Res. 00922-2024 Tribunal Agrario — Tree felling in a National Park and burden of proofDerribo de árbol en Parque Nacional y carga probatoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00922 - 2024

Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2024 a las 14:37

Expediente: 24-000034-0391-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Sumario de derribo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo
Subtemas:
Finalidad, naturaleza y presupuestos del proceso sumario agrario de derribo.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

24-000034-0391-AG - 5




PROCESO:

	

SUMARIO DERRIBO ARBOL




ACTOR/A:

	

JOSE DOMINGO JIMENEZ JIMENEZ




DEMANDADO/A:

	

IGNORADO

 

   

VOTO N°  N° 2024000922

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas treinta y siete minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticuatro.-

 

 SUMARIO DE DERRIBO establecido por JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ conocido como JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, mayor, casado, agricultor y pensionado, vecino de Nicoya, cédula de identidad número cinco - ciento trece - cero sesenta y uno; contra IGNORADO. Interviene en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el procurador adjunto Mauricio Castro Lizano, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno - setecientos sesenta y siete - trescientos dos. Actúa como defensor público agrario de la parte actora el licenciado Oscar Cerdas Fonseca. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela Guanacaste. -

 Redacta la jueza Castro García; y,

 CONSIDERANDO:

 I.- La parte actora planteó proceso Interdictal de Derribo, para que en sentencia se declare: " ...1) Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo del árbol de CENÍZARO, objeto de este asunto. 2) Por ser el árbol accesorio a mi derecho de propiedad, solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los costos del derribo del árbol, en razón que soy persona de escasos recursos económicos. Subsidiaria: 3) En caso de no autorizar la corta o derribo del árbol, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga," (Ver Expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 5). -

II.- Se le dio traslado a la Procuraduría General de la República del presente proceso, quien se apersonó al mismo, (Ver Expediente descargado en modo pdf, imágenes 13 a 15). -

 III.- El juez Walter Ávila Quirós, del Juzgado Agrario de Santa Cruz, mediante sentencia número 147-2024 de las diez horas cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara SIN lugar la presente demanda establecida por establecido por JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, de calidades que constan en autos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas,” (Ver Expediente descargado en modo pdf, imágenes 39 a 41). -

 IV-Hechos probados. Se omite pronunciamiento sobre los hechos probados dada la forma en que se resolverá por esta Instancia.

V- El actor interpone recurso de apelación (expediente digital modo pdf imagen 45 a 49) contra la sentencia número 147-2024 de las diez horas cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro (imagen 20 a 26 misma ubicación anterior), que denegó el proceso sumario de derribo de árboles interpuesto por José Gerardo Jiménez Jiménez respecto a un árbol ubicado en su terreno inscrito que se encuentra dentro del Parque Nacional Barra Honda. Combate la valoración probatoria al estimarla indebida, en especial del informe técnico del Minae de Nicoya n° ACT-OSRN-241-2024, de fecha 17 de abril del 2024. Expuso ese dictamen no se debía cortar la especie de cenízaro en cuestión, por encontrarse dentro del Parque Nacional Barra Honda, además, no existir casas cerca del árbol y que por el lugar no deben ingresar personas ajenas al Área Silvestre Protegida. Agrega también, que la casa de habitación presente se encuentra dentro del PN Barra Honda. Se concluye indicando que se debe eliminar todo tránsito de personas, debido a que el árbol presenta autopoda producto de la dinámica natural del ecosistema. No obstante, refuta, el informe también señala que el árbol presenta un riesgo para las personas que transitan por un camino cercano, ya que algunas ramas se están quebrando por autopoda. Argumenta, el hecho que por parte del camino interno transiten personas "ajenas", sea o no de manera "ilegítima", lo cierto, es que la Administración Forestal no regula o prohíbe esa supuesta situación de tránsito de personas. Y siempre corren el riesgo que alguna de las ramas o el mismo árbol pueda ocasionar lesiones a los transeúntes, que por "costumbre", y que según parece, a vista y paciencia del Minae, utilizan dicho camino de forma regular. Asimismo, también se menciona en el informe, que del árbol se están quebrando algunas ramas debido a la "autopoda", que este realiza naturalmente. Se reitera, también presenta una inclinación natural hacia un camino interno que es utilizado por los mismos funcionarios del Parque Nacional para hacer recorridos de control y vigilancia. Independientemente que el árbol se encuentre o no dentro de Parque Nacional, el mismo se ubica contiguo al camino que es utilizado por las personas para dirigirse a la comunidad de Flor de Corralillo, lo cual es una situación de hecho consentida por el mismo Minae, al ser un camino que nunca han clausurado o prohibido su uso. Se ha consentido ese recorrido que hacen las personas, al igual, también es utilizado por funcionarios de la Administración Forestal. Invoca el sistema de libre valoración probatoria de la materia agraria, acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Y deben considerarse todas las pruebas en conjunto y no solo el criterio del Minae. Reclama, sobre el tema de propiedad y riesgo, que, aunque el árbol se sitúe dentro del área protegida, esto no implica una expropiación de la propiedad de la recurrente inscrita a nombre del actor. Pues el riesgo que representa el árbol es continuo y latente para transeúntes, personas funcionarias del Parque y todas los que utilicen el camino contiguo al árbol. Existe un peligro latente que representa este árbol, también se observa en la fotografía aportada en dicho informe la existencia del camino contiguo al árbol objeto de este proceso. Se solicita se autorice el derribo sin aprovechamiento, debido al peligro que representa para las personas que transitan por el área y estar ubicado en el Parque nacional referido. Reclama, la decisión impugnada causa un grave perjuicio al apelante al basarse únicamente en la recomendación del Minae, ignorando el peligro real que representa el árbol. Argumenta, la decisión resta importancia al título registral inscrito a nombre de la parte actora pues, aunque el terreno supuestamente se encuentre afectado al Parque Nacional Barra Honda, no ha existido "expropiación", para que la parte actora deje de ser propietaria, pues, su titularidad registral aún prevalece ante el Registro Público de la Propiedad. Invoca los artículos 1, 2, 25, 26, 54, 55, 56, 59, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Solicita se revoque la sentencia impugnada y se declare con lugar el proceso, autorizando al apelante a proceder con el derribo del árbol o, alternativamente, que el Minae realice dicho derribo.

VI- Dispone el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que la sentencia debe contener pronunciamiento sobre todos los extremos objeto de debate y al no resolverse sobre tales, deberá decretarse su nulidad. En este caso se ha lesionado el derecho de defensa. El razonamiento emitido transgrede el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, al no resolver ni fundamentar la decisión, integrando todos los elementos probatorios, los elementos del expediente y la realidad en la que se debe emitir la solución jurídica; mediando una ausencia de razonamiento e inadecuada valoración probatoria. Se menciona en el fallo denegatorio venido en alzada, se tuvo por probado que el actor es dueño de la finca matrícula 34137 derecho 001 sin que soporte servidumbre alguna y que según el criterio técnico del MINAE no se recomienda la corte del árbol por encontrarse en el Parque Nacional Barra Honda, sin que existan casas cercanas y que por el lugar no deben ingresar personas ajenas al área silvestre citada. Además, indica: “La casa de habitación presente se encuentra dentro del PN Barra Honda, asimismo está deshabitada y se ubica a una distancia aproximada de 91,37m del árbol evaluado. Por lo que está fuera del rango de alcance del árbol. Al ser un sitio de entrada no autorizado por la Administración se debe de eliminar todo tránsito de personas, debido a que el árbol presenta autopoda producto de la dinámica natural del ecosistema. Esto con el fin de evitar riesgo de lesiones a personas ajenas al PN Barra Honda. Ver imágenes de folios 20-23.”-En la parte considerativa se reiteró lo citado supra y se resolvió sin ningún razonamiento jurídico o de hecho la denegatoria de corta. Cabe citarse que este Tribunal ha resuelto sobre los procesos de esta naturaleza: “IX.- También es importante resaltar lo siguiente sobre el fin y el objeto del sumario derribo como el presente. Tal proceso tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o bienes de naturaleza pública (numerales 310 del Código Civil y 108 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). La naturaleza sumaria de dicho proceso buscar determinar si esa obra o árbol deben ser asegurados (v.g. mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo, por ejemplo), para prevenir una situación dañina que, de no tomarse esas medidas, tiene un alto grado de probabilidad (inminencia) de acontecer en tiempo presente o muy cercano. Como presupuestos de este tipo de proceso, se requiere entonces se compruebe: a) La obra o árbol cuyo derribo se pretende constituya una amenaza inminente, por peligro de caída, para los derechos de la persona poseedora o para las transeúntes (integridad, vida o su patrimonio), o bien pueda perjudicar alguna cosa pública. b) La legitimación activa recae sobre cualquiera que tenga interés cuando el efecto de la caída puede afectar un bien público. De no ser así, la legitimación corresponde a la persona específica afectada con dicha situación. c) En cuanto a la legitimación pasiva, si el árbol u obra cuestionada está a cargo o en terrenos propiedad de una persona determinada, será está la que deba ser demandada, ya que es un bien bajo su responsabilidad. Pero si el árbol está en una zona demanial (calles públicas, zona pública de la zona marítimo terrestre) o de acceso público, o bien en áreas de protección demaniales (franjas a orillas de ríos, lagos, nacientes que abastecen acueductos, etc.), no existe en realidad alguien que demandar directamente, al no ser responsabilidad de una persona determinada el origen o causa del peligro alegado. d) Derecho. Si bien el ordenamiento jurídico concede el derecho de derribar obras y árboles ruinosas o peligrosas, debe existir una causa válida para ello. Si se trata de un árbol, dada la normativa de protección ambiental vigente en el país, se requiere verificar que su corta o desrame sea realmente necesaria, por lo que se deben cumplir los presupuestos exigidos, para así evitar un derribo ilegal o innecesario. En ese sentido, aunque un árbol esté enfermo o con peligro de caída, si ese acto no afecta en realidad la integridad de las personas o su patrimonio, no debe autorizarse su derribo, pues no existe otro bien jurídico que tutelar y, por el contrario, puede ser necesario para el equilibrio ambiental de los ecosistemas, dejar que se caiga por causas naturales. e) Interés actual: el bien que se pide se permita sea derribado, debe existir y mantenerse la situación de peligro inminente de caída, tanto cuando se plantea la demanda como cuando se emite la sentencia. Debe aclararse que este tipo de procesos no debe ser utilizado para resolver problemas derivados de relaciones de vecindad, por incumplimiento de normativa específica referida a la distancia mínima en que se pueden sembrar árboles en función de las colindancias, salvo lo que concierne al peligro o riesgo real de caída del árbol total o de las ramas (numerales 403 y 404 Código Civil). Los conflictos que se puedan generar por raíces y otros aspectos, que no constituyan factoras que pueda provocar la caída inminente del árbol, deben ser discutidos a través de la vía procesal pertinente, que usualmente es un ordinario, para garantizar el debido proceso a las partes involucradas y por el tipo de prueba que usualmente se requiere para ello. Por la complejidad de esos temas, la persona legisladora no consideró apropiado un sumario para estos efectos. Tampoco debe utilizarse este proceso para lograr autorizaciones relacionadas con la corta o aprovechamiento de árboles que no estén en peligro de caída inminente y que con ello puedan dañar a las personas privadas, su patrimonio o bienes de dominio público.  Para analizar lo que se apela, también debe destacarse que, aunque el sumario de derribo es un proceso especial, por su fin (protección de la vida o del patrimonio), se rige por reglas básicas procesales generales. Entre ellas, la de la carga de la prueba. Usualmente en este tipo de procesos, por estar de por medio un bien ambiental (árbol), de oficio los tribunales agrarios solicitan la colaboración de funcionarios públicos del SINAC para que emitan criterio técnico sobre el estado fitosanitario o físico del árbol y de su impacto en el entorno si llegase a caer, por tratarse de aspectos esenciales para resolver lo que es objeto de debate. Pero ello no significa que la parte actora quede eximida de la carga probatoria. Si no se contase con el criterio experto del SINAC o este fuese insuficiente técnicamente, la parte actora debe procurar, de mantener su posición de que un árbol genera un riesgo inminente de caída, hacer llegar al proceso la prueba pertinente para demostrarlo. Por ejemplo, a través de una pericial. Además, cualquiera de las partes, pero especialmente quien acciona, puede también pedir que se aclaren los informes técnicos oficiales y las pruebas periciales, cuando sus datos no sean precisos o se omitan aspectos básicos. Sin embargo, por la carga de la prueba, es la parte actora la que debe preocuparse por demostrar los presupuestos o requisitos exigidos para que una demanda pueda ser acogida. Al respecto, de conformidad con el numeral 41.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en materia agraria, la carga de la prueba le corresponde, de acuerdo con principios de razonabilidad y facilidad de accesibilidad probatoria: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho. 2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. En caso de no lograr acreditarse la base jurídica y el elemento fáctico de la posición defendida, debe asumir las consecuencias negativas de su omisión. En ese sentido, debe recordarse que en sede judicial “a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que le sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal, es decir, esa parte soporta el riesgo de la falta de prueba, el cual se traduce en una decisión desfavorable...” (Devis Echandi, Hernando. Compendio de Derecho Procesal: Pruebas Judiciales, 9a. ed., Ed. A.B.C., Bogotá, 1988, T.II, pág. 161).” Voto Resolución Nº 00710 – 2022 del 21 de Julio del 2022 de las 15:18 horas.

 VII- En el caso en estudio, denota esta Instancia motivos que impiden resolver la apelación interpuesta. El primero es la falta de claridad del informe técnico del Minae de Nicoya N° ACT-OSRN-241-2024, de fecha 17 de abril del 2024 en donde no se expone de forma clara si el árbol presenta riesgo de caída, lo cual es importante aclarar, máximo que, según las fotografías, el mismo se ubica a la vera de un camino existente en el lugar. Si bien se cita que el fuste esta sano, no se menciona nada respecto a las raíces expuestas como riesgo latente de caída. El informe citó: “La especie solicitada a valorar corresponde a un árbol conocido popularmente como Cenízaro. Este árbol presenta una altura total aproximada de 15.0 m y un diámetro a la altura de pecho (DAP) de 115.0 cm. Al momento de la visita se observa un árbol adulto, no presenta daños evidentes el fuste, con follaje sin flores ni frutos, con raíces expuestas producto de escorrentía; con copa amplia. Este árbol se encuentra quebrando algunas ramas debido a que la especie posee la capacidad de autopodarse. También presenta una inclinación natural y por ubicación hacia un camino que es utilizado por los funcionarios del Parque Nacional para hacer recorridos de control y vigilancia, pero también algunas personas de manera clandestina los utilizan atravesar (sic) hacia la comunidad del Flor de Corralillo. Este árbol se ubica dentro del Área Silvestre Protegida llamada Parque Nacional Barra Honda, fuera de área de protección de recurso hídrico, pero dentro de remanente de bosque secundario en proceso de restauración. Factor de Riesgo No se observan condiciones de riesgo, dado que no hay casas cercas ni tampoco es un sitio por donde deba ingresar personas que sean ajenas al Parque Nacional Barra Honda” (imagen 19 a 23 expediente modo pdf). Como se expuso supra, la seguridad es la razón principal de los procesos sumarios de derribo de árbol. No consta en el informe técnico base de la resolución apelada, información y datos claros respecto a la existencia o no de caída inminente del árbol, dado que se cita sus raíces están expuestas por escorrentía, se ubica al lado de un camino en uso y tiene una inclinación al mismo. La consideración de si se elimina, poda o se deniega el proceso, es un tema legal propio de decidirse en el proceso sumario. Se hace ver al Despacho de origen, tampoco se valoró el hecho de que personas transiten por el sitio; sean funcionarias o no. Según las fotografías adjuntas al documento técnico se observa un camino existente y en uso (imagen 21 modo pdf). Que, al estar dispuesto para transitar, resulta lógico que personeros del parque o bien personas que ingresen para los fines legales de estas áreas protegidas (visitación, investigación, turismo) los utilicen para su movilización. Por otra parte, no considera la resolución que aparentemente la finca donde existe el árbol y el camino es una propiedad inscrita a nombre del actor no expropiada y sobre el cual ha de ponderarse su derecho de propiedad, la afectación a destino ambiental dado por la categoría de manejo de parque nacional, las condiciones del cenízaro y la consideración de la seguridad de las personas. Situación que ha de ponderarse de forma integral acorde con la legislación ambiental, el derecho de propiedad del particular, el contenido del informe técnico y la realidad del sitio. Nada de lo cual fue analizado en la resolución venida en alzada. Por lo que deberá el juzgado de instancia en forma urgente solicitar al MINAE adicionar el informe técnico en cuanto determine si existe riesgo o no de caída del árbol en cuestión, resolver de forma célere, dada la necesidad de prevenir algún siniestro que pueda causar la caída de la especie o bien tomar las medidas que se estimen prudentes. O bien desestimar el proceso.

 

POR TANTO

Se anula sentencia número número 147-2024 de las diez horas cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro. De previo a emitirse nueva resolución de fondo, proceda el Juzgado de instancia de forma urgente a requerir aclaración del informe técnico del Minae de Nicoya N° ACT-OSRN-241-2024, de fecha 17 de abril del 2024 respecto si el árbol presenta o no riesgo inminente de caída sobre el camino existente en el lugar. Y una vez obtenido, emitir sentencia considerando: la realidad del sitio, el derecho de propiedad inscrita de José Jiménez Jiménez, la afectación ambiental de ese derecho acorde con la categoría de manejo de parque nacional, las condiciones de la especie de cenízaro y la existencia de una ruta o vía de paso, para decidir si acoge o no la pretensión del proceso.

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-000034-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:31:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

FILE NUMBER:

24-000034-0391-AG - 5

PROCEEDING:

SUMMARY TREE FELLING PROCEEDING (SUMARIO DERRIBO ARBOL)

PLAINTIFF:

JOSE DOMINGO JIMENEZ JIMENEZ

DEFENDANT:

UNKNOWN

VOTE No. No. 2024000922

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and thirty-seven minutes on the nineteenth of September of two thousand twenty-four.-

SUMMARY TREE FELLING PROCEEDING (SUMARIO DE DERRIBO) brought by JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, also known as JOSÉ GERARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, of legal age, married, farmer and pensioner, resident of Nicoya, identity card number five - one hundred thirteen - zero sixty-one; against UNKNOWN. The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) appears in the proceeding, represented by the deputy attorney Mauricio Castro Lizano, of legal age, married, lawyer, resident of Heredia, identity card number one - seven hundred sixty-seven - three hundred two. The plaintiff's agrarian public defender is Mr. Oscar Cerdas Fonseca. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela Guanacaste. -

Judge Castro García writes; and,

WHEREAS (CONSIDERANDO):

I.- The plaintiff brought an Interdictal Tree Felling Proceeding (Proceso Interdictal de Derribo), so that the judgment declares: " ...1) Declare WITH MERIT (CON LUGAR) the present summary complaint in all its aspects, and authorize the felling of the CENÍZARO tree, subject of this matter. 2) As the tree is an accessory to my property right, I request that I be authorized the use of the wood at my convenience, in order to cover the costs of felling the tree, given that I am a person of scarce economic resources. In the alternative: 3) Should the cutting or felling of the tree not be authorized, grant authorization to cut all branches that represent the greatest danger and thus reduce its weight to prevent it from falling," (See Case File downloaded in pdf format, images 1 to 5). -

II.- The present proceeding was notified to the Office of the Attorney General, who appeared in it, (See Case File downloaded in pdf format, images 13 to 15). -

III.- Judge Walter Ávila Quirós, of the Agrarian Court of Santa Cruz, by judgment number 147-2024 at ten hours forty minutes on the twenty-fourth of May of two thousand twenty-four, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the citations of fact and law, the present complaint brought by JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, whose qualifications are on record, is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). It is resolved without special order as to costs,” (See Case File downloaded in pdf format, images 39 to 41). -

IV-Proven facts. A ruling on the proven facts is omitted given the manner in which this Instance will resolve the matter.

V- The plaintiff files an appeal (digital case file pdf format image 45 to 49) against judgment number 147-2024 at ten hours forty minutes on the twenty-fourth of May of two thousand twenty-four (image 20 to 26 same location as above), which denied the summary tree felling proceeding (proceso sumario de derribo de árboles) brought by José Gerardo Jiménez Jiménez regarding a tree located on his registered land that is within the Barra Honda National Park (Parque Nacional Barra Honda). He challenges the evidentiary assessment, considering it improper, especially of the technical report from the MINAE office in Nicoya number ACT-OSRN-241-2024, dated April 17, 2024. The opinion stated that the cenízaro species in question should not be cut, as it is located within the Barra Honda National Park, furthermore, there are no houses near the tree, and persons not belonging to the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) should not enter the location. It also adds that the existing dwelling house is within the Barra Honda NP. It concludes by indicating that all transit of persons must be eliminated, because the tree exhibits self-pruning (autopoda) as a result of the ecosystem's natural dynamic. However, he argues, the report also indicates that the tree presents a risk to persons transiting a nearby path, since some branches are breaking off due to self-pruning. He argues the fact that persons "not belonging" to the area transit the internal path, whether or not in an "illegitimate" manner, the truth is that the Forestry Administration (Administración Forestal) does not regulate or prohibit that supposed situation of transit of persons. And there is always the risk that some of the branches or the tree itself could cause injury to passersby, who out of "custom", and who apparently, in full view and with the forbearance of MINAE, regularly use said path. Likewise, the report also mentions that some branches are breaking off the tree due to the "self-pruning" (autopoda) that it naturally performs. It reiterates, it also presents a natural inclination towards an internal path that is used by the National Park officials themselves to conduct control and surveillance tours. Regardless of whether or not the tree is within the National Park, it is located adjacent to the path used by people to go to the community of Flor de Corralillo, which is a de facto situation consented to by MINAE itself, as it is a path they have never closed or prohibited its use. That journey taken by persons has been consented to, just as it is also used by officials of the Forestry Administration. He invokes the system of free evidentiary assessment in agrarian matters, in accordance with article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). And all the evidence must be considered jointly and not just the criterion of MINAE. He claims, on the matter of property and risk, that, although the tree is situated within the protected area, this does not imply an expropriation of the appellant's property registered in the plaintiff's name. For the risk posed by the tree is continuous and latent for passersby, Park officials, and all who use the path adjacent to the tree. There is a latent danger that this tree represents, also observed in the photograph provided in said report is the existence of the path adjacent to the tree subject of this proceeding. He requests that felling without use (derribo sin aprovechamiento) be authorized, due to the danger it represents for persons transiting the area and its being located in the referenced National Park. He claims, the challenged decision causes serious harm to the appellant by relying solely on MINAE's recommendation, ignoring the real danger the tree represents. He argues, the decision downplays the registered title in the plaintiff's name because, although the land is supposedly encumbered to the Barra Honda National Park, no "expropriation" has occurred, for the plaintiff to cease being the owner, since their registered ownership still prevails before the Public Registry of Property (Registro Público de la Propiedad). He invokes articles 1, 2, 25, 26, 54, 55, 56, 59, 79 of the Agrarian Jurisdiction Law, 152 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial). He requests that the challenged judgment be revoked and the proceeding be granted with merit, authorizing the appellant to proceed with the felling of the tree or, alternatively, that MINAE carry out said felling.

VI- Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law provides that the judgment must contain a ruling on all the issues under debate, and if it does not resolve them, its nullity must be decreed. In this case, the right of defense has been harmed. The reasoning issued violates article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, by not resolving or grounding the decision, integrating all the evidentiary elements, the elements of the case file, and the reality in which the legal solution must be issued; there being an absence of reasoning and inadequate evidentiary assessment. The appealed denial judgment states that it was proven that the plaintiff is the owner of farm registration 34137 right 001 without supporting any easement (servidumbre) and that according to the technical criterion of MINAE, the cutting of the tree is not recommended because it is located in the Barra Honda National Park, without nearby houses and because persons not belonging to the cited wilderness area should not enter the location. Furthermore, it indicates: "The existing dwelling house is located within Barra Honda NP, it is also uninhabited and located at an approximate distance of 91.37 m from the evaluated tree. Therefore, it is outside the tree's reach range. As it is an entry site not authorized by the Administration, all transit of persons must be eliminated, because the tree exhibits self-pruning (autopoda) as a result of the ecosystem's natural dynamic. This in order to avoid risk of injury to persons not belonging to Barra Honda NP. See images on folios 20-23." In the recitals section, the above-cited was reiterated and the cutting denial was resolved without any legal or factual reasoning. It bears citing that this Tribunal has ruled on proceedings of this nature: "IX.- It is also important to highlight the following regarding the purpose and object of a summary tree felling proceeding (sumario derribo) such as this one. Such a proceeding aims to determine whether a tree or construction, due to its poor condition, constitutes an imminent danger (peligro inminente) of falling that affects the life and safety of persons, their property, or assets of a public nature (numerals 310 of the Civil Code and 108 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily). The summary nature of this proceeding seeks to determine whether that work or tree must be secured (e.g., through anchors, supports, etc.), modified (as when pruning a tree is authorized), or eliminated (felling, for example), to prevent a harmful situation that, if these measures are not taken, has a high degree of probability (imminence) of occurring in the present or very near time. As requirements for this type of proceeding, it is therefore required to prove: a) The work or tree whose felling (derribo) is sought constitutes an imminent threat (amenaza inminente), due to danger of falling, to the rights of the possessing person or to passersby (integrity, life, or property), or may harm some public thing. b) Active legal standing (legitimación activa) lies with anyone having an interest when the effect of the fall could affect a public asset. Otherwise, standing corresponds to the specific person affected by said situation. c) Regarding passive legal standing (legitimación pasiva), if the questioned tree or work is under the responsibility of or on land owned by a specific person, that person is the one who must be sued, as it is an asset under their responsibility. But if the tree is in a public domain area (calles públicas, zona pública de la zona marítimo terrestre) or public access area, or in public domain protection areas (strips along riverbanks, lakes, springs (nacientes) that supply aqueducts, etc.), there is actually no one to directly sue, as the origin or cause of the alleged danger is not the responsibility of a specific person. d) Right. Although the legal system grants the right to demolish ruinous or dangerous works and trees, there must be a valid cause for doing so. If it concerns a tree, given the environmental protection regulations in force in the country, it is required to verify that its cutting or branch removal is truly necessary, so the required conditions must be met, to thus avoid an illegal or unnecessary felling (derribo ilegal o innecesario). In that sense, even if a tree is diseased or in danger of falling, if that act does not actually affect the integrity of persons or their property, its felling should not be authorized, as there is no other legal interest to protect and, on the contrary, it may be necessary for the environmental balance of ecosystems to allow it to fall due to natural causes. e) Current interest: the asset whose demolition is requested must exist and the situation of imminent danger of falling must persist, both when the complaint is filed and when the judgment is issued. It must be clarified that this type of proceeding should not be used to resolve problems derived from neighborhood relations, for non-compliance with specific regulations regarding the minimum distance at which trees can be planted based on boundaries, except what concerns the danger or real risk of the total tree or its branches falling (numerals 403 and 404 Civil Code). Conflicts that may be generated by roots and other aspects, which do not constitute factors that could cause the imminent fall of the tree, must be discussed through the pertinent procedural channel, which is usually an ordinary proceeding, to guarantee due process to the involved parties and due to the type of evidence usually required for it. Due to the complexity of these issues, the legislator did not consider a summary proceeding appropriate for these purposes. Nor should this proceeding be used to obtain authorizations related to the cutting or use (aprovechamiento) of trees that are not in danger of imminent falling and that, thereby, could harm private persons, their property, or public domain assets. To analyze what is being appealed, it must also be emphasized that, although the summary tree felling proceeding (sumario de derribo) is a special proceeding, due to its purpose (protection of life or property), it is governed by general basic procedural rules. Among them, the rule of the burden of proof (carga de la prueba). Usually in this type of proceeding, because an environmental asset (tree) is at stake, agrarian courts ex officio request the collaboration of public officials from SINAC to issue a technical opinion on the phytosanitary or physical state of the tree and its impact on the environment if it were to fall, as these are essential aspects for resolving the matter under debate. But this does not mean that the plaintiff is exempted from the evidentiary burden. If the expert opinion of SINAC is not available or is technically insufficient, the plaintiff must, in maintaining their position that a tree generates an imminent risk of falling, ensure the pertinent evidence to prove it is brought to the proceeding. For example, through an expert report. Furthermore, any of the parties, but especially the one bringing the action, may also request that the official technical reports and expert evidence be clarified, when their data are not precise or basic aspects are omitted. However, due to the burden of proof, it is the plaintiff who must be concerned with proving the conditions or requirements necessary for a complaint to be upheld. In this regard, in accordance with numeral 41.1 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily in agrarian matters, the burden of proof corresponds, according to principles of reasonableness and ease of evidentiary accessibility: 1. To whoever formulates a claim, regarding the facts constituting their right. 2. To whoever opposes a claim, regarding the facts that impede, modify, or extinguish the plaintiff's right. In the event that the legal basis and the factual element of the defended position cannot be accredited, they must assume the negative consequences of their omission. In that sense, it must be remembered that in court "each party has the burden of proving the facts that serve as the basis for the norm that enshrines the legal effect sought by them, whatever their procedural position, that is, that party bears the risk of lack of proof, which results in an unfavorable decision..." (Devis Echandi, Hernando. Compendium of Procedural Law: Judicial Evidence, 9th ed., Ed. A.B.C., Bogotá, 1988, T.II, p. 161)." Vote Resolution No. 00710 – 2022 of July 21, 2022 at 15:18.

VII- In the case under study, this Instance notes grounds that prevent the resolution of the appeal filed. The first is the lack of clarity of the technical report from MINAE of Nicoya No. ACT-OSRN-241-2024, dated April 17, 2024, in which it is not clearly stated whether the tree presents a risk of falling, which is important to clarify, especially since, according to the photographs, it is located at the side of an existing path at the site. Although it is cited that the trunk is healthy, nothing is mentioned regarding the exposed roots as a latent risk of falling. The report cited: “The species requested for assessment corresponds to a tree popularly known as Cenízaro. This tree has an approximate total height of 15.0 m and a diameter at breast height (DBH) of 115.0 cm. At the time of the visit, an adult tree is observed, the trunk does not present evident damage, with foliage without flowers or fruits, with roots exposed as a result of runoff; with a wide crown. This tree is breaking some branches because the species has the capacity to self-prune (autopodarse). It also presents a natural inclination and, by location, towards a path that is used by National Park officials to conduct control and surveillance tours, but also some people clandestinely use them to cross (sic) towards the community of Flor de Corralillo. This tree is located within the Protected Wilderness Area called Barra Honda National Park, outside the water resource protection area, but within a remnant of secondary forest (bosque secundario) in the process of restoration. Risk Factor No risk conditions are observed, given that there are no houses nearby, nor is it a site where persons not belonging to the Barra Honda National Park should enter” (image 19 to 23 case file pdf format). As stated supra, safety is the primary reason for summary tree felling proceedings. The technical report serving as the basis for the appealed resolution does not contain clear information and data regarding the existence or non-existence of the tree's imminent fall, given that it states its roots are exposed by runoff, it is located next to a path in use, and has an inclination towards it. The consideration of whether it is eliminated, pruned, or the proceeding is denied, is a legal matter to be decided in the summary proceeding. The originating Court is made aware that the fact of persons transiting the site; whether officials or not, was also not assessed. According to the photographs attached to the technical document, an existing and in-use path is observed (image 21 pdf format). Which, as it is set up for transit, it is logical that park personnel or persons entering for the legal purposes of these protected areas (visitation, research, tourism) use it for their movement. On the other hand, the resolution does not consider that the farm where the tree and the path exist is apparently a property registered in the plaintiff's name, not expropriated, over which his property right, the encumbrance to an environmental purpose given by the national park management category, the conditions of the cenízaro, and the consideration of the safety of persons must be weighed. A situation that must be weighed comprehensively in accordance with environmental legislation, the private individual's property right, the content of the technical report, and the reality of the site. None of which was analyzed in the appealed resolution. Therefore, the trial court must urgently request MINAE to supplement the technical report by determining whether or not there is a risk of the tree in question falling, resolve expeditiously, given the need to prevent any incident that the fall of the species could cause or else take the measures deemed prudent. Or dismiss the proceeding.

THEREFORE (POR TANTO)

Judgment number 147-2024 at ten hours forty minutes on the twenty-fourth of May of two thousand twenty-four is annulled. Prior to issuing a new decision on the merits, the trial Court must urgently proceed to request clarification of the technical report from MINAE of Nicoya No. ACT-OSRN-241-2024, dated April 17, 2024, regarding whether or not the tree presents an imminent risk of falling onto the existing path at the site. And once obtained, issue judgment considering: the reality of the site, the registered property right of José Jiménez Jiménez, the environmental encumbrance of that right in accordance with the national park management category, the conditions of the cenízaro species, and the existence of a route or right of way, to decide whether or not to uphold the claim of the proceeding.

EXP: 24-000034-0391-AG

Judicial Circuit II San José, 4th floor, Courts Building, Calle Blancos de Goicoechea opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:31:31.