship, being loaned it as a worker, and knowing that the property belongs to the defendant here, apart from the lack of active and passive legal standing in the cause to sue.

On the other hand, the claim requested is completely illogical because it states that it is on a small piece of land with a green zone and a dwelling house, yet it requests that the possession exercised by the plaintiff be declared in good faith and that the monetary investment in the improvements (perishable crops)—which are not improvements per se—and maintenance of the property of Partido de Limón number 139042-000 be recognized, such as drainage cleaning, and maintenance has not been provided by this party to a property measuring more than five hundred hectares, and with regard to the maintenance of the house claimed, that was not demonstrated.

THEREFORE:

For the reasons set forth herein, the judgment is affirmed.

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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	


 




 

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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	


 

	



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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-000302-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

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