Res. 06293-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Lack of causal link between EIA omission and damages from municipal stormwater worksFalta de nexo causal entre omisión de EIA y daños por obras pluviales municipales

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 06293 - 2024

Fecha de la Resolución: 20 de Setiembre del 2024 a las 13:50

Expediente: 20-004836-1027-CA

Redactado por: Lourdes Vargas Castillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Responsabilidad objetiva de la Administración

Subtemas:

Reclamo de daños derivados de obras efectuadas por la municipalidad relacionadas al alcantarillado pluvial en calles urbanas sin contar con la evaluación de impacto ambiental.
Requisito legal de viabilidad ambiental no puede analizarse como un nexo de causalidad de los supuestos daños reclamados.
Análisis sobre el régimen de responsabilidad objetiva de la administración y elementos para fundamentar el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública.

Tema: Responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Reclamo de daños derivados de obras efectuadas por la municipalidad relacionadas al alcantarillado pluvial en calles urbanas sin contar con la evaluación de impacto ambiental.
Requisito legal de viabilidad ambiental no puede analizarse como un nexo de causalidad de los supuestos daños reclamados.
Análisis sobre el régimen de responsabilidad objetiva de la administración y elementos para fundamentar el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública.

Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Reclamo de daños derivados de obras efectuadas por la municipalidad relacionadas al alcantarillado pluvial en calles urbanas sin contar con la evaluación de impacto ambiental.
Requisito legal de viabilidad ambiental no puede analizarse como un nexo de causalidad de los supuestos daños reclamados.
Análisis sobre el régimen de responsabilidad objetiva de la administración y elementos para fundamentar el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública.

"XV. [...] El fundamento expuesto como nexo causal de los daños que se reclaman, no es de recibo. La ausencia de un requisito legal como la viabilidad ambiental conlleva la revisión de la ilicitud de la conducta o la anormalidad del funcionamiento desplegado por la Administración demandada, función propia de esta Jurisdicción a la luz del numeral 49 constitucional cuando así lo solicite la parte que acciona; pero esa omisión legal no puede definirse como el nexo de causalidad de los supuestos daños provocados -en este caso- por un funcionamiento del gobierno local que se reitera, no es objeto del proceso según lo indicado en el punto 2 del Considerando de Antecedentes y en el Considerando V de este pronunciamiento. Este es un proceso por responsabilidad por supuestos daños sufridos por la acción de las aguas pluviales que desfogan en la propiedad de la sociedad actora. Es preciso que la parte, primeramente demuestre esos daños y seguidamente el nexo de causalidad de su origen y autor, lo que en criterio de este Colegio, no los causó que el proyecto constructivo cumpliera o no un requisito legal, sino que pueden obedecer a la acción propia del agua pero que, debe ser demostrado. [...]"

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Texto de la resolución
Documento PJEDITOR

 

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EXPEDIENTE:

	

20-004836-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S.A.




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

 

 N° 2024006293

TRIBUNAL  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SECCIÓN SEGUNDA (Equipo Dos) SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cincuenta minutos del veinte de Setiembre del dos mil venticuatro.-

 

Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, incoado por SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S. A. con cédula jurídica 3-1010489166; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Interviene como abogado de la sociedad accionante  el señor Arthur Jiménez Latouche. Representa los intereses del gobierno local el señor abogado Rolando Alberto Segura Ramírez (imágenes 2, 39, 234, 511, 909 a 911, 918-919 todos del expediente judicial así como los registros de audio de la audiencia complementaria que son cuatro). Se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso y, no se observan defectos u omisiones capaces de producir la nulidad de lo actuado y resuelto por lo que, previa deliberación de Ley, el Tribunal Colegiado Sección Segunda (Equipo Dos) integrado por los jueces Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo Segura González y Lourdes Vargas Castillo -a quien le correspondió presidir- procede a dictar la sentencia con el voto unánime de sus integrantes.

 

Redacta la Jueza Vargas Castillo.

CONSIDERANDO

 

I. ANTECEDENTES PROCESALES:

1. El 06 de noviembre de 2020, la parte actora interpuso este proceso.  Por auto de las ocho horas treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, se previno corregir el escrito de demanda. En escrito de fecha 23 de noviembre 2020, la aparte actora cumplió lo prevenido. La Jueza de trámite aclaró en la audiencia preliminar que tuvo lugar el 01 de octubre de 2021, que ese escrito visible de imágenes 179 a 196 era para todos los efectos el escrito base de este proceso (registro de audio a partir del minuto 00:06:00 y, en idéntico sentido se pronunció este Tribunal en la audiencia complementaria registro de audio minuto 0:05:37 III).

2. La pretensión de este proceso, indicada en ese escrito de demanda, tomando en consideración el ajuste realizado en la audiencia preliminar -realizada el 01 de octubre de 2021- y el ajuste realizado por el abogado que representa los intereses de la parte actora en la audiencia complementaria es: "Con fundamento en los hechos, pruebas y fundamentos jurídicos, muy respetuosamente se solicita al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, se resuelva lo siguiente: 1.- Declarar con lugar la presente demanda y condenar al ente Municipal por su actuar irregular al realizar obras sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. 2.- Condenar a la Municipalidad de San Mateo, al pago de todos los daños ocasionados en la propiedad inscrita bajo el Partido de Alajuela folio real número 109060-001, con plano A-1760950-2014. 3.- Se condene a la Municipalidad de San Mateo al pago de los intereses legales correspondientes, por las sumas otorgadas por el Tribunal Contencioso Administrativo contabilizadas desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago. 4.-Se condene al ente Municipal al respectivo pago de las costas personales y procesales de la presente acción". Precisó el abogado en la audiencia complementaria: "...Vamos a ver, de acuerdo a la minuta de la audiencia preliminar se estableció un daño material que fue lo que se reclamó en aquel momento ¿cuál es ese daño material económico que hoy reclamamos? Es precisamente aquél que se establece entre las imágenes 592 y 593, que son las afectaciones que sufrió la propiedad de mi representada y el perito estimó el daño en las obras existentes y los trabajos pendientes de realizar (...) y se cuantificó por ¢21.721.600.00 (...) yo entiendo tal vez esa mala técnica de concretar las pretensiones en la audiencia preliminar, pero debe entenderse que lo que se está pidiendo es la reparación de ese daño ocasionado producto de la conducta ilícita de la corporación municipal que acarreo unas obras, lo que conllevó a una inversión económica pero además los trabajos pendientes de hacer, es decir en total la suma que se solicita indemnizar es de ¢21.721.600.00 porque así es lo que arroja el avalúo que hizo el perito que eventualmente en una ejecución de sentencia esto es lo que se llevaría a ejecutar (registro de audio de la audiencia complementaria a partir del minuto 0:56:09 a 0:57:53 IV).

3. Mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por establecido el proceso contra la Municipalidad de San  Mateo (imágenes 200 a 201).

4. El gobierno local accionado contestó la demanda, solicitó se tengan sin lugar las pretensiones señaladas, se acoja la excepción de falta de derecho opuesta y se  condene a la parte actora al pago de ambas costas más intereses (imágenes 208 a 232).

5. La audiencia preliminar, se llevó a cabo el 01 de octubre de 2021, con la presencia de todas las partes del proceso. No se observaron aspectos de fondo que subsanar. Se hizo lectura de la petitoria, por solicitud de la parte demanda y de la señora Jueza a cargo, aclaró la parte actor que sólo se pide daño material así como los montos pretendidos, según se expuso en el punto 1 de este Considerando. No se opusieron defensas previas. Se determinaron todos los hechos como controvertidos. Se admitió la totalidad de prueba documental ofrecida por las partes. Y, únicamente como prueba testimonial al señor Jorge Gómez Picado. Se admitió la prueba pericial. Dispuso la Jueza a cargo que, la prueba visible en imágenes 470 a 483 presentadas en memorial del 23 de setiembre de 2021 y la visible en imágenes 487 a 499 por haber sido presentadas un día antes de la audiencia, se tomarán como prueba para mejor resolver y quedará a criterio del Tribunal que por el fondo deba conocer el proceso, su admisión o rechazo (registro de audio y minuta visible en imágenes 511 a 517).

6. Por auto de las dieciséis horas cinco minutos del dos de marzo de 2022, la Jueza de trámite informó a las partes que en la lista de peritos del Poder Judicial no existe un perito ingeniero civil con especialidad en valuación y, rechazó la prueba pericial ofrecida por la Municipalidad por no pagar los honorarios del perito, como le fue prevenido (imagen 525). La parte actora solicitó se autorizara el nombramiento del perito valuador y la Jueza de la etapa de trámite, mediante auto de las diez horas diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, concedió a la parte actora "... un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para que proponga un profesional idóneo para llevar a cabo la diligencia pendiente. En el entendido de que la persona ofrecida debe cumplir con los requisitos, deberes y derechos que regula el Reglamento para regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial" (imagen 529). La parte actora solicitó se autorice el nombramiento del Ing. Francisco Madriz González, ingeniero civil, perito valuador, cédula de identidad 1-0993-0177 carné IC 10549 (imagen 537). Por auto de las dieciséis horas veintiséis minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, la Jueza a cargo admite el ofrecimiento del ingeniero Madriz González, previno la presentación del informe en quince días hábiles y definió el objeto de la pericia: "Determinar cuáles son los daños de la propiedad y la estimación económica de estos daños" (imagen 540).

7. El informe pericial fue rendido y consta en imágenes 544 a 604, así como la ampliación solicitada por la Municipalidad visible en imágenes 617 a 863.

8. El proceso fue remitido originalmente a la Sección de Juicio VIII de este Tribunal, que convocó a juicio oral y público para las ocho horas treinta minutos del diez de octubre del año dos mil veinticuatro (imagen 868).

9. Mediante escrito visible en imagen 881, la parte actora ofreció en carácter de prueba para mejor resolver informe técnico de Inspección N°MDRRSPCDARSONSSMIR-0022-2023,  emitido por el Ministerio de Salud el 07 de febrero de 2023 (imágenes 881 a 889). Mediante auto de las dieciséis horas veintinueve minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés, por parte de la Sección de Juicio originalmente a cargo de este proceso, se puso en conocimiento de la parte demandada, escrito referido, señalando a las partes que, la admisión del mismo será resuelto en el Juicio Oral y Público (imagen 890).

10. De conformidad con el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, adoptado en la sesión número 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y ordenanza de la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dada en el acuerdo N°12.VI.2023, adoptado en la sesión celebrada el 27 de julio de 2023, se reasignó el conocimiento de este proceso a la Sección Segunda de este Tribunal (ver constancia en imagen 898 del expediente judicial).

11. Por auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro esta Sección, convocó a las partes a audiencia complementaria el 02 de setiembre 2024 (imágenes 899 a 902).

12. Las órdenes de citación de los testigos fueron emitidas el 08 de mayo de 2024 (ver imágenes 905 a 980). La técnica del Equipo de Trabajo, se comunicó con las partes del proceso a fin de recordarles el señalamiento a juicio, hacerles ver que las cédula de notificación de los testigos fueron emitida y su obligación de informar al Tribunal por cuál medio se apersonarían el día de la audiencia complementaria, según "Constancia de llamada a las partes del proceso" (imagen 929).

13. Por memorial visible en imagen 909 la Municipalidad apersonó al proceso al Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez, quien aportó poder especial judicial y señaló medio para recibir notificaciones. La parte actora apersonó en calidad de apoderado especial judicial al Lic. Arthur Jiménez La Touche quien aportó correo electrónico para asistir a la audiencia complementaria en modalidad virtual (imagen 923, 930).

14. La representación de la Municipalidad aportó en carácter de prueba para mejor resolver: 1. Actualización del expediente 89-18-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo que había sido admitido como prueba (visible de  imágenes 939 a 1206). 3. Oficio DI-SM-OFEX/020-24 en el que se da cuenta de los trámites municipales registrados en las fincas 2-17227-000 plano A-1222500-2008 y 2-109060-001 plano A-0432995-1981 (visible de imágenes 933 a 935). 3. certificación de personería jurídica de Servicios Profesionales Marsago, S.A. (visible en imágenes 937 a 938).

15. Del desarrollo de la audiencia complementaria. El lunes 02 de setiembre, al ser las 08:33 horas, el Colegio de Jueces se constituyó en la Sala de Juicio N°5 del Tribunal para dar inicio a la audiencia complementaria. El Tribunal revisó -previo a declarar abierta la audiencia- algunos aspectos de saneamiento con las partes, entre ellos el ofrecimiento de prueba para mejor resolver. Vía remota, participó el Lic. Arthur Jiménez La Touche. La representación de la Municipalidad accionada -Lic. Rolando Segura Ramírez, su asistente y la Alcaldesa de la  Municipalidad de San Mateo, se apersonaron a la Sala de Juicio. Una vez revisados todos los aspectos de saneamiento, el Tribunal declaró la apertura del debate. Se explicó la dinámica de la audiencia y consideraciones de forma, recordando los poderes de ordenación que conforme los numerales 99 del CPCA y 73 del Reglamento de esta Jurisdicción ostenta el Colegio de Jueces. Se hizo lectura de la petitoria del proceso. Las partes expusieron los alegatos de apertura. Se recibió el testimonio del señor perito que rindió el informe y la ampliación respectiva (imágenes 544 a 604 y 617 a 863). Se recibió al testigo ofrecido por la Municipalidad el señor Jorge Gómez Picado, cédula de identidad 3-220-757. Previo a finalizar la audiencia, la parte actora ajustó la petitoria del proceso ante la noticia impuesta al Tribunal en relación a la titularidad de uno de los inmuebles, que desde el mes de abril de este año no pertenece a la sociedad actora, por dación en pago que hiciera a un tercero (ver detalle en la minuta de juicio).

16. Con la entrada en vigencia del escritorio virtual, la tramitación de este expediente se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 1225 imágenes al día de realización de la audiencia complementaria. Se deja esta constancia, con el fin de identificar la totalidad de imágenes que conforman el expediente y su foliatura.

17. El Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los artículos 73.10, 79. 4 y 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción y, en atención al objeto del proceso y de la prueba a valorar consideró que este asunto es complejo y así se comunicó a las partes, previo a dar por finalizada la audiencia complementaria por lo que, la sentencia se notificará en el plazo legal de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la clausura del debate (ver detalle en minuta de juicio).

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. (transcripción parcial) PRIMERO: La demandante sociedad anónima Servicios Profesionales MARSAGO S.A, es propietaria de un bien inmueble inscrito en el Registro Público de la propiedad, bajo el Partido de Alajuela Folio Real 17227-000, con plano A-1222500-2008, situada en la provincia de Alajuela, cantón San Mateo, distrito San Mateo, con una medida de 528 metros con 43 decímetros cuadrados y la finca del Folio Real 109060-001, con plano A-1760950-2014, situada en la provincia de Alajuela, cantón San Mateo, distrito San Mateo, con una medida de 791 metros con 00 decímetros cuadrados (...). SEGUNDO: Que la Municipalidad de San Mateo en primera instancia promovió la Contratación Directa 2016CD-000022-09 denominada "Construcción de pozos, sumideros y cajas de registro en calles urbanas". Siendo que dicha etapa se inició d 23 de noviembre del 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017, la cual presentaba en el cartel las siguientes especificaciones técnicas, a modo probatorio para que pueda el Juzgador en el momento procesal oportuno valorar los efectos y el impacto que dicha contratación causó sobre el inmueble propiedad de mi representada (incluyó cuadro con descripciones técnicas). De esta forma se inician las obras, fundamentadas según los argumentos Municipales que se daban múltiples inundaciones, debido al escurrimiento superficial de aguas pluviales por la construcción de viviendas, edificios, gimnasios, ciclo vías, parques, calles y todo tipo de estructuras que no permitían la filtración natural de las aguas de lluvia en los terrenos del distrito central del cantón. Y es así como mediante oficio DTGV INT 061414/2018 del 27 de abril del 2018, remitido por el Ing. Eduardo (sic) Gómez Picado al Licenciado Jairo Guzmán Soto, Alcalde Municipal de San Mateo hace tal referencia de la justificación del porque de este proyecto en su primera etapa, oficio que adjunto como prueba a los autos. Así mismo se indicó que la propiedad matrícula 17227-000 (anteriormente de la familia Fernández León) adquirida por la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A, cédula jurídica 3-101-489166, el 28 de febrero del 2018, de acuerdo al plano catastrado A-1222500-2008 indica claramente el paso de aguas pluviales, siendo que dicha propiedad de mi representada forma parte del cauce del dominio público, de acuerdo al capítulo II artículo 4 de la ley 17742, Ley para la Gestión integrada del Recurso Hídrico. TERCERO: Posteriormente la misma Municipalidad de San Mateo, promovió una segunda Contratación Directa 2018CD-000010-01 denominada "Construcción de Pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño y colocación de tuberías", segunda etapa que se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018, la cual presentaba en el cartel las siguientes especificaciones técnicas como las que detallo a continuación [insertó imagen]. Que al inicio de esta segunda etapa mediante oficios remitidos por mi hijo y representante legal de Servicios Profesionales Marsago S.A, Ing. Marlon Sánchez González, gestionó ante el Municipio de San Mateo con fecha 17 de abril del 2018 un oficio dirigido al señor Alcalde Municipal, Lic. Jairo Guzmán Soto, mediante el cual señaló [transcribe parcialmente el oficio]. Como puede notarse el representante legal en aquel momento de mi representada, previendo lo que podría suceder gestionó ante el ente Municipal el cómo evitar la situación que ahora nos ocupa en esta vía judicial, sin respuesta alguna al día de hoy formal, siendo que también acudió al Tribunal Ambiental Administrativo, sin resultado formal al día de hoy, de lo cual consta copia de dicho expediente 89-18-02-TAA en los autos. Motivos estos que se previeron desde el mes de abril del 2018 sin que se hubieran concluido las obras de la segunda etapa que termina el 07 de setiembre del 2018. CUARTO: Que producto de este cuadro fáctico anterior dentro del expediente del Tribunal Ambiental Administrativo 89-18-02-TAA, consta el informe TAA-DT-055-18 y la resolución 931-18-TAA de las catorce horas del diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho, mediante las cuales señala (hace transcripción parcial). QUINTO: De conformidad con el oficio N°AMSM-305-18 de fecha 03 de octubre del 2018, de la Municipalidad de San Mateo, se indica que las obras pluviales del centro del distrito, que son objeto del presente proceso, se realizaron en dos etapas; la primera etapa se inició el 23 de noviembre del 2016 y concluyó de 30 de marzo de 2017 y  la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018. SEXTO: Según el propio dicho de la Municipalidad de San Mateo la primera etapa de construcción tiene una longitud de 278,5 metros y la segunda etapa tiene una longitud de 116.05 metros y los volúmenes de excavación para la primer etapa fueron de 626,62 m3 de tierra y 33,36 de pavimento y para la segunda etapa 511,56 m3 de tierra y 14,61 de pavimento. SÉTIMO: Es importante destacar con fundamento en el oficio emitido por la SETENA-SG-1229-2018 de fecha 10 de julio de 2018, las obras pluviales realizadas por la Municipalidad de San Mateo, en el centro del cantón, carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. LO CUAL ERA UN REQUISITO NECESARIO PARA INICIAR LAS OBRAS y es así como reza en lo que interesa el mencionado oficio sobre esta temática en particular que demanda mi representada [hace transcripción parcial]. Nótese que dichas obras requerían de la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental -SETENA-, siendo que las mismas nunca contaron con dicha autorización, lo cual generó los daños y socavaciones que se han producido en la propiedad de mi representada, siendo en consecuencia que dichas obras que realizó la Municipalidad de San Mateo, en el Centro del Cantón las que fueron efectuadas en dos etapas que inició la primera d 23 de noviembre del 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017 y la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018 como se indicó y relato en el hecho cuarto de la  las que generaron "los daños que reclamo en vía contencioso contra dicho ente Municipal. OCTAVO: Que se puede comprobar así que dichas obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo de conformidad con las dos etapas que se mencionaran y  de acuerdo a las estimaciones que se indicaron en la contratación directa 2016 CD-000022-09 denominada "Construcción de pozos. sumideros y cajas de registro en calles urbanas" y la segunda Contratación Directa 2018CD-000010-01 denominada "Construcción de pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño y colocación de tuberías", siendo que dichas contrataciones y las obras que se realizaron en las mismas y las cuales fueron realizadas sin las autorizaciones de la SETENA por parte del ente Municipal de San Mateo de Alajuela y así consta en los autos por los oficios de la SETENA que expresamente lo señalan, han sido las causantes de los daños a la propiedad de la Actora la cual se encuentra debidamente inscrita  nombre de mi representada inscrita bajo el partido de Alajuela folio real 17227-000, con plano A-1222500-2008 y la finca del Folio Real 109060-001, con plano A-1760950-2014, como socavación en  el terreno que sirve de desfogue final de las aguas, todo lo cual se puede demostrar con las fotografías del lugar que se encuentran debidamente agregadas al expediente de marras. II. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN VÍA JUDICIAL. A.- Realización de obras constructivas sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -SETENA-. Según lo establece el artículo 17 de la Ley N° 7554 denominada Ley Orgánica del Ambiente, se requiere de Evaluación de Impacto Ambiental [citó el numeral]. Así mismo, el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en su artículo 4 establece [hizo cita]. Por su parte el Anexo N°2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el Paso N°2 señala [hizo transcripción]. Además la resolución N°1909-2017-SETENA de las 07 horas 50 minutos del 22 de setiembre del 2017 dictada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en su artículo 5 inciso 33 establece lo siguiente [hizo transcripción]. En las obras de construcción pluviales la Municipalidad de San Mateo ha realizado un  aumento considerable de red de aguas pluviales existentes, por lo cual, en aplicación y con justificación en la normativa anteriormente descrita era necesario que el ente Municipal solicitará el respectivo Estudio de Impacto Ambiental para poder realizar las obras, situación que no ocurrió. Ergo, la construcción de la red de aguas pluviales y "servidas", realizada por la Municipalidad de San Mateo, se realizó contraria a Derecho y ello provocó efectos secundarios como los sucedidos en los inmuebles de mi representada, que no solo se hacen sin las autorizaciones correspondientes sino que también sufrió impacto en el inmueble y no media responsabilidad alguna obligándome a acudir a esta vía en resguardo de mis derechos. B.- En el orden a los Daños y Perjuicios. En vista de que la presente demanda ordinaria se pide el pago de daños y perjuicios, esta representación de conformidad con el artículo 58 incisos 1) punto e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede a realizar una mención de los daños y perjuicios que se reclaman, el motivo que los originó, en qué consisten y su estimación prudencial [hizo cita]. Daño material que se ha ocasionado al bien inmueble inscrito ante el Registro Nacional, bajo el partido de Alajuela folio real 17227-000, con plano A-1222500-2008 y la finca del Folio Real 109060-001, con Plano A-1760950-2014. El motivo que lo origina, las obras constructivas de aguas pluviales y -servidas-, realizadas por la Municipalidad de San Mateo, sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Este daño consiste, en la afectación al valor económico del inmueble, el cual, se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad. La estimación prudencial de los daños, se calcula de cuantía inestimable y será debidamente estimada una vez que exista el respectivo dictamen pericial, que pido a su Despacho en el momento procesal oportuno se efectué la designación correspondiente" (imágenes 179 a 195 del expediente judicial).

III. ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Respecto de los hechos de la demanda, en el primero hizo referencia al origen del inmueble, 2-17227-000, inicialmente dividido en derechos, adquiridos por la sociedad actora y reunidos en febrero de 2018. Sobre el segundo, acepta que la Municipalidad promovió la contratación directa 2016CD-000022-09, labor que se enfocó en la construcción de 6 pozos y 15 tragantes, trabajos que se efectuaron dentro del cuadrante urbano de San Mateo. La contratación dio inicio el 23 de noviembre de 2016, el acto de adjudicación  de dictó el 28 de noviembre de 2016 en favor de Sierra Brava S.A. cédula jurídica 3-101-019571 y las obras concluyeron el día 30 de marzo de 2017. Precisó, la propiedad era de la familia Fernández León, quienes conocían del paso del agua pluvial sobre la finca que fue de su propiedad, y teniendo en cuenta la topografía y las condiciones de la finca en torno al paso del agua que históricamente habría discurrido por ese predio, los derechos fueron vendidos a Servicios Profesionales MARSAGO S.A. quien reunió los derechos en febrero de 2018. Del hecho tercero,  acepto que corporación Municipal promovió la contratación directa 2018CD-000010-01, a través de la decisión inicial adoptada el 22 de febrero de 2018, y donde se volvió a preponderar la generación de mejoras en la canalización de las aguas pluviales en las calles urbanas de San Mateo. El proyecto consistió en 2 pozos, 4 tragantes, trabajar 138 metros cuadrados de acera, cordón y caño, así como colocación de tubería. Precisó, la contratación se inició el 9 de marzo de 2018 con la publicación del cartel correspondiente, generándose el acto de adjudicación el 15 de marzo de 2018 adjudicación que recayó en el señor William Elizondo Salas. El 9 de abril de 2018, mediante resolución DTGVEXT089/04-2018 del 9 de abril de 2018, se emitió la orden de inicio teniendo como fiscalizador al señor Ing. Jorge Gómez Picado (...) La recepción definitiva del trabajo, junto con la modificación unilateral fue el 2 de mayo de 2019. Aclaró, la escorrentía de las aguas por el casco central de San Mateo ya existía, inclusive de previo al año 2016 y así ha sido por décadas; siendo que inclusive por el predio 2-17227-000 ya discurrían aguas; los trabajos realizados por la Corporación Municipal iniciados en 2018, llegan precisamente hasta la zona pública, sin que se haya intervenido el predio 2-17227-000,  en el tanto el agua ya discurría de previo a tales trabajos por esa zona, cursando por la finca donde se encuentran los Tribunales de Justicia en San Mateo, y cursando posteriormente por la finca de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. Aclaró que las obras dentro de la propiedad privada que encausan aguas y llevadas a cabo por el señor Marlon Sánchez González y que reconoce haber hecho en escrito de abril de 2018, no fueron autorizadas por la Corporación Municipal, ni consta solicitud de permiso o licencia alguna para su intervención, y que el señor Sánchez admitió que conocía que el agua discurría por la finca propiedad de la que es titular la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A. y que admitió haber realizado una obra constructiva y la finalidad de la misma, sin que se observe en la Corporación Municipal que se ha tramitado permiso sobre esos trabajos. Señalo, los sujetos privados tienen la obligación de dejar pasar las aguas que discurren por sus propiedades y en caso de encausamiento, no cuenta con una prerrogativa libre para omitir licencias, se remarca que el trabajo realizado, en todo caso, habría impactado naturalmente el curso normal de esas aguas, incidiendo sobre la finca en cuestión y, eventualmente, sobre los predios subsiguientes, dentro de los que se ubica la finca 2-106090. Por otro lado, es cierto que el señor Sánchez González se dirigió al Tribunal Ambiental Administrativo, y en esa sede se ventilan también otros aspectos relacionados con los hechos y pretensiones de la demanda ahora presentada. En relación al hecho cuarto, acepto que dentro del expediente 89-18-02-TAA consta Informe TAADT-055-I8 y resolución 931-18-TAA; pero a esa fecha no hay resolución final y que el asunto no se enfoque en relación con el supuesto daño material que pretende la parte actora se le reconozca en esta vía. Preciso,  los trabajos realizados por la Corporación Municipal en torno al curso de las aguas pluviales, implicó algunas reubicaciones no sustanciales del paso de las aguas y siempre dentro del mismo área de cobertura ya impactada, sí debe remarcarse que, en todo caso, el paso de las aguas sobre la finca 2-17227-000 suscitaba con antelación al año 2016 y 2018, cosa que ya conocía el señor Sánchez González, por lo que no se ha generado un nuevo paso de aguas sobre la finca 2-17227-000 producto de la intervención y obras realizadas por la Corporación Municipal mediante las obras contratadas entre los años 2016 y 2018. Insistió en la intervención que reconoció el señor Sánchez González sobre la finca 2-17227-000 se habría llevado a cabo inclusive antes de haber remitido nota el 17 de abril de 2018 a la Alcaldía Municipal sin solicitar permisos de ningún tipo sobre este tema, por lo que debe asumir el riesgo por los efectos que esta obra constructiva pudo haber tenido sobre los predios que refiere la parte actora en el hecho primero de la demanda. Sobre el hecho quinto, acepto la emisión del oficio AMSM-305-18 del 3 de octubre de 2018 y la forma en que las obras fueron realizadas. En relación al hecho sexto, aceptó el contenido de la información que se precisa en el oficio AMSM-305-18, pero adicionó que los trabajos realizados fueron de intervención de obras ya existentes, siendo que desde vieja data y por el nivel y topografía de la zona, esa área de cobertura ya se encontraba impactada por obras para el cauce de las aguas, mismas que siempre habían buscado su curso conforme a la topografía del lugar, y discurriendo por la propiedad donde se ubican los Tribunales de Justicia, pasando por la finca 2-17227-000 al menos por décadas, antes de que fuera adquirida por la sociedad actora. Sobre el hecho sétimo manifestó, en cuanto a la existencia del oficio SETENASG-1229-2018 del 10 de julio de 2018; sin embargo estima que debe advertirse que el oficio toma como premisa que el proyecto realizado por la Municipalidad era nuevo cuando ya había un sistema de desfogue de aguas en el centro del distrito de San Mateo y con antelación ya se conocía la forma en las aguas discurrían por esa zona, desde mucho antes al año 2016. Señaló que  la adición que se realizó mediante resolución 1909-2017-SETENA en torno a la inclusión del artículo 33 apunta como actividad que no requiere de Estudio de Impacto Ambiental, la reparación, rehabilitación o mantenimiento de la red de aguas pluviales. Agregó, no hay  sustanciación alguna para sostener que, la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental de SETENA sobre las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo -en caso de que fuera requerida, que no lo eran- sea en sí causa de supuestos daños y socavaciones sobre la propiedad de Servicios Profesionales Marsago S.A. que ahora se reclaman, ignorando el conocimiento previo que se tenía sobre las condiciones de la finca 2-17227-000 y los trabajos que de parte de la misma sociedad propietaria fueron llevados a cabo sin permiso, impactando con ello el curso de las aguas. Rechazó el hecho octavo, insiste que la demanda contiene iguales viciosa los prevenidos, estima que en este hecho se reduce a meras valoraciones sobre el fondo del asunto. Hizo referencia en el apartado de fundamentación a las "B. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA EXISTENCIA DE FALTA DE DERECHO, LA RESPONSABILIDAD Y LA CULPA DE LA VÍCTIMA". Explicó, en el caso de marras, se deberá considerar por parte de la Autoridad jurisdiccional, el hecho de que el señor Sánchez González, en nombre de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. tal cual consta en este asunto, conocía de previo las condiciones de las fincas que referencia en el hecho primero, así como el histórico paso de las aguas por esa zona y, a pesar de ello, habría intervenido el curso de las agua que pasan sobre la finca 2-17227-000 -tal cual se establecerá a posteriori en este escrito-, lo que reconoció haber hecho y terminado entre "el momento en que adquirió la finca" y el momento en que envió la nota a la Municipalidad en abril de 2018, por lo que se habría llevado a cabo en el predio una intervención importante sobre el curso de las aguas, sin que mediara trámite de licencia alguna. Hizo referencia sobre jurisprudencia de la Sala Primera ha reiterado, en relación con la culpa de la víctima, cómo esta puede resultar responsable en la producción de un daño al influir en el curso causal directamente, asumiendo con ello el riesgo por las acciones llevadas a cabo de forma ilegítima y, sin que por ellas deba entrar a responder la Administración [citó resolución N°38-1996 de las 15:00 horas del 19 de abril de 1996]. Señaló, al intervenir el curso de las aguas sobre el predio 2-17227-000, la sociedad anónima propietaria debió asumir el riesgo por ello, especialmente cuando se intervino un cuerpo de agua intermitente del que ya se tenía conocimiento de previo a realizar la compra del inmueble, y más aún debió asumirse el riesgo de que, el redireccionamiento de las aguas pudiera afectar la dinámica de su curso sobre el predio en cuestión, así como sobre el predio 2-109060 en caso de haberse configurado algún daño. Aunado a esto, deberá valorarse este aspecto con mayor intensidad al apreciar que, esta intervención particular fue una intervención nueva sobre un curso de agua ya existente históricamente -por la topografía del lugar; y aquí se remarca, que las obras llevadas a cabo por la Corporación Municipal, no entraron a generar una condición fáctica que ya existía sobre la topografía del lugar en cuanto al curso de las aguas que pasan sobre el predio 2-17227-000- sin consultar ni tramitar previamente tal intervención, que sin duda alguna fue ilegitima y habría impactado el entorno. Al respecto, deberá observarse que el curso de las aguas ya existía sobre el predio 2-17227-000, de previo a los trabajos llevados a cabo por la Municipalidad e iniciados en 2016 y 2018; sin embargo, la intervención del señor Sánchez González en representación de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. -y que reconoció realizar mediante nota de abril de 2018- era una obra nueva que no se encontraba amparada en licencia alguna para llevarse a cabo, por lo que en definitiva fue efectuada fuera del marco de la ley, a pesar de que con ello se podía impactar el medio ambiente. En cuanto al análisis de fondo del asunto, agregó que quien representaba a la sociedad actora del presente proceso judicial, ya conocía de previo a los años 2016 y 2018, las condiciones topográficas del terreno 2-17227-000, y el paso de las aguas por dicha propiedad desde hace décadas, virtud de lo cual, esta situación fáctica en particular no fue producida ni deriva de las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo entre 2016 y 2018, sino que era una situación fáctica existente y presentada sobre dicho predio desde vieja data. Por ello, la sociedad actora  no ostenta derecho para reclamar indemnización alguna por condiciones que ya ostentaban sus fincas con

antelación a as obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo y mucho menos cuando a sabiendas de esas condiciones se procedió a intervenir el curso de las aguas sobre la finca 2-17227-000, con lo cual se intervino de manera ilegítima la forma natural en que por allí discurrían las aguas, sin licencia alguna, virtud de lo cual no asiste el Derecho a quien asume el riesgo voluntario de impactar constructivamente un predio, incidiendo sobre el curso de las aguas. Al respecto, citó el artículo 20 de la Ley General de Caminos en torno a la obligación de los propietarios de dejar discurrir las aguas que pasen por los fundos atendiendo al desnivel de los terrenos, así como el respeto que deberá tenerse cuando los terrenos encuentren interacción con cauces de dominio público -como suscita en el caso en cuestión-, según consta documental donde rinde criterio la Dirección de Aguas- inclusive, aunque el curso de las aguas sea pluvial y discurra por una bien inmueble de un sujeto privado, la forma en que se impacten esas aguas siempre deberá estar sujeta al requerimiento de licencias y a evitar causar daños a terceros véanse los artículos 1 al 4 de la Ley de Aguas. Aseveró, en el caso concreto, debe partirse de la premisa de que el curso de las aguas por la finca 2-17227-000 e impacta el predio 2-109060-000 no es una situación sobreviniente generada por las obras llevadas a cabo por el ente público local -inclusive aparece reflejado en el plano de la finca 2-17227-000 de manera manifiesta-, que fue la misma parte actora quien impactó sobre un predio de su propiedad el curso de las aguas y, a ello deberá agregarse el hecho de que el curso causal que pretende establecer la actora no ha sido, ni tenido el impacto que pretende reflejar en su demanda. Por las razones apuntadas, planteó la excepción de falta de derecho. C. SOBRE EL APARTADO LLAMADO RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN VÍA JUDICIAL. Manifestó la representación de la Municipalidad accionada que, el argumento es confuso pues en apariencia no corresponden al asunto que aquí se ventila. Si se revisan  las pretensiones existentes en el presente caso, no se observa que se esté requiriendo la ejecución de una conducta administrativa formal en vía judicial o al menos no se ha establecido qué acto administrativo sería del que "se pretendería solicitar ejecución" ante esta jurisdicción. C.I. Sobre la supuesta realización de obras constructivas sin Evaluación de Impacto Ambiental. Indicó, la evaluación de impacto ambiental (EIA) implica la aplicación de una herramienta de evaluación previa, en relación con establecer la intensidad con que las actividades humanas que se pretenden llevar a cabo, afectan o alteran el medio ambiente; en esos términos, se comprende la regla del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como las actividades que son mencionadas en los anexos 1 y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según se encuentran determinadas por una ley específica o bien sean actividades establecidas en el anexo 2 de tal reglamento. Agregó, cuando en el anexo 2 antes mencionado, se hace referencia a la producción de aguas residuales, ello incluye los efectos en los recursos hídricos en general, en el tanto las obras por realzar sean nuevas y se esté interviniendo por primera vez un área en particular. Esto debe ser entendido en tales términos pues, es claro que la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha generado dentro del ámbito de sus competencias. resoluciones donde ha establecido mayor claridad y precisión en torno a las actividades que no requieren EIA. Hizo referencia a la resolución 2373-20l6-SETENA de las 15:00 horas del 21 de diciembre de 2016, así como la resolución 1909-2017-SETENA de las 7:50 horas del 22 de setiembre de 2017, donde se estableció el contenido del artículo 5 e hizo transcripción de numeral. Indicó que en de acuerdo con el artículo mencionado, la clasificación de obras que no requieren de EIA. Agregó,  para las actividades no establecidas dentro de los 50 incisos del artículo 5 de la resolución 1909-2017-SETENA, la actividad de reparación, rehabilitación y mantenimiento de la red de aguas pluviales aparece como una actividad excepcionada de requerir EIA avalado por SETENA, y la regla allí expresada no pone como condición ninguna medida en particular, más allá de que no implique un aumento del área que ya cubriera el proyecto. Para el caso concreto,  el área sobre el que se generó la intervención con las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo no varió pues, como se ha dicho, el área intervenida mediante los trabajos de las contrataciones 2016CD-000022-09 y 2018CD-000010-01, era un área ya impactada previamente y por donde el mismo nivel y topografía del lugar, generaban que discurrieran las aguas. Se reitera que, para el caso concreto, los ajustes que se hicieron sobre el sistema de paso de las aguas ya existente no implicaron una afectación de un área adicional como lo fue la colocación de tubería paralela a la tubería ya previamente existente, sobre el camino público que pasa frente al edificio municipal. En todo caso, señaló, la determinación de los daños que supuestamente han suscitado y que reclama la parte actora, no penden en forma alguna en cuanto a la configuración y examen del curso causal de la existencia, procedencia o no de EIA ante SETENA. Indicó, la misma parte actora ha reconocido el paso de las aguas pluviales ha existido por el predio 2-17227-000 con antelación al año 2016, aspecto que no debe ser perdido de vista pues, no nos encontramos frente a un caso en el cual, se pretende sin sustento fehaciente establecer que ha sido la intervención de las obras realizadas por la Municipalidad las que generaron el paso de las aguas por la finca de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. -cosa que no comparte la Corporación Municipal-. Aunado a que, tal cual se ha mencionado ya al hacer referencia a los hechos de la demanda, el señor Sánchez González, para abril de 2018, procedió a indicar a la Alcaldía Municipal que sobre la finca 2-17227-000 habría intervenido la finca mediante la construcción de una alcantarilla mediante la cual redireccionó las aguas; indicó en ese momento el señor Sánchez que esto lo habría hecho mediante la consideración de aspectos técnicos pero, nuevamente, esta construcción de alcantarilla que una obra llevada a cabo por el señor Sánchez, obra nueva de intervención sobre el cause de las aguas, y sin que para ello hubiere tramitado licencia constructiva alguna; de hecho esto se menciona de manera informal. Se pregunto la Municipalidad accionada: ¿A quién pidió el señor Sánchez permiso o autorización para intervenir el curso de esas aguas? El señor Sánchez González, entre el momento en que adquirió la finca y abril de 2018 siendo representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A., procedió con una obra constructiva de la que se desconocen las características técnicas o el impacto que sobre el entorno de su propio predio pudo causar su propia intervención. Esto pues, el señor Sánchez nunca gestionó licencia alguna para intervenir el curso de estas aguas. ni coordinó o comunicó dicha actividad al Municipio, a pesar del impacto que podría tener. Al realizarse estas obras conocidas por el representante de la sociedad anónima antes citada en ese momento, sin requerir de permiso o licencia alguna, se asumió el riesgo de que la obra ejecutada sobre el predio - pero sobre el curso de las aguas producto de su paso natural por el relieve del inmueble - incidiera sobre cualquier situación que generara problemas a futuro dentro de a propiedad. Aseveró, tal accionar fue ilegítimo y la intervención realizada, no puede pasar menospreciada pues se intervino el cauce del agua de previo a que se llevaran los trabajos que ya estaban planificados con antelación a abril de 2018; esto es fácil de desprender pues el predio 2-17227-000 fue adquirido por Servicios Profesionales MARSAGO S.A., generando una reunión de derechos en febrero de 2018 y en la nota del 17 de abril de 2018 el señor Sánchez indica "desde el momento que adquirí la propiedad en mención me di a la tarea de construir", al construir y finiquitar su obra sin haber comunicado de previo a la Corporación Municipal,  asumió el riesgo de intervenir el cauce de las aguas sobre el predio de la sociedad actora, siendo evidente que una obra constructiva que no existía y que dice "redireccionar" las aguas sí impacta el entorno, más cuando la obra iba directamente buscando como fin, incidir sobre el cauce de las aguas, sin que tal intervención conste que contó con la consideración de aspectos técnicos suficientes y necesarios en el momento de la intervención. A lo expuesto, agregó que con antelación, el terreno 2-17227-000 en cuestión era propiedad de la familia Fernández León -predio que llegó a estar dividido hasta en 9 derechos-, derechos que fueron adquiridos por Servicios Profesionales MARSAGO S.A. sin embargo, con antelación al año 2015 no se dio reclamo alguno por el paso de las aguas; y con posterioridad al año 2016 -cuando ya se habían adquirido los derechos por la sociedad actora- tampoco se habría evidenciado reclamo alguno, a pesar de que desde el año 2016 se habría iniciado la intervención realizada por la Municipalidad de San Mateo sobre el sistema pluvial, culminando la primera fase de previo a abril de 2018. En torno a lo relacionado con la finca 2-109060, recalcó que lo que corresponde a Servicios Profesionales MARSAGO S.A. es un derecho a la nuda propiedad actualmente, habiendo dos derechos adicionales involucrados -ambos de usufructo-. Finalizó señalando que las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo mediante las contrataciones directas 2016CD000022-09 y 2018CD-000010-01, buscaron intervenir y dar mantenimiento al curso de las aguas sobre lo que podría llamarse el cuadrante de ciudad del distrito central, siendo que por dicha zona suscitaban históricamente inundaciones por el relieve que presenta la zona, especialmente llegando hacia el centro, en las cercanías del edificio donde se encuentra la Corporación Municipal. Sin embargo, esa intervención llevada a cabo en dos etapas iniciadas entre 2016 y 2018 se dio sobre la base de que ya existía una red pluvial que surcaba esta área. C.2. Sobre los supuestos daños y perjuicios alegados. Señaló, en el caso concreto, se desglosa la existencia de un supuesto daño material sobre las fincas 2-17227-000 y sobre la finca del partido de Alajuela 109060-001. En la especie, se ha señalado ya que existe una falta de derecho, en virtud de que el señor Sánchez González, en su momento como representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A., admitió intervenir el cauce de las aguas que típicamente pasaban por la finca 2-17227-000, asumiendo el riesgo de realizar una intervención ilegítima, fuera del marco de legalidad y terminando la obra antes de comunicar a la Corporación Municipal sobre su existencia; esta situación particular implica la invocación de la excepción de culpa de la victima, en el tanto el representante de Servicios Profesionales MARSAGO S.A. incurrió en el riesgo de accionar fuera del marco de legalidad, interviniendo el cause de las aguas, sin que por ello pueda pretender ahora reclamar daños sobre el bien inmueble. Igualmente, se precisa que en cuanto a la falta de derecho aquí alegada, no han sido las obras llevadas a cabo por la Municipalidad de San Mateo iniciadas en 2016 y 2018, las que generaron el paso de las aguas y la interacción que con ellas tienen las fincas 2-17227-000 y 2-109060-001, pues ello obedece a una situación fáctica existente por décadas al menos. Tampoco encuentra esta Corporación Municipal, que esas obras realizadas, sean causantes de los supuestos daños que pretende resarcir la parte actora. En criterio de la Corporación Municipal, el daño reclamado no se ajusta a los presupuestos para ser vinculado a una conducta que sea esperada de parte de la Administración Pública Local en el tanto deberá considerarse el desfogue normal de las aguas que por los predios referenciados por la parte actora han discurrido. inclusive de previo al año 2016, motivo por el cual se encuentra motivo suficiente para generar  oposición a la demanda planteada (imágenes 208 a 232).

IV. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Por estimar el Tribunal ser pertinentes al objeto del proceso, se admitieron en esa condición  los  siguientes documentos:

1. Imágenes 470 a 483: fotografías varias aportadas por la parte actora en escrito del 23 de setiembre de 2021 (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).

2. Imágenes 487 a 496: oficio de fecha 17 de abril de 2018 suscrito por Marlon Sánchez González, dirigida a la Municipalidad de San Mateo sobre la II etapa al alcantarillado pluvial y no pluvial del centro de San Mateo (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).

3. Imágenes 497 a 499 oficio del 24 de abril de 2018, suscrito por Marlon Sánchez y oficio DTGV-INT-061/04 2018 del Departamento de Gestión Vial dirigido al entonces Alcalde Municipal (ofrecimiento de la parte actora diferido por la Jueza de la etapa de trámite para que resolviera esta Cámara).

4. Imágenes 881 a 889: informe emitido por el Área de Regulación de la Salud del Área Rectora de Orotina y San Mateo del Ministerio de Salud MS-DRRDPC-DARSOSM-IT-0022-2023 del 07 de febrero de 2023 (por disposición de la Sección VIII de este Tribunal, se dispuso que se resolvería en el Juicio su admisibilidad).

5. Imágenes 939 a 1206: Actualización del expediente 89-18-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo que había sido admitido como prueba (ofrecido por la parte demandada).

6. Imágenes 933 a 935: oficio DI-SM-OFEX/020-24 en el que se da cuenta de los trámites municipales registrados en las fincas 2-227-000 y 2-109060-000 (ofrecido por la parte demandada).

7. Imágenes 937 a 938: certificación de personería jurídica de Servicios Profesionales Marsago, S.A. (ofrecido por la parte demandada).

V. SOBRE EL OBJETO DE ESTE PROCESO. Según se deduce del escrito de demanda en donde la parte actora fundamentó la petitoria en que las obras construidas por la Municipalidad de San Mateo "...fueron realizadas si las autorizaciones de la SETENA (...) han sido las causantes de los daños a la propiedad como socavación en el terreno que sirve de desfogue final de las aguas, todo lo que se puede demostrar con las fotografías del lugar..." y, lo expuesto por el abogado en el alegato de apertura, la sociedad actora reclama de la Municipalidad una conducta ilícita al realizar dos contrataciones directas, sin contar con el estudio de impacto ambiental (EIA) emitido por SETENA, indicó: "...la génesis de esta demanda es precisamente poder determinar que ante esa omisión del estudio de impacto ambiental, es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades precisamente por las obras constructivas de aguas pluviales y servidas que realizó la Municipalidad de San Mateo sin la respectiva evaluación del daño ambiental y así está acreditado en el expediente mediante el oficio de la SETENA 1229-2018 en el que precisamente recalcan que ese era un requisito necesario para iniciar las obras sin embargo, como las obra ya estaban hechas o por lo menos estaban en construcción, pues ya no se podían retrotraer los actos, pero sí los efectos continuaban en el tiempo. ¿En qué consiste el reclamo de la sociedad que represento? (...) En que a raíz de todo lo que ocurrió -de estas obras- se generó una afectación directa a las propiedades, don Marlon tuvo una devaluación de las propiedades, así consta en el avalúo y a su vez los trabajos para poder solventar en cierto sentido como una medida incluso paliativa (...) también tuvo un impacto económico y de ahí que lo que se solicita la reparación de estos rubros (...) se reclama una conducta ilícita de parte de la corporación municipal al realizar dos contrataciones directas sin contar con el estudio de impacto ambiental, estudio que era imperativo que era necesario y que si se hubiera hecho en tiempo y forma hubiese solventado esa afectación que se le vino ocasionando a las propiedades precisamente por la gran cantidad de agua que se desvió, a través de los que nosotros consideramos es una obra nueva, aunque la corporación municipal sostenga que no era una obra nueva..." (registro de audio a partir del minuto 0:19:05 III).

Es necesario señalar que, por solicitud de esta Cámara, en relación a identificar los daños materiales que se piden, el abogado representante de la sociedad actora aclaró: "...la pretensión se concretó en daño material que efectivamente radica en la inversión que se tuvo que hacer y que todavía incluso no ha podido mitigar porque eso ha salido del bolsillo de los dueños de la sociedad, para mitigar el daño que ocasionó precisamente el desvío de las agua pluviales sin el estudio técnico (...) y si entendemos entonces el concepto sería las sumas económicas que mi representado ha tenido que incurrir o tendrá que incurrir incluso, para poder reparar ese daño que ocasionó la Municipalidad con su actuar ilícito..." (registro de audio a partir del minuto 0:23:32 Parte III). Aclarada así la pretensión en la etapa inicial de la audiencia, comunicó la representación de la Municipalidad que, el inmueble 17227-000 no le pertenece a la sociedad actora. En razón de lo cual, el abogado representante de la parte accionante, ajustó la petitoria. Con lo cual, los daños que se pretende sean indemnizados, serían los ocasionados únicamente en la propiedad inscrita bajo el partido Alajuela matrícula folio real 109060-001 con plano A1760950-2014 y, definidos en el avalúo en la suma de ¢21.721.600.00, según precisó el abogado representante de la sociedad actora. Con las precisiones dadas, procede esta Cámara con la revisión de lo pretendido.

VI. HECHOS PROBADOS. De la revisión del cuadro fáctico que se describe en la demanda y, según deriva de la prueba allegada a los autos, la recepción de la prueba testimonial evacuada en la audiencia complementaria y la prueba admitida por este Tribunal para mejor resolver, se tiene por probado:

1. El inmueble matrícula de folio real del partido de Alajuela 109060-0001 con el plano catastrado 1760950-2014 es propiedad de la sociedad actora (los autos).

2. El inmueble matrícula de folio real del partido de Alajuela 17227-000 con el plano catastrado A-1222500-2008 fue adquirida por la sociedad actora el 28 de febrero de 2018 (manifestaciones de la parte actora en escrito de demanda no controvertido) y traspasada a un tercero por dación en pago el 01 de abril 2024 (imagen 1209).

3. La Municipalidad de San Mateo, promovió la contratación directa 2016CD-000022-09 para la "Construcción de Pozos, Sumideros y cajas de registro en Calles Urbanas de San Mateo, proyecto que se justificó "...considerando la necesidad y prioridad de mejorar el sistema de recolección de aguas pluviales en calles urbanas de San Mateo, los cuales se ha  identificado como tramos de inundación y cada vez se empeoran con el invierno". El proyecto abarcó las calles en el cuadrante urbano de San Mateo, consistió en:

Elementos

	

Dimensiones

	

Profundidad




Un pozo

	

1.20 m de diámetro interno y paredes de 20 cm de espesor

	

2.70m




5 Pozos

	

1.20 m de diámetro interno y paredes de 20 cm de espesor

	

1.70 m




8 tragantes

	

tragantes con reja de metal o recicladas de 1.20 x8 0.80 x 1.0m

	

1.0m




7 tragantes

	

tragantes con reja y tapa de 1.0 x 1.0 x 70m

	

0.70m

 (expediente físico contratación directa 2016CD-000022-09 que consta de 32 folios).

4. La Municipalidad de San Mateo, promovió la contratación directa 2018-CD-000010-01 para la "Construcción de Pozos, Sumideros, Cajas de Registro, Aceras, cordón de Caño y Colocación de Tuberías para el Proyecto de Desfogue Pluvial en Calles Urbanas de San Mateo";  proyecto que se justificó "...considerando la necesidad y prioridad de mejorar el sistema de recolección de aguas pluviales en calles urbanas de San Mateo, los cuales se han identificados (sic) como tramos de inundación y cada vez se empeoran con el invierno". El proyecto abarcó la calle frente al Edificio Municipal y costado norte de los Tribunales de Justicia en el cuadrante urbano de San Mateo, consistió en:

Elementos

	

Dimensiones

	

Profundidad




2 pozos

	

1.50 m de diámetro interno y paredes de 25 cm de espesor

	

2.50 m




2 tragantes caja de registro

	

tragantes con reja y tapa de 1.2 x 1.2 x 0.80 m

	

0.8m




2 tragantes sumidero

	

tragantes con rejas de metal o recicladas de 1.20x1.20x0.8

	

0.8m




138,2 de acera

	

ancho de 2.60m, espesor 10cm

	

-




166 ml de cordón y caño

	

ancho de 65 cm, alto 25 cm

	

-




30 metros lineales de tubería de 18"

	

sumideros y tragantes a pozos

	

-




20.5 metros lineales de tubería de 48"

	

cambio de pendiente de caja a pozo existente (pozo donde inicia canalización)

	

-




96 metros lineales de tubería de 1500,,

	

colocación de tubería principal para desfogue pluvial

	

-

(expediente físico Certificación SCMSM-CERT-001-02-201 contratación directa 2018CD-000010-01 que consta de 86 folios).

5. Mediante nota del 17 de abril de 2018, el señor Marlon Sánchez González, remitió nota al Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, en relación con la segunda etapa del alcantarillado de aguas pluviales promovido por el gobierno local y el desfogue de esas aguas a su propiedad: "...Desde el momento, que adquirí la propiedad en mención, me di a la tarea de construir una alcantarilla dentro de mi propiedad, con la intención de darle salida y redireccionar esas aguas al cause (sic) público que ahí se localiza". Hizo saber su preocupación por lo que estima es un peligro la cantidad de agua que sale al cauce de dominio público y una casa de habitación cercana, solicitando "sentarnos a conversar sobre el asunto y llegar a un acuerdo satisfactorio para evitar todos y cada uno de los inconvenientes que se pueden generar" refiriéndose a los eventuales daños a personas y a su terreno (imágenes 489 a 496 reiterado en imágenes 502 a 509).

6. El 25 de abril de 2018 el señor Marlon  Sánchez González presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo (en adelante TAA), denuncia por la construcción de obras pluviales realizadas por la Municipalidad accionada, sin contar con la viabilidad ambiental de parte de Secretaría Técnica Nacional (en adelante SETENA) y solicitó "medidas preventivas de paralización de trabajos hasta que se ponga en orden en lo referente a lo que la ley establece". En la denuncia se expuso que: "no se trata de un mejoramiento de alcantarillado ya existente si no a uno nuevo que impacta sectores aguas abajo donde se pretende desfogar la nueva cantidad de agua recolectada (...)  es un proyecto nuevo con un alto impacto en los sectores donde se canalizan o pretenden canalizar estas aguas así como posibles daños ambientales tales como socavación en el sector de desfogue final y el posible daño social y a la seguridad en una vivienda ubicada directamente en el sector de la influencia inmediata del desfogue (...) la municipalidad se encuentra haciendo un cambio completo en la ubicación del actual desfogue pluvial existente por muchos años en el casco urbano del distrito primero del cantón de San Mateo (...) pasando de alcantarillas de menor diámetro existentes en el antiguo sistema de desfogue pluvial el cual se ubica totalmente en otro sector, a construcción de un circuito de captación de aguas pluviales completamente nuevo y extenso con diámetros de alcantarillas mayores y con un área de influencia mucho mayor al actual, por lo que está ampliando el área del proyecto, aumentando el caudal a descargar, la velocidad y cambiando el flujo del agua, provocando un impacto en las zonas de descarga de pluviales, a todos los terrenos que ahí se ubican y sus habitantes, provocando un impacto ambiental y social que debe ser evaluado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental..." (imágenes 47 a 50 reiteradas en 939 a 947 del expediente judicial).

7. Mediante oficio DTGV INT-061/04 2018 del 27 de abril de 2018, el Departamento de Gestión Vial informó al Alcalde: "Referente al oficio de fecha 17 de abril de 2018, presentado por el Ing. Marlon Sánchez González (...) me permito informarle: (...) Cabe mencionar que por la posición topográfica del distrito central y que según personas mayores que han vivido toda la vida en este lugar, hace aproximadamente 75 años se realizaron obras de canalización de estas aguas pluviales, ubicándolas dentro de las propiedades privadas de la Familia Chan, propiedades de la Municipalidad, propiedad el Ministerio de Justicia y propiedad de la familia Fernández León, que fue el lugar por donde discurrían naturalmente estas aguas. La propiedad matrícula 17227-000 (anteriormente de la familia Fernández León) adquirida por la sociedad Servicios Profesionales Marsago S.A. (...) indica claramente el paso de aguas pluviales dicha propiedad forma parte del cauce del dominio público, de acuerdo al capítulo II, artículo 4 de la Ley 17742 Ley para la gestión integrada del recurso hídrico indica ASÍ MISMO INTEGRAN EL DOMINIO PÚBLICO TODOS LOS TERRENOS YA FORMADOS O QUE SE FORMEN EN LOS CAUSES POR LA DINÁMICA NATURAL DE LAS AGUAS. Por lo anterior el cause (sic) abierto que traspasa esta propiedad, nunca se debió haber alcantarillado por la misma condición de cause de dominio público a que hace referencia el artículo 4 de la ley 17742 (...) El eminente peligro que indica el Sr. Sánchez González, en cuanto a la casa de habitación que allí se ubica (antiguo rastro o matadero municipal) lo podría causar el alcantarillado que como manifiesta el Ingeniero Sánchez construyó sin ningún permiso en un cause de dominio público cambiando las características que una agua tranquila de cauce abierto, a encausarla en una alcantarilla cambiando las condiciones en la velocidad del agua y que que salida de dicha alcantarilla colinda con la propiedad donde se ubica la casa de habitación en mención (...) Como se dijo anteriormente la cuenca por donde discurren todas las aguas pluviales, donde se ubica el Sector del distrito Central de San Mateo es la misma y a la fecha no hay proyectos Urbanísticos Nuevos, que viertan aguas pluviales a dicho alcantarillado." (imágenes 242 a 245).

8. El 06 de junio de 2018, el señor Marlon Sánchez González consultó a la SETENA: "¿si unos trabajos de construcción de obras pluvial (sic) que efectúa la Municipalidad de San Mateo deberían de contar o no con la licencia ambiental o viabilidad ambiental otorgada por su representada? (imágenes 118 a 121 y anexos a 144).

9. Mediante oficio SETENA-SG-1229-2018 del 10 de julio de 2018, se atendió consulta del señor Marlon Sánchez González del 06 de junio 2018, indicando: "...los alcances de la respuesta, están limitados a la información aportada (...) En conclusión, es criterio de esta Secretaría que, como proyecto nuevo, las obras descritas requieren someterse al proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental conducente a la obtención de la VLA, no obstante, si por las razones que fueran, el ente responsable no cumplió con tales requerimientos técnicos, el hecho (sic) haberlos iniciado, presenta condiciones no subsanables reglamentariamente en tanto el objetivo preponderante de la EIA..." (imágenes 145 a 147).

10. Mediante resolución N°523-18-TAA de las 07 horas del 14 de junio de 2018, dictada dentro del Expediente N°89-18-02-TAA, se atendió la denuncia presentada por el señor Marlon Sánchez González, ordenando el Tribunal Ambiental Administrativo poner en conocimiento del Alcalde la denuncia y realizar la inspección ocular conjuntamente con funcionarios municipales y de la SETENA (imágenes 56 a 57).

11. El 26 de junio de 2018, se llevó a cabo la inspección ordenada por el TAA, participando los señores Rolando Segura Ramírez, Jorge Eduardo Gómez Picado, David Salazar Morales (en representación de la Municipalidad) Marlon Sánchez González denunciante y su asistente, Johan Jenkis Carmona. Resultado de la visita se emite el Informe de Inspección en el Expediente 89-18-02-TAA, comunicado a la presidencia del TAA en oficio TAA-DT-055-18, en el que se concluye -entre otros aspectos- que: "...4. Independientemente de que el proyecto sea totalmente nuevo o sea una sustitución del alcantarillado viejo, lo cierto es que al pasar debajo de las calles públicas se evita el paso a través de propiedades privadas, con excepción del tramo final de 90 m que cruza, aparentemente, por las propiedades del denunciante, del alcalde y de un tercero no identificado (...) 9. No existen aparentes daños ambientales de mediana o gran proporción, con excepción de la posible descarga de aguas residuales ordinarias al alcantarillado pluvial, situación que debería ser corregida. 10. Tanto bajo el alcantarillado anterior como del actual, la descarga de aguas pluviales (mezcladas con aguas residuales) se ha hecho a través de la propiedad del denunciante.." (imágenes 66 a 72).

12. Mediante resolución N°931-18-TAQA de las 14 horas del 17 de setiembre de 2018, se solicitó:

-A SETENA "...que informe a este Despacho, si la construcción de un sistema de Alcantarillado Pluvial, en la vía pública por parte de la Municipalidad o el mejoramiento de uno existente, necesita contar con Viabilidad Ambiental de conformidad a los establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente...".

-A la Municipalidad de San Mateo informar el sistema de tratamiento de las aguas residuales de tipo ordinaria en el cantón, el propietario registral de las coordenadas  y sobre el proceso de mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial realizado.

- Al Director de la Dirección de Aguas informar sobre un supuesto cuerpo de agua ubicado en las coordenadas GRTM05N9,934643 W-84,522930-.

- A la Municipalidad conjuntamente con el Ministerio de Salud Área Rectora de San Mateo, verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial (imágenes 86 a 88).

13. En oficio SETENA-SG-1899-2018 del 02 de octubre de 2018, se informó al TAA: "...la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial en la vía pública que no  implique obras constructivas mayores a 500 m2 y movimientos de tierra superiores a 200 m3, no necesita contar con Viabilidad Ambiental; siempre y cuando no afecte Áreas Ambientalmente Frágiles en los términos que lo define y clasifica el Reglamento Genera de la EIA (Anexo 3). Por otra parte las obras de mejoramiento en un sistema existente, no necesitará del proceso de la Viabilidad Ambiental, si se ajusta a estos mismos parámetros de los 500 m2 en obra constructiva, 200 m3 de movimiento de tierra y no se encuentra en Área Ambientalmente Frágil..." (imagen 97).

14. Por oficio AMSM-305-18 del 3 de octubre de 2018, el entones Alcalde Municipal de San Mateo, informó al TAA: "...la Municipalidad de San Mateo por la carencia de recursos económicos se propuso realizar una Rehabilitación (sic) de la red de aguas pluviales (porque (sic) rehabilitar, porque ya existía una canalización de hace aproximadamente 75 años), estos trabajos se realizaron en dos etapas y se reubicó las aguas pluviales que discurrían por propiedades privadas hasta donde la topografía del terreno lo permitió (...) En cuanto al estudio hidrogeológico se determinó mediante la topografía municipal el área y perímetro de la cuenca, la determinación de alturas máxima y mínima, la longitud máxima de cause (sic) y  mediante el uso de fórmulas matemáticas de ingeniería y valores máximos de intensidad de lluvia en un determinado período, se calculó el caudal máximo a canalizar, para finalmente calcular el diámetro de las alcantarillas a utilizar (...) y se aclara que el volumen de agua a evacuar es el mismo de los últimos años, en razón que la cuenca donde se ubica el distrito central de San Mateo es única y no hay proyectos urbanísticos nuevos que discurran a dicha cuenta y que por ende cause eventuales inundaciones. El Señor Sánchez González (Denunciante (sic) de este proceso) construyó una alcantarilla de cuadro, en la propiedad folio real 17227-000, según plano catastrado A-1222500-2008, sin ningún permiso municipal, ni de la Dirección de Aguas de MINAE, ni de SETENA, en un cauce de dominio público de más de 75 años de antigüedad, cambiando las características de una agua tranquila de cauce abierto, a encausarla en una alcantarilla de cuadro, cambiando las condiciones en la velocidad del agua, esta obra si puede causar efectos en la parte baja del mismo cauce (...) En cuanto al proyecto Rehabilitado (sic), se realizó en dos etapas; la primera etapa se inició el 23 de noviembre de 2016 y concluyó el 30 de marzo de 2017, la segunda etapa se inició el 11 de abril de 2018 y terminó el 7 de setiembre de 2018, con la colocación en la carpeta asfáltica, el sector mejorado lo conforma la cuenta que comprende el centro del distrito de San Mateo, aproximadamente 145.960,72 metros cuadrados, con un perímetro de 2.555.80 metros (...) la primera etapa tiene una longitud de 278,5m y se colocaron alcantarillas de 900mm de diámetro, clase III, de 2,4 m de longitud, la segunda etapa tiene una longitud de 116.05 m y se colocaron alcantarillas de 1500mm de diámetro, clase III de 2,0 m de longitud, los volúmenes de excavación para la primer etapa 626,62 m3 de tierra y 33,36 de pavimento, para la segunda etapa 511,56 m3 de tierra y 14,61 de pavimento" (imágenes 100 a 112).

15. El 11 de octubre de 2018, el Área Rectora de la Salud Orotina - San Mateo del Ministerio de Salud, rindió el Informe de Inspecciones a Sistema de Alcantarillado Pluvial en vía pública por parte de la Municipalidad de San Mateo N°ARS-OSM-IT-25-2018, según lo solicitado por SETENA. En el apartado Descripción de las actividades y generalidades del sitio se indicó: "...se hace valoración inspección conjunta con los funcionarios de la Municipalidad de San Mateo (...) a efectos de verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial". Entre las conclusiones se indicó: "2. Que se evidencia en inspección ocular una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se general en las casas de habitación y comercio, de manera que como parte del debido proceso se tendrá que coordinar con funcionarios municipales las visitas correspondientes  para hacer pruebas técnicas individualizadas por cada habitación y comercio e la zona" (imágenes 148 a 153).

16. Mediante oficio DA-UHTPCOSR-0392-2018 del 22 de noviembre de 2018, la Dirección de Aguas del MINAE, rindió informe al TAA que solicitó verificar la existencia o no de un cuerpo natural y su estacionalidad en San Mateo, en el que se indicó: "...se determinó que el tramo en estudio corresponde al inicio de una quebrada Sin Nombre la cual se origina por flujos base y es de carácter intermitente. Se determina además, que a unos pocos metros aguas arriba del tramo indicado  como quebrada Sin Nombre, existe el desfogue del sistema de aguas pluviales y servidas que atraviesa el pueblo de San Mateo, el cual vierte sus aguas directamente sobre ese cuerpo de agua..." (imágenes 165 a 170).

17. Que el TAA en resolución de las diez horas diez minutos del 10 de setiembre de 2010, desacumuló del expediente N°89-18-02-TAA, la denuncia que presentó  la Municipalidad accionada contra el señor Marlon Sánchez González por supuesto entubamiento de cauce de dominio público sin contar con permiso de la Dirección de Aguas del Minae no Viabilidad Ambiental (imágenes 1071 a 1077).

18. El Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo del  Ministerio de Salud, emiten el Informe Técnico de Inspección MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0022-2023 del 07 de febrero de 2023, cuyo objetivo fue: "Realizar una inspección en desfogue de alcantarillado pluvial ubicado al costado sur y oeste de los tribunales de justicia (en propiedad privada) y además de los sitios prioritarios para iniciar con las pruebas con fluoresceína sódica con el fin de evidenciar condiciones que podría afectar la salud publica y el ambiente en el casos central de San Mateo" (imágenes 882 a 889).

19. A la fecha de dictado de este pronunciamiento, SETENA no ha concluido el procedimiento tramitado en el expediente N°89-18-02-TAA (los autos).

20. El Informe pericial rendido por el Ing. Francisco Madriz González, especificó como Objetivo del avalúo: "...determinar un valor de mercado actual de un terreno de uso “residencial” que soporta una casa de habitación unifamiliar, para su comercialización tomando las afectaciones por el desfogue pluvial que la atraviesa del alcantarillado municipal" (imágenes 575 a 595).

21. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, las propiedades son atravesadas por un desfogue pluvial, que pasan por debajo edificio del Tribunal Supremo de Elecciones y continúan en las propiedades valoradas, que el propietario de los dos inmuebles tuvo que hacer trabajos de ingeniería para mitigar el socavamiento que estaba teniendo producto de la escorrentía superficial y que lo indicado por el dueño -que no le consta como perito- es que hubo un aumento del caudal que provocó el socavamiento del terreno. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del  minuto 0:55:01 III).

22. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que en una "primera propiedad" se ubicó una alcantarilla de cuadro construida para mitigar el socavamiento que estaba teniendo el terreno e hizo su valoración y, en lo que identificó como "propiedad dos", señaló que lo que hay es un canal de concreto a cielo abierto y que, el problema que observó es que esa estructura "no está dando para el caudal que tiene" por lo que hay un aceleramiento y como es abierto se desborda y causa problemas de socavación de la estructura. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del  minuto 0:55:01 III).

23. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, por ser contratado para hacer un avalúo dio los costos de las obras que existen en los inmuebles. Manifestaciones que  coinciden con el objeto y contenido de la pericia rendida por escrito (registro de audio a partir del minuto 1:01:12 III).

24. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que, la propiedad que tiene el canal abierto presenta daños por socavación y que, en la propiedad donde está la alcantarilla de cuadro no hay daños porque la estructura no permite que el agua se salga. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III e informe pericial en imágenes 75 a 595).

25. Explicó el señor perito Francisco Madriz González que los inmuebles objeto del peritaje, colindan por la parte de atrás. Manifestaciones que para este Tribunal merecen credibilidad por referir a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo (registro de audio a partir del minuto 0:55:01 III).

26. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, el proyecto de desfogue pluvial del centro de San Mateo, lo que perseguía era el mejoramiento de ese sistema de alcantarillado y, no se hicieron los trámites ante SETENA en relación con el impacto ambiental. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).

27. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, por las condiciones de topografía de esos terrenos, el desfogue de aguas pluviales -desde que se fundó San Mateo- es el único que se puede utilizar y que el curso del alcantarillado no se puede cambiar, precisamente porque está definido por la topografía del terreno. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).

28. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, el sistema original del alcantarillado consistía en ductos cuadrados de 50 cm x 50 cm que se comunicaban con cajas de registro que lo que hacían era sumir el agua de la superficie y pasarla a una quebrada, que transcurre por la parte más baja del casco central en San Mateo.  Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).

29. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, no hubo un aumento en el caudal del agua con la construcción de las obras del alcantarillado pluvial: "...porque bien que mal tanto el agua que estaba fluyendo por el sistema existente, como las aguas que discurrían en la carretera, todas iba exactamente a un mismo punto ¿lo que hicimos que fue? agarrar todas las aguas que andaban superficialmente y colocarlas en el ducto para evitar los daños a la infraestructura y a los edificios, pero el agua básicamente es la misma, no se está aumentando, no estamos desviando agua de un lado para ponerlo en otro, es el agua que una estaba pasando por el sistema que ya no tenía capacidad y la otra estaba fluyendo por la superficie (...) lo que hicimos fue que toda el agua se sumiera y no estuviera  en la carretera". Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).

30. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, las aguas del alcantarillado pluvial, llegan a un mismo punto, que es un terreno que está a un costado de los Tribunales de Justicia de San Mateo y que toda la vida ha sido el desfogue final de las aguas pluviales. Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).

31. Explicó el señor testigo Jorge Gómez Picado que, conoce la quebrada en que desfoga el alcantarillado pluvial y que: "...hicieron unas obras en cauce -una alcantarilla de cuadro- sin ningún permiso municipal  ni de las autoridades que tiene que ver con los permisos de obra en cauce el agua que se depositaba naturalmente ella se esparcía por todo el cauce al hacer esa alcantarilla de cuadro, que entiendo que la hicieron para conectar el supuesto lote ese donde desfogan las aguas con un paso con un lote aparentemente de unos familiares, lo que vinieron a hacer fue que la misma agua que llegaba al meterla en una alcantarilla de cuadro esa agua va a tener más velocidad y más presión causando socavación y daños al cauce aguas abajo". Manifestaciones a las que este Tribunal da credibilidad por haber sido el funcionario a cargo de las obras de construcción que se cuestionan en este proceso y así constar en la prueba documental aportada (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV de la audiencia complementaria).  

VI. HECHOS NO PROBADOS. Del acervo probatorio aportado por las partes y examinado por este Tribunal, no se permite tener por acreditados los siguientes hechos o situaciones jurídicamente relevantes:

1. Que las obras de construcción en el alcantarillado pluvial por parte de la Municipalidad de San Mateo, tuvieran como consecuencia directa un aumento considerable en el caudal de aguas pluviales o servidas que recibe esa infraestructura (allende las manifestaciones de la parte actora, no hay prueba técnica que acredite esa aseveración).

2. Que el canal a cielo abierto ubicado en el inmueble 2-109060-001 haya sido construido por la parte actora o que ésta, haya realizado obras de mantenimiento o reparación en el mismo (no hay prueba que así lo demuestre).

VII. SOBRE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN. Conforme lo establece la Ley General de la Administración Pública (LGAP) las administraciones públicas tienen su propio régimen jurídico de responsabilidad extracontractual con reglas expresas y excluyentes a las dispuestas por el derecho civil, las que se encuentran expresamente consagradas en los artículos 190 y siguientes de la norma de comentario. Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, ha estimado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “En primer lugar, debe indicarse que la LGAP señala, como criterios de imputación, la existencia de un funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Los dos primeros, se refieren a los actos jurídicos desplegados por los entes y órganos públicos, y por ende, presentan una relación directa con los criterios de licitud o ilicitud, mientras que los segundos pretenden dar cobertura a las actuaciones (u omisiones) materiales. Así, cualquier daño causado por una conducta, activa o pasiva, debe ser resarcido, en cumplimiento del principio constitucional de indemnidad patrimonial, derivado de los ordinales 41 y 45 de la Carta Magna. Por su parte, es importante destacar que la LGAP vincula el deber de reparar no sólo ante un actuar ilícito o un funcionamiento anormal, donde la conducta pública adolece de alguna patología, sino que extiende el ligamen incluso para abarcar supuestos en donde no se aprecia ninguna falencia o vicio (es decir, se trata de actos lícitos o de un funcionamiento normal), pero subsiste un daño caracterizado “por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión” (ordinal 194 de la LGAP). Ahora bien, para que surja la responsabilidad, es preciso que exista una antijuridicidad antecedente o de base, la cual se identifica con el hecho de que el sujeto afectado no se encuentre en la obligación jurídica de soportar el daño. Empero, esta no debe ser confundida con la antijuridicidad específica, derivada de un quebranto al ordenamiento jurídico, lo que hace referencia a los factores de imputación, específicamente, al de conducta ilícita. En todo caso, de no estar presente este elemento, no puede afirmarse que exista una lesión indemnizable y por ende, causa suficiente para la reparación. Otro aspecto esencial es la existencia de un nexo de causalidad, el cual es valorado por los jueces de conformidad con las probanzas que las partes, o el mismo órgano jurisdiccional, de conformidad con sus poderes de ordenación, hayan allegado al proceso. Para tales efectos, tal y como lo ha dispuesto esta Sala en otras ocasiones, la teoría que resulta más conveniente para determinar si es posible vincular el daño con la conducta es la de causalidad adecuada, la cual postula que esto se da “cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de la segunda” (voto 300-F-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009). Sin embargo, este nexo puede ser eliminado en caso de que el demandado demuestre la concurrencia de una causa eximente de responsabilidad (fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de tercero). Esto por cuanto su presencia descarta que la lesión sufrida por el afectado fuera producida por la conducta del Estado objeto del proceso. Finalmente, según lo ya expuesto, es dable afirmar que la legislación costarricense opta por un esquema de responsabilidad objetiva moderada, el cual reconociendo las particularidades de las funciones y tareas encomendadas a la Administración, obliga a que se valore la conducta desplegada por el aparato estatal con la finalidad de determinar si existió un funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo. Es únicamente en caso de que concurran los supuestos generales a que se alude en el presente considerando, así como las exigencias propias previstas en las normas aplicables al régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración que esta le puede ser atribuida, en virtud de alguno de los criterios de imputación. Por todo lo anterior, a pesar del peso preponderante que en la responsabilidad sin culpa adquiere el daño, no se trata de una transferencia patrimonial automática” (Res N°001541-F-S1-2014 de las nueve horas veinticinco minutos del once de diciembre de dos mil catorce). Conforme con lo expuesto, tenemos que: a) De los numerales 190 y siguientes de la LGAP, los criterios de imputación para determinar la responsabilidad extracontractual de cualquier administración pública, son de naturaleza objetiva. b) La Ley General de la Administración Pública cobija 4 grandes sistemas de responsabilidad de las Administraciones con sus respectivos criterios de imputación objetiva: i. conducta lícita, ii. conducta ilícita, iii. funcionamiento normal y iv. funcionamiento anormal. c) Como lo desarrolla la doctrina, los supuestos de conducta lícita o ilícita corresponden a la actividad formal de la Administración (dictado de actos administrativos y reglamentos). d) Los supuestos de funcionamiento normal y anormal corresponden a las actuaciones materiales y a la dación de servicios públicos por parte de la Administración. e) En el caso de conducta lícita o funcionamiento normal, existe, respectivamente, un acto administrativo jurídicamente conforme con el ordenamiento o un servicio brindado en forma regular, pero que, a pesar de ello, causa en un administrado, o en un grupo concreto de administrados, un daño especial que no tenían el deber jurídico de soportar. f) En el caso de conducta ilícita o funcionamiento anormal, existe, respectivamente, un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico o un servicio brindado en forma irregular (falta de servicio) que le provoca daños y perjuicios al administrado. Deriva de lo expuesto que, cuando se reproche responsabilidad de una administración pública, es requisito necesario e ineludible el deber de  individualizar cuál es el criterio de imputación o criterio de atribución de responsabilidad, que aplicaría para quien se considere víctima por una acción u omisión de la Administración. Por ello, en toda acción en vía judicial en la que se pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública, necesariamente se deben demostrar los siguientes elementos fundamentales: a) una acción u omisión cometida por la administración demandada; b) el criterio de imputación objetiva (funcionamiento normal o anormal, conducta lícita o ilícita); c) un daño cierto, efectivo, individualizable y cuantificable; y, d) una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño alegado.

VIII. ANÁLISIS DE LO PRETENDIDO. A partir de lo expuesto sobre el régimen de responsabilidad objetivo de la Administración, corresponde el análisis de la procedencia o rechazo del reclamo por daños que se pretende y -se reitera- es en el inmueble matrícula de folio real 2-109060-0001 con el plano 1760950-2014. La revisión que debe hacer esta Cámara, corresponde: a) al análisis de la acción cometida por la Municipalidad -que es según se indicó en la demanda- las obras realizadas en dos contrataciones directas para construir pozos, sumideros, cajas de registro, aceras, cordón, caño, y colocación de tuberías sin las autorización de la SETENA, que según la teoría de la parte actora, causan daños a su propiedad como socavación en el terreno que sirve de desfogue final de las aguas -lo que aseveró se demuestra con las fotografías aportadas como prueba-. El segundo aspecto a revisar es el criterio de imputación objetivo, al respecto precisa advertir esta Cámara, que en la demanda no se hizo el mínimo esfuerzo por explicar cuál es ese criterio de imputación que se reprocha, si trata de un funcionamiento normal o anormal o de una conducta lícita o ilícita y la debida fundamentación. En la audiencia complementaria, el abogado representante de la parte actora manifestó: "...se reclama una conducta ilícita de parte de la corporación municipal, al realizar dos contrataciones directas sin contar con el estudio de impacto ambiental, estudio que era imperativo que era necesario y que si se hubiese echo en tiempo y forma hubiese solventado esta situación..." (registro de audio a partir del minuto 2:06 III). El tercer aspecto de necesaria revisión es en relación al daño, sobre el cual -se indicó en la demanda- "...En las obras de construcción pluviales la Municipalidad de San Mateo ha realizado un aumento considerable de red de aguas pluviales, por lo cual, en aplicación y con justificación en la normativa anteriormente descrita era necesario que el ente municipal solicitara el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, para poder realizar las obras, situación que no ocurrió. Ergo, la construcción de la red de aguas pluviales y servidas, realizada por la Municipalidad de San Mateo, se realizó contraria a Derecho y ello provocó efectos secundarios como los sucedidos en los inmuebles de mi representada (...) El daño material (...) el motivo que lo origina las obras constructivas de aguas pluviales y -servidas- realizadas por la Municipalidad de San Mateo, sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Este daño consiste, en la afectación al valor económico del inmueble, el cual, se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad..." (imagen 192 a 193). Como cuarto y último elemento de revisión es el nexo causal, identificado por el abogado de la parte actora -en la audiencia complementaria- como "...la omisión del estudio de impacto ambiental es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades..." (registro de audio a partir del minuto 0:06 III). Para ello, debe el Tribunal revisar la prueba ofrecida tanto la documental como la testimonial, lo que se expone en los Considerandos siguientes.

IX. SOBRE EL INFORME DE INSPECCIONES A SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO EMITIDO POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018 (visible en imágenes 148 a 153). Se indicó como objeto de la inspección, atender denuncia del TAA, según el expediente 89-18-02-TAA y resolución N°931-18-TAA, de manera coordinada con la Municipalidad de San Mateo. La inspección se realizó el 8 de octubre de 2018, con funcionarios de la Municipalidad "a afectos de verificar la supuesta disposición de aguas residuales en el alcantarillado pluvial", se indicó: "... de acuerdo a lo indicado en la denuncia, una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se generan de las casas de habitación y comercio, se observó en el sitio residuos domiciliares provenientes de pilas, concretamente: arroz, frijoles, entre toros y aguas en apariencia residuales o jabonosas que discurren por cordón y caño, esta a pesar de que ese día no llovió". En el apartado de conclusiones se indicó: "1. ...según lo corroborado en el sitio son varias viviendas y establecimientos que se encuentran al margen de ese alcantarillado, abarcando varias cuadras de centro de San Mateo, 2. Que se evidencia en inspección ocular una inadecuada disposición de las aguas servidas o residuales que se generan en las casas de habitación y comercio, de manera que como parte del debido proceso se tendrá que coordinar con funcionarios municipales las visitas correspondientes para hacer las pruebas técnicas individualizadas por casa de habitación y comercio en la zona...". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Conforme con lo expuesto, el contenido del Informe es inconducente de  al objeto de este proceso, donde no hay pretensiones relacionadas a un supuesto daño ambiental, por lo que la prueba no tiene pertinencia con lo pretendido.

X. SOBRE EL INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN  EMITIDO POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 (visible en imágenes 882 a 889). El Informe tiene como referente a "Asunto: Atención caso N°425 en el marco de la Comisión de Aguas Residuales de San Mateo", fue admitido en carácter de prueba para mejor resolver por esta Cámara y, en su valoración, se encontraron distintos elementos que lo hacen inconducente al objeto de este proceso, según se explica: 1. El documento refiere a una visita de campo realizada el 27 de enero de 2023 y fue emitido el 07 de febrero siguiente. CRITERIO DEL TRIBUNAL: En el informe se hace referencia a la visita de inspección que se realizó el 27 de enero 2023, en compañía de un funcionario de la Municipalidad y el Ing. Marlon Sánchez representante de Marsago, S.A. parte actora en ese proceso, y en el mismo se detalló: "Se visita el punto de desfogue del alcantarillado pluvial, el mismo  de (sic) ubica en propiedad privada cuyo propietario es Marsago, S.A.". Sin embargo, no hay referencia al número de finca o plano para identificar y hacer corresponder a cuál propiedad se alude en esa visita, elemento de identificación de importancia para esta Cámara, ya que cuando se presentó la demanda, la sociedad actora era dueña de los inmuebles matrículas de folio real números 2-17227-000 plano A-1222500-2008 y 2-109060-001 plano A-0432995-1981 que colindan por su parte de atrás, según se indicó por mismo abogado representante de la sociedad. En el desarrollo de la audiencia complementaria, quedó evidenciado que, desde el 01 de abril de 2024 la finca 2-17227-000 no pertenece a la sociedad, lo que impide a este Tribunal la certeza y exactitud de tener por acreditado que lo descrito responde a la propiedad que a la fecha de este pronunciamiento, es propiedad de la sociedad actora -el inmueble 2-109060-001-. Lo que obliga a este Colegio, a rechazar por inconducente ese informe, en relación a demostrar los daños que se reclaman. 2. El Objetivo del documento es: "Realizar inspección en desfogue de alcantarillado pluvial ubicado al costado sur y oeste de los Tribunales de justicia (en propiedad privada) y además de los sitios prioritarios para iniciar con las pruebas con fluoresceína sódica con el fin de evidenciar condiciones que podrían afectar la salud pública y el ambiente en el casco central de San Mateo". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Puede deducirse que, la inspección que se llevó a cabo tenía un fin distinto al objeto de este proceso, orientado a una posible afectación a la salud pública y al ambiente, al observar inadecuada disposición de aguas residuales de las viviendas en los sectores inspeccionados, razón que de igual manera evidencia la impertinencia del estudio en relación con la petitoria de este proceso. 3. Se indicó en el informe: "El punto de desfogue pluvial, es una alcantarilla que comunica a una especie de caño o canal que, debido al posible aumento en el caudal en época lluviosa, ha socavado el piso y base del canal, además de observa un talud, muro y una vivienda cercanos con posible riesgo. Como medida de precaución, los propietarios del lote en donde se ubica el desfogue pluvial construyeron una estructura de reforzamiento para evitar socavamiento y posible desplome del talud de la propiedad". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Como se expuso previo, no hay identificación del inmueble donde se da el punto de desfogue. En las fotografías que se adjuntaron al informe; se observa un canal a cielo abierto además de una "estructura de contención para evitar desplome de talud en propiedad de Marsago S.A.", sin embargo no se especifica la ubicación exacta de cada una de esas estructuras si están juntas o separadas, si se ubican en uno de los inmuebles originalmente propiedad de la sociedad actora o en ambos, por lo que resultan elementos probatorios altamente insuficientes e incompletos para el fin perseguido por la parte actora, a la cual le correspondía completar lo omitido. A lo expuesto se agrega, lo que parece ser una alcantarilla y que, coincide con la obra que el señor Marlon Sánchez comunicó a la Municipalidad que había construido (ver hecho probado N°3) tampoco se ubica en relación con alguno de los inmuebles, padeciendo la misma falencia indicada. Las inconsistencias evidencian que, la prueba admitida por este Tribunal para mejor proveer, no permiten  mostrar un daño en un inmueble y, por el contrario lo que permite es tener certeza de la imprecisión en la ubicación del daño alegado en relación con una propiedad particular aspecto medular para determinar la sesión jurídica reclamada. En el Informe, no se identifica donde se ubica la alcantarilla a la que se hace referencia ni donde se ubica el canal, sobre ese punto, se señaló que "debido a un posible aumento en el caudal en época lluviosa ha socavado el piso...". Véase que no hay un criterio técnico definitivo y cierto del daño, el informe refiere a "un posible aumento", lo que impide que se tenga como elemento de convicción para demostrar los daños alegados. Por la imprecisión y el mismo objeto del informe que refiere a una inspección de un desfogue en propiedad privada -que no identifica- y daños ambientales, hace que la prueba sea inconducente y así se declara.

XI. SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS VISIBLES EN IMÁGENES 30 a 38 y 470 a 483. El Tribunal en primer lugar debe señalar que las fotografías de imágenes 30 a 38  fueron aportadas por la parte actora para mostrar "las condiciones del terreno actual" según manifestó en escrito visible en imagen 28). Se trata de 18 imágenes borrosas, en las que se observa una estructura en forma de canal por donde discurre agua, con vegetación y piedras a los lados así como la entrada a un aparente túnel. Sin embargo, en ninguna de las fotografías ni en documento aparte se hizo esfuerzo alguno por acreditar -como en derecho corresponde- cuál es la situación que con esas imágenes se quiere demostrar, la ubicación geográfica a la que corresponden las imágenes, si la representación de las estructuras que se observa en las mismas, se ubican en alguno de los inmuebles que originalmente pertenecían a la sociedad actora o sólo en uno, identificando con certeza en cuál; sobre todo valorando que una de las dos propiedades a las que hace referencia la sociedad accionante, ya no es parte de este proceso por el cambio de su titular registral. No se preocupó la parte proponente, de acreditar -en la etapa de evacuación de prueba o conclusiones- cuál situación o condición se intentaba probar con las imágenes, dónde se ubican las estructuras que muestran las mismas, que día fueron tomadas o por quién. Las fotografías visibles en imágenes 470 a 483, fueron aportadas -según indicó la parte actora- para mostrar las "condiciones actuales de los daños ocasionados en la propiedad del Actor" -ver imagen 479-. Se trata de 24 fotografías que igual que las anteriores, muestran una especie de canal por donde discurre agua, piedras y vegetación a los lados, la entrada a un aparente túnel y, salvo en cinco fotografías se incluyeron las siguientes leyendas: Una visible en imagen 476, en la que se indicó "Sector de nueva trayectoria de aguas que no cabe en el antiguo caño y se está tirando fuera de este (sic)". Otra en imagen 477 en la que se indicó "Agujero debajo de paredes de antiguo caño a raíz del exceso de agua".  La otra fotografía dice: "Fondo del antiguo caño sin piso debido a que el piso en concreto que existía se lavó por el exceso de aguas que actualmente está llegando" (imagen 478). En la imagen 479 del expediente se observan dos fotografías, en una se representa un cuadrante de ciudad y bajo la misma se indicó: "Línea roja, antiguo alcantarillado, la otra línea que se muestra son las etapas del proyecto, abarca mayor área y toma mayor agua proveniente de otros lugares". La segunda fotografía muestra un cauce de agua y se especifica "Primeros aguaceros una vez conectadas las dos etapas del proyecto de la municipalidad". Si bien, en cinco de las fotografías se incluyeron las leyendas indicadas, las mismas resultan insuficientes para tener por acreditado por convicción representativa del elemento probatorio lo que se señala por la parte actora, ya que la simple enunciación que se hizo no es suficiente ni se basta por sí misma para acreditar los supuestos daños alegados. Las fotografías deben venir acompañadas de una explicación técnica que permita al Tribunal valorar la representación de esas imágenes, debe identificarse quién las tomó, el fin para el cual se toman, el día y hora de la captura, sólo para citar algunos elementos indispensables que la prueba aportada no tiene; a lo que se agrega, en ninguna de las fotografías se identificó el inmueble donde se localiza la imagen captada. Por las razones expuestas, la prueba de las fotografías, contrario a lo que afirmó la parte actora en su demanda "...ya que a finales del mes de setiembre principio de octubre del año 2018 comencé a sufrir los daños que ahora reclamo en esta vía judicial, y que se demuestran con las fotografías que aporto como prueba a los autos" resulta inconducente al objeto de este proceso y así de declara.

XII. SOBRE EL INFORME DE INSPECCIÓN EMITIDO EN EL EXPEDIENTE 89-19-02-TAA, PRODUCTO DE VISITA REALIZADA EL 27 DE JUNIO DE 2018 POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL TAA. Este informe fue ordenado en la resolución N°931-18-TAQA por el TAA. La visita describe la inspección que se hizo por parte del Coordinador del Departamento Técnico del TAA en compañía del señor Marlon Sánchez que presentó la denuncia el 25 de abril de ese mismo año y representantes de la Municipalidad de San Mateo. Describe el Informe la inspección realizada en el centro de la ciudad siguiendo el trazo de los trabajos de alcantarillado de la Municipalidad. Ubicó el punto donde supuestamente inicia la recolección de aguas, la dirección de éstas a través de tuberías que descargan en la cuneta pluvial hasta el punto que discurren por debajo de la calle conduciendo el flujo del agua a pozos de registro pluvial y cajas de registro que conectan las aguas de los dos lados de la calle, haciendo referencia a la obra que identifica como relativamente nueva de 6 a 10 años y la que se observa más "vieja" y el trayecto a través de la ciudad hacia el "nuevo proyecto de alcantarillado. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Revisado el contenido del Informe, las conclusiones y recomendaciones, se estima que es inconducente en lo que es el objeto de este proceso, que es el reclamo por supuestos daños en la propiedad de la sociedad actora, inmueble 2-109060-001, por las razones que se exponen: 1. El Informe fue realizado el 26 de junio de 2018 siendo el objetivo "realizar inspección in situ en el centro del cantón de San Mateo, para verificar la situación actual en atención a la resolución N°523-187-TAA y seguimiento al Expediente 89-18-02-TAA". Esa resolución refiere a una denuncia de carácter ambiental contra la Municipalidad por supuestamente haber construido pozos, sumideros y cajas de registro en calles urbanas y, la inspección ordenada es parte del procedimiento que el TAA realiza para dilucidar la verdad real de las denuncias que recibe. Es claro para este Colegio de Jueces que, el Informe lo emite el Tribunal Administrativo Ambiental en el ámbito de su competencia, que es la atención de denuncias que puedan afectar el ambiente y la inspección es parte del procedimiento de investigación que debe seguir por la denuncia. El objeto del Informe, no refiere a los daños que el actor acusa hay en su propiedad, ni por quien se están causando; en este Informe solo se da cuenta del trayecto del alcantarillado desde el inicio hasta el punto final, pero en ningún apartado refiere a daños en la propiedad del actor. Aunado a lo expuesto, no debe olvidarse que, en la demanda no se alegó ni se pretende reparación por daños ambientales. 2. Otro elemento que se valoró en la decisión que se adopta respecto de esta prueba es que, para la fecha en que fue emitido ese Informe -26 de junio de 2018- la sociedad actora era dueña de dos inmuebles y, en ningún punto del Informe de referencia se hace indicación expresa e inequívoca que permita identificar cuando se refiere a "las propiedades del actor" a cual de los dos inmuebles se alude. Puede entender este Colegio que, esa situación obedece precisamente a la fecha de elaboración del mismo y que, la no titularidad de una de esas propiedades es un hecho sobrevenido, pero esa condición no es óbice para que en la audiencia complementaria -momento procesal previsto para el análisis de la prueba- se hiciera la explicación pertinente en la valoración de ese Informe, sobre todo en lo concerniente a la demostración de los alegados daños en la propiedad producidos por las obras del alcantarillado pluvial. No se hizo esfuerzo alguno en intentar acreditar ante esta Cámara que lo referido en el Informe podría relacionarse en alguna forma con el inmueble 2-109060-001 propiedad de la sociedad actora. 3. El tercer aspecto que motiva la decisión de esta Cámara, es que se evidencia en el Informe que, por relato de un vecino y de los mismos acompañantes al profesional que lo elaboró, el alcantarillado se construyó hace 75 años atrás y es una zona que "siempre se ha inundado". En este punto, a lo indicado en el Informe, este Tribunal valora lo expuesto en el hecho probado N°7 de este pronunciamiento y la declaración que rindió el señor Jorge Gómez Picado ya que, en criterio de este Colegio lo que se evidencia es que se trata de fundos en los que, desde tiempo atrás se realizaron en los mismos obras de canalización de las aguas pluviales, ubicadas en las propiedades privadas de dos familias -Chan y Fernández León- y que presentan la condición de recibir el flujo de las aguas por el declive propio de su ubicación geográfica y topografía del centro de San Mateo. 4. En el Informe, se evidencia que al finalizar el desfogue del alcantarillado pluvial, la descarga de las aguas cae en varias propiedades y no solo la del actor (ver hecho 24 del Informe). Esa situación igualmente, impide a esta Cámara determinar de manera unívoca y técnica que esa prueba dé insumos para demostrar daños en la propiedad del actor. 5. El Informe da cuenta del trayecto o recorrido del desfogue de las aguas pluviales y residuales ordinarias de las viviendas, que son vertidas en el alcantarillado pluvial (ver hecho 25 del Informe). Conviene revisar lo señalado en los hechos del 21 al  24 del Informe: "21. En el punto (...) se ubica el último pozo de registro pluvial donde el alcantarillado nuevo se conecta al viejo y vira al Sur con la descarga de aguas a través de varias propiedades privadas. 22. Para observar el agua, que dentro de las propiedades corre a cielo abierto, se ingresó por el punto (...) a través de la propiedad del denunciante, apreciándose un tramo de unos 10-12 m de longitud donde hay un canal cementado que se ha deteriorado, canal conectado al túnel o alcantarilla que esta sección final es rectangular construida en block (...) 23. A partir del punto anterior el flujo de agua continúa como un aparente cauce, sobre el suelo. En esta sección del cauce, que posee poco flujo () se observa una casa del lado derecho del cuerpo de agua, ubicada en aparente área de protección (...) 24. Según el denunciante, en este sector el cuerpo de agua cruza entre las propiedades de él, del Alcalde y de una tercera persona". La transcripción evidencia que en el trayecto final el agua corre a cielo abierto y atraviesa la propiedad del denunciante (se reitera no se especifica cuál propiedad y para ese momento la sociedad actora refirió ser dueña de dos inmuebles distintos registrados cada uno y tener daños en ambos); que en un tramo de una longitud de 10-12 metros hay un canal de cemento que se ha deteriorado y que conecta con un túnel o alcantarilla rectangular construida en block y que, concluido el canal a cielo abierto, el agua continúa como un aparente cauce sobre el suelo, con poco flujo, sector que abarca propiedades de la sociedad actora y al menos dos propietarios adicionales. De la propia manifestación de la parte accionante en el escrito de esta demanda, deduce este Colegio -porque ninguna de las partes se ocupó de demostrarlo- que ese canal a cielo abierto es el que construyó la Municipalidad como parte del desfogue de las aguas pluviales tiempo atrás, es decir se trata de una obra construida por la Municipalidad, por lo que no hay evidencia con este Informe que, el canal a cielo abierto que se indica está deteriorado, haya sido construido por la sociedad actora. 6. Aunado a lo expuesto, en el apartado de "Análisis de Gabinete", refiere en el punto 30 al recorrido de la inspección y advierte que de un total de 700 m, 90 m es sobre terrenos de propiedad privada, pero nuevamente el Informe es omiso es especificar cuáles propiedades. Entiende el Tribunal esa falencia, ya que la inspección está orientada a un daño ambiental y no a daños particulares  en fundos privados. Advirtió que, a pesar de que el denunciante manifestó que las aguas pluviales se canalizan a través de un yurro o arroyo, de acuerdo con la cartografía se trata de un afluente del río Machuca. 7. En el apartado de Conclusiones, el Informe es claro en señalar que se hizo una conexión en la recolección de aguas pluviales a un alcantarillado, pero que el mismo es nuevo según el denunciante y que para la Municipalidad es una obra mejorada y que, "ese circulo de información"  no pudo ser definido, ya que en la visita no se pudo abrir la calle y verificar si de trataba de una obra nueva o la mejora de una existente (ver puntos 17 y 18 del Informe). 8. Es decir, el Informe no se deduce evidencia clara y contundente de que se trata de una obra nueva o no. En el punto 4 de Conclusiones se indicó: "Independientemente de que el proyecto sea totalmente nuevo o sea una sustitución del alcantarillado viejo, lo cierto es que el pasar por debajo de las calles públicas, se evita el paso a través de propiedades privadas,con excepción del tramo final de 90 m que cruza, aparentemente, por las propiedades del denunciante, del alcalde y de un tercero no identificado" (se agrega el énfasis). Las razones expuestas, impiden a este Tribunal, tener como prueba la ocasionalidad de los daños y de los daños propiamente alegados en la demanda, a partir del Informe de referencia. A lo que debe agregarse que, el procedimiento por la denuncia ante el TAA no ha finalizado, por lo que el informe es un insumo más de los solicitados por el TAA, para determinar la procedencia o no del daño ambiental denunciado, pero en definitiva no tiene la fuerza probatoria de acreditar daños en la propiedad de la sociedad accionante.

XIII. SOBRE EL AVALÚO RENDIDO POR EL INGENIERO FRANCISCO MADRIZ GONZÁLEZ. En relación a la pericia admitida en autos, es necesario señalar que el profesional designado lo fue en razón de que, de la lista de peritos del Poder Judicial no existe un perito Ingeniero Civil con especialidad en valuación, según lo comunicó la Jueza de la etapa de trámite en resolución de las 16:05 horas del 2 de marzo de 2022 (imagen 525); aceptando que la parte propusiera un profesional, siempre que cumpliera con los requisitos, deberes y derechos que regula el Reglamento de intérpretes, traductores, peritos y ejecutores del Poder Judicial. Es por esa razón que, fue admitido para llevar a cabo la pericia, el Ing. Francisco Madriz González, quedando definido el objeto de la misma -según se acordó en la audiencia preliminar y lo reiteró la jueza de trámite en la resolución de las 16:26 horas del 20 de abril de 2022: "Determinar cuáles son los daños de la propiedad y la estimación económica" (imagen 540). La pericia fue para determinar los daños y la estimación económica, sin embargo en el informe se indicó: "El objetivo del presente informe es determinar un valor de mercado actual de un terreno de uso “residencial” que soporta una casa de habitación unifamiliar, para su comercialización tomando las afectaciones por el desfogue pluvial que la atraviesa del alcantarillado municipal" y está claro que en este proceso el reclamo se dirige solo respecto del inmueble 2-109060-001 por lo que todo lo relacionado con el otro inmueble queda descartado. Explicó el señor perito -ante preguntas del abogado de la parte actora- (registro de audio a partir del  minuto 0:55:01): Las propiedades son atravesadas por un desfogue pluvial, que pasan por debajo edificio del Tribunal Supremo de Elecciones y continúan en las propiedades valoradas, que el propietario de los dos inmuebles tuvo que hacer trabajos de ingeniería para mitigar el socavamiento que estaba teniendo producto de la escorrentía superficial y que lo indicado por el dueño -y que no le consta a él como perito- es que hubo un aumento del caudal que provocó el socavamiento del terreno. Hizo referencia a una primera propiedad donde ubicó una alcantarilla de cuadro construida para mitigar el socavamiento que estaba teniendo el terreno e hizo su valoración. En la que identificó como propiedad dos, señaló que lo que hay es un canal de concreto a cielo abierto y que, el problema que observó es que "no está dando para el caudal que tiene"; porque hay un aceleramiento de las aguas y, como es abierto se desborda y causa problemas de socavación de la estructura. Indicó, que por ser contratado para hacer un avalúo dio los costos de las obras que existen (minuto 1:01:12). Explicó, la propiedad que tiene el canal abierto presenta daños por socavación y, en la propiedad donde está la alcantarilla de cuadro no hay daños porque la estructura no permite que el agua se salga. Señaló en el apartado "Estimación de reparación del daño: "Se debería al menos construir el canal abierto, el cual deberá tener obras de mitigación de energía...". Por último, explicó que los inmuebles objeto del peritaje, colindan por la parte de atrás, esto a solicitud de una aclaración que pidió el Tribunal. Lo expuesto, son los aspectos que, de la pericia rendida en autos y la declaración del profesional en la audiencia complementaria, va a valorar y considerar este Tribunal para la resolución de este  proceso, por considerarse resultan atinentes y conducentes al objeto de la demanda y corresponder a la descripción material de la visita realizada con el fin de emitir el informe respectivo. 

XIV. SOBRE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO JORGE GÓMEZ PICADO. (registro de audio a partir del minuto 0:13:10 IV). El señor testigo, trabajó en el Departamento de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental en la Municipalidad del 2008 al 2020 momento a partir del cual se jubiló. Estuvo a cargo del proyecto de mejoramiento del sistema del desfogue pluvial del centro de San Mateo. Refirió, a las causas que originaron el proyecto del sistema pluvial de San Mateo, que tenía un desfogue construido en los años 40 ó 50 y que por el crecimiento del cantón ya no cumplía su función y se daban inundaciones en viviendas y edificios públicos. Indicó que el proyecto perseguía un mejoramiento y que no se hicieron los trámites ante SETENA por lo del impacto ambiental. Explicó que, por las condiciones de topografía de esos terrenos, el desfogue de aguas, desde que se fundó San Mateo es el único que se puede utilizar por las condiciones topográficas del terreno. Explicó que ese sistema original del alcantarillado consistía en ductos cuadrados de 50 cm x 50 cm que se comunicaban con cajas de registro que lo que hacían era sumir el agua de la superficie y pasarla a una quebrada y que transcurre por la parte más baja del casco central en San Mateo. Que desde la Municipalidad se hicieron los estudios hidrólógicos y de cuenca para determinar el cauce y, que dieron como resultado la necesidad de una alcantarilla de un diámetro de un metro aproximado, pero que optaron por colocarlas más amplias para asegurar la perdurabilidad del proyecto. Explicó, que el curso del alcantarillado no se puede cambiar porque está definido por la topografía del terreno. Ante la pregunta formulada por el abogado de la parte actora: ¿Sabe si las obras realizadas aumentaron el caudal del agua? El señor testigo respondió: "Yo digo que no aumentaron el caudal del agua porque bien que mal tanto el agua que estaba fluyendo por el sistema existente, como las aguas que discurrían en la carretera, todas iba exactamente a un mismo punto, lo que hicimos ¿qué fue?, agarrar todas las aguas que andaban superficialmente y colocarlas en el ducto para evitar los daños a la infraestructura y a los edificios, pero el agua básicamente es la misma, no se está aumentando, no estamos desviando agua de un lado para ponerlo en otro, es el agua que una estaba pasando por el sistema que ya no tenía capacidad y la otra estaba fluyendo por la superficie (...) lo que hicimos fue que toda el agua se sumiera y no estuviera  en la carretera. Explicó igualmente -por una pregunta del abogado de la parte actora que- las aguas llegaban a un mismo punto, que es un terreno que está a un costado de los Tribunales de Justicia de San Mateo y que, toda la vida ha sido el desfogue final de las aguas pluviales, como una quebrada de desfogue. Indicó, desconocer el nombre del dueño de ese terreno pero sí recordó que el mismo tenía un precio muy cómodo, precisamente por el desfogue de las aguas. Explicó -ante una pregunta del abogado de la parte actora- que conocía la quebrada y que: "...hicieron unas obras en cauce -una alcantarilla de cuadro- sin ningún permiso municipal  ni de las autoridades que tiene que ver con los permisos de obra en cauce el agua que se depositaba naturalmente ella se esparcía por todo el cauce al hacer esa alcantarilla de cuadro, que entiendo que la hicieron para conectar el supuesto lote ese donde desfogan las aguas con un paso con un lote aparentemente de unos familiares, lo que vinieron a hacer fue que la misma agua que llegaba al meterla en una alcantarilla de cuadro esa agua va a tener más velocidad y más presión causando socavación y daños al cauce aguas abajo". Este Colegio, por la experticia del testigo, por haber estado a cargo de las obras, da plena credibilidad a lo indicado en la trascripción y a lo referido que corresponde a extractos de su declaración y que es lo que este Tribunal va a considerar en la resolución de este asunto.

XV. IMPROCEDENCIA DE LO PRETENDIDO. Solicitó la parte actora: "1. Declarar con lugar la presente demanda y condenar al ente Municipal por su actuar irregular al realizar obras sin la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA-. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Debe recordarse que estamos ante un proceso en el que se reclama responsabilidad de la Administración y es necesario que, en toda acción en vía judicial en la que se pretenda el resarcimiento de daños por parte de una Administración Pública, necesariamente se demuestre: a) una acción u omisión cometida por la administración demandada; b) el criterio de imputación objetiva (funcionamiento normal o anormal, conducta lícita o ilícita); c) un daño cierto, efectivo, individualizable y cuantificable; y, d) una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño alegado. La parte accionante, fundamentó los daños que reclama en que la Municipalidad llevó a cabo obras relacionadas con el alcantarillado pluvial en las calles urbanas de San Mateo sin contar con la Evaluación de Impacto Ambiental. Expresamente así lo señaló el abogado en la audiencia complementaria: "...la génesis de esta demanda es precisamente poder determinar que ante esa omisión del estudio de impacto ambiental es el nexo causal -la omisión- hace que las dos contrataciones directas que realiza la municipalidad generen una afectación directa en ambas propiedades...". El fundamento expuesto como nexo causal de los daños que se reclaman, no es de recibo. La ausencia de un requisito legal como la viabilidad ambiental conlleva la revisión de la ilicitud de la conducta o la anormalidad del funcionamiento desplegado por la Administración demandada, función propia de esta Jurisdicción a la luz del numeral 49 constitucional cuando así lo solicite la parte que acciona; pero esa omisión legal no puede definirse como el nexo de causalidad de los supuestos daños provocados -en este caso- por un funcionamiento del gobierno local que se reitera, no es objeto del proceso según lo indicado en el punto 2 del Considerando de Antecedentes y en el Considerando V de este pronunciamiento. Este es un proceso por responsabilidad por supuestos daños sufridos por la acción de las aguas pluviales que desfogan en la propiedad de la sociedad actora. Es preciso que la parte, primeramente demuestre esos daños y seguidamente el nexo de causalidad de su origen y autor, lo que en criterio de este Colegio, no los causó que el proyecto constructivo cumpliera o no un requisito legal, sino que pueden obedecer a la acción propia del agua pero que, debe ser demostrado. A lo expuesto se adiciona que la revisión de la legalidad de las contrataciones directas por las que se realizaron las obras, tampoco son objeto de esta demanda. No se ha solicitado revisar la legalidad de ese funcionamiento de la Municipalidad accionada, lo que impide a este Colegio calificar la alegada omisión de un requisito de legalidad como la causa productora del daño. En todo caso, lo que observa este Colegio es que, más que un extremo petitorio, es la fundamentación de la causa de pedir. Sustentó la parte actora esa alegada omisión en el oficio SETENA-SG-1229-2018 del 10 de julio de 2018, en el cual se expone para cuales actividades -a la luz del numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7555 es necesaria la evaluación de  impacto ambiental y para cuáles otras se exceptúa, según Resoluciones N°2373-2016-SETENA, N°1909-2017-SETENA y ACP-030-2018-SETENA" por considerarse que se trata de actividades o proyectos de bajo impacto ambiental. En el mismo sentido, en el oficio SETENA-SG-1899-2018 del 02 de octubre de 2018, se expone al TAA cuando la construcción de un alcantarillado pluvial en la vía pública requiere o no contar con la viabilidad ambiental. Es claro que, lo expuesto en los oficios aludidos, no puede conducir a demostrar los daños  ni su autor, alegados por la parte actora en su propiedad; lo que evidencian son los requisitos dispuestos normativamente para cumplir o no ese requisito legal. Llama la atención del Tribunal que, los alcances de la respuesta que se da en el primero oficio, expresamente indica que están "limitados a la información aportada" es decir, no se hizo consulta a la Municipalidad denunciada, excluyendo así la posibilidad de acreditar otras valoraciones para ser tomadas en cuenta por la SETENA previo a emitir el criterio, lo que para este Colegio, se traduce en un elemento probatorio parcial -si de revisar la legalidad del funcionamiento de la Municipalidad de tratara-  que no contempla en su contenido la participación activa del ente denunciado y con ello, se omite una visión integral de lo sucedido, tan es así que se advierte en el oficio mismo, cuando indica que la respuesta está limitada a la información que aportó el denunciante. Corolario de lo expuesto, la petitoria primera debe ser rechazada, se insiste, estamos en la especie ante un reclamo por daños y, la omisión de un requisito legal como la viabilidad ambiental, no puede analizarse como pretensión previa para la procedencia del daño reclamado. Solicitó como segunda pretensión:"2- Condenar a la Municipalidad de San Mateo, al pago de todos los daños ocasionados en la propiedad inscrita bajo el Partido de Alajuela folio real número 109060-001, con plano A-1760950-2014". CRITERIO DEL TRIBUNAL: Como primer aspecto que debe señalar este Colegio es que, la identificación de los daños reclamados fue un aspecto que, a lo largo de la audiencia complementaria este órgano reiteradamente solicitó a la parte actora definir. En la demanda la parte actora indicó que se pretendía un daño material ocasionado por las obras constructivas de aguas pluviales y servidas realizadas por la Municipalidad, sin la respectiva evaluación de impacto ambiental, daño que consiste "en la afectación al valor económico del inmueble, el cual se ve reducido por el desfogue de las aguas pluviales y servidas en la propiedad". En la audiencia preliminar, la parte actora aclaró que el daño pretendido era solo material, dividiéndolo en costo por reparación y daño a la propiedad. En criterio del Tribunal, los daños pretendidos no estaban claros, aunado a que se admitió un peritaje para determinar cuáles son los daños en la propiedad y la estimación económica de los mismos y, por ello en la audiencia complementaria hizo la pregunta concreta -en orden a que se explicaran en que consistían los daños alegados-. Indicó el abogado que representa los intereses de la sociedad actora: (registro de audio a partir del minuto 0:23:34) "...la pretensión se concretó en daño material que efectivamente radica en la inversión que se tuvo que hacer y que todavía incluso no ha podido mitigar porque eso ha salido del bolsillo de los dueños de la sociedad, para mitigar el daño que ocasionó precisamente el desvío de las agua pluviales sin el estudio técnico (...) y si entendemos entonces el concepto sería las sumas económicas que mi representado ha tenido que incurrir o tendrá que incurrir incluso para poder reparar ese daño que ocasionó la Municipalidad con su actuar ilícito...". Precisó más adelante: "...lo que se está pidiendo es la reparación de ese daño ocasionado producto de la conducta ilícita de la corporación municipal que acarreo unas obras, lo que conllevó a una inversión económica pero además los trabajos pendientes de hacer, es decir en total la suma que se solicita indemnizar es de ¢21.721.600.00 porque así es lo que arroja el avalúo que hizo el perito que eventualmente en una ejecución de sentencia esto es lo que se llevaría a ejecutar" (registro de audio a partir del 0:57:23 IV). Con las precisiones dadas, procede esta Cámara al análisis de lo pretendido, a partir de la valoración de la prueba aportada para "demostrar" el daño alegado. En ese sentido, conforme se expuso en los Considerandos IX a XII en los que se hizo la valoración de las fotografías, del "Informe de Inspecciones a sistema de alcantarillado pluvial, en vía pública por parte de la Municipalidad de San Mateo" emitido por el área rectora de Salud de Orotina N°ARS-OSM-RS-IT-25-2018 y del Informe Técnico de Inspección emitido por el Área Rectora de Salud de Orotina N°MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 así como el Informe de Inspección emitido en el expediente 89-19-02-TAA, el contenido de esos documentos son inconducentes para demostrar el daño en la propiedad 2-109060-001 así como la autoría de los mismos. Para evitar reiteraciones innecesarias se remite a lo ya expuesto en el análisis de cada uno de esos elementos probatorios. En la etapa de conclusiones, el abogado representante de la sociedad actora expuso: (registro de audio a partir 0:45:12 IV) "...viene la sociedad y busca encontrar una pronta solución porque sino todo el terreno se le va a lavar y ahí es cuando se hace y para la propiedad que nos interesa la 2-109060-001, esta es la propiedad que según el informe pericial (...) es la que tiene el alcantarillado a cielo abierto, para entenderlo de alguna forma, no es la que tiene una alcantarilla rectangular sino es la que está abierta ¿Qué es lo que ocurre? Bueno hay que buscar una solución porque el terreno se está lavando, porque la cantidad de agua es enorme, véase que el problema en esa localidad era tan grande porque el sistema de alcantarillado era tan viejo y obsoleto artesanal que tiene que aumentar el caudal en un número incluso más allá del que se necesitaba que la cantidad de agua por lógica jurídica, por lógica, experiencia, sana crítica, buen entendimiento humano, si por 40 cm pasaba una cantidad de agua ahora por 2 metros va a pasar una más cantidad de agua; diay los propietarios tienen que encontrar alguna solución y la Municipalidad no se las dio, una solución paliativa, paliativa ¿Cuáles son los daños que ocasionó el comportamiento de la corporación municipalidad? Bueno los podemos ver a partir de la imagen 192 (sic) del expediente que es el Informe que hace el perito, el avalúo bueno, en realidad a él se le comisiona hacer un estudio por los daños y el valor de los daños, así fue como se aprobó, que a la postre termine además incluyendo los daños pues un avalúo, bueno eso está de más, pero si bien es cierto a través de la imagen 592 en referencia a la propiedad que hoy está en disputa que es la 109060-001, el ingeniero viene y hace un detalle sobre el sistema de alcantarillado y nos dice que es lo que él observa, el diámetro, la cantidad de agua (...) y nos dice que deben realizarse trabajos en aras de evitar que el daño sea mayor y entonces estima -el perito- la reparación del daño en decir, obras ya  existentes y que halla que hacer y divide los daños en tres diferentes montos, el primero en imagen 593 que es la estimación de la reparación del daño, hace una estimación de los costos invertidos en obras existentes para la mitigación de los daños (...) y él establece un costo de ¢4.896.000, es decir la sociedad tuvo que invertir esto, ahora la Municipalidad va a decir que es que hizo esos trabajo sin permiso, lo hizo de manera ilegal, bueno es que la Municipalidad no da una solución y el administrado tiene el deber de velar por sus propios intereses, en esta inversión que él hace a efectos de poder contrarrestar la afectación que el agua estaba causando, porque el agua no va a parar y no va a dejar de llegar se hace en  ¢4.896.000. Después se habla de que hay que hacer una losa de piso superior (...) y que el costo aproximado de ¢13.860.000, ahí ya se viene a visualizar el daño real que se está ocasionando (...) ¢21.721.600 es la estimación del daño que se realiza a la propiedad (...) producto de los trabajos que ya se hicieron y los que deben hacerse...". La transcripción de lo señalado por el abogado de la parte actora en las conclusiones es necesaria, porque en conjunto con lo expuesto por el señor perito Ing. Francisco Madriz y el señor testigo -también ingeniero- Jorge Gómez Picado, en la evacuación de la prueba en la audiencia complementaria, permite a este Colegio arribar a las siguientes conclusiones:

1. En el inmueble 2-177227-000 -que fue propiedad de la sociedad actora hasta el 01 abril 2024- es donde -por la geografía y topografía de la ciudad de San Mateo-, desfoga el alcantarillado pluvial y donde se ubica una alcantarilla de cuadro, construida por la sociedad accionante como una solución para el encausamiento de las aguas que, de acuerdo con el perito Madriz, producto de esa obra de mitigación, en esa propiedad no hay daños.

2. En la propiedad de la sociedad actora 2-106090-001- es donde se ubica el canal a cielo abierto, tramo final del desfogue de las aguas del alcantarillado pluvial de San Mateo.

3. Que las obras realizadas por la Municipalidad de San Mateo, eran necesarias, porque el alcantarillado existente era insuficiente para el caudal de agua recibido, razón por la que, se hicieron los trabajos ampliando las cajas de registro y las tuberías de conducción del agua pluvial (manifestaciones del testigo Jorge Gómez Picado).

4. Que, contrario a lo señalado por la parte actora, la ampliación del alcantarilla o de la tubería por donde discurre el agua, no conlleva un aumento del caudal que recibe; ese aumento puede ser por la expansión de nuevos proyectos urbanísticos, sin que se haya acreditado esa condición en este proceso, según lo manifestado por el testigo Jorge Gómez Picado en su declaración y cuando fue ingeniero de la Municipalidad (ver hecho probado N°7).

5. Que los daños referidos por el abogado de la parte actora en la etapa de conclusiones, identificados en "¢4.896.000, es decir la sociedad tuvo que invertir esto, ahora la Municipalidad va a decir que es que hizo esos trabajo sin permiso, lo hizo de manera ilegal, bueno es que la Municipalidad no da una solución y el administrado tiene el deber de velar por sus propios intereses, en esta inversión que él hace a efectos de poder contrarrestar la afectación que el agua estaba causando, porque el agua no va a parar y no va a dejar de llegar se hace en ¢4.896.000. Después de habla de que hay que hacer una losa de piso superior (...) y que el costo aproximado de ¢13.860.000, ahí ya se viene a visualizar el daño real que se está ocasionando", son daños referidos por el perito pero para el inmueble 2-017227-000 que no es objeto de revisión en este proceso (ver imagen 562).

6. Que la sociedad actora, llevó a cabo -por decisión propia y como una medida paliativa para sostener la afectación producto del agua que ahí desfogaba, la construcción de una alcantarilla de cuadro, en la que fue su propiedad -el inmueble 2-177227-000-. Previo a esa construcción de la alcantarilla de cuadro, el agua que desfogaba en esa propiedad, discurría a cielo abierto. El encausamiento en la alcantarilla, produjo un acelaramiento del flujo del agua que continúa su trayecto hasta desfogar en el canal a cielo abierto que se ubica en el inmueble propiedad de la sociedad actora 2-109060-001 por ser colindantes. Es decir, estamos en presencia de una mejora a riesgo propio, que hizo la parte actora, pero esa mejora conllevó un aceleramiento del flujo del agua cuyo trayecto continúa por un canal a cielo abierto ubicado en la que actualmente es su propiedad, el inmueble 2-109060-001.

7. El Informe del perito Madriz, refiere en las imágenes 592 a 593 que, en la propiedad donde se ubica el canal a cielo abierto, el terreno está socavado y hace la estimación de la reparación del daño que observó en esa estructura. En este punto, debe recordarse que el canal fue construido por la Municipalidad -así lo manifestó la parte actora en su escrito de demanda y no se allegó prueba en contrario- por lo que, si hay eventuales daños, es la Municipalidad la que resulta afectada porque es una obra construida por ese ente. Aunado a lo dicho, como se expuso previo, producto de la construcción de la alcantarilla cuadrada en el inmueble 2-17227-000 que colinda con la propiedad de la sociedad actora, el agua que discurría antes a cielo abierto y se esparcía por todo el cauce, al ser "encausada" o "alcantarillada" sufre cambios en la velocidad y presión de su flujo y cae con mayor fuerza, lo que provoca socavación y daños en el cauce aguas abajo (ver declaración del testigo Jorge Gómez Picado). Es decir, tiene la parte actora la consecuencia directa de una mejora propia (la alcantarilla construida en la que fue su propiedad) que produjo un riesgo igualmente propio, el aceleramiento en el flujo del agua que cae en el canal que pasa por su actual propiedad y que, se ve reducido por la fuerza con que llega el agua a ese punto. La situación  descrita, a la luz de los presupuestos normativos y jurisprudenciales, así como el sentido común y la sana crítica, evidencian -en criterio de este Colegio- que el socavamiento que se afirma tiene el canal a cielo abierto, es producto de recibir aguas que vienen con mayor presión y fuerza al salir de la alcantarilla que fue construida por la sociedad actora, según explicó el testigo Gómez Picado, conocedor de la dinámica que se presenta en el lugar, por haber trabajado como ingeniero en la Municipalidad, según se informó a este Tribunal. A lo que se agrega que, no se demostró que las obras realizadas por la Municipalidad -fueran estas nuevas o fueran mejoras a las existentes- produjeran un aumento en el caudal del agua, un aceleramiento en el curso de las mismas o un desvió y un nuevo trayecto que aumentara la cantidad de agua y que por ello, haya socavamiento en el terreno por donde se ubica el canal a cielo abierto. Corolario de lo expuesto, los daños alegados ni su autoría han sido demostrados, por lo que este extremo petitorio debe ser rechazado en todos sus extremos. La pretensión "3- Se condene a la Municipalidad de San Mateo al pago de los intereses legales correspondientes, por las sumas otorgadas por el Tribunal Contencioso Administrativo contabilizadas desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago". Al rechazarse los daños de igual forma resulta improcedente. Por último, el extremo petitorio "4- Se condene al ente Municipal al respectivo pago de las costas personales y procesales de la presente acción", es un pronunciamiento oficioso que se da en un Considerando aparte. Corolario de lo expuesto, la demanda incoada por Marsago S.A. contra la Municipalidad de San Mateo debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos.

XVI. SOBRE LAS EXCEPCIONES. Por las razones dadas en este pronunciamiento, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de San Mateo.

XVII. SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no observa este Tribunal motivo alguno para excepcionar la aplicación de tal máxima, por lo que, lo debido es imponerlas a la parte vencida. Se conceden los intereses legales que tal extremo genere, los que serán liquidados en fase de ejecución del presente fallo.

 

POR TANTO

Se admite la prueba para mejor resolver, ofrecida por las partes de este proceso en los términos señalados. Se acoge la falta de derecho opuesta por la Municipalidad de San Mateo. Consecuentemente se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la sociedad Marsago, S.A. Son las costas a cargo de la parte accionante y perdidosa, las que generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto. NOTIFÍQUESE. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUECES.

 

 



 

 




- Código Verificador -
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2L5Q5YJCAP061



 

Documento firmado por:

LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004836-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:34:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Contentious-Administrative Tribunal  

Resolution No. 06293 - 2024  

Date of Resolution: September 20, 2024, at 13:50  

Case File: 20-004836-1027-CA  

Drafted by: Lourdes Vargas Castillo  

Type of matter: Ordinary proceeding declared a matter of pure law  

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL  

  

  

Content of Interest:  

Type of content: Majority vote  

Branch of Law: Administrative Law  

Topic: Strict liability of the Administration  

Subtopics:  

Claim for damages arising from works carried out by the municipality related to stormwater drainage on urban streets without the environmental impact assessment.  
The legal requirement of environmental viability cannot be analyzed as a causal link for the alleged damages claimed.  
Analysis of the strict liability regime of the administration and the elements to support a claim for damages against any Public Administration.  

Topic: Civil liability of the Administration  

Subtopics:  

Claim for damages arising from works carried out by the municipality related to stormwater drainage on urban streets without the environmental impact assessment.  
The legal requirement of environmental viability cannot be analyzed as a causal link for the alleged damages claimed.  
Analysis of the strict liability regime of the administration and the elements to support a claim for damages against any Public Administration.  

Topic: Damages arising from civil liability of the Administration  

Subtopics:  

Claim for damages arising from works carried out by the municipality related to stormwater drainage on urban streets without the environmental impact assessment.  
The legal requirement of environmental viability cannot be analyzed as a causal link for the alleged damages claimed.  
Analysis of the strict liability regime of the administration and the elements to support a claim for damages against any Public Administration.  

"XV. [...] The basis presented as the causal link for the damages being claimed is not acceptable. The absence of a legal requirement such as environmental viability entails a review of the unlawfulness of the conduct or the abnormal operation deployed by the defendant Administration, a function inherent to this Jurisdiction in light of constitutional Article 49 when so requested by the plaintiff; but that legal omission cannot be defined as the causal link for the alleged damages caused—in this case—by an operation of the local government which, it is reiterated, is not the object of the proceeding as indicated in point 2 of the Background Considerando and in Considerando V of this ruling. This is a proceeding for liability for alleged damages suffered due to the action of stormwater that discharges onto the plaintiff company's property. It is necessary for the party to first demonstrate those damages and then the causal link of their origin and author, which, in the opinion of this Panel, was not caused by whether the construction project complied or not with a legal requirement, but rather may be due to the very action of the water, which must be demonstrated. [...]"  

... See more  
Text of the resolution  
Document PJEDITOR  

  

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CASE FILE:  

20-004836-1027-CA - 1  

  

PROCEEDING:  

ORDINARY  

  

PLAINTIFF:  

SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S.A.  

  

DEFENDANT:  

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO  

  

No. 2024006293  

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SECTION TWO (Team Two) SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and fifty minutes on the twentieth of September, two thousand twenty-four.-  

  

Ordinary proceeding, declared a matter of pure law, filed by SERVICIOS PROFESIONALES MARSAGO S. A., with legal identification number 3-1010489166; against the MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Mr. Arthur Jiménez Latouche participates as the attorney for the plaintiff company. Mr. attorney Rolando Alberto Segura Ramírez represents the interests of the local government (images 2, 39, 234, 511, 909 to 911, 918-919 all from the judicial case file, as well as the four audio recordings of the supplementary hearing). The legal requirements in the substantiation of the proceeding have been observed, and no defects or omissions capable of producing the nullity of the actions taken and resolved are observed; therefore, after deliberation required by Law, the Panel of Judges of Section Two (Team Two), composed of judges Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo Segura González, and Lourdes Vargas Castillo—who was assigned to preside—proceeds to issue this judgment by the unanimous vote of its members.  

  

Drafted by Judge Vargas Castillo.  

CONSIDERANDO  

  

I. PROCEDURAL BACKGROUND:  

1. On November 6, 2020, the plaintiff filed this proceeding. By order issued at eight hours thirty-two minutes on November sixteen, two thousand twenty, a correction of the complaint brief was ordered. In a brief dated November 23, 2020, the plaintiff complied with the order. The procedural Judge clarified in the preliminary hearing that took place on October 1, 2021, that the brief visible in images 179 to 196 was, for all purposes, the base brief of this proceeding (audio recording starting at minute 00:06:00, and this Panel stated the same in the supplementary hearing, audio recording minute 0:05:37 III).  

2. The claim in this proceeding, set forth in that complaint brief, taking into account the adjustment made in the preliminary hearing—held on October 1, 2021—and the adjustment made by the attorney representing the plaintiff's interests in the supplementary hearing, is: "Based on the facts, evidence, and legal grounds, we respectfully request the Honorable Contentious-Administrative Tribunal to resolve as follows: 1.- To grant this complaint and condemn the Municipal entity for its irregular conduct in carrying out works without the respective Environmental Impact Assessment from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 2.- To condemn the Municipalidad de San Mateo to pay for all the damages caused to the property registered under the Partido de Alajuela, real folio number 109060-001, with plan A-1760950-2014. 3.- To condemn the Municipalidad de San Mateo to pay the corresponding legal interest, on the sums awarded by the Contentious-Administrative Tribunal, calculated from the date the judgment becomes final until its effective payment. 4.- To condemn the Municipal entity to pay the respective personal and procedural costs of this action." The attorney specified in the supplementary hearing: "...Let's see, according to the minutes of the preliminary hearing, a material damage was established which was what was claimed at that time. What is that economic material damage that we are claiming today? It is precisely that established between images 592 and 593, which are the impacts suffered by my client's property, and the expert estimated the damage to the existing works and the pending works to be carried out (...), quantified at ¢21,721,600.00 (...) I understand that perhaps poor technique in specifying the claims during the preliminary hearing, but it should be understood that what is being requested is the repair of that damage caused as a result of the unlawful conduct of the municipal corporation, which led to some works, which entailed an economic investment, but also the pending works to be done, that is, the total sum requested as compensation is ¢21,721,600.00 because that is what the appraisal conducted by the expert yields, which, eventually, in an enforcement of judgment proceeding, is what would be executed (audio recording of the supplementary hearing from minute 0:56:09 to 0:57:53 IV).  

3. By order issued at seven hours fifty-two minutes on November twenty-four, two thousand twenty, the proceeding was formally established against the Municipalidad de San Mateo (images 200 to 201).  

4. The defendant local government answered the complaint, requested that the indicated claims be dismissed, that the defense of lack of right raised be upheld, and that the plaintiff be condemned to pay both costs plus interest (images 208 to 232).  

5. The preliminary hearing was held on October 1, 2021, with the presence of all parties to the proceeding. No substantive aspects to remedy were observed. The claim was read aloud, at the request of the defendant and the presiding Judge, the plaintiff clarified that only material damage and the intended amounts are claimed, as set forth in point 1 of this Considerando. No preliminary defenses were raised. All facts were determined to be disputed. All documentary evidence offered by the parties was admitted. And, as testimonial evidence, only Mr. Jorge Gómez Picado. The expert evidence was admitted. The presiding Judge ordered that the evidence visible in images 470 to 483, presented in the brief of September 23, 2021, and that visible in images 487 to 499, having been presented one day before the hearing, would be taken as evidence for better resolution and the admission or rejection of it would be left to the discretion of the Panel that must hear the merits of the proceeding (audio recording and minutes visible in images 511 to 517).  

6. By order issued at sixteen hours five minutes on March two, two thousand twenty-two, the procedural Judge informed the parties that there is no civil engineer expert specializing in valuation on the Poder Judicial's list of experts and rejected the expert evidence offered by the Municipality for failing to pay the expert's fees as ordered (image 525). The plaintiff requested authorization for the appointment of a valuation expert, and the Judge at the procedural stage, by order issued at ten hours ten minutes on March sixteen, two thousand twenty-two, granted the plaintiff "... a term of TEN WORKING DAYS to propose a qualified professional to carry out the pending diligence. With the understanding that the person offered must comply with the requirements, duties, and rights regulated by the Regulations governing the function of interpreters, translators, experts, and executors in the Poder Judicial" (image 529). The plaintiff requested authorization for the appointment of Ing. Francisco Madriz González, civil engineer, valuation expert, identity card 1-0993-0177, carné IC 10549 (image 537). By order issued at sixteen hours twenty-six minutes on April twenty, two thousand twenty-two, the presiding Judge admitted the offer of engineer Madriz González, ordered the presentation of the report within fifteen working days, and defined the objective of the expert examination: "To determine what the damages to the property are and the economic estimate of these damages" (image 540).  

7. The expert report was rendered and is recorded in images 544 to 604, as well as the clarification requested by the Municipality, visible in images 617 to 863.  

8. The proceeding was originally referred to Trial Section VIII of this Tribunal, which scheduled an oral and public trial for eight hours thirty minutes on October ten, two thousand twenty-four (image 868).  

9. By brief visible in image 881, the plaintiff offered as evidence for better resolution the technical inspection report N°MDRRSPCDARSONSSMIR-0022-2023, issued by the Ministerio de Salud on February 7, 2023 (images 881 to 889). By order issued at sixteen hours twenty-nine minutes on February fourteen, two thousand twenty-three, by the Trial Section originally in charge of this proceeding, the defendant was informed of the referred brief, and the parties were advised that the admission of the same would be resolved at the Oral and Public Trial (image 890).  

10. In accordance with the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, adopted in session number 84-2021 of September 28, 2021, and the ordinance of the Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, issued in agreement N°12.VI.2023, adopted in the session held on July 27, 2023, the hearing of this proceeding was reassigned to Section Two of this Tribunal (see record in image 898 of the judicial case file).  

11. By order issued at ten hours fifty-nine minutes on January fifteen, two thousand twenty-four, this Section summoned the parties to a supplementary hearing on September 2, 2024 (images 899 to 902).  

12. The orders for witness summons were issued on May 8, 2024 (see images 905 to 980). The technician of the Work Team communicated with the parties to the proceeding to remind them of the trial scheduling, to inform them that the witness notification summons had been issued, and of their obligation to inform the Tribunal by which means they would appear on the day of the supplementary hearing, according to the "Record of call to the parties to the proceeding" (image 929).  

13. By brief visible in image 909, the Municipality appointed Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez to the proceeding, who submitted a special judicial power of attorney and indicated a means for receiving notifications. The plaintiff appointed Lic. Arthur Jiménez La Touche as a special judicial attorney-in-fact, who provided an email address to attend the supplementary hearing virtually (image 923, 930).  

14. The representative of the Municipality submitted as evidence for better resolution: 1. An update of case file 89-18-02-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo, which had been admitted as evidence (visible in images 939 to 1206). 2. Official communication DI-SM-OFEX/020-24 reporting on the municipal procedures registered for properties 2-17227-000, plan A-1222500-2008, and 2-109060-001, plan A-0432995-1981 (visible in images 933 to 935). 3. certification of legal status of Servicios Profesionales Marsago, S.A. (visible in images 937 to 938).  

15. On the development of the supplementary hearing. On Monday, September 2, at 08:33 hours, the Panel of Judges convened in Trial Room No. 5 of the Tribunal to commence the supplementary hearing. The Tribunal reviewed—before declaring the hearing open—some procedural cleanup aspects with the parties, including the offering of evidence for better resolution. Lic. Arthur Jiménez La Touche participated remotely. The representative of the defendant Municipality—Lic. Rolando Segura Ramírez, his assistant, and the Mayor of the Municipalidad de San Mateo, appeared in person at the Trial Room. Once all cleanup aspects were reviewed, the Tribunal declared the opening of the debate. The dynamics of the hearing and formal considerations were explained, recalling the case management powers that the Panel of Judges holds according to Articles 99 of the CPCA and 73 of the Regulations of this Jurisdiction. The claim of the proceeding was read aloud. The parties presented their opening arguments. The testimony of the expert who rendered the report and its respective clarification was received (images 544 to 604 and 617 to 863). The testimony of the witness offered by the Municipality, Mr. Jorge Gómez Picado, identity card 3-220-757, was received. Before concluding the hearing, the plaintiff adjusted the claim in the proceeding upon the news reported to the Tribunal regarding the ownership of one of the properties, which since April of this year no longer belongs to the plaintiff company, due to a dación en pago made to a third party (see detail in the trial minutes).  

16. With the entry into force of the virtual desktop, the processing of this case file has been substantiated in this venue electronically; therefore, the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Escritorio Virtual with the options "Descending Order" and "Show Document Description (PDF)" unchecked and the option "Show Case File Cover Details" selected in "End", which includes a total of 1225 images as of the date the supplementary hearing was held, will be used as reference. This record is made to identify all the images that comprise the case file and its foliation.  

17. The Tribunal, in accordance with the provisions of Article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo in relation to Articles 73.10, 79.4, and 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this Jurisdiction, and considering the object of the proceeding and the evidence to be assessed, considered this matter to be complex and so informed the parties before concluding the supplementary hearing; therefore, the judgment will be notified within the legal term of fifteen working days, counted from the working day following the closure of the debate (see detail in trial minutes).  

II. ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. (partial transcription) FIRST: The plaintiff corporation Servicios Profesionales MARSAGO S.A, is the owner of a real estate property registered in the Public Property Registry, under the Partido de Alajuela, Folio Real 17227-000, with plan A-1222500-2008, located in the province of Alajuela, canton of San Mateo, district of San Mateo, measuring 528 square meters and 43 square decimeters, and the property of Folio Real 109060-001, with plan A-1760950-2014, located in the province of Alajuela, canton of San Mateo, district of San Mateo, measuring 791 square meters and 00 square decimeters (...). SECOND: That the Municipalidad de San Mateo in the first instance promoted Direct Contracting 2016CD-000022-09 called "Construction of wells, catch basins, and manholes in urban streets." This phase began on November 23, 2016, and concluded on March 30, 2017, and its tender documents presented the following technical specifications, as evidence so that the Judge may, at the appropriate procedural moment, assess the effects and impact that said contracting caused on the property owned by my client (included a table with technical descriptions). In this way, the works began, based on the Municipal arguments that multiple floods were occurring due to surface runoff of stormwater from the construction of houses, buildings, gyms, cycle paths, parks, streets, and all types of structures that did not allow the natural infiltration of rainwater in the lands of the central district of the canton. And it is thus that through official communication DTGV INT 061414/2018 of April 27, 2018, sent by Ing. Eduardo Gómez Picado to Licenciado Jairo Guzmán Soto, Mayor of San Mateo, he refers to the justification for this project in its first phase, a communication I attach as evidence to the case file. Likewise, it was indicated that property registration number 17227-000 (formerly belonging to the Fernández León family), acquired by the company Servicios Profesionales Marsago S.A, legal identification number 3-101-489166, on February 28, 2018, according to cadastral plan A-1222500-2008, clearly indicates the passage of stormwater, and that said property of my client forms part of the public domain watercourse, according to chapter II, article 4 of law 17742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. THIRD: Subsequently, the same Municipalidad de San Mateo promoted a second Direct Contracting 2018CD-000010-01 called "Construction of Wells, catch basins, manholes, sidewalks, curb, gutter, and pipe laying," a second phase that began on April 11, 2018, and ended on September 7, 2018, whose tender documents presented the following technical specifications, which I detail below [inserted image]. At the start of this second phase, through communications sent by my son and legal representative of Servicios Profesionales Marsago S.A, Ing. Marlon Sánchez González, he filed a request before the Municipality of San Mateo on April 17, 2018, a letter addressed to the Mayor, Lic. Jairo Guzmán Soto, through which he pointed out [partially transcribes the letter]. As can be seen, the legal representative at that time of my client, foreseeing what could happen, requested from the Municipal entity how to avoid the situation that now occupies us in this judicial venue, with no formal response to date, and he also went to the Tribunal Ambiental Administrativo, with no formal result to date, a copy of which case file 89-18-02-TAA is in the case file. These are reasons that were foreseen since April 2018, without the works of the second phase, which ended on September 7, 2018, having been completed. FOURTH: As a product of this previous factual situation, within case file 89-18-02-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo, report TAA-DT-055-18 and resolution 931-18-TAA of fourteen hours on September seventeen, two thousand eighteen, record that it indicates (makes partial transcription). FIFTH: According to official communication N°AMSM-305-18 of October 3, 2018, from the Municipalidad de San Mateo, it is indicated that the stormwater works in the center of the district, which are the subject of this proceeding, were carried out in two phases; the first phase began on November 23, 2016, and concluded on March 30, 2017, and the second phase began on April 11, 2018, and ended on September 7, 2018. SIXTH: According to the Municipality of San Mateo's own statement, the first construction phase has a length of 278.5 meters and the second phase has a length of 116.05 meters, and the excavation volumes for the first phase were 626.62 m3 of earth and 33.36 of pavement, and for the second phase, 511.56 m3 of earth and 14.61 of pavement. SEVENTH: It is important to highlight, based on the official communication issued by SETENA-SG-1229-2018 of July 10, 2018, that the stormwater works carried out by the Municipalidad de San Mateo in the center of the canton lack the respective environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). WHICH WAS A NECESSARY REQUIREMENT TO START THE WORKS, and thus the aforementioned communication states, in its pertinent part regarding this particular issue that my client demands [makes partial transcription]. Note that said works required the respective environmental impact assessment from the Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), and that they never had said authorization, which generated the damages and undercuttings that have occurred on my client's property, consequently meaning that those works carried out by the Municipalidad de San Mateo in the Center of the Canton, which were carried out in two phases, the first beginning on November 23, 2016, and concluding on March 30, 2017, and the second phase beginning on April 11, 2018, and ending on September 7, 2018, as indicated and narrated in the fourth fact, are those that generated "the damages that I claim in the contentious-administrative venue against said Municipal entity. EIGHTH: It can thus be verified that said works carried out by the Municipalidad de San Mateo, according to the two phases mentioned and according to the estimates indicated in direct contracting 2016 CD-000022-09 called "Construction of wells, catch basins, and manholes in urban streets" and the second Direct Contracting 2018CD-000010-01 called "Construction of wells, catch basins, manholes, sidewalks, curb, gutter, and pipe laying," these contracts and the works that were carried out in them, which were carried out without the authorizations from SETENA by the Municipal entity of San Mateo de Alajuela, as evidenced in the case file by the official communications from SETENA that expressly indicate so, have been the causes of the damages to the Plaintiff's property, which is duly registered in the name of my client under the Partido de Alajuela, folio real 17227-000, with plan A-1222500-2008, and the property of Folio Real 109060-001, with plan A-1760950-2014, such as undercutting of the land that serves as the final discharge point for the waters, all of which can be demonstrated with the photographs of the site that are duly attached to the case file in question. II. REASONS AND LEGAL GROUNDS TO REQUEST THE ENFORCEMENT OF THE ADMINISTRATIVE ACT IN JUDICIAL VENUE. A.- Performance of construction works without the respective Environmental Impact Assessment from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). As established by Article 17 of Law No. 7554, called Ley Orgánica del Ambiente, an Environmental Impact Assessment is required [cited the article]. Likewise, Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, called Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), in its Article 4 establishes [made a citation]. For its part, Anexo N°2 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), in Step N°2, indicates [made a transcription]. In addition, resolution N°1909-2017-SETENA of 07 hours 50 minutes on September 22, 2017, issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in its Article 5, subsection 33, establishes the following [made a transcription]. In the stormwater construction works, the Municipalidad de San Mateo has carried out a considerable increase of the existing stormwater network; therefore, applying and with justification in the previously described regulations, it was necessary for the Municipal entity to request the respective environmental impact study (estudio de impacto ambiental) to be able to carry out the works, a situation that did not occur. Ergo, the construction of the stormwater and "sewer" network, carried out by the Municipalidad de San Mateo, was performed contrary to law, and this caused secondary effects such as those that occurred on my client's properties, which were not only carried out without the corresponding authorizations but also suffered an impact on the property without any responsibility being assumed, forcing me to turn to this venue in defense of my rights. B.- Regarding Damages. Given that this ordinary complaint requests the payment of damages, this representation, in accordance with Article 58, subsection 1), point e) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, proceeds to mention the damages that are claimed, the reason that caused them, what they consist of, and their prudential estimate [made a citation]. Material damage that has been caused to the real estate property registered before the Registro Nacional, under the Partido de Alajuela, folio real 17227-000, with plan A-1222500-2008, and the property of Folio Real 109060-001, with Plan A-1760950-2014. The reason that causes it: the stormwater and sewer construction works, carried out by the Municipalidad de San Mateo, without the respective Environmental Impact Assessment from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This damage consists of the impact on the economic value of the property, which is reduced by the discharge of stormwater and sewage on the property. The prudential estimate of damages is calculated as an inestimable amount and will be duly estimated once the respective expert opinion exists, which I request from your Office to be carried out at the appropriate procedural moment" (images 179 to 195 of the judicial case file).  

III. ARGUMENTS OF THE MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO. Regarding the facts of the complaint, in the first, reference was made to the origin of the property, 2-17227-000, initially divided into rights, acquired by the plaintiff company and consolidated in February 2018. Regarding the second, it accepts that the Municipality promoted direct contracting 2016CD-000022-09, a task focused on the construction of 6 wells and 15 catch basins, works carried out within the urban area of San Mateo. The contracting began on November 23, 2016, the award decision was issued on November 28, 2016, in favor of Sierra Brava S.A., legal identification number 3-101-019571, and the works concluded on March 30, 2017. It clarified that the property belonged to the Fernández León family, who were aware of the passage of stormwater over the property that was theirs, and taking into account the topography and the conditions of the property regarding the passage of water that had historically run through that land, the rights were sold to Servicios Profesionales MARSAGO S.A., who consolidated the rights in February 2018. Regarding the third fact, it accepted that the Municipal corporation promoted direct contracting 2018CD-000010-01, through the initial decision adopted on February 22, 2018, where the generation of improvements in the channeling of stormwater in the urban streets of San Mateo was again prioritized. The project consisted of 2 wells, 4 catch basins, working on 138 square meters of sidewalk, curb, and gutter, as well as pipe laying. It clarified that the contracting began on March 9, 2018, with the publication of the corresponding tender documents, generating the award decision on March 15, 2018, an award that fell to Mr. William Elizondo Salas. On April 9, 2018, by resolution DTGVEXT089/04-2018 of April 9, 2018, the start order was issued, with Mr. Ing.

Jorge Gómez Picado (...) The final acceptance of the work, together with the unilateral modification, was on May 2, 2019. He clarified that the runoff of water through the central area of San Mateo already existed, including prior to 2016, and has been so for decades; waters already flowed through property 2-17227-000; the work carried out by the Municipal Corporation beginning in 2018 reaches precisely up to the public area, without property 2-17227-000 having been intervened, insofar as the water already flowed through that area prior to such work, passing through the property where the Courts of Justice are located in San Mateo, and subsequently passing through the property of Servicios Profesionales MARSAGO S.A. He clarified that the works within the private property that channel water, carried out by Mr. Marlon Sánchez González and which he acknowledges having done in a writing of April 2018, were not authorized by the Municipal Corporation, nor is there any record of a request for any permit or license for its intervention, and that Mr. Sánchez admitted that he knew that the water flowed through the property owned by the company Servicios Profesionales Marsago S.A. and admitted having carried out a construction work and its purpose, without the Municipal Corporation observing that any permit for those works was processed. He pointed out that private subjects have the obligation to let water that flows through their properties pass, and in case of channeling, they do not have a free prerogative to omit licenses; it is emphasized that the work carried out, in any case, would have naturally impacted the normal course of those waters, affecting the property in question and, eventually, the subsequent properties, among which property 2-106090 is located. On the other hand, it is true that Mr. Sánchez González addressed the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), and in that venue, other aspects related to the facts and claims of the lawsuit now filed are also ventilated. Regarding fact four, I accept that file 89-18-02-TAA contains Report TAADT-055-I8 and resolution 931-18-TAA; but as of that date, there is no final resolution and the matter is not focused on the alleged material damage that the plaintiff seeks to be recognized in this proceeding. I specify that the work carried out by the Municipal Corporation regarding the course of the stormwater involved some non-substantial relocations of the water passage and always within the same already impacted coverage area; it must be emphasized that, in any case, the passage of water over property 2-17227-000 occurred prior to 2016 and 2018, a fact already known to Mr. Sánchez González, so no new water passage over property 2-17227-000 was generated as a result of the intervention and works carried out by the Municipal Corporation through the works contracted between 2016 and 2018. He insisted that the intervention on property 2-17227-000 acknowledged by Mr. Sánchez González would have been carried out even before sending the note on April 17, 2018, to the Municipal Mayor's Office without requesting any type of permits on this matter, so he must assume the risk for the effects that this construction work may have had on the properties referred to by the plaintiff in fact one of the lawsuit. Regarding fact five, I accept the issuance of official letter AMSM-305-18 of October 3, 2018, and the manner in which the works were carried out. In relation to fact six, he accepted the content of the information specified in official letter AMSM-305-18, but added that the works carried out involved intervention on already existing works, given that for a long time, and due to the level and topography of the area, that coverage area was already impacted by works for the water channel, which had always sought their course according to the topography of the place, and flowing through the property where the Courts of Justice are located, passing through property 2-17227-000 for at least decades, before it was acquired by the plaintiff company. Regarding fact seven, he stated, concerning the existence of official letter SETENASG-1229-2018 of July 10, 2018; however, he believes it should be noted that the official letter takes as a premise that the project carried out by the Municipality was new when a water drainage system already existed in the center of the district of San Mateo, and the manner in which the waters flowed through that area was previously known, long before 2016. He pointed out that the addition made through resolution 1909-2017-SETENA regarding the inclusion of Article 33 indicates as an activity that does not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), the repair, rehabilitation, or maintenance of the stormwater network. He added there is no substantiation whatsoever to sustain that the absence of an Environmental Impact Assessment from SETENA for the works carried out by the Municipality of San Mateo—in the event it was required, which it was not—is in itself the cause of the alleged damages and undercutting on the property of Servicios Profesionales Marsago S.A. now claimed, ignoring the prior knowledge that existed regarding the conditions of property 2-17227-000 and the works that were carried out by the same owning company without a permit, thereby impacting the course of the waters. He rejected fact eight, insisting that the lawsuit contains the same flaws previously warned against; he believes this fact is reduced to mere assessments on the merits of the matter. In the arguments section, he referred to "B. CONSIDERATIONS REGARDING THE EXISTENCE OF LACK OF RIGHT, LIABILITY, AND THE FAULT OF THE VICTIM". He explained that, in the instant case, the jurisdictional Authority must consider the fact that Mr. Sánchez González, on behalf of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., as recorded in this matter, previously knew the conditions of the properties he refers to in fact one, as well as the historical passage of water through that area, and despite this, he would have intervened in the course of the water passing over property 2-17227-000—as will be established later in this writing—which he acknowledged having done and completed between "the moment he acquired the property" and the moment he sent the note to the Municipality in April 2018; therefore, a significant intervention on the course of the waters would have been carried out on the property, without any license application process having been undertaken. He referenced jurisprudence of the First Chamber (Sala Primera), which has reiterated, in relation to the fault of the victim, how the victim can be liable for the production of damage by directly influencing the causal course, thereby assuming the risk for actions carried out illegitimately and for which the Administration should not be held liable [he cited resolution No. 38-1996 of 3:00 p.m. on April 19, 1996]. He pointed out that by intervening in the course of the waters on property 2-17227-000, the owning corporation should have assumed the risk for it, especially when an intermittent body of water was intervened, knowledge of which existed prior to purchasing the property, and even more so, the risk should have been assumed that the redirection of the waters could affect the dynamics of their course on the property in question, as well as on property 2-109060, in case any damage was configured. Added to this, this aspect must be assessed with greater intensity upon appreciating that this private intervention was a new intervention on a historically existing watercourse—due to the topography of the place; and it is emphasized here that the works carried out by the Municipal Corporation did not generate a factual condition that already existed regarding the topography of the place concerning the course of the waters passing over property 2-17227-000—without consulting or processing such intervention beforehand, which was undoubtedly illegitimate and would have impacted the environment. In this regard, it must be observed that the course of the waters already existed over property 2-17227-000, prior to the works carried out by the Municipality and initiated in 2016 and 2018; however, the intervention by Mr. Sánchez González representing Servicios Profesionales MARSAGO S.A.—which he acknowledged carrying out in the note of April 2018—was a new work that was not covered under any license to be carried out; therefore, it was definitively carried out outside the legal framework, despite the fact that it could impact the environment. Regarding the substantive analysis of the matter, he added that whoever represented the plaintiff company in this judicial process already knew, prior to 2016 and 2018, the topographical conditions of property 2-17227-000, and the passage of water through said property for decades, by virtue of which this particular factual situation was neither produced by nor derived from the works carried out by the Municipality of San Mateo between 2016 and 2018; rather, it was a factual situation existing and present on said property for a long time. Therefore, the plaintiff company has no right to claim any compensation for conditions that its properties already possessed

prior to the works carried out by the Municipality of San Mateo, and much less when, knowing those conditions, it proceeded to intervene in the course of the waters on property 2-17227-000, thereby illegitimately intervening in the natural way the waters flowed there, without any license, by virtue of which the Right does not assist one who assumes the voluntary risk of constructively impacting a property, affecting the course of the waters. In this regard, he cited Article 20 of the General Roads Law (Ley General de Caminos) regarding the obligation of owners to let waters that pass through their properties flow according to the slope of the land, as well as the respect that must be observed when properties interact with public domain channels—as occurs in the case in question—according to documentary evidence where the Water Directorate (Dirección de Aguas) issues its opinion; even though the course of the waters is stormwater and flows through real estate belonging to a private subject, the way those waters are impacted must always be subject to license requirements and to avoiding causing damages to third parties, see articles 1 through 4 of the Water Law (Ley de Aguas). He asserted that, in this specific case, one must start from the premise that the course of the waters through property 2-17227-000 and impacting property 2-109060-000 is not a supervening situation generated by the works carried out by the local public entity—it even appears reflected in the map of property 2-17227-000 in a manifest way—that it was the plaintiff itself that impacted the course of the waters on a property of its own, and to this must be added the fact that the causal course that the plaintiff seeks to establish has not had, nor has it had the impact it intends to reflect in its lawsuit. For the reasons stated, he raised the objection of lack of right. C. ON THE SECTION CALLED REASONS AND LEGAL GROUNDS TO REQUEST EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE ACT IN JUDICIAL PROCEEDINGS. The representation of the sued Municipality stated that the argument is confusing, as it apparently does not correspond to the matter being ventilated here. If the existing claims in this case are reviewed, it is not observed that the execution of a formal administrative conduct in judicial proceedings is being requested, or at least it has not been established which administrative act it would be whose "execution would be intended to be requested" before this jurisdiction. C.I. On the alleged execution of construction works without an Environmental Impact Assessment. He indicated that the environmental impact assessment (EIA) implies the application of a prior evaluation tool, in relation to establishing the intensity with which the human activities intended to be carried out affect or alter the environment; in these terms, the rule of Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) is understood, as well as the activities mentioned in Annex 1 and Annex 2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), as determined by a specific law or as activities established in Annex 2 of said regulation. He added that when the aforementioned Annex 2 refers to the production of wastewater, this includes the effects on water resources in general, insofar as the works to be enhanced are new and an area is being intervened for the first time. This must be understood in such terms because it is clear that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) itself has generated, within the scope of its competences, resolutions where it has established greater clarity and precision regarding the activities that do not require an EIA. He referenced resolution 2373-2016-SETENA of 3:00 p.m. on December 21, 2016, as well as resolution 1909-2017-SETENA of 7:50 a.m. on September 22, 2017, where the content of Article 5 was established, and he transcribed the section. He indicated that according to the mentioned article, the classification of works that do not require an EIA. He added that for activities not established within the 50 subsections of Article 5 of resolution 1909-2017-SETENA, the repair, rehabilitation, and maintenance activity of the stormwater network appears as an activity exempted from requiring an EIA endorsed by SETENA, and the rule expressed therein does not impose any particular measure as a condition, other than that it does not imply an increase in the area already covered by the project. For this specific case, the area over which the intervention was generated with the works carried out by the Municipality of San Mateo did not vary because, as has been stated, the area intervened through the works of contracts 2016CD-000022-09 and 2018CD-000010-01 was an area already impacted previously and where the very level and topography of the place caused the waters to flow. It is reiterated that, for this specific case, the adjustments made to the existing water passage system did not imply an affect on an additional area, as was the placement of piping parallel to the previously existing piping, over the public road that passes in front of the municipal building. In any case, he pointed out, the determination of the damages that have supposedly arisen and that the plaintiff claims does not depend in any way on the configuration and examination of the causal course of the existence, appropriateness, or not of an EIA before SETENA. He indicated that the plaintiff itself has recognized that the passage of stormwater has existed through property 2-17227-000 prior to 2016, an aspect that must not be lost sight of because we are not faced with a case in which it is intended, without reliable support, to establish that it was the intervention of the works carried out by the Municipality that generated the passage of water through the property of Servicios Profesionales MARSAGO S.A.—which the Municipal Corporation does not share. Coupled with the fact that, as has been mentioned already when referring to the facts of the lawsuit, Mr. Sánchez González, as of April 2018, proceeded to indicate to the Municipal Mayor's Office that on property 2-17227-000 he had intervened the property through the construction of a culvert (alcantarilla) through which he redirected the waters; Mr. Sánchez indicated at that time that he would have done so through the consideration of technical aspects, but, again, this construction of a culvert was a work carried out by Mr. Sánchez, a new work of intervention on the watercourse, and without having processed any construction license for it; in fact, this is mentioned informally. The sued Municipality asked itself: Whom did Mr. Sánchez ask for permission or authorization to intervene in the course of those waters? Mr. Sánchez González, between the moment he acquired the property and April 2018, acting as representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., proceeded with a construction work whose technical characteristics or the impact that his own intervention could have caused on the environment of his own property are unknown. This is because Mr. Sánchez never managed any license to intervene in the course of these waters, nor did he coordinate or communicate said activity to the Municipality, despite the impact it could have. By carrying out these works, known to the representative of the aforementioned corporation at that time, without requiring any permit or license, the risk was assumed that the work executed on the property—but on the course of the waters resulting from their natural passage through the relief of the property—would affect any situation that could generate future problems within the property. He asserted that such action was illegitimate, and the intervention carried out cannot be overlooked because the water channel was intervened prior to the execution of the works that were already planned before April 2018; this is easy to deduce because property 2-17227-000 was acquired by Servicios Profesionales MARSAGO S.A., generating a consolidation of rights in February 2018, and in the note of April 17, 2018, Mr. Sánchez indicates "from the moment I acquired the property in question I set about building"; by building and completing his work without having communicated beforehand to the Municipal Corporation, he assumed the risk of intervening in the water channel on the plaintiff company's property, it being evident that a construction work that did not exist and that he says "redirects" the waters does impact the environment, even more so when the work was directly aimed at affecting the water channel, without such intervention having records showing it was supported by sufficient and necessary technical considerations at the time of intervention. To what was stated, he added that previously, the property 2-17227-000 in question was owned by the Fernández León family—a property that came to be divided into up to 9 rights—rights that were acquired by Servicios Profesionales MARSAGO S.A.; however, prior to 2015, no claim was made for the passage of water; and after 2016—when the rights had already been acquired by the plaintiff company—no claim would have been evident either, despite the fact that since 2016 the intervention carried out by the Municipality of San Mateo on the stormwater system had begun, the first phase being completed before April 2018. Regarding what is related to property 2-109060, he emphasized that what corresponds to Servicios Profesionales MARSAGO S.A. is currently a right to bare ownership (nuda propiedad), involving two additional rights—both of usufruct. He concluded by stating that the works carried out by the Municipality of San Mateo through direct contracts 2016CD000022-09 and 2018CD-000010-01 sought to intervene and maintain the course of the waters in what could be called the city quadrant of the central district, given that historically, floods occurred in that area due to the relief the area presents, especially reaching towards the center, in the vicinity of the building where the Municipal Corporation is located. However, that intervention carried out in two stages initiated between 2016 and 2018 occurred on the basis that a stormwater network already existed that traversed this area. C.2. On the alleged damages and losses. He pointed out that, in this specific case, the existence of alleged material damage (daño material) to properties 2-17227-000 and to property of the Alajuela district 109060-001 is detailed. In this instance, it has already been indicated that there is a lack of right, by virtue of the fact that Mr. Sánchez González, at the time as representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A., admitted intervening in the watercourse that typically passed through property 2-17227-000, assuming the risk of carrying out an illegitimate intervention, outside the legal framework, and completing the work before communicating its existence to the Municipal Corporation; this particular situation implies the invocation of the exception of fault of the victim, insofar as the representative of Servicios Profesionales MARSAGO S.A. incurred the risk of acting outside the legal framework, intervening in the watercourse, without therefore being able to now claim damages to the real estate. Likewise, it is specified that regarding the lack of right alleged here, it was not the works carried out by the Municipality of San Mateo, initiated in 2016 and 2018, that generated the passage of the waters and the interaction that properties 2-17227-000 and 2-109060-001 have with them, as this is due to a factual situation that has existed for at least decades. Neither does this Municipal Corporation find that those performed works are the cause of the alleged damages the plaintiff seeks to be compensated for. In the Municipal Corporation's opinion, the claimed damage does not conform to the premises to be linked to conduct expected from the Local Public Administration, insofar as the normal drainage of the waters that have flowed through the properties referenced by the plaintiff must be considered, including prior to the year 2016, which is a sufficient reason to generate opposition to the filed lawsuit (images 208 to 232).

IV. ON THE EVIDENCE FOR BETTER JUDGMENT (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER). Deeming the following documents pertinent to the purpose of the process, the Court admitted them in that capacity:

1. Images 470 to 483: various photographs provided by the plaintiff in the writing of September 23, 2021 (offered by the plaintiff deferred by the Judge of the procedural stage for this Chamber to decide).

2. Images 487 to 496: official letter dated April 17, 2018, signed by Marlon Sánchez González, addressed to the Municipality of San Mateo regarding the II stage of the storm and non-storm sewer system of downtown San Mateo (offered by the plaintiff deferred by the Judge of the procedural stage for this Chamber to decide).

3. Images 497 to 499: official letter of April 24, 2018, signed by Marlon Sánchez, and official letter DTGV-INT-061/04 2018 from the Road Management Department (Departamento de Gestión Vial) addressed to the then Municipal Mayor (offered by the plaintiff deferred by the Judge of the procedural stage for this Chamber to decide).

4. Images 881 to 889: report issued by the Health Regulation Area of the Governing Area of Orotina and San Mateo of the Ministry of Health (Ministerio de Salud), MS-DRRDPC-DARSOSM-IT-0022-2023 of February 7, 2023 (by provision of Section VIII of this Court, it was ordered that its admissibility would be decided in the Trial).

5. Images 939 to 1206: Update of file 89-18-02-TAA of the Administrative Environmental Tribunal that had been admitted as evidence (offered by the defendant).

6. Images 933 to 935: official letter DI-SM-OFEX/020-24 reporting the municipal procedures registered on properties 2-227-000 and 2-109060-000 (offered by the defendant).

7. Images 937 to 938: certification of legal status (personería jurídica) of Servicios Profesionales Marsago, S.A. (offered by the defendant).

V. ON THE PURPOSE OF THIS PROCESS. As deduced from the lawsuit filing where the plaintiff based its petition on the fact that the works constructed by the Municipality of San Mateo "...were carried out without the authorizations from SETENA (...) have been the cause of the damages to the property such as undercutting (socavación) in the land that serves as the final drainage for the waters, all of which can be demonstrated with photographs of the place..." and, what was stated by the attorney in the opening argument, the plaintiff company claims illegal conduct from the Municipality for carrying out two direct contracts without having the environmental impact assessment (EIA) issued by SETENA, indicating: "...the genesis of this lawsuit is precisely to be able to determine that in the face of that omission of the environmental impact assessment, it is the causal link—the omission—that causes the two direct contracts that the municipality carries out to generate a direct impact on both properties precisely because of the construction works for storm and sanitary waters carried out by the Municipality of San Mateo without the respective evaluation of environmental damage, and this is accredited in the file by official letter SETENA 1229-2018, in which they precisely emphasize that this was a necessary requirement to begin the works; however, since the works were already done or at least were under construction, the acts could no longer be reversed, but the effects continued over time. What does the claim of the company I represent consist of? (...) In that as a result of all that occurred—from these works—a direct impact on the properties was generated; Don Marlon experienced a devaluation of the properties, as stated in the appraisal, and in turn, the work to resolve this in a certain sense, even as a palliative measure (...) also had an economic impact, and hence what is requested is the repair of these items (...) illegal conduct is claimed on the part of the municipal corporation for carrying out two direct contracts without the environmental impact assessment, a study that was imperative, that was necessary, and had it been done in a timely and proper manner, it would have resolved the impact that was being caused to the properties precisely by the large amount of water that was diverted, through what we consider is a new work, although the municipal corporation maintains it was not a new work..." (audio recording from minute 0:19:05 III).

It is necessary to point out that, at the request of this Chamber, in relation to identifying the material damages being claimed, the representing attorney of the plaintiff company clarified: "...the claim was specified as material damage that effectively lies in the investment that had to be made, and that even now has not been able to be mitigated because it has come out of the pockets of the company owners, to mitigate the damage caused precisely by the diversion of stormwater without the technical study (...) and if we understand then the concept would be the economic sums that my client has had to incur or will even have to incur, to be able to repair that damage caused by the Municipality with its illegal action..." (audio recording from minute 0:23:32 Part III). Once the claim was clarified in this way in the initial stage of the hearing, the representation of the Municipality communicated that property 17227-000 does not belong to the plaintiff company. By reason of which, the representing attorney of the plaintiff adjusted the petition. Whereby, the damages intended to be compensated would be those caused solely to the property registered under the Alajuela district, real property folio number 109060-001, with survey map A1760950-2014, and defined in the appraisal in the sum of ¢21,721,600.00, as specified by the representing attorney of the plaintiff company. With the clarifications given, this Chamber proceeds with the review of what is claimed.

VI. PROVEN FACTS. From the review of the factual framework described in the lawsuit and, as derived from the evidence attached to the record, the reception of the testimonial evidence presented in the complementary hearing, and the evidence admitted by this Court for a better judgment, the following is considered proven:

1. The property, real property folio number of the Alajuela district 109060-0001 with cadastral map 1760950-2014, is owned by the plaintiff company (the record).

2. The property, real property folio number of the Alajuela district 17227-000 with cadastral map A-1222500-2008, was acquired by the plaintiff company on February 28, 2018 (statements of the plaintiff in the uncontroverted lawsuit filing) and transferred to a third party by dation in payment (dación en pago) on April 1, 2024 (image 1209).

3. The Municipality of San Mateo promoted direct contract 2016CD-000022-09 for the "Construction of Wells, Catch Basins, and Manholes on Urban Streets of San Mateo," a project that was justified "...considering the need and priority to improve the stormwater collection system on urban streets of San Mateo, which have been identified as flood stretches and worsen more each winter." The project covered the streets in the urban quadrant of San Mateo and consisted of:

Elements

Dimensions

Depth

One well

1.20 m internal diameter and walls 20 cm thick

2.70m

5 Wells

1.20 m internal diameter and walls 20 cm thick

1.70 m

8 catch basins (tragantes)

catch basins with metal grate or recycled ones 1.20 x 0.80 x 1.0m

1.0m

7 catch basins

catch basins with grate and cover 1.0 x 1.0 x 0.70m

0.70m

(physical file direct contract 2016CD-000022-09 consisting of 32 folios).

4. The Municipality of San Mateo promoted direct contract 2018-CD-000010-01 for the "Construction of Wells, Catch Basins, Manholes, Sidewalks, Curb and Gutter, and Placement of Pipes for the Storm Drainage Project on Urban Streets of San Mateo"; a project that was justified "...considering the need and priority to improve the stormwater collection system on urban streets of San Mateo, which have been identified (sic) as flood stretches and worsen more each winter."

The project covered the street in front of the Municipal Building and the north side of the Courts of Justice in the urban quadrant of San Mateo, and consisted of:

| Elements | Dimensions | Depth |
| --- | --- | --- |
| 2 catch basins (pozos) | 1.50 m internal diameter and walls 25 cm thick | 2.50 m |
| 2 manhole catch basins (tragantes caja de registro) | catch basins with grate and cover of 1.2 x 1.2 x 0.80 m | 0.8 m |
| 2 sump catch basins (tragantes sumidero) | catch basins with metal or recycled grates of 1.20x1.20x0.8 | 0.8 m |
| 138.2 m of sidewalk (acera) | width of 2.60 m, thickness 10 cm | - |
| 166 linear meters of curb and channel (cordón y caño) | width of 65 cm, height 25 cm | - |
| 30 linear meters of 18" pipe | sumps and catch basins to catch basins | - |
| 20.5 linear meters of 48" pipe | change of slope from manhole to existing catch basin (catch basin where channelization begins) | - |
| 96 linear meters of 1500 mm pipe | placement of main pipe for stormwater discharge (desfogue pluvial) | - |

(physical file Certification SCMSM-CERT-001-02-201 direct contracting 2018CD-000010-01 consisting of 86 folios).

5. By means of a note dated April 17, 2018, Mr. Marlon Sánchez González sent a note to the Mayor of the Municipality of San Mateo, regarding the second stage of the stormwater sewer system (alcantarillado de aguas pluviales) promoted by the local government and the discharge (desfogue) of those waters onto his property: "...From the moment I acquired the property in question, I undertook the task of building a culvert (alcantarilla) within my property, with the intention of providing an outlet and redirecting those waters to the public watercourse (cauce público) located there." He made known his concern for what he considers a danger due to the amount of water flowing into the public domain watercourse and a nearby dwelling house, requesting "that we sit down to discuss the matter and reach a satisfactory agreement to avoid each and every one of the inconveniences that may arise," referring to potential damage to persons and his land (images 489 to 496, reiterated in images 502 to 509).

6. On April 25, 2018, Mr. Marlon Sánchez González filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, hereinafter TAA) for the construction of stormwater works carried out by the defendant Municipality, without having environmental feasibility (viabilidad ambiental) from the National Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional, hereinafter SETENA), and requested "preventive measures to halt work until it is brought into order regarding what the law establishes." The complaint stated that: "this is not an improvement of an already existing sewer system but rather a new one that impacts sectors downstream where the new quantity of collected water is intended to be discharged (...) it is a new project with a high impact on the sectors where these waters are channeled or intended to be channeled, as well as possible environmental damages such as scouring (socavación) in the final discharge sector and possible social and safety damage to a dwelling located directly in the sector of immediate influence of the discharge (...) the municipality is making a complete change in the location of the current stormwater discharge that has existed for many years in the urban center of the first district of the canton of San Mateo (...) going from smaller-diameter culverts existing in the old stormwater discharge system, which is located entirely in another sector, to the construction of a completely new and extensive stormwater collection circuit with larger-diameter culverts and a much larger area of influence than the current one, thus expanding the project area, increasing the flow to be discharged, the velocity, and changing the water flow, causing an impact on the stormwater discharge zones, all the lands located there, and their inhabitants, causing an environmental and social impact that must be evaluated by the National Environmental Technical Secretariat..." (images 47 to 50, reiterated in 939 to 947 of the judicial file).

7. By official letter DTGV INT-061/04 2018 of April 27, 2018, the Road Management Department (Departamento de Gestión Vial) informed the Mayor: "Regarding the official letter dated April 17, 2018, submitted by Engineer Marlon Sánchez González (...) I hereby inform you: (...) It is worth mentioning that due to the topographical position of the central district, and according to elderly people who have lived their entire lives in this place, approximately 75 years ago channelization works for these stormwaters were carried out, locating them within the private properties of the Chan Family, properties of the Municipality, property of the Ministry of Justice, and property of the Fernández León family, which was the place where these waters naturally flowed. Property registration number 17227-000 (formerly of the Fernández León family) acquired by the company Servicios Profesionales Marsago S.A. (...) clearly indicates the passage of stormwaters; said property is part of the public domain watercourse, according to Chapter II, Article 4 of Law 17742 Law for the Integrated Management of Water Resources, which indicates: LIKEWISE, ALL LANDS ALREADY FORMED OR THAT ARE FORMED IN WATERCOURSES BY THE NATURAL DYNAMICS OF THE WATERS ARE PART OF THE PUBLIC DOMAIN. Therefore, the open watercourse (cauce) that crosses this property should never have been culverted due to the very condition of being a public domain watercourse referred to in Article 4 of Law 17742 (...) The imminent danger indicated by Mr. Sánchez González, regarding the dwelling house located there (former municipal slaughterhouse or abattoir), could be caused by the culvert that, as stated by Engineer Sánchez, he built without any permit in a public domain watercourse, changing the characteristics of a calm open-watercourse water, by channeling it into a culvert, changing the conditions of water velocity, and because the outlet of said culvert borders the property where the aforementioned dwelling house is located (...) As previously stated, the basin where all the stormwaters flow, where the Central District Sector of San Mateo is located, is the same, and to date there are no New Urban Development projects that discharge stormwaters into said sewer system." (images 242 to 245).

8. On June 6, 2018, Mr. Marlon Sánchez González consulted SETENA: "whether some stormwater construction works (obras pluvial) being carried out by the Municipality of San Mateo should or should not have the environmental license (licencia ambiental) or environmental feasibility granted by your represented entity?" (images 118 to 121 and annexes to 144).

9. By official letter SETENA-SG-1229-2018 of July 10, 2018, the consultation from Mr. Marlon Sánchez González dated June 6, 2018, was addressed, indicating: "...the scope of the response is limited to the information provided (...) In conclusion, it is the criterion of this Secretariat that, as a new project, the described works are required to undergo the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) process leading to the obtaining of the Environmental Feasibility License (Viabilidad de Licencia Ambiental, VLA); however, if for whatever reasons, the responsible entity did not comply with such technical requirements, the fact of having started them presents conditions that are not remediable by regulation insofar as the preponderant objective of the EIA..." (images 145 to 147).

10. By Resolution No. 523-18-TAA at 7:00 a.m. on June 14, 2018, issued within File No. 89-18-02-TAA, the complaint filed by Mr. Marlon Sánchez González was addressed, with the Administrative Environmental Tribunal ordering that the Mayor be informed of the complaint and that an on-site inspection (inspección ocular) be conducted jointly with municipal officials and SETENA (images 56 to 57).

11. On June 26, 2018, the inspection ordered by the TAA was carried out, with the participation of Messrs. Rolando Segura Ramírez, Jorge Eduardo Gómez Picado, David Salazar Morales (representing the Municipality), the complainant Marlon Sánchez González, and his assistant, Johan Jenkis Carmona. As a result of the visit, the Inspection Report in File 89-18-02-TAA was issued, communicated to the presidency of the TAA in official letter TAA-DT-055-18, in which it is concluded—among other aspects—that: "...4. Regardless of whether the project is entirely new or a replacement of the old sewer system, the fact is that by passing under public roads it avoids passage through private properties, with the exception of the final 90 m section that apparently crosses through the properties of the complainant, the mayor, and an unidentified third party (...) 9. There are no apparent environmental damages of medium or large proportion, with the exception of the possible discharge of ordinary wastewater (aguas residuales ordinarias) into the storm sewer system (alcantarillado pluvial), a situation that should be corrected. 10. Under both the previous sewer system and the current one, the discharge of stormwaters (mixed with wastewater) has been made through the complainant's property..." (images 66 to 72).

12. By Resolution No. 931-18-TAQA at 2:00 p.m. on September 17, 2018, the following was requested:

-To SETENA "...to inform this Office whether the construction of a Storm Sewer System on a public road by the Municipality, or the improvement of an existing one, requires Environmental Feasibility in accordance with the provisions of Article 17 of the Organic Environmental Law...".

-To the Municipality of San Mateo to inform about the treatment system for ordinary wastewater in the canton, the registered owner of the coordinates, and about the improvement process of the storm sewer system carried out.

-To the Director of the Water Directorate (Dirección de Aguas) to inform about a supposed body of water located at the coordinates GRTM05N9,934643 W-84,522930-.

-To the Municipality jointly with the Ministry of Health, Orotina-San Mateo Health Area, to verify the alleged disposal of wastewater into the storm sewer system (images 86 to 88).

13. In official letter SETENA-SG-1899-2018 of October 2, 2018, SETENA informed the TAA: "...the construction of a storm sewer system on a public road that does not involve construction works exceeding 500 m2 and earthworks (movimientos de tierra) exceeding 200 m3 does not require Environmental Feasibility, provided it does not affect Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles) in the terms defined and classified by the General EIA Regulation (Anexo 3). On the other hand, improvement works on an existing system will not require the Environmental Feasibility process, if they adhere to these same parameters of 500 m2 in construction works, 200 m3 of earthworks, and are not located in an Environmentally Fragile Area..." (image 97).

14. By official letter AMSM-305-18 of October 3, 2018, the then Mayor of San Mateo informed the TAA: "...the Municipality of San Mateo, due to a lack of economic resources, set out to carry out a Rehabilitation (sic) of the stormwater network (why rehabilitate? because a channelization from approximately 75 years ago already existed); these works were carried out in two stages and the stormwaters that flowed through private properties were relocated as far as the topography of the land allowed (...) Regarding the hydrogeological study, the area and perimeter of the basin, the determination of maximum and minimum heights, the maximum length of the watercourse (cauce), and by using engineering mathematical formulas and maximum rainfall intensity values over a given period, the maximum flow to be channeled was calculated, to finally calculate the diameter of the culverts to be used (...) and it is clarified that the volume of water to be evacuated is the same as in recent years, because the basin where the central district of San Mateo is located is unique and there are no new urban development projects that flow into said basin and therefore cause eventual flooding. Mr. Sánchez González (Complainant (sic) in this process) built a box culvert (alcantarilla de cuadro), on property real folio 17227-000, according to cadastral plan A-1222500-2008, without any municipal permit, nor from the Water Directorate of MINAE, nor from SETENA, in a public domain watercourse over 75 years old, changing the characteristics of a calm open-watercourse water, by channeling it into a box culvert, changing the conditions of water velocity; this work indeed can cause effects downstream in the same watercourse (...) Regarding the Rehabilitated (sic) project, it was carried out in two stages; the first stage began on November 23, 2016, and concluded on March 30, 2017; the second stage began on April 11, 2018, and ended on September 7, 2018, with the placement of the asphalt layer; the improved sector comprises the basin that includes the center of the district of San Mateo, approximately 145,960.72 square meters, with a perimeter of 2,555.80 meters (...) the first stage has a length of 278.5 m and culverts of 900 mm diameter, class III, 2.4 m in length, were placed; the second stage has a length of 116.05 m and culverts of 1500 mm diameter, class III, 2.0 m in length, were placed; the excavation volumes for the first stage were 626.62 m3 of earth and 33.36 m3 of pavement; for the second stage, 511.56 m3 of earth and 14.61 m3 of pavement" (images 100 to 112).

15. On October 11, 2018, the Orotina - San Mateo Health Area (Área Rectora de la Salud) of the Ministry of Health, issued the Inspection Report for Storm Sewer Systems on Public Roads by the Municipality of San Mateo No. ARS-OSM-IT-25-2018, as requested by SETENA. In the section Description of activities and generalities of the site, it was indicated: "...a joint inspection assessment is carried out with officials of the Municipality of San Mateo (...) for the purpose of verifying the alleged disposal of wastewater into the storm sewer system." Among the conclusions, it was indicated: "2. That an inadequate disposal of graywater or wastewater (aguas servidas o residuales) generated in dwellings and businesses is evidenced in the on-site inspection, such that, as part of due process, the corresponding visits will have to be coordinated with municipal officials to conduct individualized technical tests for each dwelling and business in the area" (images 148 to 153).

16. By official letter DA-UHTPCOSR-0392-2018 of November 22, 2018, the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE submitted a report to the TAA, which had requested verification of the existence or not of a natural body and its seasonality in San Mateo, in which it was indicated: "...it was determined that the section under study corresponds to the beginning of an Unnamed Stream (quebrada Sin Nombre) which originates from base flows and is intermittent in nature. It is further determined that, a few meters upstream from the indicated section of the Unnamed Stream, there exists the discharge of the stormwater and wastewater system that crosses the town of San Mateo, which discharges its waters directly onto that body of water..." (images 165 to 170).

17. That the TAA, in a resolution at ten hours and ten minutes on September 10, 2010, severed from File No. 89-18-02-TAA the complaint filed by the defendant Municipality against Mr. Marlon Sánchez González for the alleged culverting (entubamiento) of a public domain watercourse without a permit from the MINAE Water Directorate or Environmental Feasibility (images 1071 to 1077).

18. The Orotina and San Mateo Health Area of the Ministry of Health issued Technical Inspection Report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0022-2023 of February 7, 2023, whose objective was: "To carry out an inspection at the storm sewer discharge located on the south and west side of the Courts of Justice (on private property) and also at the priority sites to begin testing with sodium fluorescein in order to demonstrate conditions that could affect public health and the environment in the central area of San Mateo" (images 882 to 889).

19. As of the date of issuance of this ruling, SETENA has not concluded the procedure processed in File No. 89-18-02-TAA (the court record).

20. The expert report (Informe pericial) rendered by Engineer Francisco Madriz González specified as the Objective of the appraisal (avalúo): "...to determine a current market value of a land of 'residential' use supporting a single-family dwelling house, for its commercialization, taking into account the effects of the municipal storm sewer discharge that crosses it" (images 575 to 595).

21. The expert witness Mr. Francisco Madriz González explained that the properties are crossed by a stormwater discharge, which passes under the Supreme Elections Tribunal building and continues into the appraised properties; that the owner of the two properties had to carry out engineering works to mitigate the scouring (socavamiento) that was occurring as a result of surface runoff; and that what was indicated by the owner—which he cannot attest to as an expert—is that there was an increase in flow that caused the scouring of the land. Statements that this Tribunal deems credible as they refer to the material description of the visit conducted for the purpose of issuing the respective report (audio recording starting at minute 0:55:01 III).

22. The expert witness Mr. Francisco Madriz González explained that on a "first property," a box culvert (alcantarilla de cuadro) was located, built to mitigate the scouring that the land was experiencing, and he made his valuation; and, in what he identified as "property two," he indicated that there is an open-air concrete channel and that the problem he observed is that this structure "is not sufficient for the flow it has," so there is acceleration and since it is open, it overflows and causes scouring problems to the structure. Statements that this Tribunal deems credible as they refer to the material description of the visit conducted for the purpose of issuing the respective report (audio recording starting at minute 0:55:01 III).

23. The expert witness Mr. Francisco Madriz González explained that, being contracted to perform an appraisal (avalúo), he provided the costs of the works that exist on the properties. Statements that coincide with the object and content of the expert report rendered in writing (audio recording starting at minute 1:01:12 III).

24. The expert witness Mr. Francisco Madriz González explained that the property that has the open channel presents damage due to scouring and that, on the property where the box culvert is located, there is no damage because the structure does not allow the water to escape. Statements that this Tribunal deems credible as they refer to the material description of the visit conducted for the purpose of issuing the respective report (audio recording starting at minute 0:55:01 III and expert report in images 75 to 595).

25. The expert witness Mr. Francisco Madriz González explained that the properties subject to the expert examination border each other on the back side. Statements that this Tribunal deems credible as they refer to the material description of the visit conducted for the purpose of issuing the respective report (audio recording starting at minute 0:55:01 III).

26. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that the stormwater discharge project for the center of San Mateo was aimed at improving that sewer system, and that procedures before SETENA regarding environmental impact were not carried out. Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

27. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that, due to the topographical conditions of those lands, the stormwater discharge—since San Mateo was founded—is the only one that can be used, and that the course of the sewer system cannot be changed, precisely because it is defined by the topography of the land. Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

28. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that the original sewer system consisted of 50 cm x 50 cm square ducts that communicated with manholes (cajas de registro) that would collect surface water and convey it to a stream (quebrada), which runs through the lowest part of the urban center of San Mateo. Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

29. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that there was no increase in the water flow with the construction of the storm sewer works: "...because for better or worse, both the water that was flowing through the existing system and the waters that were running on the road, all went exactly to the same point. What did we do? We collected all the waters that were on the surface and placed them into the duct to avoid damage to the infrastructure and the buildings, but the water is basically the same; it is not being increased, we are not diverting water from one place to put it in another; it is the water that was partly passing through the system that no longer had capacity and the other part was flowing on the surface (...) what we did was ensure that all the water would be collected and not be on the road." Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

30. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that the storm sewer waters reach the same point, which is a piece of land located next to the Courts of Justice of San Mateo, and that it has always been the final discharge point for stormwaters. Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

31. The witness Mr. Jorge Gómez Picado explained that he knows the stream (quebrada) into which the storm sewer discharges and that: "...they did some works in the watercourse—a box culvert—without any municipal permit or from the authorities dealing with permits for works in watercourses. The water that was naturally deposited would spread out across the entire watercourse; by making that box culvert, which I understand they made to connect the supposed lot where the waters discharge with a lot apparently belonging to some relatives, what they ended up doing was causing the same water that arrived, by putting it into a box culvert, to have greater velocity and more pressure, causing scouring and damage to the watercourse downstream." Statements that this Tribunal gives credibility to because he was the official in charge of the construction works being questioned in this proceeding, and because it is so recorded in the documentary evidence provided (audio recording starting at minute 0:13:10 IV of the supplementary hearing).

VI. FACTS NOT PROVEN. From the body of evidence provided by the parties and examined by this Tribunal, the following legally relevant facts or situations cannot be considered accredited:

1. That the construction works on the storm sewer system by the Municipality of San Mateo had as a direct consequence a considerable increase in the flow of stormwater or wastewater received by that infrastructure (beyond the statements of the plaintiff, there is no technical evidence to prove that assertion).

2. That the open-air channel located on property 2-109060-001 was built by the plaintiff or that the plaintiff carried out maintenance or repair works on it (there is no evidence to demonstrate this).

VII. ON THE REGIME OF STRICT LIABILITY OF THE ADMINISTRATION. As established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), public administrations have their own legal regime of extracontractual liability with express rules that exclude those provided by civil law, which are expressly enshrined in Article 190 and following of the law under comment. Regarding the regime of patrimonial liability of the Administration, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held: "First of all, it should be noted that the LGAP indicates, as criteria for imputation, the existence of legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation. The first two refer to the legal acts carried out by public entities and bodies, and therefore, have a direct relationship with the criteria of lawfulness or unlawfulness, while the latter seek to provide coverage for material actions (or omissions). Thus, any damage caused by conduct, whether active or passive, must be compensated, in compliance with the constitutional principle of patrimonial indemnity, derived from articles 41 and 45 of the Magna Carta. For its part, it is important to highlight that the LGAP links the duty to repair not only in the face of unlawful conduct or abnormal operation, where the public conduct suffers from some pathology, but also extends the link to cover cases where no failure or defect is observed (that is, it concerns lawful acts or normal operation), but a damage persists characterized 'by the small proportion of those affected or by the exceptional intensity of the injury' (Article 194 of the LGAP). Now, for liability to arise, there must be an antecedent or base unlawfulness, which is identified with the fact that the affected subject is not under the legal obligation to bear the damage. However, this should not be confused with specific unlawfulness, derived from a breach of the legal system, which refers to the factors of imputation, specifically, that of unlawful conduct. In any case, if this element is not present, it cannot be affirmed that there is an indemnifiable injury and, therefore, sufficient cause for reparation. Another essential aspect is the existence of a causal link, which is assessed by the judges in accordance with the evidence that the parties, or the jurisdictional body itself, in accordance with its ordering powers, have brought to the process. For such purposes, as this Chamber has established on other occasions, the most suitable theory for determining whether the damage can be linked to the conduct is that of adequate causation, which postulates that this occurs 'when the former originates, if not necessarily, at least with a high probability according to the specific circumstances that affect the matter, from the latter' (voto 300-F-2009 at 11 hours 25 minutes on March 26, 2009). However, this causal link can be eliminated if the defendant proves the concurrence of an exempting cause of liability (force majeure, fault of the victim, or act of a third party). This is because its presence rules out that the injury suffered by the affected party was caused by the conduct of the State that is the subject of the proceeding. Finally, according to what has been stated, it is feasible to affirm that Costa Rican legislation opts for a moderate strict liability scheme, which, recognizing the particularities of the functions and tasks entrusted to the Administration, requires that the conduct deployed by the state apparatus be assessed for the purpose of determining whether there was normal or abnormal, legitimate or illegitimate operation. It is only in the event that the general assumptions alluded to in this recital, as well as the specific requirements provided for in the rules applicable to the regime of patrimonial liability of the Administration, concur that it can be attributed to the latter, by virtue of one of the imputation criteria. For all of the above, despite the preponderant weight that damage acquires in no-fault liability, this is not an automatic transfer of wealth." (Resolution No. 001541-F-S1-2014 at nine hours twenty-five minutes on December eleventh, two thousand fourteen). In accordance with the foregoing, we have that: a) From articles 190 and following of the LGAP, the imputation criteria for determining the extracontractual liability of any public administration are of a strict nature (objetiva). b) The General Law of Public Administration encompasses 4 major systems of liability for Administrations with their respective strict imputation criteria: i. lawful conduct, ii. unlawful conduct, iii. normal operation, and iv. abnormal operation. c) As the doctrine develops, the cases of lawful or unlawful conduct correspond to the formal activity of the Administration (issuance of administrative acts and regulations). d) The cases of normal and abnormal operation correspond to material actions and the provision of public services by the Administration. e) In the case of lawful conduct or normal operation, there exists, respectively, an administrative act that is legally compliant with the legal order, or a service provided in a regular manner, but which, despite this, causes special damage to an individual, or a specific group of individuals, that they had no legal duty to bear.

f) In the case of unlawful conduct or abnormal functioning, there exists, respectively, an administrative act contrary to the legal system or a service provided irregularly (failure of service) that causes damages and losses to the administered party. It follows from the foregoing that, when liability of a public administration is alleged, it is a necessary and unavoidable requirement to individualize the criterion of imputation or criterion for attributing liability that would apply to whoever is considered a victim of an action or omission by the Administration. Therefore, in any judicial action seeking compensation for damages and losses against any Public Administration, the following fundamental elements must necessarily be demonstrated: a) an action or omission committed by the defendant administration; b) the criterion of objective imputation (normal or abnormal functioning, lawful or unlawful conduct); c) a certain, effective, individualizable, and quantifiable damage; and d) a causal relationship between the action or omission of the Administration and the alleged damage.

VIII. ANALYSIS OF THE CLAIM. Based on the foregoing regarding the Administration's objective liability regime, it is appropriate to analyze the admissibility or rejection of the claim for damages sought, which—it is reiterated—is on the property registered under real estate folio number 2-109060-0001 with plan 1760950-2014. The review this Chamber must conduct corresponds to: a) the analysis of the action committed by the Municipality—which is, as stated in the complaint, the works carried out under two direct contracts to build wells, catch basins, manholes, sidewalks, curbs, gutters, and pipe installation without the authorization of SETENA, which, according to the plaintiff's theory, cause damage to its property such as undermining of the land that serves as the final drainage outlet for the waters—which it asserted is demonstrated by the photographs submitted as evidence. The second aspect to review is the criterion of objective imputation; regarding this, this Chamber must warn that the complaint made no minimum effort to explain what that criterion of imputation being alleged is, whether it involves normal or abnormal functioning or lawful or unlawful conduct, or to provide the proper basis. At the supplementary hearing, the attorney representing the plaintiff stated: "...an unlawful conduct on the part of the municipal corporation is claimed, for having carried out two direct contracts without an environmental impact study, a study that was imperative, necessary, and if it had been done timely and correctly would have resolved this situation..." (audio recording starting at minute 2:06 III). The third aspect for necessary review relates to the damage, concerning which—as stated in the complaint—"...In the storm drainage construction works, the Municipality of San Mateo has carried out a considerable increase in the storm drainage network; therefore, in application and with justification in the regulations previously described, it was necessary for the municipal entity to request the respective Environmental Impact Assessment to carry out the works, which did not occur. Ergo, the construction of the storm and sanitary drainage network, carried out by the Municipality of San Mateo, was carried out contrary to Law and this caused secondary effects such as those that occurred on the properties of my represented party (...) The material damage (...) originates from the construction works for storm and sanitary drainage carried out by the Municipality of San Mateo, without the respective Environmental Impact Assessment from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This damage consists of the impact on the economic value of the property, which is reduced by the drainage of storm and sanitary waters onto the property..." (image 192 to 193). The fourth and final element for review is the causal link, identified by the plaintiff's attorney—at the supplementary hearing—as "...the omission of the environmental impact assessment is the causal link—the omission—it causes the two direct contracts carried out by the municipality to generate a direct impact on both properties..." (audio recording starting at minute 0:06 III). To this end, the Court must review the evidence offered, both documentary and testimonial, which is set forth in the following Considerandos.

IX. REGARDING THE REPORT ON INSPECTIONS OF THE STORM SEWER SYSTEM, ON PUBLIC ROADS BY THE MUNICIPALITY OF SAN MATEO, ISSUED BY THE GOVERNING HEALTH AREA OF OROTINA NO. ARS-OSM-RS-IT-25-2018 (visible in images 148 to 153). The inspection's purpose was stated as addressing a complaint from the TAA, according to file 89-18-02-TAA and resolution N°931-18-TAA, in coordination with the Municipality of San Mateo. The inspection was conducted on October 8, 2018, with municipal officials "in order to verify the alleged disposal of wastewater into the storm sewer," it stated: "... according to what was indicated in the complaint, there is an inadequate disposal of wastewater or sewage generated from residential and commercial houses. Household waste from sinks was observed at the site, specifically: rice, beans, among others, and waters that appeared to be sewage or soapy flowing along the curb and gutter, this despite the fact that it did not rain that day." The conclusions section stated: "1. ...as corroborated on site, several dwellings and establishments are located along that sewer line, covering several blocks of downtown San Mateo. 2. That an inadequate disposal of wastewater or sewage generated in residential and commercial houses is evidenced in the ocular inspection, so, as part of due process, it will be necessary to coordinate with municipal officials the corresponding visits to carry out individualized technical tests for each residential and commercial house in the area...". COURT'S CRITERION: In accordance with the foregoing, the content of the Report is inconclusive regarding the object of this proceeding, where there are no claims related to alleged environmental damage, so the evidence is not relevant to the claim.

X. REGARDING THE TECHNICAL INSPECTION REPORT ISSUED BY THE GOVERNING HEALTH AREA OF OROTINA NO. MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023 (visible in images 882 to 889). The Report refers to "Subject: Attention to case No. 425 within the framework of the Wastewater Commission of San Mateo." It was admitted as evidence for a better resolution by this Chamber, and upon its assessment, various elements were found that make it inconclusive regarding the object of this proceeding, as explained: 1. The document refers to a field visit conducted on January 27, 2023, and was issued on the following February 7. COURT'S CRITERION: The report refers to the inspection visit conducted on January 27, 2023, accompanied by a municipal official and Eng. Marlon Sánchez, representative of Marsago, S.A., the plaintiff in this proceeding. It detailed: "The storm sewer drainage point is visited; it is located on private property whose owner is Marsago, S.A." However, there is no reference to the property number or plan to identify and correlate to which property is alluded to in that visit. This identification element is important for this Chamber, because when the complaint was filed, the plaintiff company owned the properties registered under real estate folio numbers 2-17227-000, plan A-1222500-2008, and 2-109060-001, plan A-0432995-1981, which border each other at the back, as stated by the company's same legal representative. During the supplementary hearing, it became evident that since April 1, 2024, property 2-17227-000 no longer belongs to the company. This prevents this Court from having certainty and exactness to consider it accredited that what is described corresponds to the property that, as of the date of this ruling, is owned by the plaintiff company—the property 2-109060-001. This obliges this Collegiate Body to reject that report as inconclusive in relation to demonstrating the claimed damages. 2. The document's Objective is: "To conduct an inspection at a storm sewer drainage point located on the south and west side of the Courts of Justice (on private property), and also of the priority sites to start testing with sodium fluorescein, in order to evidence conditions that could affect public health and the environment in the downtown area of San Mateo." COURT'S CRITERION: It can be deduced that the inspection carried out had a purpose different from the object of this proceeding, oriented towards a possible impact on public health and the environment, by observing the inadequate disposal of wastewater from dwellings in the inspected sectors, a reason that equally demonstrates the irrelevance of the study in relation to the petition of this proceeding. 3. The report stated: "The storm drainage point is a culvert that connects to a sort of pipe or channel that, due to the possible increase in flow during the rainy season, has undermined the floor and base of the channel; in addition, a nearby slope, wall, and house are observed with possible risk. As a precautionary measure, the owners of the lot where the storm drainage outlet is located built a reinforcement structure to prevent undermining and possible collapse of the property's slope." COURT'S CRITERION: As previously set forth, there is no identification of the property where the drainage point is located. In the photographs attached to the report, an open-air channel is observed, as well as a "retaining structure to prevent slope collapse on Marsago S.A.'s property." However, the exact location of each of these structures is not specified—whether they are together or separate, whether they are located on one of the properties originally owned by the plaintiff company or on both. Therefore, they are highly insufficient and incomplete evidentiary elements for the purpose pursued by the plaintiff, who was responsible for completing what was omitted. To the foregoing, it is added that what appears to be a culvert, which coincides with the work that Mr. Marlon Sánchez communicated to the Municipality that he had built (see proven fact No. 3), is also not located in relation to any of the properties, suffering from the same deficiency indicated. The inconsistencies demonstrate that the evidence admitted by this Court for a better provision does not allow showing damage to a property, and on the contrary, what it allows is certainty regarding the imprecision in the location of the alleged damage in relation to a particular property, a core aspect to determine the legal claim sought. The Report does not identify where the referred-to culvert is located, nor where the channel is located. On that point, it was noted that "due to a possible increase in flow during the rainy season, it has undermined the floor..." Note that there is no definitive and certain technical criterion of the damage; the report refers to "a possible increase," which prevents it from being taken as a convincing element to demonstrate the alleged damages. Due to the imprecision and the very object of the report, which refers to an inspection of a drainage outlet on private property—which it does not identify—and environmental damages, the evidence is rendered inconclusive, and it is so declared.

XI. REGARDING THE PHOTOGRAPHS VISIBLE IN IMAGES 30 TO 38 AND 470 TO 483. The Court must first point out that the photographs in images 30 to 38 were submitted by the plaintiff to show "the current conditions of the land," as stated in the document visible in image 28. They consist of 18 blurry images, in which a channel-shaped structure is observed where water flows, with vegetation and stones on the sides, as well as the entrance to an apparent tunnel. However, in none of the photographs nor in any separate document was any effort made to accredit—as required by law—what situation is intended to be demonstrated with those images, the geographical location to which the images correspond, or whether the representation of the structures observed in them is located on any of the properties that originally belonged to the plaintiff company, or on just one, identifying with certainty which one; especially considering that one of the two properties referred to by the plaintiff company is no longer part of this proceeding due to a change in its registered owner. The proposing party did not concern itself with accrediting—during the evidentiary period or final arguments—what situation or condition was intended to be proven with the images, where the structures they show are located, what day they were taken, or by whom. The photographs visible in images 470 to 483 were submitted—as the plaintiff indicated—to show the "current conditions of the damages caused to the Plaintiff's property"—see image 479. They consist of 24 photographs which, like the previous ones, show a kind of channel where water flows, stones, and vegetation on the sides, the entrance to an apparent tunnel, and except for five photographs, the following captions were included: One visible in image 476, which stated: "Sector of new water trajectory that does not fit in the old pipe and is being thrown outside of it (sic)." Another in image 477 stated: "Hole under old pipe walls due to excess water." Another photograph says: "Bottom of the old pipe without a floor because the concrete floor that existed was washed away by the excess water currently arriving" (image 478). In image 479 of the file, two photographs are observed; one depicts a city quadrant and below it is noted: "Red line, old sewer system; the other line shown are the stages of the project, it covers a larger area and takes more water from other places." The second photograph shows a water channel and specifies: "First downpours once the two stages of the municipality's project were connected." Although five of the photographs included the indicated captions, they are insufficient to consider what the plaintiff points out as accredited by the representative conviction of the evidentiary element, since the simple statement made is neither sufficient nor does it suffice on its own to accredit the alleged damages. Photographs must be accompanied by a technical explanation that allows the Court to assess the representation of those images. It must be identified who took them, the purpose for which they were taken, the day and time of capture, just to cite some indispensable elements that the submitted evidence lacks. To which it is added that, in none of the photographs was the property where the captured image is located identified. For the reasons stated, the photographic evidence, contrary to what the plaintiff affirmed in its complaint "...since at the end of September and beginning of October 2018, I began to suffer the damages I now claim in this judicial avenue, and which are demonstrated by the photographs I submit as evidence to the proceedings," is inconclusive regarding the object of this proceeding, and it is so declared.

XII. REGARDING THE INSPECTION REPORT ISSUED IN FILE 89-19-02-TAA, RESULTING FROM A VISIT CONDUCTED ON JUNE 27, 2018, BY THE TECHNICAL DEPARTMENT OF THE TAA. This report was ordered in resolution N°931-18-TAQA by the TAA. The visit describes the inspection conducted by the Coordinator of the Technical Department of the TAA accompanied by Mr. Marlon Sánchez, who filed the complaint on April 25 of that same year, and representatives of the Municipality of San Mateo. The Report describes the inspection carried out in the city center following the layout of the Municipality's drainage works. It located the point where water collection supposedly begins, the direction of these waters through pipes that discharge into the storm gutter to the point where they flow under the street, conveying the water flow to stormwater manholes and catch basins that connect the waters from both sides of the street. It references the work identified as relatively new, 6 to 10 years old, and the one observed as "older," and the path through the city towards the "new drainage project." COURT'S CRITERION: Having reviewed the content of the Report, its conclusions and recommendations, it is deemed inconclusive regarding the object of this proceeding, which is the claim for alleged damages to the plaintiff company's property, real estate 2-109060-001, for the reasons set forth: 1. The Report was prepared on June 26, 2018, with the objective "to conduct an in situ inspection in the center of the canton of San Mateo, to verify the current situation in response to resolution N°523-187-TAA and follow-up on File 89-18-02-TAA." That resolution refers to an environmental complaint against the Municipality for allegedly having built wells, catch basins, and manholes on urban streets, and the ordered inspection is part of the procedure that the TAA carries out to elucidate the real truth of the complaints it receives. It is clear to this Judicial Panel that the Report is issued by the Tribunal Administrativo Ambiental within the scope of its competence, which is the attention of complaints that may affect the environment, and the inspection is part of the investigative procedure it must follow for the complaint. The object of the Report does not refer to the damages that the plaintiff claims exist on its property, nor by whom they are being caused. This Report only accounts for the route of the drainage system from its start to the end point, but no section refers to damages on the plaintiff's property. In addition to the foregoing, it must not be forgotten that the complaint did not allege nor claim compensation for environmental damages. 2. Another element considered in the decision adopted regarding this evidence is that, on the date the Report was issued—June 26, 2018—the plaintiff company owned two real estate properties, and at no point in the referenced Report is there an express and unequivocal indication that allows identifying, when referring to "the plaintiff's properties," which of the two properties is alluded to. This Collegiate Body can understand that this situation is due precisely to the date of its preparation and that the lack of ownership of one of those properties is a supervening event, but that condition is no obstacle for the pertinent explanation to have been made during the supplementary hearing—the procedural moment provided for the analysis of the evidence—in assessing that Report, especially concerning the demonstration of the alleged damages to the property caused by the storm drainage works. No effort whatsoever was made to attempt to demonstrate before this Chamber that what is mentioned in the Report could be related in any way to property 2-109060-001, owned by the plaintiff company. 3. The third aspect motivating this Chamber's decision is that it is evidenced in the Report that, according to the account of a neighbor and the companions of the professional who prepared it, the drainage system was built 75 years ago and it is an area that "has always flooded." On this point, regarding what is indicated in the Report, this Court assesses what is stated in proven fact No. 7 of this ruling and the testimony given by Mr. Jorge Gómez Picado, since, in the opinion of this Collegiate Body, what is evidenced is that these are properties where, for a long time, stormwater channeling works were carried out, located on the private properties of two families—Chan and Fernández León—and which present the condition of receiving water flow due to the slope inherent to their geographical location and topography of downtown San Mateo. 4. The Report evidences that at the end of the storm drainage outlet, the water discharge falls onto several properties and not just the plaintiff's (see fact 24 of the Report). This situation likewise prevents this Chamber from determining in a univocal and technically sound manner that this evidence provides inputs to demonstrate damages to the plaintiff's property. 5. The Report accounts for the path or route of the storm drainage and ordinary wastewater from homes, which are discharged into the storm sewer (see fact 25 of the Report). It is appropriate to review what is stated in facts 21 to 24 of the Report: "21. At the point (...) the last stormwater manhole is located, where the new drainage system connects to the old one and turns South with the water discharge passing through several private properties. 22. To observe the water, which runs in the open air within the properties, entry was made through point (...) through the complainant's property, observing a section of about 10-12 m in length where there is a cemented channel that has deteriorated, a channel connected to the tunnel or culvert, the final section being rectangular and built of cinder block (...) 23. From the previous point onward, the water flow continues as an apparent watercourse over the ground. In this section of the watercourse, which has little flow (), a house is observed on the right side of the body of water, located in an apparent protection area (...) 24. According to the complainant, in this sector the body of water crosses between his properties, the Mayor's, and a third person's." The transcription shows that in the final stretch, the water runs in the open air and crosses the complainant's property (it is reiterated, it is not specified which property, and at that time the plaintiff company stated it owned two different registered properties and had damages in both); that in a stretch of 10-12 meters in length, there is a cemented channel that has deteriorated and connects to a tunnel or rectangular culvert built of cinder block, and that, after the open-air channel ends, the water continues as an apparent watercourse over the ground, with little flow, a sector that encompasses properties of the plaintiff company and at least two additional owners. From the plaintiff's own statement in the text of this complaint, this Collegiate Body deduces—because none of the parties concerned themselves with demonstrating it—that this open-air channel is the one the Municipality built as part of the storm drainage outlet some time ago, that is, it is a work built by the Municipality. Therefore, there is no evidence with this Report that the open-air channel indicated as deteriorated was built by the plaintiff company. 6. In addition to the foregoing, in the "Gabinet Analysis" section, point 30 refers to the inspection route and notes that out of a total of 700 m, 90 m is on private property land, but again the Report fails to specify which properties. The Court understands this deficiency, since the inspection is oriented towards environmental damage and not specific damages on private properties. It noted that, although the complainant stated that the storm waters are channeled through a yurro or stream, according to the cartography, it is a tributary of the Machuca River. 7. In the Conclusions section, the Report is clear in stating that a connection was made in the stormwater collection to a drainage system, but that it is new according to the complainant, and for the Municipality, it is an improved work, and that "this circle of information" could not be defined, since during the visit, the street could not be opened to verify whether it was a new work or the improvement of an existing one (see points 17 and 18 of the Report). 8. In other words, the Report does not yield clear and conclusive evidence of whether or not it is a new work. Point 4 of the Conclusions stated: "Regardless of whether the project is entirely new or a replacement of the old drainage system, the truth is that by passing under public streets, passage through private properties is avoided, with the exception of the final 90 m stretch that apparently crosses the properties of the complainant, the mayor, and an unidentified third party" (emphasis added). The reasons set forth prevent this Court from taking the Report as evidence of the occasionality of the damages and of the damages specifically alleged in the complaint. To which it must be added that the procedure for the complaint before the TAA has not concluded, so the report is simply one more input requested by the TAA to determine the admissibility or not of the reported environmental damage, but it definitively does not have the probative force to accredit damages to the plaintiff company's property.

XIII. REGARDING THE APPRAISAL RENDERED BY ENGINEER FRANCISCO MADRIZ GONZÁLEZ. In relation to the expert opinion admitted in the proceedings, it is necessary to note that the designated professional was appointed because, from the Judicial Branch's list of experts, there is no Civil Engineer expert specializing in valuation, as communicated by the Judge of the case-processing stage in a resolution at 4:05 p.m. on March 2, 2022 (image 525); accepting that the party propose a professional, provided they comply with the requirements, duties, and rights regulated by the Regulations for Interpreters, Translators, Experts, and Executors of the Judicial Branch. It is for that reason that Eng. Francisco Madriz González was admitted to carry out the expert opinion, with its object defined—as agreed at the preliminary hearing and reiterated by the case-processing judge in the resolution at 4:26 p.m. on April 20, 2022: "Determine what the damages to the property are and their economic estimate" (image 540). The expert opinion was to determine the damages and the economic estimate. However, the report stated: "The objective of this report is to determine a current market value of a land plot for 'residential' use that supports a single-family dwelling, for its commercialization, taking into account the impacts from the municipal sewer storm drainage that crosses it," and it is clear that in this proceeding, the claim is directed solely regarding property 2-109060-001, so everything related to the other property is discarded. The expert explained—in response to questions from the plaintiff's attorney—(audio recording starting at minute 0:55:01): The properties are crossed by a storm drainage outlet that passes under the Supreme Electoral Tribunal building and continues into the assessed properties; that the owner of the two properties had to carry out engineering works to mitigate the undermining that was occurring due to surface runoff, and that what the owner indicated—and which he cannot attest to as an expert—is that there was an increase in flow that caused the undermining of the land. He referred to a first property where he located a box culvert built to mitigate the undermining the land was suffering, and he made his assessment. In what he identified as property two, he noted that what exists is an open-air concrete channel and that the problem he observed is that "it is not sufficient for the flow it has"; because there is an acceleration of the waters, and since it is open, it overflows and causes problems of undermining the structure. He indicated that, being hired to perform an appraisal, he gave the costs of the existing works (minute 1:01:12). He explained that the property with the open channel presents damages from undermining, and in the property where the box culvert is, there are no damages because the structure does not allow the water to escape. He noted in the "Estimation of damage repair" section: "At least the open channel should be built, which must have energy mitigation works..." Finally, he explained that the properties subject to the expert opinion border each other at the back; this was at the request of a clarification asked by the Court. The foregoing are the aspects that, from the expert opinion rendered in the proceedings and the professional's testimony at the supplementary hearing, this Court will assess and consider for the resolution of this proceeding, as they are deemed pertinent and relevant to the object of the complaint and correspond to the physical description of the visit conducted to issue the respective report.

XIV. REGARDING THE TESTIMONY OF WITNESS JORGE GÓMEZ PICADO. (audio recording starting at minute 0:13:10 IV). The witness worked in the Department of Urban Development and Environmental Management at the Municipality from 2008 to 2020, from which point he retired. He was in charge of the project to improve the storm drainage system of downtown San Mateo. He referred to the causes that originated the San Mateo storm drainage project: that it had an outlet built in the 40s or 50s, and due to the canton's growth, it no longer fulfilled its function, and flooding occurred in homes and public buildings. He indicated that the project sought an improvement and that the procedures before SETENA were not carried out due to the environmental impact. He explained that, due to the topographical conditions of those lands, the water drainage outlet, since San Mateo was founded, is the only one that can be used due to the topographical conditions of the terrain. He explained that the original drainage system consisted of square 50 cm x 50 cm ducts that communicated with manholes, which functioned to drain surface water and pass it to a ravine, and that it runs through the lowest part of downtown San Mateo.

That the Municipality conducted the hydrological and watershed studies to determine the channel and that these resulted in the need for a culvert with a diameter of approximately one meter, but they opted to install wider ones to ensure the project's durability. He explained that the course of the sewer system cannot be changed because it is defined by the land's topography. In response to the question posed by the plaintiff's attorney: Do you know if the works carried out increased the water flow? The witness replied: "I say that they did not increase the water flow because, for better or worse, both the water that was flowing through the existing system and the water that ran along the road all went exactly to the same point; what we did, what was it? We took all the water that was running on the surface and placed it in the duct to prevent damage to the infrastructure and the buildings, but the water is basically the same, it is not being increased, we are not diverting water from one side to put it in another, it is the water that, one part was passing through the system that no longer had capacity and the other was flowing along the surface (...) what we did was sink all the water so it would not be on the road." He also explained—in response to a question from the plaintiff's attorney—that the waters reached the same point, which is a piece of land located beside the San Mateo Courts of Justice and that, for its entire existence, it has been the final outlet for rainwater, like a discharge stream (quebrada de desfogue). He indicated he did not know the name of the owner of that land but did recall that it had a very affordable price, precisely because of the water discharge. He explained—in response to a question from the plaintiff's attorney—that he knew the stream (quebrada) and that: "... they carried out some works in the channel—a box culvert (alcantarilla de cuadro)—without any municipal permit or permits from the authorities that deal with channel works. The water that was naturally deposited there spread across the entire channel. By making that box culvert, which I understand was made to connect that supposed lot where the waters discharge with a passage with a lot apparently belonging to some relatives, what they ended up doing was that the same water that arrived, when put into a box culvert, that water will have more velocity and more pressure, causing scouring and damage to the downstream channel." This Chamber, due to the witness's expertise and his having been in charge of the works, gives full credibility to what is indicated in the transcript and to what was referred to, which corresponds to excerpts from his statement and which is what this Court will consider in the resolution of this matter.

XV. INADMISSIBILITY OF THE CLAIM. The plaintiff requested: "1. To declare this demand well-placed and condemn the Municipal entity for its irregular actions in carrying out works without the respective Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA)." CRITERION OF THE COURT: It must be recalled that we are in a process where Administration liability is claimed, and it is necessary that, in every judicial action seeking compensation for damages from a Public Administration, the following must necessarily be demonstrated: a) an action or omission committed by the defendant administration; b) the objective imputation criterion (normal or abnormal functioning, lawful or unlawful conduct); c) a certain, effective, individualizable, and quantifiable damage; and, d) a causal relationship between the Administration's action or omission and the alleged damage. The plaintiff based the damages claimed on the fact that the Municipality carried out works related to the rainwater sewer system on the urban streets of San Mateo without having the Environmental Impact Assessment. The attorney expressly stated this in the supplementary hearing: "...the genesis of this demand is precisely to be able to determine that, given that omission of the environmental impact study, it is the causal link—the omission—that causes the two direct contracts carried out by the municipality to generate a direct impact on both properties...". The basis presented as the causal link for the damages claimed is not acceptable. The absence of a legal requirement such as environmental viability (viabilidad ambiental) entails a review of the unlawfulness of the conduct or the abnormality of the functioning deployed by the defendant Administration, a function proper to this Jurisdiction in light of constitutional article 49 when so requested by the acting party; but that legal omission cannot be defined as the causal link for the supposed damages caused—in this case—by a functioning of the local government that, it is reiterated, is not the object of the process as indicated in point 2 of the Background Consideration (Considerando de Antecedentes) and in Consideration V of this pronouncement. This is a liability process for alleged damages suffered from the action of rainwater that discharges onto the plaintiff company's property. The party must first demonstrate those damages and then the causal link of their origin and author, which in this Chamber's opinion, was not caused by whether the construction project complied with a legal requirement or not, but rather they may be due to the water's own action but this must be demonstrated. Added to the foregoing is that the review of the legality of the direct contracts through which the works were carried out is also not the object of this demand. A review of the legality of that functioning of the defendant Municipality has not been requested, which prevents this Chamber from qualifying the alleged omission of a legality requirement as the producing cause of the damage. In any case, what this Chamber observes is that, rather than a specific request for relief, it is the substantiation of the cause of action. The plaintiff supported that alleged omission with official communication SETENA-SG-1229-2018 of July 10, 2018, which sets out for which activities—in light of article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7555—the environmental impact assessment is necessary and for which others it is excepted, according to Resolutions No. 2373-2016-SETENA, No. 1909-2017-SETENA, and ACP-030-2018-SETENA, as they are considered activities or projects of low environmental impact. In the same sense, official communication SETENA-SG-1899-2018 of October 2, 2018, sets out to the TAA when the construction of a rainwater sewer system on a public road requires environmental viability (viabilidad ambiental) or not. It is clear that what is set out in the aforementioned official communications cannot lead to proving the damages nor their author, as alleged by the plaintiff on its property; what they demonstrate are the requirements normatively provided to comply or not with that legal requirement. The Court notes that the scope of the response given in the first official communication expressly indicates that it is "limited to the information provided," that is, no consultation was made with the denounced Municipality, thus excluding the possibility of accrediting other assessments to be considered by SETENA before issuing the opinion, which for this Chamber translates into a partial evidentiary element—if it were a matter of reviewing the legality of the Municipality's functioning—that does not contemplate in its content the active participation of the denounced entity and, with that, an integral vision of what happened is omitted. This is so evident that it is noted in the official communication itself, when it indicates that the response is limited to the information provided by the complainant. As a corollary of the foregoing, the first request must be rejected. It is insisted, we are in the case of a claim for damages, and the omission of a legal requirement such as environmental viability cannot be analyzed as a prior claim for the admissibility of the claimed damage. It requested as a second claim: "2- To condemn the Municipality of San Mateo to pay for all the damages caused to the property registered under the Province of Alajuela, real folio number 109060-001, with plan A-1760950-2014." CRITERION OF THE COURT: As the first aspect this Chamber must indicate is that the identification of the damages claimed was an aspect that, throughout the supplementary hearing, this body repeatedly asked the plaintiff to define. In the demand, the plaintiff indicated that a material damage was claimed, caused by the rainwater and sewage construction works carried out by the Municipality, without the respective environmental impact assessment, damage consisting "in the impact on the economic value of the property, which is reduced by the discharge of rainwater and sewage on the property." In the preliminary hearing, the plaintiff clarified that the damage claimed was only material, dividing it into repair costs and damage to the property. In the Court's opinion, the damages claimed were not clear, coupled with the fact that an expert appraisal was admitted to determine what the damages to the property are and their economic estimation, and therefore, in the supplementary hearing, it asked the specific question—in order for them to explain what the alleged damages consisted of. The attorney representing the interests of the plaintiff company stated: (audio recording starting at minute 0:23:34) "...the claim was specified as material damage that effectively lies in the investment that had to be made and that has still not even been able to be mitigated because that has come out of the pockets of the company's owners, to mitigate the damage caused precisely by the diversion of rainwater without the technical study (...) and if we understand then, the concept would be the economic sums that my client has had to incur or will even have to incur to be able to repair that damage caused by the Municipality with its unlawful conduct...". He further specified: "...what is being requested is the repair of that damage caused as a result of the unlawful conduct of the municipal corporation that carried out some works, which led to an economic investment but also the pending works to be done, that is, in total the sum requested as compensation is ¢21,721,600.00 because that is what the appraisal conducted by the expert yields, and eventually, in an execution of judgment, this is what would be executed" (audio recording starting at 0:57:23 IV). With the precisions given, this Chamber proceeds to the analysis of the claim, based on the assessment of the evidence provided to "demonstrate" the alleged damage. In that sense, as set out in Considerations IX to XII where the assessment was made of the photographs, the "Inspection Report for the rainwater sewer system, on a public road by the Municipality of San Mateo" issued by the Orotina Health Governing Area No. ARS-OSM-RS-IT-25-2018, and the Technical Inspection Report issued by the Orotina Health Governing Area No. MS-DRRSPC-DAARSOSM-IT-00220-2023, as well as the Inspection Report issued in case file 89-19-02-TAA, the content of those documents is inconclusive for demonstrating the damage to property 2-109060-001 as well as the authorship thereof. To avoid unnecessary reiterations, reference is made to what was already set out in the analysis of each of those evidentiary elements. In the concluding arguments stage, the attorney representing the plaintiff company stated: (audio recording starting at 0:45:12 IV) "...the company comes and seeks to find a prompt solution because otherwise the entire land is going to wash away, and that is when the property that interests us, 2-109060-001, is acted upon. According to the expert report, this is the property that has the open-cut sewer (alcantarillado a cielo abierto), to put it in some way, it is not the one with a rectangular culvert but the one that is open. What happens? Well, a solution must be found because the land is washing away, because the amount of water is enormous. Note that the problem in that locality was so great because the sewer system was so old and obsolete—artisanal—that it had to increase the flow by a number even beyond what was needed. The amount of water, by legal logic, by logic, experience, sound judgment, good human understanding, if a certain amount of water passed through 40 cm, now through 2 meters, a larger amount of water will pass. So, the owners have to find some solution and the Municipality did not give them one, a palliative solution, palliative. What are the damages caused by the behavior of the municipal corporation? Well, we can see them starting from image 192 [sic] of the case file, which is the Report made by the expert, the good appraisal. In reality, he was commissioned to conduct a study of the damages and the value of the damages; that is how it was approved. That ultimately ended up including the damages, well an appraisal, well that is beside the point. But while it is true, through image 592, in reference to the property in dispute today, which is 109060-001, the engineer comes and makes a detail of the sewer system and tells us what he observes: the diameter, the amount of water (...) and tells us that works must be carried out to prevent the damage from being greater, and so he estimates—the expert—the repair of the damage, that is, existing works and what needs to be done, and divides the damages into three different amounts. The first, in image 593, which is the estimate for the repair of the damage, he makes an estimate of the costs invested in existing works for the mitigation of the damages (...) and he establishes a cost of ¢4,896,000. That is, the company had to invest this. Now, the Municipality will say that it did those works without a permit, that it did it illegally. Well, the Municipality does not provide a solution and the administered party has the duty to look after its own interests. This investment he makes to counteract the impact that the water was causing—because the water will not stop and will not stop arriving—is made for ¢4,896,000. Then there is talk of needing to make an upper floor slab (losa de piso superior) (...) and its approximate cost of ¢13,860,000. There, the real damage being caused begins to be visualized (...) ¢21,721,600 is the estimate of the damage caused to the property (...) as a result of the works already done and those that must be done...". The transcription of what was indicated by the plaintiff's attorney in the conclusions is necessary, because together with what was stated by the expert, Ing. Francisco Madriz, and the witness—also an engineer—Jorge Gómez Picado, during the presentation of evidence at the supplementary hearing, it allows this Chamber to reach the following conclusions:

1. On property 2-177227-000—which was owned by the plaintiff company until April 1, 2024—is where, due to the geography and topography of the city of San Mateo, the rainwater sewer system discharges and where a box culvert (alcantarilla de cuadro) is located, built by the plaintiff company as a solution for channeling the waters. According to expert Madriz, as a result of that mitigation work, there are no damages on that property.

2. On the plaintiff company's property 2-106090-001 is where the open-cut channel (canal a cielo abierto) is located, the final stretch of the rainwater sewer discharge of San Mateo.

3. That the works carried out by the Municipality of San Mateo were necessary because the existing sewer system was insufficient for the water flow received, which is why the works were done expanding the catch basins and the rainwater conduction pipes (statements of witness Jorge Gómez Picado).

4. That, contrary to what the plaintiff indicated, the expansion of the culvert or the pipe through which the water runs does not entail an increase in the flow received; such an increase may be due to the expansion of new urban development projects, but this condition was not accredited in this process, according to what was stated by witness Jorge Gómez Picado in his statement and when he was an engineer for the Municipality (see proven fact No. 7).

5. That the damages referred to by the plaintiff's attorney in the concluding arguments stage, identified at "¢4,896,000, that is, the company had to invest this. Now, the Municipality will say that it did those works without a permit, that it did it illegally. Well, the Municipality does not provide a solution and the administered party has the duty to look after its own interests. This investment he makes to counteract the impact that the water was causing—because the water will not stop and will not stop arriving—is made for ¢4,896,000. Then there is talk of needing to make an upper floor slab (losa de piso superior) (...) and its approximate cost of ¢13,860,000. There, the real damage being caused begins to be visualized," are damages referred to by the expert but for property 2-017227-000, which is not under review in this process (see image 562).

6. That the plaintiff company carried out—by its own decision and as a palliative measure to withstand the impact from the water that discharged there—the construction of a box culvert (alcantarilla de cuadro), on what was its property—property 2-177227-000. Prior to that construction of the box culvert, the water that discharged onto that property ran in the open air (a cielo abierto). The channeling into the culvert produced an acceleration of the water flow that continues its path until discharging into the open-cut channel (canal a cielo abierto) located on the property owned by the plaintiff company, 2-109060-001, as they are adjoining properties. That is, we are in the presence of an improvement at one's own risk, which the plaintiff made, but that improvement entailed an acceleration of the water flow whose path continues through an open-cut channel located on what is currently its property, property 2-109060-001.

7. The Report by expert Madriz refers, in images 592 to 593, that, on the property where the open-cut channel is located, the land is scoured and makes an estimate of the repair of the damage he observed in that structure. On this point, it must be recalled that the channel was built by the Municipality—the plaintiff stated so in its demand and no evidence to the contrary was provided—so, if there are eventual damages, it is the Municipality that is affected because it is a work built by that entity. Added to this, as previously stated, as a result of the construction of the box culvert on property 2-17227-000 that adjoins the plaintiff company's property, the water that previously ran in the open and spread across the entire channel, upon being "channeled" or "culverted," undergoes changes in the velocity and pressure of its flow and falls with greater force, causing scouring and damage to the downstream channel (see statement of witness Jorge Gómez Picado). That is, the plaintiff bears the direct consequence of its own improvement (the culvert built on what was its property) that produced an equally own risk: the acceleration in the flow of water that falls into the channel running through its current property and that is reduced by the force with which the water arrives at that point. The described situation, in light of the normative and jurisprudential principles, as well as common sense and sound judgment, demonstrates—in this Chamber's opinion—that the scouring that the open-cut channel is claimed to have is a product of receiving waters that come with greater pressure and force upon exiting the culvert that was built by the plaintiff company, as explained by witness Gómez Picado, who is knowledgeable of the dynamics present at the site due to having worked as an engineer at the Municipality, as was informed to this Court. Added to this is that it was not proven that the works carried out by the Municipality—whether new or improvements to existing ones—produced an increase in the water flow, an acceleration in their course, or a diversion and a new path that increased the amount of water and that, because of this, there is scouring on the land where the open-cut channel is located. As a corollary of the foregoing, the alleged damages and their authorship have not been demonstrated, and therefore this claim must be rejected in all its aspects. The claim "3- That the Municipality of San Mateo be ordered to pay the corresponding legal interest on the sums awarded by the Contentious-Administrative Court, calculated from the finality of the judgment until its effective payment." Given that the damages are rejected, this is likewise inadmissible. Finally, the claim "4- That the Municipal entity be ordered to pay the respective personal and procedural costs of this action," is an ex officio pronouncement that is made in a separate Consideration. As a corollary of the foregoing, the demand filed by Marsago S.A. against the Municipality of San Mateo must be declared without merit in all its aspects.

XVI. ON THE DEFENSES. For the reasons given in this pronouncement, the defense of lack of right (falta de derecho) asserted by the representation of the Municipality of San Mateo is accepted.

XVII. ON COSTS. In accordance with article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of being so. The waiver of this condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Court observes no reason whatsoever to exempt the application of such a maxim, and therefore, the proper course is to impose them on the losing party. The legal interest generated by this item is granted, which will be settled in the execution phase of this ruling.

    

THEREFORE (POR TANTO)

The evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) offered by the parties in this process is admitted in the terms indicated. The defense of lack of right asserted by the Municipality of San Mateo is accepted. Consequently, the demand filed by the company Marsago, S.A. is declared without merit in all its aspects. Costs are to be borne by the suing and losing party, which will generate legal interest once their amount is determined and enforceable. NOTIFÍQUESE. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA. LOURDES VARGAS CASTILLO. JUDGES.

    

    



    

    



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Document signed by:

LOURDES VARGAS CASTILLO, DECISOR JUDGE
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, DECISOR JUDGE
EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECISOR JUDGE

    

EXP: 20-004836-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, across from Café Dorado. Phone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

    

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