Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así, conforme a la jurisprudencia citada; realizando una integración armónica de lo dispuesto en el artículo 45 con relación al 50 de la Constitución Política, se colige que frente al derecho de propiedad, el titular de los mismos tiene que respetar las limitaciones impuestas por razones de interés social, en virtud del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho todo ciudadano. De esta forma el constituyente logró equilibrar dos intereses que en principio podrían estar contrapuestos. Por un lado el individual y por otro el colectivo, y para ello la legislación ordinaria otorgó competencias al MINAE y específicamente del SINAC para la protección del P.N.E. en todas sus presentaciones, incluyendo la imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada, tal y como se indicó, en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho la totalidad del colectivo.
English (translation)Thus, in accordance with the cited jurisprudence, by harmoniously integrating the provisions of Article 45 with Article 50 of the Political Constitution, it follows that regarding the right to property, the owner must respect the limitations imposed for reasons of social interest, by virtue of the right to a healthy and ecologically balanced environment to which every citizen is entitled. In this way, the framers achieved a balance between two interests that could initially appear to be in conflict: the individual on one hand and the collective on the other. To this end, ordinary legislation granted powers to MINAE and specifically to SINAC for the protection of the P.N.E. in all its forms, including the imposition of social interest limitations on private property, as indicated, in protection of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment to which the entire community is entitled.
Denied
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 06328 - 2024 Fecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2024 a las 13:46 Expediente: 19-002990-1027-CA Redactado por: José Iván del Socorro Salas Leitón Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo Normativa internacional Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida de ecosistemas terrestres (Obj 15) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Constitucional Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas: Imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Inexistencia de quebranto al principio de reserva legal y expropiación de hecho. Administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado en sentido amplio compete al MINAE y no a las municipalidades. Tema: Zonas naturales protegidas Subtemas: Imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Inexistencia de quebranto al principio de reserva legal y expropiación de hecho. Administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado en sentido amplio compete al MINAE y no a las municipalidades. Tema: Patrimonio natural Subtemas: Imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Inexistencia de quebranto al principio de reserva legal y expropiación de hecho. Administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado en sentido amplio compete al MINAE y no a las municipalidades. Tema: Sistema Nacional de Áreas de Conservación Subtemas: Imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Inexistencia de quebranto al principio de reserva legal y expropiación de hecho. Administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado en sentido amplio compete al MINAE y no a las municipalidades. "IV. [...] Así, conforme a la jurisprudencia citada; realizando una integración armónica de lo dispuesto en el artículo 45 con relación al 50 de la Constitución Política, se colige que frente al derecho de propiedad, el titular de los mismos tiene que respetar las limitaciones impuestas por razones de interés social, en virtud del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho todo ciudadano. De esta forma el constituyente logró equilibrar dos intereses que en principio podrían estar contrapuestos. Por un lado el individual y por otro el colectivo, y para ello la legislación ordinaria otorgó competencias al MINAE y específicamente del SINAC para la protección del P.N.E. en todas sus presentaciones, incluyendo la imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada, tal y como se indicó, en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho la totalidad del colectivo. [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible Texto de la resolución Documento PJEDITOR ???????????????? EXPEDIENTE: 19-002990-1027-CA - 4 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTORA: SOCIEDAD RANCHO BAMMEA LTDA DEMANDADO: EL ESTADO Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). N° 2024006328 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cuarenta y seis minutos del ventitres de Setiembre del dos mil venticuatro.- Proceso de conocimiento incoado por la sociedad RANCHO BOMMEA LTDA. cédula jurídica 3-102-033566 contra el ESTADO representado por la Licenciada Mariamalia Murillo Kopper y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN en adelante el SINAC representado por la Licenciada Deifilia María Dávila Ruiz y el Licenciado Róger Francisco Gutiérrez Vindas. Intervienen como apoderados especiales judiciales de la sociedad actora, los Licenciados Vianney Saborío Hernández y Federico Peralta Bedoya. RESULTANDO: I.- Los actores presentaron el día 25 de abril de 2019 proceso de conocimiento cuyas pretensiones fueron precisadas en la audiencia preliminar realizada el día 13 de marzo de 2020 de la siguiente manera: 1. Que se declare la nulidad absoluta del "Visado" emitido por el Director del Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018, por señalar que de conformidad con la Ley 7524, una área de la propiedad de la sociedad actora se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, por ser contrario al Ordenamiento Jurídico y por ende deje de surtir efectos jurídicos. 2. Se advierta al Área de Conservación Tempisque y a cualquier otra instancia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y/o del Ministerio de Ambiente y Energía, abstenerse de adoptar y ejecutar restricciones abusivas e ilegales al derecho de la propiedad de la sociedad actora, al comprenderla dentro de un área silvestre protegida estatal, sin que haya sido paga y expropiada legalmente, y sin existir un sometimiento voluntario al régimen forestal. 3. Se advierta que el ordenar la ejecución de un acto absolutamente nulo produce responsabilidad civil de la Administración, administrativa y eventualmente penal para el servidor, si la ejecución llegare a tener lugar. (Ver imágenes de la 2 a la 9 del expediente digital judicial y respaldo de la audiencia preliminar). II.- Otorgado el traslado de la demanda, la representación del Estado y del SINAC contestaron negativamente la demanda y en su defensa opusieron la excepción de acto no susceptible de impugnación y falta de derecho. (Ver imágenes de la 33 a la 38 y de la 94 a la 102 del expediente digital judicial). III.- La audiencia preliminar se realizó el día 13 de marzo de 2020, con asistencia de las partes. Las pretensiones se definieron en los términos del primer resultando de este fallo. Se rechazó la excepción previa de acto no susceptible de impugnación, se determinaron los hechos controvertidos y no controvertidos de relevancia para la resolución del caso y no habiendo prueba testimonial que evacuar el asunto fue declarado de puro derecho y las partes rindieron sus conclusiones. (Minuta de la audiencia y respaldo digital de la audiencia preliminar). IV.- El presente asunto fue remitido a la Sección Cuarta el pasado 01 de agosto de 2023, para el dictado del fallo correspondiente, según consta en el sistema informático del Tribunal, con ocasión del rediseño que se encuentra implementando el Despacho. V.- Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes de esta Cámara, dentro del plazo que permiten las labores propias de este Tribunal sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. En los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados. Redacta el Juez Salas Leitón con el voto afirmativo del Juzgador Córdoba Ramírez y del Juez Baltodano Gómez, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL PROCESO Y ALEGATO DE LAS PARTES: En lo medular el objeto del presente proceso lo es para que en sentencia se declare la nulidad absoluta del Visado No. 83-20018 emitido por la Dirección del Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía al indicar que de conformidad con la Ley 7524, una área de la propiedad de la sociedad actora se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, por ser lo así dispuesto contrario al Ordenamiento Jurídico y por ende que deje de surtir efectos jurídicos lo así dispuesto y por ende se abstenga a futuro de adoptar y ejecutar restricciones abusivas e ilegales a su derecho de propiedad, al comprenderla dentro de un área silvestre protegida estatal, sin que haya sido expropiada y paga legalmente, y sin existir un sometimiento voluntario al régimen forestal. En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, cada una de las partes alegan lo que seguidamente se detalla en este apartado. ACTOR: A) HECHOS: Que desde el día 14 de julio de 1992, la sociedad actora inscribió en el RNP el inmueble ubicado en el distrito 4 (Tempate) del Cantón 3 (Santa Cruz) de la provincia de Guanacaste, matrícula de folio real número 67856-000, con plano catastrado número G-0665142-1987 y el "Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste" se creó por ley No. 7524 publicada en la Gaceta número 154 del 16 de agosto de 1995. Que el día 09 de abril del año 2018, el topógrafo Jorge Eduardo Álvarez Pineda presentó gestión ante el Registro Nacional solicitando ajustar el plano inscrito No. G-0665142-1987 al área real, y para esos efectos aportó un nuevo plano al que se le asignó la cita de presentación No. 2018-27702-C. Que dentro de la gestión indicada, el Área Catastral del Registro Nacional solicitó el 18 de abril del 2019, se aportara el visado de la entidad correspondiente. Que el Ministerio de Ambiente y Energía indicó en el Visado No. 83-20018, que el inmueble matrícula de folio real número 67856-000 se ubica en un 52,73%, dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Que la sociedad RANCHO BOMMEA LTDA., nunca sujetó de manera voluntaria su propiedad al Régimen Forestal, tampoco ha donado su propiedad, menos aún ha sido indemnizada o expropiada; por consiguiente, en su condición de legítimo propietario debería poder gozar del ejercicio pleno de los atributos del dominio al 100%, y en su lugar se está viendo afectada su propiedad No. 67856-000 en más de un 50%. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: Que el Visado No. 83-20018 sufre de los siguientes vicios: i) Violación al principio de reserva legal: Por que sin estar el inmueble No. 67856-000 contemplado dentro de la delimitación oficial de esta Área Silvestre Protegida; lo sometió en un 52,73% al Parque Nacional Marino Las Baulas, -como si fuera parte integral de este-, mediante un simple visado, pretendiendo ampliar sus límites sin reconocerle a la sociedad su derecho constitucional ha ser expropiada, o se le haya comprado o que lo haya donado, violándose así el régimen jurídico de los derechos fundamentales que está reservado a la Ley por disposición expresa del artículo 19 de la LGAP, en concordancia con los artículos 59 y 66 de la misma ley. ii) Violación al principio legalidad: Que ampliar de manera "mágica y tácita" los límites de un parque a través de un visado -amparado en un supuesto estudio técnico al que nunca se tuvo acceso ni conocimiento- sin tener un instrumento normativo con fuerza suficiente que sustente dicha ampliación, es una violación al principio de legalidad (arts. 11 de la C.P. y 11 y 13. 1 de la LGAP) y constituye una confiscación camuflada o expropiación de hecho, por ser su contenido contrario a lo dispuesto en el artículo 37 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste No. 7524. Normativa que indica que las fincas o terrenos privados comprendidos o afectados por las delimitaciones quedarán comprendidas dentro de las áreas silvestres protegidas -en el caso específico dentro del parque nacional-, sólo a partir del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o expropiación, salvo que se sometan voluntariamente al régimen forestal. Que su representada no se ha sometido voluntariamente su propiedad a ese especial régimen forestal en ningún porcentaje de la misma, ni ha donado ni vendido, ni ha sido expropiada por el Estado de su propiedad de forma que por la vía del "Visado" no pueden imponerles restricciones a su uso, goce y disfrute. En apoyo a lo anterior citó lo dispuesto por la Sala Constitucional en sus votos Nos. 3410-92 y 440-98. iii) Existencia de un conflicto de competencias: Que conforme al artículo 170 y siguientes de la C.P. las municipalidades ostentan una autonomía frente a los demás entes y órganos del Estado y sus competencias están delimitadas en razón de su territorio. Que conforme al artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de noviembre de1968; la Municipalidad del lugar es la competente para emitir los certificados de uso del suelo dentro de su jurisdicción territorial, de modo que no puede tenerse por válido el uso del suelo emitido por el MINAE en el que se externó un criterio completamente prohibitivo y confiscatorio, en una zona donde no tiene competencia alguna, ya que de tenerlo por válido forzosamente implicaría una intromisión en la competencia municipal y pretender ampliar esa Área Silvestre Protegida mediante una interpretación acomodaticia invadiendo la esfera competencial del Gobierno Local. iv) El caso concreto: Que el 52,73% de su inmueble No. 67856-000 no puede considerarse como parte del Área Silvestre Protegida: Parque Nacional Marino Las Baulas, por no haber sido, ni adquirida mediante compra, ni expropiada por el Estado; por lo que el Visado No. 83-20018 debe indicar que el inmueble se ubica fuera de área silvestre protegida administrada por el MINAE, tal y como se indicó en el numeral 6.3.3.5 de la resolución administrativa RSINAC-037-2009 "Manual de Procedimientos para la Resolución de visados y Certificaciones de Planos". Que al indicar de manera infundada e ilegal, que la propiedad se encuentra dentro de un Parque Nacional, vacía de contenido su derecho de propiedad, lo que implica la imposibilidad de uso, disposición o aprovechamiento, dado que el único uso permitido es la conservación, sino que, además un traslado de titularidad, generando ello una lesión antijurídica que no tiene el deber legal de soportar. Que el funcionario responsable del trámite no respetó el procedimiento reglado para este tipo de casos, cuyo acatamiento es obligatorio, de forma que la actuación cuestionada va en contra del principio de seguridad jurídica y confianza legítima, que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes ya que no se respetó lo dispuesto en el artículo 37 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Ambiente, ni el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, transgrediéndose de este modo el principio de legalidad y generando una clara afronta al derecho de propiedad privada y, por ende, al Estado Democrático, Social y Ambiental de Derecho, claramente delimitado dentro del texto y contexto constitucional sumado un surtido repertorio de jurisprudencia constitucional y numerosos instrumentos de Derecho Internacional. La representación estatal indicó: Que el artículo 80 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, Decreto No. 34331 del 29 de noviembre del 2007, se da una prohibición expresa de inscribir planos ubicados en Parques Nacionales si no se cuenta con la debida autorización del SINAC, como entidad encargada de administrar esas áreas, antes bajo la administración del Servicio de Parques Nacionales (artículos 1° de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084 de 24 de agosto de 1977; 3 de la Ley del Parque Nacional Marino Las Baulas, No. 7524 de 10 de julio de 1995; 22 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998; 32 y 33 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995). Que el citado artículo 80 señala: "Planos en reservas o parques nacionales: El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas [sic] en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano.” (El destacado no pertenece al original). Que esta norma confiere la competencia al MINAE cuyo ejercicio se materializó en el visado No. 83-2018, y define el motivo y contenido de ese acto: “se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional”. Que por ello, el acto impugnado es un acto válido, emitido en el ejercicio de una competencia conferida por el ordenamiento jurídico, la cual no es objeto de discusión en este proceso. Que la parte actora, no impugnó la norma que sustentó el acto de visado No. 83-2018. Además, existen otros antecedentes normativos como el artículo 47 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, Decreto No. 13607-J del 24 de abril de 1982 que señala: “El Catastro no inscribirá planos de propiedades particulares que se encuentren localizadas en reservas o parques nacionales, como por ejemplo: reservas forestales, reservas indígenas, reservas biológicas, bosque [sic] protectores, etc.; excepto cuando exista autorización de la entidad respectiva. En estos casos, se anotará claramente que la finca se encuentra localizada en una reserva o parque nacional...” (Numeral 8° del Reglamento para la Inscripción de Planos en la Dirección General de Catastro Nacional, No. 9682-J del 1° de marzo de 1979). Que el acto impugnado se trata de un "visado" o “visto bueno" que, tras su examen o revisión, estampan las autoridades administrativas competentes en un documento, generalmente con sello oficial, para certificar su ajuste o conformidad al ordenamiento, sirviendo de medio de control o comprobación de requisitos y disposiciones legales; bien para aprobar o autorizar el uso con determinados fines, proseguir los trámites ante otras dependencias públicas, autenticar su validez, etc.” (Dictamen C-066-2002 del 4 de marzo del 2002 y Pronunciamiento O.J.-089-2002 del 11 de junio del 2002 de la Procuraduría General de la República). Entonces, el visado que se impugna, constituye simplemente un visto bueno para que se continúe el procedimiento de inscripción del plano ante Catastro Nacional, y no es un acto de gravamen o limitación, como lo pretende hacer ver la actora: “Si el inmueble se halla en un área silvestre protegida de patrimonio estatal, la autorización deviene en acto administrativo favorable para el titular del plano, a quien faculta a gestionar el registro en el Catastro, luego de comprobarse su licitud e inexistencia de motivos impidientes. El acto autorizante del despliegue de la actividad catastral es de control y remoción de obstáculos. Aunque para la autorización pueden concurrir actos instrumentales de algún órgano interno o informes, estos sólo cobran unidad de expresión en aquella, la que debe emanar de órgano competente y ser armónica con la realidad y derecho aplicable. En suma, esa autorización y anotado o certificación constituyen actos administrativos –el primero de declaración de voluntad y el segundo de conocimiento- que se exteriorizan mediante el estampado de un sello – o visado - con las leyendas de estilo al frente o reverso del plano que se pretende inscribir y evidencia su ajuste o conformidad al ordenamiento.” (Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República No. O.J.-089-2002 del 11 de junio del 2002). De acuerdo con lo expuesto, el acto administrativo impugnado no tiene vicios de nulidad y es conforme con el ordenamiento. Esa actuación administrativa está ajustada a Derecho. Incluso, como lo afirma la doctrina en el texto citado anteriormente, esa autorización (visado No. 83-2018) actúa como un requisito de validez para la inscripción del plano No. 5-2101445-2019, por lo cual, de accederse a las petitorias primera y segunda de la demanda, se caería en el absurdo de que la inscripción de ese plano ante el Catastro Nacional devendría inválida, en perjuicio directo de la parte actora, en cuyo favor se ha gestionado la inscripción de ese plano. Que el visado 83-2018 no es contrario a los artículos 37 de la Ley No. 7554 y 2° de la Ley No. 7524, preceptos que continúan aplicables, sin que el visado del plano 5-2101445-2019 sea una limitación. Que en adición a lo anterior, la nulidad de un acto administrativo por si misma no existe, pues debe causarle efectos perniciosos al administrado para que proceda su nulidad, en este caso tal y como queda de manifiesto, el visado NO afecta los intereses legítimos ni derechos subjetivos de la actora, por carecer de efectos externos, por lo tanto, es claro que nulidad solicitada no procede y así debe ser declarado en sentencia. La representación del SINAC señaló: Que el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 20518-MIRENEM, del 5 de junio de 1991, publicado en La Gaceta Nº 129 de 09 de julio de 1991 y fue ratificado mediante Ley Nº 7524, de 10 de julio de 1995, publicada en La Gaceta Nº 154 de 16 de agosto de 1995, siendo el objetivo principal de su creación, proteger las áreas de anidación de la tortuga baula (Dermochelys coriacea), los manglares, y los ecosistemas marino-costeros de la Bahía de Tamarindo y es cierto, que el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía mediante el acto administrativo emitió la resolución N° 83-2018 del visado del plano que se ubica parcialmente dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y visto documento inscrito en el tomo 395, asiento 5010, se rechaza que el día 14 de julio de 1992 se inscribiera el inmueble en el Partido de Guanacaste matricula número 67856-000 a nombre de RANCHO BAMMEA LTDA. FUNDAMENTO JURÍDICOS: Que la Procuraduría en su Dictamen C-346-2015, del 11 de diciembre de 2015, indicó: "...En caso de que un área silvestre protegida...incluya fincas legítimamente inscritas a favor de sujetos de derecho privado, su incorporación a PNE (patrimonio natural del Estado) depende de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Ambiente (LOA) número 7554 del 04 de octubre 1995...Ahora bien, y como lo dispone el artículo citado, tales propiedades, aunque no se les pueda considerar como parte del PNE (patrimonio natural del Estado) hasta que no sean expropiadas o compradas, pueden ser sometidas a un plan de ordenamiento ambiental por parte del Ministerio del Ambiente y Energía." Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 establece: "Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos..." Que de esta forma la finca de la sociedad actora aunque se ubique dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas, sigue siendo de propiedad privada hasta que sea expropiada, sin embargo, queda limitada en los términos dispuestos en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, encontrándose implícita la competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación de otorgar una autorización o visto bueno a las actividades que se vayan a desarrollar en esos terrenos privados, para verificar que se ajustan al plan de ordenamiento ambiental o al plan de manejo del área silvestre protegida. Que el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 del 30 de abril de 1998, indica: "...Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general..." Que en esta línea, la jurisprudencia patria ha concluido: "...Las Áreas Silvestres Protegidas declaradas por el Poder Ejecutivo, son bienes sujetos al régimen del Patrimonio Natural del Estado, por tener un alto valor para los ecosistemas, especies amenazadas o desde el punto de vista científico son delimitadas por el Poder Ejecutivo; a partir de su declaratoria se pretende dotar a estas zonas geográficas de una vocación conservacionista y proteccionista necesarias para cumplir su función..." (Voto No. 21258-2010 de las 14:00 horas del 22 de diciembre de 2010). En ese mismo sentido la Sala Constitucional: "...SOBRE EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS LIMITACIONES: El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." El criterio sostenido por la Sala es que las limitaciones que se impongan a la propiedad encuentran su frontera natural en el grado de afectación a ese derecho, por lo que cuando la restricción se convierte en una verdadera expropiación, se constituye para la Administración la obligación de indemnizar, porque se vacía el contenido esencial del derecho. Es decir, que son legítimas las limitaciones que se impongan a la propiedad que permitan al propietario explotar "normalmente" el bien, salvo, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado, con lo cual se respeta el uso natural del bien, al mantenerse su valor como medio de producción o valor económico en el mercado (En este sentido, entre otras, ver sentencias número 1991-0796, de las quince horas diez minutos del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno; número 1995-5893, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y número 1996-2345, de las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis..." (Voto No. 2019-005093 de las 11:50 horas del 20 de marzo del 2019). Que en la sentencia No. 2003-03656 de las 14:53 horas del 07 de mayo de 2003, se dijo: "...Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: "(...) es decir «limitaciones» como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la Carta Política." En igual sentido se pronunció este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; bajo las siguientes consideraciones: IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo..." (sentencia número 5097-93, supra citada); Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien..." (sentencia número 2345-96, supra citada). (El subrayado es del original) Por su parte el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional Decreto Ejecutivo No. 34331-J indica en su artículo 80: "...Planos en reservas o parques nacionales. El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano..." El Manual de Procedimientos para la Resolución de Visados y Certificaciones de Planos aprobado mediante la resolución No. R-SINAC-037-2009 Publicada en La Gaceta Nº 134 el 13 de julio del 2009, estableció los procedimientos, que deben cumplir las Áreas de Conservación del SINAC en otorgar dichos trámites. La resolución No. R-SINAC-037-2009, define el Visado como la "...Autorización que emite la Institución para la inscripción de un plano y cumplir así con el reglamento de la Ley de Catastro Nacional según el artículo 80, Decreto Ejecutivo Nº 34331-J, publicado en La Gaceta del 27 de febrero del 2008, expresada con sellos oficiales que se imprimen en el mismo plano…" Que en ese sentido el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Área de Conservación emitió la resolución No. 83-2018 del visado del plano en el que indicó que la finca inscrita en el Partido de Guanacaste N° 67856-000 a nombre de RANCHO BAMMEA LTD se ubica parcialmente dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Que en el dictamen C-133-2004 del 4 de mayo del 2004 la Procuraduría hizo referencia a la consulta sobre los visados en cumplimiento con la normativa citada, por lo que es importante resaltar que: "...este caso, la prohibición de inscribir en el Catastro Nacional levantamientos topográficos de terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas deriva de la inalienabilidad propia del patrimonio natural del Estado establecido en nuestra legislación como bien de dominio público (otrora patrimonio forestal del Estado, artículos 32 y 33 de la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, según reforma hecha por las Leyes números 7032 de 2 de mayo de 1986 y 7174 de 28 de junio de 1990 y numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal No. 7575 de 5 de febrero de 1996) cuyas consecuencias jurídicas han sido objeto de análisis por la jurisprudencia de la Sala Constitucional: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominicales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad..." (Voto Sala Constitucional No. 2306-91). Cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, adquiere una serie de características esenciales como la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. De estas condiciones es que estos bienes no son expropiables, por cuanto ésta implicaría la enajenación y son inalienables. Asimismo, la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos, las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas. (...) La conformación de áreas protegidas bajo las categorías de Reserva Forestal, Refugio de Vida Silvestre Privado o Mixto, Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Zonas Protectoras, conlleva a la imposición de un Régimen de propiedad Pública bajo la categoría de Patrimonio Forestal del Estado que cambia ipso facto la naturaleza jurídica de los terrenos incluidos dentro del área, esto es de un régimen de privado que se manifiesta en diversas formas o estado de tenencia a un régimen público de propiedad Estatal..." (Voto No. 2988-99 de las 11 horas 57 minutos del 23 de abril de 1999). Que por lo comentado, se concluye que el visado no constituye un acto final con efectos contra el actor, dicho visado es un trámite que permite continuar con la inscripción del plano ante el Catastro Nacional, el cual no afectó los intereses subjetivos del accionante, es decir el visado es más bien un acto preparatorio al acto final que dicta el Catastro cuando se da la inscripción del plano catastrado 5-2101445-2019 (acto final). Que el acto impugnado por el Demandante es un mero acto administrativo preventivo y válido emitido en el ejercicio de las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico al SINAC, por lo que con fundamento en todo lo expuesto la demanda interpuesta debe declararse sin lugar. II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el resultado del presente asunto se tienen: 1) Que la sociedad denominada Rancho Bammea Limitada, cédula jurídica 3-101-033566 es la propietaria registral de la finca matrícula de folio real número 67856-000, con plano catastrado número G-0665142-1987, ubicada en el distrito 4 (Tempate) del Cantón 3 (Santa Cruz) de la provincia de Guanacaste, la cual fue inscrita el día 14 de julio de 1992, con una cabida de 75,306.57 Mts2. (Ver imágenes 16 y 19 del expediente digital judicial). 2) El Ingeniero Topógrafo Jorge Eduardo Álvarez Pineda IT-21954 presentó al Catastro Nacional el día 09 de abril de 2018, un Plano a efectos de rectificar el área o cabida del Plano No. G-0665142-1987 asociado a la Finca No. 5-67856-000. Gestión que se tramitó bajo No. 2018-27702-C. (Ver imagen 25 del expediente digital judicial). 3) El señor Jorge Eduardo Álvarez Pineda, Ingeniero Topógrafo IT-21954 solicitó el día 18 de junio de 2018, al Sistema Nacional de áreas de Conservación Área de Conservación Tempisque "...el visado sobre la propiedad con número de finca 5-67856-000 a nombre de RANCHO BAMMEA LIMITADA Y representada con el plano catastrado G-0665142-1987, ya que se está presentando un trámite en el catastro nacional para rectificación de área en disminución de la presentación con el número 2018-27702-C y se está solicitando el visado por parte del Minae, ya que aparentemente traslapa con parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, ubicada en el distrito 08 Cabo Velas del Cantón de Santa Cruz." (Ver imagen 44 del expediente digital judicial). 4) El Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas Conservación, por medio de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, tramitó la solicitud del Ingeniero Topógrafo Jorge Eduardo Álvarez Pineda, bajo expediente No. 004-2018 y para esos efectos el día 27 de junio de 2018 realizó una inspección in situ, y determinó que el inmueble descrito en el plano levantado por el Ing. Top. Álvarez Pineda se ubica en un 52.73% dentro del Parque Nacional Las Baulas y recomendó continuar con el visado indicando: "...NOTA: Se aclara que la autorización de este visado no significa una aceptación explícita de los derechos reclamados en este terreno, es solo para fines CATASTRALES. La verificación de colindantes se determinará mediante el estudio registral o bien mediante las diligencias de información posesoria, o por reclamo de terceros o conocimiento previo..." (Ver imágenes de la 40 a la 43 del expediente digital judicial). 5) El Ministerio del Ambiente y Energía otorgó el "Visado No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018" y autorizó para efectos catastrales la inscripción del Plano levantado por el Ingeniero Topógrafo Jorge Eduardo Álvarez Pineda IT-21954, haciendo la observación que con base en la ubicación que posee el plano, el inmueble que describe se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas" según decreto ejecutivo a la Ley No. 7524 del 16 de agosto de 1995 y lo dispuesto en la Ley Forestal No. 7575 y legislación conexa. (Ver imagen 26 del expediente digital judicial). III.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que la finca del Partido de Guanacaste inscrita a folio real matrícula No. 67856-000, con plano catastrado número G-0665142-1987, sita en el distrito 4 (Tempate) del Cantón 3 (Santa Cruz) de la provincia de Guanacaste, no se encuentre en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas". (No hay prueba en tal sentido). 2) Que en razón de lo consignado en el "Visado No. 83-2018"; al titular de la propiedad No. 67856-000 se le niegue su derecho de uso, disposición, aprovechamiento, traslado de titularidad o que solamente se puede dedicar a la conservación. (No hay prueba en tal sentido). 3) Que la propiedad del Partido de Guanacaste No. 67856-000, con plano catastrado número G-0665142-1987, sita en el distrito 4 (Tempate) del Cantón 3 (Santa Cruz), haya sido sometida por parte del MINAE a un congelamiento de hecho en los términos referenciados por la Sala Constitucional en su voto No. 202-019076 del 25 de agosto de 2021. (No hay prueba en tal sentido). IV.- SOBRE LOS LÍMITES AL DERECHO DE PROPIEDAD POR RAZONES AMBIENTALES CONFORME A LA JURISPRUDENCIA PATRIA: Para la representación de la sociedad actora, el MINAE al consignar en el "Visado No. 83-2018" que la propiedad del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas" realizó una expropiación de hecho al extender sus límites sin que mediara compra, expropiación o que voluntariamente se hubiese sometido ese inmueble a ese especial régimen forestal, con lo que se violó el principio de reserva legal (por afectarse un derecho reservado a la ley), el principio de legalidad (por no haber una norma que habilitara el proceder del MINAE) y se generó un conflicto de competencias por corresponderle a la Municipalidad del lugar -y no al MINAE- el establecer los "usos de suelo". Trabada así la litis, considera esta Cámara que, de previo al control o examen de legalidad de la conducta administrativa cuya nulidad se reclama, es necesario traer a colación lo que al respecto ha señalado la jurisprudencia patria en torno a: i) Los alcances de "las limitaciones de interés Social" que prevee el artículo 45 de la Carta Magna: Sobre este punto señaló: “IV. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA. Con fundamento en lo anterior, cabe concluir que no hay posibilidad meramente lógica, de que existan derechos ilimitados, puesto que es la esencia misma del orden jurídico articular un sistema de límites entre las posiciones de todos los sujetos, y un derecho subjetivo ilimitado podría ser causa de la destrucción del orden jurídico, es decir, podría ser incompatible con él. La misión de la Ley no es hacer excepciones a la supuesta ilimitación previa de los derechos fundamentales, sino precisamente diseñarlos y definirlos a efecto de su articulación dentro del concierto social. Esto no es una excepción en el caso de la regulación del derecho de propiedad, creación indiscutible y directa del ordenamiento jurídico. Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de expropiación para construir obras públicas -única limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo, prevé que sus poderes son limitados y que además, está sujeta a deberes y obligaciones. Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables. En el caso específico del derecho de propiedad, el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido propio o esencial del derecho de propiedad, contenido mínimo que ha sido definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal en el caso de la propiedad privada, o para utilidad social en el caso de la propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de máxima importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con mayoría reforzada. Como queda dicho, en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que, sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones. En este sentido, y como más adelante se explicará, la imposición de limitaciones a la propiedad con fines urbanísticos resulta imprescindible para la convivencia en sociedad, no tratándose de una actividad expropiatoria que requiera de indemnización previa, según los términos exigidos y previstos en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución Política. V. DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU RELACIÓN CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin embargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada en la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra. Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable. Esta tesis ha sido reconocida por este Tribunal con anterioridad; así, en sentencia de amparo número 5097-93, indicó: "I.) La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía de rango constitucional recogida por el canon 45 de la Carta Política. Este derecho contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza estática, sino que conforme a las exigencias de nuestro tiempo se le ha de considerar elástico y dinámico, esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como externamente las facultades, deberes y limitaciones. El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo es tutelable el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. (...) Cabe señalar que en casi todas las legislaciones ha desaparecido el concepto de derecho de propiedad privada concebido en forma ilimitada y absoluta, y en los más importantes órdenes se impone cada vez con más fuerza, una concepción de la propiedad estrechamente ligada a las exigencias generales de la sociedad; tal y como lo señaló con anterioridad esta Sala en la citada sentencia número 2345-96: "Desarrollando el concepto de "privación de un atributo primario del dominio" que impide el goce de los bienes, podemos decir que la limitación es un método para definir el contenido del o el ejercicio del derecho de propiedad, que califica y afecta el derecho en sí mismo". (Voto de la Sala Constitucional No. 4205-96 de 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996) (Resaltado es nuestro). De esta forma, ya de vieja data esa Sala ha reiterado de manera sostenida que el derecho de propiedad, contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza estática, sino que conforme a las exigencias de nuestro tiempo se le ha de considerar elástico y dinámico, esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como externamente las facultades, deberes y limitaciones y que el poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. ii) Respecto a las "limitaciones de la propiedad por razones ambientales": En sentencia precedentes ha señalado que existe una serie de limitaciones que se ajustan al ordenamiento jurídico por así desarrollarlo la normativa infraconstitucional con base en lo que el constituyente originario y derivado dispuso en nuestra Carta Magna. Limitaciones que los titulares de ciertos inmuebles -por su naturaleza propia, ubicación y por la función que ésta cumpla- deben soportar, sin que ello constituya una expropiación de hecho o que vacíe de contenido el nucleo duro del derecho de propiedad, o que deba el Estado por dicha razón indemnizarlo. Así este Tribunal indicó y que por su relación con el tema de fondo, se cita en extenso que: "...IV.- EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. En ese sentido, debe señalarse que mediante la resolución No. 0063-2009, dictada por esta Sección, a las 16 horas del 19 de enero de 2009, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: "....Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve). Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No. 5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No. 6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado, respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados. Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar, es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras, en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos: procesales y materiales. Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso, no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio, como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13 de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal; Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas. Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que, tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente. Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reivindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia, la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC, debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte. No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia, la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto. Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables." (Ver en el mismo sentido, la resolución No. 1842-2009, dictada por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo a las 7 horas 30 minutos del 31 de agosto de 2009)..." (Ver sentencia del TPCA No. 2642-2010 de las 10 horas del 21 de julio de 2010) (Resaltado es nuestro). Por su parte la Sala Constitucional conociendo de la acción de inconstitucionalidad contra la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” No. 9223 señaló en su voto No. 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019 en lo que interesa: "...En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente..." (Resaltado es nuestro.) Así, conforme a la jurisprudencia citada; realizando una integración armónica de lo dispuesto en el artículo 45 con relación al 50 de la Constitución Política, se colige que frente al derecho de propiedad, el titular de los mismos tiene que respetar las limitaciones impuestas por razones de interés social, en virtud del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho todo ciudadano. De esta forma el constituyente logró equilibrar dos intereses que en principio podrían estar contrapuestos. Por un lado el individual y por otro el colectivo, y para ello la legislación ordinaria otorgó competencias al MINAE y específicamente del SINAC para la protección del P.N.E. en todas sus presentaciones, incluyendo la imposición de limitaciones de interés social sobre la propiedad privada, tal y como se indicó, en tutela del derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al que tiene derecho la totalidad del colectivo. Ahora bien, considerando este especial equilibrio constitucionalmente impuesto entre el derecho de propiedad (art, 45 C.P.) y un ambienta sano (art. 50 C.P.) analizaremos los reproches que hizo la parte actora con respecto al "Visado No. 83-2018" y si efectivamente este padece los vicios de nulidad acusados. V.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS: Es el criterio de esta Cámara que en el caso concreto se impone declarar sin lugar la demanda en función de las consideraciones que se dirán y para mayor compresión se abordará en su orden cada alegato señalado por la representación de la sociedad actora en su demanda. En concreto, la representación de la sociedad actora acusó en su demanda que el Ministerio del Ambiente y Energía al consignar en el "Visado No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018", que con base en la ubicación que posee el plano, el inmueble que describe se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas" según decreto ejecutivo a la Ley No. 7524 del 16 de agosto de 1995 y lo dispuesto en la Ley Forestal No. 7575 y legislación conexa; violentó: i) El principio de reserva legal: Porque el régimen jurídico de los derechos fundamentales está reservado a la Ley (arts. 19, 59 y 66 LGAP) y el MINAE al consignar en el "Visado" No. 83-2018 que la propiedad del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas" la integró como parte de es P.N., dicho de otro modo, que parte de esa propiedad pertenece al citado parque. Limitación que se impuso a la propiedad privada mediante un simple "Visado", sin estar dicho inmueble contemplado dentro de la delimitación oficial del PNMB, y sin mediar compra, expropiación o donación del terreno, con lo que se violenta el derecho de propiedad consagrado en el artículo 45 constitucional. Y al consignar que el inmueble se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas", lo que hizo fue vaciar de contenido su derecho de propiedad, pues dicha limitación no sólo implica la imposibilidad de uso, disposición, aprovechamiento, traslado de titularidad y solamente se puede dedicar a la conservación, generando en su titular una lesión antijurídica a la que no tiene el deber legal de soportar, lo que va en contra del principio de confianza legítima, ya que no se respetó lo dispuesto en el artículo 37 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554; el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas. Dicho alegato no es de recibo, porque conforme a lo indicado en la jurisprudencia patria, es claro que lo realizado en el presente caso por parte del MINAE en el "Visado No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018", posee una norma habilitante, de forma que no resulta que se haya dado con ello una "especie de expropiación de hecho", tal y como lo consideró la representación de la sociedad actora. En este sentido el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública estable que: "...1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia..." Conforme al citado artículo, el régimen de los derechos constitucionales está reservado al legislador. Es decir, soló el Legislador mediante una Ley formal emanada de la Asamblea legislativa puede regularse un derecho constitucional, sin perjuicio que el Poder Ejecutivo reglamente dicha ley y lo que se prohíbe, es que el Poder Ejecutivo sin ley de fondo, emita un Reglamento autónomo o "praeter legem" regulando este tipo de derechos. En el presente caso no sucedió que se haya violentado la garantía prevista conforme al principio de reserva legal, pues para este Tribunal, el MINAE -por medio de su funcionario- al consignar en el "Visado No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018", que con base en la ubicación que posee el plano que se corresponde registralmente con la propiedad inscrita del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000, esta se ubica en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas"; lo que hizo fue aplicar lo dispuesto en el artículo 80) del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, Decreto No. 34331 del 29 de noviembre del 2007 el cual señala: "Planos en reservas o parques nacionales: El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas [sic] en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano.” (Resaltado es nustro.) Y este artículo 80 del Reglamento -el cual dicho de paso no fue impugnado- resulta de aplicación obligatoria pues forma parte del ordenamiento jurídico, sin poder desaplicarse en ningún caso (artículo 13 de la L.G.A.P. inderogabilidad singular de la norma). Por otro lado, tampoco resulta una expropiación de hecho, en los términos en que lo acusó la representación de la sociedad actora, pues en el fondo lo que se consignó fue una advertencia de la ubicación del inmueble y de las limitaciones que por su naturaleza, ubicación y función social, -en este caso ambiental- pesa sobre el inmueble. Así, no es que con dicha advertencia administrativa se expropie el bien, o se le vacíe el contenido del derecho de propiedad a su titular, sino que como lo indicó la Sala Constitucional en su voto No. 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019; lo que hizo el MINAE fue advertir que sobre esa propiedad un porcentaje del 52.73% se ubica dentro del PNMB, por lo que sobre dicha propiedad pesan limitaciones de interés social en aras de la protección al ambiente. De manera que, no se trata de una expropiación, sino de una advertencia para que su titular explote dicho inmueble conforme a las limitaciones que sobre ella pesan por razones ambientales o como publicidad, para que si alguien la pretendiese comprar esté informado registralmente (publicidad registral) de tal situación y sólo en el caso que el Estado quisiera integrarla como parte del Parque, procedería su expropiación. De esta manera, para esta Cámara no aprecia que en este caso se haya dado una violación a la garantía que establece el principio de reserva legal. ii) Que se violentó el principio de legalidad: Porque el MINAE a través del "Visado" amplió de manera tácita los límites del PNMB sin tener para ello un instrumento normativo con fuerza suficiente que sustente dicha ampliación, generando incerteza e inseguridad jurídica en los ciudadanos frente al Estado, utilizando para esos fines un supuesto estudio técnico al cual no tuvo acceso y que con base en el, se realizó una ampliación del Parque Nacional afectando y confiscando solapadamente el inmueble de su representada. Que aunado a lo anterior, el MINAE al disponer dicha observación actuó contrario a lo dispuesto en el artículo 37 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554; el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas; que indican de similar manera que, los terrenos privados son afectos a un Parque Nacional, solamente en aquellos casos en que hayan sido expropiados o comprados y pagados, o que los titulares los sometan voluntariamente a ese especial régimen forestal. Que en su caso ninguno de esos presupuestos ha sucedido como para que el MINAE mediante un simple Visado los haya tenido como parte del PNMB, por lo que la advertencia consignada en el "Visado No. 83-2018" es absolutamente nula. En resumen, para el representante de la sociedad actora, el MINAE violó el principio de legalidad porque ubicó en un 52,73% la propiedad del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas" sin haber expropiado al titular del inmueble. El artículo 11 de la Constitución Política señala: "...Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas." (Resaltado es nuestro.) Por su parte el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública establece: "...1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa." Finalmente el artículo 13 de esta misma ley: "...1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente..." De esta normativa se colige que el funcionario como simple depositario de la Ley, sólo puede realizar o emitir aquellos actos administrativos por actividad formal, que tengan sustento en una norma, entendiendo el concepto de "norma" en sentido amplio -Constitución, Tratados, Leyes, Reglamentos, etc- según la escala jerárquica establecida en los artículos 6 y 7 de la L.G.A.P. Luego, en el presente caso, la advertencia consignada por el MINAE en el "Visado No. 83-2018 del 24 de agosto de 2018", en la que señaló que un 52.73% de la propiedad del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 se encuentra ubicada dentro del citado Parque Nacional Marino Las Baulas; lo hizo el funcionario del MINAE con base en lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, Decreto No. 34331 del 29 de noviembre del 2007, ajustando su actuar al principio de legalidad. De esta forma, el MINAE actuó conforme a dicho Reglamento, por lo que esta Cámara tampoco comparte este alegato. iii) Que existe un conflicto de competencias: Por que de tenerse por válido lo consignado por el MINAE en el "Visado" 83-2018 se genera un conflicto de competencias con la Municipalidad y por ende una violación al principio de autonomía municipal consagrada en el numeral 170 de la C.P. y porque es la Municipalidad del lugar la que en el ejercicio de su autonomía, la única con competencia funcional para establecer la zonificación en su territorio mediante la emisión del "Uso de Suelo", conforme al numeral 28 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de noviembre de 1968. De manera que, el MINAE al incluir a través del "Visado" el inmueble del Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 en un 52,73% dentro del "Parque Nacional Marino Las Baulas", invade la competencia propia de la Municipalidad que es la única instancia administrativa con competencia para certificar el "uso de Suelo". Para este Tribunal, no puede existir un conflicto de competencias tal y como lo afirmó la representación de la sociedad actora. Y es que conforme a la jurisprudencia referenciada supra, la administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado en sentido amplio, está confiada por ley al MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. Luego, hay que considerar que dentro del PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables. Todas estas zonas por su naturaleza se encuentran sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). De esta manera, ese tipo de inmueble por su naturaleza y fines, están bajo la administración del MINAE y no de las municipalidades tal y como lo entiende el representante de la sociedad actora; y ello es así por mediar normativa especial que excluye esos bienes de la Administración Municipal, por lo que no puede las Municipalidades emitir un "uso de suelo" sobre inmuebles ubicados dentro de una reserva forestal o sobre inmuebles que siendo privados -como sucede en el presente caso- posee limitaciones por razones ambientales al ubicarse dentro de los límites de un parque nacional, pues como lo indica el referido artículo 80 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional: los "Planos en reservas o parques nacionales: El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas [sic] en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano.” Nótese entonces que, la inscripción del plano ante el Catastro Nacional queda supeditada a la autorización previa del la entidad correspondiente, en este caso el MINAE conforme a la Legislación aplicable y no a la Municipalidad del lugar como lo considera la representación de la sociedad actora, por lo que no se da el alegado conflicto de competencias. Corolario de lo expuesto, se rechaza la demanda en todos sus extremos. VI.- EXCEPCIONES: Conferido el traslado de ley la representación estatal y del SINAC opusieron en su defensa la excepción de fondo de falta de derecho. En cuando a la falta de derecho, retomando lo dicho por nuestra Sala Primera, es menester remitirse a la demostración de los hechos, como parte fundamental de ello, porque de lo que en ese acápite se determina, se podrá desprender si existen o no las bases legales para lo pretendido. Establece la legislación vigente que una de las excepciones oponibles en los procesos judiciales es la Falta de Derecho (artículo 298 del Código Procesal Civil) y sobre esa excepción la doctrina nos indica: "...Hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto...". No habiéndose acreditado derecho amparable a favor de la sociedad actora, lo procedente es acoger la excepción de falta de derecho y rechazar la demanda en todos sus extremos. VII.- COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena solo es viable: a) cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 ibídem). En la especie, no aprecia esta Cámara que estemos en presencia de alguna de las excepciones previstas en la citada normativa para quebrar el postulado de costas al vencido. De ahí que lo procedente sea, condenar a la sociedad actora al pago de ambas costas del presente Proceso y sus intereses computados desde la fecha del dictado de la presente sentencia y hasta su firmeza. Quantum de las mismas que se determinará en la Fase de Ejecución de Sentencia a instancia de las partes vencedoras. POR TANTO: Se acoge la excepción de falta de derecho y por ende improcedente la demanda incoada por la sociedad RANCHO BOMMEA LTDA. contra el ESTADO y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Son ambas costas e intereses a cargo de la sociedad actora. Intereses que se computaran desde la fecha de firmeza de la presente sentencia y hasta su efectivo pago. Quantum de las mismas que se determinará en la Fase de Ejecución de Sentencia a instancia de los accionados. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón. Elías Baltodano Gómez. Felipe Córdoba Ramírez. Jueces. - Código Verificador - ??????????????? 0J6HQUKAPWA61 Documento firmado por: JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A EXP: 19-002990-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:56:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 19-002990-1027-CA - 4 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTORA: SOCIEDAD RANCHO BAMMEA LTDA DEMANDADO: EL ESTADO Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). N° 2024006328 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and forty-six minutes of the twenty-third of September of two thousand twenty-four.- Process of cognition filed by the corporation RANCHO BOMMEA LTDA., legal identification number 3-102-033566, against the STATE, represented by Attorney Mariamalia Murillo Kopper, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, hereinafter SINAC, represented by Attorney Deifilia María Dávila Ruiz and Attorney Róger Francisco Gutiérrez Vindas. Attorneys Vianney Saborío Hernández and Federico Peralta Bedoya appear as special judicial representatives of the plaintiff corporation. RESULTANDO: I.- On April 25, 2019, the plaintiffs filed a process of cognition whose claims were specified in the preliminary hearing held on March 13, 2020, as follows: 1. That the absolute nullity of the "Visado" (Visa) issued by the Director of the Área de Conservación Tempisque, of the Sistema Nacional de Área de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, No. 83-2018 of August 24, 2018, be declared, because it indicates that, in accordance with Ley 7524, an area of the plaintiff corporation's property is located within the Parque Nacional Marino Las Baulas, for being contrary to the Legal System and therefore it ceases to produce legal effects. 2. That the Área de Conservación Tempisque and any other instance of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and/or the Ministerio de Ambiente y Energía be warned to refrain from adopting and executing abusive and illegal restrictions on the plaintiff corporation's property right, by including it within a state-owned protected wilderness area (área silvestre protegida), without it having been paid for and legally expropriated, and without there being a voluntary submission to the forest regime. 3. That it be warned that ordering the execution of an absolutely null act produces civil liability of the Administration, administrative liability, and potentially criminal liability for the official, if the execution were to take place. (See images 2 through 9 of the digital judicial file and the recording of the preliminary hearing). II.- Once the transfer of the complaint was granted, the representation of the State and of SINAC filed a negative answer to the complaint and, in their defense, raised the defense of act not subject to challenge and lack of right. (See images 33 through 38 and 94 through 102 of the digital judicial file). III.- The preliminary hearing was held on March 13, 2020, with the attendance of the parties. The claims were defined in the terms of the first resultando of this ruling. The preliminary defense of act not subject to challenge was rejected, the disputed and undisputed facts of relevance for the resolution of the case were determined, and, there being no testimonial evidence to be taken, the matter was declared purely of law, and the parties presented their conclusions. (Minutes of the hearing and digital recording of the preliminary hearing). IV.- This matter was referred to the Fourth Section on August 1, 2023, for the issuance of the corresponding ruling, as recorded in the Tribunal's computer system, on the occasion of the redesign being implemented by the Office. V.- This judgment is issued, after deliberation by the members of this Chamber, within the period permitted by the workload of this Tribunal, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings. No nullities that must be declared, or defects that must be corrected, have been observed in the proceedings. Judge Salas Leitón writes for the majority, with the affirmative vote of Judge Córdoba Ramírez and Judge Baltodano Gómez. CONSIDERANDO: I.- PURPOSE OF THE PROCEEDINGS AND ALLEGATIONS OF THE PARTIES: In essence, the purpose of this proceeding is for the judgment to declare the absolute nullity of the Visa (Visado) No. 83-20018 issued by the Directorate of the Área de Conservación Tempisque, of the Sistema Nacional de Área de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, by indicating that, in accordance with Ley 7524, an area of the plaintiff corporation's property is located within the Parque Nacional Marino Las Baulas, because what was thus ordered is contrary to the Legal System and, therefore, what was thus ordered should cease to produce legal effects, and consequently, they should refrain in the future from adopting and executing abusive and illegal restrictions on their property right, by including it within a state-owned protected wilderness area (área silvestre protegida), without it having been legally expropriated and paid for, and without there being a voluntary submission to the forest regime. In summary, and without prejudice to the literalness of their arguments, which have been studied in their entirety by this Tribunal, each of the parties alleges what is detailed below in this section. PLAINTIFF: A) FACTS: That since July 14, 1992, the plaintiff corporation registered in the RNP the property located in district 4 (Tempate) of Canton 3 (Santa Cruz) of the province of Guanacaste, real folio registration number 67856-000, with cadastral map number G-0665142-1987, and the "Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste" was created by Law No. 7524 published in La Gaceta number 154 of August 16, 1995. That on April 9, 2018, the surveyor Jorge Eduardo Álvarez Pineda filed a request before the National Registry seeking to adjust the registered map No. G-0665142-1987 to the actual area, and for this purpose he provided a new map that was assigned the filing code No. 2018-27702-C. That within the indicated procedure, the Cadastral Area of the National Registry requested on April 18, 2019, that the visa (visado) from the corresponding entity be provided. That the Ministerio de Ambiente y Energía indicated in Visa (Visado) No. 83-20018, that the property with real folio registration number 67856-000 is located 52.73% within the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. That the corporation RANCHO BOMMEA LTDA. never voluntarily submitted its property to the Forest Regime, nor has it donated its property, much less has it been indemnified or expropriated; therefore, in its capacity as the legitimate owner, it should be able to enjoy the full exercise of the attributes of ownership at 100%, and instead, its property No. 67856-000 is being affected by more than 50%. LEGAL CONSIDERATIONS: That Visa (Visado) No. 83-20018 suffers from the following defects: i) Violation of the principle of legal reservation: Because, without property No. 67856-000 being included within the official delimitation of this Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida), it subjected 52.73% of it to the Parque Nacional Marino Las Baulas—as if it were an integral part of it—by means of a simple visa (visado), attempting to expand its boundaries without recognizing the corporation's constitutional right to be expropriated, or to have it purchased, or to have donated it, thus violating the legal regime of fundamental rights, which is reserved to the Law by express provision of article 19 of the LGAP, in accordance with articles 59 and 66 of the same law. ii) Violation of the principle of legality: That expanding the boundaries of a park in a "magical and tacit" manner through a visa (visado)—based on an alleged technical study that was never accessed or known about—without having a normative instrument with sufficient force to support said expansion, is a violation of the principle of legality (arts. 11 of the C.P. and 11 and 13.1 of the LGAP) and constitutes a camouflaged confiscation or de facto expropriation, because its content is contrary to the provisions of article 37, third paragraph, of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 and article 2, second paragraph, of the Law Creating the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste No. 7524. Normative provisions indicating that privately owned farms or lands included or affected by the delimitations will be included within the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas)—in this specific case, within the national park—only from the moment their payment or expropriation has been legally carried out, unless they voluntarily submit to the forest regime. That their client has not voluntarily submitted its property to that special forest regime in any percentage of it, nor has it donated or sold it, nor has its property been expropriated by the State, such that by means of the "Visa (Visado)" they cannot impose restrictions on its use, enjoyment, and disposal. In support of the foregoing, it cited the rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its decisions Nos. 3410-92 and 440-98. iii) Existence of a conflict of competences: That, pursuant to article 170 and following of the C.P., municipalities hold autonomy vis-à-vis other entities and organs of the State, and their competences are delimited based on their territory. That, pursuant to article 28 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) No. 4240 of November 15, 1968, the Municipality of the location is the competent body to issue land-use certificates within its territorial jurisdiction, such that the land use issued by MINAE, in which a completely prohibitive and confiscatory criterion was expressed, cannot be considered valid in an area where it has no competence, since considering it valid would necessarily imply an intrusion into municipal competence and an attempt to expand that Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) through an accommodating interpretation, invading the sphere of competence of the Local Government. iv) The specific case: That 52.73% of its property No. 67856-000 cannot be considered part of the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida): Parque Nacional Marino Las Baulas, as it has neither been acquired through purchase nor expropriated by the State; therefore, Visa (Visado) No. 83-20018 must indicate that the property is located outside the protected wilderness area (área silvestre protegida) administered by MINAE, as indicated in numeral 6.3.3.5 of the administrative resolution RSINAC-037-2009 "Manual de Procedimientos para la Resolución de visados y Certificaciones de Planos" (Procedures Manual for the Resolution of Visas (Visados) and Map Certifications). That by indicating in an unfounded and illegal manner that the property is located within a National Park, it empties its property right of content, which implies the impossibility of use, disposal, or exploitation, given that the only permitted use is conservation, and also implies a transfer of ownership, generating an unlawful injury that it has no legal duty to bear. That the official responsible for the procedure did not respect the regulated procedure for these types of cases, compliance with which is mandatory, such that the challenged action goes against the principle of legal certainty and legitimate expectations that citizens may have in the observance and respect of situations derived from the application of valid and current norms, since the provisions of article 37, third paragraph, of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and article 2, second paragraph, of the Law Creating the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste were not respected, thereby violating the principle of legality and generating a clear affront to the right to private property and, therefore, to the Democratic, Social, and Environmental Rule of Law, clearly delimited within the constitutional text and context, in addition to a rich repertoire of constitutional jurisprudence and numerous instruments of International Law. The state representation indicated: That article 80 of the Regulation to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley del Catastro Nacional), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34331 of November 29, 2007, establishes an express prohibition against registering maps located in National Parks without the proper authorization of SINAC, as the entity responsible for administering those areas, formerly under the administration of the Servicio de Parques Nacionales (articles 1 of the Law of the Servicio de Parques Nacionales, No. 6084 of August 24, 1977; 3 of the Law of the Parque Nacional Marino Las Baulas, No. 7524 of July 10, 1995; 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), No. 7788 of April 30, 1998; 32 and 33 of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of October 4, 1995). That the cited article 80 states: "Maps in reserves or national parks: The National Cadastre (Catastro Nacional) will not register maps of properties that are located in any type of reserve or national parks, except when there is prior authorization from the corresponding entity. In these cases, it will be clearly noted that the map is located in a reserve or national park. This authorization must appear on the map.” (Highlighting not from the original). That this norm confers competence upon MINAE, the exercise of which materialized in Visa (Visado) No. 83-2018, and defines the reason and content of that act: “it will be clearly noted that the map is located in a reserve or national park.” That therefore, the challenged act is a valid act, issued in the exercise of a competence conferred by the legal system, which is not subject to discussion in this proceeding. That the plaintiff did not challenge the norm that supported Visa (Visado) act No. 83-2018. Furthermore, there are other normative antecedents such as article 47 of the Regulation to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley del Catastro Nacional), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 13607-J of April 24, 1982, which states: "The Cadastre (Catastro) will not register maps of private properties that are located in reserves or national parks, such as: forest reserves, indigenous reserves, biological reserves, protective forests (bosque protectores), etc.; except when there is authorization from the respective entity. In these cases, it will be clearly noted that the farm is located in a reserve or national park..." (Numeral 8 of the Regulations for the Registration of Maps in the Dirección General de Catastro Nacional, No. 9682-J of March 1, 1979). That the challenged act is a "visa (visado)" or "visto bueno (approval)" that, after its examination or review, is stamped by the competent administrative authorities on a document, generally with an official seal, to certify its conformity or compliance with the legal system, serving as a means of control or verification of requirements and legal provisions; whether to approve or authorize use for certain purposes, to continue proceedings before other public agencies, to authenticate its validity, etc.” (Opinion C-066-2002 of March 4, 2002 and Pronouncement O.J.-089-2002 of June 11, 2002 of the Procuraduría General de la República). Thus, the visa (visado) being challenged simply constitutes an approval (visto bueno) for the map registration procedure to continue before the Catastro Nacional, and it is not an act of encumbrance or limitation, as the plaintiff seeks to portray it: “If the property is located in a protected wilderness area (área silvestre protegida) of state-owned natural heritage (patrimonio natural del Estado), the authorization becomes a favorable administrative act for the owner of the map, enabling them to manage the registration in the Cadastre (Catastro), after verifying its lawfulness and the absence of impediments. The act authorizing the deployment of cadastral activity is one of control and removal of obstacles. Although instrumental acts from some internal body or reports may contribute to the authorization, these only achieve unity of expression in it, which must emanate from a competent body and be consistent with reality and applicable law. In short, that authorization and annotation or certification constitute administrative acts—the first a declaration of intent and the second one of knowledge—which are externalized by stamping a seal—or visa (visado)—with the standard wording on the front or back of the map intended to be registered and evidence its conformity or compliance with the legal system.” (Pronouncement of the Procuraduría General de la República No. O.J.-089-2002 of June 11, 2002). According to the foregoing, the challenged administrative act has no defects of nullity and is in accordance with the legal system. That administrative action is in accordance with Law. Indeed, as affirmed by the doctrine in the text cited above, that authorization (Visa (Visado) No. 83-2018) acts as a validity requirement for the registration of map No. 5-2101445-2019, such that, were the first and second claims of the complaint to be granted, it would lead to the absurd result that the registration of that map before the Catastro Nacional would become invalid, to the direct detriment of the plaintiff, in whose favor the registration of that map has been managed. That Visa (Visado) 83-2018 is not contrary to articles 37 of Law No. 7554 and 2 of Law No. 7524, precepts that remain applicable, without the visa (visado) of map 5-2101445-2019 being a limitation. That in addition to the foregoing, the nullity of an administrative act does not exist by itself, as it must cause harmful effects to the individual for its nullity to proceed; in this case, as is evident, the visa (visado) does NOT affect the legitimate interests or subjective rights of the plaintiff, as it lacks external effects, therefore, it is clear that the nullity sought does not proceed and must be so declared in the judgment. The representation of SINAC indicated: That the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 20518-MIRENEM, of June 5, 1991, published in La Gaceta No. 129 of July 9, 1991, and was ratified by Law No. 7524, of July 10, 1995, published in La Gaceta No. 154 of August 16, 1995, the main objective of its creation being to protect the nesting areas of the leatherback turtle (Dermochelys coriacea), the mangroves, and the marine-coastal ecosystems of Tamarindo Bay, and it is true that the Área de Conservación Tempisque of the Sistema Nacional de Área de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, through the administrative act, issued resolution No. 83-2018 for the visa (visado) of the map that is partially located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, and considering the document registered in volume 395, entry 5010, it is denied that on July 14, 1992, the property was registered in the Partido de Guanacaste under registration number 67856-000 in the name of RANCHO BAMMEA LTDA. LEGAL GROUNDS: That the Procuraduría, in its Opinion C-346-2015, of December 11, 2015, stated: "...In the event that a protected wilderness area (área silvestre protegida)...includes farms legitimately registered in favor of private legal entities, their incorporation into PNE (patrimonio natural del Estado, state-owned natural heritage) depends on the application of the provisions of article 37 of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica de Ambiente, LOA) number 7554 of October 4, 1995...However, and as the cited article provides, such properties, although they cannot be considered part of the PNE (patrimonio natural del Estado, state-owned natural heritage) until they are expropriated or purchased, may be subjected to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) by the Ministerio del Ambiente y Energía." That article 37 of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 establishes: "Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), regardless of their management category, the Executive Branch, through the Ministerio del Ambiente y Energía, is empowered to include, within their boundaries, the farms or parts of private farms necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan (plan de manejo) or to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law. In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, after prior indemnification. In the cases of forest reserves, protective zones (zonas protectoras), mixed wildlife refuges (refugios de vida silvestre mixtos), and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the request of the owner, they voluntarily submit to the forest regime. Said subjection shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance (afectación) on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan (plan de manejo). Private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges (refugios de vida silvestre), forest reserves, and protective zones (zonas protectoras), shall be included within the state-owned protected areas (áreas protegidas estatales) only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones (zonas protectoras), and wildlife refuges (refugios de vida silvestre), and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subjected to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and subsequently, to the management, recovery, and restoration plan (plan de manejo, recuperación y reposición) for the resources..." That in this way, the plaintiff corporation's farm, even if located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, remains private property until it is expropriated; however, it is limited under the terms provided in article 37 of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), with the competence of the Sistema Nacional de Área de Conservación to grant an authorization or approval (visto bueno) for activities to be developed on those private lands being implicit, to verify that they conform to the environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) or the management plan (plan de manejo) of the protected wilderness area (área silvestre protegida). That article 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788 of April 30, 1998, indicates: "...Protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) are delimited geographical zones, constituted by lands, wetlands, and portions of the sea. They have been declared as such for representing special significance due to their ecosystems, the existence of threatened species, their impact on reproduction and other needs, and for their historical and cultural significance. These areas shall be dedicated to conservation and to protect biodiversity, soil, water resources (recurso hídrico), cultural resources, and ecosystem services in general..." That in this vein, national jurisprudence has concluded: "...Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas) declared by the Executive Branch are assets subject to the regime of the State-owned Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), for having high value for ecosystems, threatened species, or from a scientific point of view; they are delimited by the Executive Branch; from their declaration, the aim is to endow these geographical zones with a conservationist and protectionist vocation necessary to fulfill their function..." (Decision No. 21258-2010 of 14:00 hours of December 22, 2010). In that same sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): "...ON THE RIGHT TO PRIVATE PROPERTY AND ITS LIMITATIONS: Article 45 of the Political Constitution enshrines the right to property, and does so as follows: 'Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except for legally proven public interest, after prior indemnification in accordance with the law. In case of war or internal commotion, it is not essential that the indemnification be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the end of the state of emergency. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by vote of two-thirds of its total membership, impose limitations of social interest on property.' The criterion upheld by the Chamber is that the limitations imposed on property find their natural boundary in the degree of affectation of that right, such that when the restriction becomes a true expropriation, the obligation to indemnify arises for the Administration, because the essential content of the right is emptied. That is to say, limitations imposed on property that allow the owner to exploit the asset 'normally' are legitimate, except, of course, for the part or function affected by the limitation imposed by the State, thereby respecting the natural use of the asset, by maintaining its value as a means of production or economic value in the market (In this sense, among others, see judgments number 1991-0796, of fifteen hours ten minutes of April twenty-sixth, nineteen ninety-one; number 1995-5893, of nine hours forty-eight minutes of October twenty-seventh, nineteen ninety-five; and number 1996-2345, of nine hours twenty-four minutes of May seventeenth, nineteen ninety-six..." (Decision No. 2019-005093 of 11:50 hours of March 20, 2019). That in judgment No. 2003-03656 of 14:53 hours of May 7, 2003, it was stated: "...Thus, the Corte Plena stated in relation to the limitations to be imposed on property when they exceed the indicated limit, in an extraordinary session on June sixteenth, nineteen eighty-three: '(...) that is to say, "limitations" as article 45 calls them, but not dispossession of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because impeding the enjoyment of assets is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior indemnification ordered by the Political Constitution.' This Tribunal ruled in the same sense in the cited judgments number 5097-93 and 2345-96; under the following considerations: IV.) For the Chamber, the reasonable limits that the State may impose on private property, in accordance with its nature, are constitutionally possible as long as they do not empty its content. When that happens it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself…" (judgment number 5097-93, cited above); That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for himself the possibility of exploiting the good normally, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social welfare demands sacrifices from one or a few only, compensation must be paid, just as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that it causes him to lose the good in its entirety. Thus, the limitation on property withstands constitutional scrutiny when the affectation of the essential attributes of property—those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality—does not cause the nature of the good to disappear or make use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of enjoying the good…" (judgment number 2345-96, cited above). (Underlining is from the original) For its part, the Regulations to the National Cadastre Law, Executive Decree No. 34331-J, states in its article 80: "…Plans in reserves or national parks. The National Cadastre shall not register plans of properties that are located in any type of reserve or national parks, except when prior authorization from the corresponding entity exists. In these cases, it shall be clearly noted that the plan is located in a reserve or national park. This authorization must appear on the plan…" The Manual of Procedures for the Resolution of Endorsements (Visados) and Certifications of Plans approved through resolution No. R-SINAC-037-2009, published in La Gaceta No. 134 on July 13, 2009, established the procedures that the Conservation Areas of SINAC must follow in granting such permits. Resolution No. R-SINAC-037-2009 defines the Endorsement (Visado) as the "…Authorization issued by the Institution for the registration of a plan and thus comply with the regulations of the National Cadastre Law according to article 80, Executive Decree No. 34331-J, published in La Gaceta on February 27, 2008, expressed with official seals that are printed on the plan itself…" That in that sense, the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas issued resolution No. 83-2018 for the endorsement (visado) of the plan in which it indicated that the property registered in the Partido de Guanacaste No. 67856-000 in the name of RANCHO BAMMEA LTD is located partially within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park. That in opinion C-133-2004 of May 4, 2004, the Attorney General's Office (Procuraduría) referenced the consultation on endorsements (visados) in compliance with the cited regulations, so it is important to highlight that: "…in this case, the prohibition on registering in the National Cadastre topographic surveys of lands located in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) derives from the inalienability inherent to the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) established in our legislation as a public domain good (formerly the forest heritage of the State, articles 32 and 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, as amended by Laws numbers 7032 of May 2, 1986, and 7174 of June 28, 1990, and numerals 13, 14, and 15 of the Forest Law No. 7575 of February 5, 1996) whose legal consequences have been the subject of analysis by the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): "The public domain is composed of goods that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. These are the so-called demesne goods (bienes dominicales), public goods (bienes públicos), which do not belong individually to private parties and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, they are affected by their own nature and vocation. Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express rule. Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged or subject to liens in the terms of Civil Law, and administrative action replaces the interdicts to recover possession. As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use may be acquired, albeit not a property right…" (Constitutional Chamber Decision No. 2306-91). When a good is integrated into the public domain regime, it acquires a series of essential characteristics such as inalienability, imprescriptibility, and unseizability. Because of these conditions, these goods are not expropriable, since that would entail alienation, and they are inalienable. Likewise, adverse possession (usucapión) is also not a means to acquire them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subject to possession by private parties, and therefore, are imprescriptible as long as they retain that character or the public utility purpose to which they are affected. (…) The creation of protected areas under the categories of Forest Reserve, Private or Mixed Wildlife Refuge, National Parks, Biological Reserves, and Protective Zones entails the imposition of a Public Property Regime under the category of Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado) that changes ipso facto the legal nature of the lands included within the area, that is, from a private regime, manifested in various forms or states of tenure, to a public regime of State property…" (Decision No. 2988-99 of 11 hours 57 minutes of April 23, 1999). That from what has been stated, it is concluded that the endorsement (visado) does not constitute a final act with effects against the plaintiff; said endorsement is a procedure that allows continuing with the registration of the plan before the National Cadastre, which did not affect the subjective interests of the claimant, that is, the endorsement is rather a preparatory act to the final act issued by the Cadastre when the registration of the cadastral plan 5-2101445-2019 (final act) is carried out. That the act challenged by the Plaintiff is a mere preventive and valid administrative act issued in the exercise of the powers granted by the legal system to SINAC, and therefore, based on all the foregoing, the filed lawsuit must be dismissed. II.- PROVEN FACTS: Of importance for the outcome of this matter are the following: 1) That the company named Rancho Bammea Limitada, legal identification number 3-101-033566, is the registered owner of the property with real folio registration number 67856-000, with cadastral plan number G-0665142-1987, located in district 4 (Tempate) of Canton 3 (Santa Cruz) of the province of Guanacaste, which was registered on July 14, 1992, with an area of 75,306.57 Mts2. (See images 16 and 19 of the digital judicial file). 2) That the Topographical Engineer Jorge Eduardo Álvarez Pineda IT-21954 submitted to the National Cadastre on April 9, 2018, a Plan for the purpose of rectifying the area of Plan No. G-0665142-1987 associated with Property No. 5-67856-000. This process was handled under No. 2018-27702-C. (See image 25 of the digital judicial file). 3) That Mr. Jorge Eduardo Álvarez Pineda, Topographical Engineer IT-21954, requested on June 18, 2018, from the National System of Conservation Areas, Tempisque Conservation Area, "…the endorsement (visado) for the property with property number 5-67856-000 in the name of RANCHO BAMMEA LIMITADA and represented by cadastral plan G-0665142-1987, since a procedure is being submitted to the national cadastre for area rectification in reduction of the submission with number 2018-27702-C and the endorsement is being requested from MINAE, as it apparently overlaps with part of the Las Baulas National Marine Park, located in district 08 Cabo Velas of the Canton of Santa Cruz." (See image 44 of the digital judicial file). 4) That the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, through the Directorate of Protected Wilderness Areas, processed the request of Topographical Engineer Jorge Eduardo Álvarez Pineda, under file No. 004-2018, and for those purposes carried out an on-site inspection on June 27, 2018, and determined that the property described in the plan surveyed by Top. Eng. Álvarez Pineda is located 52.73% within the Las Baulas National Park and recommended continuing with the endorsement (visado) indicating: "…NOTE: It is clarified that the authorization of this endorsement does not signify an explicit acceptance of the rights claimed on this land; it is solely for CADASTRAL purposes. The verification of adjoining landowners will be determined through a registry study or through possessory information proceedings, or by third-party claims or prior knowledge…" (See images 40 through 43 of the digital judicial file). 5) That the Ministry of Environment and Energy granted "Endorsement No. 83-2018 of August 24, 2018" and authorized for cadastral purposes the registration of the Plan surveyed by Topographical Engineer Jorge Eduardo Álvarez Pineda IT-21954, making the observation that based on the location shown on the plan, the property it describes is located 52.73% within the "Las Baulas National Marine Park" according to the executive decree to Law No. 7524 of August 16, 1995, and the provisions of Forest Law No. 7575 and related legislation. (See image 26 of the digital judicial file). III.- UNPROVEN FACTS: 1) That the property of the Partido de Guanacaste registered under real folio registration number 67856-000, with cadastral plan number G-0665142-1987, located in district 4 (Tempate) of Canton 3 (Santa Cruz) of the province of Guanacaste, is not 52.73% within the "Las Baulas National Marine Park." (There is no evidence to that effect). 2) That by reason of what is stated in "Endorsement No. 83-2018," the owner of property No. 67856-000 is denied its right to use, dispose, enjoy, transfer title, or that it can only be dedicated to conservation. (There is no evidence to that effect). 3) That the property of the Partido de Guanacaste No. 67856-000, with cadastral plan number G-0665142-1987, located in district 4 (Tempate) of Canton 3 (Santa Cruz), has been subjected by MINAE to a de facto freeze in the terms referenced by the Constitutional Chamber in its decision No. 202-019076 of August 25, 2021. (There is no evidence to that effect). IV.- ON THE LIMITS TO PROPERTY RIGHTS FOR ENVIRONMENTAL REASONS ACCORDING TO NATIONAL JURISPRUDENCE: For the representation of the plaintiff company, MINAE, by stating in "Endorsement No. 83-2018" that the property of the Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 is located 52.73% within the "Las Baulas National Marine Park," carried out a de facto expropriation by extending its limits without any purchase, expropriation, or voluntary submission of that property to that special forest regime, thereby violating the principle of legal reserve (by affecting a right reserved to law), the principle of legality (by there being no rule enabling MINAE's action), and generating a conflict of powers because it corresponds to the Municipality of the place—and not to MINAE—to establish "land uses." Having thus framed the dispute, this Chamber considers that, prior to the control or examination of legality of the administrative conduct whose nullity is claimed, it is necessary to bring up what national jurisprudence has indicated regarding: i) The scope of "limitations of Social Interest" provided for in article 45 of the Constitution (Carta Magna): On this point, it stated: “IV. EVOLUTION OF THE CONCEPT OF LIMITATION ON PRIVATE PROPERTY. Based on the foregoing, it must be concluded that there is no merely logical possibility that unlimited rights exist, since the very essence of the legal order is to articulate a system of limits among the positions of all subjects, and an unlimited subjective right could be the cause of the destruction of the legal order, that is, it could be incompatible with it. The mission of the Law is not to make exceptions to the supposed prior unlimited nature of fundamental rights, but precisely to design and define them for their articulation within the social concert. This is not an exception in the case of the regulation of property rights, an indisputable and direct creation of the legal system. Thus, the position of the absolute character of property, as an unlimited and exclusive right, only affected by reasons of expropriation to build public works—the only limitation admitted in the last century—has been replaced by a new vision of property, which, while still being regulated as a subjective right, provides that its powers are limited and, moreover, is subject to duties and obligations. Such limitations on property rights are a product of the very fact of being part of a community, the same one that guarantees that right, but subjects it to certain regulations with the purpose of achieving optimal and harmonious enjoyment of the rights of all individuals and which are characterized, as a principle thesis, by not being compensable. In the specific case of property rights, the system of intrinsic or internal limitations refers to the proper or essential content of the property right, a minimum content that has been defined as the faculty to enjoy and use the good for personal benefit in the case of private property, or for social utility in the case of public property; and the system of external limitations on property is made up of limitations of social interest, which are of legislative origin and of maximum institutional importance, requiring for their imposition legislative approval with a reinforced majority. As stated, in principle, by themselves and by definition, limitations of social interest imposed on property are not compensable, as they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear. Of course, they do imply a burden or legal duty—in the strict sense—to refrain from doing, or at most, to tolerate the State's intrusion into property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturalizing or destroying them. These limitations must be of a general nature, which implies not only their addressee, but also the factual assumption of their application, since when they become singular or concrete they could be equated to true expropriations. In this sense, and as will be explained later, the imposition of limitations on property for urban planning purposes is essential for coexistence in society, and is not an expropriatory activity that requires prior compensation, according to the terms required and provided for in the second paragraph of article 45 of the Political Constitution. V. THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY AND ITS RELATION TO LIMITATIONS ON PROPERTY RIGHTS, SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. A conception of the right to private property in absolute and practically unlimited terms became the basic support upon which the Western system was established, with the complete intangibility of property rights being enshrined as the basic center of the legal system, since it implied complete dominion over the good, in an absolute, general, independent, full, universal, unlimited, and exclusive manner. However, such a concept has evolved, reaching the point of proposing the defense of property based on social harmony, and a social sense of land ownership. The legal basis upon which the protection of property rests is thus modified, and from being an exclusive right for the individual, it becomes an obligation in favor of the harmonious coexistence of society. The idea of the "social function" of property arose, in which every individual has the obligation to fulfill certain communal obligations, in direct proportion to the place they occupy and the interests of the social group they represent. The content of this "property-function" consists of the owner having the power to use the good subject to ownership to satisfy their own needs, but with the corresponding duty to also place it at the service of social needs when such behavior is essential. With this new concept, the legislator's powers to determine the content of property rights are broadened, which is achieved through the limits and obligations of social interest that they may create, putting an end to its exclusive, sacred, and inviolable sense. This thesis has been previously recognized by this Court; thus, in amparo judgment number 5097-93, it stated: "I.) The inviolability of private property is a constitutional guarantee recognized by canon 45 of the Political Charter. This right, contrary to how it was conceived in other times, is not of a static nature, but rather in accordance with the demands of our time it must be considered elastic and dynamic, that is, it attributes to its holders, both internally and externally, faculties, duties, and limitations. The owner's power over property is determined by the function it fulfills. The object of property rights has undergone significant transformations. Currently, not only the rights of owners are protectable, but also various general or social interests that coexist with it. (…) It is worth noting that in almost all legislations the concept of private property rights conceived in an unlimited and absolute manner has disappeared, and in the most important legal systems a conception of property closely linked to the general demands of society is increasingly imposed; as this Chamber previously indicated in the cited judgment number 2345-96: "Developing the concept of 'deprivation of a primary attribute of ownership' that prevents the enjoyment of goods, we can say that limitation is a method to define the content or exercise of property rights, which qualifies and affects the right in itself." (Decision of the Constitutional Chamber No. 4205-96 of 14 hours 33 minutes of August 20, 1996) (Highlighting is ours). In this way, for a long time this Chamber has consistently reiterated that property rights, contrary to how they were conceived in other times, are not static in nature, but rather in accordance with the demands of our time they must be considered elastic and dynamic, that is, they attribute to their holders, both internally and externally, faculties, duties, and limitations, and the owner's power over property is determined by the function it fulfills. ii) Regarding the "limitations on property for environmental reasons": In previous rulings, it has indicated that there is a series of limitations that conform to the legal system as developed by infra-constitutional norms based on what the original and derived constituent power established in our Constitution (Carta Magna). Limitations that the owners of certain properties—due to their own nature, location, and the function they fulfill—must bear, without this constituting a de facto expropriation or emptying the hard core of property rights of content, or that the State must compensate them for that reason. Thus, this Court indicated, and due to its relationship with the substantive issue, it is extensively cited that: "…IV.- THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO) AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY THE LAW OF THE CONSTITUTION. In that sense, it must be noted that through resolution No. 0063-2009, handed down by this Section, at 16 hours on January 19, 2009, it was indicated, for what is relevant to the issuance of this judgment, the following: "…Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in the Law of the Constitution of said fundamental right does not have as its starting point the reform to article 50 of the Political Constitution, ordered by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four. The foregoing because, since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent Power was clear in establishing in article 89 that: “Among the cultural purposes of the Republic are: protecting natural beauties, conserving and developing the historical and artistic heritage of the Nation, and supporting private initiative for scientific and artistic progress”; which is complemented by the categorical declaration contained in article 21, to the effect that in our country, “Human life is inviolable.” The integration of the provisions in both articles implies that the need to preserve the environment—although at that time the Constituent Power used the term natural beauties—transcends a merely cultural purpose, to become a vital need for every human being, since it constitutes an essential presupposition to make other fundamental rights effective, such as: life, health, and development. (see in that sense, judgments number 1993-03705 at fifteen hours of July thirty, nineteen ninety-three; 1993-06240 at fourteen hours of November twenty-six, nineteen ninety-three; 1993-04423 at twelve hours of December seven, nineteen ninety-three; 1994-02485 at nine hours eighteen minutes of May twenty-seven, nineteen ninety-four, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In that sense, it should be remembered that the Law of the Constitution is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, and also by International Instruments on Human Rights applicable in the Republic (see articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction). In addition, the written and unwritten norms that make up the Law of the Constitution are characterized by being of direct and immediate application, so their addressees not only have the right to make them effective through administrative and jurisdictional channels, if they consider that by action or omission they have been undermined, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 1999-00644 at eleven hours twenty-four minutes of January twenty-nine, nineteen ninety-nine). If we take as a basis the provisions of articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms related to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that right and correlative duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also their effective protection was enforceable both domestically and internationally. This by virtue of the fact that the Costa Rican State had signed a series of International Conventions, Treaties, and Instruments related to this matter, before the reform of article 50 of the Political Constitution by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four, instruments among which stand out: the “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (articles 2.1, 12.1 and 12.2.c); the “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (article 11); the “Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,” signed in Paris on November 23, nineteen seventy-two, and approved by Law number 5980 of October twenty-three, nineteen seventy-six; the “Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America,” adopted in Washington on March 3, nineteen seventy-three, and approved by Law number 3763 of October nineteen, nineteen seventy-six; the “Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,” signed in Ramsar on February 2, nineteen seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen ninety-one; the “Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,” adopted in Vienna on March 22, nineteen eighty-five, and approved by Law number 7228 of April twenty-second, nineteen ninety-one, and its “Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,” signed in Montreal on September 16, nineteen eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April 2, nineteen ninety-one; the “UN Convention on the Law of the Sea,” signed in Montego Bay on December 10, nineteen eighty-two, and approved by Law number 7291 published on July 15, nineteen ninety-two, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so that “…all these international instruments are mandatory to observe and enjoy full enforceability as long as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (…) insofar as their normative rank is superior…” (Judgment number 1993-06240 handed down by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours of November twenty-six, nineteen ninety-three). Infra-constitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without a doubt, the recognition and protection of the cited fundamental right provoked its infra-constitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms that regulate various manifestations of the same, which were issued long before the reform to article 50 of the Political Constitution. As an example of this we have: the Water Law (Ley de Aguas) (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (No. 4240 of November 15, 1978); the Forest Law (Ley Forestal) (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (Ley General de Salud) (No. 5395 of October 30, 1973); the Law for the Creation of the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that, before the reform to article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in the Law of the Constitution, but also had been developed—although in a sectorial manner and not with a comprehensive vision—at the legal and regulatory level. By virtue of the foregoing, this Court considers that the reform to article 50 of the Political Constitution did nothing more than expressly and clearly individually recognize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution; expressly declare the scope of the pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant individuals full standing to defend it, through a popular action (see judgments number 1994-01394 at fifteen hours twenty-one minutes of March sixteenth, nineteen ninety-four, and 1994-05527 at ten hours forty-five minutes of September twenty-third, nineteen ninety-four, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequences of recognizing the guarantee of article 50 of the Constitution in the explained terms. Said recognition brings with it two relevant aspects for the resolution of this proceeding. First. The imposition of a duty, both on the State—understood as the Centralized and Decentralized Administration—and on the private legal subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional level." Regarding the first of these aspects, it should be noted that "The incidence of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the activity of the State, and correspondingly of the municipalities (bearing in mind Article 169 of the Constitution), finds its first reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of the same and, secondly, because the activity of the State is directed towards the satisfaction of the interests of the collectivity. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or need, to defend is to forbid, prohibit, and impede all activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and of not doing; on the one hand, it must refrain from threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment itself, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with the constitutional requirements..." (Judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, "...The action that the Political Constitution imposes on the State regarding sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions for the continued affecting of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographic area..." (Judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). This constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a, 2.c, final paragraph of 2, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Ley Orgánica del Ambiente; Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a, 13.o of the Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 of the Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 of the Ley de Aguas; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II of the Ley de Planificación Urbana. Now, this duty is not only circumscribed to the State as a whole, but also to private law subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as is clear, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99 of the Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Ley de Biodiversidad; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 to 66 of the Ley Forestal; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; as well as from Judgments number 1999-02219 of fifteen hours eighteen minutes on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours fifteen minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-nine, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional level, this Court considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that, although reference will be made to concrete examples related to each of the classification criteria indicated above, this Court's intention is not to establish a numerus clausus list, but only to highlight through said examples aspects that affect the object of this proceeding. In that sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples should be highlighted: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Ley de Biodiversidad, to denounce both through administrative and jurisdictional channels, conducts that infringe upon the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It should be highlighted that, in principle, standing in environmental matters originates from a simple normative authorization without an individual, collective, or diffuse right or interest existing in between; however, this Court considers that deep down what each person intends to protect is a right that forms part of their vital sphere and upon whose effective guarantee, defense, and preservation depends their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity (see Article 2.a of the Ley Orgánica del Ambiente, in the sense that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) An unnamed system of precautionary measures, and, if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Ley de Biodiversidad, 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and 19 to 30 of the Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) The application of guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17, and 34 of the Ley Orgánica del Ambiente, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Ley de Biodiversidad, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, Judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at eleven hours twenty-four minutes on February nineteenth, nineteen ninety-nine). In that sense, the legal operator must always take into consideration that "...when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of costs to prevent environmental degradation...". On the other hand, in the group of material protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), as a sine qua non requirement to initiate activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate waste, toxic or hazardous materials. This requirement has been in force since November 13, 1995, the date on which the Ley Orgánica del Ambiente was published. It is also regulated in Articles 92 to 97 of the Ley de Biodiversidad; Article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; Principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; Article 18 of the Ley Forestal; Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has established that "...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights obliges this Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick solutions; that, to adopt a decision in this field, there must be technical studies [showing] that the proposed solution, in each specific case, will not be the origin of a public health problem or undue alteration to the environment..." (Among others, Judgment No. 1995-02671 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 16:45 minutes on May 24, 1995). In that sense, "...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission of carrying out a prior environmental impact study translates into a violation of Article 50 of the Constitution..." (Judgment No. 1999-02219 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 15:18 hours on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine). 2) The existence of property belonging to the Nation—as the constitutional text calls them—which, forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unattachable, so that their removal from public use or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of Article 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution. Within those properties whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (Article 11 of the Ley de Biodiversidad), are found: the environment defined in Article 2.a) of the Ley Orgánica del Ambiente, as the common heritage of all the inhabitants of the Nation; the Zona Marítimo Terrestre (Articles 1 and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); the Patrimonio Natural del Estado (Articles 13 to 18 of the Ley Forestal); the Fauna and Flora Silvestre (Articles 3 and 4 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre); the Waters according to the breakdown contained in Article 1 of the Ley de Aguas. Regarding the Patrimonio Natural del Estado. In accordance with the object of the proceeding before us, this Court will focus its analysis on the Patrimonio Natural del Estado (PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that the Ley Forestal No. 4465 already cited (and which was repealed by the Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996), not only contained "...as an essential function and priority of the State, ensuring the protection, conservation, use, industrialization, administration, and promotion of the country's forestry resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources..." (Article 1), but also the concepts of Forest (Bosque) (Article 6) and Patrimonio Forestal del Estado (Article 32 first paragraph). Regarding the Patrimonio Forestal del Estado, Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies to administer and oversee the Patrimonio Forestal del Estado, which according to that regulation were the Dirección General Forestal and the Ministerio de Ambiente y Energía (Article 32 second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the Patrimonio Forestal del Estado. Among the latter, it is worth highlighting the following: 1) The replevin actions for those properties (Article 33); 2) The constitution within the Patrimonio Natural del Estado of forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), and biological reserves (Article 35 to 37); 3) The demarcation (deslinde) of the lands in the areas that make up the Patrimonio Forestal del Estado (Article 38). On the other hand, in the currently valid Ley Forestal No. 7575, that concept is taken up again but with a variation in the name, as it is now called Patrimonio Natural del Estado. This term is broader since it covers the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3 subsection c of the Ley Forestal). The Patrimonio Natural del Estado is of public domain, which is why the lands and forests comprised in it are unattachable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), as provided in Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Ley Forestal, and numeral 32 second paragraph of the Ley Orgánica del Ambiente. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category and that have been declared by Law or by Decreto Ejecutivo, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands (humedales), and natural monuments (Law No. 7575, Article 1, paragraph 2, subsection 3.i; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32; Ley de Biodiversidad, Article 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, Article 3 subsections d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE and its Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Article 82, subsection a); 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, the properties registered in its name, and those belonging to the Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except for those properties that guarantee credit operations with the National Banking System and enter to form part of its assets (Article 13 first paragraph of the Ley Forestal). It should be noted that both the Protected Wild Areas and the rest of the forested areas and lands with forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal) included in the Zona Marítimo Terrestre are excluded from the regulatory scope of Law No. 6043 and, therefore, from the competence of the Municipalities, as will be expanded upon later. These areas are subject to their own legislation (Ley Forestal), which implies that their administration falls to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (see in this sense Judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at fourteen hours fifty-three minutes on November twelfth, two thousand eight). Now, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the Patrimonio Natural del Estado, are: 1) the exercise of the replevin action for the PNE, which is imprescriptible (Article 14); 2) demarcating in the terrain the boundaries that make up the Patrimonio Natural del Estado (Article 16); 3) coordinating with the Registro Nacional the establishment of a forestry cadastre, the objective of which will be to regulate the areas comprised within the PNE and those that voluntarily submit to the forestry regime (Article 17); 4) The Public Administration cannot exchange, cede, alienate in any way, deliver, or lease rural lands owned by it or under its administration, without them having first been classified by MINAET, so that if they were covered with forest, they would automatically become incorporated into the Patrimonio Natural del Estado (Article 15). Based on all the foregoing, this Court reaches the following relevant conclusions in the specific case. First. Since the environment is constituted as the Common Heritage of all the inhabitants of the Nation, the Patrimonio Natural del Estado constitutes a species of that genus (Articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Ley Orgánica del Ambiente, 1 of the Ley de Biodiversidad, and 13 of the Ley Forestal). Second. There is an immediate legal affectation to the Patrimonio Natural del Estado of all those lands comprised within the protected wild areas, in areas declared inalienable—such as the Zona Marítimo Terrestre (Article 73 of Law 6043)—, in lands with forestry aptitude, and in properties registered in the name of the State, Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third. The Patrimonio Natural del Estado does not require an express declaration given that, in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, as well as what was resolved by the Constitutional Chamber in Judgments 1992-03789 and 1997-04587, the forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, and wetlands comprised within the inalienable areas, such as the Zona Marítimo Terrestre, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. Fourth. Consequently, the delimitation of the boundaries of the areas that make up the Patrimonio Natural del Estado, in accordance with Article 16 of the Ley Forestal, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This is not only in application of the duty imposed by Articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that the delimitation must be carried out only at the request of a party. It is not justifiable, in the opinion of this body, for the State to validly allege a lack of resources for this purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see, among others, Judgments 1995-00915 of sixteen hours six minutes on February fifteenth, nineteen ninety-five; 1996-000695 of fifteen hours forty-two minutes on February seventh, nineteen ninety-six). Fifth. Consequently, the classification carried out by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación regarding the type of ecosystem existing on the properties comprised within the Patrimonio Natural del Estado constitutes a mere categorization of those, in accordance with the classification criteria set forth in Article 13 first paragraph of the Ley Forestal and Decreto Ejecutivo number 34295-MINAE, namely: forests, lands with forestry aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty—both at the constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect the forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, wetlands, among others, comprised within the inalienable areas—as in this case, the Zona Marítimo Terrestre—which, by the mere fact of having that character, were directly and automatically affected to the Patrimonio Natural del Estado. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the Patrimonio Natural del Estado, since by law they had already been affected to it, by virtue of being inalienable zones." (See in the same sense, Resolution No. 1842-2009, issued by the Sección Sexta of the Tribunal Contencioso Administrativo at 7 hours 30 minutes on August 31, 2009)..." (See judgment of the TPCA No. 2642-2010 of 10 hours on July 21, 2010) (Highlighting is ours). For its part, the Constitutional Chamber, hearing the action of unconstitutionality against the law called "Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur" No. 9223, stated in its vote No. 2019-012745 of 12:10 hours on July 10, 2019, in what is of interest: "...Regarding property rights—if they were to be determined—what is appropriate is for the competent authorities to impose on the properties the corresponding limitations of social interest in the interest of protecting the environment..." (Highlighting is ours.) Thus, in accordance with the cited jurisprudence, by performing a harmonious integration of the provisions of Article 45 in relation to Article 50 of the Political Constitution, it is inferred that vis-à-vis the right to property, the holder of the same must respect the limitations imposed for reasons of social interest, by virtue of the right to a healthy and ecologically balanced environment to which every citizen is entitled. In this way, the constituent legislator managed to balance two interests that in principle could be opposed. On the one hand, the individual and on the other, the collective, and for this purpose, ordinary legislation granted powers to MINAE and specifically to SINAC for the protection of the P.N.E. in all its forms, including the imposition of limitations of social interest on private property, as indicated, in protection of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment to which the entire collective is entitled. Now, considering this special constitutionally imposed balance between the right to property (Art. 45 C.P.) and a healthy environment (Art. 50 C.P.), we will analyze the objections raised by the plaintiff regarding the "Visado No. 83-2018" and whether it indeed suffers from the alleged nullity defects. V.- ON THE IMPROPRIETY OF THE LAWSUIT IN ALL ITS ASPECTS: It is the criterion of this Chamber that in the specific case, the lawsuit must be declared without merit based on the considerations that will be stated, and for greater understanding, each argument pointed out by the plaintiff company's representation in its lawsuit will be addressed in order. Specifically, the plaintiff company's representation accused in its lawsuit that the Ministerio del Ambiente y Energía, by recording in "Visado No. 83-2018 of August 24, 2018", that based on the location of the map, the described property is located 52.73% within the "Parque Nacional Marino Las Baulas" according to the Decreto Ejecutivo to Law No. 7524 of August 16, 1995, and the provisions of Ley Forestal No. 7575 and related legislation; violated: i) The principle of legal reserve: Because the legal regime of fundamental rights is reserved to the Law (Arts. 19, 59, and 66 LGAP) and MINAE, by recording in "Visado" No. 83-2018 that the property of Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 is located 52.73% within the "Parque Nacional Marino Las Baulas", integrated it as part of that National Park, in other words, that part of that property belongs to the cited park. A limitation that was imposed on private property through a simple "Visado", without said property being included within the official delimitation of the PNMB, and without a purchase, expropriation (expropiación), or donation of the land being mediated, thereby violating the right to property enshrined in Article 45 of the Constitution. And by recording that the property is located 52.73% within the "Parque Nacional Marino Las Baulas", what it did was to empty the content of its right to property, since said limitation not only implies the impossibility of use, disposal, exploitation, and transfer of ownership, and it can only be dedicated to conservation, generating in its holder an unlawful injury that it has no legal duty to bear, which goes against the principle of legitimate trust, since the provisions of Article 37 third paragraph of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 and the second paragraph of Article 2 of the Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas were not respected. This argument is not receivable, because according to what is indicated in national jurisprudence, it is clear that what was done in the present case by MINAE in "Visado No. 83-2018 of August 24, 2018", has an enabling norm, so it is not the case that a "type of de facto expropriation" occurred, as the plaintiff company's representation considered. In this sense, Article 19 of the Ley General de la Administración Pública establishes that: "...1. The legal regime of constitutional rights shall be reserved to law, without prejudice to the corresponding executive regulations. 2. Autonomous regulations in this matter are prohibited..." According to the cited article, the regime of constitutional rights is reserved to the legislator. That is, only the Legislator through a formal Law emanating from the Asamblea Legislativa can regulate a constitutional right, without prejudice to the Executive Branch regulating said law, and what is prohibited is that the Executive Branch, without a substantive law, issue an autonomous Regulation or "praeter legem" regulating this type of rights. In the present case, it did not happen that the guarantee provided for under the principle of legal reserve was violated, because for this Court, MINAE—through its official—by recording in "Visado No. 83-2018 of August 24, 2018", that based on the location of the map that corresponds registrationally with the registered property of Partido de Guanacaste No. 5-67856-000, it is located 52.73% within the "Parque Nacional Marino Las Baulas"; did nothing but apply the provisions of Article 80) of the Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, Decreto No. 34331 of November 29, 2007, which indicates: "Plans in reserves or national parks: The Catastro Nacional shall not register plans for properties that are located in any type of reserve or national parks, except when there is prior authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the plan is located in a reserve or national park. This authorization must be recorded on the plan.” (Highlighting is ours.) And this Article 80 of the Reglamento—which, by the way, was not challenged—is of mandatory application since it forms part of the legal system, without being able to be disapplied in any case (Article 13 of the L.G.A.P. singular underogability of the norm). On the other hand, it is not a de facto expropriation either, in the terms in which the plaintiff company's representation accused it, because in essence what was recorded was a warning about the property's location and the limitations that, by its nature, location, and social function—in this environmental case—weigh upon the property. Thus, it is not that with said administrative warning the property is expropriated, or the content of the right to property of its holder is emptied, but rather, as indicated by the Constitutional Chamber in its vote No. 2019-012745 of 12:10 hours on July 10, 2019, what MINAE did was warn that a percentage of 52.73% of that property is located within the PNMB, so that limitations of social interest weigh upon said property in the interest of protecting the environment. So, it is not an expropriation, but a warning so that its holder exploits said property in accordance with the limitations that weigh upon it for environmental reasons, or as publicity, so that if someone intends to buy it, they are informed registrationally (registry publicity) of such situation, and only in the event that the State wanted to integrate it as part of the Park would its expropriation proceed. Thus, this Chamber does not appreciate that in this case there was a violation of the guarantee established by the principle of legal reserve. ii) That the principle of legality was violated: Because MINAE, through the "Visado", tacitly expanded the limits of the PNMB without having a normative instrument with sufficient force to support said expansion, generating uncertainty and legal insecurity in citizens vis-à-vis the State, using for those purposes a supposed technical study to which it did not have access and based on which an expansion of the National Park was carried out, covertly affecting and confiscating its represented party's property. That in addition to the foregoing, MINAE, by ordering said observation, acted contrary to the provisions of Article 37 third paragraph of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 and the second paragraph of Article 2 of the Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas, which indicate in a similar manner that private lands are affected to a National Park only in those cases in which they have been expropriated or purchased and paid for, or that the holders voluntarily submit them to that special forestry regime. That in its case, none of those conditions have occurred for MINAE, through a simple Visado, to have considered them as part of the PNMB, for which reason the warning recorded in "Visado No. 83-2018" is absolutely null. In summary, for the plaintiff company's representative, MINAE violated the principle of legality because it located 52.73% of the property of Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 within the "Parque Nacional Marino Las Baulas" without having expropriated the holder of the property. Article 11 of the Political Constitution states: "...Public officials are mere custodians of authority. They are obliged to fulfill the duties that the law imposes on them and cannot arrogate powers not granted in it. They must swear an oath to observe and comply with this Constitution and the laws." The action to demand criminal liability for their acts is public. The Public Administration in a broad sense shall be subject to a procedure of results evaluation and accountability (rendición de cuentas), with the consequent personal responsibility for officials in the fulfillment of their duties. The law shall indicate the means for this control of results and accountability to operate as a system covering all public institutions." (Highlighting is ours.) For its part, Article 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) establishes: "...1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources. 2. An act expressly regulated by written rule shall be considered authorized, at least as to motive or content, even if in an imprecise form." Finally, Article 13 of the same law: "...1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten rules of the administrative legal system, and to the private law supplementary thereto, without being able to derogate them or disapply them for specific cases. 2. The foregoing rule shall also apply in relation to regulations (reglamentos), whether they come from the same authority, or whether they come from another competent superior or inferior authority..." From this set of rules it is inferred that the official, as a mere depositary of the Law, may only carry out or issue those administrative acts by formal activity that have support in a rule (norma), understanding the concept of "rule" in a broad sense -Constitution, Treaties, Laws, Regulations (Reglamentos), etc.- according to the hierarchical scale established in Articles 6 and 7 of the LGAP. Then, in the present case, the warning noted by MINAE in "Visado No. 83-2018 of August 24, 2018," in which it indicated that 52.73% of the property of Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 is located within the aforementioned Las Baulas National Marine Park (Parque Nacional Marino Las Baulas); the MINAE official did so based on the provisions of Article 80 of the Regulation to the National Cadastre Law (Reglamento a la Ley del Catastro Nacional), Decree No. 34331 of November 29, 2007, adjusting his conduct to the principle of legality. Thus, MINAE acted in accordance with said Regulation, so this Chamber does not share this argument either. iii) That a conflict of jurisdiction (conflicto de competencias) exists: Because if what was noted by MINAE in "Visado" 83-2018 were to be deemed valid, a conflict of jurisdiction with the Municipality is generated and therefore a violation of the principle of municipal autonomy enshrined in numeral 170 of the CP, and because it is the local Municipality that, in the exercise of its autonomy, is the sole entity with functional jurisdiction to establish zoning in its territory through the issuance of the "Land Use" (Uso de Suelo), pursuant to numeral 28 and following of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) No. 4240 of November 15, 1968. Thus, MINAE, by including through the "Visado" the property of Partido de Guanacaste No. 5-67856-000 at 52.73% within the "Las Baulas National Marine Park," invades the Municipality's own jurisdiction, which is the sole administrative instance with jurisdiction to certify "Land Use." For this Tribunal, a conflict of jurisdiction cannot exist as asserted by the plaintiff company's representation. This is because, pursuant to the jurisprudence referenced above, the administration and conservation of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in a broad sense is entrusted by law to MINAE, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), as established by Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Forestry Law (Ley Forestal) and numeral 32 second paragraph of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). Then, it must be considered that the PNE is composed of two important components: 1) Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category and whether declared by Law or by Executive Decree (Decreto Ejecutivo), namely: forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), biological reserves (reservas biológicas), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), wetlands (humedales), and natural monuments (monumentos naturales) (Law No. 7575, Article 1, paragraph 2, 3 subsection i; Organic Law of the Environment, Article 32; Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Article 22 and following and 58; National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales), Article 3 subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE and its Regulation; Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Article 82, subsection a); 2) Other forests and forest lands (terrenos forestales) of the inalienable areas. All these zones by their nature are subject to their own legislation (Forestry Law), which implies that their administration falls to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), through the National System of Conservation Areas (see in this regard judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), at fourteen hours fifty-three minutes on November twelfth, two thousand eight). Thus, that type of property, by its nature and purposes, is under the administration of MINAE and not of the municipalities as the plaintiff company's representative understands it; and this is so because special regulations exist that exclude those assets from Municipal Administration, so the Municipalities cannot issue a "land use" (uso de suelo) on properties located within a forest reserve or on properties that, being private -as occurs in the present case- have limitations for environmental reasons by being located within the boundaries of a national park, since as indicated by the referenced Article 80 of the Regulation to the National Cadastre Law: "Plans in reserves or national parks: The National Cadastre shall not register plans for properties that are located in any type of reserve or national parks, except when there is prior authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the plan is located in a reserve or national park. This authorization must appear on the plan." Note then that the registration of the plan before the National Cadastre is subject to the prior authorization of the corresponding entity, in this case MINAE pursuant to the applicable Legislation and not the local Municipality as the plaintiff company's representation considers, so the alleged conflict of jurisdiction does not occur. Corollary to the foregoing, the claim is rejected in its entirety. VI.- EXCEPTIONS: Having been granted the legal transfer, the representation of the State and of SINAC raised in their defense the substantive exception of lack of right (falta de derecho). As for lack of right, returning to what was said by our First Chamber (Sala Primera), it is necessary to refer to the demonstration of the facts, as a fundamental part thereof, because from what is determined in that section, it may be inferred whether or not the legal bases for what is sought exist. Current legislation establishes that one of the exceptions that can be raised in judicial proceedings is Lack of Right (Article 298 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)) and regarding that exception the doctrine tells us: "...To speak of lack of right is like speaking of lack of legal rule, so the correct thing would be to speak then of lack of material presuppositions or lack of elements in the material claim -not procedural, since we all possess that one- despite the terminological imprecision, lack of right seems then to refer to those denominated by Italian doctrine as conditions of the 'action' or requirements of the claim and which are known to comprise the constitutive requirements, to make it understood that without them the right of action is not properly exercised and that they must, consequently, be considered as the necessary and sufficient ends to determine, in concrete, the birth of the right to the claim. Such requirements of the claim, which must concur for it to be considered estimatory, which seeks the favorable resolution, are, according to doctrine, three: (a) a certain specific legal fact, that is, a certain relationship between a fact and a rule; (b) standing (legitimación), (c) procedural interest. Then, the lack of right would be represented by the nonexistence of the material presuppositions for each concrete case...". Not having accredited a protectable right in favor of the plaintiff company, the appropriate course is to uphold the exception of lack of right and reject the claim in its entirety. VII.- COSTS (COSTAS): In accordance with numeral 193 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs are imposed upon the losing party by the mere fact of being so, a pronouncement that must be made even ex officio, pursuant to the provisions of that same rule, in concordance with numeral 119.2 ibidem. The waiver of this condemnation is only viable: a) when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate; b) when the judgment is handed down by virtue of evidence unknown to the opposing party; or c) when plus petitio is incurred, that is, when the difference between what was claimed and what was ultimately obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the claim are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion (ordinal 194 ibidem). In the case at hand, this Chamber does not find that we are in the presence of any of the exceptions provided for in the cited regulations to break the postulate of costs against the losing party. Hence, the appropriate course is to condemn the plaintiff company to the payment of both costs of this Proceeding and their interest computed from the date of issuance of this judgment and until its finality (firmeza). The quantum thereof shall be determined in the Judgment Execution Phase (Fase de Ejecución de Sentencia) at the instance of the prevailing parties. THEREFORE (POR TANTO): The exception of lack of right is upheld and therefore the claim filed by the company RANCHO BOMMEA LTDA. against the STATE (ESTADO) and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS is dismissed. Both costs and interest are borne by the plaintiff company. Interest that shall be computed from the date of finality of this judgment and until its effective payment. The quantum thereof shall be determined in the Judgment Execution Phase at the instance of the defendants. NOTIFY (NOTIFÍQUESE). José Iván Salas Leitón. Elías Baltodano Gómez. Felipe Córdoba Ramírez. Judges. - Verification Code - ??????????????? 0J6HQUKAPWA61 Document signed by: JOSE IVAN SALAS LEITON, DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) ELIAS BALTODANO GOMEZ, DECISION-MAKING JUDGE FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, DECISION-MAKING JUDGE EXP: 19-002990-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] Classification prepared by CENTER FOR JURISPRUDENTIAL INFORMATION (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:56:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República