Res. 00937-2024 Tribunal Agrario — Denial of felling of yellow almond tree and buffer zone obligationDenegatoria de derribo de almendro amarillo y obligación de zona buffer

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00937 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Setiembre del 2024 a las 08:08

Expediente: 24-000061-0298-AG

Redactado por: Geison Lopez Barrantes

Clase de asunto: Proceso sumario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador

Normativa internacional


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Producción y consumo responsables (Obj 12)

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Proceso sumario agrario de derribo

Subtemas:

Denegatoria de una solicitud de derribo de árbol presentada por una empresa piñera.
Consideraciones sobre los perfiles antropocéntrico y ecocéntrico en la tutela del medio ambiente.

Tema: Protección del ambiente

Subtemas:

Denegatoria de una solicitud de derribo de árbol presentada por una empresa piñera.
Consideraciones sobre los perfiles antropocéntrico y ecocéntrico en la tutela del medio ambiente.

Tema: Protección de los recursos naturales

Subtemas:

Denegatoria de una solicitud de derribo de árbol presentada por una empresa piñera.
Consideraciones sobre los perfiles antropocéntrico y ecocéntrico en la tutela del medio ambiente.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Denegatoria de una solicitud de derribo de árbol presentada por una empresa piñera.
Consideraciones sobre los perfiles antropocéntrico y ecocéntrico en la tutela del medio ambiente.

"

           -  SOBRE  LA  TUTELA  DEL  MEDIO  AMBIENTE:  PERFIL

ANTROPOCÉNTRICO Y ECOCÉNTRICO: La protección del medio ambiente tiene una especial relevancia debido al estrecho vínculo que tienen las personas y los ecosistemas con éste. Desde el siglo pasado el deterioro a los recursos naturales producto de la actividad humana despertó el interés de la comunidad internacional con el fin de adoptar medidas urgentes y necesarias que sirvieran de respuesta ante la gravedad que tenía el tema. Desde el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se incentivó a que los Estados partes reconocieran el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro del cual se incluyó el medio ambiente (ver artículo 12). Luego, en la Declaración de Estocolmo de 1972, se reconoció al ser humano como sujetos de derechos al ambiente; sin embargo, también se le delegó una serie de obligaciones con miras a promover tal derecho. En ese foro internacional se concientizó acerca de los factores que aceleraban el deterioro del ambiente, tales como la sobrepoblación, la pobreza, la alimentación, la falta de vivienda y educación. Empero, fue en esta Declaración en donde se acordaron una serie de compromisos con el objetivo de proteger al medio ambiente bajo un modelo de desarrollo sostenible, entendido éste, como la posibilidad de aprovechar de forma razonable los recursos naturales existentes para las generaciones presentes; pero, salvaguardando esos mismos recursos a las futuras generaciones. Posteriormente, a través de la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992, estos compromisos fueron reafirmados, además, de recoger veintisiete principios ambientales que sirvieran de ruta para los países en aras de establecer un objetivo central que ratificara el modelo de desarrollo sostenible. Años después, se continuaron dando seguimiento a estos acuerdos gracias a las Declaraciones de Johannesburgo, 2002, en donde se volvió a confirmar la relevancia de incentivar el modelo de desarrollo sostenible para la humanidad, además, de que se hizo conciencia sobre los problemas ambientales que se estaban afrontando. En esta Declaración se adquirieron principios solidarios a efectos de promover otra serie de derechos vinculados al medio ambiente, como lo son: la alimentación, el acceso al agua potable, a la vivienda digna adecuada, solo por citar algunos. Esta misma ruta se siguió en el 2012, gracias a la aprobación de la Declaración de Río + 20, el cual generó un documento denominado "El futuro que queremos", abordando no solo aquellos principios del derecho ambiental construidos en 1992, y ampliados en el 2012, sino también se enfocaron temas de interés como lo son la promoción de la economía verde y la erradicación de la pobreza, así como, la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya agenda se estableció en el año 2015, incluyendo una serie de temas como lo son la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, las energías limpias, la reducción de desigualdades, paz y justicia, entre otros. A nivel regional podemos visualizar como este tema de tutela al ambiente también adquirió relevancia, tanto que, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador de 1988, se estipuló en el artículo 11 lo siguiente: "Derecho a un ambiente sano: I. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2- Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". Todo este desarrollo internacional que permitió la evolución del Derecho Ambiental impactó nuestro ordenamiento jurídico, al punto que, la Asamblea Legislativa mediante un proceso de reforma parcial a la Constitución amparado en el artículo 195 de la Constitución Política (poder constituyente derivado), incorporó en el cardinal 50 como derecho fundamental el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es preciso puntualizar, que la Sala Constitucional desde 1989 y antes de esta reforma ya venía reconociendo en nuestro país dicho derecho, haciendo una lectura expansiva, progresistiva y evolutiva del cardinal 21 de la Constitución. No obstante, gracias a esta reforma constitucional la puerta fue abierta con mayor apertura, tanto a nivel jurisprudencial, así como legislativo, en donde se emitieron una serie de decisiones judiciales, constitucionales y legales, y una gran cantidad de legislación que promovían la protección del medio ambiente buscando el bienestar de la persona humana (perfil antropocéntrico). Sin embargo, debido a la necesidad de garantizar esa protección a la persona en su entorno de vida se ha promovido por parte de algunos países una nueva lectura del derecho ambiental con base en una visión más amplia arraigada a costumbres de poblaciones originarias y otras, así como a la necesidad de resguardar los ecosistemas. Tal es el caso de Ecuador (2008, artículo 10) y Bolivia (2009, artículo 33), quiénes en sus Constituciones Políticas integraron una visión más amplia de protección ambiental alcanzando por supuesto no solo al ser humano, sino también a la misma naturaleza y a otros seres vivos, con el ánimo de que " La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" (artículo 71 de la Constitución Política de Ecuador). En igual sentido, la Corte Constitucional de Colombia en un emblemático caso falló a favor de la protección del Río Atrato reconociendo a éste como sujetos de derechos (Sentencia T622 del 2016). Parte del razonamiento de esa alta Corte fue, entre varios, los siguientes: " ...Así las cosas, en nuestro constitucionalismo -que sigue las tendencias globales en la materia-, el medio ambiente y la biodiversidad han adquirido progresivamente valiosas connotaciones socio-jurídicas. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil: la evolución conceptual del derecho a la par del reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus múltiples componentes frente a la estrategia del desarrollo sostenible han sido producto de un proceso complejo y difícil que aún genera controversia al intentar conciliar a un mismo tiempo tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente en el entendido que esta conjugación permita la posibilidad de aprovechamiento sostenible de los recursos en el presente y en el futuro ... 5.4. En efecto, teniendo en cuenta que el medio ambiente y su biodiversidad hacen parte del entorno vital del hombre y que resulta indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, nuestra Carta Política, de manera acertada ha reconocido la importancia de dicho bien y, en consecuencia, se ha ocupado -desde temprana jurisprudencia- de fijar los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones del Estado y la sociedad con la naturaleza, partiendo de mandatos específicos de conservación y protección del ambiente[77]. Dichos presupuestos y mandatos conforman lo que la Corte ha llamado la Constitución Ecológica, definición que, por demás, está muy lejos de ser una simple declaración retórica en la medida en que comprende un preciso contenido normativo integrado por principios, derechos fundamentales y obligaciones a cargo del Estado ... 5.6. Ahora bien, las múltiples disposiciones normativas que existen y el enfoque pluralista que promueve la propia Carta Política, hacen que la relación entre la Constitución y el medio ambiente sea dinámica y en permanente evolución. En este sentido, es posible establecer al menos tres aproximaciones teóricas que explican el interés superior de la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano y la protección especial que se le otorga: (i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica[80] que concibe al ser humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de vista biocéntrico[81] reivindica concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana, que abogan -en igual medida- por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) finalmente, se han formulado posturas ecocéntricas[82] que conciben a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos y que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos ...". Este fallo constitucional sin duda alguna resalta la preocupación de tutelar a la naturaleza para beneficio del ser humano; pero, también para ella misma, puesto que, si se han propociado acuerdo internacionales, regionales y hasta a lo interno de los países, y el problema ambiental continúa, debe de comenzar hacerse una lectura más amplia del derecho con el fin de lograr el fin mismo, sea la protección a la especie humana y a la misma naturaleza. En esa misma línea de pensamiento resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva 23-2017, en donde reconoció el carácter individual y colectivo del derecho ambiental. Asimismo, en ese veredicto se hizo un análisis profundo sobre esta rama del derecho consagrando su autononomía. Además, mencionó la Corte: "En ese sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales , sino incluso en ordenamiento constitucionales". En nuestro país, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha venido recogiendo en algunos fallos esta nueva tendencia jurídica (ver los Votos 1754-2021 y 912-2023). En conclusión, la evolución del Derecho Ambiental está penetrando de forma profunda los ordenamientos jurídicos de los países, sus Cortes, y ha repensado en la necesidad de hacer una lectura que permita tutelar los derechos de las personas, así también de la misma naturaleza. Al final el resultado es el mismo: garantizar el equilibrio ecológico, social y econónimico, conforme se acordó desde Estocolmo en 1972, al incentivar la promoción de un modelo de desarrollo sostenible. [...]                                                 IX.-[...] En esa línea, el fallo recurrido dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: " ...La parte actora como medida de prevención y seguridad debe hacer una zona BUFFER con un radio de mÍnimo de cincuenta metros al rededor del árbol de almendro amarillo objeto de proceso, situado en la finca del Partido de Alajuela matrícula tres tres nueve nueve seis nueve – cero cero cero ...". En la parte considerativa de la sentencia la juzgadora emite la medida con base en la recomendación técnica que emitió el ingeniero del SINAC. La objeción por parte de la apelante se basa en el criterio del ingeniero Forestal Lizano López, con respecto a la pérdida que sufriría la empresa sobre un sector del terreno que tendría que dejarlo para garantizar esa zona de seguridad alrededor del árbol, y además, de que consideró este no generaba ganancias. Sin embargo, sus reclamos no son de recibo en virtud de que la medida de seguridad impuesta por el Despacho busca garantizar una zona de protección precisamente para el mismo personal que labora en la empresa accionante de forma conjunta con la protección de la biodiversidad. Por lo que, si su preocupación radica en la caída del árbol, la cual se comprobó no es el caso, resulta pausible emitir una medida de seguridad que resguarde la integridad de su personal y el árbol en sí mismo que conlleva a la carga ambiental de su actividad piñera en este caso en concreto, que podría significar el destino de un pequeño espacio de tierra para conservación de esa especie forestal. Entonces, la disposición del Juzgado la cual es reclamada ante esta Instancia si tiene sustento normativo precisamente en el apartado 3 del cardinal 108 supra analizado en este fallo judicial, y el 50 de la Constitución Política, así como el sustento técnico científico emitido por el SINAC. [...]"

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Otras Referencias: Declaración de Estocolmo de 1972.Declaraciones de Johannesburgo, 2002.Declaración de Río + 20, el cual generó un documento denominado "El futuro que queremos".Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador de 1988.Constitución Política de Ecuador, art. 71.Corte Constitucional de Colombia Sentencia T622 del 2016.Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva 23-2017.Redondo-Brenes 2007, RuizJaén y Potvin 2010)"..(Serafín Ródano Filomeno Alves-Milho . Potencial de mejoramiento genético en Dipteryx panamensis Pittier (FABACEAE). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018 en https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/9882/potencial_mejoramiento_gen etico_dipteryx_panamensis_pittier.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible
Texto de la resolución
EV Generación de Machote: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

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EXPEDIENTE: 24-000061-0298-AG - 3

PROCESO: SUMARIO

ACTOR/A: ANANAS EXPORT COMPANY S. A

DEMANDADO/A: Ministerio de Ambiente y Energía

   

VOTO N°  N° 2024000937

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas ocho minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticuatro.-

PROCESO SUMARIO DE DERRIBO DE ÁRBOL establecido por ANANAS

EXPORT COMPANY S.A., cédula jurídica tres - ciento uno - trescientos cuarenta y siete  mil doscientos cuarenta y uno, representada por apoderado generalísimo sin límite de suma Alasdair Macleod, mayor, de único apellido por su nacionalidad del  Reino Unido, cédula de residencia uno ocho dos seis cero cero cero uno nueve dos dos siete. Se tiene como parte interesada a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por Mauricio Castro Lizano, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno - setecientos sesenta y siete - trescientos dos. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Carlos Francisco Millet Nieto,  cédula de identidad uno - seiscientos noventa y cinco - ciento treinta y siete, colegiado seis mil setecientos cuarenta y cinco.  Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos.

Redacta el juez López Barrantes; y,

CONSIDERANDO:

I.- DETALLE DE ACTUACIONES: Del estudio del expediente se observan las siguientes actuaciones: 1- La parte actora solicita que en sentencia se declare: "1-. Cortar y Derribar totalmente el árbol de Dipteryx Panamensis (almendro  amarillo) que se encuentra ubicado en la propiedad perteneciente a mi poderdante inscrita en el partido de Alajuela, Folio Real matrícula 339969-000 y cuya descripción y fotografía resulta visible en el informe técnico que se rotula como prueba 2. 5-.(sic)  En caso de que el Estado se oponga al presente proceso infundadamente se pide la respectiva condenatoria de ambas costas de este proceso.». (ver expediente electrónico descargado  en formato PDF, imagen 3). 2- La Procuraduría General de la República se apersonó al presente proceso. (ver descarga de expediente electrónico en formato PDF imagen 33 a 38). 

 II.- SENTENCIA IMPUGNADA: La jueza Ana Milena Castro Elizondo, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, en sentencia oral número 262-S-2024, de las once y cincuenta y un minutos horas del veinticuatro de mayo del dos mil veinticuatro, resolvió:  «POR TANTO:  Se acoge LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA interpuesta por la parte

Procuraduría General de la República. Se declara SIN LUGAR la presente demanda Sumaria de Derribo interpuesta por ANANAS EXPORT COMPANY S. A contra el Estado. La parte actora como medida de prevención y seguridad debe hacer una zona BUFFER con un radio de mÍnimo de cincuenta metros alrededor del árbol de almendro amarillo objeto de proceso, situado en la finca del Partido de  Alajuela matrícula tres tres nueve nueve seis nueve – cero cero cero. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Remítase copia de la parte dispositiva de esta sentencia a la Oficina Regional del SINAC. Con base en el artículo 10 de la Ley de Notificaciones quedan las partes notificadas en el acto.”». (Ver expediente electrónico descargado en formato PDF,  minuta de audiencia oral a imágenes  83 a 84).

III.- APELACIÓN El licenciado Carlos Francisco Millet Nieto, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de instancia (ver descarga de expediente electrónico en formato PDF, imágenes 86 a 91). Dentro de los agravios expone: 1- Errónea apreciación de la prueba técnica. Cuestiona que en el proceso se ofrecieron dos dictámenes periciales para efectos de determinar la condición del árbol objeto de derribo. Pese a ello, acusa que la sentencia le dio más valor al informe técnico elaborado por el funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) y no al rendido por el ingeniero forestal que ofrecieron en el proceso, el cual, cita es más técnico y se basa en un estudio pormenorizado tanto del estado actual del árbol, su daño eminente, la no anidación de aves de ningún tipo en el mismo y el peligro que éste posee. Sostiene que ese informe destaca que el árbol en cuestión tiene un hueco interno en su tronco de aproximadamente 18 metros desde su base ocasionando que el mismo se encuentre casi muerto generando caídas de ramas y reventaduras en múltiples partes de su tronco, así como un deterioro evidente. Manifiesta que esas condiciones del árbol generan peligrosidad para las personas que puedan transitar cerca de él. Por otro lado, protesta en contra del peritaje rendido por el SINAC, del cual dice solo fue visual, sin analizar la profundidad del estado del tronco, además, de basarse en tres aspectos, a saber, posee hojas verde concluyendo está vivo, no le observó raíces externas determinando está bien arraigado, y que podría ser un lugar de anidación de la lapa verde sin precisar en este punto detalles concretos con el fin de brindar certeza sobre su opinión. En esa línea, señala que al confrontar ambos informes técnicos el elaborado por el SINAC carece de información relevante para la decisión de esta causa sumaria al basarse en meras suposiciones, contrario al informe rendido por el ingeniero forestal ofrecido por la parte actora, en donde consignó que el árbol esta casi muerto sin posibilidad de que sobrevida o se regenere. Establece que se demostró que durante un tiempo prolongado en el árbol no se ha dado ninguna anidación de la lapa verde puesto que dichas especies no se anidan en árboles en esas condiciones, y que se encuentran de forma aislada. Continúa su reclamo en el sentido de que el árbol causa un peligro por la caída que podría sufrir. 2- Errónea valoración para el caso del principio pro natura y del fallo constitucional indicado en la sentencia, sea el Voto emitido por la Sala Constitucional número 2008-13426. Considera que ese veredicto busca evitar la tala indiscriminada y el aprovechamiento del árbol con el fin de resguardar tanto a la lapa verde, así como a la especia de almendro amarillo, en virtud de la relación directa entre ambos elementos. Estima que para poder aplicar este fallo constitucional de forma específica y no general, debe determinarse la condición del árbol que se pide derribar y por ende el mínimo indicio de que este pueda ser objeto de anidación por parte de la lapa verde para que así encuadre dentro de la respectiva protección establecida. Por ello, considera que en el presente caso no se está pidiendo derribar el árbol para su aprovechamiento, lo que afirma es el primer punto de discordia con el fallo apelado, sino que lo pretendido es el derribo producto de su peligrosidad. Insiste en que se acreditó que el árbol no es apto para la anidación de aves. En ese aspecto, considera que el fallo fue aplicado de forma errada, así como el principio pro natura, al no cumplirse las condiciones del fallo constitucional objeto de examen, afirmando no encuadra mantener un árbol con más del setenta por ciento muerto y en donde no anidan, ni anidarán la lapa verde. Protesta que el veredicto recurrido le da mayor valor principio pre citado, que a la misma vida humana. Asimismo, combate el fallo mencionando que: "De igual forma, y pese a que resulta ser un aspecto que se impone al actor basado en un aspecto carente de análisis técnico adecuado, estableciendo la zona de protección alrededor del árbol de 50 metros (como una medida paliativa para evitar daños a personas y que no se acerquen al árbol) no se variaría el estado del mismo ni se lograría la anidación de lapas verdes, aunado a que eso no impediría lesiones a personas ya que no puede impedirse el paso de los mismo del todo y además se está obligando a la empresa a realizar una capacitación total para más de 1200 empleados sobre las condiciones del árbol y sus peligros generando un gasto de grandes magnitudes sin que se evite de esa manera el peligro inminente que resulta ser un árbol en ese estado. 3- Inexistente normativa para obligar a crear una zona Buffer alrededor del árbol así como capacitar a los empleados de la actora. Sobre este particular protesta: "La resolución que apelo en este acto obliga a mi representada a la creación de una zona buffer de cincuenta metros de circunferencia alrededor del árbol como una especia de “zona de protección” para los trabajadores de la actora aunado a tener que capacitar a mas (sic) de 1.200 trabajadores sobre esa zona en particular y el estado del árbol objeto d (sic) este proceso. Ahora bien, no existe normativa alguna que venga a otorgar a la señora Jueza la potestad de establecer la obligatoriedad de establecer esa zona buffer alrededor del árbol (máxime siendo este un árbol remanente) así como tampoco existe norma alguna que le otorgue la potestad de obligar a la empresa a capacitar a los mas de 1.200 empleados sobre esa situación y realizar el enorme gasto económico que eso conlleva. La inexistencia de una norma que le otorgue potestad a la Jueza para resolver de esa manera torna a la resolución en infundada y no apegada a Derecho y por ende debe ser revocada. Asimismo, no existe normativa alguna que le faculte a la señora Jueza a obligarnos a construir un cerco alrededor del árbol y eliminar el sembradío de piña que posee la empresa alrededor del mismo y dentro de la zona Buffer con las consecuencias que eso conlleva, máxime si tomemos en cuenta que es un árbol remedial, no está ubicado en zona protectora alguna ni dentro de un bosque y así ha estado durante decenio de años en que se ha sembrado piña en esa propiedad ...". Con base en lo anterior, solicita: "... Producto de lo indicado y dado que la señora Jueza resuelve el proceso estableciendo obligaciones para la empresa sin sustento legal alguno y sin justificar de forma adecuada el porqué del establecimiento de sus obligaciones es que solicitamos se revoque la sentencia que en este acto recurro y se acoja el proceso de derribo del árbol pedido ...". 

           - SOBRE LA PRUEBA OFRECIDA PARA MEJOR RESOLVER: La parte actora ofreció ante esta Instancia prueba para mejor resolver según se obsevan de las imágenes 92 a 99 del expediente electrónico, la cual fue conferida en audiencia a las partes de acuerdo a la resolución de las quince horas treinta y seis minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veinticuatro; sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Agraria se admite dicha prueba para mejor resolver.
             - HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Se avala el conjunto de hechos probados consignados en la sentencia apelada al existir prueba que los respaldan. Por parte de está instancia se tiene el siguiente: Que alrededor del árbol objeto de derribo y en un espacio de ciento cincuenta metros a la redonda se encuentre alguna construcción (ver reconocimiento judicial practicado por el Juzgado). Se imprueba el hecho no probado al existir prueba en contra. 
           -  SOBRE  LA  TUTELA  DEL  MEDIO  AMBIENTE:  PERFIL

ANTROPOCÉNTRICO Y ECOCÉNTRICO: La protección del medio ambiente tiene una especial relevancia debido al estrecho vínculo que tienen las personas y los ecosistemas con éste. Desde el siglo pasado el deterioro a los recursos naturales producto de la actividad humana despertó el interés de la comunidad internacional con el fin de adoptar medidas urgentes y necesarias que sirvieran de respuesta ante la gravedad que tenía el tema. Desde el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se incentivó a que los Estados partes reconocieran el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro del cual se incluyó el medio ambiente (ver artículo 12). Luego, en la Declaración de Estocolmo de 1972, se reconoció al ser humano como sujetos de derechos al ambiente; sin embargo, también se le delegó una serie de obligaciones con miras a promover tal derecho. En ese foro internacional se concientizó acerca de los factores que aceleraban el deterioro del ambiente, tales como la sobrepoblación, la pobreza, la alimentación, la falta de vivienda y educación. Empero, fue en esta Declaración en donde se acordaron una serie de compromisos con el objetivo de proteger al medio ambiente bajo un modelo de desarrollo sostenible, entendido éste, como la posibilidad de aprovechar de forma razonable los recursos naturales existentes para las generaciones presentes; pero, salvaguardando esos mismos recursos a las futuras generaciones. Posteriormente, a través de la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992, estos compromisos fueron reafirmados, además, de recoger veintisiete principios ambientales que sirvieran de ruta para los países en aras de establecer un objetivo central que ratificara el modelo de desarrollo sostenible. Años después, se continuaron dando seguimiento a estos acuerdos gracias a las Declaraciones de Johannesburgo, 2002, en donde se volvió a confirmar la relevancia de incentivar el modelo de desarrollo sostenible para la humanidad, además, de que se hizo conciencia sobre los problemas ambientales que se estaban afrontando. En esta Declaración se adquirieron principios solidarios a efectos de promover otra serie de derechos vinculados al medio ambiente, como lo son: la alimentación, el acceso al agua potable, a la vivienda digna adecuada, solo por citar algunos. Esta misma ruta se siguió en el 2012, gracias a la aprobación de la Declaración de Río + 20, el cual generó un documento denominado "El futuro que queremos", abordando no solo aquellos principios del derecho ambiental construidos en 1992, y ampliados en el 2012, sino también se enfocaron temas de interés como lo son la promoción de la economía verde y la erradicación de la pobreza, así como, la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya agenda se estableció en el año 2015, incluyendo una serie de temas como lo son la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, las energías limpias, la reducción de desigualdades, paz y justicia, entre otros. A nivel regional podemos visualizar como este tema de tutela al ambiente también adquirió relevancia, tanto que, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador de 1988, se estipuló en el artículo 11 lo siguiente: "Derecho a un ambiente sano: I. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2- Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". Todo este desarrollo internacional que permitió la evolución del Derecho Ambiental impactó nuestro ordenamiento jurídico, al punto que, la Asamblea Legislativa mediante un proceso de reforma parcial a la Constitución amparado en el artículo 195 de la Constitución Política (poder constituyente derivado), incorporó en el cardinal 50 como derecho fundamental el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es preciso puntualizar, que la Sala Constitucional desde 1989 y antes de esta reforma ya venía reconociendo en nuestro país dicho derecho, haciendo una lectura expansiva, progresistiva y evolutiva del cardinal 21 de la Constitución. No obstante, gracias a esta reforma constitucional la puerta fue abierta con mayor apertura, tanto a nivel jurisprudencial, así como legislativo, en donde se emitieron una serie de decisiones judiciales, constitucionales y legales, y una gran cantidad de legislación que promovían la protección del medio ambiente buscando el bienestar de la persona humana (perfil antropocéntrico). Sin embargo, debido a la necesidad de garantizar esa protección a la persona en su entorno de vida se ha promovido por parte de algunos países una nueva lectura del derecho ambiental con base en una visión más amplia arraigada a costumbres de poblaciones originarias y otras, así como a la necesidad de resguardar los ecosistemas. Tal es el caso de Ecuador (2008, artículo 10) y Bolivia (2009, artículo 33), quiénes en sus Constituciones Políticas integraron una visión más amplia de protección ambiental alcanzando por supuesto no solo al ser humano, sino también a la misma naturaleza y a otros seres vivos, con el ánimo de que " La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" (artículo 71 de la Constitución Política de Ecuador). En igual sentido, la Corte Constitucional de Colombia en un emblemático caso falló a favor de la protección del Río Atrato reconociendo a éste como sujetos de derechos (Sentencia T622 del 2016). Parte del razonamiento de esa alta Corte fue, entre varios, los siguientes: " ...Así las cosas, en nuestro constitucionalismo -que sigue las tendencias globales en la materia-, el medio ambiente y la biodiversidad han adquirido progresivamente valiosas connotaciones socio-jurídicas. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil: la evolución conceptual del derecho a la par del reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus múltiples componentes frente a la estrategia del desarrollo sostenible han sido producto de un proceso complejo y difícil que aún genera controversia al intentar conciliar a un mismo tiempo tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente en el entendido que esta conjugación permita la posibilidad de aprovechamiento sostenible de los recursos en el presente y en el futuro ... 5.4. En efecto, teniendo en cuenta que el medio ambiente y su biodiversidad hacen parte del entorno vital del hombre y que resulta indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, nuestra Carta Política, de manera acertada ha reconocido la importancia de dicho bien y, en consecuencia, se ha ocupado -desde temprana jurisprudencia- de fijar los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones del Estado y la sociedad con la naturaleza, partiendo de mandatos específicos de conservación y protección del ambiente[77]. Dichos presupuestos y mandatos conforman lo que la Corte ha llamado la Constitución Ecológica, definición que, por demás, está muy lejos de ser una simple declaración retórica en la medida en que comprende un preciso contenido normativo integrado por principios, derechos fundamentales y obligaciones a cargo del Estado ... 5.6. Ahora bien, las múltiples disposiciones normativas que existen y el enfoque pluralista que promueve la propia Carta Política, hacen que la relación entre la Constitución y el medio ambiente sea dinámica y en permanente evolución. En este sentido, es posible establecer al menos tres aproximaciones teóricas que explican el interés superior de la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano y la protección especial que se le otorga: (i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica[80] que concibe al ser humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de vista biocéntrico[81] reivindica concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana, que abogan -en igual medida- por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) finalmente, se han formulado posturas ecocéntricas[82] que conciben a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos y que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos ...". Este fallo constitucional sin duda alguna resalta la preocupación de tutelar a la naturaleza para beneficio del ser humano; pero, también para ella misma, puesto que, si se han propociado acuerdo internacionales, regionales y hasta a lo interno de los países, y el problema ambiental continúa, debe de comenzar hacerse una lectura más amplia del derecho con el fin de lograr el fin mismo, sea la protección a la especie humana y a la misma naturaleza. En esa misma línea de pensamiento resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva 23-2017, en donde reconoció el carácter individual y colectivo del derecho ambiental. Asimismo, en ese veredicto se hizo un análisis profundo sobre esta rama del derecho consagrando su autononomía. Además, mencionó la Corte: "En ese sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales , sino incluso en ordenamiento constitucionales". En nuestro país, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha venido recogiendo en algunos fallos esta nueva tendencia jurídica (ver los Votos 1754-2021 y 912-2023). En conclusión, la evolución del Derecho Ambiental está penetrando de forma profunda los ordenamientos jurídicos de los países, sus Cortes, y ha repensado en la necesidad de hacer una lectura que permita tutelar los derechos de las personas, así también de la misma naturaleza. Al final el resultado es el mismo: garantizar el equilibrio ecológico, social y econónimico, conforme se acordó desde Estocolmo en 1972, al incentivar la promoción de un modelo de desarrollo sostenible.

        - DECISIÓN DEL TRIBUNAL: No lleva razón la parte apelante con respecto a las protestas que emite sobre el fallo de primera instancia objeto de apelación. Son tres los agravios que giran alrededor de ese veredicto, a saber, que hubo una indebida valoración de la prueba técnica incorporada al expediente, afirma que el Juzgado erró al valorar para este caso la aplicación del principio pro natura y el fallo de la Sala Constitucional que se usó como base en la sentencia, y por último, cuestiona que la orden girada en esa decisión judicial con respecto a la creación de la zona de protección alrededor del árbol y la capacitación del personal no tiene sustento normativo. Con respecto al primer agravio, este Tribunal procedió a examinar tanto la prueba técnica emitida por el funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), así como la ofrecida por la actora y elaborada por el ingeniero forestal Marvin Lizano López, esto conforme al numeral 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria. De ese análisis se concluye que, efectivamente el árbol objeto de derribo es de la especie de almendro amarillo, está ubicado en medio de una plantación de piña, mantiene una altura aproximada de cincuenta metros, no se encuentra dentro de una zona de protección o de algún cuerpo de agua, no existen construcciones cercanas a su alrededor, tiene un hueco en su tronco, mantiene una posición vertical, sin inclinación, con raíces profundas bien sostenido, además, de una corona cubierta con un follaje con ramas verdes. El criterio del funcionario del SINAC lo es que el árbol no está muerto, ni enfermo, ha sufrido daños; pero, fitosanitariamente se encuentra en buen estado y sin peligro de caída. De hecho, recomendó la creación de una zona buffer o de protección alrededor de éste con el fin de evitar algún riesgo para el personal que labora en la mercantil actora, debido a que por su altura no es viable hacer una poda y ante la realidad de que alguna rama pueda caer al suelo producto del mismo proceso regenerativo. Por su parte, el ingeniero Lizano López de forma verbal durante la audiencia que celebró el Juzgado estimó que el árbol presenta unos daños mecánicos en la corteza, ramas dañadas, dijo que observó fisuras, y en su opinión el árbol ya cumplió su ciclo de vida. Citó que realizar una zona buffer abarcaría un área de unos siete mil metros cuadrados aproximadamente, siendo esto una pérdida para la actora, además, de considerar el árbol no genera ningún beneficio. También cita que de crearse esa zona de seguridad conllevaría a tener que mantener una guarda para garantizar el respeto a dicha zona y sumado a eso tendría que capacitarse al personal. En la amplicación a su informe, ofrecido en esta Instancia como prueba para mejor resolver (imágenes 92 a 99), reiteró lo dicho en el informe verbal que rindió ante el Juzgado. Además, agregó que: "... El día miércoles 23 de mayo del presente año, se realizó un vuelo con dron para observar el estado fitosanitario del árbol en la parte superior. Según las imágenes adjuntas en los Anexos 1 y 2 se evidencia síntomas de mortalidad en distintas zonas de la copa, también se observa presencia de termiteros. No se observan cavidades que presenten potencial para un futuro anidamiento de lapa verde ...". El resto del informe es idéntico a lo declarado en juicio con respecto a la anidación de la lapa verde en este tipo de árboles, concluyendo, el objeto de derribo no tiene las condiciones para este proceso de anidación dada sus condiciones fitosanitarias y al encontrarse aislado de otras especies similares. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el razonamiento y valoración que se emitió en la sentencia oral apelada por cuanto el árbol pese a que ha sufrido algunos daños aun se encuentra vivo y sin ningún peligro. La tesis del ingeniero Lizano López no es de recibo por cuanto se basa en una probabilidad y no en certeza. Es decir, acusa que dada las condiciones de daños mecánicos del árbol va camino a fallecer. Por otro lado, la conclusión del ingeniero del SINAC lo es que el árbol sí está vivo pese a las fracturas que ha sufrido, de ahí que, haya recomendado la creación de la zona buffer protestada por la parte. Así las cosas, al encontrarse vivo el árbol objeto de derribo, y sus fracturas no comprometen una caída inminente, según el criterio técnico, no se cumple con lo preceptuado en el artículo 108.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en esta materia de conformidad con los artículos 6 y 26 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en cuanto dispone: "El proceso sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda perjudicar bienes públicos". Por otra parte, el informe técnico rendido por el ingeniero forestal ofrecido por la parte actora se sustenta, entre otras cosas, en la afectación que el árbol genera a la actividad de piña que se desarrolla en el inmueble, distinto al emitido por el SINAC, en donde aprecia el estado fitosanitario del árbol, si causa riesgo, y las medidas de seguridad que podrían adoptarse. Al no acreditarse que el árbol pese a sus fracturas tenga una situación inminente de caída, lo que procede es censurar el reclamo al haberse hecho un adecuado análisis de la prueba técnica en donde como se ha indicado, se estableció que el árbol está sano y no hay peligro de caída inminente.
      - Con respecto al segundo agravio se rechaza. El reclamo se sustenta en el sentido de que dice la parte el veredicto recurrido se basó en un Voto de la Sala Constitucional dirigido a la prohibición de talar y aprovechar los árboles de la especie de almendro amarillo dado que son fuente de anidación para las lapas verdes que se encuentra en peligro de extinción. En su alegato apunta que, el precedente no resulta aplicable a este asunto debido a que en el caso bajo examen no se está pidiendo el derribo para aprovechar la madera, sino por un riesgo de caída del árbol. En este aspecto, debe recordarse que en este tipo de procesos el ámbito de estudio se encuentra contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Civil. Es decir, el fin del sumario de derribo de árbol se centra en determinar si una especie causa un peligro o amenaza, dada sus condiciones fitosanitarias, para las personas poseedoras, transeúntes, o bien, pueda perjudicar bienes públicos. Por supuesto, la particularidad de este tipo de causas cuando se solicitan sobre un árbol alcanza unas dimensiones más extensas debido a la variable ambiental incluída. En el caso bajo examen, esta Cámara de Apelación no comparte el embate interpuesto en este punto en concreto. Si bien es cierto, la sentencia de la Sala Constitucional número 2008-13426, fue dictada a la luz de evitar la tala y el aprovechamiento de la especie de almendro amarillo, caso el cual no es objeto de litis en esta causa, si deja en evidencia la necesidad de mantener esta especie para el proceso de anidación de la lapa verde la cual se encuentra en peligro de extinción. Por lo que, este resulta ser un fundamento de más para rechazar la corta del árbol base de este asunto en consideración de que, a pesar de sus fracturas, el árbol está vivo, y no representa un peligro de caída. Este fallo constitucional, fue dictado en el año 2008, y refleja, de forma indirecta, la necesidad de mantener la preservación de otras especies no humanas debido a la importancia que genera para el equilibrio de los ecosistemas (perfil biocéntrico y ecocéntrico del derecho ambiental). En el supracitado fallo constitucional se razonó: "... El Estado costarricense se comprometió a proteger la flora y la fauna, en especial a aquellas especies que se encuentren en peligro de extinción, obligación que adquirió a través de diversos instrumentos de Derecho Internacional y que reforzó aprobando la legislación que vela por la preservación de aquellas. Esos compromisos resultan ser de acatamiento obligatorio para todos los poderes públicos, pues los órganos competentes para esos efectos decidieron aprobarlos e incorporarlos a nuestro ordenamiento. Esa situación impone, en consecuencia, una multiplicidad de exigencias a nuestro Gobierno, las cuales van desde el planeamiento y la ejecución de políticas públicas, la dotación de recursos y la promoción de una cultura, tendientes todas a la conservación del medio, hasta la necesidad de abstenerse de ejecutar una conducta o medida, adoptar cualquier resolución o aprobar alguna disposición normativa -de rango legal o infralegal- que acaso pueda lesionar o amenazar la preservación de cualquiera de esas especies que se hallen en peligro o vías de extinción. En ese sentido, en casi todas las normas incorporadas al ordenamiento, el Estado no solo se comprometió a velar por la flora y la fauna que se encuentra en riesgo, sino que, adicionalmente, contrajo la obligación de proteger el hábitat y el ecosistema en el que esta se relacione y desarrolle. Ese compromiso resulta más que razonable, pues cualquier especie muy difícilmente logrará sobrevivir por sí sola mientras su entorno no sea resguardado, debido a que, si su hábitat y ecosistema se ven amenazados, o acaso destruidos, se quedará sin un sitio donde habitar, alimentarse, crecer o reproducirse; es decir, estará destinada a la desaparición ...". Por lo que, los alegatos de la parte actora se centran en afirmar que el árbol ya no es apto para la anidación de la lapa verde dada sus condiciones; sin embargo, al no ser ese el objeto de este proceso debe de denegarse su reclamo, por cuanto, como lo explicó la sentencia apelada, el veredicto constitucional sirve para reflexionar en este asunto acerca de la importancia de mantener la especie, máxime cuando no representan un peligro para las personas o transeúntes. Asimismo, debe de tomarse en cuenta que, si el árbol no resulta apto para la anidación conforme lo sostiene la parte apelante, éste podría servir de forma positiva para la mejora del suelo, regular microclimas, aumentar el secuestro de carbono, mejorar la biodiversidad y el paisaje escénico, solo por citar, algunas formas de impacto positivo que el árbol tendría dentro de la plantación de piña. Por esos motivos, se rechaza el agravio.

IX.- Acerca del tercer reclamo, tampoco lleva razón la parte apelante. La inconformidad se dirige a la orden del Juzgado en relación a la creación de una zona buffer o de seguridad en un perímetro alrededor del árbol objeto del conflicto y la capacitación al personal que labora para la empresa piñera. Protesta la apelante de que esa orden se giró sin ningún tipo de sustento normativo. Sobre este aspecto, resulta pertinente citar que, la norma base del estado costarricense en materia ambiental que influye irremediablemente  a todas las ramas jurídicas y cánones legales lo es el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones". Como se mencionó, de previo a la modificación constitucional de 1994, ya se había reconocido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el derecho al ambiente desde diversas perspectivas y esferas, que fueron definiendo el contenido de esa garantía constitucional. De igual forma, se produjeron fundamentales reformas legales que establecieron las bases de la institucionalidad ambiental del Estado actual. Tras la reforma constitucional de 1994 en ese artículo citado, se reconoce la garantía del derecho al ambiente. En esa declaración se incluyen estos elementos: a) el reconocimiento constitucional expreso del derecho a un ambiente sano y equilibrado ecológicamente, b) la obligación del Estado de tutelar el ambiente, c) la legitimación activa amplia de quienes se sientan vulnerados en su derecho al ambiente, d) la incorporación del desarrollo sostenible como modelo de desarrollo de las actividades realizadas en el territorio nacional.  La integración del desarrollo sostenible en todas las actividades productivas se torna en un mandato a fin de  velar por la sostenibilidad,  la preservación de los sistemas de vida y la generación de riquezas. Es decir, la actividad productiva debe ser desarrollada incorporando la variable ambiental, para lograr los objetivos de generación de riqueza y dinaminación de la economía, sin que se lesionen los ecosistemas o especies a fin de cumplir con el derecho de las futuras generaciones de contar con sistemas de vida sustentables y adecuados: el principio de solidaridad intergeneracional. Por otra parte, el sustrato técnico científico surge como base de la interpretación de las normas tutelares del ambiente. Las nuevas tecnologías, los descubrimientos científicos y las modernas formas de asegurar la preservación de la biodiversidad, constituyen el núcleo a partir del cual deben de aplicarse las normas legales de orden ambiental. En ese sentido, rompe el derecho ambiental con el tradicional sistema de aplicación e interpretación de normas legales, dado el objeto a tutelar que es vulnerable y cambiante. Las personas titulares de propiedades y aquellas que desarrollen actividades productivas, debido al artículo 50 constitucional en su segundo párrado, deben someterse al régimen de límites y limitaciones de orden ambiental en sus bienes y actividades. Por ello, deben ser, además, incorporados los principios precautorios, preventivo, no regresión, solidaridad inter e intrageneracional, solo por mencionar algunos. Así como la internacionalización de la carga ambiental de las actividades y proyectos que se acusan lesivos al ambiente y se tutele efectivamente la naturaleza mediante criterios ecológicos. Pero sin restar valor y efectividad a otros derechos y facultades de diversa índole otorgadas por la Ley a los actores sociales y estatales. En esa línea, se busca respetar entonces los postulados constitucionales de salud, ambiente, vida, desarrollo sostenible, así como propiedad, libertad  y el desarrollo económico. En el caso en estudio, la decisión apelada, permite la continuidad de la actividad de producción piñera en resguardo de la especie forestal de cedro amarillo que debe mantenerse viva según  criterio técnico de la entidad estatal competente, que además brinda una solución técnica científica temporal para resguardar la integridad de las personas y bienes que se ubiquen en la parcela donde se sitúa el árbol. Sumado a lo anterior, el artículo 1 de la Ley de Biodiversidad estipula: "El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados". Esta misma legislación recoge el principio de la función ambiental de la propiedad (artículo 8), como fin a considerar en conjunto con las otras funciones del dominio como lo son la social y económica. La justiticación en procesos de esta naturaleza de derribo debe atender temas de seguridad y en este caso dada la medida temporal de zona buffer que se dicta, se logra aminorar el riesgo que una caída lesione algún bien o persona. Ha de mencionarse que sobre esta especie los estudios científicos nacionales han señalado: "El almendro (Dipteryx panamensis, Pittier), es una especie forestal nativa, de la familia Fabaceae, subfamilia Papilonaceae, con una distribución natural desde los bosques de tierras bajas de Nicaragua hasta Colombia (Flores 1992, Romo 2005). En Costa Rica es abundante en el Caribe y en toda la región Huetar Norte del país (Castañeda et al. 2000). Una vez que alcanza la madurez, es un árbol prominente que forma parte del dosel superior y puede llegar a medir 60 m de altura y un diámetro en la base d hasta 2 m. Esta especie presenta un fuste cilíndrico y amplias raíces basales, sin embargo no presenta gambas. Tiene ramas ascendentes que forman una copa semiesférica y presenta una floración muy atractiva de color rosado-violeta (Gamboa 2008; Fournier 2003). La madera de la especie posee un alto valor comercial debido a su dureza y peso específico que oscila entre 0,83 – 1,09 gr/cm3 (Vozzo 2002; Carpio Malavasi 2000). Su secado al aire es rápido, pero con tendencia a agrietarse. Presenta una alta resistencia natural al ataque de agentes biológicos (hongos y bacterias) y un alto potencial para plantaciones de secuestro de carbono; sin embargo, su alto contenido de tílides y taninos dificultan su preservación (Flores 1992; Fournier 2003; Losi et al. 2003). La importancia de la especie en Centroamérica y en la región radica en su alta demanda en el comercio internacional para pisos (ITTO 2016, Ravenshorst et al. 2013). En Costa Rica se le ha declarado en veda por su relación alimenticia con aves en vía de  extinción, que motivó una declaratoria de la Sala Constitucional (Sentencia 2008- 13426) que prohíbe el aprovechamiento de la especie en todo el territorio nacional (Camacho 2015). En los últimos 15 años, el crecimiento y propagación de esta especie en Costa Rica, ha sido objeto de estudio y abordado por numerosos autores (Delgado et al. 2003, Piotto et al. 2003, Petit y Montagnini 2006, Alice et al. 2004, Schmidt 2009, Montagnini 2010), entre otros. ...  Mencionan también la importancia de esta especie para proveer servicios ambientales (suelo, biodiversidad y clima) (Piotto et al. 2003a, Brenes 2007). En particular el potencial de la especie para secuestro y fijación de carbono en el largo plazo ha sido mencionado por (Redondo-Brenes 2007, RuizJaén y Potvin 2010)".

.(Serafín Ródano Filomeno Alves-Milho

. Potencial de mejoramiento genético en Dipteryx panamensis Pittier (FABACEAE). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018  en

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/9882/potencial_mejoramiento_gen etico_dipteryx_panamensis_pittier.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Como se logra deducir, la especie es valiosa por sus servicios ambientales, sin que el hecho de no encontrarse dentro de una zona con mayores especies reste su valor y potencial de ser lugar de anidación de lapa verde y de otra biodiversidad que lo requiera. El mantenimiento temporal de esta especie de forma responsable  y técnica por la solicitante del derribo, se hace necesario dada las justificaciones técnicas del MINAE y se adecua al ejercicio de la propiedad privada y la libertad de empresa en cumplimiento del desarrollo sostenible y la obligación del resguardo de los recursos naturales.  Todo de forma razonable y proporcional; tal y como es el caso en concreto objeto de apelación. Así las cosas, contrario a lo cuestionado por la parte, este Tribunal comparte la decisión emitida en la sentencia en virtud de que el artículo 108 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en esta materia, en su punto 3 estipula: "... En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente ..." (Lo subrayado, no corresponde a su original). Es decir, si es viable en este tipo de procesos resolver la corta o no del árbol objeto de derribo, o bien, la adopción de alguna medida de seguridad, inclusive, de carácter permanente. En esa línea, el fallo recurrido dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: " ...La parte actora como medida de prevención y seguridad debe hacer una zona BUFFER con un radio de mÍnimo de cincuenta metros al rededor del árbol de almendro amarillo objeto de proceso, situado en la finca del Partido de Alajuela matrícula tres tres nueve nueve seis nueve – cero cero cero ...". En la parte considerativa de la sentencia la juzgadora emite la medida con base en la recomendación técnica que emitió el ingeniero del SINAC. La objeción por parte de la apelante se basa en el criterio del ingeniero Forestal Lizano López, con respecto a la pérdida que sufriría la empresa sobre un sector del terreno que tendría que dejarlo para garantizar esa zona de seguridad alrededor del árbol, y además, de que consideró este no generaba ganancias. Sin embargo, sus reclamos no son de recibo en virtud de que la medida de seguridad impuesta por el Despacho busca garantizar una zona de protección precisamente para el mismo personal que labora en la empresa accionante de forma conjunta con la protección de la biodiversidad. Por lo que, si su preocupación radica en la caída del árbol, la cual se comprobó no es el caso, resulta pausible emitir una medida de seguridad que resguarde la integridad de su personal y el árbol en sí mismo que conlleva a la carga ambiental de su actividad piñera en este caso en concreto, que podría significar el destino de un pequeño espacio de tierra para conservación de esa especie forestal. Entonces, la disposición del Juzgado la cual es reclamada ante esta Instancia si tiene sustento normativo precisamente en el apartado 3 del cardinal 108 supra analizado en este fallo judicial, y el 50 de la Constitución Política, así como el sustento técnico científico emitido por el SINAC. Asimismo, no es cierto que el veredicto haya ordenado la capacitación a todo el personal de la empresa sobre esa zona de seguridad, aunque razonablemente debe de ser un deber que la actora asuma como consecuencia de la medida impuesta en la pieza recurrida. Por último, la parte cuestiona la imposición de la medida de seguridad al considerar afecta su actividad; sin embargo, no brindó otro remedio distinto a la corta del árbol para que esta Instancia valorará una segunda alternativa como medida de seguridad y determinará cuál era la más viable. Esa omisión procesal conlleva a que exista en este asunto una única recomendación técnica que fue la adoptada por el Juzgado y que la parte la objeta solamente en el sentido de que lo recomendable era la corta del árbol objeto del conflicto. La carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos le corresponde a quien los invoca a su favor. El concepto de carga de la prueba debe entenderse como la obligación de la parte de ofrecer, allegar o presentar la probanza en el momento procesal oportuno (doctrina de los artículos 477 del Código de Trabajo y 41.1 del Código Procesal Civil). Por ende, no resulta de recibo su protesta y por infundada perecerá. 

X. - En virtud de lo expuesto, artículo 50 de la Constitución Política, 12 del Pacto

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador de 1988, 6, 26, 48 y 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, 108 del Código Procesal Civil, se confirma la sentencia apelada, en lo que ha sido objeto de impugnación.

POR TANTO:

Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida ante esta Instancia por la parte actora. Se confirma la sentencia apelada, en lo que ha sido objeto de impugnación. 

 

EXP: 24-000061-0298-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]




*?DGRJUVHBP???*

3DGRJUVHBP061

GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A

DECISOR/A

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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA -

JUEZ/A DECISOR/A

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3CRBX5IISOW61

MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A

DECISOR/A

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:32:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Agrarian Court

Resolution No. 00937 - 2024

Date of Resolution: September 30, 2024 at 08:08

Case File: 24-000061-0298-AG

Drafted by: Geison Lopez Barrantes

Type of matter: Summary proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



International Regulations: Rio Declaration on Environment and Development, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, Protocol of San Salvador

International regulations


Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Sustainable Development Goals: Responsible consumption and production (Goal 12)

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian Procedural Law

Topic: Summary agrarian proceeding for tree felling

Subtopics:

Denial of a tree felling request filed by a pineapple company.
Considerations regarding anthropocentric and ecocentric profiles in environmental protection.

Topic: Environmental protection

Subtopics:

Denial of a tree felling request filed by a pineapple company.
Considerations regarding anthropocentric and ecocentric profiles in environmental protection.

Topic: Protection of natural resources

Subtopics:

Denial of a tree felling request filed by a pineapple company.
Considerations regarding anthropocentric and ecocentric profiles in environmental protection.

Topic: Right to a healthy and ecologically balanced environment

Subtopics:

Denial of a tree felling request filed by a pineapple company.
Considerations regarding anthropocentric and ecocentric profiles in environmental protection.

"

           -  ON THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: ANTHROPOCENTRIC

AND ECOCENTRIC PROFILE: Environmental protection has special relevance due to the close bond that people and ecosystems have with it. Since the last century, the deterioration of natural resources as a result of human activity awakened the interest of the international community in order to adopt urgent and necessary measures that would serve as a response to the seriousness of the issue. Since the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, States Parties were encouraged to recognize the right of every person to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, within which the environment was included (see article 12). Then, in the Stockholm Declaration of 1972, the human being was recognized as a subject of environmental rights; however, a series of obligations were also delegated with a view to promoting that right. At that international forum, awareness was raised about the factors that accelerated the deterioration of the environment, such as overpopulation, poverty, food, lack of housing and education. Yet, it was in this Declaration where a series of commitments were agreed upon with the objective of protecting the environment under a sustainable development (desarrollo sostenible) model, understood as the possibility of reasonably using existing natural resources for present generations, while safeguarding those same resources for future generations. Subsequently, through the Rio de Janeiro Summit in 1992, these commitments were reaffirmed, in addition to compiling twenty-seven environmental principles that served as a route for countries in order to establish a central objective that ratified the sustainable development model. Years later, these agreements continued to be followed up thanks to the Johannesburg Declarations of 2002, where the relevance of incentivizing the sustainable development model for humanity was once again confirmed, and awareness was raised about the environmental problems being faced. In this Declaration, principles of solidarity were acquired in order to promote another series of rights linked to the environment, such as: food, access to drinking water, adequate decent housing, just to mention a few. This same path was followed in 2012, thanks to the approval of the Rio + 20 Declaration, which generated a document called "The Future We Want," addressing not only those principles of environmental law built in 1992 and expanded in 2012, but also focusing on topics of interest such as the promotion of the green economy and the eradication of poverty, as well as the promotion of the Sustainable Development Goals, whose agenda was established in 2015, including a series of topics such as poverty, hunger, health and well-being, clean energy, reduction of inequalities, peace and justice, among others. At the regional level, we can see how this issue of environmental protection also gained relevance, so much so that, in the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, known as the Protocol of San Salvador of 1988, the following was stipulated in article 11: "Right to a healthy environment: I. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation and improvement of the environment." All this international development that allowed the evolution of Environmental Law impacted our legal system, to the point that the Legislative Assembly, through a partial reform process to the Constitution under article 195 of the Political Constitution (derived constituent power), incorporated a healthy and ecologically balanced environment as a fundamental right in clause 50. It is necessary to point out that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) since 1989 and prior to this reform had already been recognizing said right in our country, making an expansive, progressive, and evolutionary reading of clause 21 of the Constitution. However, thanks to this constitutional reform, the door was opened more widely, both at the jurisprudential and legislative levels, where a series of judicial, constitutional, and legal decisions were issued, and a large amount of legislation was enacted that promoted environmental protection seeking the well-being of the human person (anthropocentric profile). Nevertheless, due to the need to guarantee that protection for the person in their living environment, a new reading of environmental law has been promoted by some countries based on a broader vision rooted in the customs of native populations and others, as well as the need to safeguard ecosystems. Such is the case of Ecuador (2008, article 10) and Bolivia (2009, article 33), which in their Political Constitutions integrated a broader vision of environmental protection, reaching of course not only the human being but also nature itself and other living beings, with the intention that " Nature or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes" (article 71 of the Political Constitution of Ecuador). Similarly, the Constitutional Court of Colombia, in an emblematic case, ruled in favor of the protection of the Atrato River, recognizing it as a subject of rights (Judgment T622 of 2016). Part of the reasoning of that high Court was, among others, the following: " ...Thus, in our constitutionalism, which follows global trends in the matter, the environment and biodiversity have progressively acquired valuable socio-legal connotations. However, it has not been an easy process: the conceptual evolution of law alongside the recognition of the importance of 'mother earth' and its multiple components vis-à-vis the sustainable development strategy have been the product of a complex and difficult process that still generates controversy when attempting to simultaneously reconcile three elements: economic growth, social welfare, and environmental protection, in the understanding that this conjugation allows the possibility of sustainable use of resources in the present and in the future ... 5.4. Indeed, taking into account that the environment and its biodiversity are part of the human being's vital surroundings and are indispensable for their survival and that of future generations, our Political Constitution has rightly recognized the importance of this good and, consequently, has addressed - from early jurisprudence - the establishment of the assumptions from which the relations of the State and society with nature must be regulated, based on specific mandates for conservation and environmental protection[77]. These assumptions and mandates make up what the Court has called the Ecological Constitution, a definition which, moreover, is far from being a simple rhetorical declaration insofar as it comprises a precise normative content integrated by principles, fundamental rights, and obligations on the part of the State ... 5.6. Now, the multiple existing normative provisions and the pluralist approach promoted by the Political Constitution itself make the relationship between the Constitution and the environment dynamic and in permanent evolution. In this sense, it is possible to establish at least three theoretical approaches that explain the superior interest of nature in the Colombian legal system and the special protection granted to it: (i) firstly, it starts from an anthropocentric vision[80] that conceives the present human being as the sole reason for being of the legal system and natural resources as simple objects at the service of the former, (ii) a second, biocentric point of view[81] claims more global and solidary conceptions of human responsibility, which advocate - in equal measure - for the duties of man with nature and future generations; (iii) finally, ecocentric positions[82] have been formulated that conceive nature as an authentic subject of rights and that support plural and alternative worldviews to the recently exposed approaches ...". This constitutional ruling undoubtedly highlights the concern to protect nature for the benefit of the human being, but also for itself, since, if international and regional agreements have been promoted, and even internally within countries, and the environmental problem continues, a broader reading of the law must begin to be made in order to achieve the very end, namely the protection of the human species and nature itself. Along the same line of thought, the Inter-American Court of Human Rights resolved through Advisory Opinion 23-2017, where it recognized the individual and collective character of environmental law. Likewise, in that verdict, a deep analysis of this branch of law was carried out, enshrining its autonomy. Furthermore, the Court mentioned: "In this regard, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders." In our country, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has been reflecting this new legal trend in some rulings (see Votes 1754-2021 and 912-2023). In conclusion, the evolution of Environmental Law is profoundly penetrating the legal systems of countries and their Courts, and has led to a reconsideration of the need for a reading that allows protecting the rights of people, as well as nature itself. In the end, the result is the same: guaranteeing ecological, social, and economic balance, as agreed since Stockholm in 1972, by encouraging the promotion of a sustainable development model. [...]                                 IX.-[...] Along this line, the appealed decision ordered, among other things, the following: " ...The plaintiff, as a prevention and safety measure, must create a BUFFER zone with a minimum radius of fifty meters around the almendro amarillo tree subject to this proceeding, situated on the farm of the Alajuela Registry District, title number three three nine nine six nine – zero zero zero ...". In the reasoning part of the judgment, the judge issued the measure based on the technical recommendation issued by the SINAC engineer. The appellant's objection is based on the opinion of Forestry Engineer Lizano López, regarding the loss that the company would suffer over a sector of the land that it would have to leave to guarantee that safety zone around the tree, and also, because he considered it generated no profit. However, its claims are not admissible since the security measure imposed by the Court seeks to guarantee a protection zone precisely for the same personnel working at the plaintiff company, jointly with the protection of biodiversity. Therefore, if its concern lies in the fall of the tree, which it was proven is not the case, it is plausible to issue a safety measure that protects the integrity of its personnel and the tree itself, which entails the environmental burden of its pineapple activity in this specific case, which could mean the allocation of a small space of land for the conservation of that forest species. Thus, the provision of the Court, which is challenged before this Instance, does have normative support precisely in subsection 3 of clause 108 analyzed above in this judicial ruling, and article 50 of the Political Constitution, as well as the scientific technical support issued by SINAC. [...]"

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Other References: Stockholm Declaration of 1972. Johannesburg Declarations, 2002. Rio + 20 Declaration, which generated a document called "The Future We Want." Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, known as the Protocol of San Salvador of 1988. Political Constitution of Ecuador, art. 71. Constitutional Court of Colombia Judgment T622 of 2016. Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 23-2017. Redondo-Brenes 2007, RuizJaén and Potvin 2010)"..(Serafín Ródano Filomeno Alves-Milho . Potencial de mejoramiento genético en Dipteryx panamensis Pittier (FABACEAE). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018 en https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/9882/potencial_mejoramiento_gen etico_dipteryx_panamensis_pittier.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sustainable Development Goals
Text of the resolution
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CASE FILE: 24-000061-0298-AG - 3

PROCEEDING: SUMMARY

PLAINTIFF: ANANAS EXPORT COMPANY S. A

DEFENDANT: Ministry of Environment and Energy


VOTE No. No. 2024000937

AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eight hours and eight minutes of September thirtieth, two thousand twenty-four.-

SUMMARY PROCEEDING FOR TREE FELLING filed by ANANAS

EXPORT COMPANY S.A., legal identification number three - one hundred one - three hundred forty-seven thousand two hundred forty-one, represented by generalísimo attorney-in-fact without limit of sum Alasdair Macleod, of legal age, with a single surname due to his nationality of the United Kingdom, residence card number one eight two six zero zero zero one nine two two seven. The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA is considered an interested party, represented by Mauricio Castro Lizano, of legal age, married, resident of Heredia, identity card number one - seven hundred sixty-seven - three hundred two. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is Mr. Carlos Francisco Millet Nieto, identity card number one - six hundred ninety-five - one hundred thirty-seven, bar association number six thousand seven hundred forty-five. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos.

Judge López Barrantes drafts; and,

WHEREAS:

I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: From the study of the case file, the following proceedings are observed: 1- The plaintiff requests that the judgment declare: "1-. To wholly Cut and Fell the Dipteryx Panamensis (almendro amarillo) tree that is located on the property belonging to my principal, registered in the Alajuela Registry District, Folio Real title 339969-000 and whose description and photograph are visible in the technical report labeled as exhibit 2. 5-.(sic) In the event that the State opposes the present proceeding without grounds, the respective condemnation on both costs of this proceeding is requested.». (see electronic case file downloaded in PDF format, image 3). 2- The Procuraduría General de la República appeared in this proceeding. (see download of electronic case file in PDF format image 33 to 38).

II.- APPEALED SENTENCE: Judge Ana Milena Castro Elizondo, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos, in oral sentence number 262-S-2024, at eleven hours and fifty-one minutes of May twenty-fourth, two thousand twenty-four, resolved: «THEREFORE: The PASSIVE LACK OF STANDING TO BE SUED EXCEPTION filed by the Procuraduría General de la República is granted. The present Summary Felling claim filed by ANANAS EXPORT COMPANY S. A against the State is declared WITHOUT MERIT. The plaintiff, as a prevention and safety measure, must create a BUFFER zone with a minimum radius of fifty meters around the almendro amarillo tree subject to this proceeding, situated on the farm of the Alajuela Registry District, title number three three nine nine six nine – zero zero zero. It is resolved without special condemnation on costs. Send a copy of the operative part of this judgment to the Regional Office of SINAC. Based on article 10 of the Notifications Law (Ley de Notificaciones), the parties are hereby notified in the act.”». (See electronic case file downloaded in PDF format, oral hearing minute at images 83 to 84).

III.- APPEAL Mr. Carlos Francisco Millet Nieto, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff, filed an appeal with express indication of the reasons on which he relies to refute the thesis of the trial court (see download of electronic case file in PDF format, images 86 to 91). Among his grievances, he states: 1- Erroneous assessment of the technical evidence. He questions that two expert reports were offered in the proceeding to determine the condition of the tree subject to felling. Despite this, he argues that the judgment gave more weight to the technical report prepared by the official of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) and not to the one rendered by the forest engineer they offered in the proceeding, which, he claims, is more technical and is based on a detailed study of the current state of the tree, its imminent damage, the absence of any type of bird nesting in it, and the danger it poses. He argues that this report highlights that the tree in question has an internal hollow in its trunk of approximately 18 meters from its base, causing it to be almost dead, generating falling branches and bursts in multiple parts of its trunk, as well as evident deterioration. He states that these tree conditions create danger for people who may transit near it. On the other hand, he protests against the expert report rendered by SINAC, which he says was only visual, without analyzing the depth of the trunk's condition, and was based on three aspects, namely, it has green leaves concluding it is alive, he did not observe external roots determining it is well rooted, and it could be a nesting site for the great green macaw (lapa verde) without specifying concrete details on this point in order to provide certainty about his opinion. In this vein, he points out that when comparing both technical reports, the one prepared by SINAC lacks relevant information for the decision in this summary cause by being based on mere assumptions, contrary to the report rendered by the forest engineer offered by the plaintiff, which noted that the tree is almost dead with no possibility of survival or regeneration. He establishes that it was demonstrated that for an extended period, no nesting of the great green macaw has occurred in the tree since these species do not nest in trees in those conditions, and are found in isolation. He continues his claim in the sense that the tree causes a danger due to the fall it could suffer. 2- Erroneous assessment for this case of the pro natura principle and the constitutional ruling indicated in the judgment, namely Vote No. 2008-13426 issued by the Constitutional Chamber. He considers that this verdict seeks to prevent indiscriminate logging and the exploitation of the tree in order to protect both the great green macaw and the almendro amarillo species, by virtue of the direct relationship between both elements. He believes that to apply this constitutional ruling specifically and not generally, the condition of the tree whose felling is requested must be determined, and therefore the minimum indication that it may be subject to nesting by the great green macaw so that it fits within the respective established protection. Therefore, he considers that in the present case, felling the tree for its exploitation is not being requested, which he affirms is the first point of disagreement with the appealed decision, but rather what is sought is felling due to its danger. He insists that it was proven that the tree is not suitable for bird nesting. In this regard, he considers that the ruling was erroneously applied, along with the pro natura principle, as the conditions of the constitutional ruling under examination are not met, stating it does not fit to keep a tree that is more than seventy percent dead and where the great green macaw neither nests nor will nest. He protests that the appealed verdict gives greater value to the aforementioned principle than to human life itself. Likewise, he contests the ruling by mentioning: "Likewise, and despite it being an aspect imposed on the plaintiff based on a lack of adequate technical analysis, establishing a 50-meter protection zone around the tree (as a palliative measure to avoid harm to people and prevent them from approaching the tree) would not change the tree's state nor achieve the nesting of great green macaws, in addition to which this would not prevent injury to people since their passage cannot be entirely impeded, and moreover, the company is being forced to conduct a total training for more than 1200 employees on the tree's conditions and its dangers, generating an expense of great magnitudes without thereby avoiding the imminent danger posed by a tree in that state. 3- Non-existent regulation to force the creation of a Buffer zone around the tree and to train the plaintiff's employees. On this point he protests: "The resolution I appeal obligates my represented party to create a fifty-meter circumference buffer zone around the tree as a kind of 'protection zone' for the plaintiff's workers, coupled with having to train more than 1,200 workers about that particular zone and the state of the tree subject to this proceeding. However, there is no regulation whatsoever that grants the Judge the authority to establish the obligation to create that buffer zone around the tree (especially as this is a remnant tree), nor is there any rule that grants her the authority to force the company to train more than 1,200 employees on that situation and incur the enormous economic expense that this entails. The non-existence of a rule granting the Judge the authority to resolve in that way makes the resolution unfounded and not in accordance with the Law, and it must therefore be revoked. Likewise, there is no regulation whatsoever that empowers the Judge to force us to build a fence around the tree and eliminate the pineapple planting that the company has around it and within the Buffer zone with the consequences that this entails, especially if we take into account that it is a remnant tree, it is not located in any protected area or within a forest, and it has been that way for decades while pineapple has been planted on that property ...". Based on the foregoing, he requests: "... As a result of the aforementioned, and given that the Judge resolved the proceeding by establishing obligations for the company without any legal basis and without adequately justifying the reason for establishing its obligations, we request that the judgment I am appealing be revoked and the requested tree felling proceeding be granted ...".

           - ON THE EVIDENCE OFFERED FOR BETTER DECISION: The plaintiff offered evidence for a better decision before this Instance as observed from images 92 to 99 of the electronic case file, which was presented to the parties in a hearing according to the resolution of fifteen hours thirty-six minutes of September seventeenth, two thousand twenty-four; however, there was no pronouncement whatsoever. Consequently, in accordance with article 52 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Agraria), said evidence is admitted for a better decision.
             - PROVEN AND UNPROVEN FACTS: The set of proven facts recorded in the appealed judgment is endorsed as there is evidence supporting them. This instance holds the following as proven: That within a radius of one hundred fifty meters around the tree subject to felling, there is some construction (see judicial inspection conducted by the Court). The unproven fact is disapproved as there is evidence against it.
           - ON THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: ANTHROPOCENTRIC

AND ECOCENTRIC PROFILE: Environmental protection has special relevance due to the close bond that people and ecosystems have with it. Since the last century, the deterioration of natural resources as a result of human activity awakened the interest of the international community in order to adopt urgent and necessary measures that would serve as a response to the seriousness of the issue. Since the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, States Parties were encouraged to recognize the right of every person to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, within which the environment was included (see article 12). Then, in the Stockholm Declaration of 1972, the human being was recognized as a subject of environmental rights; however, a series of obligations were also delegated with a view to promoting that right. At that international forum, awareness was raised about the factors that accelerated the deterioration of the environment, such as overpopulation, poverty, food, lack of housing and education. Yet, it was in this Declaration where a series of commitments were agreed upon with the objective of protecting the environment under a sustainable development (desarrollo sostenible) model, understood as the possibility of reasonably using existing natural resources for present generations, while safeguarding those same resources for future generations. Subsequently, through the Rio de Janeiro Summit in 1992, these commitments were reaffirmed, in addition to compiling twenty-seven environmental principles that served as a route for countries in order to establish a central objective that ratified the sustainable development model. Years later, these agreements continued to be followed up thanks to the Johannesburg Declarations of 2002, where the relevance of incentivizing the sustainable development model for humanity was once again confirmed, and awareness was raised about the environmental problems being faced. In this Declaration, principles of solidarity were acquired in order to promote another series of rights linked to the environment, such as: food, access to drinking water, adequate decent housing, just to mention a few. This same path was followed in 2012, thanks to the approval of the Rio + 20 Declaration, which generated a document called "The Future We Want," addressing not only those principles of environmental law built in 1992 and expanded in 2012, but also focusing on topics of interest such as the promotion of the green economy and the eradication of poverty, as well as the promotion of the Sustainable Development Goals, whose agenda was established in 2015, including a series of topics such as poverty, hunger, health and well-being, clean energy, reduction of inequalities, peace and justice, among others.

At the regional level, we can see how this issue of environmental protection also gained relevance, so much so that the Additional Protocol to the American Convention on Economic, Social and Cultural Rights, known as the Protocol of San Salvador of 1988, stipulated the following in Article 11: "Right to a healthy environment: 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation and improvement of the environment." All this international development that enabled the evolution of Environmental Law impacted our legal system, to the point that the Legislative Assembly, through a process of partial constitutional reform based on Article 195 of the Political Constitution (derived constituent power), incorporated the right to a healthy and ecologically balanced environment as a fundamental right in Article 50. It is necessary to point out that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), since 1989 and before this reform, had already been recognizing this right in our country, making an expansive, progressive, and evolutionary reading of Article 21 of the Constitution. However, thanks to this constitutional reform, the door was opened more widely, both at the jurisprudential and legislative levels, where a series of judicial, constitutional, and legal decisions, and a large amount of legislation, were issued that promoted the protection of the environment seeking the well-being of the human person (anthropocentric profile). However, due to the need to guarantee that protection of the person in their living environment, a new reading of environmental law has been promoted by some countries based on a broader vision rooted in the customs of original populations and others, as well as the need to protect ecosystems. Such is the case of Ecuador (2008, Article 10) and Bolivia (2009, Article 33), which in their Political Constitutions integrated a broader vision of environmental protection, encompassing, of course, not only the human being but also nature itself and other living beings, with the aim that "Nature or Pacha Mama, where life is reproduced and realized, has the right to have its existence integrally respected and to the maintenance and regeneration of its vital cycles, structure, functions and evolutionary processes" (Article 71 of the Political Constitution of Ecuador). In the same vein, the Constitutional Court of Colombia, in an emblematic case, ruled in favor of the protection of the Atrato River, recognizing it as a subject of rights (Judgment T622 of 2016). Part of the reasoning of that High Court was, among several points, the following: " ... Thus, in our constitutionalism - which follows global trends on the matter - the environment and biodiversity have progressively acquired valuable socio-legal connotations. However, it has not been an easy process: the conceptual evolution of law alongside the recognition of the importance of 'Mother Earth' and its multiple components in the face of the sustainable development strategy has been the product of a complex and difficult process that still generates controversy when trying to simultaneously reconcile three elements: economic growth, social well-being, and environmental protection on the understanding that this combination allows the possibility of sustainable use of resources in the present and in the future ... 5.4. Indeed, bearing in mind that the environment and its biodiversity are part of man's vital surroundings and are indispensable for his survival and that of future generations, our Political Charter, rightly, has recognized the importance of said good and, consequently, has concerned itself - from early jurisprudence - with setting the premises from which the relations of the State and society with nature must be regulated, based on specific mandates for the conservation and protection of the environment[77]. Those premises and mandates make up what the Court has called the Ecological Constitution, a definition which, moreover, is far from being a simple rhetorical declaration insofar as it comprises precise normative content made up of principles, fundamental rights, and obligations incumbent upon the State ... 5.6. Now, the multiple normative provisions that exist and the pluralistic approach promoted by the Political Charter itself mean that the relationship between the Constitution and the environment is dynamic and in permanent evolution. In this sense, it is possible to establish at least three theoretical approaches that explain the superior interest of nature in the Colombian legal system and the special protection granted to it: (i) first, one starts from an anthropocentric vision[80] that conceives the present human being as the sole reason for being of the legal system and natural resources as simple objects at the service of the former; (ii) a second, biocentric point of view[81] vindicates more global and solidary conceptions of human responsibility, which advocate - equally - for the duties of man toward nature and the coming generations; (iii) finally, ecocentric stances[82] have been formulated that conceive nature as an authentic subject of rights and support plural and alternative worldviews to the recently exposed approaches ...". This constitutional ruling undoubtedly highlights the concern to protect nature for the benefit of the human being; but also for its own sake, since if international, regional, and even internal country agreements have been promoted, and the environmental problem continues, a broader reading of the law must begin to be made in order to achieve the very purpose, that is, the protection of the human species and nature itself. Along the same line of thought, the Inter-American Court of Human Rights resolved through Advisory Opinion 23-2017, where it recognized the individual and collective character of environmental law. Likewise, this verdict provided a deep analysis of this branch of law, establishing its autonomy. Furthermore, the Court mentioned: "In that sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional systems." In our country, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has been gathering this new legal trend in some rulings (see Votos 1754-2021 and 912-2023). In conclusion, the evolution of Environmental Law is penetrating deeply into the legal systems of countries and their Courts, and has prompted a rethinking of the need for a reading that allows for the protection of the rights of persons, as well as of nature itself. In the end, the result is the same: guaranteeing ecological, social, and economic balance, as agreed since Stockholm in 1972, by encouraging the promotion of a sustainable development model.

        - DECISION OF THE TRIBUNAL: The appellant is not correct with respect to the protests it raises against the first-instance judgment being appealed. There are three grievances revolving around that verdict, namely, that there was an improper assessment of the technical evidence incorporated into the file; it claims the Court erred in assessing the application of the pro natura principle for this case and the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) used as a basis in the judgment; and lastly, it questions that the order issued in that judicial decision regarding the creation of a protection zone around the tree and the training of personnel has no normative support. With respect to the first grievance, this Tribunal proceeded to examine both the technical evidence issued by the official of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC) and that offered by the plaintiff and prepared by forest engineer Marvin Lizano López, in accordance with Article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria. From this analysis, it is concluded that, indeed, the tree targeted for removal is of the species almendro amarillo, it is located in the middle of a pineapple plantation, maintains an approximate height of fifty meters, is not within a protection zone or near any body of water, there are no constructions nearby around it, it has a hollow in its trunk, maintains a vertical position without inclination, with deep, well-supported roots, and also has a crown covered with foliage with green branches. The opinion of the SINAC official is that the tree is not dead or sick; it has suffered damage, but phytosanitarily it is in good condition and without danger of falling. In fact, he recommended the creation of a buffer zone or protection zone around it in order to avoid any risk to the personnel working in the plaintiff company, because due to its height, pruning is not viable, and given the reality that some branch could fall to the ground as a product of the regenerative process itself. For his part, engineer Lizano López verbally, during the hearing held by the Court, estimated that the tree presents some mechanical damages to the bark, damaged branches, said he observed fissures, and in his opinion, the tree has already completed its life cycle. He stated that creating a buffer zone would encompass an area of approximately seven thousand square meters, this being a loss for the plaintiff, besides considering that the tree generates no benefit. He also mentions that creating this safety zone would entail having to maintain a guard to guarantee respect for said zone, and added to that, the personnel would have to be trained. In the expansion of his report, offered in this Instance as evidence for a better resolution (images 92 to 99), he reiterated what was said in the verbal report he gave before the Court. Additionally, he added that: "... On Wednesday, May 23 of this year, a drone flight was conducted to observe the phytosanitary state of the tree at the top. According to the images attached in Anexo 1 and Anexo 2, symptoms of mortality are evident in various areas of the crown, and the presence of termite mounds is also observed. No cavities are observed that present potential for future nesting of the great green macaw ...". The rest of the report is identical to what was stated at trial regarding the nesting of the great green macaw in this type of tree, concluding that the target for removal does not have the conditions for this nesting process given its phytosanitary conditions and being isolated from other similar species. Based on the foregoing, this Tribunal shares the reasoning and assessment issued in the appealed oral judgment, insofar as the tree, despite having suffered some damage, is still alive and without any danger. The thesis of engineer Lizano López is not acceptable because it is based on probability and not on certainty. That is, he asserts that given the conditions of mechanical damage, the tree is on its way to dying. On the other hand, the conclusion of the SINAC engineer is that the tree is indeed alive despite the fractures it has suffered; hence, he recommended the creation of the buffer zone protested by the party. Thus, as the tree targeted for removal is found to be alive, and its fractures do not compromise an imminent fall, according to the technical opinion, the provisions of Article 108.1 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), applied supplementarily in this matter in accordance with Articles 6 and 26 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, are not met, as it provides: "The summary proceeding for removal shall proceed when the poor state of a building, construction, tree, or property constitutes a threat to the rights of the possessor or passers-by, or could harm public goods." Moreover, the technical report rendered by the forest engineer offered by the plaintiff is based, among other things, on the impact that the tree generates on the pineapple activity carried out on the property, distinct from the one issued by SINAC, which assesses the phytosanitary state of the tree, whether it causes risk, and the safety measures that could be adopted. Since it was not proven that the tree, despite its fractures, is in an imminent situation of falling, the appropriate course is to dismiss the claim, as an adequate analysis of the technical evidence was made, where, as indicated, it was established that the tree is healthy and there is no danger of imminent fall.
      - Regarding the second grievance, it is rejected. The claim is based on the sense that the party says the appealed verdict was based on a Voto of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) directed at prohibiting the cutting and use of almendro amarillo trees, given that they are a nesting source for the great green macaws, which are in danger of extinction. In its argument, it points out that the precedent is not applicable to this matter because in the case under examination, removal is not being requested to utilize the wood, but because of a risk of the tree falling. In this regard, it must be remembered that in this type of proceeding, the scope of study is set forth in Article 108 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil). That is, the purpose of the summary tree removal proceeding is focused on determining if a species causes a danger or threat, given its phytosanitary conditions, to the possessors, passers-by, or could harm public goods. Of course, the particularity of this type of case, when requested regarding a tree, reaches more extensive dimensions due to the included environmental variable. In the case under examination, this Appeals Chamber does not share the challenge raised on this specific point. While it is true, the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) number 2008-13426 was issued in light of preventing the cutting and use of the almendro amarillo species, a case which is not the object of the dispute in this cause, it does highlight the need to maintain this species for the nesting process of the great green macaw, which is in danger of extinction. Therefore, this turns out to be an additional ground to reject the cutting of the tree that is the basis of this matter, considering that, despite its fractures, the tree is alive and does not represent a danger of falling. This constitutional ruling was issued in 2008, and reflects, indirectly, the need to maintain the preservation of other non-human species due to the importance it generates for the balance of ecosystems (biocentric and ecocentric profile of environmental law). In the aforementioned constitutional ruling, it was reasoned: "... The Costa Rican State undertook to protect flora and fauna, especially those species that are in danger of extinction, an obligation it acquired through various instruments of International Law and reinforced by approving legislation that ensures the preservation thereof. Those commitments result in being mandatory for all public powers, since the competent bodies for those purposes decided to approve them and incorporate them into our legal system. That situation imposes, consequently, a multiplicity of demands on our Government, which range from the planning and execution of public policies, the allocation of resources, and the promotion of a culture, all aimed at the conservation of the environment, to the need to refrain from executing a conduct or measure, adopting any resolution, or approving any normative provision - of legal or sub-legal rank - that might injure or threaten the preservation of any of those species that are in danger or on the path to extinction. In that sense, in almost all the norms incorporated into the legal system, the State not only committed to ensuring the well-being of flora and fauna at risk, but additionally, contracted the obligation to protect the habitat and ecosystem in which they relate and develop. This commitment is more than reasonable, as any species will very hardly manage to survive on its own while its environment is not safeguarded, because if its habitat and ecosystem are threatened, or perhaps destroyed, it will be left without a place to inhabit, feed, grow, or reproduce; that is, it will be destined for disappearance ...". Thus, the plaintiff's arguments are centered on affirming that the tree is no longer suitable for the nesting of the great green macaw given its conditions; however, as that is not the object of this proceeding, its claim must be denied, since, as the appealed judgment explained, the constitutional verdict serves to reflect, in this matter, on the importance of maintaining the species, especially when it does not represent a danger to persons or passers-by. Likewise, it must be taken into account that if the tree is not suitable for nesting, as the appellant maintains, it could serve positively for soil improvement, regulating microclimates, increasing carbon sequestration, improving biodiversity and the scenic landscape, just to mention some forms of positive impact that the tree would have within the pineapple plantation. For these reasons, the grievance is rejected.

IX.- Regarding the third claim, the appellant is also not correct. The disagreement is directed at the Court's order regarding the creation of a buffer or safety zone in a perimeter around the tree subject to the conflict and the training of personnel working for the pineapple company. The appellant protests that this order was issued without any type of normative support. On this aspect, it is relevant to cite that the basic norm of the Costa Rican State on environmental matters, which inevitably influences all legal branches and statutes, is Article 50 of the Political Constitution, which reads: "The State shall seek the greatest welfare for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions. Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law to be created for these purposes, and priority shall be given to the supply of drinking water for the consumption of persons and populations." As mentioned, prior to the constitutional amendment of 1994, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice had already recognized the right to the environment from diverse perspectives and spheres, which defined the content of that constitutional guarantee. Similarly, fundamental legal reforms were produced that established the bases of the current State environmental institutional framework. After the constitutional reform of 1994 in that cited article, the guarantee of the right to the environment is recognized. This declaration includes these elements: a) the express constitutional recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, b) the obligation of the State to protect the environment, c) the broad active standing of those who feel their right to the environment has been violated, d) the incorporation of sustainable development as a development model for activities carried out in the national territory. The integration of sustainable development in all productive activities becomes a mandate in order to ensure sustainability, the preservation of life systems, and the generation of wealth. That is, productive activity must be developed incorporating the environmental variable, to achieve the objectives of wealth generation and economic dynamization, without harming ecosystems or species in order to fulfill the right of future generations to have sustainable and adequate life systems: the principle of intergenerational solidarity. On the other hand, the technical-scientific substratum arises as the basis for the interpretation of environmental protection norms. New technologies, scientific discoveries, and modern ways of ensuring the preservation of biodiversity constitute the nucleus from which environmental legal norms must be applied. In this sense, environmental law breaks with the traditional system of application and interpretation of legal norms, given the object to be protected, which is vulnerable and changing. The owners of properties and those who develop productive activities, due to Article 50 of the Constitution in its second paragraph, must submit to the regime of environmental limits and limitations on their goods and activities. Therefore, precautionary, preventive, non-regression, inter- and intragenerational solidarity principles, just to mention a few, must also be incorporated. As well as the internationalization of the environmental burden of activities and projects accused of being harmful to the environment, and nature must be effectively protected through ecological criteria. But without diminishing the value and effectiveness of other rights and faculties of diverse nature granted by Law to social and state actors. In this line, the aim is therefore to respect the constitutional postulates of health, environment, life, sustainable development, as well as property, freedom, and economic development. In the case under study, the appealed decision allows the continuity of the pineapple production activity while safeguarding the forest species cedro amarillo that must be kept alive according to the technical opinion of the competent state entity, which also provides a temporary technical-scientific solution to safeguard the integrity of the persons and goods located on the parcel where the tree is situated. Added to the above, Article 1 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) stipulates: "The purpose of this law is to conserve biodiversity and the sustainable use of resources, as well as to fairly distribute the benefits and costs derived thereof." This same legislation includes the principle of the environmental function of property (Article 8), as an end to be considered jointly with the other functions of ownership, such as the social and economic ones. The legal basis for proceedings of this nature of removal must address safety issues, and in this case, given the temporary measure of a buffer zone that is ordered, it manages to lessen the risk that a fall might injure any good or person. It must be mentioned that regarding this species, national scientific studies have pointed out: "The almendro (Dipteryx panamensis, Pittier) is a native forest species of the family Fabaceae, subfamily Papilonaceae, with a natural distribution from the lowland forests of Nicaragua to Colombia (Flores 1992, Romo 2005). In Costa Rica, it is abundant in the Caribbean and throughout the Huetar Norte region of the country (Castañeda et al. 2000). Once it reaches maturity, it is a prominent tree that forms part of the upper canopy and can reach up to 60 m in height and a basal diameter of up to 2 m. This species presents a cylindrical bole and wide basal roots, however, it does not present buttresses. It has ascending branches that form a hemispherical crown and presents a very attractive pinkish-violet flowering (Gamboa 2008; Fournier 2003). The wood of the species has a high commercial value due to its hardness and specific gravity, which ranges between 0.83 – 1.09 gr/cm3 (Vozzo 2002; Carpio Malavasi 2000). Its air-drying is rapid, but with a tendency to crack. It presents high natural resistance to attack by biological agents (fungi and bacteria) and a high potential for carbon sequestration plantations; however, its high content of tyloses and tannins makes preservation difficult (Flores 1992; Fournier 2003; Losi et al. 2003). The importance of the species in Central America and the region lies in its high demand in international trade for flooring (ITTO 2016, Ravenshorst et al. 2013). In Costa Rica, it has been declared under a ban due to its dietary relationship with endangered birds, which motivated a declaration by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) (Judgment 2008-13426) prohibiting the use of the species throughout the national territory (Camacho 2015). Over the last 15 years, the growth and propagation of this species in Costa Rica has been the subject of study and addressed by numerous authors (Delgado et al. 2003, Piotto et al. 2003, Petit and Montagnini 2006, Alice et al. 2004, Schmidt 2009, Montagnini 2010), among others. ... They also mention the importance of this species for providing environmental services (soil, biodiversity, and climate) (Piotto et al. 2003a, Brenes 2007). In particular, the species' potential for long-term carbon sequestration and fixation has been mentioned by (Redondo-Brenes 2007, Ruiz-Jaén and Potvin 2010)."

.(Serafín Ródano Filomeno Alves-Milho

. Potential for genetic improvement in Dipteryx panamensis Pittier (FABACEAE). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018 en

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/9882/potential_mejoramiento_genetico_dipteryx_panamensis_pittier.pdf?sequence=1&isAllowed=y). As can be deduced, the species is valuable for its environmental services, and the fact that it is not found within an area with more species does not diminish its value and potential to be a nesting site for the great green macaw and other biodiversity that may require it. The temporary maintenance of this species in a responsible and technical manner by the applicant for the removal is necessary given the technical justifications of MINAE and is suited to the exercise of private property and freedom of enterprise in compliance with sustainable development and the obligation to safeguard natural resources. All in a reasonable and proportional manner; just as is the specific case subject to appeal. Thus, contrary to what was questioned by the party, this Tribunal shares the decision issued in the judgment by virtue of the fact that Article 108 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), applied supplementarily in this matter, in its point 3 stipulates: "... In the granting judgment, the removal or the adoption of permanent security measures shall be ordered ..." (The underlining does not correspond to the original). That is, it is viable in this type of proceeding to resolve whether or not to cut the tree subject to removal, or alternatively, the adoption of some security measure, including of a permanent nature. In that line, the appealed ruling ordered, among other things, the following: "... The plaintiff, as a prevention and safety measure, must create a BUFFER zone with a minimum radius of fifty meters around the almendro amarillo tree subject to the proceeding, located on the farm of the Partido de Alajuela registration number three three nine nine nine six nine – zero zero zero ...". In the reasoning part of the judgment, the judge issues the measure based on the technical recommendation issued by the SINAC engineer. The objection by the appellant is based on the opinion of Forest Engineer Lizano López regarding the loss that the company would suffer over a sector of the land that would have to be left to guarantee that safety zone around the tree, and, furthermore, because he considered it generated no profits. However, its claims are not acceptable by virtue of the fact that the security measure imposed by the Court seeks to guarantee a protection zone precisely for the same personnel working in the plaintiff company, jointly with the protection of biodiversity. Therefore, if its concern lies in the fall of the tree, which was proven not to be the case, it is plausible to issue a security measure that safeguards the integrity of its personnel and the tree itself, which entails the environmental burden of its pineapple activity in this specific case, which could signify the destination of a small space of land for the conservation of that forest species. Thus, the order of the Court which is being appealed before this Instance does have normative support precisely in section 3 of article 108 analyzed above in this judicial ruling, and Article 50 of the Political Constitution, as well as the technical-scientific support issued by SINAC. Likewise, it is not true that the verdict ordered the training of all the company's personnel on that safety zone, although reasonably it must be a duty that the plaintiff assumes as a consequence of the measure imposed in the appealed judgment. Finally, the party questions the imposition of the security measure, considering it affects its activity; however, it did not provide another remedy different from cutting the tree so that this Instance could evaluate a second alternative as a security measure and determine which was the most viable. This procedural omission means that in this matter, there is a single technical recommendation, which was the one adopted by the Court and which the party objects to only in the sense that what was advisable was the cutting of the tree subject to the conflict. The burden of proof for the controverted, constitutive, and impeditious facts falls on the party who invokes them in their favor.

The concept of burden of proof must be understood as the obligation of a party to offer, adduce, or present evidence at the opportune procedural moment (doctrine of Article 477 of the Labor Code and Article 41.1 of the Civil Procedure Code). Therefore, its protest is not well received and, being unfounded, shall fail.

X. - By virtue of the foregoing, Article 50 of the Political Constitution, 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, of 1966, 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Economic, Social and Cultural Rights, known as the Protocol of San Salvador of 1988, 6, 26, 48 and 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, 108 of the Civil Procedure Code, the appealed judgment is confirmed, insofar as it has been challenged.

POR TANTO:

The evidence for better resolution offered before this Instance by the plaintiff is admitted. The appealed judgment is confirmed, insofar as it has been challenged.

EXP: 24-000061-0298-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

*?DGRJUVHBP???*

3DGRJUVHBP061

GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A

DECISOR/A

*ZC?P??HQIM?E??*

ZC9P43HQIM2E61

MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA -

JUEZ/A DECISOR/A

*?CRBX?IISO???*

3CRBX5IISOW61

MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A

DECISOR/A

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