Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“VII. [...] Se confirma, refuerza y lo reitera este Tribunal, que una vez que se le indicó previo a comprar el inmueble al aquí actor, que este podría ser usado como casa de habitación y taller mecánico, luego se le dijo que no, a partir de información sobre este bien que se encontró a su disposición y deber jurídico de observar desde mucho antes, desde el año 2013. En conclusión, para esta Cámara de juzgadores, ha quedado absolutamente claro como hecho demostrado, que fue con causa en que el aquí actor compró el inmueble de interés, sobre la base de que podría hacer uso del mismo para construir una casa de habitación y/o, un taller mecánico, al serle primero autorizada dicha actividad y luego de adquirido el dominio sobre el bien inmueble de interés, denegada la misma por la Municipalidad aquí accionada, que sufrió un daño de corte moral subjetivo constituido por sentimientos, en lo medular, de frustración como derivación del plan que se planteó para adquirir el inmueble, y al menos, enojo y tristeza. (Las reglas de la experiencia humana).-”
English (translation)“VII. [...] This Tribunal confirms, reinforces and reiterates that, having been told before purchasing the property that it could be used as a family dwelling and mechanical workshop, and then being told that it could not, based on information about this property that was available to the municipality and which it had a legal duty to observe since much earlier, since 2013. In conclusion, for this Panel of judges, it has been made absolutely clear as a proven fact that it was because the plaintiff bought the property in question — on the basis that it could be used to build a dwelling and/or a mechanical workshop, first being authorized for such activity and then, after acquiring ownership, being denied by the municipality — that he suffered subjective moral damage consisting of feelings, essentially, of frustration derived from the plan he made to acquire the property, and at least, anger and sadness. (The rules of human experience).-”
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Resolución Nº 06355 - 2024 Fecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2024 a las 22:05 Expediente: 19-006331-1027-CA Redactado por: Felipe Córdoba Ramírez Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Prueba para mejor resolver en materia contencioso administrativa Subtemas: Facultad discrecional del juzgador e imposibilidad de suplir omisiones de las partes. "I. [...] No puede en consecuencia el Juez en su búsqueda de la verdad real, so pena de vulnerar otros principios igual rango o jerarquía procesal que deben de encontrarse en equilibrio, ordenar prueba para mejor proveer cuando de ello se derive inevitablemente una sustitución de los mecanismos ordinarios de defensa con que cuentan quienes se encuentran vinculados en la relación jurídico procesal y mandados a probar por virtud de su situación dentro de tal relación procesal. Lo contrario salvo en contadísimas y excepcionales circunstancias que habrían de encontrarse debidamente acreditadas y razonadas, así como amparadas en intereses superiores particularmente en asuntos en los que medien intereses públicos calificados o reforzados por su importancia, conllevaría fácilmente a cuestionamientos sobre el ajuste de la actuación del juez con el deber de observar objetividad e imparcialidad en mantenimiento del equilibrio procesal entre las partes, pero también importaría un patrocinio inadmisible en favor de quien no habiendo usado en forma debida y/o en tiempo su derecho y deber de probar por negligencia, descuido o una intención de obtener una ventaja procesal indebida en uso abusivo y/o antisocial de su derecho, pretende por esa vía subsanar una omisión procesal que es exclusivamente resorte suyo evitar cuando debió serlo, en este sentido. [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Responsabilidad civil de la Administración Subtemas: Responsabilidad patrimonial derivada de una conducta lícita de la municipalidad demandada. Compra de propiedad para construir una casa de habitación y taller mecánico en caso donde se autoriza y luego se deniega el permiso de uso de suelo. Análisis sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual de la administración pública. Naturaleza y alcances del certificado de uso de suelo. Tema: Responsabilidad civil extracontractual Subtemas: Responsabilidad patrimonial derivada de una conducta lícita de la municipalidad demandada. Compra de propiedad para construir una casa de habitación y taller mecánico en caso donde se autoriza y luego se deniega el permiso de uso de suelo. Análisis sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual de la administración pública. Naturaleza y alcances del certificado de uso de suelo. Tema: Certificación de uso de suelo Subtemas: Responsabilidad patrimonial derivada de una conducta lícita de la municipalidad demandada. Compra de propiedad para construir una casa de habitación y taller mecánico en caso donde se autoriza y luego se deniega el permiso de uso de suelo. Naturaleza y alcances del certificado de uso de suelo. Tema: Uso del suelo Subtemas: Responsabilidad patrimonial derivada de una conducta lícita de la municipalidad demandada. Compra de propiedad para construir una casa de habitación y taller mecánico en caso donde se autoriza y luego se deniega el permiso de uso de suelo. Naturaleza y alcances del certificado de uso de suelo. "VII. [...] Se confirma, refuerza y lo reitera este Tribunal, que una vez que se le indicó previo a comprar el inmueble al aquí actor, que este podría ser usado como casa de habitación y taller mecánico, luego se le dijo que no, a partir de información sobre este bien que se encontró a su disposición y deber jurídico de observar desde mucho antes, desde el año 2013. En conclusión, para esta Cámara de juzgadores, ha quedado absolutamente claro como hecho demostrado, que fue con causa en que el aquí actor compró el inmueble de interés, sobre la base de que podría hacer uso del mismo para construir una casa de habitación y/o, un taller mecánico, al serle primero autorizada dicha actividad y luego de adquirido el dominio sobre el bien inmueble de interés, denegada la misma por la Municipalidad aquí accionada, que sufrió un daño de corte moral subjetivo constituido por sentimientos, en lo medular, de frustración como derivación del plan que se planteó para adquirir el inmueble, y al menos, enojo y tristeza. (Las reglas de la experiencia humana).- [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ???????????????? EXPEDIENTE: 19-006331-1027-CA - 2 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: LEANDRO ARTURO BADILLA MUÑOZ DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS N° 2024006355 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN PRIMERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ventidos horas con cinco minutos del ventitres de Setiembre del dos mil venticuatro.- Proceso de conocimiento incoado por el señor LEANDRO ARTURO BADILLA MUÑOZ, cédula de identidad N° 6-0412-0553, contra la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, representada por su señora Alcaldesa, señora Noelia Solórzano Cedeño, cédula de identidad N° 1-0859-0547. Intervienen en condición de apoderados especiales judiciales, por la parte actora la señora Adriana Alfaro Rojas, cédula de identidad N° 2-0647-0898; y por la Municipalidad demandada, la señora Yorleny Villagas Ovares, cédula de identidad N° 6-0275-0254.- RESULTANDO: 1.- Que conforme el escrito de demanda y lo determinado por la Autoridad Judicial correspondiente durante la celebración de la audiencia preliminar celebrada dentro de la presente causa, la parte aquí accionante demandó para que en sentencia se declare lo siguiente: "1. Declarar con lugar la presente demanda de responsabilidad administrativa en contra de la Municipalidad de Puntarenas, por conductas lícitas e ilícitas en el otorgamiento y denegación de permisos de uso de suelo al suscrito, derivadas respectivamente de las resoluciones municipales: PCU-RES-698-10-2016 de fecha 11 de octubre del 2016 como conducta ilícita; oficio MP-PCU-RES-820-10-2017 de fecha 31 de octubre de 2017 que deniega el permiso de suelo; MP-DPUC-UF-017-02-2018 de la Unidad de Planificación Urbana de la Municipalidad que resuelve el recurso de revocatoria; resolución de fecha 25 de noviembre del 2019 emitida por la Alcaldía Municipal que resuelve el recurso de apelación, estas últimas tres resoluciones por conducta lícita. 2. Condenar a la Municipalidad de Puntarenas al pago de ¢10.000.000,°° colones por daño moral subjetivo. 3. Se condene a la Municipalidad de Puntarenas al pago de 14.000.000,00 de colones por concepto de daño patrimonial, equivalente al valor del terreno adquirido. 4. Se condene a la Municipalidad de Puntarenas del pago de ¢10.000.000,°° colones por la pérdida del chance, derivada de la imposibilidad de abrir el taller mecánico. 5. Que se conceda la indexación sobre los montos otorgados, así como los intereses generados hasta el efectivo pago. 6. Se condene al demandado al pago de las costas del presente proceso".- 2.- Que conferido el traslado de ley a la representación de la Municipalidad demandada, se pronunció ésta en oposición a la demanda. Fueron interpuestas a título de excepciones, las de falta de derecho, prescripción, caducidad, y además se solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene al actor al pago de ambas costas.- 3.- Que la audiencia preliminar fue celebrada en el día 12 de enero del 2021, misma en la que, no mediando prueba que requiriese su evacuación en audiencia complementaria de juicio oral y público, el asunto fue declarado por la Autoridad Judicial de trámite respectiva, de "puro derecho" y se pasó para el dictado de la sentencia.- 4.- Que en su momento este asunto fue pasado a un Juez y Sección de este Tribunal diversos a éste, sin que fuese dictada la sentencia.- 5.- Que posteriormente y con ocasión de las disposiciones impuestas por la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda integrada por los señores Magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, este asunto fue trasladado a esta Sección del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo en el mes de agosto del 2023, y también por imposición de dicha Comisión, se conoce conforme el orden de oportunidad en que fue ordenada su atención por fecha de ingreso, de entre decenas de asuntos (en que no se requiere celebración de la audiencia complementaria) diversos a éste, que fueron trasladados en la misma data y de modo simultáneo, en principio, todos listos en su trámite para el dictado de la sentencia.- 6.- Se dicta esta sentencia previa deliberación de los integrantes de esta Cámara, dentro del plazo que permiten las labores propias de este Tribunal sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.- Redacta el Juzgador Felipe Córdoba Ramírez y se resuelve por unanimidad.- CONSIDERANDO I.- Sobre la prueba ofrecida para mejor resolver durante la celebración de la audiencia preliminar. Según obra en el texto de la minuta levantada en su momento, durante la celebración de la audiencia preliminar la representación de la Municipalidad demandada solicitó que se admitiese como prueba para mejor resolver, el testimonio de quien identificó como el señor Mauricio Gutiérrez Villafuerte, funcionario Municipal, ingeniero de profesión, para que hiciere referencia a los informes dictados por el "MINAET", mientras que la parte actora, para que se refiriesen a todos los hechos, la declaración de quienes identificó, como las señoras María Lorena Muñoz Gómez y Cindy Moreno Umaña, tanto como del señor Carlos Rodrigo Badilla Muñoz. Sobre el particular, no está por demás recordar que en cuanto a la prueba para mejor resolver, conforme el actualmente vigente texto del Código Procesal Civil, si bien es correcto afirmar que se omitió regular este instituto, en su artículo 41.3. se prevé la admisibilidad de prueba de oficio, que claro está, a requerimiento de parte podría conducir a la admisibilidad de este tipo de prueba. Luego y de todas formas, estimamos que ha de observarse que en uno u otro caso, la prueba para mejor proveer como lo es la ordenada de oficio, es prueba del Juez, no así de las partes pese a que la ofrezcan, tanto como que, su rechazo no habría de producir por suerte de automatismo racional, indefensión y en consecuencia, un vicio sustancial por indefensión. (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 547-F-2002 de las 16:00 hrs. del 12 de julio de 2002; N° 29-1995 de las 15:30 hrs. del 22 de febrero de 1995; N° 290-F-S1-2009 de las 10:30 hrs. del 20 de marzo de 2009). Por otro lado, el ordenar o no prueba de este tipo supone algún límite impuesto el Juzgador, en el entendido de que por este medio no se ha de suplir el deber procesal que sólo incumbe a quien demanda o es demandado en el sentido de que es su deber ofrecer la prueba de su interés en el momento procesal oportuno. (Sentencia de la Sala Primera N° 001439-F-S1-2014 de las 09:25 horas del 07 de noviembre de 2014). No puede en consecuencia el Juez en su búsqueda de la verdad real, so pena de vulnerar otros principios igual rango o jerarquía procesal que deben de encontrarse en equilibrio, ordenar prueba para mejor proveer cuando de ello se derive inevitablemente una sustitución de los mecanismos ordinarios de defensa con que cuentan quienes se encuentran vinculados en la relación jurídico procesal y mandados a probar por virtud de su situación dentro de tal relación procesal. Lo contrario salvo en contadísimas y excepcionales circunstancias que habrían de encontrarse debidamente acreditadas y razonadas, así como amparadas en intereses superiores particularmente en asuntos en los que medien intereses públicos calificados o reforzados por su importancia, conllevaría fácilmente a cuestionamientos sobre el ajuste de la actuación del juez con el deber de observar objetividad e imparcialidad en mantenimiento del equilibrio procesal entre las partes, pero también importaría un patrocinio inadmisible en favor de quien no habiendo usado en forma debida y/o en tiempo su derecho y deber de probar por negligencia, descuido o una intención de obtener una ventaja procesal indebida en uso abusivo y/o antisocial de su derecho, pretende por esa vía subsanar una omisión procesal que es exclusivamente resorte suyo evitar cuando debió serlo, en este sentido. (Ver artículos 21 y 22 del Código Civil y el fallo de la Sala Primera en su sentencia N° 794-2006 de las 03:35 hrs. del 20 de octubre de 2006, que reza así en lo conducente: "... Por otra parte, es menester indicar que no es oportuno intentar mediante el ofrecimiento de probanzas que debieron aportarse y evacuarse en la etapa procesal correspondiente, abrir de nuevo el debate. Darle cabida a esta petición significaría que las partes estén en la posibilidad de subsanar sus omisiones respecto de la prueba que pudieron haber ofrecido en su oportunidad y no lo hicieron. Por otro lado, tampoco resulta posible acceder a ampliar la declaración de dos testigos, porque de igual forma sería enmendar su incuria"). Dicho todo lo anterior, por estimar este Tribunal que por innecesaria para resolver por el fondo el presente asunto en los términos que se dirán, se rechaza integralmente la prueba solicitada por ambas partes.- II.-Sobre los alegatos formulados por las partes. Alegaron las partes vinculadas en la relación jurídica procesal, lo que sigue: 1.- Alegatos de la parte actora. En soporte argumentativo de su acción, quien demanda argumentó en lo conducente, que: "HECHOS. PRIMERO: A mediados del año 2016 adquirí un terreno en la provincia de Puntarenas con la siguiente localización: Partido de Puntarenas, Matriculo de FOLIO REAL número 25466-000 situado en el Distrito 1 de Puntarenas, Cantón 1 de Puntarenas, Provincia de Puntarenas. SEGUNDO: Que previo a adquirir el terreno, realicé las gestiones necesarias de permisos municipales a efecto de validar que el terreno cumplía con todas las condiciones de viabilidad para construir una casa y un taller mecánico. Como parte de los documentos soporte que el dueño anterior me entregó para verificar que el terreno cumplía con todos los requisitos legales, me entrego (sic) la Resolución Municipal de Ubicación PUC-RES-429-08-2015 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo, en donde La Municipalidad aprueba la solicitud de NANCY MELISSA BLANCO ROJAS, quien estuvo interesada en comprar la propiedad para construir en la misma una casa de habitación. (Prueba número 1). TERCERO: Como parte de las gestiones previas a la compra, solicite a La Municipalidad de Puntarenas permiso de uso de suelo para construir una casa y un taller mecánico y en la resolución MP-PUC-RES-698-10-2016 se me concede el permiso de uso en los siguientes términos: “ZONAS ESPECIALES: En el sitio elegido para esta actividad no existe ningún tipo de reserva, ni aeropuertos, ni sitios históricos importantes. La conformidad de esta actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento de este certificado, y a que toda posible molestia quede completamente confinada dentro del inmueble. Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le concede la Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (Lo subrayado no es del original). En virtud de que contaba con la autorización municipal, procedí a comprar el terreno a finales del año 2016. (Prueba número 2). CUARTO: en virtud de que es ese año no puede llevar a cabo la construcción de la vivienda y del taller mecánico, en el año 2017 presente la gestión para obtener nuevamente el uso de suelo ante la Municipalidad y mediante Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo se me rechaza la solicitud de uso para la actividad de Vivienda y Taller Automotriz, por el motivo de que la propiedad se encuentra dentro de la LAGUNA BONILLA sector 2, con los siguientes términos: “ZONIFICACIÓN: Es un terreno ubicado según el Plano Catastrado en el Distrito 1 PUNTARENAS; el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamento y Plano de Zonificación), debidamente aprobado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada RECHAZADA por estar dentro de La Laguna Bonilla sector 2. (…). ZONAS ESPECIALES: En el sitio elegido para esta actividad no existe ningún tipo de reserva, ni aeropuertos, ni sitios históricos importantes. La conformidad de esta actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento de este certificado, y a que toda posible molestia quede completamente confinada dentro del inmueble. Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le RECHAZA la Resolución Municipal de Ubicación para la Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año. ” (Lo subrayado no es del original)” (Prueba número 3). QUINTO: en virtud de esta respuesta, solicité al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en fechas del 6 de noviembre del año 2017, información sobre el Caso de La Laguna Bonilla. (Prueba número 4). SEXTO: en fecha del 30 de noviembre del 2017, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), respondió mi solicitud planteada adjuntando los oficios siguientes: Oficio ACOPAC-OSREO-531-2013 cada copia con su respectivo recibido de las instituciones; Certificación SINAC-GASP-349-10 Informe Técnico sobre el Humedal Laguna Bonilla; Oficio SINAC-ACOPAC-TOPO-2016 sobre levantamiento topográfico del área delimitada. De relevancia para la resolución del proceso hago de conocimiento de este tribunal que el oficio SINAC-GASP-349-10 del MINAET establece que la Laguna Bonilla es un Humedal Palustrino y no Lacustrino por lo que la zona de protección no es de 50 metros, sino de 10 a 15 metros según pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C- 110-2004 que se refiere a los ecosistemas de humedal. (sic). Además, que el oficio del SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013 indica que se realizó un estudio con el propósito de definir los límites de la Laguna Bonilla, ratificando el oficio SINAC-GASP-349-10, evidenciando que La Municipalidad, desde el año 2013, conoce los límites de protección de La Laguna Bonilla. (Prueba número 5). SÉPTIMO: en el año 2018 nuevamente presenté la gestión de solicitud de uso de suelo ante La Municipalidad de Puntarenas, la cual fue rechazada en el oficio municipal MPDPUC-RES-094-02-2018 ratificando que la propiedad se encuentra dentro de los límites de la Laguna Bonilla sector 2. (Prueba número 6). OCTAVO: ante este rechazo de la gestión presentada, interpongo en fecha del 12 de febrero del 2018, Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio contra resolución MPDPUC- RES-094-02-2018 del 5 febrero 2018 emitida por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo por la negativa de dar el permiso de construcción. (Prueba número 7). NOVENO: en fecha del 21 de febrero del 2018 se notifica la respuesta del Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio por parte del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo interpuesto contra la resolución municipal de ubicación MP-DPUCRES- 094-02-2018 del 5 febrero 2018 que resuelve: RECHAZAR el recurso de revocatoria y elevar el recurso de apelación al alcalde para lo que corresponde. (Prueba número 8). DÉCIMO: al día de hoy el Alcalde Municipal de Puntarenas no ha emitido respuesta al Recurso de Apelación, pese a haber transcurrido más de un año y medio desde que el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo resolvió el Recurso de Revocatoria presentado. UNDÉCIMO: que el 13 de junio 2019 el SINAC certifica mediante oficio SINAC-ACOPACOSREO-CERT-042-2019 que mi propiedad se encuentra fuera de los límites de cualquier Área de Silvestre Protegida, pero no así de un humedal, ya que según el oficio SINACACOPAC-OSREO-VC-060-2019 del 5 de junio 2019 la propiedad se encuentra en un 72% dentro de los límites del Humedal Palustrino Laguna Bonilla que es un área de conservación. (Prueba número 9). DECIMO SEGUNDO: Que esta situación me ha generado sentimientos de frustración y estrés, ya que no entiendo por qué razón la Municipalidad de Puntarenas, estando debidamente notificado desde el año 2013 por parte del MINAE de las limitaciones sobre el terreno derivadas del Humedal, me autorizó un permiso de construcción a sabiendas de que era totalmente improcedente. Cabe resaltar que el permiso de construcción y uso de suelo que solicité a la Municipalidad lo hice antes de adquirir el terreno, ya que si hubiera sabido que era imposible construir ahí jamás lo hubiera comprado, pues mi intención era construir una casa, para eventualmente casarme y vivir ahí, así como construir un taller mecánico, ya que tengo estudios en mecánica, y producto de que no he podido construir, no he podido tampoco abrir mi taller mecánico. DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece por medio del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones podrá establecer áreas silvestres protegidas en cualquiera de las categorías de manejo y en las que se señalan a continuación: a) reservas forestales, b) zonas protectoras, c) parques nacionales, d) reservas biológicas, e) refugios nacionales de vida silvestre, f) humedales, g) monumentos naturales, y estable (sic) que las municipalidades de (sic) colaborar en la preservación de estas áreas. En virtud de lo anterior, estas áreas se vuelven áreas de dominio público, y consecuentemente afectas a la protección estatal, de manera que son inalienables, indelegables e intransmisibles y es responsabilidad del Estado en consecuencia, indemnizar a los dueños de las propiedades que ostenten un título legal de posesión y legitimación, para que el Estado pueda hacer uso y conservación de esos espacios. ANÁLISIS DE FONDO. 1- Sobre el régimen de protección de los humedales en Costa Rica: “Costa Rica cuenta con antecedentes importantes en la conservación de los humedales desde hace varias décadas. En el año de 1942, la Ley de Aguas establece áreas de protección en la zona costera, ríos, lagunas, lagos, entre otros. Posteriormente en 1977 la Ley N°6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre establece una franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria que constituye parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) cuya jurisdicción corresponde a las municipalidades costeras y la divide en dos zonas: a. Pública (50 metros desde la pleamar ordinaria, así como islotes, peñasco y todos los manglares y esteros litorales, independientemente de su extensión) y b. Restringida (150 metros posteriores a la zona pública, o en el caso de los manglares, a partir de la línea de vegetación de los mismos y hasta su límite posterior). Continuando con este proceso, en 1992 la Ley N° 7317 de Conservación de la Vida Silvestre, introduce el término de "Humedal" a nivel legal y asigna dentro de las funciones de la Dirección General de Vida Silvestre (ahora Sistema Nacional de Áreas de Conservación al unificarse en la Ley N° 7788 de Biodiversidad en el artículo 22), la responsabilidad de administrar, supervisar y proteger los humedales. Como parte de esta transformación en 1991 se ratifica la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar), adquiriendo sus disposiciones carácter de Ley de la República, y entre 1993 y 1994 se declaran 13 áreas silvestres protegidas bajo la categoría de Humedal. De acuerdo a la definición de la Convención Ramsar "Los humedales son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 1971, Disponible en: http://www.ramsar.org/es/acerca-de-la-convenci%C3%B3n-de-ramsar, última visita 06 de enero de 2017. La Ley No. 7554, que es la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 2 indica que “Principios: Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.” (Lo subrayado no es del original) A partir de estos principios, resulta de importancia establecer el alcance de lo que se debe entender como humedal y cual es el marco de protección dentro del Ordenamiento Jurídico. Al respecto los artículos 40, 41 de este mismo cuerpo normativo indican lo siguiente: “ARTÍCULO 40.- Definición de humedales: Los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. “ARTÍCULO 41.- Interés público: Se declaran de interés público los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia”. Aunado a ello es importante recordar que, debido a la importancia que tienen los humedales en cuanto a su protección y conservación, en el año 2017 se crea mediante decreto ejecutivo N° 40244-MINAE-PLAN, denominado Oficialización de la Política Nacional de Humedales, establece la aplicación obligatoria de la política para todas las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades como Administración Pública Descentralizada, a efecto de intensificar el nivel de protección de estos ecosistemas, estableciendo: “En ese sentido, la Política Nacional de Humedales propone orientaciones de convergencia de los ODS con los mandatos internacionales (incluyendo la Convención RAMSAR) y nacionales por medio de la orientación de las intervenciones y acciones afirmativas del Estado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo "Alberto Cañas Escalante" 2014-2018; el cual establece como uno de los principales derroteros de la gestión pública ambiental, la necesidad de articular las políticas públicas de manera integral, de forma tal que esté presente una visión ecosistémica en la conservación de los recursos naturales. Para tales efectos, se estableció como objetivo principal "el fortalecimiento de la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos". En esta línea, y específicamente en el campo relacionado a la protección y conservación de los humedales, todos los diagnósticos apuntan a una serie de desafíos que implican una rearticulación de las políticas ambientales orientada a garantizar la estructura y funcionamiento ecológico de los mismos y a la vez potenciar responsablemente los beneficios que se derivan de su aprovechamiento sostenible”. (Lo subrayado no es del original). Por otra parte, es importante recalcar el hecho de que el ente rector en materia ambiental es el Ministerio de Ambiente y Energía y es quien tiene la competencia de delimitar las zonas de protección de los humedales, con el objetivo del evitar su contaminación y preservación. En este sentido, la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 42 establece: “ARTÍCULO 42.- Delimitación de zonas protegidas: El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas”. En este orden de ideas, el Ministerio de Ambiente y Energía además tiene la competencia mediante estudios de impacto ambiental la viabilidad de realizar construcciones en las zonas cercanas a los humedales, según se establece en los artículos 42 y 44 de esta misma Ley. No obstante, en el caso en particular, el día 13 de junio 2019 el SINAC certificó mediante oficio SINAC-ACOPAC-OSREO-CERT-042-2019 que mi propiedad se encuentra fuera de los límites de cualquier Área de Silvestre Protegida, pero no así de un humedal, ya que según el oficio SINAC-ACOPAC-OSREO-VC-060-2019 del 5 de junio 2019, la propiedad se encuentra en un 72% dentro de los límites del Humedal Palustrino Laguna Bonilla que es un área de conservación, por lo que no se puede realizar ningún tipo de construcción sin afectar el humedal directamente. Aunado a ello, el artículo 45 de este cuerpo normativo, establece una imposibilidad legal de llevar a cabo obras tendientes a alterar o deteriorar el humedal. Al respecto indica: “ARTÍCULO 45.- Prohibición: Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas. Con respecto al régimen de protección de los humedales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los votos 16938-11 y 14288-09. 2- Sobre la responsabilidad de la Administración, por conducta licita e ilícita: La Administración Pública es responsable por todos los daños y perjuicios causados con ocasión de los actos administrativos que emita, excepto cuando se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad administrativa, establecidas en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero. Respecto de la conducta ilícita, el articulo 191 y 192 del mismo cuerpo normativo indican: “Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión”. “Artículo 192 .-La Administración será también responsable en las anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello”. Esto significa, que todo acto administrativo dictado contrario al ordenamiento jurídico y que haya sido notificado al administrado, causándole una lesión en sus intereses personales y patrimoniales debe encontrar el correspondiente reparo por parte de la Administración. Para poder identificar la existencia de la responsabilidad administrativa por conducta ilícita, se debe hacer un análisis de responsabilidad en cada caso concreto. En el presente caso, la conducta ilícita se ve materializada mediante el dictado de la resolución administrativa MP-PUC-RES-698-10-2016, dictada por el departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad, en donde se aprueba un permiso de uso de suelo por un período de un año para construir una casa y un taller mecánico dentro del área de conservación llamada, LAGUNA BONILLA sector 2, sin tomar en consideración que desde el año 2013, la Municipalidad fue informada por parte del SINAC según oficio SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013 con fecha de recibido del 9 de mayo del 2013 por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, de los límites que se deben de proteger en esta área, indicándose lo siguiente: “En relación a la existencia de una zona de protección en el humedal, le indico que de acuerdo con la certificación SINAC-GASP-394-10, la cual se adjunta, el humedal Laguna Bonilla, corresponde en la actualidad a un humedal Palustrino, afectado por actividades antropogénicas. Por lo que según el artículo 33 inciso c Ley Forestal 7575 del 5 de febrero del 96 y pronunciamiento C-110-2004 de la Procuraduría General de la República referido a la aplicabilidad de las áreas de protección con respecto a los ecosistemas del humedal del tipo denominado Laguna, el área de protección de 50 metros de los lagos y embalses naturales solo aplica a humedales lacustrinos y no a humedales palustrinos como es el caso. Es debido a ello y de acuerdo a dicha certificación, que se recomienda respetar una zona de protección de 10 a 15 metros en este humedal.” Haciéndome incurrir en el error de comprar un terreno que no es apto para construir, por encontrarse dentro de los límites de esta laguna. En este sentido, debe recordarse que para que se configurarse la responsabilidad de la Administración deben concurrir tres presupuestos jurídicos, que son: Acto Administrativo o conducta generada por la Administración Publica, en este caso la Municipalidad de Puntarenas, es decir la resolución MP-PUC-RES-698-10-2016, en donde se me concede el permiso de uso en los siguientes términos: “Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le concede la Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (Lo subrayado no es del original). El segundo presupuesto jurídico viene derivado de la individualización de los sujetos afectados, siendo que debe poder identificarse a quien o quienes se le ha generado directamente el daño. En mi caso el daño se produce porque compré un terreno en el que quería construir una casa y un taller mecánico, pero antes de comprar el terreno en mención para el fin que deseaba, investigué que una anterior interesada en comprar la propiedad había solicitado el uso de suelo, el cual fue aprobado según se puede constatar en el oficio PUC-RES-429-08-2015 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Puntarenas del año 2015, lo cual me motivó a comprar el terreno, ya que en teoría no tenía ningún impedimento para construir. El daño se agrava cuando antes de ser propietario, inicio la gestión municipal para solicitar el uso de suelo, el cual se me concede en el oficio MP-PUC-RES-698-10-2016 del año 2016, posteriormente adquiero el terreno y por diferentes circunstancias no pude construir en ese mismo año y para el 2017, hago de nuevo la solicitud de uso de suelo, pero en esta ocasión se me rechaza la solicitud según oficio RES-820-10-2017 del año 2017, siendo en esta ocasión propietario registral. En este sentido el daño debe ser efectivo, evaluable e individualizable, de acuerdo al artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, para que pueda ser susceptible de reclamo por parte del Administrado. En el caso en concreto, tal y como se ha venido indicando en líneas anteriores el daño deviene en la inversión económica hecha por mi persona para comprar este terreno, sin saber que se encontraba dentro de los límites de protección del Humedal Laguna Bonilla. El terreno, según la escritura de compraventa tiene un costo de ?7.500.000,00 colones, además de la imposibilidad de poder construir mi casa y el taller mecánico, según se solicitó inicialmente a la Municipalidad, lo cual a todas luces evidencia un daño grave, pues tengo un terreno que no puedo usar, pues según la certificación SINAC-ACOPACOSREO- CERT-042-2019, emitida por el Director Regional en SINAC, de la totalidad del terreno que compré 72% (182 m2) deben ser protegidos por encontrarse dentro de los márgenes de protección, lo que significa que únicamente me quedan construibles el 28% de ese terreno, lo cual hace imposible que pueda construir en ese espacio mi casa y el taller mecánico. El tercer presupuesto jurídico es el nexo causal, es decir la relación que existe entre la conducta administrativa, la persona o grupo de personas afectadas y la gravedad del daño ocasionado, configurándose para todos los efectos jurídicos en nexo causal en este caso, pues a partir de la habilitación de uso de suelo otorgada por la Municipalidad es que compré este terreno para construir mi casa y un taller mecánico en donde pudiera desarrollarme como mecánico, que es para lo que estudié, y al día de hoy no puedo realizar ninguno de mis proyecto, así como tampoco puedo realizar ninguna actividad sobre ese terreno por ser área de conservación, afectando gravemente mis proyectos de vida y mi patrimonio, pues si la Municipalidad me hubiera denegado desde el inicio el permiso hubiera comprado otro terreno en donde sí fuera posible construir. EN CUANTO A LAS CONDUCTAS LÍCITAS, también existe un régimen de responsabilidad administrativa aplicable, establecido a partir del artículo 194 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, siempre que estos actos causen un daño grave al administrado. Al respecto establece este artículo: “Artículo 194: 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causado directamente por una Ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo”. Concretamente, el daño por conducta lícita se produce cuando en el año 2017 presenté nuevamente la gestión de permiso de uso de suelo ante la Municipalidad de Puntarenas para cubrir (sic) el terreno, y la misma Unidad de Ingeniería que el año anterior me había aprobado el permiso, esta vez me lo rechaza indicándome que esta zona es zona de humedal y que no es susceptible de ser construido. Al respecto, la Resolución MP-PUCRES- 820-10-2017 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo indicó lo siguiente: “ZONIFICACION: Es un terreno ubicado según el Plano Catastrado en el Distrito 1 PUNTARENAS; el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamento y Plano de Zonificación), debidamente aprobado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada RECHAZADA por estar dentro de La Laguna Bonilla sector 2. (…) ZONAS ESPECIALES: En el sitio elegido para esta actividad no existe ningún tipo de reserva, ni aeropuertos, ni sitios históricos importantes. La conformidad de esta actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento de este certificado, y a que toda posible molestia quede completamente confinada dentro del inmueble. Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le RECHAZA la Resolución Municipal de Ubicación para la Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (Lo subrayado no es del original). (Prueba número 3). Si bien es cierto, esta resolución se ajusta al marco normativo de protección de humedales que existe en Costa Rica, lo cierto es que esta negativa de la Administración, también me genera un daño grave directo sobre mi derecho de propiedad, pues, aunque tengo un terreno inscrito a mi nombre, no puedo usarlo en virtud de que se encuentra, en su mayoría dentro del límite de protección, según lo indicó SINAC. Tal y como se evidencia, el daño acá generado es completamente legítimo, y no afecta el orden público, la moral o las buenas costumbres, por lo que tampoco podría enmarcarse dentro de los presupuestos de exclusión de artículo 195 de la Ley General de la Administración Pública. En igual sentido, si se hace el análisis de responsabilidad, se configuran los tres presupuestos necesarios para que se determine la existencia de una responsabilidad administrativa por parte de la Municipalidad de Puntarenas, derivada de la Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo, según se indica de seguido: 1. Identificación de la persona a la que se le está generando el daño: En este caso, el único afectado con esta disposición de protección del humedal soy yo, ya que mi propiedad colinda directamente con él y la zona de protección alcanza el 72% de la totalidad del terreno, por lo que la afectación no es a la colectividad sino a mi en lo particular, generándome un daño gravísimo al no poder construir mi casa de habitación y el taller mecánico para ejercer mi profesión como mecánico. 2. La resolución administrativa MP-PUC-RES-820-10-2017 del Dpto. Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Puntarenas que deniega el permiso de uso de suelo, para que yo pueda construir mi casa y el taller mecánico para ejercer mi profesión. 3. El Nexo causal existente entre la resolución administrativa de la Municipalidad y la imposibilidad legal de poder llevar a cabo obras constructivas en el terreno que adquirí, cayendo en el error de que era un lugar apto para poder construir según lo que me indicó la Municipalidad de Puntarenas en su momento. Si bien es cierto el acto administrativo se encuentra ajustado a derecho, lo cierto es que de igual forma me causa un grave daño, por lo que se solicita el mismo sea resarcido, sin que esto implique un daño al ambiente y al humedal. En cuanto a la inaplicabilidad de los excluyentes de responsabilidad administrativa, establecido en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, debe indicarse que los mismos son improcedentes de conformidad con el siguiente análisis: 1. La Fuerza Mayor: La fuerza mayor es definida por la doctrina como un hecho de la naturaleza previsible, pero inevitable. Es un suceso que está fuera del círculo de actuación del ente público obligado, que no es previsible o siéndolo es inevitable. En el presente caso, es importante establecer el concepto de humedal palustrino, entendido como un “ecosistema que contienen agua casi permanentemente como las marismas, pantanos y ciénagas” y el cual, de acuerdo a lo indicado por el SINAC debe respetar un límite de retiro, como margen de protección de 10 a 15 metros. En el presente caso, si bien es cierto el Humedal Laguna Bonilla no se encuentra dentro del terreno que adquirí, lo cierto es que se debe respetar el límite de retiro, por ser una zona vulnerable de protección ambiental. Esta aclaración es importante porque no podemos decir que es un hecho de la naturaleza que el terreno no pueda ser usado para construir, ya que los límites de protección del humedal son establecidos por el hombre. En virtud de lo anterior, no se configura este eximente de responsabilidad. 2. Culpa de la Víctima: La culpa de la víctima es una forma de autorresponsabilidad, razón por la cual la Administración Pública respectiva queda exenta de responsabilidad, puesto que el administrado determinó, exclusivamente, la lesión antijurídica en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, al haber incurrido en una falta subjetiva que puede ser el dolo o la culpa, en sus manifestaciones de negligencia, imprudencia o impericia. Este presupuesto de eximente de responsabilidad tampoco se configura en virtud de que el terreno lo compré después de contar con la autorización de permiso de uso de suelo, aprobado por la Municipalidad de Puntarenas. Además de que los límites del humedal fueron definidos por el SINAC desde el año 2013 y fueron debidamente comunicados a la Municipalidad de Puntarenas por lo que, si la Municipalidad conocía desde hacía tres años atrás de los límites de protección, lo correspondiente era denegar el permiso de uso de suelo, bajo este argumento, a efecto de que yo estuviera enterado y analizara, si aún en ese escenario compraría el terreno, aunque lógicamente no lo hubiera comprado, pues no podría construir ahí. 3. El Hecho de un Tercero: El hecho de un tercero se configura cuando la lesión antijurídica le es imputable a otro sujeto de derecho diferente a un ente público, como podría ser otro particular (persona física o jurídica). Se entiende como tercero, para este efecto, a toda persona distinta de las partes en el juicio o en la relación de responsabilidad. Su acto causante del daño, en cuanto previsible e inevitable, es un hecho extraño a la organización de la empresa, que sirve para exonerar de responsabilidad a igual título que la fuerza mayor común. En este caso, tampoco podría alegarse la existencia de la eximente del hecho de un tercero, ya que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), desde el año 2013 definió cuáles son los límites de protección del Humedal Laguna Bonilla, y comunicó formalmente a la Municipalidad de estas limitaciones, por lo cual no podría la Municipalidad alegar desconocimiento de estos límites. 3- Sobre el daño moral objetivo y subjetivo y la pérdida del chance: En la sentencia 112, catorce horas quince minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y dos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, los requisitos para configurar el daño y la correspondiente indemnización, establecido que: "VI. No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño." Bajo esta premisa, se tiene el daño moral subjetivo, que es aquel daño que se genera a partir del padecimiento moral, según se establece en el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública. En este caso en concreto, el daño se traduce el estrés, frustración, enojo, ira, sentimiento de engaño y decepción, generados a partir de que la Municipalidad me autorizó un permiso de uso de suelo contrario al Ordenamiento Jurídico, ya que desde el año 2013 la Municipalidad conocía que debían respetarse los límites de 10 a 15 metros alrededor del humedal Laguna Bonilla, lugar en donde se encuentra ubicado el terreno que adquirí para construir una casa de habitación y un taller mecánico. Este terreno lo compré con mis ahorros y con la ilusión de poder construir un taller mecánico, ya que estudié mecánica y me gustaría dedicarme a eso, sin embargo, en virtud de la imposibilidad para construir en ese terreno, mi sueño se ha visto frustrado. Actualmente, me desempeño como Oficial de Seguridad, ya que debo trabajar en esto hasta que mi situación se resuelva, pues no se trata sólo de arreglar carros, sino que hay que construir un lugar que cumpla con los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo de forma eficiente, lógicamente esta situación afecta mi estado anímico, pues ya tengo varios años tratando de buscar una solución con la Municipalidad y no he podido lograr que me escuchen. Entiendo que la Municipalidad debe de cumplir con lo que la norma establece, en cuanto al margen de protección de los límites de protección porque es un tema ambiental, pero tampoco es justo que yo deba asumir la responsabilidad de la compra del terreno, si la Municipalidad desde el año 2013 sabía que debía cuidar estos límites a la hora de otorgar el permiso, y pese a ello emitió un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, que me indujo a error, al darme permiso de uso de suelo sin que esto fuera legalmente posible. En virtud de lo anterior, solicito al Tribunal me conceda la posibilidad de que la Municipalidad de Puntarenas indemnice este daño emocional, el cual estimo en la suma de ?10.000.000,00 (diez millones de colones). Por otra parte, en cuanto al daño patrimonial; este se genera por la compra de un terreno que, según la Municipalidad de Puntarenas, en ese momento era apto para construir, pero que tan sólo un año después, la Municipalidad de Puntarenas considera que no es susceptible de construir por estar el terreno dentro de los márgenes de protección de la Laguna Bonilla. Lógicamente, si al momento de hacer la gestión de compra del terreno, hubiera tenido conocimiento de esa limitación legal, nunca hubiera comprado el terreno en ese lugar, porque ahora es como si no lo tuviera, no puedo construir mi casa, no puedo construir mi taller mecánico y no puedo realizar en términos generales prácticamente ninguna actividad, pues según lo certificó SETENA en el año 2019, el área de protección del humedal cubre el 72% de la totalidad del lote que compré, es decir es prácticamente imposible, usarlo, por lo que evidentemente esta limitación (que la Municipalidad conocía desde el 2013) me genera un daño gravísimo que debe ser resarcido por parte de la Municipalidad de Puntarenas. Este resarcimiento se fundamenta en la escritura de compraventa por la suma de ?7.500.00,00 colones, que fue lo que inicialmente costó el terreno. No obstante, también se solicita al Tribunal valorar el hecho de que la Municipalidad estimó el valor de la propiedad para el año 2018, en la suma de ?14.300.000,00 colones. Pérdida del Chance u oportunidad para construir una vivienda y mi taller mecánico: En Costa Rica, nuestra Carta Magna en el artículo 41 manifiesta que “(…) todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (…)”. Es evidente que la norma que se encuentra en cúspide de nuestro ordenamiento jurídico le da una importancia determinante al derecho de reparación o de resarcimiento en nuestro país. La pérdida del chance, es un concepto que se ha venido desarrollando en materia de Contencioso Admirativo en los últimos años en Costa Rica. En cuanto a su concepto el tratadista Marcelo Lopez Meza la define como: “comprende todos aquellos casos en los cuales el sujeto afectado podría haber realizado un provecho, obtenido una ganancia o beneficio o evitado una pérdida, resultados que fueron impedidos por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o no, creando una expectativa, una probabilidad de ventaja patrimonial”. (López Mesa, Marcelo. (2008). “Responsabilidad Civil Médica y Pérdida da Chance de Curación”. En Revista de Derecho de Daños. Editorial, Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires: Argentina. p.8.) También al respecto Juan Manuel Prévot, y Rubén Alberto Chaia la definen como: “Puede definirse la pérdida de un chance como la oportunidad verosímil de lograr una ventaja o impedir una pérdida, o bien, como la posibilidad de un beneficio probable, futuro, que integra las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe.” (Juan Manuel Prévot, y Rubén Alberto Chaia, (2007). Pérdida de chance de curación. 1 ed. Buenos Aires: Argentina, Editorial Astrea. p.45.) Esta figura tiene como características, las siguientes: daño cierto, daño personal, daño subsistente y relación de causalidad entre la conducta dañosa y el daño. El Doctor Roberto Garita Navarro, en su ensayo El chance frustrado en los precedentes recientes de la jurisdicción contencioso administrativa. Comentarios al fallo 66-2013-VI del Tribunal Contencioso Administrativo menciona lo siguiente: “El reconocimiento de la reparabilidad del chance frustrado en responsabilidad administrativa, tiene como barrera inicial la consideración de que no resultan indemnizables las simples expectativas, pues no configuran daños efectivos. Tal postura parte de la tendencia tradicional que sostiene, la responsabilidad administrativa solo emerge cuando se ha generado un daño a un derecho subjetivo de la persona”. Además, la Ley General de la Administración Pública en el artículo 191 establece: “La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión.” En el caso concreto la pérdida del chance se configura por mi frustración de no concretar el proyecto de construcción de casa y taller mecánico, que es la razón principal de la compra del terreno, generándome un daño grave, pues he tenido que dejar de lado mis aspiraciones personales y profesionales en virtud de la negativa al permiso de uso de suelo. Comprendo que mi terreno se encuentra en una zona de protección llamada Laguna Bonilla y que la Municipalidad actuó dolosamente al aprobarme el permiso de uso de suelo en el año 2016 y posteriormente rechazármelo en el año 2017, existiendo los mismos límites de protección del humedal entre un año y otro, ya que desde el año 2013 mediante oficio del SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó a la Municipalidad de los límites y distancias que tenía que resguardad para la protección del humedal. Recientemente, en el año 2019, mediante certificación que solicité al SINAC según oficio SINAC-ACOPAC-OSREO-CERT-042-2019 me entero de que mi propiedad se encuentra en un 72% dentro de los límites del Humedal Paulastrino Laguna Bonilla, algo que ya era de conocimiento de la Municipalidad, según indique anteriormente desde el año 2013. Esta indemnización que se solicita, no es una solicitud sin fundamentos, ya que realicé gestiones en distintas unidades institucionales a cuenta de obtener los permisos correspondientes que me garantizaran la construcción de la vivienda y del taller mecánico, al respecto indico los oficios siguientes: MP-PUC-RES-698-10-2016, MP-PUCRES-820-10-2017, DVOP-DI-DV-PV-2017-5521, contrato de compraventa y títulos de estudios en mecánica. En virtud de estas consideraciones, se solicita, concederme una indemnización por una suma económica de 10.000.000 colones (diez millones de colones). DERECHO. Fundamento el presente proceso en los artículos 190, 191, 192, 193, 194, 197 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, artículo 2 inciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, artículo 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ambiente".- 2.- Alegatos formulados por la representación de la Municipalidad demandada. Por su parte y en defensa de los intereses la Municipalidad accionada indicó en lo medular, en oposición a la demanda en lo conducente que las resoluciones de ubicación son o guardan identidad con instrumentos legales que se emiten de conformidad con la normativa vigente en ese momento, pues puede sufrir cambios no sólo ésta, sino y además el inmueble por ejemplo, consecuencia de fenómenos de la naturaleza, con la intención de llevar control sobre la utilización del suelo, que únicamente permiten determinar si una actividad se ajusta a la zonificación del área respectiva al momento de ser solicitado un pronunciamiento al respecto, así como que, por otro lado estos actos administrativos se emiten con una vigencia de un año, tiempo dentro del que, el administrado ha de proceder con lo pertinente, si lo desea, para construir, por lo que no corresponden o hacen las veces, de un permiso de construcción. Que: "en el caso de la presente demanda, la parte actora fundamenta su demanda (sic) en el hecho de que la Municipalidad de Puntarenas extendió la Resolución Municipal de Ubicación número PUC-RES-429-08-2015 de fecha 07 de agosto del 2015; en ese momento el actor no ostentaba ningún vínculo con el bien inmueble según plano Catastrado número P-25316-1992. Además alega que la Municipalidad de Puntarenas le extendiera la Resolución Municipal de Ubicación identificada con el número MP-PUC-RES-698-10-2016, de fecha 11 de octubre del 2016, ya en esta ocasión a nombre del señor Leandro Arturo Badilla Muñoz, portador de la cédula número 6-0412-0553; no obstante, en dicho documento se hace la observación que la conformidad de la actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento del certificado. Asimismo de que tiene una vigencia de un año. Tiempo que transcurrió y no hizo ninguna construcción en el bien inmueble. No siendo dicha situación responsabilidad de mi representada". En el apartado del escrito de contestación a la demanda, la representación municipal enumeró artículos de varios cuerpos normativos, sin argumentar nada que permita comprender a este Tribunal, cómo en su criterio cada una de las normas invocadas habría de resultar aplicable al caso concreto. Fueron interpuestas a título de excepciones, las de falta de derecho, prescripción (I. 71) caducidad (I. 72) y además, se solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene al actor al pago de ambas costas.- III.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen los siguientes: 1) Que en los términos del oficio de la Oficina Sub Regional Esparza, Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificado con el N° ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013, dirigido a la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, recibido por esta en ese mismo año, se le informó a dicha Municipalidad a través de tal dependencia, que: "Con respecto a su oficio DCU-163-2013, por medio del cual solicita un mapa con coordenadas que detalle los límites y si existiera alguna zona de protección debidamente certificada por el MINAET, en el sector de la Laguna Bonilla y su radio de protección, le informo lo siguiente: Que mediante el oficio N° 07370-2004-DHR, el MINAET recomienda la conformación de un equipo técnico y científico integrado por funcionario de la OSREO, ACOPAC, y Comisión Nacional de Humedales, con el objetivo de definir los límites de la Laguna Bonilla. La misma fue integrada por los siguientes funcionarios (...). Como resultado del trabajo realizado por dicha comisión, se elaboró un polígono, mediante el cual se identificó el Humedal Laguna Bonilla, el cual se adjunta en papel y en digital. Como sustento legal al trabajo realizado por la Comisión se adjuntan las resoluciones 16938-11 y 14288, de la Sala Constitucional" (se relaciona en parte el texto de estas resoluciones emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). "En relación a la existencia de una zona de protección en el humedal, le indico que de acuerdo con la certificación SINAC-GASP-349-10, la cual se adjunta, el humedal Bonilla, corresponde en la actualidad a un humedal palustrino, afectado por actividades antropogénicas. Por lo que según el artículo 33 inciso c de la Ley Forestal 7575 del 5 de febrero del 96 y aplicabilidad de las Áreas de Protección con respecto a los ecosistemas de humedal del tipo denominado Laguna, el área de protección de 50 metros de los lagos y embalses naturales, sólo aplica a humedales lacustrinos y no a humedales palistrinos como es el caso. Es debido a ello y de acuerdo con dicha certificación, que se recomienda respetar una zona de protección de 10 a 15 metros en este humedal". (Hecho no controvertido, en asocio con la prueba documental que obra a imágenes que van de la 22 a la 25 del expediente judicial); 2) Que en los términos de la escritura pública identificada con el N° 126, formalizada ante la Notaría de quien en testimonio respectivo se identificó como el Notario Público Pablo Fernando Ramos Vargas, esto el día 09 de noviembre del 2016, el aquí actor compró por la suma de ¢7.500.000,°° (siete millones quinientos mil colones exactos) a la compañía denominada Inversiones Jojo Sociedad Anónima cuyo representante manifestó haber recibido a satisfacción, el inmueble que fue descrito así: "finca inscrita en propiedad, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número veinticinco mil cuatrocientos sesenta y seis, cero cero cero, que es naturaleza terreno de pasto, situado en el Distrito uno Puntarenas, Cantón uno, Puntarenas, de la Provincia de Puntarenas. Linda al norte: Carretera Alberto Echandía (sic) en medio con el Ferrocarril al Pacífico con un frente de once metros, Sur y al Este: José Ángel Retana fallas; Oeste: Sucesión de [Nombre 001]. Mide doscientos setenta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados. Plano catastrado número P-cero cero dos cinco tres uno seis - mil novecientos noventa y dos", libre de gravámenes y anotaciones. (Las imágenes que van de la 54 a la 56 del expediente judicial); 3) Que el respectivo testimonio de la escritura relacionada en el hecho probado anterior, fue registrada en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles el día 21 de noviembre del 2016, siendo titular registral del dominio sobre dicho bien inmueble el aquí actor a partir de ese momento. (La imagen 56 del expediente judicial, en relación con el folio 78 del expediente administrativo, así como el 85 y 86 del expediente administrativo); 4) Que el aquí actor, previo a tomar decisión de comprar el inmueble relacionado en el hecho 2) anterior, solicitó a la Municipalidad demandada se le indicase el uso permitido al inmueble por adquirir sobre la base de si, resultaba permitido su uso como casa de habitación y para desarrollar actividad en explotación de taller mecánico, frente a lo que dicha entidad municipal, en los términos de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, respondió al aquí actor lo que sigue, en lo que resulta relevante: "... Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le concede la Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes 28 y 29 del expediente judicial, y los folios 07 y 08, 56 y 57, todos del expediente administrativo); 5) Que previo a la decisión adoptada por el aquí actor, de comprar el inmueble de interés, fue sobre la base del contenido y alcances de lo dispuesto por la Municipalidad demandada en la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016, que éste decidió materializar la compra del mismo, en función del destino o uso que deseaba darle como casa de habitación y taller mecánico. (Hecho no controvertido, en asocio con las reglas de la lógica y experiencia); 6) Que con posterioridad a la adquisición del inmueble mencionado en propiedad, el aquí actor nuevamente formuló solicitud a la Municipalidad demandada en idéntico sentido, sea, para que se le indicase si en el inmueble de interés se encontraba permitido su uso como casa de habitación y taller mecánico, frente a lo que por Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo el 31 de octubre del 2017, dicha solicitud le fue rechazada, con causa en que se determinó, que la propiedad se encuentra dentro de la "Laguna Bonilla", sector 2, esto en los siguientes términos: “ZONIFICACIÓN: Es un terreno ubicado según el Plano Catastrado en el Distrito 1 PUNTARENAS; el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamento y Plano de Zonificación), debidamente aprobado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada RECHAZADA por estar dentro de La Laguna Bonilla sector 2. (…). ZONAS ESPECIALES: En el sitio elegido para esta actividad no existe ningún tipo de reserva, ni aeropuertos, ni sitios históricos importantes. La conformidad de esta actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento de este certificado, y a que toda posible molestia quede completamente confinada dentro del inmueble". (Hecho no controvertido, en relación a las imágenes 30 y 31 del expediente judicial, folios 65 y 66 del expediente administrativo); 7) Que nuevamente en respuesta a una solicitud formulada por el aquí actor ante la Municipalidad demandada, ahora en los términos del oficio identificado con el N° MP-DPUC-094-02-2018 del 05 de febrero del 2018, dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constrictivo, de la Municipalidad demandada, se le indicó lo siguiente: "En relación a su solicitud de Resolución Municipal de ubicación para la construcción de vivienda y taller mecánico sita en la propiedad a mencionar, a continuación me permito indicarles (sic) las condiciones en que se encuentra el sitio elegido para esta actividad en cuanto a: Zonificación: Es un terreno ubicado según plano catastrado en el Distrito 1° Puntarenas; el cual no tiene Plan Regulador para la ciudad de Puntarenas; sin embargo se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad RECHAZADA por estar dentro de la Laguna Bonilla, Sector 2, de acuerdo a la revisión que se hizo en Catastro". (Las imágenes 36 y 37 del expediente judicial, en relación con los folios 05 y 06 del expediente administrativo); 8) Que en contra de esta última resolución el aquí actor interpuso los recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, de los que, el de revocatoria fue rechazado, sobre la base en lo medular, de lo siguiente: "El rechazo de este recurso de revocatoria se debe a que si bien se concedieron las resoluciones municipales de ubicación para las obras a realizar indicadas, mediante los oficios N° PUC-RES-429-08-2015 de fecha 17/08/2015 a nombre de Nancy Melissa Blanco Rojas y N° MP-PUC-RES-698-10-2016 de fecha 11/10/2016, a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz, sita en la propiedad con el Plano catastrado N° P-253316-1992 e inscrita con el Folio Real N° 25466-000; estos dos últimos oficios el N° MP-PUC-RES-820-10-2017 de fecha 31/10/2017 a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz y el oficio N° MP-DPUC-RES-094-02-2018, de fecha 05/02/2018, también a nombre de esta misma persona, en la misma propiedad y en el mismo lugar antes citado, si fueron rechazados porque ante el Departamento de Valoración Catastro-Bienes inmuebles, se confirmó que ésta propiedad está ubicada dentro del polígono Laguna Bonilla; o sea que está dentro de la Laguna Bonilla, Sector N° 2. Esto de acuerdo al estudio técnico elaborado por el SINAC-MINAE de acuerdo al oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, y además de otras resoluciones posteriores que ha hecho el SINAC en el sitio conocido Laguna Bonilla"; mientras que sobre el de apelación, a esta data no ha sido resuelto. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 40 a la 45 del expediente judicial y el documento identificado como el oficio N° MP-DPUC-OF-017-02-2018 del 21 de febrero del 2018 mediante el que fue rechazado el mencionado recurso de revocatoria por parte del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Puntarenas, que obra a folios 81 y 82 del expediente administrativo en un tanto de 2 folios); 9) Que la inversión efectuada por el aquí actor para adquirir el dominio sobre el bien inmueble de interés, ascendió a la suma de siete millones quinientos mil colones exactos. (Las imágenes que van de la 54 a la 56 del expediente judicial en que obra el testimonio de la escritura de comra venta correspondiente); 10) Que con causa en que el aquí actor compró el inmueble de interés, sobre la base de que podría hacer uso del mismo para construir una casa de habitación y/o, un taller mecánico, al serle primero autorizada dicha actividad y luego de adquirido el dominio sobre el bien inmueble de interés, denegada la misma por la Municipalidad aquí accionada, sufrió un daño de corte moral subjetivo constituido por sentimientos, en lo medular, de frustración como derivación del plan que se planteó para adquirir el inmueble, y el menos, enojo y tristeza. (Las reglas de la experiencia humana); 11) Que la interposición de la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, le fue notificada a la Municipalidad demandada el día 15 de octubre del 2019 conforme el acta de notificación de la resolución que dio curso a la presente acción. (La imagen 60, en relación con la 67, ambas del expediente judicial).- IV.- Hechos no probados: De relevancia para la resolución del presente proceso y por resultar fiel reflejo de la prueba que obra en autos una vez valorada la misma, se tiene como hechos no probados: ÚNICO: El valor del inmueble adquirido en propiedad por el aquí actor. (La ausencia de elementos de convicción al respecto).- V.- Sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual de la administración pública. Siempre que nos encontremos en torno con las partes en litigio ante la determinación de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, si la relación jurídica que vincula al administrado con la administración accionada no emerge con ocasión de la existencia de un instrumento contractual, se tiene que la discusión gira al rededor de lo que se conoce como responsabilidad civil extracontractual, por lo que resulta necesario a modo de introducción a los efectos de este instrumento, hacer referencia a los elementos que en doctrina y jurisprudencia suponen potable un reproche de responsabilidad como el que aquí se peticiona. Dentro del régimen de la llamada responsabilidad civil extracontractual, se distinguen dos tipos, la subjetiva, establecida en el artículo 1045 del Código Civil y la objetiva normada en el numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 1048 del Código Civil y el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En lo que toca al régimen de responsabilidad subjetiva, el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece la responsabilidad de los servidores públicos ante terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión su cumplimiento. Como tal, la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en un estudio en el ámbito del ánimo del agente respecto de la existencia de al menos, "culpa", sino "dolo", a diferencia de lo que ocurre con el régimen de responsabilidad objetiva, en orden al cual, la responsabilidad se determina con independencia de la existencia de tales elementos subjetivos. En la responsabilidad subjetiva se responde porque se es culpable, bien porque se ha buscado o querido la producción del daño, o bien porque se ha obrado de forma imprudente o negligente. En observancia con lo anterior, la responsabilidad del servidor ante terceros lo es en el ámbito del régimen de responsabilidad subjetiva, consecuentemente con lo cual, se requerirá para todos los efectos de la determinación de la existencia de culpa o dolo en el ánimo del servidor o agente de la Administración, sin perjuicio del resto de elementos que deben concurrir, como lo son la existencia del daño y el nexo causal entre aquel y la conducta desplegada, para que opere el reproche de imputación de responsabilidad. Por otra parte, el régimen de responsabilidad objetiva de la administración pública, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad subjetiva, ésta se genera sin que sea necesario demostrar el dolo o la culpa del agente causante del daño, bastando con la acreditación eso sí, de la existencia del "riesgo" para generarla, razón por la cual no operan las nociones de antijuridicidad y culpabilidad, por lo tanto, se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba en beneficio del lesionado. A los efectos, la presunta Administración Pública causante de tales daños y perjuicios reclamados debe resarcirlos si efectiva y eficazmente su conducta los generó, salvo que demuestre alguna causal exonerativa. De este modo, se requiere de la concurrencia de cuatro elementos, a saber: a) Una lesión, que consiste en los perjuicios patrimoniales antijurídicos, porque el que los padece no tiene el deber de soportarlos; b) Una conducta administrativa en relación con la cual se encuentre vinculada la producción del daño reprochado; b) Un nexo causal, conformado por la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el hecho (conducta administrativa) que se imputa y el daño producido; y c) Que no existan las causas de justificación a que hicimos referencia atrás, siendo que la existencia de las mismas puede desvincular jurídicamente el perjuicio producido con la conducta de la administración pública de modo que el efecto dañoso no sea imputable, rompiendo el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones previsto en los artículos 9, y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es entonces de naturaleza esencialmente objetiva, por lo que para nacer basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas. Debe tenerse que es bajo este tipo de criterio objetivo que resulta posible atribuir responsabilidad a la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre con sus servidores, para los cuales debe de usarse un criterio de atribución además, subjetivo. De otra parte, determinados los criterios bajo los que es procedente determinar la responsabilidad de la Administración Pública y/o de sus agentes o servidores públicos, nos interesa señalar que a la vez, existe una diferencia en cuanto a los criterios de imputación que operan para el establecimiento o determinación de dicha responsabilidad en caso de encontrarnos ante actividad lícita o ilícita, normal o anormal de la Administración. Citando al Dr. Ernesto Jinesta Lobo, de su Obra Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa, pág. 39, se tiene que: “En el sistema de responsabilidad sin falta o por sacrificio especial, responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal, el criterio determinante para que exista responsabilidad de las administraciones públicas es el quebranto del principio de igualdad en el sometimiento de las cargas públicas y el consiguiente daño especial (pequeña proporción de afectados) y anormal (excepcionalidad intensa de la lesión) o la teoría del riesgo para la hipótesis de los daños accidentales causados por una administración pública en el cumplimiento de la función asignada por el ordenamiento jurídico. Tratándose del sistema de responsabilidad por falta de servicio,-conducta ilícita o funcionamiento anormal,- el criterio de imputación lo constituye, precisamente, ese concepto jurídico indeterminado de “falta de servicio” y el derecho constitucional innominado o atípico de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.”. En la responsabilidad por conducta ilícita o anormal, entendida como aquella que se opone, infringe o violenta el ordenamiento jurídico entendido globalmente como las normas escritas y no escritas, la carga de la prueba corresponde a la víctima, quien corre con el deber de demostrar mediante las formas, los medios probatorios que permite el ordenamiento jurídico, la falta del servicio, su funcionamiento anormal, o la ilicitud en el actuar administrativo. En la responsabilidad por conducta lícita, se ha establecido que aun tratándose de conductas desplegadas con apego al ordenamiento jurídico, las mismas son susceptibles de atribuir responsabilidad en la Administración bajo criterios como los relacionados supra. En los casos de responsabilidad objetiva, la defensa de la Administración radicaría en la demostración de haber mediado alguna de las causales que rompen el nexo de causalidad que indica el numeral 190, párrafo 1 de la Ley General de Administración Pública, ya sea como se indicó supra, la fuerza mayor, le hecho de un tercero o hecho de la propia víctima. Nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución Nº 000584-F-2005, de las 10:40 hrs. del 11 de agosto del 2005, indicó, y siempre en relación con la responsabilidad objetiva lo siguiente: "...habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. (...) Tanto los presupuestos esenciales como la carga de la prueba, adquieren por ejemplo un nuevo matiz, que libera al afectado no solo de amarras sustanciales sino también procesales, y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los cargos y hechos que se le imputan. En todo caso, el carácter objetivo de la responsabilidad civil extracontractual de la Administración, fue definida con claridad en la sentencia de esta Sala N° 132 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991, para un hecho posterior a la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública, en la que dijo: "VI. Nuestra Ley General de la Administración Pública Nº 6227 (...), conforme lo señala la sentencia de esta Sala Nº 81 del año 1984, al resolver la polémica sobre su vigencia, en el Título Sétimo del Libro Primero, recogió los principios más modernos fundados en la doctrina y jurisprudencia más autorizada, sobre la responsabilidad extracontractual de la Administración, para establecer así la responsabilidad directa del Estado sin necesidad de probar previamente que el daño se produjo por culpa del funcionario o de la Administración, exigiendo para la procedencia de la indemnización que el daño sufrido sea efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo -artículo 196-. (...) Además establece, en forma taxativa, como causas eximentes de esa responsabilidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, correspondiéndole a la Administración acreditar su existencia, (...)" (El resaltado no es del original). En lo particular, referente a la eventual responsabilidad de una entidad como la Caja Costarricense del Seguro Social asociada a la prestación de los servicios de salud que se encuentran bajo su cargo, la Sala Primera de la Corte en su Voto Nº 7 de las 14:20 hrs. del 13 de enero de 1995, también ha indicado como sigue: "(...) Es esta teoría de responsabilidad objetiva la que requiere que con el riesgo creado se ocasione un daño al administrado susceptible de indemnización, (…). V)- Para restablecer la responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social ha de reconocerse el nexo causal entre el daño provocado al actor y la actuación de dicha entidad, o sea, entre el acto impugnado y el evento lesivo. (...) La relación causal entre el hecho (actividad que consistió en prestarle servicios médicos) y el efecto (…) es clara, ineludible y referible estrictamente a la institución demandada. No amerita hacer reparo en que el paciente fuera o no hipersensible al medicamento indicado, sino solamente -como lo afirmó el perito (…)- que se creó un riesgo que, como excepción a la resistencia común de los organismos- provocó un daño en el paciente y éste no tiene por qué soportarlo sin -al menos- ser indemnizado por ello. En síntesis, el riesgo lo creó la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de sus hospitales, ocasionando daño al paciente hoy actor y, en consecuencia, con fundamento en la ya mencionada teoría del riesgo, debe responsabilizársele por su actuación. (El resaltado no es del original). En consecuencia y de manera concordante con todo lo anterior, a la parte que demanda corresponde desde el punto de vista procesal demostrar primero, la ocurrencia de un daño o perjuicio, y luego, que este se encuentre vinculado en nexo causal con una conducta administrativa, mientras que a la Administración demandada y sólo de llevar éxito la acción judicial incoada en su contra en lo anterior, acreditar que ha mediado con todo y ello, una suerte de eximente de responsabilidad que permita afirmar que tal nexo de causalidad que " rompe", desvinculando tal conducta administrativa con la producción del efecto dañoso que se reclama en cada caso, con lo que se suprime la base de imputación de la responsabilidad patrimonial endosada conduciendo ello a la improcedencia del reclamo.- VI.- Sobre el objeto del proceso, en asocio con la teoría del caso planteada por la parte actora. Con el propósito de que la exposición que se dirá, resulte lo más clara y ordenada posible, este Tribunal estima importante hacer referencia al objeto del proceso entendido como lo que se pretende sea concedido en sentencia, para lo cual habremos de indicar que el presente guarda identidad con un proceso judicial de los conocidos en doctrina como civil de hacienda, en la medida que, sobre la base, ya de lo que la representación del actor identificó como conducta ilícita o en su caso lícita, se condene a la Municipalidad demandada al pago de daños y/o, perjuicios. Sobre este tema, sea, la base de imputación de la responsabilidad que se reclama, habremos de hacer algunas precisiones de entrada. La parte actora en síntesis, pretende que en sentencia le sean otorgados extremos exclusivamente de corte patrimonial indemnizatorio, alegando que, previo a adquirir un inmueble en propiedad, tal decisión se vio incidida por el hecho de que la Municipalidad demandada le suministró información sobre el bien de la especie, que supuso, le habría de permitir desarrollar en él la actividad que era su intención desplegar a partir del tal adquisición, cual era su uso como casa de habitación y/o, como taller mecánico. Luego y como derivación de lo que se pretende, pese a que en algún nivel argumentativo además, se invoca como base de imputación de tal responsabilidad el despliegue por parte de la Municipalidad demandada de una conducta ilícita, que la misma representación de la parte actora identificó según lo extrae esta Autoridad Judicial, como aquellos actos al tenor del o los cuales, luego de informársele que un uso determinado el bien inmueble a adquirir, era conforme al deseado, luego de adquirido en propiedad el mismo se le informó lo contrario. Así las cosas, una pretensión de corte anulatorio y claro está, precedida de la declaración de su adopción en disconformidad con el ordenamiento jurídico no forma parte del objeto del presente proceso, por lo que, sobre este aspecto, a saber, la ilicitud de alguna conducta administrativa base de imputación de la responsabilidad patrimonial administrativa que se reclama, ningún pronunciamiento habrá de hacer este Tribunal, para lo que, las partes podrán consultar jurisprudencia reiterada emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la que sólo a título de ejemplo, habrá de citarse su Voto N° 002333-F-S1-2020 dictado al ser las 11:12 hrs. del 17 de setiembre de 2020, en relación con el N° 000301-F-2007 de las 11:15 hrs. del 26 de abril del 2007, fallos en los términos de los cuales, se determina que lo pretendido en el proceso judicial sea concedido en sentencia, constituye límite a la Autoridad judicial sobre lo que de hacer pronunciamientos o no en sentencia. Dicho lo anterior y de entrada, sobre la ilicitud planteada como base de imputación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que se reclama, entendida como el desajuste o no de lo actuado por la entidad Municipal en el caso concreto -se insiste- no habremos de hacer pronunciamiento alguno, simplemente porque no es objeto en la presente causa pretensión de corte anulatoria alguna. Con todo y ello, la representación de la parte actora argumentó y peticionó sobre la base de la imputación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública a partir del despliegue de una conducta lícita, lo que resultará como veremos adelante procedente, sólo en los términos que se dirán.- VII.-Sobre la procedencia parcial de la demanda. Como resultado de un análisis integral en valoración de la prueba que obra en autos en lo que se ha estimado relevante y conducente, este Tribunal es del criterio de que en el caso concreto, se impone declarar la procedencia parcial de la demanda, todo en función de las siguientes consideraciones.- 1.- Sobre los hechos de relevancia que se han tenido como demostrados y los que no. Producto de un análisis integral de la prueba que obra en autos, en lo que ha resultado relevante a los efectos del dictado de la presente sentencia, la que obra en el expediente judicial que hemos estimado suficiente, en asocio con la prueba que obra en el expediente administrativo, se tiene que en los términos del oficio de la Oficina Sub Regional Esparza.Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificado con el N° ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013, dirigido a la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, recibido por esta en ese mismo año, desde esa data, se le informó a dicha entidad Municipalidad aquí demandada a través de tal dependencia, que: "Con respecto a su oficio DCU-163-2013, por medio del cual solicita un mapa con coordenadas que detalle los límites y si existiera alguna zona de protección debidamente certificada por el MINAET, en el sector de la Laguna Bonilla y su radio de protección, le informo lo siguiente: Que mediante el oficio N° 07370-2004-DHR, el MINAET recomienda la conformación de un equipo técnico y científico integrado por funcionario de la OSREO, ACOPAC, y Comisión Nacional de Humedales, con el objetivo de definir los límites de la Laguna Bonilla. La misma fue integrada por los siguientes funcionarios (...). Como resultado del trabajo realizado por dicha comisión, se elaboró un polígono, mediante el cual se identificó el Humedal Laguna Bonilla, el cual se adjunta en papel y en digital. Como sustento legal al trabajo realizado por la Comisión se adjuntan las resoluciones 16938-11 y 14288, de la Sala Constitucional" (se relaciona en parte el texto de estas resoluciones emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). "En relación a la existencia de una zona de protección en el humedal, le indico que de acuerdo con la certificación SINAC-GASP-349-10, la cual se adjunta, el humedal Bonilla, corresponde en la actualidad a un humedal palustrino, afectado por actividades antropogénicas. Por lo que según el artículo 33 inciso c, de la Ley Forestal 7575 del 5 de febrero del 96 y aplicabilidad de las Áreas de Protección con respecto a los ecosistemas de humedal del tipo denominado Laguna, el área de protección de 50 metros de los lagos y embalses naturales, sólo aplica a humedales lacustrinos y no a humedales palistrinos como es el caso. Es debido a ello y de acuerdo con dicha certificación, que se recomienda respetar una zona de protección de 10 a 15 metros en este humedal". (El resaltado y subrayado no es del original). Luego y en consecuencia, a partir del año 2013 la Municipalidad demandada contó con la documentación necesaria que determinaba desde entonces, a travéz de un mapa con coordinadas precedido de la elaboración de un polígono que identificó el humedal denominado, "Laguna Bonilla", detalle sus límites y la existencia de zonas de protección en el sector de ese humedal y su radio de protección. Siendo lo anterior así, en los términos de la escritura pública identificada con el N° 126, formalizada ante la Notaría de quien en testimonio respectivo se identificó como el Notario Público Pablo Fernando Ramos Vargas, esto el día 09 de noviembre del 2016, el aquí actor compró por la suma de ¢7.500.000,°° (siete millones quinientos mil colones exactos) esto a la compañía denominada Inversiones Jojo Sociedad Anónima, dinero cuyo representante manifestó haber recibido a satisfacción, el inmueble que fue descrito así: "finca inscrita en propiedad, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número veinticinco mil cuatrocientos sesenta y seis, cero cero cero, que es naturaleza terreno de pasto, situado en el Distrito uno Puntarenas, Cantón uno, Puntarenas, de la Provincia de Puntarenas. Linda al norte: Carretera Alberto Echandía (sic) en medio con el Ferrocarril al Pacífico con un frente de once metros, Sur y al Este: José Ángel Retana fallas; Oeste: Sucesión de [Nombre 001]. Mide doscientos setenta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados. Plano catastrado número P-cero cero dos cinco tres uno seis - mil novecientos noventa y dos", libre de gravámenes y anotaciones. (El texto del testimonio de la escritura pública mencionada obra visible a las imágenes que van de la 54 a la 56 del expediente judicial). Luego, el respectivo testimonio de la escritura relacionada en el hecho probado anterior identificado como el 2), fue registrada en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles el día 21 de noviembre del 2016 (la imagen 56 del expediente judicial en que obra el sello correspondiente estampado por el respectivo registrador) momento a partir del cual el inmueble de interés pasó a ser dominio registral del aquí actor. Por otra parte y esto resulta ser de medular importancia, previo a tomar el aquí actor la decisión de comprar el inmueble relacionado, solicitó a la Municipalidad demandada se le indicase el uso permitido al inmueble por adquirir sobre la base de si, resultaba permitido su uso como casa de habitación y para desarrollar actividad en explotación de taller mecánico, frente a lo que dicha entidad municipal, en los términos de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, le respondió lo que sigue, en lo que resulta relevante: "... Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le concede la Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (El resaltado y subrayado no es del original. Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes 28 y 29 del expediente judicial, y los folios 07 y 08, 56 y 57, todos del expediente administrativo). Luego y contando el aquí actor en dicha información que formalmente le fue suministrada por la entidad municipal en los términos dichos, es que este Tribunal ha concluido como hecho demostrado sobre la base de las reglas de la más simple lógica racional y experiencia, que requirió tal información él directamente al Municipio previo a comprar, lo fue indudablemente porque a la decisión de compra estuvo condicionada a sus efectos subjetivos en el marco del principio de la autonomía de la voluntad, a que en efecto pudiese dar a futuro al inmueble por adquirir, el uso deseado como casa de habitación y taller mecánico, por lo que, ha de admitirse también que fue sobre la base del contenido y alcances de lo dispuesto por la Municipalidad demandada en la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016, que éste decidió materializar la compra en función del destino o uso que deseaba darle al inmueble en cuestión. Con posterioridad, el aquí actor nuevamente formuló solicitud a la Municipalidad demandada en idéntico sentido, sea, para que se le indicase si en el inmueble de interés se encontraba permitido su uso como casa de habitación y taller mecánico, frente a lo que por Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo el 31 de octubre del 2017, dicha solicitud -ahora- le fue rechazada, esto con causa en que se determinó, que la propiedad se encuentra dentro de la "Laguna Bonilla", sector 2, esto en los siguientes términos: “ZONIFICACIÓN: Es un terreno ubicado según el Plano Catastrado en el Distrito 1 PUNTARENAS; el cual no tiene el Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas; según (Reglamento y Plano de Zonificación), debidamente aprobado por la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad solicitada RECHAZADA por estar dentro de La Laguna Bonilla sector 2. (…). ZONAS ESPECIALES: En el sitio elegido para esta actividad no existe ningún tipo de reserva, ni aeropuertos, ni sitios históricos importantes. La conformidad de esta actividad está sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa correspondiente vigente al momento del otorgamiento de este certificado, y a que toda posible molestia quede completamente confinada dentro del inmueble". (Hecho no controvertido, en relación a las imágenes 30 y 31 del expediente judicial, folios 65 y 66 del expediente administrativo). Habremos de detenernos para indicar, que en consecuencia, si como advertimos lo propio líneas atrás, si conforme el contenido del oficio de la Oficina Sub Regional Esparza.Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificado con el N° ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013, los límites y radio de protección del humedal Laguna Bonilla, incluyendo, porque no puede afirmarse otra cosa, en su "sector 2", eran o fueron del conocimiento de la Municipalidad demandada, desde ese año (2013), lo informado o autorizado como uso en relación al uso de este bien en cuestión por resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, para construcción de vivienda y taller automotriz,no guardó correspondencia, ni con la información con la que ya contaba la Municipalidad demandada al respecto, ni con el régimen jurídico que condicionaba el uso de ese inmueble, en tratándose de uno cuya superficie se traslapaba con un humeral. Sea y dicho lo anterior en otros términos, este acto administrativo resultó dado absolutamente en disconformidad con el ordenamiento jurídico, tanto en lo fáctico-material, como en lo jurídico, con las afectaciones claras que de ello se derivaron en afectación del aquí actor, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, en su decisión de compra, decisión que en esta línea de ideas, con claridad absoluta, se vio incidida por un error de hecho con respecto a la cosa objeto de adquisición, y de derecho. Esto se vio reforzado por el hecho de que, también de modo posterior, nuevamente en respuesta a una solicitud formulada por el aquí actor ante la Municipalidad demandada, ahora en los términos del oficio identificado con el N° MP-DPUC-094-02-2018 del 05 de febrero del 2018, dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constrictivo, de la Municipalidad demandada, se le indicó lo siguiente: "En relación a su solicitud de Resolución Municipal de ubicación para la construcción de vivienda y taller mecánico sita en la propiedad a mencionar, a continuación me permito indicarles (sic) las condiciones en que se encuentra el sitio elegido para esta actividad en cuanto a: Zonificación: Es un terreno ubicado según plano catastrado en el Distrito 1° Puntarenas; el cual no tiene Plan Regulador para la ciudad de Puntarenas; sin embargo se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad RECHAZADA por estar dentro de la Laguna Bonilla, Sector 2, de acuerdo a la revisión que se hizo en Catastro". (El resaltado no es del original. Ver la documentación que obra a las imágenes 36 y 37 del expediente judicial, en relación con los folios 05 y 06 del expediente administrativo). Finalmente, en contra de esta última resolución el aquí actor interpuso los recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, de los que, el de revocatoria fue rechazado, sobre la base en lo medular, de lo siguiente: "El rechazo de este recurso de revocatoria se debe a que si bien se concedieron las resoluciones municipales de ubicación para las obras a realizar indicadas, mediante los oficios N° PUC-RES-429-08-2015 de fecha 17/08/2015 a nombre de Nancy Melissa Blanco Rojas y N° MP-PUC-RES-698-10-2016 de fecha 11/10/2016, a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz, sita en la propiedad con el Plano catastrado N° P-253316-1992 e inscrita con el Folio Real N° 25466-000; estos dos últimos oficios el N° MP-PUC-RES-820-10-2017 de fecha 31/10/2017 a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz y el oficio N° MP-DPUC-RES-094-02-2018, de fecha 05/02/2018, también a nombre de esta misma persona, en la misma propiedad y en el mismo lugar antes citado, si fueron rechazados porque ante el Departamento de Valoración Catastro-Bienes inmuebles, se confirmó que ésta propiedad está ubicada dentro del polígono Laguna Bonilla; o sea que está dentro de la Laguna Bonilla, Sector N° 2. Esto de acuerdo al estudio técnico elaborado por el SINAC-MINAE de acuerdo al oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, y además de otras resoluciones posteriores que ha hecho el SINAC en el sitio conocido Laguna Bonilla"; mientras que sobre el de apelación, a esta data no ha sido resuelto. (El resaltado y subrayado no es del original. Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 40 a la 45 del expediente judicial y el documento identificado como el oficio N° MP-DPUC-OF-017-02-2018 del 21 de febrero del 2018 mediante el que fue rechazado el mencionado recurso de revocatoria por parte del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Puntarenas, que obra a folios 81 y 82 del expediente administrativo en un tanto de 2 folios). Se confirma, refuerza y lo reitera este Tribunal, que una vez que se le indicó previo a comprar el inmueble al aquí actor, que este podría ser usado como casa de habitación y taller mecánico, luego se le dijo que no, a partir de información sobre este bien que se encontró a su disposición y deber jurídico de observar desde mucho antes, desde el año 2013. En conclusión, para esta Cámara de juzgadores, ha quedado absolutamente claro como hecho demostrado, que fue con causa en que el aquí actor compró el inmueble de interés, sobre la base de que podría hacer uso del mismo para construir una casa de habitación y/o, un taller mecánico, al serle primero autorizada dicha actividad y luego de adquirido el dominio sobre el bien inmueble de interés, denegada la misma por la Municipalidad aquí accionada, que sufrió un daño de corte moral subjetivo constituido por sentimientos, en lo medular, de frustración como derivación del plan que se planteó para adquirir el inmueble, y al menos, enojo y tristeza. (Las reglas de la experiencia humana).- 2.- Sobre la naturaleza jurídica del certificado de uso de suelos. Estimando esta Cámara que las conductas administrativas formales desplegadas por la autoridad municipal demandada guardan identidad con independencia de la denominación que les da, con esta suerte de conducta administrativa formal, sea, con el certificado de uso de suelo, resulta relevante indicar que conforme así lo ha definido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto N° 000866-F-S1-2013 dictado al ser las 09:55 hrs. del 11 de julio de 2013, se tiene que: "III. Con el fin de resolver el reclamo planteado, conviene tener en cuenta que, al amparo de los preceptos 21 (derecho a la salud), 45 (limitaciones a la propiedad por razones de interés público), 50 (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), 69 (exigencia constitucional a la explotación racional de la tierra) y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política, se instituye el ordenamiento territorial y –concretamente– el urbanístico, como un conjunto de disposiciones tendentes a garantizar tales derechos fundamentales y, con ello, la calidad de vida de los habitantes, según lo reconoce expresamente el numeral 28 de la Ley Orgánica del Ambiente. Acorde con ese objetivo, el cardinal 28 de la Ley de Planificación Urbana (en lo sucesivo LPU) prohíbe “aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada”. Para asegurar que dicho precepto se cumpla, esa misma norma instituyó el denominado “certificado de uso de suelo”, como un “certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación”. Por esa razón, cuando un munícipe requiera de una licencia municipal (por ejemplo para construcción, fraccionamiento o patente para una actividad comercial o industrial), el respectivo Ayuntamiento debe constatar, previamente, que la actividad a realizar sea compatible con las zonas de uso estipuladas en la planificación urbana aplicable en el cantón. Sobre el particular, esta Sala ha indicado: “[…] El certificado de uso de suelo consiste en el instrumento donde consta a qué usos puede destinarse un terreno, sea, lo que acredita, -con carácter declarativo-, es la utilización que se le puede dar según las regulaciones vigentes. De ahí, puede suceder que lo plasmado en él no sea lo que interese al administrado, puesto que, el que le pretendía dar, podría no resultar conforme con el plan regulador. Según lo hizo patente el Ad quem, la Sala Constitucional ha expresado que dicho certificado, aunque de naturaleza declarativa, se erige en un acto fundamental, en razón de que su contenido y función es hacer constar estados fácticos o legales que posibilitan la toma de resoluciones que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, como son los permisos de construcción o patentes, para cuyos otorgamientos se requiere de dicho documento, como medio para verificar que, lo solicitado se conforma con la utilización aprobada en el correspondiente plan regulador.” (Sentencia no. 798-F-S1-2012 de las 9 horas 45 minutos del 4 de julio de 2012). Valga acotar que el ordinal 28 de la LPU, también prevé los denominados “certificados de uso no conforme”, que son aquellos mediante los cuales se hace constar un uso contrario, pero que se encontraba consolidado de previo a que se implantara la respectiva zonificación". (El subrayado y resaltado no es del original). Por su parte, en criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Votos como el identificado con el N° 2016-015501 dictado al ser las 11:41 hrs. del 21 de octubre de 2016, sobre este particular indicó en lo conducente: "III.- SOBRE LOS CERTIFICADOS DE USO DE SUELO. No hay duda que el certificado de uso de suelo es un acto administrativo que nace del ejercicio de la potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del administrado -favorable y desfavorablemente a la vez-. Es un acto con efectos jurídicos independientes, pues su contenido, por un lado, le otorga un beneficio el administrado -el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y, por el otro, también establece limitaciones al ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Así las cosas, la jurisprudencia de la este Tribunal ha conceptualizado dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: “[...] este certificado de uso de suelo conforme es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias (véase sentencia número 2006-005832 de esta Sala). Por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública. [...] . La anulación del acto favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política” (voto no. 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del" 30 de julio de 2010; en similar sentido consúltese, de la misma Sala Constitucional, la resolución no. 2010-4161 de las 12 horas 8 minutos del 26 de febrero de 2010)". (El subrayado y resaltado no es del original). Concluyendo sobre esta arista jurídica de interés, pero sobre todo en observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene que declarativo o no, el certificado de uso de suelo ha sido conceptualizado por la Sala Constitucional como un acto declarativo de derechos subjetivos, cubierto en consecuencia o informado, por el principio de intangibilidad de los actos propios dictados por la Administración Pública. Advirtiendo esta Cámara de Juzgadores que lo que sigue no es ni será fundamentación de la forma en que se habrá de fallar este caso específico, sobre la postura asumida por la Sala Constitucional relacionada atrás, -lo que afirmamos con profundo respeto- aún media la necesidad de profundizar sobre la naturaleza, contenido y alcances del certificado de uso de suelo, si se toma en cuenta la posición asumida en este mismo fallo, por dos de los magistrados integrantes del Alto Tribunal de control constitucional, al afirmar lo que sigue, cual voto de minoría: "RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Declaramos sin lugar el recurso, por razones diferentes a las que se exponen en el voto de mayoría. En nuestro criterio, los certificados de uso de suelo, únicamente, tienen efectos declarativos, pues sólo tienen la finalidad de certificar cuál es el uso establecido reglamentariamente para un inmueble. Es decir, no crean ni confieren derechos, sino que acreditan una situación jurídica en particular, como es la conformidad de un uso con los parámetros de zonificación. Dicha tesis fue sostenida por esta Sala en la Sentencia No. 5109-2011 de las 11:20 hrs. de 4 de noviembre de 2011, donde se señaló, de modo expreso, lo siguiente: “Este certificado de uso del suelo es un acto administrativo de naturaleza declarativa, es decir, acredita hechos o circunstancias pero no crea ni modifica situaciones jurídicas; específicamente, por medio de él la Administración local acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la zonificación respectiva, pero no otorga un permiso de construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido según lo establecido reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de los requisitos -no el único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización para construir o para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir, para dictar un acto administrativo que sí crea derechos subjetivos (ver en ese sentido sentencia número 4336 de las 14:24 horas del 04 de junio de 1999). (...)". (El resaltado y subrayado no es del original). Decimos que, lo anterior no es ni será fundamentación de la forma en que se habrá de fallar este caso específico, porque como se verá, habremos de resolver el presente asunto por el fondo, con independencia en alguna medida, de si resulta discutible que esta suerte de actos administrativos formales, guardan o no identidad con actos generadores de derechos subjetivos o si en su caso, guardan identidad con actos con alcances más limitados, dependiendo de las circunstancias, guardando más identidad con actos preparatorios sin efectos propios. Tornando ahora sí a lo que ocupa nuestra atención, no está por demás indicar -y lo que sigue sí es relevante a los efectos del dictado de la presente sentencia- que, la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en su Voto N° 04336-16 dictado al ser las 14:24 hrs. del 04 de junio de 1999, que no es jurídicamente procedente sujetar los certificados de uso de suelo a plazos, así: “A juicio de la Sala existe una errónea aplicación de las instituciones jurídicas en juego. El certificado de uso del suelo que se expide válidamente, no está sometido a validez temporal, mientras el Plan Director no sea modificado; es decir, un terreno con vocación residencial, la mantiene por todo el plazo que esté vigente el plan general de desarrollo urbano; el que puede ser comercial, igualmente, puesto que la zonificación no cesa en sus efectos anualmente. Si así fuera, se estaría afirmando que todo propietario en el Cantón, está obligado a obtener un certificado de uso del suelo cada año, para que se le notifique cuál es el uso que se le permite durante el año siguiente y así consecutivamente, pudiendo la Municipalidad variar ese uso del suelo, anualmente. Esta interpretación no solo atenta contra la esencia misma del Derecho Urbanístico, sino que elimina del todo el valor seguridad jurídica y deja en manos de la administración municipal, el definir, discrecionalmente, cuál es la vocación urbanística de cada inmueble. Por ello, estima la Sala, no es posible admitir el criterio de que solo el vencimiento del certificado del uso del suelo por el transcurso de un año, implique que una actividad autorizada se transforme, el año siguiente, en prohibida. Además, de elemental lógica, dos presupuestos: a) todas las propiedades construidas y ubicadas en el Cantón de San José, a la puesta en vigencia del Plan Director Urbano, tenían a esa fecha, el uso del suelo definido y confirmado por la sola existencia y por la expedición de las licencias de construcción, de manera que sus situaciones no pueden ser modificadas con la entrada en vigencia de esa normativa, si no media una compensación a cargo de la Municipalidad, por la lesión que implica darle efecto retroactivo al Plan Director; y b), en igual plano se encuentran todos los negocios comerciales que obtuvieron, en su oportunidad, las licencias para el ejercicio de actividades comerciales (patentes)…” (Sentencia No. 04336-99 de las catorce horas veinticuatro minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve)”. (El resaltado y subrayado no es del original). Corolario de lo anterior, en observancia de lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que reza así: "La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma", declarativo o no el certificado de uso de suelo, ha de entenderse como un acto generador de derechos subjetivos, para o frente al que, si la Administración estima que a la hora o momento de su dictado, lo fue sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, de haber resultado positivo a los derechos subjetivos del administrado, sólo por las vías jurídicas dispuestas en el ordenamiento jurídico puede ser revertido por la Administración Pública, ya lo sea al tenor de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y/o, agregamos, por la vía del proceso jurisdiccional de lesividad, a lo que se ha de agregar, que el someter la eficacia de este tipo de actos a un plazo determinado, viene vedado por el ordenamiento jurídico, y de entre éste, por el derecho de la Constitución sobre la base de los alcances del principio de irretroactividad, que involucra o cubre el posible desconocimiento del principio de intangibilidad de actos propios generadores de derechos subjetivos, cual así lo definió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.- 3.- Sobre la procedencia de la responsabilidad patrimonial acusada, sobre la base del despliegue de una conducta administrativa lícita en el caso concreto. Cual así lo adelantó este Tribunal líneas atrás, en el presente caso se impone declarar la demanda con lugar parcial, sobre la base de la procedencia del reproche de responsabilidad erigido a partir de la adopción de conductas administrativas, calificadas de lícitas, con los matices que se dirán: 3.1. Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública derivada de la adopción de una conducta lícita. Estimamos relevante hacer cita a estos efectos, de lo señalado por la Sala Constitucional en parte, en su Voto N° 2009-013606 dictado al ser las 14:57 hrs. del 26 de agoto del 2009: “IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISRATIVA. (...). El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e injustamente soportadas por éstos. (…) V.- CARÁCTER ESENCIAL DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. La responsabilidad de las administraciones públicas por el ejercicio de la función administrativa forma parte, como lo hemos constatado en el considerando anterior, de la concepción constitucional de éstas. Es una pieza clave y esencial del Estado social y democrático de Derecho, dados los fines a los que propende un régimen de responsabilidad administrativa. De modo general, la responsabilidad administrativa tiene por función básica la reparación o resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un administrado (víctima o damnificado) en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el ejercicio de la función administrativa. Uno de sus fines clásicos y tradicionales es servir de control o garantía para las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados que sean lesionadas por un ente público en el ejercicio de sus competencias o en la prestación de los servicios públicos expresamente asignados por la Constitución o la ley. La responsabilidad administrativa junto con la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política), son las piezas claves de un Estado Constitucional para la defensa de los administrados frente a las prerrogativas y privilegios formales y materiales con que la propia Constitución provee a los entes públicos para el cumplimiento de sus cometidos. Esta finalidad determina que el principio constitucional de la responsabilidad administrativa debe ser fortalecido y acentuado mediante una interpretación extensiva y no restrictiva, de la misma forma el legislador al desarrollar los sistemas de responsabilidad administrativa debe adecuarse al parámetro constitucional de una responsabilidad administrativa objetiva y directa, estándole vedado establecer conductas administrativas exentas o inmunes a éste y menoscabando los derechos fundamentales resarcitorio y al buen funcionamiento de los servicios públicos de los que son titulares todos los administrados”. La promulgación de la Ley General de la Administración Pública solventó el vacío jurídico que existía para poder demandar responsabilidad al Estado en sede jurisdiccional. El artículo 1° de dicha Ley dispone que la Administración (entendida en un sentido amplio como Estado y los demás entes públicos) responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. La norma introduce el concepto de responsabilidad objetiva del Estado, es decir, aquella que no examina la actuación del funcionario en cuanto a los extremos de su culpabilidad sino que hace descansar la responsabilidad en la mera constatación del daño y que el mismo se haya producido por la actividad de la Administración. Esta es la línea que sigue el artículo 190 de la Ley de la Administración Pública. La responsabilidad objetiva se produce entonces, sin que sea necesario demostrar el dolo o la culpa del causante del daño; basta el riesgo para generarla. En consecuencia, para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Lesión o existencia de un daño antijurídico, el cual consiste en las afectaciones patrimoniales antijurídicas, por cuanto quien los padece no tiene el deber de soportarlos. 2) Conducta de la administración omisiva o activa, formal o material, y 3) El nexo causal, es decir, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido, sin la presencia de causas exonerativas que legitimen la lesión producida (artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública). En caso de darse este último supuesto, se rompe el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Por su parte, la lesión o daño que sirve de fundamento al instituto indemnizatorio debe reunir varios requisitos. En primer término debe ser antijurídico, es decir, un daño que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar, pues excede el común de las cargas que la gestión administrativa comporta para la colectividad. Esa antijuridicidad se deriva de la inexistencia en el ordenamiento jurídico de una norma que justifique la carga impuesta al administrado, la cual, al carecer de fundamento en derecho, se erige como una lesión injusta que debe ser resarcida. Esas causas de justificación deben estar recogidas en el propio ordenamiento jurídico, de tal suerte que su aplicación sea una consecuencia típica de ese conjunto normativo (v.g., cobro de impuestos, preservación de la moral y las buenas costumbres, artículo 195 de la Ley General). Adicionalmente, ese daño deberá presentar las características de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizable. Por efectivo debe entenderse que el daño sea cierto, y no eventual o simplemente posible. También es necesario que se pueda valorar en términos económicos, con el objeto de fijar en forma equitativa el monto del resarcimiento. Finalmente, debe ser individualizable, lo que implica que el mismo esté concretizado en relación con una persona o grupo de personas; es decir, el daño debe ser singular y no constituir una carga común que todos los particulares deben soportar. La regulación contenida en la Ley General de la Administración atinente a los supuestos en que cabe indemnización del daño distingue dos cuestiones: que estemos frente a actividad ilícita o anormal de la Administración (artículos 190, 191 y 192) o frente a actividad lícita o normal. Normalmente, la ilicitud se relaciona con el incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico aplicables a la Administración, mientras que la anormalidad se refiere a un examen de la actividad material o de prestación de servicios de aquella. En este supuesto se ha producido una transgresión del ordenamiento jurídico, que genera que el reclamo por la lesión sufrida comprenda no sólo el daño como tal, sino además, el perjuicio correspondiente (en relación con el artículo 10.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción). La Real Academia Española define el término daño como “detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia” y el lucro cesante como la “ [Ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la infracción de un deber, o por un sacrificio patrimonial legítimo”. Por otra parte, tenemos la responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal que supone una específica valoración de la lesión que causa el actuar de la Administración. La responsabilidad por conducta lícita es una excepción a la regla que es la responsabilidad por conducta ilícita de la Administración. En este supuesto se está ante actuaciones legales de la Administración que, no obstante, provocan un deterioro en el ámbito jurídico del administrado. Se dice que si la Administración actuando en forma legítima, afecta el derecho de un particular que también es legítimo, el principio de igualdad ante las cargas públicas obliga a indemnizarlo. En este supuesto, el daño es calificado de "especial", ya sea por la "pequeña proporción de afectados" o bien "por la intensidad excepcional de la lesión" (artículo 194 de la Ley General). El fundamento de esta figura fue explicado en la Asamblea Legislativa por el D.O.O. en los siguientes términos: "Esto obedece al principio que explicábamos ayer de la llamada indemnización de derecho público, por acto lícito o por funcionamiento normal de la Administración. Pero se establece aquí claramente en qué condiciones se va a admitir esa indemnización, únicamente cuando los afectados por el funcionamiento normal o el acto lícito sean muy pocos o la lesión que haya inferido sea excepcionalmente grave. Extraordinaria o anormal en relación con los miembros del resto de la colectividad. (...) Nosotros decimos que cuando se trata de muy poco, o de un agravio o daño muy intenso, procederá a aplicar esa indemnización. Tenemos que reconocer que esto tiene cierto margen de indeterminación. ¿Cuántos son pocos y cuántos son muchos? Es algo que dará fundamentalmente a la apreciación judicial. Cuándo será muy intensa la lesión inferida o extraordinaria o anormal es algo que quedará a la apreciación del juez. Pero en realidad es un riesgo, y consideramos, que todas las leyes corren. El segundo párrafo, simplemente afirma lo siguiente, cuando la doctrina de este tipo de responsabilidad sostiene el siguiente principio: Cuando se daña por acto lícito o funcionamiento normal un bien del administrado, la Administración debe restituir al dueño al estado anterior en relación con ese bien, no al estado patrimonial que hubiera tenido si el bien no hubiera sufrido el daño, porque se considera que se trata de una responsabilidad que es una sanción, (...), sino de un acto de justicia para reparar a un ciudadano el sacrificio que hizo en beneficio de la colectividad. Entonces con el mismo espíritu de solidaridad se le impone al ciudadano una pérdida de sus perjuicios aunque sea limitada, en el sentido de que el lucro cesante no lo puede cobrar. La doctrina suele formular esta regla diciendo: se indemniza el daño al bien lesionado, no se indemniza el daño causado al dueño. Puede ser que el daño al bien lesionado sea menor que el causado al dueño. Cuando el dueño a consecuencia de la lesión ha dejado de percibir ciertas ganancias. En ese caso, no se indemniza. (...) En estos casos, el Estado actúa en un acto de solidaridad social y de justicia con el particular..." (QUIROS CORONADO, R., Ley General de la Administración Pública, Concordada y Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, S.J., Aselex S.A., 1996, p. 295). Esta exposición explica ampliamente las razones por las que se consideró procedente que en los supuestos de conducta lícita o normal lo único que debe indemnizarse es el daño, no el lucro cesante, es decir, la ganancia que se dejó de obtener en razón de la actividad desplegada por la Administración. A juicio de este Tribunal, tales argumentos continúan vigentes a la fecha. No está en la misma situación el particular a quien la Administración debe indemnizar en virtud de un daño causado por conducta ilícita o anormal, que aquel a quien se debe indemnizar por conducta lícita o normal. Si bien este último supuesto encuentra justificación en el principio de igualdad ante las cargas públicas según el cual el particular no tiene porque soportar en forma exclusiva el daño generado por una conducta legítima, ello no significa que deba indemnizársele también por lo dejado de percibir. En tales supuestos la reparación debe limitarse al valor objetivo del derecho sacrificado y los daños directos que se producen a consecuencia de la actuación del Estado. De allí que no son indemnizables las ganancias hipotéticas, el lucro cesante y elementos subjetivos que podrían incidir en la valoración del derecho limitado. El artículo 195 de la Ley General de la Administración Pública establece claramente que “… Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso…”. Vemos entonces como el orden público constituye una causa eximente de la responsabilidad de la Administración. En la sentencia 3173-93, este Tribunal procuró precisar los límites de ese concepto, de por sí indeterminado, y señaló: “II.- Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros- no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos "moral", concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros-, y "orden público", también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales". El subrayado y resultado no es del original). Dicho lo anterior, la Ley General de la Administración dispone en lo que interesa, que: "Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. / 2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente". (El resaltado no es del original). En la sección tercera referida en el artículo cuya transcripción hicimos, se dispone lo siguiente: "Artículo 194.- 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo". "Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso". Así: El ordenamiento jurídico permite acceder a una indemnización, aún y sobre la base, que como se verá, es la que media en el presente caso, de que la conducta administrativa que es causa u origen eficiente del daño o efecto dañoso, sea lícita, esto es, adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico, con tal de que, medien ciertos presupuestos, a saber, que tal afectación se dé en el administrado de forma especial, sea, calificada o reforzada por el hecho de que forme parte de una "pequeña proporción de afectados" y/o, que en su caso, "la intensidad" de tal afectación se pueda calificar de excepcional en grado -entendemos- a la intensidad con que se sufre la lesión al bien jurídico de que se trate; eso sí, sin cubrir el lucro cesante porque se trata de la indemnización por al sacrificio dado en estas circunstancias en orden al bien público o bienestar común, nada más, de modo que, la indemnización en estos casos no es plena.- 3.2.- Sobre la responsabilidad por conducta lícita derivada de los actos administrativos adoptados por la Municipalidad demandada. Habremos de retornar a los hechos que se han tenido como probados en la presente causa para indicar que en un primer nivel de análisis, en los términos del oficio de la Oficina Sub Regional Esparza, Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificado con el N° ACOPAC-OSREO-531-2013 de fecha 30 de abril del 2013, dirigido a la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, recibido por esta en ese mismo año, se le informó a dicha Municipalidad a través de tal dependencia, en lo que interesa, el detalle los límites y si existiera de una zona de protección en el sector del humedal denominado "Laguna Bonilla" una vez que un equipo técnico y científico integrado por funcionadio de la OSREO, ACOPAC, y Comisión Nacional de Humedales, definió lo propio, elaborado por ella un polígono mediante el cual se identificó el humedal de interés (que se adjuntó a la Municipalidad aquí demandada "en papel y en digital" con la advertencia de que, según el artículo 33 inciso c) de la Ley Forestal 7575 del 5 de febrero del 96 y aplicabilidad de las Áreas de Protección con respecto a los ecosistemas de humedal del tipo denominado Laguna, se recomendaba respetar una zona de protección de 10 a 15 metros en este humedal". (Hecho no controvertido, en asocio con la prueba documental que obra a imágenes que van de la 22 a la 25 del expediente judicial). Que interesado el aquí actor en la adquisición del dominio sobre un bien inmueble situado dentro del territorio en que la Municipalidad demandada ejerce sus competencias como Gobierno Local, previo a adoptar la decisión de "comprarlo" solicitó a la Municipalidad demandada se le indicase el uso permitido al inmueble por adquirir sobre la base de si, resultaba permitido su uso como casa de habitación y para desarrollar actividad en explotación de taller mecánico, frente a lo que dicha entidad municipal, en los términos de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, respondió al aquí actor lo que sigue, en lo que resulta relevante: "... Por las razones antes expuestas; este departamento le informa que se le concede la Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz. Este documento tiene vigencia de un año”. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes 28 y 29 del expediente judicial, y los folios 07 y 08, 56 y 57, todos del expediente administrativo). Dos cosas han de afirmarse a partir de lo anterior, primero, que mediante este acto administrativo dictado según así lo ha definido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el carácter en el plano de su naturaleza jurídica, de un acto generador de derechos subjetivos (para el que, en caso de determinarse luego, su dictado en disconformidad con el ordenamiento jurídico la Administración Municipal debió observar el principio de inderogabilidad de actos propios de la especie, sin perjuicio del procedimiento administrativo o vía jurisdiccional prevista para su supresión jurídica) y segundo, que sometió ilegítimamente la vigencia de tal acto en grosera inobservancia de la jurisprudencia de la relacionada Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a un plazo, se hubiere producido o no alguna variación en la regulación urbanística vigente, o evento de la naturaleza que variase las condiciones del inmueble, todo de acuerdo con la regularización de la zonificación municipal aplicable en la materia. Sobre este último aspecto ha de aclarar este Tribunal, que aún y cuando en análisis que será abordado partirá de la procedencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública demandada a partir de la base de imputación de la adopción de conductas lícitas. Recurriendo a principios de justicia y equidad, así como a lo dispuesto en los numerales del Código Civil, 21 que reza así: "Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe"; y 22, que dice como sigue: "La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso"; esta Autoridad judicial no habrá de reconocer eficiacia alguna al acto administrativo de interés en lo que le sujetó en cuanto a sus efectos, a un período de vigencia, para lo que bastará con decir por la forma en que, en este tanto se condujo la Municipalidad demandada, que entró en colusión e inobservancia frontal de lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si lo es sobre la base del Voto emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 4336 de las 14:24 hrs. del 04 de junio de 1999 del que ya hicimos cita líneas atrás en el presente fallo, según el cual el alto Tribunal de control de Constitucionalidad, indicó en lo que interesa, que: “El certificado de uso del suelo que se expide válidamente, no está sometido a validez temporal, mientras el Plan Director no sea modificado". (El subrayado y resaltado no es del original). Consecuentemente con lo anterior, sea o no objeto en la presente litis, la validez y/o nulidad de tal acto en este tanto exclusivamente, lo dispuesto en él dispuesto sobre un plazo de vigencia del mismo no será de aplicación por parte de este Tribunal, so pena de amparar por esta vía un uso abusivo del derecho o antisocial del mismo, si es que la Administración Municipal entendió procedente limitar los efectos de lo actuado en términos de temporalidad del modo en que lo hizo -sin sustento jurídico o no- pues resultaría claro al menos un abuso del derecho de admitirse que la Administración Pública es titular de derechos, o en su caso de potestades de imperio, de donde insistimos, no vemos incongruencia en el razonamiento aplicado por esta Cámara de Juzgadores. Otra consecuencia de lo anterior, lo es que todo argumento esbozado por la representación municipal en la presente causa a partir de la afirmación de que el plazo de vigencia de este acto administrativo se fijó en un año, dentro del que dijo, debió solicitar una licencia de construcción, resulta inatendible y estéril. Continuando, también ha de indicarse que a partir del dictado de este acto administrativo generador de derechos subjetivos (según la opinión de la Sala Constitucional) se generó sin duda alguna, una real expectativa en el gestionante del mismo, de que el bien consultado en cuanto a su uso, podría luego ser destinado a su uso como casa de habitación y/o, como taller mecánico. Es en este contexto dado en el plano fáctico, que se determinó en la presente causa, que previo a la decisión adoptada por el aquí actor, de comprar el inmueble de interés, fue sobre la base del contenido y alcances de lo dispuesto por la Municipalidad demandada en la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016, que éste decidió materializar la compra del mismo, en función del destino o uso que deseaba darle como casa de habitación y taller mecánico; y fue así, que posteriormente compró este inmueble, por cuanto también se demostró, que de modo posterior al dictado del acto administrativo en cuestión y en los términos de la escritura pública identificada con el N° 126, formalizada ante la Notaría de quien en testimonio respectivo se identificó como el Notario Público Pablo Fernando Ramos Vargas, esto el día 09 de noviembre del 2016, el aquí actor compró por la suma de ¢7.500.000,°° (siete millones quinientos mil colones exactos) a la compañía denominada Inversiones Jojo Sociedad Anónima cuyo representante manifestó haber recibido a satisfacción, el inmueble que fue descrito así: "finca inscrita en propiedad, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número veinticinco mil cuatrocientos sesenta y seis, cero cero cero, que es naturaleza terreno de pasto, situado en el Distrito uno Puntarenas, Cantón uno, Puntarenas, de la Provincia de Puntarenas. Linda al norte: Carretera Alberto Echandía (sic) en medio con el Ferrocarril al Pacífico con un frente de once metros, Sur y al Este: José Ángel Retana fallas; Oeste: Sucesión de [Nombre 001]. Mide doscientos setenta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados. Plano catastrado número P-cero cero dos cinco tres uno seis - mil novecientos noventa y dos", libre de gravámenes y anotaciones. (Las imágenes que van de la 54 a la 56 del expediente judicial). El respectivo testimonio de la escritura relacionada en el hecho probado anterior, fue registrada en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles el día 21 de noviembre del 2016, siendo titular registral del dominio sobre dicho bien inmueble el aquí actor a partir de ese momento. (La imagen 56 del expediente judicial, en relación con el folio 78 del expediente administrativo, así como el 85 y 86 del expediente administrativo). Sobre los atributos del dominio, baste con indicar en lo que guarda interés, que conforme el Código Civil en su artículo 264: "El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- De posesión; 2º.- De usufructo; 3º.- De transformación y enajenación; 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización". (El resaltado no es del original). Ahora bien, con absoluta independencia de si dentro de un año o no, posterior al dictado por parte de la Municipalidad demandada, de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, mediante la que, al aquí actor se le informó que el inmueble en cuestión sí podía ser usado como casa de habitación y/o, taller mecánico, con posterioridad a la compra que realizó del mismo, nuevamente formuló solicitud a la Municipalidad demandada en idéntico sentido, sea, para que se le indicase si en el inmueble de interés se encontraba permitido su uso como casa de habitación y taller mecánico, frente a lo que ahora, dicha gestión le fue atendida en sentido totalmente contrario por Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo el 31 de octubre del 2017, mediante la que dicha solicitud le fue rechazada con causa en que se determinó sobre la base de información con que contaba la Municipalidad desde el año 2013, que la propiedad se encuentra dentro de la "Laguna Bonilla", sector 2". (Hecho no controvertido, en relación a las imágenes 30 y 31 del expediente judicial, folios 65 y 66 del expediente administrativo). Habiendo el aquí actor adquirido mediante compra el inmueble de interés en lo que interesa, sobre la base de la información que directamente le suministró la Municipalidad demandada por medio de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, y la expectativa que derivada de la misma generó certeza o, al menos seguridad jurídica en el aquí demandante de que en el sitio de interés podría edificar una vivienda y/o taller mecánico posteriormente, nuevamente en respuesta a una solicitud formulada por él ante la Municipalidad demandada, ahora en los términos del oficio identificado con el N° MP-DPUC-094-02-2018 del 05 de febrero del 2018, dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad demandada, se le indicó lo siguiente: "En relación a su solicitud de Resolución Municipal de ubicación para la construcción de vivienda y taller mecánico sita en la propiedad a mencionar, a continuación me permito indicarles (sic) las condiciones en que se encuentra el sitio elegido para esta actividad en cuanto a: Zonificación: Es un terreno ubicado según plano catastrado en el Distrito 1° Puntarenas; el cual no tiene Plan Regulador para la ciudad de Puntarenas; sin embargo se tiene inconveniente en autorizarle su uso o actividad RECHAZADA por estar dentro de la Laguna Bonilla, Sector 2, de acuerdo a la revisión que se hizo en Catastro". (El resaltado no es del original. Ver las imágenes 36 y 37 del expediente judicial, en relación con los folios 05 y 06 del expediente administrativo). Sorprendió así la Municipalidad demandada al aquí demandante, luego de informarle formalmente previo a que comprara el inmueble de interés, que su uso como casa de habitación y/o taller mecánico estaba permitido, informándole luego de haber comprado que en dicho inmueble, tal uso no estaba permitido, punto a parte que conforme la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la que ya hicimos análisis atrás, como exigencia jurídica para poder haber sido adoptado oficio identificado con el N° MP-DPUC-094-02-2018 del 05 de febrero del 2018 mediante el que se desconoció o se suprimió tácitamente el anterior oficio dictado con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016, que fue sobre la base del cual, el aquí actor compró el inmueble de interés, no medió procedimiento administrativo alguno o acción judicial, dirigida a que se declare la nulidad de un acto administrativo generador de un derecho subjetivo. Con todo y esto, lo que resulta claro lo es, partiendo de que ambos actos, pero en particular, el identificado con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016 mantenga su validez y en consecuencia, eficacia, lo cierto es que a partir de lo dispuesto en este último, se vació de contenido la voluntad del aquí actor desplegada en el ejercicio del principio, valga la redundancia, de la autonomía de la voluntad, dirigida a comprar el inmueble en cuestión, con lo que claramente se le indujo en error, en los términos que se explicarán adelante. Continuando con los hechos que en esta causa se han tenido por demostrados, en contra de esta última resolución el aquí actor interpuso los recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, de los que, el de revocatoria fue rechazado, sobre la base en lo medular, de lo siguiente:"El rechazo de este recurso de revocatoria se debe a que si bien se concedieron las resoluciones municipales de ubicación para las obras a realizar indicadas, mediante los oficios N° PUC-RES-429-08-2015 de fecha 17/08/2015 a nombre de Nancy Melissa Blanco Rojas y N° MP-PUC-RES-698-10-2016 de fecha 11/10/2016, a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz, sita en la propiedad con el Plano catastrado N° P-253316-1992 e inscrita con el Folio Real N° 25466-000; estos dos últimos oficios el N° MP-PUC-RES-820-10-2017 de fecha 31/10/2017 a nombre de Leandro Arturo Badilla Muñoz y el oficio N° MP-DPUC-RES-094-02-2018, de fecha 05/02/2018, también a nombre de esta misma persona, en la misma propiedad y en el mismo lugar antes citado, si fueron rechazados porque ante el Departamento de Valoración Catastro-Bienes inmuebles, se confirmó que ésta propiedad está ubicada dentro del polígono Laguna Bonilla; o sea que está dentro de la Laguna Bonilla, Sector N° 2. Esto de acuerdo al estudio técnico elaborado por el SINAC-MINAE de acuerdo al oficio ACOPAC-OSREO-531-2013, y además de otras resoluciones posteriores que ha hecho el SINAC en el sitio conocido Laguna Bonilla"; mientras que sobre el de apelación, a esta data no ha sido resuelto. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 40 a la 45 del expediente judicial y el documento identificado como el oficio N° MP-DPUC-OF-017-02-2018 del 21 de febrero del 2018 mediante el que fue rechazado el mencionado recurso de revocatoria por parte del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Puntarenas, que obra a folios 81 y 82 del expediente administrativo en un tanto de 2 folios). Se refuerza o resulta confesa la Administración Pública demandada, en el sentido de que no obstante primero, informó al aquí actor que el uso del inmueble como casa de habitación y/o, taller mecánico estaba permitido, luego resolvió la misma gestión en sentido contrario sobre la base de información con la que contó desde el año 2013, esto es, de la que fue conocedora previo a la primera gestión en este tanto formulada por al aquí actor y que fue sobre la base de la que procedió a comprar el inmueble en cuestión. El daño generado en el aquí actor salta a la vista, para lo que bastará con decir que la Municipalidad demandada le indujo en error, de hecho sobre el bien que compró, y de derecho a la vez, al informarle que un uso estaba permitido darle el mismo y luego resolver lo contrario. Sin que en la presente causa haya intervenido el vendedor de este bien, no está por demás sólo a mayor abundamiento de razones, recordar que el Código Civil establece en su numeral 1015, que: "Es anulable el contrato en que se consiente por error: 1º.- Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 2º.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su sustancia o calidad esencial". (El resaltado no es del original). Partiendo de un proceso lógico racional fundado en la supresión hipotética entonces, ha de responderse a la siguiente pregunta: ¿si la Municipalidad demandada en los términos de la resolución identificada con el N° MP-PUC-RES-698-10-2016 del 11 de octubre del 2016 le hubiese informado al aquí actor, que el uso del bien inmueble en cuestión no podía ser autorizado para vivienda y/o para un taller mecánico, el actor lo hubiese comprado con todo y ello?, siendo la respuesta lógica y necesaria que no, porque fue él mismo el que de modo directo consultó previo a comprar, si esas actividades estaban o no permitidas en el sitio, lo que ha conducido a este Tribunal a establecer de que se encontrase o no en posición el actor de construir en el área de superficie de interés para desarrollar esas actividades, lo relevante lo es que fue con esa finalidad de la que dio certeza la Autoridad Municipal en su momento, sí se podían realizar, que decidió en ejercicio de su autonomía de la voluntad, comprar, sobre una base en lo fáctico y jurídico que finalmente resultó ser falsa, el informarle la Municipalidad a partir de información que previamente conocía desde el año 2013, que tal uso no estaba permitido en ese lugar específico, dada la naturaleza jurídica del mismo como humedal. Para este Tribunal es claro que como efecto de lo actuado por la corporación municipal demandada, se hizo incurrir en vicio en la voluntad del aquí actor por error de hecho y de derecho sobre la identidad y naturaleza jurídica del bien que compró, así como que, si hubiese informado correctamente al aquí actor de lo propio cuando debió, este no habría adoptado la decisión de comprarlo. Para terminar, median en la presente causa en su totalidad los presupuestos que tornan procedente una pretensión como la planteada en parte, de corte indenmizatoria patrimonial, primero, porque media la existencia de un daño identificado como el pago de una suma de dinero por la compra de un bien inmueble respecto del que al aquí actor se le había asegurado a propósito de la certeza jurídica, que podía darle el uso como casa de habitación y/o taller mecánico, y luego de adquirido el bien en propiedad, se le informó lo contrario frustrando así el motivo de una compra que se erigió sobre la base de la certeza jurídica que la Municipalidad originalmente brindó al aquí accionante, con información que de haber conocido en el momento en que originalmente la solicitó, le habría conducido a no comprar, todo lo anterior mediante la adopción de un actos administrativos que sin duda, son y fueron causa del efecto dañoso, cual es o se encontró constituido por la suma de dinero pagada al vendedor por la adquisición del bien inmueble respecto del que la municipalidad dio certeza en su momento al aquí actor, del uso que legítimamente podía darle, siendo esta información, falsa. Queda así determinada la existencia de un daño y su nexo causal con una conducta administrativa formal imputable a la Municipalidad demandada. Finalmente, si de la responsabilidad patrimonial de la Municipalidad demandada en el caso concreto por el despliegue de una conducta administrativa formal lícita se trata, conforme el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, también concurren los siguientes presupuestos en la medida en que el tenor de los actos administrativos analizados se condicionó en el marco de la autonomía de la voluntad al aquí actor, induciéndolo en error de hecho y de derecho sobre el bien que compró, la inversión por él realizada constituye un daño indemnizable causado por conducta lícita desplegada por la Municipalidad demandada porque el daño se ha producido en afectación de su derecho a elegir comprar, a) de modo especial, dada la excepcionalidad del daño, en este caso provocado -sólo a efectos de este análisis- por la inversión hecha para adquirir el dominio sobre el inmueble del que no podía dar el uso que motivó su adquisición a partir de la información suministrada por la misma Municipalidad demandada, y b) por la pequeña proporción de afectados, porque los actos generadores del efecto dañoso solo fueron dirigidos a su esfera de derechos subjetivos. En consecuencia, se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago de los daños causados al aquí actor, producidos en nexo causal con los actos administrativos aquí analizados, sólo en los términos que siguen.- VIII.- Sobre los extremos indemnizatorios. Pretende quien demanda que en sentencia se le conceda lo siguiente: 2. Condenar a la Municipalidad de Puntarenas al pago de ¢10.000.000,°° colones por daño moral subjetivo. 3. Se condene a la Municipalidad de Puntarenas al pago de 14.000.000,00 de colones por concepto de daño patrimonial, equivalente al valor del terreno adquirido. 4. Se condene a la Municipalidad de Puntarenas del pago de ¢10.000.000,°° colones por la pérdida del chance, derivada de la imposibilidad de abrir el taller mecánico. 5. Que se conceda la indexación sobre los montos otorgados, así como los intereses generados hasta el efectivo pago. 6. Se condene al demandado al pago de las costas del presente proceso". 1.- Sobre la procedencia parcial del daño material constituido por el valor del terreno adquirido. En su demanda, quien acciona formuló estructuras argumentativas que con claridad, para este Tribunal resultan contradictorias y excluyentes entre sí, así, mientras que por un lado afirmó que, al describir o identificar este daño material: "Este resarcimiento se fundamenta en la escritura de compraventa por la suma de ?7.500.00,00 colones, que fue lo que inicialmente costó el terreno. No obstante, también se solicita al Tribunal valorar el hecho de que la Municipalidad estimó el valor de la propiedad para el año 2018, en la suma de ?14.300.000,00 colones"; (el resaltado no es del original); mientras que por otro lado, en el cuerpo y fundamentación de la demanda, (en ninguno de estos casos, en los hechos) indicó lo siguiente: "En el caso en concreto, tal y como se ha venido indicando en líneas anteriores el daño deviene en la inversión económica hecha por mi persona para comprar este terreno, sin saber que se encontraba dentro de los límites de protección del Humedal Laguna Bonilla. El terreno, según la escritura de compraventa tiene un costo de ?7.500.000,00 colones". (El resaltado no es del original). Dos cosas han de indicarse a partir de lo anterior, primero, que en efecto la inversión realizada para poder comprar el inmueble de interés efectuada en su momento por al aquí actor ascendió a la suma de ¢7.500.000,°° (siete millones quinientos mil colones) conforme al testimonio de la escritura pública identificada con el N° 126, formalizada ante la Notaría de quien en dicho testimonio respectivo se identificó como el Notario Público Pablo Fernando Ramos Vargas, esto el día 09 de noviembre del 2016 (las imágenes que van de la 54 a la 56 del expediente judicial) mientras que por otro lado, ante la total ausencia de estructura argumentativa alguna formulada por la parte actora que identifique sobre qué base afirmó (obviando que esta última afirmación no se encuentra incluida entre los hechos de la demanda y por lo tanto tal hecho no podría haber sido objeto de debate en la presente causa) no demostró que el valor actual del inmueble adquirido en propiedad por el aquí actor ascienda a la suma de ?14.300.000,00, ya porque lo sea, ya porque así haya establecido la Municipalidad demandada que ese es tal valor. En relación con este último punto, esta falencia argumentativa y probatoria, no puede ni habrá de ser suplida o subsanada por este Tribunal. No obstante, recurriendo nuevamente a principios de equidad y justicia, siendo que en efecto el inmueble de interés no podrá ser utilizado por el aquí actor para cumplir el fin para el que adquirió dicho inmueble, se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago en favor del señor Leandro Arturo Badilla Muñoz del valor actual del inmueble que hoy es de su titularidad en dominio, identificado como el inscrito en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, con la Matrícula de folio Real N° 25466-000, mismo que habrá de ser determinado en la fase de ejecución de sentencia, sin que, al tenor de la estimación hecha por la parte actora del mismo, la suma a pagar pueda exceder el importe de ¢14.300.000,°° (catorce millones trescientos mil colones), para lo que bastará con decir que siendo propiedad o titularidad del dominio este bien al día de hoy del aquí actor, la privación de su uso conforme el fin que sustentó la decisión de compra inducido por error (vicio en la voluntad) imputable a la Municipalidad demandada, provoca que el inmueble de interés no responda a la causa de adquisición del mismo. Por razones de equidad y justicia, siendo que a la Municipalidad demandada se le impone el pago del valor del inmueble en favor del aquí actor, en procura de no propiciar con el dictado del presente fallo un enriquecimiento ilícito en favor de la parte accionante, como efecto lógico y necesario de lo anterior, se ordena al Registro Nacional inscribir traspaso del dominio del inmueble que se describe a continuación, en nombre de la Municipalidad de Puntarenas inmueble del partido de Puntarenas situado en Provincia: Puntarenas, Cantón primero: Puntarenas; Distrito Primero: Puntarenas, matrícula de folio real número 25466, derecho 000, descrito en el plano catastrado número P-0025316-1992, con una cabida de doscientos setenta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados de superficie y con los siguientes linderos: Norte: Carretera Alberto Echandía (sic) en medio con el Ferrocarril al Pacífico con un frente de once metros; Sur: José Ángel Retana Fallas; Este: José Ängel Retana Fallas; Oeste: Sucesión de [Nombre 001], libre de gravámenes y anotaciones. Además y también en consecuencia de lo anterior, cualquier cargo o impuesto que se requiera ser sufragado para lograr la inscripción registral de este movimiento deberá ser sufragado por la Municipalidad de Puntarenas. Se condena a la Municipalidad demandada al pago en favor del fisco de proceder conforme el ordenamiento jurídico, de cualquier costo asociado al traspaso de la titularidad del dominio del bien inmueble en cuestión (lo que incluye timbres e impuestos que deberán ser calculados de proceder, sobre la base del valor del inmueble determinado en los términos de la presente sentencia, en la fase de ejecución de sentencia). Lo anterior se informa por este Tribunal y se insiste, que lo es por razones de equidad y justicia, para no propiciar un enriquecimiento ilícito en favor del aquí actor, sobre la base de que ha condenado a la Municipalidad demandada al pago en su favor del valor real del inmueble exclusivamente en los términos dichos líneas atrás y porque en caso contrario, quien demanda además de percibir el valor del inmueble habría de mantener la titularidad sobre el mismo, lo que importaría cohonestar un abuso del derecho y como lo indicamos, un enriquecimiento ilícito en su favor. Será resorte de la Municipalidad demandada decidir si mantiene la titularidad del bien inmueble en cuestión o no a futuro en función de su naturaleza jurídica siendo que guarda identidad con un humedal, conforme el ordenamiento jurídico, este último aspecto sobre el que no estimamos que debamos hacer pronunciamiento en la parte dispositiva del presente fallo.- 2.- Sobre la procedencia parcial del daño moral subjetivo. En lo que corresponde al extremo de la demanda identificado como el dirigido a que se condene a la Municipalidad demandada al pago a título de daño moral subjetivo en la suma de ¢10.000.000,°° (diez millones de colones), estima este Tribunal que dicho monto no es proporcional ni racional a partir de la intensidad del daño causado, pese a que resultará el extremo procedente en parte. Sobre el particular, argumentó la parte actora que este daño en el caso concreto: "... se traduce el estrés, frustración, enojo, ira, sentimiento de engaño y decepción, generados a partir de que la Municipalidad me autorizó un permiso de uso de suelo contrario al Ordenamiento Jurídico, ya que desde el año 2013 la Municipalidad conocía que debían respetarse los límites de 10 a 15 metros alrededor del humedal Laguna Bonilla, lugar en donde se encuentra ubicado el terreno que adquirí para construir una casa de habitación y un taller mecánico. Este terreno lo compré con mis ahorros y con la ilusión de poder construir un taller mecánico, y que estudié mecánica y me gustaría dedicarme a eso, sin embargo, en virtud de la imposibilidad para construir en ese terreno, mi sueño se ha visto frustrado. Actual ente, me desempeño como Oficial de Seguridad, ya que debo trabajar en esto hasta que mi situación se resuelva, pues no se trata sólo de arreglar carros, sino que hay que construir un lugar que cumpla con los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo de forma eficiente, lógicamente esta situación afecta mi estado anímico, pues ya tengo varios años tratando de buscar una solución con la Municipalidad y no he podido lograr que me escuchen. Entiendo que la Municipalidad debe de cumplir con lo que la norma establece, en cuanto al margen de protección de los límites de protección porque es un tema ambiental, pero tampoco es justo que yo deba asumir la responsabilidad de la compra del terreno, si la Municipalidad desde el año 2013 sabía que debía cuidar estos límites a la hora de otorgar el permiso, y pese a ello emitió un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, que me indujo a error, al darme permiso de uso de suelo sin que esto fuera legalmente posible. En virtud de lo anterior, solicito al Tribunal me conceda la posibilidad de que la Municipalidad de Puntarenas indemnice este daño emocional, el cual estimo en la suma de ?10.000.000,00 (diez millones de colones)". Estima este Tribunal, que con absoluta independencia de si quien demanda demostró en qué actividad trabaja y/o para quién, así como y si, la adquisición del inmueble en cuestión la realizó invirtiendo ahorros que acumuló por un largo período de tiempo -aspectos respecto de los que, en todo caso no ofreció prueba alguna- recurriendo a las reglas de la experiencia humana, resulta claro para esta Cámara que en efecto, al menos debió como es esperable en cualquier persona sobre la base de los hechos tenidos por demostrados, que con causa en que el aquí actor compró el inmueble de interés, sobre la base de que podría hacer uso del mismo para construir una casa de habitación y/o, un taller mecánico, al serle primero autorizada dicha actividad y luego de adquirido el dominio sobre el bien inmueble de interés, denegada la misma por la Municipalidad aquí accionada, sufrió un daño de corte moral subjetivo constituido por sentimientos, en lo medular, de frustración como derivación del plan que se planteó para adquirir el inmueble, y al menos, enojo y tristeza. El margen de discrecionalidad que media en la Autoridad Judicial para determinar el importe por el que ha de mediar esta indemnización es tan amplio, e indeterminado, que recurriendo insistimos, a las reglas mencionadas estimamos sin posibilidad de entrar en otros detalles relacionados con las circunstancias específicas en el plano anímico del actor, que por las afectaciones sufridas en los términos dichos, se ha de condenar a la Municipalidad demandada al pago en favor del aquí actor de la suma de ¢5.000.000,° (cinco millones de colones exactos) por este daño sufrido, y así se declara lo propio.- 3.- Sobre la improcedencia del daño identificado como la pérdida del chance. En relación con este extremo, el mismo se rechaza, bastando con indicar que encontrándose según el reclamo hecho por la parte actora, constituido por la pérdida del chance, derivada de la imposibilidad de abrir el taller mecánico, de entrada lo así peticionado resulta improcedente, porque el numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública dispone en lo conducente, que: En la sección tercera referida en el artículo cuya transcrición hicimos, se dispone lo siguiente: "Artículo 194.- 1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo". El lucro cesante comprende este extremo por lo que por improcedente, se rechaza.- 4.- Sobre la improcedencia de la indexación e intereses. Para terminar, sobre las sumas que haya de ser concedidas, solicitó quien demanda que le sean concedidos o que se condene a la Municipalidad demandada al reconocimiento de intereses e indexación. Sobre este particular, lo así peticionado también se rechaza con causa igualmente, en la observancia de lo dispuesto en el numeral 194 de la la Ley General de la Administración Pública del que hemos hecho cita en el apartado anterior, porque el término lucro cesante, comprende estos extremos.- VII.- Sobre las excepciones. La representación de la Municipalidad de Puntarenas interpuso en defensa de dicha entidad las excepciones de falta de derecho, prescripción, caducidad, y además se solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene al actor al pago de ambas costas. Sobre la excepción de caducidad, se rechaza, bastando con indicar a la representación municipal, que la misma, al tenor de lo dispuesto en el artículo 39.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo opera respecto de las acciones judiciales que en esta sede se dirijan a la nulidad de una conducta formal adoptada por la Administración Pública accionada, lo que resulta ser ajeno al objeto del presente proceso. En torno a la excepción de prescripción, conforme lo dispuesto en el artículo 41, en relación con el 198 de la Ley General de la Administración Pública: "El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad". En el presente caso el hecho generador de la responsabilidad que se reclama se encontró identificado por el dictado con el N° Resolución MP-PUC-RES-820-10-2017 dictada por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo el 31 de octubre del 2017, por lo que, siendo que este proceso judicial data en su inicio del año 2019 y que la resolución que le dio curso a la acción se le notificó a la Municipalidad demandada el día 15 de octubre del 2019 conforme el acta de notificación respectiva, no se ha computado un plazo que supere los cuatro años mencionados, lo que impone el rechazo de la excepción. (La imagen 60, en relación con la 67, ambas del expediente judicial). Finalmente, respecto de la excepción de falta de derecho, debiéndose atener las partes al análisis realizado por este Tribunal en atención al presente caso por el fondo, se determinó que quien demanda ostenta derecho para acceder a lo peticionado, pero en parte, por lo que dicha excepción se acoge, debiéndose entender rechazada en todo lo no expresamente concedido.- VIII.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La parte vencida en la presente causa lo ha sido la Municipalidad de Puntarenas, sin que en criterio de este Tribunal haya mediado circunstancia o presupuesto alguno que justifique exonerarle de dicha condenatoria al amparo de sus incisos a) y b), del artículo relacionado, tanto como al amparo del artículo 194 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, se condena a dicho municipio al pago de ambas costas en favor del aquí actor. Lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe se habrá de definir por el Juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.- POR TANTO Se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver por ambas partes. Se rechazan las excepciones de prescripción y caducidad. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, debiéndose entender rechazada en todo lo expresamente concedido. Se declara con lugar parcial la demanda incoada por el señor Leandro Arturo Badilla Muñoz en contra de la Municipalidad de Puntarenas. Se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago en favor del señor Leandro Arturo Badilla Muñoz del valor actual del inmueble que hoy es de su titularidad en dominio identificado con el inscrito en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, con la Matrícula de folio Real N° 25466-000, mismo que habrá de ser determinado en la fase de ejecución de sentencia, sin que, la suma a pagar pueda exceder el importe de catorce millones trescientos mil colones. Como consecuencia lógica necesaria de lo anterior, se ordena al Registro Nacional inscribir traspaso del dominio del inmueble que se describe a continuación, en nombre de la Municipalidad de Puntarenas: inmueble del partido de Puntarenas situado en Provincia: Puntarenas, Cantón primero: Puntarenas; Distrito Primero: Puntarenas, matrícula de folio real número 25466, derecho 000, descrito en el plano catastrado número P-0025316-1992, con una cabida de doscientos setenta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados de superficie y con los siguientes linderos: Norte: Carretera Alberto Echandía (sic) en medio con el Ferrocarril al Pacífico con un frente de once metros; Sur: José Ángel Retana Fallas; Este: José Ángel Retana Fallas; Oeste: Sucesión de [Nombre 001], libre de gravámenes y anotaciones. Además y también en consecuencia de lo anterior, cualquier cargo o impuesto que se requiera ser sufragado para lograr la inscripción registral de este movimiento deberá ser sufragado por la Municipalidad de Puntarenas. Se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago en favor del señor Leandro Arturo Badilla Muñoz de la suma de cinco millones de colones exactos a título de daño moral subjetivo. Se condena a la Municipalidad demandada al pago en favor del fisco de proceder conforme el ordenamiento jurídico, de cualquier costo asociado al traspaso de la titularidad del dominio del bien inmueble en cuestión (lo que incluye timbres e impuestos que deberán ser calculados de proceder, sobre la base del valor del inmueble determinado en los términos de la presente sentencia, en la fase de ejecución de sentencia). Se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago de ambas costas en favor del aquí actor. Lo correspondiente a las costas habrá de ser determinado por la Autoridad Judicial competente en la fase de ejecución de sentencia.- Notifíquese.- Felipe Córdoba Ramírez, Juez Ponente.- Judith Reyes Castillo, Jueza.- Elías Baltodano Gómez, Juez.- - Código Verificador - ???????????????? CAWGII473GQ061 Documento firmado por: FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A EXP: 19-006331-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 17:34:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
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Contentious-Administrative Tribunal, Section I
Resolution No. 06355 - 2024
Date of Resolution: September 23, 2024 at 22:05
Docket No.: 19-006331-1027-CA
Drafted by: Felipe Córdoba Ramírez
Type of matter: Proceeding on the merits
Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER
Judgment with protected data, in accordance with current regulations
Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Contentious-Administrative Procedural Law
Topic: Evidence for better resolution in contentious-administrative matters
Subtopics:
Discretionary power of the judge and impossibility of remedying the parties' omissions.
"I. [...] Consequently, the Judge, in his search for the real truth, under penalty of violating other principles of equal procedural rank or hierarchy that must be in balance, cannot order evidence for better provision when doing so inevitably results in a substitution of the ordinary mechanisms of defense available to those who are bound in the procedural legal relationship and ordered to prove by virtue of their situation within such procedural relationship. To do otherwise, except in very few and exceptional circumstances that would have to be duly accredited and reasoned, as well as supported by superior interests, particularly in matters involving qualified or reinforced public interests due to their importance, would easily lead to questions about the adjustment of the judge's actions to the duty to observe objectivity and impartiality in maintaining the procedural balance between the parties, but would also entail an inadmissible sponsorship in favor of one who, not having used his right and duty to prove in a proper and/or timely manner due to negligence, carelessness, or an intention to obtain an undue procedural advantage in abusive and/or antisocial use of his right, seeks by that means to rectify a procedural omission that was exclusively his own to avoid when it should have been, in this sense. [...]"
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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Administrative Law
Topic: Civil liability of the Administration
Subtopics:
Patrimonial liability arising from a lawful act of the defendant municipality.
Purchase of property to build a dwelling house and mechanical workshop in a case where the land-use permit (permiso de uso de suelo) is authorized and then denied.
Analysis of the regime of extra-contractual civil liability of the public administration.
Nature and scope of the land-use certificate (certificado de uso de suelo).
Topic: Extra-contractual civil liability
Subtopics:
Patrimonial liability arising from a lawful act of the defendant municipality.
Purchase of property to build a dwelling house and mechanical workshop in a case where the land-use permit is authorized and then denied.
Analysis of the regime of extra-contractual civil liability of the public administration.
Nature and scope of the land-use certificate.
Topic: Land-use certification
Subtopics:
Patrimonial liability arising from a lawful act of the defendant municipality.
Purchase of property to build a dwelling house and mechanical workshop in a case where the land-use permit is authorized and then denied.
Nature and scope of the land-use certificate.
Topic: Land use
Subtopics:
Patrimonial liability arising from a lawful act of the defendant municipality.
Purchase of property to build a dwelling house and mechanical workshop in a case where the land-use permit is authorized and then denied.
Nature and scope of the land-use certificate.
"VII. [...] This Tribunal confirms, reinforces, and reiterates, that once the plaintiff was told prior to purchasing the property that it could be used as a dwelling house and mechanical workshop, he was later told no, based on information about this property that was at his disposal and his legal duty to observe long before, since the year 2013. In conclusion, for this Chamber of judges, it has become absolutely clear as a demonstrated fact, that it was because the plaintiff here bought the property in question, on the basis that he could use it to build a dwelling house and/or a mechanical workshop, the said activity first being authorized to him and then, after acquiring ownership (dominio) of the real property in question, the same being denied by the Municipality sued here, he suffered a subjective moral injury (daño de corte moral subjetivo) constituted by feelings, at its core, of frustration as a derivation of the plan he conceived to acquire the property, and at least, anger and sadness. (The rules of human experience).- [...]"
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Text of the resolution
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DOCKET NO.:
19-006331-1027-CA - 2
PROCEEDING:
PROCEEDING ON THE MERITS
PLAINTIFF:
LEANDRO ARTURO BADILLA MUÑOZ
DEFENDANT:
MUNICIPALITY OF PUNTARENAS
No. 2024006355
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, FIRST SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twenty-two hours and five minutes on the twenty-third of September of two thousand twenty-four.-
Proceeding on the merits initiated by Mr. LEANDRO ARTURO BADILLA MUÑOZ, identity card No. 6-0412-0553, against the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, represented by its Mayor, Mrs. Noelia Solórzano Cedeño, identity card No. 1-0859-0547. Acting as special judicial representatives (apoderados especiales judiciales) are, for the plaintiff, Mrs. Adriana Alfaro Rojas, identity card No. 2-0647-0898; and for the defendant Municipality, Mrs. Yorleny Villagas Ovares, identity card No. 6-0275-0254.-
WHEREAS:
1.- That according to the complaint and what was determined by the corresponding Judicial Authority during the preliminary hearing (audiencia preliminar) held in this case, the plaintiff here sued for the following to be declared in the judgment: "1. Grant the present administrative liability complaint against the Municipality of Puntarenas, for lawful and unlawful acts in the granting and denial of land-use permits to the undersigned, derived respectively from the municipal resolutions: PCU-RES-698-10-2016 dated October 11, 2016 as an unlawful act; official letter MP-PCU-RES-820-10-2017 dated October 31, 2017 that denies the land-use permit; MP-DPUC-UF-017-02-2018 from the Urban Planning Unit of the Municipality resolving the reconsideration appeal (recurso de revocatoria); resolution dated November 25, 2019 issued by the Mayor's Office resolving the appeal (recurso de apelación), these last three resolutions for lawful acts. 2. Order the Municipality of Puntarenas to pay ₡10,000,000.00 colones for subjective moral injury. 3. Order the Municipality of Puntarenas to pay 14,000,000.00 colones for patrimonial damages, equivalent to the value of the acquired land. 4. Order the Municipality of Puntarenas to pay ₡10,000,000.00 colones for loss of opportunity (pérdida del chance), arising from the impossibility of opening the mechanical workshop. 5. Grant indexation on the awarded amounts, as well as the interest accrued until effective payment. 6. Order the defendant to pay the costs of this proceeding."-
2.- That, having been granted the legally mandated term to the representative of the defendant Municipality, it responded in opposition to the complaint. The defenses of lack of right (falta de derecho), statute of limitations (prescripción), and expiration (caducidad) were raised by way of exceptions, and it was further requested that the complaint be dismissed in all its extremes and that the plaintiff be ordered to pay both costs.-
3.- That the preliminary hearing was held on January 12, 2021, in which, as there was no evidence requiring its evaluation in a supplementary oral and public trial hearing (audiencia complementaria de juicio oral y público), the matter was declared by the respective Procedural Judicial Authority as "on pure law" ("puro derecho") and was submitted for the issuance of the judgment.-
4.- That at the time, this matter was transferred to a Judge and Section of this Tribunal other than this one, without the judgment being issued.-
5.- That subsequently, and on the occasion of the provisions imposed by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Commission (Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) composed of the Magistrates of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, this matter was transferred to this Section of the Contentious-Administrative Procedural Tribunal in August 2023, and also by order of said Commission, it is heard according to the order of priority in which its attention was ordered by date of entry, among dozens of matters (in which the holding of the supplementary hearing is not required) other than this one, that were transferred on the same date and simultaneously, in principle, all ready in their processing for the issuance of the judgment.-
6.- This judgment is issued after deliberation by the members of this Chamber, within the period allowed by the duties of this Tribunal, without observing grounds capable of invalidating what has been done.-
Judge Felipe Córdoba Ramírez drafts and it is resolved unanimously.-
WHEREAS
I.- Regarding the evidence offered for better resolution during the holding of the preliminary hearing. According to what is recorded in the minutes drawn up at the time, during the holding of the preliminary hearing, the representative of the defendant Municipality requested that the testimony of whom she identified as Mr. Mauricio Gutiérrez Villafuerte, a Municipal official, an engineer by profession, be admitted as evidence for better resolution, so that he might refer to the reports issued by the "MINAET", while the plaintiff requested, so that they might refer to all the facts, the statements of those he identified as Mrs. María Lorena Muñoz Gómez and Mrs. Cindy Moreno Umaña, as well as Mr. Carlos Rodrigo Badilla Muñoz. On this particular point, it is worth recalling that regarding evidence for better resolution, according to the currently valid text of the Civil Procedure Code, while it is correct to state that this legal instrument was omitted, its article 41.3 provides for the admissibility of evidence ex officio, which of course, at the request of a party could lead to the admissibility of this type of evidence. Then, and in any case, we consider that it must be observed that in either case, evidence for better provision, like evidence ordered ex officio, is the Judge's evidence, not that of the parties even if they offer it, just as its rejection would not, by any sort of rational automatism, produce defenselessness and consequently, a substantial defect due to defenselessness. (First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 547-F-2002 at 4:00 p.m. on July 12, 2002; No. 29-1995 at 3:30 p.m. on February 22, 1995; No. 290-F-S1-2009 at 10:30 a.m. on March 20, 2009). Furthermore, ordering or not ordering evidence of this type entails some limit imposed on the Judge, in the understanding that this means must not be used to remedy the procedural duty that only falls upon whoever sues or is sued, in the sense that it is their duty to offer the evidence of their interest at the opportune procedural moment. (Judgment of the First Chamber No. 001439-F-S1-2014 at 09:25 hours on November 7, 2014). Consequently, the Judge, in his search for the real truth, under penalty of violating other principles of equal procedural rank or hierarchy that must be in balance, cannot order evidence for better provision when doing so inevitably results in a substitution of the ordinary mechanisms of defense available to those who are bound in the procedural legal relationship and ordered to prove by virtue of their situation within such procedural relationship. To do otherwise, except in very few and exceptional circumstances that would have to be duly accredited and reasoned, as well as supported by superior interests, particularly in matters involving qualified or reinforced public interests due to their importance, would easily lead to questions about the adjustment of the judge's actions to the duty to observe objectivity and impartiality in maintaining the procedural balance between the parties, but would also entail an inadmissible sponsorship in favor of one who, not having used his right and duty to prove in a proper and/or timely manner due to negligence, carelessness, or an intention to obtain an undue procedural advantage in abusive and/or antisocial use of his right, seeks by that means to rectify a procedural omission that was exclusively his own to avoid when it should have been, in this sense. (See articles 21 and 22 of the Civil Code and the ruling of the First Chamber in its judgment No. 794-2006 at 03:35 hours on October 20, 2006, which reads as follows in the relevant part: "... On the other hand, it is necessary to indicate that it is not opportune to try, through the offering of evidence that should have been provided and evaluated in the corresponding procedural stage, to reopen the debate. Giving room to this petition would mean that the parties are in a position to remedy their omissions regarding evidence they could have offered at the time and did not do so. Furthermore, it is also not possible to agree to extend the statements of two witnesses, because it would equally be to amend their negligence."). Having said all the foregoing, because this Tribunal deems that it is unnecessary for resolving the merits of this matter in the terms that will be stated, the evidence requested by both parties is rejected in its entirety.-
II.- Regarding the arguments made by the parties. The parties bound in the procedural legal relationship argued as follows:
1.- Arguments of the plaintiff. In argumentative support of his action, the plaintiff argued, in the relevant part, that: "FACTS. FIRST: In mid-2016 I acquired a plot of land in the province of Puntarenas with the following location: Partido of Puntarenas, Matrícula de Folio Real number 25466-000 located in District 1 of Puntarenas, Canton 1 of Puntarenas, Province of Puntarenas. SECOND: That prior to acquiring the land, I carried out the necessary municipal permit procedures in order to validate that the land met all the feasibility conditions for building a house and a mechanical workshop. As part of the supporting documents that the previous owner gave me to verify that the land met all legal requirements, he gave me (sic) the Municipal Resolution on Location (Resolución Municipal de Ubicación) PUC-RES-429-08-2015 from the Department of Urban Planning and Constructive Control, in which the Municipality approves the request of NANCY MELISSA BLANCO ROJAS, who was interested in buying the property to build a dwelling house on it. (Evidence number 1). THIRD: As part of the steps prior to the purchase, I requested from the Municipality of Puntarenas a land-use permit to build a house and a mechanical workshop, and in resolution MP-PUC-RES-698-10-2016, the use permit was granted to me in the following terms: 'SPECIAL ZONES: In the site chosen for this activity there is no type of reserve, nor airports, nor important historical sites. The compliance of this activity is subject to the fulfillment of what is established in the corresponding regulations in force at the time of granting this certificate, and to all possible nuisance being completely confined within the property. For the reasons set forth above; this department informs you that the Municipal Resolution on Location for the Construction of a Dwelling and Automotive Workshop is granted. This document is valid for one year.' (The underlining is not from the original). By virtue of having the municipal authorization, I proceeded to buy the land at the end of 2016. (Evidence number 2). FOURTH: because in that year I could not carry out the construction of the dwelling and the mechanical workshop, in 2017 I submitted the procedure to obtain the land-use permit again before the Municipality and through Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 from the Department of Urban Planning and Constructive Control, my request for use for the activity of Dwelling and Automotive Workshop was rejected, on the grounds that the property is located within the LAGUNA BONILLA sector 2, with the following terms: 'ZONING: It is a piece of land located according to the Cadastral Plan in District 1 PUNTARENAS; which does not have the Regulatory Plan for the City of Puntarenas; according to (Zoning Regulations and Map), duly approved by the Municipality of Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing your requested use or activity REJECTED for being within La Laguna Bonilla sector 2. (...). SPECIAL ZONES: In the site chosen for this activity there is no type of reserve, nor airports, nor important historical sites. The compliance of this activity is subject to the fulfillment of what is established in the corresponding regulations in force at the time of granting this certificate, and to all possible nuisance being completely confined within the property. For the reasons set forth above; this department informs you that the Municipal Resolution on Location for the Construction of a Dwelling and Automotive Workshop is REJECTED. This document is valid for one year.' (The underlining is not from the original)" (Evidence number 3). FIFTH: by virtue of this response, I requested from the National System of Conservation Areas (SINAC), on dates of November 6, 2017, information on the Case of La Laguna Bonilla. (Evidence number 4). SIXTH: on November 30, 2017, the National System of Conservation Areas (SINAC), responded to my request by attaching the following official letters: Official Letter ACOPAC-OSREO-531-2013, each copy with its respective acknowledgment of receipt from the institutions; Certification SINAC-GASP-349-10 Technical Report on the Humedal Laguna Bonilla; Official Letter SINAC-ACOPAC-TOPO-2016 on topographic survey of the delimited area. Of relevance for the resolution of the process, I make known to this court that official letter SINAC-GASP-349-10 from MINAET establishes that Laguna Bonilla is a Palustrine Wetland and not a Lacustrine one, so the protection zone is not 50 meters, but 10 to 15 meters according to the pronouncement of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) C-110-2004 which refers to wetland ecosystems. (sic). Additionally, that the official letter from SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013 indicates that a study was carried out with the purpose of defining the limits of Laguna Bonilla, ratifying the official letter SINAC-GASP-349-10, evidencing that the Municipality, since the year 2013, knows the protection limits of La Laguna Bonilla. (Evidence number 5). SEVENTH: in 2018 I again submitted the land-use permit request before the Municipality of Puntarenas, which was rejected in municipal official letter MPDPUC-RES-094-02-2018 ratifying that the property is located within the limits of Laguna Bonilla sector 2. (Evidence number 6). EIGHTH: faced with this rejection of the submitted request, on February 12, 2018, I file a Motion for Reconsideration and Appeal in Subsidio (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio) against resolution MPDPUC- RES-094-02-2018 of February 5, 2018, issued by the Department of Urban Planning and Constructive Control for the refusal to grant the construction permit. (Evidence number 7). NINTH: on February 21, 2018, the response to the Motion for Reconsideration and Appeal in Subsidio was notified, issued by the Department of Urban Planning and Constructive Control, filed against the municipal resolution on location MP-DPUCRES- 094-02-2018 of February 5, 2018, which resolves: REJECT the motion for reconsideration and elevate the appeal to the mayor for what corresponds. (Evidence number 8). TENTH: to this day, the Mayor of Puntarenas has not issued a response to the Appeal, despite more than a year and a half having elapsed since the Department of Urban Planning and Constructive Control resolved the submitted Motion for Reconsideration. ELEVENTH: that on June 13, 2019, SINAC certifies through official letter SINAC-ACOPACOSREO-CERT-042-2019 that my property is located outside the limits of any Protected Wildlife Area (Área Silvestre Protegida), but not so of a wetland, since according to official letter SINACACOPAC-OSREO-VC-060-2019 of June 5, 2019, the property is located 72% within the limits of the Palustrine Wetland Laguna Bonilla, which is a conservation area. (Evidence number 9). TWELFTH: That this situation has caused me feelings of frustration and stress, since I do not understand why the Municipality of Puntarenas, being duly notified since 2013 by MINAE of the limitations on the land arising from the Wetland, authorized a construction permit knowing that it was entirely improper. It is worth highlighting that I made the construction and land-use permit request to the Municipality before acquiring the land, because if I had known it was impossible to build there, I would never have bought it, as my intention was to build a house, to eventually get married and live there, as well as to build a mechanical workshop, since I have studies in mechanics, and as a result of not being able to build, I have also not been able to open my mechanical workshop. THIRTEENTH: That Article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), establishes that the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications may establish protected wildlife areas in any of the management categories among those indicated below: a) forest reserves, b) protective zones, c) national parks, d) biological reserves, e) national wildlife refuges, f) wetlands, g) natural monuments, and states (sic) that municipalities should (sic) collaborate in the preservation of these areas. By virtue of the foregoing, these areas become public domain areas, and consequently affected for state protection, so they are inalienable, non-delegable, and non-transferable, and it is the State's responsibility consequently, to indemnify the owners of the properties who hold a legal title of possession and standing, so that the State can use and conserve those spaces. ANALYSIS ON THE MERITS. 1- On the protection regime for wetlands in Costa Rica: 'Costa Rica has important precedents in the conservation of wetlands dating back several decades. In 1942, the Water Law (Ley de Aguas) establishes protection areas on the coastal zone, rivers, lagoons, lakes, among others. Subsequently, in 1977, Law No. 6043 on the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) establishes a strip of 200 meters from the ordinary high tide that constitutes part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), whose jurisdiction corresponds to the coastal municipalities and divides it into two zones: a. Public (50 meters from the ordinary high tide, as well as islets, rocky crags, and all mangrove swamps and littoral estuaries, regardless of their extension) and b. Restricted (150 meters after the public zone, or in the case of mangroves, from their vegetation line to their posterior limit). Continuing with this process, in 1992, Law No. 7317 on Wildlife Conservation (Conservación de la Vida Silvestre), introduces the term "Wetland" at the legal level and assigns, within the functions of the General Directorate of Wildlife (now the National System of Conservation Areas upon unification in Law No. 7788 on Biodiversity in Article 22), the responsibility to manage, supervise, and protect wetlands. As part of this transformation, in 1991 the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar) was ratified, its provisions acquiring the character of Law of the Republic, and between 1993 and 1994, 13 protected wildlife areas were declared under the Wetland category. According to the definition of the Ramsar Convention, "Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters." The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat 1971, Available at: http://www.ramsar.org/es/acerca-de-la-convenci%C3%B3n-de-ramsar, last visited January 6, 2017. Law No. 7554, which is the Organic Environmental Law, in its Article 2 indicates that "Principles: The principles that inspire this law are the following: a) The environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international agreements, and laws. The State and individuals must participate in its sustainable conservation and use, which are of public utility and social interest. b) Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to conserve it, according to Article 50 of our Political Constitution. c) The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obliged to promote economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs, without compromising the options of future generations. d) Whoever pollutes the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and current international agreements. e) Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the bases of society's existence; economic, because it attacks essential materials and resources for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it attacks the very existence of present and future generations." (The underlining is not from the original). Based on these principles, it is important to establish the scope of what should be understood as a wetland and what is the protection framework within the Legal Order. In this regard, articles 40 and 41 of this same legal body indicate the following: "ARTICLE 40.- Definition of wetlands: Wetlands are ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish or salt, including marine extensions up to the posterior limit of marine phanerogams or coral reefs or, in their absence, up to six meters depth at low tide." "ARTICLE 41.- Public interest: Wetlands and their conservation are declared of public interest, being of multiple use, whether or not they are protected by the laws governing this matter." In addition to this, it is important to remember that, due to the importance that wetlands have in terms of their protection and conservation, in 2017, Executive Decree No. 40244-MINAE-PLAN was created, called Officiating the National Wetlands Policy (Oficialización de la Política Nacional de Humedales), which establishes the mandatory application of the policy for all State institutions, including municipalities as Decentralized Public Administration, in order to intensify the level of protection of these ecosystems, establishing: "In this sense, the National Wetlands Policy proposes guidelines for the convergence of the SDGs with international mandates (including the RAMSAR Convention) and national ones through the orientation of interventions and affirmative actions by the State in accordance with the National Development Plan 'Alberto Cañas Escalante' 2014-2018; which establishes, as one of the main directions of public environmental management, the need to articulate public policies in an integral manner, so that an ecosystemic vision is present in the conservation of natural resources. For these purposes, the main objective established was 'the strengthening of conservation and sustainable use of the genetic, natural, and cultural heritage, based on territorial and marine planning based on concerted participation, ensuring respect for, the exercise of, and the enjoyment of human rights.' In this line, and specifically in the field related to the protection and conservation of wetlands, all diagnoses point to a series of challenges that imply a re-articulation of environmental policies aimed at guaranteeing the structure and ecological functioning thereof and, at the same time, responsibly enhancing the benefits derived from their sustainable use." (The underlining is not from the original).
Moreover, it is important to emphasize the fact that the governing body in environmental matters is the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) and it is the entity with the authority to demarcate the protection zones of wetlands, with the objective of preventing their contamination and ensuring their preservation. In this regard, the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), in its article 42, establishes: "ARTICLE 42.- Delimitation of protected zones: The Ministry of Environment and Energy, in coordination with the competent institutions, may demarcate protection zones for certain marine, coastal, and wetland areas, which shall be subject to management and handling plans, in order to prevent and combat the pollution or degradation of these ecosystems". In this line of thought, the Ministry of Environment and Energy also has the authority, through environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), over the viability of carrying out constructions in areas near wetlands, as established in articles 42 and 44 of this same Law. However, in this particular case, on June 13, 2019, SINAC certified through official communication SINAC-ACOPAC-OSREO-CERT-042-2019 that my property is located outside the boundaries of any Protected Wilderness Area (Área de Silvestre Protegida), but not so for a wetland, since according to official communication SINAC-ACOPAC-OSREO-VC-060-2019 of June 5, 2019, the property is 72% within the boundaries of the Palustrine Wetland Laguna Bonilla (Humedal Palustrino Laguna Bonilla), which is a conservation area, meaning no type of construction can be carried out without directly affecting the wetland. Added to this, article 45 of this regulatory body establishes a legal impossibility to carry out works aimed at altering or deteriorating the wetland. In this regard, it indicates: "ARTICLE 45.- Prohibition: Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems are prohibited, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems. Regarding the protection regime for wetlands, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has pronounced itself in rulings Votos 16938-11 and 14288-09. 2- Regarding the Administration's liability for lawful and unlawful conduct: The Public Administration is responsible for all damages and losses caused on the occasion of the administrative acts it issues, except when any of the grounds for exemption from administrative liability, established in article 190 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), are present, namely: force majeure, fault of the victim, and act of a third party. Regarding unlawful conduct, articles 191 and 192 of the same regulatory body indicate: "Article 191.- The Administration must repair all damage caused to the subjective rights of others by faults of its servants committed during the performance of the duties of the position or on the occasion thereof, using the opportunities or means it offers, even when it is for purposes, activities, or acts foreign to said mission." "Article 192.- The Administration shall also be liable under the previous conditions when it suppresses or limits subjective rights by illegally using its powers to do so." This means that every administrative act issued contrary to the legal system and which has been notified to the administered party, causing injury to their personal and patrimonial interests, must find corresponding reparation from the Administration. To identify the existence of administrative liability for unlawful conduct, an analysis of liability must be carried out in each specific case. In the present case, the unlawful conduct is materialized through the issuance of administrative resolution MP-PUC-RES-698-10-2016, issued by the Urban Planning and Construction Control Department of the Municipality, approving a land-use permit (permiso de uso de suelo) for a period of one year to build a house and a mechanical workshop within the conservation area called LAGUNA BONILLA sector 2, without taking into consideration that since 2013, the Municipality was informed by SINAC according to official communication SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013 with a receipt date of May 9, 2013, by the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, of the boundaries that must be protected in this area, indicating the following: "In relation to the existence of a protection zone in the wetland, I inform you that according to certification SINAC-GASP-394-10, which is attached, the Laguna Bonilla wetland currently corresponds to a Palustrine wetland, affected by anthropogenic activities. Therefore, according to article 33 subsection c of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of February 5, '96, and pronouncement C-110-2004 of the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República) referring to the applicability of protection areas with respect to wetland ecosystems of the type called Laguna, the 50-meter protection area for natural lakes and reservoirs only applies to lacustrine wetlands and not to palustrine wetlands, as is the case. It is due to this, and according to said certification, that it is recommended to respect a protection zone of 10 to 15 meters in this wetland." Causing me to make the mistake of buying land that is not suitable for construction, because it is located within the boundaries of this lagoon. In this sense, it should be remembered that for the Administration's liability to be established, three legal conditions must concur, which are: An Administrative Act or conduct generated by the Public Administration, in this case the Municipality of Puntarenas, that is, resolution MP-PUC-RES-698-10-2016, granting me the use permit in the following terms: "For the reasons stated above; this department informs you that you are granted the Municipal Location Resolution for Housing Construction and Automotive Workshop (Resolución Municipal de Ubicación para Construcción de Vivienda y Taller Automotriz). This document is valid for one year." (The underlining is not from the original). The second legal condition derives from the individualization of the affected subjects, meaning it must be possible to identify who has been directly caused the damage. In my case, the damage occurs because I bought a piece of land on which I wanted to build a house and a mechanical workshop, but before buying the said land for the purpose I desired, I investigated that a previous party interested in buying the property had requested the land use, which was approved as can be verified in official communication PUC-RES-429-08-2015 from the Urban Planning and Construction Control Department of the Municipality of Puntarenas from the year 2015, which motivated me to buy the land, since in theory there was no impediment to building. The damage is aggravated when, before becoming the owner, I begin the municipal process to request the land use, which is granted to me in official communication MP-PUC-RES-698-10-2016 of the year 2016; subsequently, I acquire the land, and due to various circumstances, I was unable to build that same year, and by 2017, I again make the land use request, but on this occasion the request is rejected according to official communication RES-820-10-2017 of the year 2017, being on this occasion the registered owner. In this sense, the damage must be effective, evaluable, and individualizable, in accordance with article 196 of the General Law of Public Administration, so that it can be susceptible to a claim by the Administered party. In the specific case, as has been indicated in the preceding lines, the damage stems from the economic investment made by me to buy this land, without knowing that it was within the protection boundaries of the Laguna Bonilla Wetland (Humedal Laguna Bonilla). The land, according to the purchase-sale deed, has a cost of ?7,500,000.00 colones, in addition to the impossibility of being able to build my house and the mechanical workshop, as initially requested from the Municipality, which clearly shows serious damage, as I have a piece of land that I cannot use, since according to certification SINAC-ACOPAC-OSREO-CERT-042-2019, issued by the Regional Director at SINAC, of the total land I bought, 72% (182 m2) must be protected because it is within the protection margins, meaning that only 28% of that land remains buildable, which makes it impossible for me to build my house and mechanical workshop in that space. The third legal condition is the causal nexus, that is, the relationship that exists between the administrative conduct, the person or group of affected persons, and the severity of the damage caused, establishing for all legal purposes the causal nexus in this case, since it is based on the land-use authorization granted by the Municipality that I bought this land to build my house and a mechanical workshop where I could develop as a mechanic, which is what I studied for, and today I cannot carry out any of my projects, nor can I carry out any activity on that land for being a conservation area, severely affecting my life projects and my patrimony, because if the Municipality had denied the permit from the beginning, I would have bought another piece of land where construction was indeed possible. REGARDING LAWFUL CONDUCT, there is also an applicable administrative liability regime, established starting from article 194 and following of the General Law of Public Administration, provided that these acts cause serious damage to the administered party. In this regard, this article states: "Article 194: 1. The Administration shall be responsible for its lawful acts and for its normal functioning when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of those affected or due to the exceptional intensity of the injury. 2. In this case, compensation must cover the value of the damages at the time of its payment, but not lost profits (lucro cesante). 3. The State shall be responsible for damages directly caused by a Law, which are special in accordance with this article." Specifically, the damage due to lawful conduct occurs when, in 2017, I again presented the land-use permit application to the Municipality of Puntarenas to cover (sic) the land, and the same Engineering Unit that the previous year had approved the permit, this time rejects it, indicating that this zone is a wetland zone and is not susceptible to being built upon. In this regard, Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 from the Urban Planning and Construction Control Department indicated the following: "ZONING: It is a land located according to the Cadastral Plan (Plano Catastrado) in District 1 PUNTARENAS; which does not have the Regulatory Plan for the City of Puntarenas (Plan Regulador para la Ciudad de Puntarenas); according to (Zoning Regulation and Plan), duly approved by the Municipality of Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing your requested use or activity REJECTED for being within La Laguna Bonilla sector 2. (…) SPECIAL ZONES: In the site chosen for this activity, there is no type of reserve, nor airports, nor important historical sites. The conformity of this activity is subject to compliance with the provisions of the corresponding regulations in force at the time of granting this certificate, and to the condition that any possible nuisance be completely confined within the property. For the reasons stated above; this department informs you that the Municipal Location Resolution for Housing Construction and Automotive Workshop is REJECTED. This document is valid for one year." (The underlining is not from the original). (Evidence number 3). While it is true that this resolution conforms to the regulatory framework for wetland protection that exists in Costa Rica, the truth is that this refusal by the Administration also causes me direct, serious damage to my property right, since, although I have a piece of land registered in my name, I cannot use it by virtue of the fact that it is, for the most part, within the protection boundary, as indicated by SINAC. As is evident, the damage generated here is completely legitimate, and does not affect public order, morality, or good customs, so it also could not be framed within the exclusionary conditions of article 195 of the General Law of Public Administration. In the same vein, if the liability analysis is performed, the three necessary conditions are present to determine the existence of administrative liability on the part of the Municipality of Puntarenas, derived from Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 from the Urban Planning and Construction Control Department, as indicated below: 1. Identification of the person to whom the damage is being caused: In this case, the only one affected by this wetland protection provision is me, since my property directly borders it and the protection zone reaches 72% of the total land, so the affectation is not to the community but to me particularly, causing me extremely serious damage by not being able to build my dwelling house and the mechanical workshop to exercise my profession as a mechanic. 2. The administrative resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 from the Urban Planning and Construction Control Department of the Municipality of Puntarenas, which denies the land-use permit, so that I can build my house and the mechanical workshop to exercise my profession. 3. The causal nexus existing between the administrative resolution of the Municipality and the legal impossibility of being able to carry out construction works on the land I acquired, having made the mistake of believing it was a suitable place to build according to what the Municipality of Puntarenas indicated to me at the time. While it is true that the administrative act is in accordance with the law, the truth is that it equally causes me serious damage, so it is requested that it be compensated, without this implying damage to the environment and the wetland. Regarding the inapplicability of the grounds for exemption from administrative liability, established in article 190 of the General Law of Public Administration, it must be stated that they are inadmissible in accordance with the following analysis: 1. Force Majeure: Force majeure is defined by doctrine as a foreseeable but inevitable natural event. It is an event that is outside the circle of action of the obligated public entity, which is not foreseeable or, if it is, is inevitable. In the present case, it is important to establish the concept of a palustrine wetland, understood as an "ecosystem that contains water almost permanently, such as marshes, swamps, and bogs" and which, according to what was indicated by SINAC, must respect a withdrawal boundary, as a protection margin of 10 to 15 meters. In the present case, while it is true that the Laguna Bonilla Wetland is not found within the land I acquired, the truth is that the withdrawal boundary must be respected, as it is a vulnerable zone of environmental protection. This clarification is important because we cannot say that it is a fact of nature that the land cannot be used for construction, since the wetland protection boundaries are established by man. By virtue of the foregoing, this exemption from liability is not established. 2. Fault of the Victim: The fault of the victim is a form of self-responsibility, which is why the respective Public Administration is exempt from liability, since the administered party exclusively determined the unlawful injury to their patrimonial or extra-patrimonial sphere, having incurred a subjective fault which may be willful misconduct (dolo) or negligence (culpa), in its manifestations of neglect, imprudence, or lack of skill. This condition for exemption from liability is also not established by virtue of the fact that I bought the land after having the land-use permit authorization, approved by the Municipality of Puntarenas. In addition, the wetland boundaries were defined by SINAC since 2013 and were duly communicated to the Municipality of Puntarenas, so if the Municipality had known about the protection boundaries three years prior, the appropriate action would have been to deny the land-use permit under this argument, so that I would have been informed and could analyze whether, even in that scenario, I would buy the land, although logically I would not have bought it, since I would not be able to build there. 3. The Act of a Third Party: The act of a third party is established when the unlawful injury is attributable to another subject of law different from a public entity, such as could be another individual (natural or legal person). A third party is understood, for this effect, as any person other than the parties in the trial or in the liability relationship. Their act causing the damage, insofar as it is foreseeable and inevitable, is an event foreign to the organization's enterprise, which serves to exempt from liability on the same grounds as ordinary force majeure. In this case, the existence of the exemption for the act of a third party could also not be alleged, since the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), since 2013, defined what the protection boundaries of the Laguna Bonilla Wetland are and formally communicated these limitations to the Municipality, so the Municipality could not allege ignorance of these boundaries. 3- Regarding objective and subjective moral damage and loss of chance: In judgment 112, fourteen hours fifteen minutes of July fifteen, nineteen ninety-two, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice established the requirements to establish the damage and the corresponding compensation: "VI. Not just any damage gives rise to the obligation to compensate. For that purpose, the following characteristics must basically converge to constitute a 'compensable damage': A) It must be certain; real and effective, and not merely eventual or hypothetical; it cannot be based on supposed or conjectural realizations. The damage does not lose this characteristic if its quantification is uncertain, undetermined, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with actuality, as the reparation of certain but future damage is admissible; likewise, future damage should not be confused with lost profits (lucro cesante) or loss, as the former refers to that which arises as a necessary consequence derived from the causal or generating event of the damage, that is, its repercussions do not project when the process begins. Regarding the magnitude or amount (seriousness) of the damage, this constitutes a matter of unique, subjective concern for the injured party, though the law cannot concern itself with claims based on insignificant damages, derived from excessive susceptibility. B) There must be an injury to a legally relevant interest deserving of protection. Thus, there can be a direct injured party and an indirect one: the first is the victim of the harmful event, and the second will be the successors of the victim. C) It must be caused by a third party, and subsisting, that is, if it has been repaired by the responsible party or a third party (insurer), it becomes unsubsisting. D) There must be a causal relationship between the unlawful act and the damage." Under this premise, there is subjective moral damage (daño moral subjetivo), which is that damage generated from moral suffering, as established in article 197 of the General Law of Public Administration. In this specific case, the damage translates into stress, frustration, anger, rage, a feeling of deception and disappointment, generated from the fact that the Municipality authorized me a land-use permit contrary to the Legal System, since since 2013 the Municipality knew that the boundaries of 10 to 15 meters around the Laguna Bonilla wetland had to be respected, a place where the land I acquired to build a dwelling house and a mechanical workshop is located. I bought this land with my savings and with the hope of being able to build a mechanical workshop, since I studied mechanics and I would like to dedicate myself to that; however, by virtue of the impossibility of building on that land, my dream has been frustrated. Currently, I work as a Security Officer, since I must work in this until my situation is resolved, because it is not just about fixing cars, but rather one must build a place that meets the necessary requirements to be able to carry out the work efficiently; logically this situation affects my state of mind, since I have been trying to find a solution with the Municipality for several years and I have not been able to get them to listen to me. I understand that the Municipality must comply with what the regulation establishes, regarding the protection margin of the protection boundaries because it is an environmental issue, but it is also not fair that I must assume the responsibility for the purchase of the land, if the Municipality had known since 2013 that it had to observe these boundaries when granting the permit, and despite that, it issued an administrative act contrary to the legal system, which induced me into error, by giving me a land-use permit without this being legally possible. By virtue of the foregoing, I request the Court grant me the possibility that the Municipality of Puntarenas compensate this emotional damage, which I estimate in the sum of ?10,000,000.00 (ten million colones). On the other hand, regarding the patrimonial damage; this is generated by the purchase of a piece of land that, according to the Municipality of Puntarenas, was at that time suitable for construction, but which just one year later, the Municipality of Puntarenas considers not susceptible to construction because the land is within the protection margins of Laguna Bonilla. Logically, if at the time of carrying out the land purchase process, I had been aware of that legal limitation, I would never have bought the land in that place, because now it is as if I did not have it; I cannot build my house, I cannot build my mechanical workshop, and in general terms, I cannot carry out practically any activity, since, as certified by SETENA in 2019, the wetland protection area covers 72% of the total lot I bought, meaning it is practically impossible to use it, so evidently this limitation (which the Municipality knew about since 2013) causes me extremely serious damage that must be compensated by the Municipality of Puntarenas. This compensation is based on the purchase-sale deed for the sum of ?7,500,000.00 colones, which was what the land initially cost. However, the Court is also asked to assess the fact that the Municipality estimated the property's value for the year 2018, at the sum of ?14,300,000.00 colones. Loss of Chance (Pérdida del Chance) or opportunity to build a dwelling and my mechanical workshop: In Costa Rica, our Magna Carta in article 41 states that "(…) all must find reparation for the injuries or damages they may have received in their person, property, or moral interests (…)". It is evident that the norm at the apex of our legal system gives decisive importance to the right to reparation or compensation in our country. The loss of chance (pérdida del chance) is a concept that has been developing in Administrative Litigation matters in recent years in Costa Rica. Regarding its concept, the legal scholar Marcelo Lopez Mesa defines it as: "it encompasses all those cases in which the affected subject could have realized a profit, obtained a gain or benefit, or avoided a loss, results that were prevented by the unlawful act of a third party, thereby generating the uncertainty of knowing whether the beneficial effect would have occurred or not, creating an expectation, a probability of patrimonial advantage." (López Mesa, Marcelo. (2008). "Responsabilidad Civil Médica y Pérdida da Chance de Curación". In Revista de Derecho de Daños. Editorial, Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires: Argentina. p.8.) Also in this regard, Juan Manuel Prévot and Rubén Alberto Chaia define it as: "The loss of a chance can be defined as the plausible opportunity to achieve an advantage or prevent a loss, or else, as the possibility of a probable, future benefit, which integrates the faculties of action of the subject in whose favor the hope exists." (Juan Manuel Prévot, y Rubén Alberto Chaia, (2007). Pérdida de chance de curación. 1 ed. Buenos Aires: Argentina, Editorial Astrea. p.45.) This figure has the following characteristics: certain damage, personal damage, subsisting damage, and a causal relationship between the harmful conduct and the damage. Doctor Roberto Garita Navarro, in his essay El chance frustrado en los precedentes recientes de la jurisdicción contencioso administrativa. Comentarios al fallo 66-2013-VI del Tribunal Contencioso Administrativo mentions the following: "The recognition of the compensability of the frustrated chance in administrative liability has as an initial barrier the consideration that simple expectations are not compensable, because they do not constitute effective damages. Such a position starts from the traditional tendency that maintains that administrative liability only emerges when damage to a subjective right of the person has been generated." Furthermore, the General Law of Public Administration in article 191 establishes: "The Administration must repair all damage caused to the subjective rights of others by faults of its servants committed during the performance of the duties of the position or on the occasion thereof, using the opportunities or means it offers, even when it is for purposes, activities, or acts foreign to said mission." In the specific case, the loss of chance is established by my frustration at not realizing the project to build a house and mechanical workshop, which is the main reason for buying the land, causing me serious damage, since I have had to set aside my personal and professional aspirations by virtue of the denial of the land-use permit. I understand that my land is in a protection zone called Laguna Bonilla and that the Municipality acted with willful misconduct (dolosamente) by approving my land-use permit in the year 2016 and subsequently rejecting it in the year 2017, the same wetland protection boundaries existing between one year and the next, since since the year 2013 through official communication SINAC ACOPAC-OSREO-531-2013, the National System of Conservation Areas informed the Municipality of the boundaries and distances it had to safeguard for the protection of the wetland. Recently, in the year 2019, through certification I requested from SINAC according to official communication SINAC-ACOPAC-OSREO-CERT-042-2019, I find out that my property is 72% within the boundaries of the Palustrine Wetland Laguna Bonilla (Humedal Paulastrino Laguna Bonilla), something that the Municipality was already aware of, as I indicated previously since the year 2013. This compensation being requested is not an unfounded request, since I carried out procedures in different institutional units in order to obtain the corresponding permits that would guarantee me the construction of the dwelling and the mechanical workshop; in this regard, I indicate the following official communications: MP-PUC-RES-698-10-2016, MP-PUC-RES-820-10-2017, DVOP-DI-DV-PV-2017-5521, purchase-sale contract, and mechanical studies certificates. By virtue of these considerations, I request to be granted compensation for an economic sum of 10,000,000 colones (ten million colones). LAW. I base the present process on articles 190, 191, 192, 193, 194, 197, and following of the General Law of Public Administration, article 2 subsection b) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), articles 40, 41, 42, 43, 44, and 45 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente)."
2.- Arguments formulated by the representation of the defendant Municipality. For its part and in defense of the interests of the defendant Municipality, it indicated in essence, in opposition to the lawsuit, as relevant, that the location resolutions are or bear identity with legal instruments that are issued in accordance with the regulations in force at that moment, since these may change not only the regulations but also the property, for example, as a consequence of natural phenomena, with the intention of keeping control over the use of the land, which only allow determining if an activity conforms to the zoning of the respective area at the time a pronouncement on the matter is requested, as well as that, on the other hand, these administrative acts are issued with a validity of one year, time within which the administered party must proceed with what is pertinent, if desired, to build, so they do not correspond to or serve as a construction permit. That: "in the case of the present lawsuit, the plaintiff bases their lawsuit (sic) on the fact that the Municipality of Puntarenas issued the Municipal Location Resolution number PUC-RES-429-08-2015 dated August 7, 2015; at that moment the plaintiff did not hold any link with the real estate according to Cadastral Plan (Plano Catastrado) number P-25316-1992. In addition, they allege that the Municipality of Puntarenas issued them the Municipal Location Resolution identified with number MP-PUC-RES-698-10-2016, dated October 11, 2016, on this occasion in the name of Mr. Leandro Arturo Badilla Muñoz, bearer of identity card number 6-0412-0553; however, in said document the observation is made that the conformity of the activity is subject to compliance with the provisions of the corresponding regulations in force at the time of granting the certificate. Likewise, that it has a validity of one year."
Time passed and no construction was made on the real property. Said situation not being the responsibility of my client." In the section of the brief contesting the lawsuit, the municipal representation listed articles from various regulatory bodies, without arguing anything that would allow this Court to understand how, in its opinion, each of the invoked rules would be applicable to the specific case. The exceptions of lack of right, statute of limitations (prescripción) (I. 71), and expiration (caducidad) (I. 72) were filed as preliminary objections, and it was also requested that the lawsuit be dismissed in all its aspects and that the plaintiff be ordered to pay both costs.-
III.- Proven facts. The following are relevant for the resolution of this matter: 1) That under the terms of official letter No. ACOPAC-OSREO-531-2013, dated April 30, 2013, from the Esparza-Orotina Sub-Regional Office of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), addressed to the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas and received by it that same year, said Municipality was informed through that office that: "Regarding your official letter DCU-163-2013, through which you request a map with coordinates detailing the limits and whether there is any protection zone duly certified by MINAET, in the sector of Laguna Bonilla and its protection radius, I inform you of the following: That through official letter No. 07370-2004-DHR, MINAET recommends forming a technical and scientific team composed of officials from OSREO, ACOPAC, and the National Wetlands Commission (Comisión Nacional de Humedales), with the objective of defining the boundaries of Laguna Bonilla. This team was composed of the following officials (...). As a result of the work carried out by said commission, a polygon was drawn up, which identified the Laguna Bonilla Wetland, which is attached in paper and digital format. As legal support for the work carried out by the Commission, rulings 16938-11 and 14288 from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) are attached" (the text of these rulings issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice is partially detailed). "Regarding the existence of a protection zone in the wetland, I inform you that according to certification SINAC-GASP-349-10, which is attached, the Bonilla wetland currently corresponds to a palustrine wetland, affected by anthropogenic activities. Therefore, according to Article 33, subsection c of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of February 5, 1996, and the applicability of Protection Areas with respect to wetland ecosystems of the type called Lagoon, the 50-meter protection area for lakes and natural reservoirs only applies to lacustrine wetlands and not to palustrine wetlands, as is the case here. It is for this reason, and in accordance with said certification, that a protection zone of 10 to 15 meters is recommended for this wetland." (Uncontroverted fact, in association with the documentary evidence appearing in images 22 through 25 of the judicial file); 2) That under the terms of public deed identified as No. 126, executed before the Notary who, in the respective testimonial copy, was identified as Notary Public Pablo Fernando Ramos Vargas, on November 9, 2016, the plaintiff herein purchased for the sum of ₡7,500,000.00 (seven million five hundred thousand exact colones) from the company named Inversiones Jojo Sociedad Anónima, whose representative stated they had received to their satisfaction, the property described as follows: "registered property, Party of Puntarenas, real folio registration number twenty-five thousand four hundred sixty-six, zero zero zero, which is pasture land by nature, located in District One Puntarenas, Canton One, Puntarenas, of the Province of Puntarenas. It borders on the north: Alberto Echandía (sic) Highway with the Pacific Railroad in between, with a frontage of eleven meters, South and East: José Ángel Retana fallas; West: Succession of [Name 001]. It measures two hundred seventy-four square meters and ninety-eight square decimeters. Cadastral map number P-zero zero two five three one six - nineteen ninety-two", free of encumbrances and annotations. (Images 54 through 56 of the judicial file); 3) That the respective testimonial copy of the deed mentioned in the previous proven fact was registered in the National Registry, Real Property Section, on November 21, 2016, the plaintiff herein being the registered titleholder of domain over said real property from that moment on. (Image 56 of the judicial file, in relation to folio 78 of the administrative file, as well as folios 85 and 86 of the administrative file); 4) That the plaintiff herein, prior to making the decision to purchase the property mentioned in fact 2) above, asked the defendant Municipality to indicate the permitted use of the property to be acquired, based on whether its use as a dwelling and to develop an activity operating a mechanical workshop was permitted, to which said municipal entity, under the terms of resolution identified as No. MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, responded to the plaintiff herein as follows, in what is relevant: "... For the reasons set forth above; this department informs you that the Municipal Resolution of Location for Construction of Dwelling and Automotive Workshop is granted. This document is valid for one year.” (Uncontroverted fact, in association with images 28 and 29 of the judicial file, and folios 07 and 08, 56 and 57, all from the administrative file); 5) That prior to the decision adopted by the plaintiff herein to purchase the property of interest, it was based on the content and scope of what was ordered by the defendant Municipality in the resolution identified as No. MP-PUC-RES-698-10-2016 that he decided to materialize its purchase, based on the intended purpose or use he wished to give it as a dwelling and mechanical workshop. (Uncontroverted fact, in association with the rules of logic and experience); 6) That after acquiring ownership of the aforementioned property, the plaintiff herein again made a request to the defendant Municipality in the same sense, that is, to be told if the intended property's use as a dwelling and mechanical workshop was permitted, to which, by Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 issued by the Department of Urban Planning and Construction Control (Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo) on October 31, 2017, said request was denied, based on the determination that the property is located within "Laguna Bonilla", sector 2, in the following terms: “ZONING: It is a lot located according to the Cadastral Map in District 1 PUNTARENAS; which does not have the Regulatory Plan for the City of Puntarenas; according to (Regulations and Zoning Map), duly approved by the Municipality of Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing its requested use or activity DENIED because it is within La Laguna Bonilla sector 2. (…). SPECIAL ZONES: In the site chosen for this activity, there is no type of reserve, nor airports, nor important historical sites. The conformity of this activity is subject to compliance with the provisions of the corresponding regulations in force at the time of granting this certificate, and that any possible nuisance be completely confined within the property." (Uncontroverted fact, in relation to images 30 and 31 of the judicial file, folios 65 and 66 of the administrative file); 7) That again, in response to a request made by the plaintiff herein before the defendant Municipality, now under the terms of official letter identified as No. MP-DPUC-094-02-2018 of February 5, 2018, issued by the Department of Urban Planning and Construction Control of the defendant Municipality, the following was stated: "In relation to your request for a Municipal Resolution of Location for the construction of a dwelling and mechanical workshop located on the property to be mentioned, I am pleased to inform you of the conditions in which the site chosen for this activity is found regarding: Zoning: It is a lot located according to the cadastral map in District 1 Puntarenas; which does not have a Regulatory Plan for the city of Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing its use or activity DENIED because it is within Laguna Bonilla, Sector 2, according to the review carried out in the Cadastre." (Images 36 and 37 of the judicial file, in relation to folios 05 and 06 of the administrative file); 8) That the plaintiff herein filed the ordinary remedies of reconsideration (revocatoria) and subsidiary appeal (apelación en subsidio) against this last resolution, of which the reconsideration was denied, based essentially on the following: "The denial of this remedy of reconsideration is because although the municipal resolutions of location for the indicated works to be carried out were granted, through official letters No. PUC-RES-429-08-2015 dated 08/17/2015 in the name of Nancy Melissa Blanco Rojas and No. MP-PUC-RES-698-10-2016 dated 10/11/2016, in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz, located on the property with Cadastral Map No. P-253316-1992 and registered under Real Folio No. 25466-000; these last two official letters, No. MP-PUC-RES-820-10-2017 dated 10/31/2017 in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz and official letter No. MP-DPUC-RES-094-02-2018, dated 02/05/2018, also in the name of this same person, on the same property and at the same aforementioned location, were both denied because before the Department of Cadastral Valuation-Real Property, it was confirmed that this property is located within the Laguna Bonilla polygon; that is, it is within Laguna Bonilla, Sector No. 2. This is according to the technical study prepared by SINAC-MINAE according to official letter ACOPAC-OSREO-531-2013, and also other subsequent resolutions that SINAC has made at the site known as Laguna Bonilla"; while the appeal, to this date, has not been resolved. (Uncontroverted fact, in association with images 40 through 45 of the judicial file and the document identified as official letter No. MP-DPUC-OF-017-02-2018 of February 21, 2018, through which the mentioned remedy of reconsideration was denied by the Department of Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Puntarenas, which appears at folios 81 and 82 of the administrative file in the amount of 2 folios); 9) That the investment made by the plaintiff herein to acquire domain over the real property of interest amounted to the sum of seven million five hundred thousand exact colones. (Images 54 through 56 of the judicial file containing the testimonial copy of the corresponding purchase-sale deed); 10) That because the plaintiff herein purchased the property of interest based on the understanding that he could use it to build a dwelling and/or a mechanical workshop, having first been authorized for said activity and then, after acquiring domain over the real property of interest, this being denied by the defendant Municipality herein, he suffered subjective moral damage (daño de corte moral subjetivo) consisting of feelings, essentially, of frustration as a derivation of the plan he envisioned for acquiring the property, and at least, anger and sadness. (The rules of human experience); 11) That the filing of the lawsuit being heard under the terms of this judgment was notified to the defendant Municipality on October 15, 2019, according to the notification record of the resolution that admitted the present action. (Image 60, in relation to image 67, both from the judicial file).-
IV.- Unproven facts: Relevant for the resolution of the present process and as a faithful reflection of the evidence in the record once it has been assessed, the following are considered unproven facts: SOLE: The value of the property acquired in ownership by the plaintiff herein. (The absence of elements of conviction in this regard).-
V.- On the regime of non-contractual civil liability of the public administration. Whenever we are dealing with parties in litigation regarding the determination of a potential patrimonial liability of the Public Administration, if the legal relationship linking the administered party with the defendant administration does not arise from the existence of a contractual instrument, the discussion revolves around what is known as non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual). Therefore, by way of introduction for the purposes of this instrument, it is necessary to refer to the elements that, in doctrine and case law, make a reproach of liability such as that requested here feasible. Within the regime of so-called non-contractual civil liability, two types are distinguished: subjective liability (responsabilidad subjetiva), established in Article 1045 of the Civil Code, and objective liability (responsabilidad objetiva), governed by Article 9 of the Political Constitution, Article 1048 of the Civil Code, and Article 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Regarding the subjective liability regime, Article 199 of the General Law of Public Administration establishes the liability of public servants towards third parties in proven cases of willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) in the performance of their duties or on the occasion of their fulfillment. As such, subjective liability is based exclusively on a study of the agent's state of mind regarding the existence of at least "negligence (culpa)", if not "willful misconduct (dolo)", unlike what occurs with the objective liability regime, under which liability is determined independently of the existence of such subjective elements. Under subjective liability, one is liable because one is culpable, either because the production of the damage was sought or intended, or because one acted recklessly or negligently. In observance of the foregoing, the liability of the servant to third parties falls within the scope of the subjective liability regime, consequently requiring, for all purposes of determining the existence of negligence or willful misconduct in the mind of the Administration's servant or agent, without prejudice to the other elements that must concur, such as the existence of the damage and the causal link (nexo causal) between that damage and the conduct displayed, for the reproach of attribution of liability to operate. On the other hand, under the regime of objective liability of the public administration, unlike what happens with subjective liability, it is generated without the need to prove willful misconduct or negligence on the part of the agent causing the damage, with the accreditation, however, of the existence of "risk" being sufficient to generate it. For this reason, the notions of unlawfulness (antijuridicidad) and culpability do not operate; therefore, the principle of reversal of the burden of proof (principio de inversión de la carga de la prueba) applies for the benefit of the injured party. To this end, the alleged Public Administration causing such claimed damages (daños y perjuicios) must compensate them if its conduct effectively and efficiently generated them, unless it demonstrates some exonerating cause. Thus, the concurrence of four elements is required, namely: a) An injury (lesión), consisting of unlawful patrimonial losses (perjuicios patrimoniales antijurídicos), because the one suffering them has no duty to bear them; b) An administrative conduct to which the production of the alleged damage is linked; c) A causal link, consisting of the existence of a direct cause-and-effect relationship between the act attributed (administrative conduct) and the damage produced; and d) That there are no causes of justification (causas de justificación) to which we referred earlier, as their existence can legally disconnect the loss produced from the conduct of the public administration so that the harmful effect is not attributable, breaking the causal nexus when an exonerating situation such as force majeure (fuerza mayor), the victim's own fault (culpa de la víctima), or the act of a third party (hecho de un tercero) occurs. The regime of patrimonial liability of the State and its institutions, provided for in Articles 9 and 41 of the Political Constitution, and 190 and following of the General Law of Public Administration, is therefore essentially objective in nature. Thus, for it to arise, it is sufficient that there is an indemnifiable damage, an administrative conduct, and a causal link between both. It must be understood that it is under this type of objective criterion that liability can be attributed to the Public Administration, unlike what happens with its servants, for whom an additional, subjective criterion of attribution must be used. Furthermore, once the criteria under which it is appropriate to determine the liability of the Public Administration and/or its agents or public servants are determined, we are interested in pointing out that there is also a difference regarding the attribution criteria that operate for establishing or determining said liability in the event that we are dealing with licit or illicit, normal or abnormal activity of the Administration. Citing Dr. Ernesto Jinesta Lobo, from his Work "Treatise on Administrative Law II, Administrative Liability" (Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa), p. 39, it is established that: "In the system of liability without fault or for special sacrifice (sacrificio especial), liability for licit conduct or normal operation, the decisive criterion for the existence of liability of public administrations is the violation of the principle of equality in the bearing of public burdens and the consequent special damage (pequeña proporción de afectados) and abnormal damage (excepcionalidad intensa de la lesión) or the theory of risk for the hypothesis of accidental damages caused by a public administration in fulfilling the function assigned by the legal system. In the case of the system of liability for lack of service (falta de servicio) - illicit conduct or abnormal operation - the attribution criterion is, precisely, that indeterminate legal concept of 'lack of service' and the unnamed or atypical constitutional right of administered parties to receive efficient and effective public services." In liability for illicit or abnormal conduct, understood as that which opposes, infringes, or violates the legal system understood globally as written and unwritten norms, the burden of proof falls on the victim, who bears the duty to demonstrate, through the forms and evidentiary means permitted by the legal system, the lack of service, its abnormal operation, or the unlawfulness of the administrative action. In liability for licit conduct, it has been established that even when behaviors are carried out in compliance with the legal system, they are susceptible to attributing liability to the Administration under criteria such as those mentioned supra. In cases of objective liability, the Administration's defense would lie in demonstrating that one of the causes that break the causal link indicated in Article 190, paragraph 1 of the General Law of Public Administration has intervened, whether, as indicated supra, force majeure, the act of a third party, or the act of the victim themselves. Our First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Ruling No. 000584-F-2005, at 10:40 a.m. on August 11, 2005, stated, always in relation to objective liability, the following: "... there will be liability of the Administration provided that its normal or abnormal operation causes a damage that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or extra-patrimonial, regardless of their subjective legal situation and the ownership or condition of power they hold, complying, of course, with the essential prerequisite of the causal link. (...) Both the essential prerequisites and the burden of proof acquire, for example, a new nuance, which frees the affected party not only from substantial but also from procedural ties, and places the Administration in the obligatory task of rebuttal against the charges and facts attributed to it. In any case, the objective nature of the non-contractual civil liability of the Administration was clearly defined in the ruling of this Chamber No. 132 at 3:00 p.m. on August 14, 1991, for an act subsequent to the entry into force of the General Law of Public Administration, in which it stated: 'VI. Our General Law of Public Administration No. 6227 (...), as indicated by this Chamber's ruling No. 81 of 1984, when resolving the controversy over its validity, in the Seventh Title of the First Book, compiled the most modern principles based on the most authoritative doctrine and case law on the non-contractual liability of the Administration, thus establishing the direct liability of the State without the need to previously prove that the damage was caused by fault (culpa) of the official or the Administration, requiring for the indemnification to be appropriate that the damage suffered be effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group -Article 196-. (...) It also establishes, exhaustively, as exonerating causes of that liability, force majeure, the victim's own fault, and the act of a third party, with the Administration bearing the burden of proving their existence, (...)'" (Highlighting is not from the original). In particular, regarding the potential liability of an entity such as the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) associated with the provision of health services under its charge, the First Chamber of the Court, in its Ruling No. 7 at 2:20 p.m. on January 13, 1995, has also indicated as follows: "(...) It is this theory of objective liability that requires that the created risk cause damage to the administered party that is susceptible to indemnification, (…). V)- To re-establish the liability of the Costa Rican Social Security Fund, the causal link between the damage caused to the plaintiff and the action of said entity must be recognized, that is, between the contested act and the harmful event. (...) The causal relationship between the act (the activity which consisted of providing medical services) and the effect (…) is clear, inescapable, and strictly referable to the defendant institution. It is not appropriate to object that the patient was or was not hypersensitive to the indicated medication, but only -as the expert stated (…)- that a risk was created which, as an exception to the common resistance of organisms, caused damage to the patient and he has no reason to bear it without -at least- being compensated for it. In summary, the risk was created by the Costa Rican Social Security Fund, through its hospitals, causing damage to the patient, the current plaintiff, and, consequently, based on the aforementioned theory of risk, it must be held responsible for its action." (Highlighting is not from the original). Consequently, and in accordance with all the foregoing, it is incumbent upon the plaintiff, from a procedural standpoint, to first demonstrate the occurrence of damage or loss, and then that this is linked in a causal nexus to an administrative conduct. Meanwhile, the defendant Administration, and only if the judicial action filed against it succeeds in the foregoing, must prove that, despite everything, some type of exonerating circumstance from liability has intervened, allowing it to affirm that such causal nexus is "broken", disconnecting that administrative conduct from the production of the harmful effect claimed in each case, thereby eliminating the basis of attribution for the patrimonial liability endorsed, leading to the rejection of the claim.-
VI.- On the object of the process, in association with the theory of the case presented by the plaintiff. In order for the exposition that follows to be as clear and orderly as possible, this Court deems it important to refer to the object of the process, understood as what is sought to be granted in the judgment, for which we must indicate that this case is identical to a judicial process known in doctrine as a civil treasury case (civil de hacienda), insofar as, based on what the plaintiff's representative identified as illicit or alternatively licit conduct, the defendant Municipality is to be ordered to pay damages and/or losses (daños y/o perjuicios). On this subject, that is, the basis of attribution for the liability claimed, we must make some clarifications at the outset. In summary, the plaintiff seeks in this judgment to be granted exclusively patrimonial indemnification remedies, alleging that, prior to acquiring a property in ownership, this decision was influenced by the fact that the defendant Municipality provided him with information about the property in question, which he assumed would allow him to develop the activity he intended to carry out upon such acquisition, namely, its use as a dwelling and/or as a mechanical workshop. Subsequently, and as a derivation of what is sought, although at some argumentative level the carrying out of illicit conduct by the defendant Municipality is also invoked as a basis for attributing such liability, which the plaintiff's own representative identified, as this Judicial Authority gathers, as those acts by virtue of which, after being informed that a specific use of the property to be acquired was consistent with the desired use, after acquiring ownership of it, he was informed otherwise. Thus, a claim for annulment, clearly preceded by a declaration that its adoption was not in conformity with the legal system, does not form part of the object of this process. Therefore, on this aspect, namely the unlawfulness of any administrative conduct serving as a basis for the attribution of administrative patrimonial liability being claimed, this Court shall make no pronouncement. To this end, the parties may consult reiterated case law emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice, from which, by way of example only, its Ruling No. 002333-F-S1-2020, issued at 11:12 a.m. on September 17, 2020, must be cited, in relation to Ruling No. 000301-F-2007 at 11:15 a.m. on April 26, 2007, rulings under the terms of which it is determined that what is sought in the judicial process to be granted in the judgment constitutes a limit on the Judicial Authority regarding what to make pronouncements on, or not, in the judgment. Having said the above, and at the outset, regarding the unlawfulness raised as a basis for attributing the patrimonial liability of the Public Administration being claimed, understood as whether or not the Municipal entity's actions in the specific case were in conformity - it is reiterated - we shall make no pronouncement whatsoever, simply because no claim for annulment is the object of this cause. Nevertheless, the plaintiff's representative argued and petitioned based on attributing patrimonial liability to the public Administration from the carrying out of licit conduct, which, as we shall see below, will be appropriate, only under the terms to be stated.-
VII.- On the partial approval of the lawsuit. As a result of a comprehensive analysis in assessing the evidence in the record that has been deemed relevant and appropriate, this Court is of the opinion that, in this specific case, the partial approval of the lawsuit must be decreed, all based on the following considerations.-
1.- On the proven and unproven relevant facts. As a result of a comprehensive analysis of the evidence in the record, regarding what has been relevant for the purposes of rendering this judgment, that which exists in the judicial file, which we have deemed sufficient, in association with the evidence in the administrative file, it is established that under the terms of official letter No. ACOPAC-OSREO-531-2013, dated April 30, 2013, from the Esparza-Orotina Sub-Regional Office of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas, addressed to the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas and received by it that same year, from that date, the defendant Municipal entity herein was informed through that office that: "Regarding your official letter DCU-163-2013, through which you request a map with coordinates detailing the limits and whether there is any protection zone duly certified by MINAET, in the sector of Laguna Bonilla and its protection radius, I inform you of the following: That through official letter No. 07370-2004-DHR, MINAET recommends forming a technical and scientific team composed of officials from OSREO, ACOPAC, and the National Wetlands Commission, with the objective of defining the boundaries of Laguna Bonilla. This team was composed of the following officials (...). As a result of the work carried out by said commission, a polygon was drawn up, which identified the Laguna Bonilla Wetland, which is attached in paper and digital format. As legal support for the work carried out by the Commission, rulings 16938-11 and 14288 from the Constitutional Chamber are attached" (the text of these rulings issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice is partially detailed).
"Regarding the existence of a protection zone in the wetland, I inform you that according to certification SINAC-GASP-349-10, which is attached, the Bonilla wetland currently corresponds to a palustrine wetland, affected by anthropogenic activities. Therefore, pursuant to Article 33, subsection c, of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 of February 5, 1996, and the applicability of Protection Areas with respect to lagoon-type wetland ecosystems, the 50-meter protection area for lakes and natural reservoirs only applies to lacustrine wetlands and not to palustrine wetlands, as is the case. It is for this reason and in accordance with said certification, that it is recommended to respect a protection zone of 10 to 15 meters in this wetland." (Highlighting and underlining not in the original). Subsequently and consequently, as of 2013, the defendant Municipality had the necessary documentation that determined from that time, through a map with coordinates preceded by the preparation of a polygon that identified the wetland called "Laguna Bonilla," detailing its limits and the existence of protection zones in the sector of that wetland and its protection radius. The foregoing being so, in the terms of the public deed identified as No. 126, formalized before the Notary who, in the respective testimony, was identified as Notary Public Pablo Fernando Ramos Vargas, on November 9, 2016, the plaintiff herein purchased for the sum of ₡7,500,000.00 (seven million five hundred thousand exact colones) from the company called Inversiones Jojo Sociedad Anónima, money which its representative stated having received to satisfaction, the property that was described as follows: "registered property, Party of Puntarenas, real folio registration number twenty-five thousand four hundred sixty-six, zero zero zero, which is pasture land in nature, located in District one Puntarenas, Canton one, Puntarenas, of the Province of Puntarenas. Bordered on the north: Alberto Echandía (sic) Highway, with the Pacific Railroad in between, with a frontage of eleven meters, South and East: José Ángel Retana faults; West: Succession of [Name 001]. It measures two hundred seventy-four meters with ninety-eight square decimeters. Cadastral plan number P-zero zero two five three one six - one thousand nine hundred ninety-two," free of liens and annotations. (The text of the testimony of the mentioned public deed appears at images 54 through 56 of the judicial file). Subsequently, the respective testimony of the deed related in the previously proven fact identified as 2), was registered in the National Registry, Real Property Section, on November 21, 2016 (image 56 of the judicial file containing the corresponding stamp affixed by the respective registrar), a moment from which the property of interest became registered domain of the plaintiff herein. On the other hand, and this is of fundamental importance, prior to the plaintiff herein making the decision to purchase the related property, he requested the defendant Municipality to indicate the permitted use of the property to be acquired, based on whether its use as a dwelling house and to develop activity in the operation of a mechanical workshop was permitted, to which said municipal entity, in the terms of resolution identified as No. MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, responded as follows, in what is relevant: "... For the reasons stated above; this department informs you that the Municipal Location Resolution for the Construction of Housing and Automotive Workshop is granted. This document is valid for one year." (Highlighting and underlining not in the original. Uncontroverted fact, in association with images 28 and 29 of the judicial file, and folios 07 and 08, 56 and 57, all of the administrative file). Subsequently, and having the plaintiff herein such information formally provided by the municipal entity in the stated terms, this Court has concluded as a proven fact based on the rules of the most simple rational logic and experience, that he required such information directly from the Municipality prior to purchasing, undoubtedly because his decision to purchase was conditioned, in its subjective effects within the framework of the principle of autonomy of will, on the ability to indeed give the property to be acquired the desired use as a dwelling house and mechanical workshop in the future; therefore, it must also be admitted that it was on the basis of the content and scope of what was ordered by the defendant Municipality in resolution identified as No. MP-PUC-RES-698-10-2016, that he decided to carry out the purchase based on the intended purpose or use he wished to give the property in question. Subsequently, the plaintiff herein again formulated a request to the defendant Municipality in the same sense, namely, to indicate whether the use of the property of interest as a dwelling house and mechanical workshop was permitted, to which, by Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 issued by the Department of Urban Planning and Construction Control on October 31, 2017, said request was now rejected, on the grounds that it was determined that the property is located within the "Laguna Bonilla," sector 2, in the following terms: "ZONING: It is a lot located according to the Cadastral Plan in District 1 PUNTARENAS; which does not have the Regulatory Plan for the City of Puntarenas; according to (Regulation and Zoning Plan), duly approved by the Municipality of Puntarenas; however, there is an objection to authorizing the requested use or activity, REJECTED because it is within La Laguna Bonilla sector 2. (...). SPECIAL ZONES: In the site chosen for this activity, there is no type of reserve, nor airports, nor important historical sites. The conformity of this activity is subject to compliance with the provisions of the corresponding regulations in force at the time of granting this certificate, and to any possible nuisance being completely confined within the property." (Uncontroverted fact, in relation to images 30 and 31 of the judicial file, folios 65 and 66 of the administrative file). We must pause to indicate that, consequently, as we noted earlier, if according to the content of the official communication from the Esparza-Orotina Sub-Regional Office, of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas identified as No. ACOPAC-OSREO-531-2013 dated April 30, 2013, the limits and protection radius of the Laguna Bonilla wetland, including, because no other conclusion can be reached, its "sector 2," were or came to the knowledge of the defendant Municipality since that year (2013), the information or authorized use in relation to the use of this property in question, by resolution identified as No. MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, for the construction of housing and an automotive workshop, did not correspond either to the information the defendant Municipality already possessed in this regard, or to the legal regime that conditioned the use of that property, in the case of one whose surface overlapped with a wetland. In other words, this administrative act was issued absolutely in non-conformity with the legal system, both in factual-material terms and in legal terms, with the clear effects derived therefrom affecting the plaintiff herein, in the exercise of his autonomy of will, in his purchase decision—a decision which, in this line of thought, with absolute clarity, was influenced by an error of fact regarding the object of acquisition, and an error of law. This was reinforced by the fact that, also subsequently, again in response to a request made by the plaintiff herein to the defendant Municipality, now in the terms of the official communication identified as No. MP-DPUC-094-02-2018 of February 5, 2018, issued by the Department of Urban Planning and Construction Control of the defendant Municipality, he was informed as follows: "In relation to your request for a Municipal Location Resolution for the construction of a dwelling and a mechanical workshop located on the property to be mentioned, I am writing to inform you (sic) of the conditions in which the site chosen for this activity finds itself regarding: Zoning: It is a lot located according to the cadastral plan in District 1 Puntarenas; which does not have a Regulatory Plan for the city of Puntarenas; however, there is an objection to authorizing your use or activity, REJECTED because it is within Laguna Bonilla, Sector 2, according to the review made in the Cadastre." (Highlighting not in the original. See the documentation at images 36 and 37 of the judicial file, in relation to folios 05 and 06 of the administrative file). Finally, against this last resolution, the plaintiff herein filed the ordinary remedies of revocation and appeal in subsidy, of which the revocation was rejected, based in essence on the following: "The rejection of this revocation appeal is due to the fact that although the municipal location resolutions were granted for the indicated works to be carried out, through official communications No. PUC-RES-429-08-2015 dated 08/17/2015 in the name of Nancy Melissa Blanco Rojas and No. MP-PUC-RES-698-10-2016 dated 10/11/2016, in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz, located on the property with Cadastral Plan No. P-253316-1992 and registered with Real Folio No. 25466-000; these last two official communications, No. MP-PUC-RES-820-10-2017 dated 10/31/2017 in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz and official communication No. MP-DPUC-RES-094-02-2018 dated 02/05/2018, also in the name of this same person, on the same property and in the same aforementioned place, were indeed rejected because before the Cadastre-Valuation-Real Property Department, it was confirmed that this property is located within the Laguna Bonilla polygon; that is, it is within Laguna Bonilla, Sector No. 2. This according to the technical study prepared by SINAC-MINAE in accordance with official communication ACOPAC-OSREO-531-2013, and also other subsequent resolutions that SINAC has made at the site known as Laguna Bonilla"; while the appeal, to this date, has not been resolved. (Highlighting and underlining not in the original. Uncontroverted fact, in association with images 40 through 45 of the judicial file and the document identified as official communication No. MP-DPUC-OF-017-02-2018 of February 21, 2018, by which the mentioned revocation appeal was rejected by the Department of Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Puntarenas, appearing at folios 81 and 82 of the administrative file, consisting of 2 folios). This Court confirms, reinforces, and reiterates that once the plaintiff herein was told, prior to purchasing the property, that it could be used as a dwelling house and mechanical workshop, he was later told no, based on information about this property that was at its disposal and a legal duty to observe since long before, since the year 2013. In conclusion, for this Panel of judges, it has become absolutely clear as a proven fact that it was because the plaintiff herein purchased the property of interest on the basis that he could use it to build a dwelling house and/or a mechanical workshop, having first been authorized for said activity and then, after acquiring ownership of the property of interest, denied the same by the defendant Municipality, that he suffered a subjective moral damage consisting of feelings, in essence, of frustration derived from the plan he envisioned to acquire the property, and at least, anger and sadness. (The rules of human experience).-
2.- On the legal nature of the land-use certificate (certificado de uso de suelos). Considering that the formal administrative actions deployed by the defendant municipal authority share an identity, regardless of the denomination given to them, with this type of formal administrative action—namely, with the land-use certificate (certificado de uso de suelo)—it is relevant to indicate that as defined by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its Ruling No. 000866-F-S1-2013, issued at 09:55 hrs. on July 11, 2013, it is held that: "III. In order to resolve the complaint raised, it is worth considering that, under provisions 21 (right to health), 45 (limitations on property for reasons of public interest), 50 (right to a healthy and ecologically balanced environment), 69 (constitutional requirement for the rational exploitation of land), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution, territorial planning and—specifically—urban planning are instituted as a set of provisions aimed at guaranteeing such fundamental rights and, thereby, the quality of life of the inhabitants, as expressly recognized by numeral 28 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). In accordance with that objective, cardinal 28 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana, hereinafter LPU) prohibits 'using or dedicating lands, buildings, structures to any use that is incompatible with the established zoning.' To ensure that said provision is complied with, that same norm instituted the so-called 'land-use certificate (certificado de uso de suelo)' as a 'municipal certificate that certifies the conformity of use to the zoning requirements.' For that reason, when a citizen requires a municipal license (for example for construction, subdivision (fraccionamiento), or a business license for a commercial or industrial activity), the respective City Hall must verify, beforehand, that the activity to be carried out is compatible with the use zones stipulated in the urban planning applicable in the canton. On this point, this Chamber has indicated: '[...] The land-use certificate (certificado de uso de suelo) consists of the instrument that records the uses to which a piece of land can be destined, that is, what it certifies, -with declaratory character-, is the use that can be given to it according to the regulations in force. Hence, it may happen that what is stated in it is not what the interested party seeks, since the use they intended to give it might not be in conformity with the regulatory plan. As the Ad quem made clear, the Constitutional Chamber has expressed that said certificate, although declaratory in nature, constitutes a fundamental act, because its content and function is to certify factual or legal states that enable the taking of resolutions that create, modify, or extinguish legal situations, such as construction permits or business licenses, for whose granting this document is required, as a means to verify that what is requested conforms to the use approved in the corresponding regulatory plan.' (Judgment No. 798-F-S1-2012 of 9 hours 45 minutes on July 4, 2012). It is worth noting that ordinal 28 of the LPU also provides for the so-called 'non-conforming use certificates (certificados de uso no conforme),' which are those by which a contrary use is recorded, but which was consolidated prior to the implementation of the respective zoning." (Underlining and highlighting not in the original). For its part, in the opinion of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in Rulings such as the one identified as No. 2016-015501 issued at 11:41 hrs. on October 21, 2016, on this point it indicated, in relevant part: "III.- ON LAND-USE CERTIFICATES (CERTIFICADOS DE USO DE SUELO). There is no doubt that the land-use certificate (certificado de uso de suelo) is an administrative act that arises from the exercise of the normative power of the corporate entity, which directly affects the legal sphere of the administered party—favorably and unfavorably at the same time. It is an act with independent legal effects, because its content, on one hand, grants a benefit to the administered party—the right to use the property in accordance with the land use established in the regulations once the respective permits are obtained—and, on the other hand, it also establishes limitations on the exercise of the attributes of the property right, in application of urban planning regulations and the environmental regime in force. Thus, the jurisprudence of this Court has conceptualized said certificates as a 'favorable act' and, as such, covered by the principle of intangibility of one's own acts: '[...] this conforming land-use certificate (certificado de uso de suelo conforme) is a favorable act by virtue of enabling the administered party to apply for a construction permit and, eventually, to request other types of licenses (see ruling number 2006-005832 of this Chamber). Consequently, in order to be annulled or reviewed, the defendant public administration must observe the formal and substantive requirements established in ordinal 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). [...] The annulment of the favorable act granted to the appellant with non-observance of the above would violate the theory of one's own acts implicitly contained in numeral 34 of the Political Constitution' (ruling no. 2010-12815 of 9 hours 23 minutes on July 30, 2010; in a similar sense, consult, from the same Constitutional Chamber, resolution no. 2010-4161 of 12 hours 8 minutes on February 26, 2010)." (Underlining and highlighting not in the original). Concluding on this legal aspect of interest, but above all in observance of the provisions of Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is held that declaratory or not, the land-use certificate (certificado de uso de suelo) has been conceptualized by the Constitutional Chamber as a declaratory act of subjective rights, therefore covered or informed by the principle of intangibility of one's own acts issued by the Public Administration. This Panel of Judges notes that what follows is not and will not be the basis for how this specific case will be decided, regarding the position taken by the Constitutional Chamber related above—which we affirm with profound respect—there is still a need to delve deeper into the nature, content, and scope of the land-use certificate (certificado de uso de suelo), considering the position taken in this same ruling by two of the magistrates comprising the High Court of constitutional control, by affirming the following as a dissenting opinion: "DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WITH DRAFTING BY THE FIRST. We declare the appeal without merit, for reasons different from those set forth in the majority opinion. In our opinion, land-use certificates (certificados de uso de suelo) only have declaratory effects, as their sole purpose is to certify the use established by regulation for a property. That is, they do not create or confer rights, but rather certify a particular legal situation, such as the conformity of a use with zoning parameters. This thesis was upheld by this Chamber in Judgment No. 5109-2011 of 11:20 hrs. on November 4, 2011, where it was expressly stated: 'This land-use certificate (certificado de uso del suelo) is an administrative act of a declaratory nature, that is, it certifies facts or circumstances but does not create or modify legal situations; specifically, through it, the local Administration certifies the conformity or non-conformity of the land use with the provisions of the respective zoning, but it does not grant a construction permit, instead it only certifies the due use as established by regulation. Hence, this certificate is required as one of the requirements—not the only one—necessary for the municipal entity to issue the respective authorization to build or to issue a license that allows the exercise of a determined activity, that is, to issue an administrative act that does create subjective rights (see in that sense ruling number 4336 of 2:24 p.m. on June 4, 1999). (...).'" (Highlighting and underlining not in the original). We say that the foregoing is not and will not be the basis for how this specific case will be decided, because as will be seen, we will resolve the present matter on the merits, independent to some extent of whether it is arguable that this type of formal administrative acts share the identity of acts that generate subjective rights, or whether they share the identity of acts with more limited scope, depending on the circumstances, sharing more identity with preparatory acts without their own effects. Returning now to what commands our attention, it is worth mentioning—and what follows is relevant for the purposes of issuing this judgment—that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself has indicated in its Ruling No. 04336-16 issued at 2:24 p.m. on June 4, 1999, that it is not legally permissible to subject land-use certificates (certificados de uso de suelo) to time limits, as follows: 'In this Chamber's judgment, there is an erroneous application of the legal institutions at play. The land-use certificate (certificado de uso del suelo) that is validly issued is not subject to temporary validity, as long as the Master Plan is not modified; that is, land with residential suitability retains it for the entire term that the general urban development plan is in force; that which may be commercial, equally, since zoning effects do not cease annually. If this were so, it would be affirming that every property owner in the Canton is obliged to obtain a land-use certificate (certificado de uso del suelo) every year, to be notified of what use is permitted during the following year, and so on consecutively, with the Municipality being able to vary that land use annually. This interpretation not only violates the very essence of Urban Planning Law, but completely eliminates the value of legal certainty and leaves it in the hands of the municipal administration to define, discretionally, what the urban planning suitability of each property is. Therefore, this Chamber considers it is not possible to admit the criterion that the mere expiration of the land-use certificate (certificado del uso del suelo) after the passage of one year, implies that an authorized activity transforms, the following year, into a prohibited one. Furthermore, two premises are of elementary logic: a) all properties built and located in the Canton of San José, upon the entry into force of the Urban Master Plan, had, at that date, the land use defined and confirmed by their mere existence and by the issuance of construction licenses, so their situations cannot be modified with the entry into force of that regulation, unless compensation by the Municipality intervenes, for the harm that giving retroactive effect to the Master Plan implies; and b) on the same plane are all commercial businesses that obtained, in due time, licenses for the exercise of commercial activities (business licenses)…' (Judgment No. 04336-99 of fourteen hours twenty-four minutes on June fourth, nineteen ninety-nine)." (Highlighting and underlining not in the original). As a corollary to the foregoing, in observance of the provisions of numeral 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which reads as follows: "The jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes, except for itself," declaratory or not, the land-use certificate (certificado de uso de suelo) must be understood as an act that generates subjective rights, for which or against which, if the Administration considers that at the time or moment of its issuance, it was substantially inconsistent with the legal system, having been positive for the subjective rights of the administered party, it can only be reversed by the Public Administration through the legal channels provided in the legal system, whether under the provisions of Article 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and/or, we add, through the jurisdictional process of lesivity, to which must be added that subjecting the effectiveness of this type of act to a specific term is prohibited by the legal system, and among this, by constitutional law based on the scope of the principle of non-retroactivity, which involves or covers the possible disregard of the principle of intangibility of one's own acts that generate subjective rights, as defined by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice.-
3.- On the appropriateness of the alleged patrimonial liability, based on the deployment of lawful administrative conduct in the specific case. As this Court anticipated above, in the present case, it is necessary to partially uphold the claim, based on the appropriateness of the liability reproach erected from the adoption of administrative conduct, qualified as lawful, with the nuances that will be stated:
3.1. On the patrimonial liability of the Public Administration derived from the adoption of lawful conduct. We consider it relevant to cite, for these purposes, what was stated in part by the Constitutional Chamber in its Ruling No. 2009-013606, issued at 14:57 hrs. on August 26, 2009: "IV.- CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LIABILITY. (...). The principle of administrative liability of public entities and their officials is complemented by the constitutional enshrinement of the principle of equality in bearing public burdens (Articles 18 and 33), which prevents imposing on administered parties a singular or special burden or sacrifice they have no duty to bear, and the principle of social solidarity (Article 74), according to which, if the administrative function is exercised and deployed for the benefit of the community, it is the community that must bear the unlawful injuries caused to one or more administered parties and unjustly suffered by them. (...) V.- ESSENTIAL CHARACTER OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LIABILITY IN THE SOCIAL AND DEMOCRATIC RULE OF LAW. The liability of public administrations for the exercise of the administrative function forms part, as we have verified in the preceding recital, of the constitutional conception of these. It is a key and essential piece of the social and democratic Rule of Law, given the ends to which a regime of administrative liability tends. In general, the basic function of administrative liability is the reparation or compensation for unlawful injuries caused to an administered party (victim or injured party) in their patrimonial or extra-patrimonial sphere by a public entity in the exercise of the administrative function. One of its classic and traditional purposes is to serve as a control or guarantee for the substantial legal situations of administered parties that are injured by a public entity in the exercise of its competencies or in the provision of public services expressly assigned by the Constitution or the law. Administrative liability together with the Contentious-Administrative Jurisdiction (Article 49 of the Political Constitution), are the key pieces of a Constitutional State for the defense of administered parties against the formal and material prerogatives and privileges that the Constitution itself provides to public entities for the fulfillment of their tasks. This purpose determines that the constitutional principle of administrative liability must be strengthened and accentuated through an extensive and not restrictive interpretation; likewise, the legislator, when developing the systems of administrative liability, must adapt to the constitutional parameter of objective and direct administrative liability, being forbidden from establishing administrative conduct that is exempt or immune to this, thereby undermining the fundamental compensatory rights and the right to the proper functioning of public services held by all administered parties." The enactment of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) resolved the legal vacuum that existed to be able to claim liability against the State in a judicial venue. Article 1 of said Law provides that the Administration (understood in a broad sense as the State and other public entities) shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. The norm introduces the concept of objective State liability, that is, that which does not examine the conduct of the official regarding the extremes of their culpability but rather bases liability on the mere verification of the damage and that it was produced by the activity of the Administration. This is the line followed by Article 190 of the Law on Public Administration. Objective liability occurs, then, without the need to prove the intent or fault of the party causing the damage; the risk itself is sufficient to generate it. Consequently, for its occurrence, three essential requirements are necessary: 1) Injury or existence of an unlawful damage, which consists of unlawful patrimonial effects, insofar as the person suffering them has no duty to bear them.
2) Conduct of the administration, whether by omission or action, formal or material, and 3) The causal link, that is, that a direct cause-and-effect relationship exists between the act attributed and the damage produced, without the presence of exonerating causes that legitimize the injury produced (article 190 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública)). If this last scenario occurs, the causal link is broken upon the occurrence of an exempting situation such as force majeure, fault of the victim, and the act of a third party. For its part, the injury or damage that serves as the basis for the compensatory remedy must meet several requirements. First, it must be unlawful, that is, a damage that the administered party has no legal duty to bear, as it exceeds the common burdens that administrative activity entails for the community. This unlawfulness derives from the absence in the legal system of a rule justifying the burden imposed on the administered party, which, lacking a legal basis, stands as an unjust injury that must be compensated. Those justifying causes must be provided for in the legal system itself, such that their application is a typical consequence of that normative set (e.g., tax collection, preservation of morality and good customs, article 195 of the General Law). Additionally, this damage must have the characteristics of being effective, economically assessable, and individualizable. By effective, it must be understood that the damage is certain, and not merely eventual or possible. It is also necessary that it can be valued in economic terms, for the purpose of equitably setting the amount of compensation. Finally, it must be individualizable, which implies that it is specific to a person or group of persons; that is, the damage must be singular and not constitute a common burden that all individuals must bear. The regulation contained in the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) concerning the scenarios in which compensation for damage is appropriate distinguishes two issues: whether we are facing unlawful or abnormal activity of the Administration (articles 190, 191, and 192) or lawful or normal activity. Normally, unlawfulness is related to the breach of legal system rules applicable to the Administration, while abnormality refers to an examination of its material activity or service provision. In this scenario, a transgression of the legal system has occurred, which means that the claim for the injury suffered includes not only the damage as such but also the corresponding loss (in relation to article 10.3 of the Law Regulating the Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción)). The Royal Spanish Academy defines the term damage (daño) as "detriment, loss, impairment, pain, or discomfort" and lost profit (lucro cesante) as the "[Profit foregone as a consequence of the non-fulfillment of an obligation, the breach of a duty, or a legitimate patrimonial sacrifice]." On the other hand, we have liability for lawful conduct and normal functioning, which presupposes a specific assessment of the injury caused by the Administration's actions. Liability for lawful conduct is an exception to the rule, which is liability for unlawful conduct of the Administration. This scenario involves legal actions by the Administration that nevertheless cause impairment to the administered party's legal sphere. It is said that if the Administration, acting legitimately, affects the right of an individual which is also legitimate, the principle of equality before public burdens obliges its compensation. In this scenario, the damage is qualified as "special," either due to the "small proportion of affected parties" or "because of the exceptional intensity of the injury" (article 194 of the General Law). The basis for this concept was explained in the Legislative Assembly by the D.O.O. in the following terms: "This arises from the principle we explained yesterday of the so-called public law compensation, for a lawful act or normal functioning of the Administration. But here it is clearly established under what conditions this compensation will be admitted, only when those affected by the normal functioning or the lawful act are very few or the injury inflicted is exceptionally serious. Extraordinary or abnormal in relation to the members of the rest of the community. (...) We say that when it comes to very few, or to a very intense grievance or damage, this compensation should be applied. We must recognize that this has a certain margin of indeterminacy. How many are few and how many are many? This is something that will fundamentally be left to judicial appreciation. When the injury inflicted is very intense or extraordinary or abnormal, this is something that will be left to the judge's appreciation. But in reality, it is a risk, and we believe that all laws run it. The second paragraph simply states the following, when the doctrine of this type of liability holds the following principle: When an administered party's property is damaged by a lawful act or normal functioning, the Administration must restore the owner to the prior state regarding that property, not to the financial status they would have had if the property had not suffered the damage, because it is considered that this is a liability that is a sanction, (...), but rather an act of justice to compensate a citizen for the sacrifice they made for the benefit of the community. So, with the same spirit of solidarity, a loss of their losses is imposed on the citizen, albeit limited, in the sense that lost profit (lucro cesante) cannot be claimed. The doctrine usually formulates this rule by saying: the damage to the injured property is compensated, the damage caused to the owner is not compensated. It may be that the damage to the injured property is less than that caused to the owner. When the owner, as a consequence of the injury, has foregone certain profits. In that case, it is not compensated. (...) In these cases, the State acts in an act of social solidarity and justice with the individual..." (QUIROS CORONADO, R., General Public Administration Act, Concorded and Annotated with the Legislative Debate and Constitutional Jurisprudence (Ley General de la Administración Pública, Concordada y Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional), S.J., Aselex S.A., 1996, p. 295). This exposition amply explains the reasons why it was considered appropriate that in scenarios of lawful or normal conduct, only the damage should be compensated, not the lost profit (lucro cesante), i.e., the profit foregone due to the activity carried out by the Administration. In the opinion of this Court, such arguments remain valid to date. The individual whom the Administration must compensate by virtue of damage caused by unlawful or abnormal conduct is not in the same situation as the one who must be compensated for lawful or normal conduct. While this latter scenario is justified by the principle of equality before public burdens, according to which the individual does not have to exclusively bear the damage generated by legitimate conduct, this does not mean that they must also be compensated for the profits foregone. In such scenarios, the remedy must be limited to the objective value of the right sacrificed and the direct damages that occur as a consequence of the State's action. Hence, hypothetical profits, lost profit (lucro cesante), and subjective elements that could influence the valuation of the limited right are not compensable. Article 195 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) clearly establishes that "... Neither the State nor the Administration shall be liable, even if they cause special damage in the foregoing terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public policy, morality, or good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the harmful act...". We thus see how public policy constitutes an exonerating cause for the Administration's liability. In ruling 3173-93, this Court endeavored to specify the limits of that concept, inherently indeterminate as it is, and stated: "II.- The fundamental rights of each person must coexist with each and every one of the fundamental rights of others; therefore, for the sake of coexistence, it is often necessary to curtail the exercise of those rights and freedoms, even if only to the precise and necessary extent for others to enjoy them under equal conditions. However, the principle of the coexistence of public freedoms—the right of third parties—is not the only just source for imposing limitations on them; the concepts of 'morality,' conceived as the set of fundamental principles and beliefs prevailing in society, the violation of which seriously offends the generality of its members, and 'public policy,' also act as justifying factors for limitations on fundamental rights." The underlining and highlighting are not from the original). Having said the foregoing, the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) provides, in relevant part, that: "Article 190.- 1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, save for force majeure, fault of the victim, or the act of a third party. / 2. The Administration shall be liable in accordance with this article, even when it cannot be held liable under the following sections of this Chapter, but the liability for a lawful act or normal functioning shall only arise under the terms of the following Third Section." (The highlighting is not from the original). In the third section referred to in the article we have transcribed, the following is provided: "Article 194.- 1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal functioning when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of affected parties or the exceptional intensity of the injury. 2. In this case, the compensation must cover the value of the damages at the time of their payment, but not lost profit (lucro cesante). 3. The State shall be liable for damages caused directly by a law, which are special in accordance with this article." "Article 195.- Neither the State nor the Administration shall be liable, even if they cause special damage in the foregoing terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public policy, morality, or good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the harmful act." Thus: The legal system allows access to compensation, even on the basis—as will be seen, which is the one that mediates in the present case—that the administrative conduct that is the efficient cause or origin of the damage or harmful effect is lawful, that is, adopted in conformity with the legal system, provided that certain requirements are met, namely, that such impact affects the administered party in a special way, i.e., qualified or reinforced by the fact that they form part of a "small proportion of affected parties" and/or, as applicable, that the "intensity" of such impact can be qualified as exceptional in degree—we understand—to the intensity with which the injury to the legal right in question is suffered; yet, without covering lost profit (lucro cesante) because it concerns compensation for the sacrifice made under these circumstances for the public good or common welfare, nothing more, so that the compensation in these cases is not full.-
3.2.- Regarding liability for lawful conduct derived from administrative acts adopted by the defendant Municipality. We must return to the facts that have been taken as proven in the present case to indicate that, at a first level of analysis, in the terms of the official letter from the Esparza, Orotina Sub Regional Office, of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) identified as N° ACOPAC-OSREO-531-2013 dated April 30, 2013, addressed to the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, received by the latter in that same year, said Municipality was informed through that office, in relevant part, of the detail of the limits and the existence of a protection zone in the sector of the wetland (humedal) called "Laguna Bonilla," once a technical and scientific team composed of officials from the OSREO, ACOPAC, and the National Wetlands Commission (Comisión Nacional de Humedales) defined the same, a polygon prepared by them identifying the wetland (humedal) of interest (which was attached to the defendant Municipality here "in paper and digitally," with the warning that, according to article 33, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of February 5, 1996, and the applicability of Protection Areas with respect to wetland ecosystems of the type called Laguna, it was recommended to respect a protection zone of 10 to 15 meters in this wetland (humedal)." (Uncontested fact, in conjunction with the documentary evidence found in images 22 to 25 of the judicial file). That the plaintiff here, interested in acquiring ownership of a real property located within the territory where the defendant Municipality exercises its competencies as Local Government, prior to making the decision to "buy it," requested the defendant Municipality to indicate the permitted use for the property to be acquired, based on whether its use as a dwelling house and for carrying out an auto repair shop business was permitted, in response to which said municipal entity, in the terms of resolution N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, replied to the plaintiff here as follows, in relevant part: "... For the reasons stated above; this department informs you that the Municipal Location Resolution for the Construction of a Dwelling and Auto Repair Shop is granted. This document is valid for one year." (Uncontested fact, in conjunction with images 28 and 29 of the judicial file, and folios 07 and 08, 56 and 57, all from the administrative file). Two things must be asserted from the foregoing: first, that through this administrative act issued, according to how the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has defined it, with the character, regarding its legal nature, of an act generating subjective rights (for which, should it later be determined that its issuance was in non-conformity with the legal system, the Municipal Administration had to observe the principle of non-derogability of its own acts of this kind, without prejudice to the administrative procedure or jurisdictional avenue provided for its legal suppression); and second, that it illegitimately subjected the validity of such act, in gross non-observance of the jurisprudence of the related Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, to a deadline, whether or not any variation had occurred in the applicable urban regulations or an event of nature that changed the conditions of the property, all in accordance with the regularization of the municipal zoning applicable to the matter. On this last aspect, this Court must clarify that even though the analysis to be addressed will start from the appropriateness of the patrimonial liability of the defendant Public Administration based on the imputation basis of the adoption of lawful conduct, resorting to principles of justice and equity, as well as to the provisions of the numerals of the Civil Code, 21 which reads as follows: "Rights must be exercised in accordance with the requirements of good faith"; and 22, which reads as follows: "The law does not protect the abuse of rights or the antisocial exercise thereof. Every act or omission in a contract, which, by the intention of its author, by its purpose, or by the circumstances in which it is carried out, manifestly exceeds the normal limits of the exercise of a right, causing damage to a third party or to the counterparty, shall give rise to the corresponding compensation and to the adoption of judicial or administrative measures that prevent the persistence of the abuse"; this judicial Authority shall not recognize any effectiveness to the administrative act of interest in what subjected its effects to a period of validity, for which it will suffice to say, given the manner in which the defendant Municipality acted in this regard, that it entered into collusion and frontal non-observance of the provisions of numeral 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), based on the Ruling issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice identified as N° 4336 at 2:24 p.m. on June 4, 1999, which we already cited earlier in this judgment, according to which the high Court of Constitutional control indicated, in relevant part, that: "The land-use certificate issued validly is not subject to temporal validity, as long as the Master Plan is not modified." (The underlining and highlighting are not from the original). Consequently, whether or not the validity and/or nullity of such act is the subject of this present litigation, solely in this respect what it provided regarding a period of validity shall not be applied by this Court, lest it thereby condones an abusive or antisocial use of the right, if the Municipal Administration deemed it appropriate to limit the effects of its action in terms of temporality in the manner it did—without legal basis or not—as at least an abuse of right would be clear if it were admitted that the Public Administration is the holder of rights, or as applicable, of powers of authority, whereupon we insist, we see no inconsistency in the reasoning applied by this Chamber of Judges. Another consequence of the foregoing is that any argument put forward by the municipal representation in the present case based on the assertion that the validity period of this administrative act was set at one year, within which, it said, a construction license had to be requested, is irrelevant and futile. Continuing, it must also be noted that from the issuance of this administrative act generating subjective rights (according to the opinion of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)), a real expectation was undoubtedly generated in its applicant that the property consulted regarding its use could later be destined for use as a dwelling house and/or as an auto repair shop. It is in this context, given on the factual level, that it was determined in the present case that prior to the decision adopted by the plaintiff here to buy the property of interest, it was based on the content and scope of what was provided by the defendant Municipality in resolution N° MP-PUC-RES-698-10-2016 that he decided to materialize its purchase, based on the purpose or use he desired to give it as a dwelling house and auto repair shop; and so it was that he subsequently bought this property, as it was also demonstrated that after the issuance of the administrative act in question, and in the terms of public deed N° 126, executed before the Notary Public identified in the respective testimony as Notary Public Pablo Fernando Ramos Vargas, on November 9, 2016, the plaintiff here bought for the sum of ₡7,500,000.00 (seven million five hundred thousand exact colones) from the company called Inversiones Jojo Sociedad Anónima, whose representative stated they had received to their satisfaction, the property described as follows: "farm registered in ownership, District of Puntarenas, real folio registration number twenty-five thousand four hundred sixty-six, zero zero zero, which is pasture land in nature, located in District One Puntarenas, Canton One, Puntarenas, of the Province of Puntarenas. Boundaries on the north: Carretera Alberto Echandía (sic) with the Ferrocarril al Pacífico in between, with a frontage of eleven meters, South and East: José Ángel Retana fallas; West: Sucesión de [Name 001]. It measures two hundred seventy-four meters and ninety-eight square decimeters. Cadastral map number P-zero zero two five three one six - nineteen ninety-two", free of liens and annotations. (Images 54 to 56 of the judicial file). The respective testimony of the deed related in the previous proven fact was registered in the National Registry, Real Property Section, on November 21, 2016, the plaintiff here being the registered owner of said property from that moment onwards. (Image 56 of the judicial file, in relation to folio 78 of the administrative file, as well as 85 and 86 of the administrative file). Regarding the attributes of ownership, it suffices to indicate, in relevant part, that according to the Civil Code in its article 264: "The ownership or absolute property over a thing comprises the rights: 1st.- Of possession; 2nd.- Of usufruct; 3rd.- Of transformation and alienation; 4th.- Of defense and exclusion; and 5th.- Of restitution and compensation." (The highlighting is not from the original). Now then, completely regardless of whether within one year or not after the issuance by the defendant Municipality of resolution N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, by which the plaintiff here was informed that the property in question could indeed be used as a dwelling house and/or auto repair shop, after the purchase he made of it, he again filed a request with the defendant Municipality in an identical sense, i.e., to be informed whether the property of interest was permitted for use as a dwelling house and auto repair shop, in response to which, now, said request was addressed in a completely contrary sense by Resolution MP-PUC-RES-820-10-2017 issued by the Urban Planning and Construction Control Department on October 31, 2017, by which said request was rejected based on the determination, based on information the Municipality had possessed since 2013, that the property is located within the "Laguna Bonilla", sector 2". (Uncontested fact, in relation to images 30 and 31 of the judicial file, folios 65 and 66 of the administrative file). Having the plaintiff here acquired by purchase the property of interest, in relevant part, based on the information directly provided to him by the defendant Municipality through resolution N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, and the expectation derived therefrom that generated certainty or, at least legal certainty in the plaintiff here that at the site of interest he could build a dwelling and/or auto repair shop subsequently, again in response to a request made by him before the defendant Municipality, now in the terms of official letter N° MP-DPUC-094-02-2018 of February 5, 2018, issued by the Urban Planning and Construction Control Department of the defendant Municipality, he was informed as follows: "Regarding your request for a Municipal Location Resolution for the construction of a dwelling and auto repair shop located in the aforementioned property, I hereby inform you (sic) of the conditions of the site chosen for this activity regarding: Zoning: It is a terrain located according to the cadastral map in District 1 Puntarenas; which does not have a Zoning Plan for the city of Puntarenas; however, there is an inconvenience in authorizing your use or activity REJECTED because it is within the Laguna Bonilla, Sector 2, according to the review conducted in the Cadastre." (The highlighting is not from the original. See images 36 and 37 of the judicial file, in relation to folios 05 and 06 of the administrative file). The defendant Municipality thus surprised the plaintiff here, after formally informing him before he bought the property of interest that its use as a dwelling house and/or auto repair shop was permitted, then informing him after he had bought it that on said property, such use was not permitted, quite apart from the fact that, according to the jurisprudence emanating from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice which we have already analyzed above, as a legal requirement for the official letter N° MP-DPUC-094-02-2018 of February 5, 2018, to have been able to be adopted—by which the previous official letter issued as N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, on the basis of which the plaintiff here bought the property of interest, was tacitly disavowed or suppressed—no administrative procedure or judicial action aimed at declaring the nullity of an administrative act generating a subjective right took place. All this notwithstanding, what is clear is, assuming that both acts, but particularly the one identified as N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, maintains its validity and consequently its effectiveness, the fact is that based on the provisions of this latter act, the will of the plaintiff here, exercised under the principle, pardon the redundancy, of autonomy of will, directed at buying the property in question, was emptied of content, by which he was clearly induced into error, in the terms that will be explained below. Continuing with the facts that in this case have been taken as proven, against this last resolution, the plaintiff here filed the ordinary remedies of reconsideration and subsidiary appeal, of which the reconsideration was rejected, based in essence on the following: "The rejection of this remedy of reconsideration is because, although the municipal location resolutions for the works to be carried out indicated were granted, through official letters N° PUC-RES-429-08-2015 dated 08/17/2015 in the name of Nancy Melissa Blanco Rojas and N° MP-PUC-RES-698-10-2016 dated 10/11/2016, in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz, located on the property with Cadastral Map N° P-253316-1992 and registered under Real Folio N° 25466-000; these last two official letters, N° MP-PUC-RES-820-10-2017 dated 10/31/2017 in the name of Leandro Arturo Badilla Muñoz and official letter N° MP-DPUC-RES-094-02-2018, dated 02/05/2018, also in the name of this same person, for the same property and in the same place cited above, were indeed rejected because before the Department of Valuation Cadastre-Real Property, it was confirmed that this property is located within the Laguna Bonilla polygon; that is, it is within the Laguna Bonilla, Sector N° 2. This according to the technical study conducted by SINAC-MINAE according to official letter ACOPAC-OSREO-531-2013, and in addition to other subsequent resolutions made by SINAC at the site known as Laguna Bonilla"; while regarding the appeal, to this date it has not been resolved. (Uncontested fact, in conjunction with images 40 to 45 of the judicial file and the document identified as official letter N° MP-DPUC-OF-017-02-2018 of February 21, 2018, by which the mentioned reconsideration remedy was rejected by the Urban Planning and Construction Control Department of the Municipality of Puntarenas, which appears at folios 81 and 82 of the administrative file, consisting of 2 folios). The defendant Public Administration is reinforced or confesses, in the sense that, notwithstanding first informing the plaintiff here that the use of the property as a dwelling house and/or auto repair shop was permitted, it later resolved the same request in the opposite sense based on information it had possessed since 2013, that is, information it was aware of prior to the first request made in this regard by the plaintiff here and on the basis of which he proceeded to buy the property in question. The damage generated to the plaintiff here is obvious, for which it will suffice to say that the defendant Municipality induced him into error, both of fact regarding the property he bought, and of law concurrently, by informing him that a certain use of it was permitted and then resolving the contrary. Without the seller of this property having intervened in the present case, it is not superfluous, simply for greater abundance of reasoning, to recall that the Civil Code establishes in its numeral 1015 that: "A contract consented to by error is voidable: 1st.- When it concerns the kind of act or contract being entered into. 2nd.- When it concerns the identity of the specific thing in question, or its substance or essential quality." (The highlighting is not from the original).
Based on a logical-rational process founded on hypothetical suppression, then, the following question must be answered: if the defendant Municipality, in the terms of resolution N° MP-PUC-RES-698-10-2016 of October 11, 2016, had informed the plaintiff here that the use of the property in question could not be authorized for housing and/or for a mechanic workshop, would the plaintiff have purchased it regardless? The logical and necessary answer is no, because he himself directly inquired before buying whether those activities were permitted on the site or not. This has led this Court to establish that whether or not the plaintiff was in a position to build on the surface area of interest to develop those activities, the relevant point is that it was with the certainty the Municipal Authority provided at the time—that these activities could be carried out—that he decided, in the exercise of his free will (autonomía de la voluntad), to buy, based on a factual and legal basis that ultimately turned out to be false. The Municipality later informed him, based on information it had known since 2013, that such use was not permitted in that specific location, given its legal nature as a wetland. For this Court, it is clear that as a result of the actions of the defendant municipal corporation, a defect was caused in the will of the plaintiff here, due to an error of fact and of law regarding the identity and legal nature of the property he bought. Furthermore, if the Municipality had correctly informed the plaintiff when it should have, he would not have made the decision to purchase it. Finally, all the prerequisites that make a claim like the one partially filed, of a patrimonial compensatory nature, are present in this case. First, because there is the existence of a damage identified as the payment of a sum of money for the purchase of a property, regarding which the plaintiff here had been assured, for the purpose of legal certainty, that he could use it as a dwelling and/or mechanic workshop. After acquiring ownership of the property, he was informed otherwise, thus frustrating the reason for a purchase that was built on the legal certainty that the Municipality originally provided to the plaintiff here, with information that, had he known it at the time he originally requested it, would have led him not to buy. All of the foregoing was through the adoption of administrative acts that undoubtedly are and were the cause of the harmful effect, which is or was constituted by the sum of money paid to the seller for the acquisition of the property regarding which the Municipality at the time gave the plaintiff here certainty of the use he could legitimately give it, this information being false. Thus, the existence of a damage and its causal link with a formal administrative conduct attributable to the defendant Municipality is determined.
Finally, regarding the patrimonial liability of the defendant Municipality in this specific case for the deployment of lawful formal administrative conduct, pursuant to Article 194 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), the following prerequisites also concur insofar as the tenor of the administrative acts analyzed conditioned the plaintiff's free will (autonomía de la voluntad), inducing him into an error of fact and of law regarding the property he bought. The investment he made constitutes an indemnifiable damage caused by lawful conduct deployed by the defendant Municipality because the damage was produced in violation of his right to choose to buy, a) in a special manner, given the exceptionality of the damage, in this case caused—only for the purposes of this analysis—by the investment made to acquire ownership of the property for which the use that motivated its acquisition could not be given, based on the information provided by the defendant Municipality itself, and b) by the small proportion of people affected, because the acts generating the harmful effect were only directed at his sphere of subjective rights. Consequently, the Municipality of Puntarenas is ordered to pay the damages caused to the plaintiff here, produced in a causal link with the administrative acts analyzed here, only in the terms that follow.-
VIII.- On the indemnification items. The plaintiff seeks to be granted the following in the judgment: 2. Order the Municipality of Puntarenas to pay ¢10,000,000.00 colones for subjective moral damages. 3. Order the Municipality of Puntarenas to pay 14,000,000.00 colones for patrimonial damages, equivalent to the value of the acquired land. 4. Order the Municipality of Puntarenas to pay ¢10,000,000.00 colones for the lost chance (pérdida del chance), derived from the impossibility of opening the mechanic workshop. 5. Grant the indexation (indexación) on the awarded amounts, as well as the interest generated until effective payment. 6. Order the defendant to pay the costs of this proceeding."
1.- On the partial admissibility of the material damage constituted by the value of the acquired land. In his lawsuit, the plaintiff formulated argumentative structures that, for this Court, are clearly contradictory and mutually exclusive. Thus, while on one hand he affirmed, when describing or identifying this material damage: "This compensation is based on the purchase-sale deed for the sum of ?7,500,000.00 colones, which was the initial cost of the land. However, the Court is also requested to consider the fact that the Municipality estimated the value of the property for the year 2018 at the sum of ?14,300,000.00 colones"; (highlighting not in the original); while on the other hand, in the body and substantiation of the lawsuit (in neither of these cases, in the facts) he indicated the following: "In this specific case, as has been indicated in previous lines, the damage comes from the economic investment made by me to buy this land, without knowing it was within the protection limits of the Humedal Laguna Bonilla. The land, according to the purchase-sale deed, has a cost of ?7,500,000.00 colones". (Highlighting not in the original). Two things must be indicated from the foregoing. First, that indeed the investment made at the time by the plaintiff here to purchase the property of interest amounted to the sum of ¢7,500,000.00 (seven million five hundred thousand colones) according to the testimony of the public deed identified as N° 126, formalized before the Notary identified in said respective testimony as Notary Public Pablo Fernando Ramos Vargas, on November 9, 2016 (images 54 to 56 of the judicial file). While on the other hand, given the total absence of any argumentative structure formulated by the plaintiff identifying on what basis he affirmed (ignoring that this last affirmation is not included among the facts of the lawsuit and therefore such fact could not have been the subject of debate in this case), he did not demonstrate that the current value of the property acquired in ownership by the plaintiff here amounts to the sum of ?14,300,000.00, whether because it is, or because the defendant Municipality had established that this is its value. Regarding this last point, this argumentative and evidentiary deficiency cannot and will not be supplied or remedied by this Court. However, resorting again to principles of equity and justice, and given that the property of interest indeed cannot be used by the plaintiff here to fulfill the purpose for which he acquired said property, the Municipality of Puntarenas is ordered to pay in favor of Mr. Leandro Arturo Badilla Muñoz the current value of the property of which he is today the owner in title, identified as that inscribed in the Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, with the Folio Real Matrícula N° 25466-000. This value shall be determined in the sentence execution phase, without the sum to be paid being able to exceed the amount of ¢14,300,000.00 (fourteen million three hundred thousand colones), according to the estimation made by the plaintiff for the same. For this, it will suffice to say that, this property being the property or owned by the plaintiff here today, the deprivation of its use according to the purpose that supported the purchase decision, induced by error (defect of will) attributable to the defendant Municipality, causes the property of interest not to correspond to the reason for its acquisition. For reasons of equity and justice, and given that the defendant Municipality is ordered to pay the value of the property in favor of the plaintiff here, in an effort to not promote with the issuance of this ruling an unjust enrichment in favor of the plaintiff, as a logical and necessary consequence of the foregoing, the Registro Nacional is ordered to register the transfer of ownership of the property described below, in the name of the Municipality of Puntarenas: property of the Puntarenas district located in Province: Puntarenas, First Canton: Puntarenas; First District: Puntarenas, folio real number 25466, right 000, described in cadastral map number P-0025316-1992, with an area of two hundred seventy-four meters and ninety-eight square decimeters and with the following boundaries: North: Alberto Echandía (sic) Highway with the Pacific Railroad in between, with a frontage of eleven meters; South: José Ángel Retana Fallas; East: José Ángel Retana Fallas; West: Succession of [Nombre 001], free of encumbrances and annotations. Furthermore, and also as a consequence of the foregoing, any charge or tax required to be paid to achieve the registry inscription of this movement must be paid by the Municipality of Puntarenas. The defendant Municipality is ordered to pay in favor of the public treasury, proceeding according to the legal system, any cost associated with the transfer of the ownership title of the property in question (which includes stamps and taxes that must be calculated, when applicable, based on the value of the property determined in the terms of this judgment, in the sentence execution phase). The foregoing is informed by this Court and it is insisted, for reasons of equity and justice, to not promote an unjust enrichment in favor of the plaintiff here, based on the fact that the defendant Municipality has been ordered to pay in his favor the real value of the property exclusively in the terms stated above, and because in the opposite case, the plaintiff, in addition to receiving the value of the property, would maintain ownership of the same, which would entail condoning an abuse of rights and, as we indicated, an unjust enrichment in his favor. It will be the responsibility of the defendant Municipality to decide whether to maintain ownership of the property in question or not in the future based on its legal nature, given that it is a wetland, according to the legal system, this last aspect regarding which we do not believe we must make a pronouncement in the operative part of this ruling.-
2.- On the partial admissibility of the subjective moral damage. Regarding the claim item identified as seeking to order the defendant Municipality to pay the sum of ¢10,000,000.00 (ten million colones) for subjective moral damages, this Court estimates that said amount is neither proportional nor rational given the intensity of the damage caused, although this item will be partially admissible. On this matter, the plaintiff argued that this damage in the specific case: "... translates into stress, frustration, anger, rage, a feeling of deception and disappointment, generated from the fact that the Municipality authorized me a land-use (uso de suelo) permit contrary to the Legal System, since as of 2013 the Municipality knew that the limits of 10 to 15 meters around the Laguna Bonilla wetland had to be respected, a place where the land I acquired to build a dwelling and a mechanic workshop is located. I bought this land with my savings and with the hope of being able to build a mechanic workshop, and I studied mechanics and would like to dedicate myself to that. However, due to the impossibility of building on that land, my dream has been frustrated. Currently, I work as a Security Officer, as I must work in this until my situation is resolved, because it is not just about fixing cars, but about building a place that meets the necessary requirements to carry out the work efficiently. Logically, this situation affects my mood, as I have been trying to find a solution with the Municipality for several years and I have not been able to get them to listen to me. I understand that the Municipality must comply with what the norm establishes, regarding the protection margin of the protection limits because it is an environmental issue, but it is also not fair that I must assume the responsibility of the land purchase if the Municipality knew since 2013 that it had to observe these limits when granting the permit, and despite this, it issued an administrative act contrary to the legal system, which induced me to error, by giving me a land-use (uso de suelo) permit without this being legally possible. By virtue of the foregoing, I request the Court to grant me the possibility that the Municipality of Puntarenas indemnifies this emotional damage, which I estimate at the sum of ?10,000,000.00 (ten million colones)". This Court estimates that, with absolute independence from whether the plaintiff demonstrated what activity he works in and/or for whom, as well as whether the acquisition of the property in question was made by investing savings he accumulated over a long period of time—aspects regarding which, in any case, he offered no proof—resorting to the rules of human experience, it is clear to this Chamber that indeed, at least he must have, as is expected of any person based on the facts taken as proven, because the plaintiff here bought the property of interest on the basis that he could use it to build a dwelling and/or a mechanic workshop. Upon first being authorized for said activity and then, after acquiring ownership of the property of interest, being denied the same by the defendant Municipality, he suffered a subjective moral damage constituted by feelings, at its core, of frustration as a derivation of the plan he devised to acquire the property, and at least, anger and sadness. The margin of discretion that the Judicial Authority has to determine the amount for which this indemnification must be applied is so broad and undetermined that, resorting we insist to the mentioned rules, we estimate, without the possibility of going into other details related to the specific circumstances in the plaintiff's emotional state, that for the harms suffered in the terms stated, the defendant Municipality must be ordered to pay in favor of the plaintiff here the sum of ¢5,000,000.00 (exactly five million colones) for this damage suffered, and it is so declared.-
3.- On the inadmissibility of the damage identified as the lost chance (pérdida del chance). In relation to this item, it is rejected, suffice it to indicate that, according to the claim made by the plaintiff, this consists of the lost chance (pérdida del chance) derived from the impossibility of opening the mechanic workshop. From the outset, what was thus petitioned is inadmissible, because Article 194 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) provides, where relevant, that: In the third section referred to in the article whose transcription we made, the following is provided: "Article 194.- 1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal operation when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of those affected or the exceptional intensity of the injury. 2. In this case, the indemnification must cover the value of the damages at the time of their payment, but not the lost profits (lucro cesante). 3. The State shall be liable for damages directly caused by a law, which are special in accordance with this article." The lost profits (lucro cesante) comprises this item, thus, due to its inadmissibility, it is rejected.-
4.- On the inadmissibility of indexation (indexación) and interest. To conclude, regarding the sums to be granted, the plaintiff requested that they be granted or that the defendant Municipality be ordered to pay interest and indexation (indexación). On this matter, what was thus petitioned is also rejected with the same cause, in observance of the provisions of Article 194 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), which we have cited in the preceding section, because the term lost profits (lucro cesante) comprises these items.-
VII.- On the exceptions. The representation of the Municipality of Puntarenas filed in defense of said entity the exceptions of lack of right, prescription, expiration, and also requested that the lawsuit be declared without merit in all its items and that the plaintiff be ordered to pay both costs. Regarding the exception of expiration, it is rejected. Suffice it to indicate to the municipal representation that, according to the provisions of Article 39.1.a of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), it operates with respect to judicial actions filed in this venue aimed at the nullity of a formal conduct adopted by the defendant Public Administration, which is alien to the object of this proceeding. Regarding the exception of prescription, pursuant to Article 41, in relation to Article 198 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública): "The right to claim indemnification from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event that motivates the liability." In this case, the generating event of the liability claimed was identified by Resolution N° MP-PUC-RES-820-10-2017 issued by the Departament of Urban Planning and Construction Control on October 31, 2017. Therefore, given that this judicial proceeding began in 2019 and that the resolution that allowed the action to proceed was notified to the defendant Municipality on October 15, 2019, according to the respective notification record, a period exceeding the mentioned four years has not been computed, which necessitates the rejection of the exception. (Image 60, in relation to 67, both from the judicial file). Finally, regarding the exception of lack of right, the parties must abide by the analysis carried out by this Court regarding the merits of this case; it was determined that the plaintiff has the right to access what was petitioned, but only in part, therefore said exception is accepted, and it must be understood as rejected in everything not expressly granted.-
VIII.- On the costs. In accordance with Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. The losing party in this case has been the Municipality of Puntarenas, without it being the criterion of this Court that any circumstance or prerequisite existed to justify exonerating it from said order under subsections a) and b) of the related article, or under Article 194 of the same legal body. Consequently, said municipality is ordered to pay both costs in favor of the plaintiff here. The corresponding amount of the costs shall be defined by the competent Judge in the sentence execution phase at the request of the prevailing party.-
POR TANTO
The evidence offered for better resolution by both parties is rejected. The exceptions of prescription and expiration are rejected. The exception of lack of right is partially accepted, and must be understood as rejected in everything expressly granted. The lawsuit filed by Mr. Leandro Arturo Badilla Muñoz against the Municipality of Puntarenas is partially granted. The Municipality of Puntarenas is ordered to pay in favor of Mr. Leandro Arturo Badilla Muñoz the current value of the property of which he is today the owner in title, identified as that inscribed in the Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, with the Folio Real Matrícula N° 25466-000. This value shall be determined in the sentence execution phase, without the sum to be paid being able to exceed the amount of fourteen million three hundred thousand colones. As a necessary logical consequence of the foregoing, the Registro Nacional is ordered to register the transfer of ownership of the property described below, in the name of the Municipality of Puntarenas: property of the Puntarenas district located in Province: Puntarenas, First Canton: Puntarenas; First District: Puntarenas, folio real number 25466, right 000, described in cadastral map number P-0025316-1992, with an area of two hundred seventy-four meters and ninety-eight square decimeters and with the following boundaries: North: Alberto Echandía (sic) Highway with the Pacific Railroad in between, with a frontage of eleven meters; South: José Ángel Retana Fallas; East: José Ángel Retana Fallas; West: Succession of [Nombre 001], free of encumbrances and annotations. Furthermore, and also as a consequence of the foregoing, any charge or tax required to be paid to achieve the registry inscription of this movement must be paid by the Municipality of Puntarenas. The Municipality of Puntarenas is ordered to pay in favor of Mr. Leandro Arturo Badilla Muñoz the sum of exactly five million colones for subjective moral damages. The defendant Municipality is ordered to pay in favor of the public treasury, proceeding according to the legal system, any cost associated with the transfer of the ownership title of the property in question (which includes stamps and taxes that must be calculated, when applicable, based on the value of the property determined in the terms of this judgment, in the sentence execution phase). The Municipality of Puntarenas is ordered to pay both costs in favor of the plaintiff here. The corresponding costs shall be determined by the competent Judicial Authority in the sentence execution phase.- Notify.- Felipe Córdoba Ramírez, Presiding Judge.- Judith Reyes Castillo, Judge.- Elías Baltodano Gómez, Judge.-
- Código Verificador -
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CAWGII473GQ061
Document signed by:
FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, DECISION-MAKING JUDGE
JUDITH REYES CASTILLO, DECISION-MAKING JUDGE
ELIAS BALTODANO GOMEZ, DECISION-MAKING JUDGE
EXP: 19-006331-1027-CA
Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]
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