Res. 01239-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Challenge to Tivives Protected Zone dismissed on statute of limitations and lack of standingImprocedencia de impugnación de la Zona Protectora Tivives por caducidad y falta de legitimación

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 01239 - 2024

Fecha de la Resolución: 29 de Febrero del 2024 a las 10:15

Expediente: 18-008969-1027-CA

Redactado por: Carlos José Mejías Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Patrimonio natural
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Dominio público
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

18-008969-1027-CA - 0




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SALINAS DOS




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

Nº N° 2024001239

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN PRIMERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con quince minutos del veintinueve de Febrero del dos mil veinticuatro.-

 

Proceso de conocimiento declarado de puro derecho interpuesto por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINA DOS, cédula jurídica 3-002-000167, representada por su apoderado generalísimo Miguel Ángel Carvajal Gatgens, mayor, casado, agricultor, vecino de Esparza de Puntarenas, portador de la cédula de identidad número 6-0074-0681, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representada por su apoderado especial judicial Juan Carlos Jurado Solo, carnet de colegiado 8553 y el ESTADO, representado por la Procuradora Susana Fallas Cubero, carnet de colegiada N° 9669. Participa como patrocinio letrado de la parte actora, el Lic. Juan Arturo Abdelnour Granados, carnet de colegiado N° 10226.

RESULTANDO

I.- En fecha 19 de octubre del año 2018, la actora interpone el presente proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: "PRIMERO: Con lugar la demanda en todos sus extremos. SEGUNDO: La NULIDAD del Acuerdo de Junta Directiva del IDA (hoy INDER) artículo 04, de la Sesión Ordinaria Número 024-2011, celebrada el 04 de julio del 2011 (En relación con el Asentamiento Campesino Salinas Dos) por haberse dictado en contra del Ordenamiento Jurídico (Art 158 LGAP). TERCERO: La NULIDAD de la escritura N° 40, visible al folio 050 fte del Tomo 5 del Protocolo de la Notaria del Estado Ana Milena Alvarado Marín, de las 14:50 horas del 17 de noviembre del 2011; por haberse dictado en contra del Ordenamiento Jurídico (Arts. 85. 87 y 158 LGAP). CUARTO: Que los terrenos expropiados a la empresa INYESTMENTS OF AMERICA, utilizando fondos del programa de Asignaciones Familiares para destinarlos a un programa agrario de campesinos carentes de tierra, no son TERRENOS DEL ESTADO, y que el INDER (antes ITCO- después IDA) era y es un simple administrador, con la obligación de cumplir con lo ordenado en el Decreto Ejecutivo 7913-6 de diciembre de 1977. QUINTO: Que el Decreto Ejecutivo 17023-MAS de 06 de mayo del año 1986 que creó la Zona Protectora de Tivives no cumplió con lo exigido en la ley 4465 y su Reglamento OE 2923-A. Se debía cumplir con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley (en los casos de propiedad privada, el Poder Ejecutivo debía determinar mediante decreto, caso por caso, elaborado por la Dirección Forestal, las áreas afectadas: del decreto ejecutivo 2923-A (Reglamento a ley 4465) artículos 37 (a- Definición de objetivos. b- Ubicación del área. c- Estudio de tenencia de la tierra. d- Censo de pobladores del área. e- Evaluación de tierras a comprar o expropiar. f. Estudio de la forma de financiación. g - Deslinde y medida del terreno. h- Confección de planos. i- Redacción de Decreto y su aprobación) 41 (aspectos que se debían tener en cuenta para la clasificación de los terrenos), pero ninguna se cumplió en absoluto, ni siquiera en forma parcial por lo que adolece de vicios insalvables de invalidez e ineficacia. SEXTO: Que los terrenos afectados por el Decreto 17023-MAG que creó la ZPT, ya estaban afectados y congelados por la ley Especifica 5582 de II de octubre de 1974- Ley Caldera- dictada para el contrato de préstamo con el Banco de Importaciones y Exportaciones de Japón para la construcción del Puerto de Caldera y por el Decreto Expropiatorio 7913-G de 23 de diciembre de 1977, por lo que no podía un decreto con rango inferior a una ley, afectar esos terrenos sometidos a "RESERVA DE LEY" (PGR C-267-83, C 156-91, C-180-95: Votos Sala Constitucional 04431-11, 03550-92, 14004-08, 00738-03, Tribunal Contencioso Administrativo. Sección III,  Res. 00345-13, Res. 02020-10 [sic]. SEPTIMO: Que el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG, promulgado el 06 de mayo de 1986, se fundamentó según el texto del Decreto, en la ley Forestal 4465 de 25 de noviembre de 1969 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 2923-A de 22 de enero de 1973, ley vigente hasta el 01 de mayo de 1986, por cuanto el 02 de mayo de 1986, entró a regir para la administración [sic], la ley Forestal 7032, que fue una reforma integral de la ley 4465 con un texto y articulado diferentes; por lo que al momento de promulgarse el decreto 17023-MAG, la ley 4465 ya no estaba vigente desde 4 días antes, lo cual lo vicia de nulidad absoluta. OCTAVO: Que el Decreto Ejecutivo 17023-MAG de 06 de mayo de 1986, se publicó en la Gaceta N° 101 de 2 de junio de 1986, de texto y articulado que no coincide con la creación de un área Silvestre Protegida, señalado en la ley Forestal 7032 vigente al momento de su publicación y promulgación; ley que fue publicada en la Gaceta N° 81 del 07 de mayo de 1987 y su reglamento, Decreto 16896, publicado en la Gaceta N° 100 de 30 de mayo de 1986; por lo que la ley forestal 4465 y su Reglamento 2923-A no estaban vigentes al momento de la publicación del Decreto 17023-MAG, que según el encabezado del citado decreto le daba sustento; por lo que adolece de graves vicios en los elementos constitutivos del acto y lo vicia de nulidad absoluta. NOVENO: Que se promulgo un decreto ejecutivo (6 de mayo de 1986) fundamentado en una ley no vigente desde 4 días antes de su promulgación (2 de mayo de 1986); por lo que adolece, al menos, solo por esta razón, de vicios insalvables en los elementos esenciales constitutivos del acto administrativo (Arts. 131.132 y 133 de la LGAP). DÉCIMO: Que al estar viciada de nulidad absoluta el decreta de creación de la Zona Protectora de Tivives, el único remedio procesal previsto en el ordenamiento es la nulidad, conforme al artículo 172 de la LGAP. DECIMO PRIMERO: Para que se declare la NULIDAD E INAPLICABILIDAD HACIA El FUTURO (EX NUNC) conforme al numeral 40 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativa, del Decreto Ejecutiva, 17023-MAG de 06 de mayo del año 1886 que creó la Zona Protectora de Tivives, por haberse dictado en contrario al ordenamiento jurídico, y estar viciado de nulidad absoluta (Arts. 158 y 166 de la Ley General de Administración Pública). DÉCIMO SEGUNDO: Que se condene a los demandados al pago de ambas costas de esta acción”. Adicional a lo citado, la parte plantea una pretensión subsidiaria para que en sentencia se declare: “PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. SUBSIDIARIAMENTE: Para el caso de que no se dicte la nulidad del Decreto 17023-MAG que creo la Zona Protectora de Tivives, se declare que, únicamente podría aplicarse, según lo dispuesto en el citado decreto artículo 5°, en relación con el numeral 4°, ibídem, en la franja de amortiguamiento de 20 metros que bordeara (sic) el límite del manglar (Se entiende que se refiere al Manglar de Tivives) y/o, en los terrenos que pertenezcan al Estado conforme a la ley; por lo que resulta absolutamente inaplicable en terrenos de propiedad privada, los cuales dejarían de serlo, solo cuando el Estado los adquiera, ya sea por compra directa o por expropiación, mediando necesariamente- interés público legalmente comprobado- previa indemnización, entendiéndose que todas las demás pretensiones se mantienen”. (Ver imágenes 14-16 del expediente judicial digital).

II. Otorgado el traslado de ley, el Estado contestó negativamente la demanda en escrito de fecha 09 de abril de 2019, alegando caducidad en contra de las pretensiones 3, 5, 7, 8, 9 y 10, falta de legitimación ad causam activa respecto de la pretensión subsidiaria y falta de derecho. Por su parte, el INDER contestó negativamente en fecha 22 de abril de 2019, invocando las defensas de caducidad, falta de legitimación ad causam activa y falta de derecho. (Ver imágenes 39-66, 202-214 del expediente judicial digital).

III. La parte no realizó réplica. (Los autos).

IV. La audiencia preliminar fue realizada el día 10 de marzo de 2020, con presencia de todas las partes. Se definieron los hechos controvertidos, se ajustaron las pretensiones y se admitió prueba de tipo documental, procediéndose a declarar el asunto de puro derecho y se rindieron conclusiones de manera oral. (Audio en SIGAO y minuta a imágenes 372- 411-414 del expediente judicial digital).

V. El presente asunto se encontraba, originalmente turnado desde el 29 de setiembre de 2021 al juzgador Gustavo Irías Obando (imagen 415). No obstante, en ocasión del rediseño del Tribunal, el presente asunto fue returnado al juez ponente Mejías Rodríguez en fecha 1 de agosto de 2023, esperando a turno conforme el acuerdo 11.VI.2023 de la Comisión de lo Contencioso Administrativo de la sesión del 27 de julio de 2023, para ser conocido en el turno de febrero - marzo 2024, bajo el criterio de antigüedad. Conforme los arts. 100, 101, 104 a 111 y 119.1 del CPCA (Ley N° 8508), art. 60 incs. 1, 4 y 5, art. 79 incisos 4, 5, 6 y arts. 81, 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (Circular 001-08), arts 7, 8 incisos b, c y d, arts. 12 incisos a, b, c y d, arts. 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General de Control Interno (N° 8292), así como el acuerdo 3° del acta N° 7 de la Sesión ordinaria del 1° de setiembre de 2023 de la Comisión de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta el juez Mejías Rodríguez, con el voto favorables de las Juezas Bolaños Salazar y Gómez Chacón.

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y DE LOS HECHOS PROBADOS: Si bien es cierto las partes presentaron sendos elementos documentales, lo cierto es que este asunto es, exclusivamente, un tema eminentemente jurídico. Así, si bien las partes aportan copias de sentencias, dictámenes de la Procuraduría General del Estado y expedientes legislativos, debe advertirse que ninguno constituye elementos de convicción directos, en términos de acreditación de un hecho, sino que son, en el fondo, parte de los agravios que las partes plantean para sustentar el eje de discusión de la temática jurídica a definir y que está planteada en las pretensiones, de manera declarativa en tanto buscan que se defina, judicialmente, los parámetros jurídicos aplicables del espacio territorial que ocupa la afectación de la denominada Zona Protectora de Tivives. A ello, si bien, la Procuraduría, en el marco de su Ley Orgánica posee la capacidad de emitir dictámenes que son vinculantes para los entes que se someten a su criterio, empero, ello no alcanza a tener el mismo efecto hacia la jurisdicción contenciosa administrativa, de ahí que, en el fondo, sean tratados dichos documentos aportados como parte de agravios para sustentar una u otra postura de quienes participan de este proceso de conocimiento, por lo que se tienen como elementos de convicción para acreditar como HECHOS PROBADOS: 1) Que en el cantón de Esparza, distrito de Caldera, se encuentra la Zona Protectora Tivives, parte del Área de Conservación Pacífico Central, administrada por el MINAE, regulado por el Decreto 17023 con vigencia desde el 2 de junio de 1986, publicado en la Colección de Leyes y Decretos al Semestre 1 del año 1986, tomo 3, página 463, modificado por el artículo 71 de la ley 7575 del 13 de febrero de 1996 (el cual fue anulado por el voto 7294-1998 de la Sala Constitucional) y por el decreto 42404 del 6 de abril de 2020 (Archivos “Ley 7915 y ZPTIVIVES.pdf” y “ZONAPROTECTORA_TIVIVES_50_LAMB_DECRETO17023.pdf” en CD de prueba 3 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional - Registro Nacional, Departamento de Geomática, Subproceso de Control de Calidad y Normativa Geoespacial). 2) Por medio de oficio O.R.F.P.C. 180-95 de fecha 8 de marzo de 1995, la Oficina Regional Forestal Pacífico Central, de la Dirección General Forestal del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (hoy MINAE), comunica a la Asociación de Parceleros Salinas II, en manos de su presidente Miguel Carvajal Gatgens, en lo que interesa: “Es de nuestro conocimiento, la invasión de que ha sido objeto la Zona Protectora Tivives por parte de la Asociación de Parceleros Salinas II, la cual usted representa. Concretamente en el Alto de la Mesas, desde mediados del año 1994 su representada ha hecho uso del suelo con labores de sobrepastoreo. Asimismo han levantado y reparado cercas. De acuerdo con resolución de la Sala Constitucional número 1763, del 13 de abril de 1994, cualquier concesión ó arriendo queda sin efecto alguno. En consecuencia toda labor que se realice en la Zona Protectora sin la respectiva autorización de la Dirección General Forestal, estaría violando la Ley 7174. Así entonces las acciones llevadas a cabo por la Asociación de Parceleros Salinas II, en el Alto de la Mesas violan los artículos 70, 72 y 118 de la Ley Forestal. Por las razones antes expuestas y considerando que se le está causando un daño a los Recursos Naturales, se le conceden 10 DÍAS HÁBILES para que desalojen los terrenos ocupados”. (Imágenes 75-76 del expediente judicial digital). 3) Por medio del artículo 4 de la sesión ordinaria 024-2011 de fecha 4 de julio de 2011, la Junta Directiva del IDA, acuerda el traspaso de 25 predios al MINAET correspondientes a 13 asentamientos del IDA, entre ellos, el proyecto Salinas II. (Folios 21-22 del expediente administrativo aportado por el Estado en físico y folio 13 frente y vuelto del expediente administrativo “Reserva Salinas II” aportado en físico). 4) Que por medio de escritura Pública N° 40 visible a folio 050 frente del tomo 5 del Protocolo de la Notaría del Estado Ana Milena Alvarado Marín de las 14:50 hrs del 17 de noviembre de 2011 se traspasaron de la finca 800700-000 (proyecto Caldera), 570 hectáreas al Estado en Administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (Folios 23-27 del expediente administrativo aportado por el Estado en físico y 53-60 del expediente administrativo “Reserva Salinas II” aportado en físico).

II.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados relevantes para el presente asunto: 1. Que la asociación actora haya sido propietaria o poseedora bajo algún título habilitante, arriendo o similar,  de las zonas demarcadas dentro del decreto 17023. (Los autos).

III.- OBJETO DE LA DEMANDA: En la demanda, réplica y conclusiones, la parte actora, después de hacer lo que consideran un recuento histórico respecto del nacimiento del proyecto Puerto Caldera y la regulación que ha tenido en el tiempo, así como el nacimiento de la Zona Protectora Tivives, señala que, el 19 de octubre de 1993, obtuvo un contrato de arriendo con el IDA, con un abarque de cien hectáreas, en la denominada finca “Salinas dos”, ubicada en el Alto de las Mesas de San Juan Grande de Esparza, para el desarrollo de actividades agropecuarias, por un plazo de 10 años prorrogable. Apunta que, mediante Oficio O.R.F.P.C. 180-95, fechado 08 de marzo de 1995, se les requirió, por parte de la Oficina Regional Forestal Pacifico Central del Ministerio de Recursos Naturales. Energía y Minas, desalojar el terreno dado en arriendo por el IDA, alegando que estaban afectados por el Decreto de Zona Protectora de Tivives. En un antecedente judicial, por resolución 2495-90 el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda había declarado nulo el decreto 17023-MAG. Explica que, para el año 2011, mediante escritura pública N° 40 visible a folio 050 frente del tomo 5 del Protocolo de la Notaría del Estado Ana Milena Alvarado Marín de las 14:50 hrs del 17 de noviembre de 2011, se traspasaron de la finca 800700-000 (proyecto Caldera), 570 hectáreas al Estado en Administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, consignándose en la naturaleza de los terrenos “… para la agricultura, viviendas y calles públicas”. Expone que dicha transferencia, violenta la transferencia de competencia en el marco de los numerales 85 y 87 de la Ley General de Administración Pública (LGAP). Detalla en su teoría del caso, que los terrenos previamente expropiados por el proyecto Caldera se utilizaron fondos del programa de asignaciones familiares con el destino irrevocable de creación de un programa para campesinos carentes de tierra. Por tal motivo, el IDA estaba inhibido para arrendar esos terrenos afectados por la Ley Caldera, y por ende sujetos a reserva de ley: es decir que, para superar esa limitación, sólo podía resolverse mediante una ley. Esta circunstancia fue señalada contundentemente por la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-267-83 del 09 de agosto de 1983. Para superar esa restricción, se recurrió a una norma atípica en el caso concreto, la ley de presupuesto para el año de 1986 número 7018 de 20 de diciembre de 1985, articulo 63. Posterior a ello, en mayo de 1986, es que se crea la Zona Protectora Tivives por decreto 17023-MAG, afectando áreas que, previamente, estaban sometidas por la Ley Caldera (y su decreto de regulación 7913-G), con el defecto de que el texto y articulado no coincide con una ASP contenido en la Ley Forestal 7032 y su reglamento 1986, ambas normas de vigencia posterior, con lo que existe un vicio insalvable en los elementos esenciales constitutivos del acto administrativo (art. 131, 132 y 133 LGAP). Además, alega que, previo a dicho decreto, no se realizó el necesario estudio de tenencia de tierra, en contravención de la reserva de ley Caldera y del decreto 7913-G, pretendiendo “brincarse” dicho régimen. Detalla que, el decreto de creación de Tivives como Zona Protectora, vino a afectar en 1995, al contrato de arrienda que tenía la accionante desde 1993 con el IDA, donde incluso algunos asociados eran poseedores desde 1983 y 1989, siendo ello la fase inicial para posteriormente otorgarse títulos de propiedad. El señalado oficio O.R.F.P.C. 180-95 buscó sacar del espacio arrendado a sus arrendados invocando que eran parte de la señalada Zona Protectora. Afirma que, en su criterio, dado que las pretensiones incluyen una declaración de nulidad ex nunc (hacia futuro) por imperio del art. 40 CPCA no aplica ni la cosa juzgada ni la caducidad, invocando el voto de la Sala Constitucional 2765-96, así como el art. 21 inciso 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Apunta que hubo convenios entre el IDA y el MINAE para traspasar terrenos inscritos a nombre del primero, para inscribir Patrimonio Natural del Estado al amparo del voto 1763-94 de la Sala Constitucional, entre ellos, un convenio de 1996, el cual no fue aprobado por la Contraloría General de la República según oficio DAJ-0424 del 7 marzo de 1997, además de otro intento de convenio en 2004, siendo nuevamente rechazado por oficio DI-AA-1605 fechado 17 de julio del 2004. En ambos se acotó que la transferencia de competencias no era posible vía convenio, salvo que existiese norma expresa habilitante, sin mencionar que la LGAP en su numeral 87 señala que la transferencia debe ser temporal, con lo que la transferencia hacia el MINAE es inválida. Posterior a ello, se emite otro informe de la Contraloría DFDE-ED-07-2007 y se crea un nuevo convenio, el cual no fue sujeto a referendo, el 5 de agosto de 2008. Así, mediante la señalada escritura N° 40 del 2011 ya referida, se trasladan los terrenos que se impugna.

IV.- DE POSICIÓN DEL ESTADO: El Estado interpone la excepción de caducidad de la acción respecto de las pretensiones 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, basándose en que se intentó la declaratoria de nulidad tanto al amparo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (Exp. 06-000318-0163-CA) como al amparo del CPCA arts. 62.1.a, 66.1.g y k, 92.7 y 120 (Exp. 10-001739-1027-CA). A partir de esa publicación del decreto impugnado, transcurrió el plazo para la interposición de la acción: de 2 meses, conforme al artículo 37.1.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; o de 4 años al tenor del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública en su texto entonces vigente (ya sea que se trate de nulidad relativa o absoluta) y del plazo del transitorio III del CPCA. Aspecto que ya fue resuelto por los votos 10-F-S1-2013 y 1208-F-S1-2014 de la Sala de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, siendo inaplicable el art. 40 inciso 1) del CPCA, y en concordancia con el voto 227-F-S1-2016, 27-F-S1-2018 de la Sala Primera, y voto del Tribunal de Casación de lo Contencioso 97-F-TC-13 y 4-TC-A-2015. Con respecto a la pretensión anulatoria 2 y 3, siendo que la escritura No. 40 otorgada el 17 de noviembre del 2011 se inscribió en el Registro Nacional el 30 de noviembre del 2011 (véase el expediente administrativo de esa escritura), al haber transcurrido más de un año desde esa inscripción (la finalidad del Registro es precisamente la publicidad) y la interposición de este proceso (artículos 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 175 de la Ley General de Administración Pública). Por otra parte, alega una falta de legitimación activa, dado que la accionante no es propietaria ni lo ha sido en la Zona Protectora de Tivives y, de hecho, carece de bienes inscritos a su nombre, ello frente a la pretensión subsidiaria. En cuanto al fondo, considera que existe cosa constitucional respecto de las pretensiones 4, 6, 7, 8 y 9, por los votos 1763-94 (referencia expresa al área de Hacienda Salinas dentro de la Zona Protectora Tivives, reiterado por voto 8734-2009), 240-i-95, 5612-95, 12760-2005 (con antecedente en el voto 7294-98, en el cual el decreto en discusión deriva del art. 50 Constitucional) y 16935-2005 (estos dos últimos desestiman el agravio de contradicción con el proyecto Caldera en concordancia con el voto 8928-2004, así como la inaplicabilidad de la reserva de ley en áreas silvestres protegidas 5399-99 y 5975-2006), y 12825-2014 de la Sala Constitucional. En cuanto a la petitoria 5, afirma que, pese a la inexistencia del expediente administrativo del decreto, ello no significa que los estudios necesarios no se hayan realizado o que el expediente como tal no haya existido, siendo necesario aplicar en caso de duda, la aplicación del principio de indubio pro natura conforme el art. 50 Constitucional. Solicita condenatoria en costas, así como los intereses sobre éstos.

V.- DE LA POSICIÓN DEL INDER: En su contestación de demanda y conclusiones, invoca la excepción de caducidad de la acción. Manifiesta que el decreto 17023-MAG adquirió eficacia a partir de 1986 (fundamento: Ley General de Administración "Publica artículo 121.1). No importa sí en derecho se aprecia conforme al artículo 37.1 inciso b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, o al artículo 175 de la Ley General de Administración Pública, en ambos casos tomando en cuenta el transcurso de 32 años, es evidente y manifiesta la caducidad de cualquier acción en contra del Decreto 17023, por lo que esta representación solicita así declararlo en este proceso. No resulta aplicable en este proceso el artículo 40 inciso 1) del CPCA (petitoria 11'), en virtud del transitorio III del mismo Código y lo resuelto en el precedente jurisprudencial anteriormente citado (voto No. 10-F-S1-2013), así como voto 227-F-S1-2016, 10-F-S1-2013 y 97-F-TC-13. Con respecto a la pretensión anulatoria 3ª, siendo que la escritura No. 40 otorgada el 17 de noviembre del 2011 se inscribió en el Registro Nacional el 30 de noviembre del 2011, al haber transcurrido más de un año desde esa inscripción (la finalidad del Registro es precisamente la publicidad) y la interposición de este proceso (articulas 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 175 de la Ley General de Administración Pública), se solicita se declare su inadmisibilidad por caducidad de la acción e invoca como antecedentes el voto 4-TC-A-2015 y 1208-F-S1-2014. Así como la falta de legitimación activa sobre la línea de pensamiento presentada en la demanda, la parte actora trata de demostrar un derecho y por ende un interés prevalente, en razón del contrato de arriendo, firmado con el entonces IDA, por un plazo de diez años prorrogable. Sin embargo, independientemente de las valoraciones de legalidad sobre hechos de fondo, en lo aliente a dicho contrato, debe esta representación, puntualizar que el mismo no fue prorrogado por las partes en tiempo y forma tal como quedó previsto en la redacción, por lo que, acaecido el plazo del mismo, feneció la legitimación para la interposición de la demanda, tomando en cuenta que han transcurrido más de 20 años desde ese momento a la fecha. Aunado al hecho anterior, se puede notar que la Asociación de Productores de Salinas Dos no aporta ningún documento que demuestre propiedad alguna dentro de la Zona Protectora Tivives, resaltando que se constituye en actora con pretensiones a título personal y no en tutela de los intereses de sus agremiados o al menos difusos, sin que se acredite un derecho subjetivo o interés legítimo que se vea afectado por el decreto que pide nulidad y sobre el acuerdo de Junta Directiva del INDER. Insiste en que la parte actora apunta a un supuesto contrato con el INDER, de 100 hectáreas las cuales no se aporta prueba que hayan sido, de alguna manera, afectadas por el decreto impugnado. En cuanto al fondo, la parte actora no llega a detallar cuál es la causal de nulidad concreta que afecta el acuerdo de Junta Directiva, sino que alega de forma genérica, recargando la tarea al juez para que revise el acto, siendo ello carga de la parte. En cuanto a la pretensión 4, resulta infundamentada la posición del actor, ya que el INDER no es un simple administrador, sino que, en calidad de titular, sí funge en calidad de propietario, mismo que fue disminuido o limitado, ante la creación de la Zona Protectora de Tivives como parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que, sobre dicha área, el INDER no posee competencia alguna y, por ende, falta de legitimación pasiva. Solicita condenatoria en costas, así como los intereses sobre éstos.

VI.- SOBRE LA AFECTACIÓN MÚLTIPLE EN CASOS DE DEMANIO PÚBLICO: Sin necesidad de un desarrollo extenso de la clasificación de bienes en los términos de los numerales 261 y 262 del Código Civil, podemos sintetizar que la demanialidad proviene, groso modo, de tres fuentes: la afectación por ley, entiéndase cuando de manera expresa por norma aplicable se determina la naturaleza pública de un bien o tipo de bienes, cuando está afectos a la prestación de un servicio de utilidad general, y finalmente, los que aprovechan todos para el uso público. Ahora bien, bajo el principio del paralelismo de formas, una vez afecto el bien al régimen público, solamente a través de una desafectación expresa puede ingresar al tráfico de comercio. Con ello, siguiendo la jurisprudencia relevante en la materia, no es posible una desafectación tácita. De igual manera, la demanialidad no ha de entenderse como única o incompatible, sino que, dependiendo del régimen que se trate, puede ser que exista un destino único o múltiple y que éste, a su vez, pueda ser superpuesto o complementado con otros regímenes. Un ejemplo de ello lo da el régimen de vías públicas, el cual posee un régimen básico regidos en la Ley General de Caminos Públicos y normativa afín, que se complementa con regulación en materia de servicios de alumbrado público, aceras, alcantarillado pluvial, sanitario, distribución de agua potable, servicios telemáticos, servicio ferroviario, tránsito terrestre en general, transporte público, etc. Aún sistemas de protección tan restrictivos como el ambiental, en tema de parques nacionales, resulta compatibles con, por ejemplo, planos de manejo y explotación de tipo turístico. En el fondo, para definir cuál régimen es el predominante, su compatibilidad, limitaciones o alcance, es necesario ponderar con qué intensidad cada uno de ellos aplica a un caso concreto, a manera de capas superpuestas de regulación inmobiliaria pública o privada. De igual manera, esta coexistencia de regímenes puede significar que una desafectación no necesariamente implique la eliminación de todas las restricciones, sino que corresponde analizar el caso concreto, para así definir la situación jurídica aplicable. Finalmente, puede ser que exista una mutación demanial, en el que un destino público, sea cambiado por otro.

VII.- SOBRE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS DEMANIALES: En otra oportunidad, sobre el tema de Patrimonio Natural del Estado, esta Cámara de Jueces señaló: “X. Sobre los bienes de dominio público constituyentes del Patrimonio Natural del Estado: Este es un tema de amplio tratamiento jurisprudencial, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que : “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...”. De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2011). Tal como lo indica la Sala Primera en el voto de referencia, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra definido en lo expuesto en la Ley Forestal, normativa que expone además en su numeral 14 la condición de demanialidad que cubre a las áreas definidas dentro del Patrimonio Natural del Estado, señalando lo siguiente: "Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural: Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". Por su parte respecto a la inalienabilidad de estos terrenos señala el ordinal 15 de la misma norma: "Artículo 15.- Impedimentos. Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Conforme a los numerales anteriores es claro que los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado son de naturaleza demanial por vocación, los cuales por su condición son imprescriptibles e inalienables y se encuentran fuera del comercio de los hombres”. (Sentencia 2024001143 de las 19:49 horas del 23 de febrero de 2024).

VIII- SOBRE LA CADUCIDAD INVOCADA POR LAS PARTES: De previo a analizar la defensa de caducidad planteada por las partes, es necesario identificar cómo las pretensiones que acá se discuten se ven afectadas por la excepción que, en común, plantean ambos accionados, el Estado de forma limitada, mientras que el INDER de forma general en contra de todas las pretensiones. El tema petendi de este proceso se agrupa básicamente en dos grandes grupos: El primero, representado por las pretensiones 2 y 3, que atacan la decisión del INDER de trasladar terrenos al MINAE y el acto notarial que materializa tal decisión; y en otro eje en conflicto, encontramos las pretensiones 5, 6 (que se contrapone a la pretensión 4), 7, 8, 9, 10 y 11, a las cuales se les asigna la pretensión subsidiaria y que giran en torno a la validez y aplicación del decreto 17023. Sobre este último punto, encontramos que, si bien la parte actora hace un listado de ocho pretensiones, en realidad es una única pretensión, la cual es desagregada en agravios y no pedimentos en el sentido de los numerales 36 y 42 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), veamos: Se parte de las pretensiones 10 y 11 (esta última única pretensión en sentido estricto) que requiere que se declare la nulidad ex nunc del decreto 17023-MAG “por haberse dictado en contrario al ordenamiento jurídico, y estar viciado de nulidad absoluta” (art. 172 LGAP Y 40.1 CPCA), agregando que ello conforme los arts. 158 y 166 LGAP. Asimismo, la pretensión 5 suma de agravio “no cumplió con lo exigido en la ley 4465 [art. 71] y su Reglamento OE 2923-A [arts. 37, 41]”, las pretensiones 7 y 9 suma que “al momento de promulgarse el decreto 17023-MAG, la ley 4465 ya no estaba vigente” (arts. 131.132 y 133 de la LGAP), la pretensión 8 que “el texto y articulado que no coincide con la creación de un área Silvestre Protegida señalado en la ley Forestal 7032”. Por otra parte, ataca el mismo decreto en dos pretensiones idénticas, por un lado, la pretensión 4 que tiene el objetivo que se declare que los terrenos no eran del Estado para ser dispuestos, ya que estaban sometidos al Decreto Ejecutivo 7913-G, mientras la 6 afirma que los terrenos están afectos a la Ley 5582 y al mismo decreto. Todo ello con la pretensión subsidiaria de modular cómo aplica el decreto sobre propiedades privadas. Teniendo lo anterior claro, encontramos que los demandados invocaron la caducidad de ambos grupos de pretensiones, en los términos de los considerandos IV y V de esta sentencia. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Tomando en cuenta que la pretensión primera es una pretensión genérica sin contenido propio, se procede a analizar el agravio de caducidad en lo que refiere a las pretensiones 2 y 3. Lo primero a lo que debemos hacer referencia es que, tal y como lo señala el INDER en sus conclusiones, son estos pedimentos los cuales provocan que el Instituto sea parte de este proceso, al respecto, su alegato de falta de legitimación pasiva ha de rechazarse, dado que no consta en la teoría del caso que actor pretendiese incluir en alguna otra pretensión, responsabilidad para el señalado Instituto, con ello, al contener las señaladas pretensiones actuaciones que emanaron del predecesor del Instituto (antes IDA), le resulta a él imputable la condición de accionado, con lo que se configura la legitimación pasiva necesaria para este proceso, en los términos del numeral 12 del CPCA. Ahora bien, encontramos que se tratan de dos actos distintos, uno administrativo propio del codemandado y otro de naturaleza notarial. En ese sentido, al tenor de los autos (hechos probados 3 y 4), encontramos que la escritura pública N° 40 visible a folio 050 frente del tomo 5 del Protocolo de la Notaría del Estado Ana Milena Alvarado Marín es un acto ejecutorio del artículo 4 de la sesión ordinaria 024-2011 de fecha 4 de julio de 2011 de la Junta Directiva del IDA (hoy INDER). Ello es importante tenerlo en cuenta por dos razones fundamentales, la primera, es que la parte actora en ningún momento esboza un agravio concreto o particular en contra de la señalada escritura pública, sino que la enmarca en su tesitura general de la irregularidad del traspaso de terrenos al MINAE, y de segundo, que los actos ejecutorios como tal, resultan inimpugnables de forma aislada por imperio del art. 38.1 del CPCA. Así, ambas pretensiones deben verse juntas en el marco de lo que dispone el art. 42.2.a del mismo cuerpo legal. Con ello, si bien el Estado en conclusiones hace referencia a que ambas actuaciones preceden de un estudio vinculante de la Contraloría General de la República, encuentra esta Cámara de Jueces que el acto administrativo generador de estado no es dicho informe contralor, sino la decisión de la Junta Directiva del Instituto accionado. Con ello, al analizar los agravios de ambos demandados que fundamentan la defensa de caducidad invocada, encontramos que el acto fue efectivamente emitido el 4 de julio de 2011, mientras que esta demanda fue interpuesta hasta el 19 de octubre del año 2018 (resultando I de esta sentencia), a ello, al tratarse de una pretensión de nulidad de un acto base y uno ejecutorio, lo aplicable es lo dispuesto en el art. 39.1 del CPCA, el cual establece un plazo de un año para la interposición de la acción en contra del acto, con lo cual, al tenor de lo dicho, encontramos que el efecto extintivo de la caducidad había advenido seis años antes de la presentación de la demanda, dado que se contaba con plazo hasta el día 4 de julio de 2012, y aún si consideramos su notificación a lo interno de la institución el 5 de julio de 2011 que es cuando tal acuerdo es puesto en conocimiento del Área de Topografía de la Dirección Nacional Agraria del INDER, ya que se trató de un acto en el cual, los actores no formaban parte, con lo que, en consecuencia, no es posible aplicar el inciso 1.a del art. 39 referido, toda vez que no se trataba de un acto de alcances generales que exigiese un publicación (inaplicabilidad del inciso 1.b del art. 39 CPCA) y en el entendido de que los actos referidos no son de efecto continuado, resultando inaplicable el art. 40.1 del CPCA. Con lo anterior, lo procedente es acoger la caducidad de la acción en contra de las pretensiones 2 y 3. Por otra parte, en cuanto al alegato de las accionadas respecto de la caducidad de las pretensiones 5, 7, 8, 9, 10 y 11, ha de analizarse en un doble sentido, el primero, en tanto la impugnación del decreto 17023, se trata de un acto preexistente al Código Procesal Contencioso Administrativo, y por otra parte, si dicha actuación puede ser entendida como un acto de efectos continuados, en los términos del art. 40.1 del CPCA. En el primer aspecto, lleva razón la representación del Estado de afirmar que, con el advenimiento del CPCA, se establecieron reglas para impugnar en la nueva sede contencioso – administrativo actos previos a la vigencia de la norma procesal, siendo ello contenido en el Transitorio III del citado cuerpo legal que señala: “El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento” (resaltado es nuestro). A ello, no resulta atendible la posición de la parte actora pretendiendo aplicar reglas procesales contenidas en el CPCA, ya que el mismo cuerpo dispuso una forma de dimensionar en el tiempo la aplicación del propio cuerpo procesal. En esa línea, resultaría inaplicable el artículo 40 del CPCA para impugnar el decreto 17023, ya que el referido transitorio obliga a aplicar la normativa previa, por lo que resulta irrelevante si las pretensiones señaladas como 5, 7, 8, 9, 10 y 11 son requeridas a título ex tunc (retroactivo) o ex nunc (hacia futuro), ya que, la regulación procesal aplicable, es la de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa N° 3667 y sus reformas. Al respecto, la hoy derogada ley disponía en su artículo 37; “1. El plazo para interponer el juicio será de dos meses, que se contará: a) Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación; y b) En el caso de que no proceda la notificación personal, desde el día siguiente al de la publicación oficial del acto o de la disposición”, esta disposición, fue posteriormente interpretada auténticamente por la ley 4191 señalando “a) La publicación procederá cuando se trate de comunicar reglamentos”. Por su parte, el artículo 175 de la Ley General de Administración Pública, en su versión vigente para el año 1986, disponía: “Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de caducidad”. Así, ya sea invocando la norma procesal o la norma de fondo, para la interposición de la acción en 2018, se habían superado en demasía ambos plazos, por lo que la acción estaría igualmente caduca frente a estas pretensiones. Ahora bien, la parte actora en su teoría del caso busca que, en el marco referido de aplicación procesal, la caducidad en su juicio sería inoponible por la referencia al art. 21.2 de la Ley 3667, al señalar: “En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura”, siendo que el inciso a) refería “a) Los actos consentidos expresamente, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos…” (suprimiendo parte del texto conforme el voto 3669-2006 de la Sala Constitucional). Como se puede ver, la parte pretende con ese argumento enmarcar sus pretensiones al considerar al decreto 17023 como un acto consentido expresamente, reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, o confirmatorios de uno consentido, nulo de pleno derecho y de efecto continuado. Lo anterior nos lleva entonces al segundo punto, que es determinar si el decreto objeto de pretensiones posee tales características. En ese sentido, llevando razón el Estado en sus consideraciones, ya que estamos en presencia de lo que se conoce como cosa juzgada refleja, fenómeno al que se refiere cuando una situación fáctica ya ha sido jurídicamente definida en una cosa juzgada pero que no logra configurar los elementos necesarios de una cosa juzgada tradicional en el caso que se está fallando. Con ello, el Tribunal advierte que el asunto ya fue conocido y fallado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1208-F-S1-2014, en un caso en el cual, al igual que en esta causa, se pretendía atacar la legalidad del decreto 17023-MAG, al respecto, en dicho voto se expuso: “Conforme a lo indicado en el considerando precedente, y atendiendo a que este proceso fue interpuesto el 30 de marzo de 2006 y lo rogado es la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo no. 17023-MAG de 6 de mayo de 1986 (publicado el 2 de junio de 1986), esta Sala concluye que la normativa aplicable es la LRJCA, tanto por la pretensión esgrimida (nulidad absoluta de un acto administrativo de alcance general), así como por la fecha cuando fue interpuesto el proceso. Así las cosas, el Tribunal de manera acertada expresó, “Lo cual refueza [sic] que la nueva Codificación no se aplica al caso concreto, sino, por el contrario, la normativa sobre el punto vigente al momento de los hechos y presentación de la demanda.”(folio 1167). Lo anterior lleva a afirmar que el precepto 40 del CPCA, invocado por el casacionista, no resulta aplicable en este caso, así que el Tribunal no cometió ningún error al no fundar su criterio en esa disposición legal. V.- Por otra parte, aduce la vulneración del artículo 21 inciso 2) de la LRJCA, que de acuerdo al recurrente autoriza en cualquier tiempo impugnar un acto para su inaplicación futura, por tener vicios de nulidad absoluta. Sobre ese tema el Tribunal fue claro al indicar, “Cuando se promulgó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), #3667, en el año de 1966, en su artículo 21, se estableció, lo siguiente: "1. No se admitirá la acción contencioso-administrativas respecto de: / a) Los actos consentidos expresamente *, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y *(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular de este inciso la frase cuyo texto decía "o por no haber sido recurridos en tiempo y forma", por considerarla inconstitucional.) / b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial. / 2. En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura." Consecuentemente, supuesta una nulidad absoluta, respecto de los actos de efectos continuados, no procedería la caducidad de la acción. Sin embargo, cuando se promulgó la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en el año 1978, se arbitró un plazo de caducidad especial para impugnar esos actos, que es precisamente el contenido en el artículo 175 de la LGAP - vigente al momento de los hechos y de la presentación de la presente demanda-…” (folios 1163-1164). En consecuencia, la norma 21 de la LRJCA tampoco fue infringida por los Juzgadores, ya que existe una disposición posterior que alude expresamente al plazo de caducidad para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se le apliquen los plazos normales de caducidad (artículo 175 LGAP en su redacción anterior a la reforma introducida por el CPCA). Finalmente, debe aclararse que el Tribunal no indicó que el Decreto se asimilaba a un acto administrativo concreto, acerca de ese tipo de actos lo que mencionó es que el precepto 175 de la LGAP no distingue, entre actos concretos o generales, por lo que no existe quebranto alguno de los cánones 120 y 121 de la LGAP”. Como puede observarse, el razonamiento dado por la Sala es exactamente igual al aplicable a este asunto, con lo que lo procedente al estar en la misma especie fáctica, es brindar la misma solución jurídica, en el tanto, se reitera, al aplicar las reglas procesales respectivas, cae consigo la caducidad de la acción respecto de las pretensiones 5, 7, 8, 10 y 11. Contrario a lo que afirma la parte actora, no se trata de que una discusión de cómo se solicitó antes, sino que, como se observa supra, tal y como lo pretende en este asunto, se pretendió en aquella otra causa, con identidad de agravios, lo que obliga a la reiteración de la misma posición resolutora. Con ello, lo procedente es declarar inadmisible la demanda respecto de estas pretensiones, sin necesidad de pronunciamiento del fondo de estas pretensiones.

IX- SOBRE EL ANÁLISIS DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. EN ESPECIAL, SOBRE LAS PRETENSIONES 4, 6 Y PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Como parte de la revisión oficiosa que todo juzgador debe realizar está la configuración de legitimación, tanto en su aspecto activo como pasivo. En este caso, ambos accionados atacan la legitimación activa respecto de la pretensión subsidiaria, exclusivamente, empero, el Tribunal analiza de forma oficiosa, la legitimación activa respecto de las pretensiones 2 y 4 adicionalmente. En síntesis, los accionados afirman que la Asociación actora no plantea pretensiones en defensa de sus agremiados o invocando intereses difusos, sino que lo realiza a título propio o personal como persona jurídica y, en ese sentido, destacan dos agravios principales: el primero, que la actora no ha demostrado ser propietaria o poseedora por algún título del área afectada por decreto 17023, y el segundo, es que, aún si se tomara como cierto, dado que no hay prueba de ello, de la existencia de un contrato de arriendo de la actora con el INDER, no hay forma de identificar que el espacio arrendado correspondía a las áreas incluidas por el señalado decreto, o que sea posible extender el tiempo la legitimación de la actora, dado que arriendo de 1993 tendía una vigencia de 10 años, no pudiendo suponerse que se extienda indefinidamente en el tiempo la legitimación que pretende la parte actora, lo anterior sin que la parte actora replicara o hiciera referencia en conclusiones sobre este aspecto. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Corroborando las afirmaciones de las demandadas, del resultando primero de este fallo encontramos que las pretensiones fueron establecidas en la acción a título personal de la Asociación demandante, es decir, no estamos en presencia de una situación representativa de intereses grupales o gremiales en los términos del artículo 9 del CPCA. A lo anterior, se suma el problema de la ausencia probatoria de la existencia y ubicación del supuesto contrato de arriendo que la actora tenía con el IDA (hoy INDER) siendo que lo único que tenemos en autos es el oficio O.R.F.P.C. 180-95 de fecha 8 de marzo de 1995, de la Oficina Regional Forestal Pacífico Central, de la Dirección General Forestal del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (hoy MINAE, hecho probado 2), el cual nos refiere, más allá de la existencia de un contrato de arriendo, a una invasión de la Zona Protectora Tivives en el Alto de las Mesas a partir de mediados del año 1994 con actividades de sobrepastoreo por parte de la actora. De este acto, no se logra acreditar el título habilitante, ya sea de dominio, posesión o al menos, un derecho real administrativo que legitimase la estancia de la actora sobre el espacio cubierto por el decreto 17023-MAG, siendo en consecuencia aplicable lo que dispone el artículo 195 de la Ley General de Administración Pública que señala “Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso”, lo que se complementa con el art. 22 del Código Civil que contempla la doctrina general del abuso del derecho que afirma: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste…” que tiene su parangón en el artículo 5° de la ley 8422, que señala: “La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir” (resaltado es nuestro). En esta línea, no es posible para el Tribunal identificar un derecho subjetivo o un interés jurídico tutelable en esta sede, respecto de las pretensiones 4, que pretende cuestionar el papel competencial del Estado y del INDER respecto los terrenos expropiados a la empresa Investments of America, y la pretensión 6, respecto de la aplicación del decreto 7913-G y la ley 5582 al área contemplada en el decreto 17023-MAG, por cuanto no se llega a acreditar en autos una relación sustancial jurídico – administrativa de la actora con dicho espacio físico, con lo que impide que se considere que posee una legitimación activa para respaldar dichas pretensiones. Nótese que, la parte no podría utilizar la genérica legitimación del numeral 50 Constitucional, ya que ésta está diseñada para la tutela del ambiente, no para atacarla, dado que, para ello, se ocupa, necesariamente, ostentar algún tipo de relación jurídica administrativa, derecho subjetivo o en general, un interés legítimo, cosa que, se insiste, la parte actora no acreditó. Con ello, resulta apreciable de oficio una falta de legitimación activa respecto de las pretensiones 2 y 4 de la demanda. En cuanto a la pretensión subsidiaria, padece el mismo problema, por lo que la defensa de los demandados debe ser acogida. Nótese que la actora pretende que se declare, en beneficio de propiedades privadas sin identificar cuáles son, su ubicación, sus titulares, y si la Asociación es titular de alguno de éstos, dado el ayuno probatorio, la existencia de cesiones de derechos litigiosos en ese sentido a favor de la actora o, en general, cualquier indicio que permitiese a esta Cámara presumir la existencia de un interés legítimo o un derecho subjetivo sobre los espacios que pretende se modele los efectos de la limitación ambiental del decreto 17023-MAG, dado que ello sería resorte exclusivo de dichos sujetos y no de la Asociación, ello al amparo del ejercicio de tutela de dominio que hace referencia el art. 264 del Código Civil. Se insiste, tal y como señala el INDER en conclusiones, la parte actora, aún en el supuesto de que tuviese a su favor un contrato de arriendo de 1993, no se logra ubicar ese contrato dentro del área en litigio, y no es posible suponer que, la posibilidad de prórroga del referido arriendo permita conservar por 23 años, suponiéndose que la actora desalojó en el año 1995, una situación de estado hasta la interposición de esta acción en 2018. La no acreditación de la continuidad del contrato de arriendo, la existencia de éste en sí mismo y su ubicación, no permiten a esta Cámara determinar la existencia de una relación jurídico administrativa relevante que sea tutelable. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar la demanda, por falta de legitimación activa respecto de las pretensiones 4 y 6, así como de la pretensión subsidiaria al no encontrarse la actora, en los supuestos del numeral 10.1.a) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

X.- SOBRE LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este Órgano Colegiado no encuentra motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, ya que, en el asunto en concreto, la parte actora ha resultada vencida en parte e inadmisible su acción por caducidad en el resto. En consecuencia, son ambas costas a favor de los codemandados, sumas que serán fijadas en ejecución de sentencia, otorgándose, por haber sido expresamente solicitado, los intereses conforme el numeral 1163 del Código Civil a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije y hasta su efectivo pago.

POR TANTO

Se acoge la excepción de caducidad en contra de las pretensiones 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Se declara la falta de legitimación activa respecto de las pretensiones 4 y 6, así como la pretensión subsidiaria. Se rechaza la falta de legitimación pasiva invocada por el INDER. En consecuencia, se declara INADMISIBLE la demanda respecto de las pretensiones 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 y SIN LUGAR la demanda respecto de las pretensiones 4 y 6, así como la pretensión subsidiaria incoada por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINA DOS en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) y del ESTADO. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas a favor de los demandados, así como los intereses conforme el numeral 1163 del Código Civil a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije en la etapa de ejecución de sentencia y hasta su efectivo pago. Notifíquese.-

 

CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ

CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR  LAURA GÓMEZ CHACÓN

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 18-008969-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:33:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Contentious-Administrative Tribunal

Resolution No. 01239 - 2024

Resolution Date: February 29, 2024, at 10:15

Case File: 18-008969-1027-CA

Drafted by: Carlos José Mejías Rodríguez

Type of Case: Proceeding for declaratory relief conducted as a pure matter of law

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Type of Content: Majority vote
Topics (descriptors): Natural heritage
Subtopics:
Considerations on public domain assets constituting the natural heritage of the State.
Topics (descriptors): Demanial asset
Subtopics:
Considerations on public domain assets constituting the natural heritage of the State.
Topics (descriptors): Public domain
Subtopics:
Considerations on public domain assets constituting the natural heritage of the State.
Judgments in the same vein Judgments from the same case file

Text of the resolution

 

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CASE FILE:

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18-008969-1027-CA - 0

PROCEEDING:

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DECLARATORY RELIEF

PLAINTIFF:

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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SALINAS DOS

DEFENDANT:

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EL ESTADO

 

No. N° 2024001239

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. FIRST SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten hours fifteen minutes on the twenty-ninth of February, two thousand twenty-four.-

 

Proceeding for declaratory relief conducted as a pure matter of law filed by ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINA DOS, legal identification number 3-002-000167, represented by its general attorney-in-fact Miguel Ángel Carvajal Gatgens, of legal age, married, farmer, resident of Esparza de Puntarenas, holder of identity card number 6-0074-0681, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by its special judicial attorney-in-fact Juan Carlos Jurado Solo, bar association number 8553, and the STATE, represented by the Procuradora Susana Fallas Cubero, bar association number N° 9669. Participating as legal counsel for the plaintiff is Lic. Juan Arturo Abdelnour Granados, bar association number N° 10226.

WHEREAS

I.- On October 19, 2018, the plaintiff filed this declaratory relief proceeding, so that the judgment declares: "FIRST: The action is granted in all its aspects. SECOND: The NULLITY of the Board of Directors' Agreement of the IDA (now INDER) article 04, of Ordinary Session Number 024-2011, held on July 4, 2011 (In relation to the Asentamiento Campesino Salinas Dos) for having been issued contrary to the Legal Order (Art 158 LGAP). THIRD: The NULLITY of public deed N° 40, visible on folio 050 front of Volume 5 of the Protocol of the State Notary Ana Milena Alvarado Marín, of 14:50 hours on November 17, 2011; for having been issued contrary to the Legal Order (Arts. 85, 87 and 158 LGAP). FOURTH: That the lands expropriated from the company INYESTMENTS OF AMERICA, using funds from the Family Allocations program to allocate them to an agrarian program for landless peasants, are not LANDS OF THE STATE, and that the INDER (formerly ITCO - later IDA) was and is a simple administrator, with the obligation to comply with what is ordered in Decreto Ejecutivo 7913-6 of December 1977. FIFTH: That Decreto Ejecutivo 17023-MAS of May 6, 1986, which created the Zona Protectora de Tivives, did not comply with the requirements of Law 4465 and its Regulation Decreto Ejecutivo 2923-A. It was necessary to comply with the provisions of article 71 of the law (in cases of private property, the Executive Branch was required to determine, by decree, on a case-by-case basis, prepared by the Dirección Forestal, the affected areas: from decreto ejecutivo 2923-A (Regulation to Law 4465) articles 37 (a- Definition of objectives. b- Location of the area. c- Land tenure study (estudio de tenencia de la tierra). d- Census of area inhabitants. e- Evaluation of lands to be purchased or expropriated. f. Study of the form of financing. g - Demarcation and measurement of the land. h- Preparation of plans. i- Drafting of the Decree and its approval) 41 (aspects to be taken into account for land classification), but none were fulfilled at all, not even partially, therefore it suffers from irremediable defects of invalidity and ineffectiveness. SIXTH: That the lands affected by Decreto 17023-MAG which created the ZPT, were already affected and frozen by the specific Law 5582 of October II, 1974- Ley Caldera - issued for the loan contract with the Export-Import Bank of Japan for the construction of Puerto de Caldera and by the Expropriation Decree 7913-G of December 23, 1977, therefore a decree with a rank lower than a law could not affect those lands subject to "LEGISLATIVE RESERVE" (PGR C-267-83, C 156-91, C-180-95; Votes of Sala Constitucional 04431-11, 03550-92, 14004-08, 00738-03, Contentious-Administrative Tribunal. Section III, Res. 00345-13, Res. 02020-10 [sic]. SEVENTH: That Decreto Ejecutivo number 17023-MAG, promulgated on May 6, 1986, was based, according to the text of the Decree, on Ley Forestal 4465 of November 25, 1969, and its Regulation, Decreto Ejecutivo 2923-A of January 22, 1973, a law in force until May 1, 1986, since on May 2, 1986, Ley Forestal 7032 entered into force for the administration [sic], which was a comprehensive reform of Law 4465 with a different text and articles; therefore, at the time of promulgating decreto 17023-MAG, Law 4465 was no longer in force for 4 days prior, which renders it absolutely null. EIGHTH: That Decreto Ejecutivo 17023-MAG of May 6, 1986, was published in Gaceta N° 101 of June 2, 1986, with text and articles that do not coincide with the creation of a Protected Wild Area, as set forth in Ley Forestal 7032 in force at the time of its publication and promulgation; a law that was published in Gaceta N° 81 of May 7, 1987, and its regulation, Decreto 16896, published in Gaceta N° 100 of May 30, 1986; therefore, Ley Forestal 4465 and its Regulation 2923-A were not in force at the time of the publication of Decreto 17023-MAG, on which the heading of the cited decree claimed to be based; therefore it suffers from serious defects in the constitutive elements of the act and renders it absolutely null. NINTH: That an executive decree was promulgated (May 6, 1986) based on a law not in force since 4 days before its promulgation (May 2, 1986); therefore it suffers, at least, for this reason alone, from irremediable defects in the essential constitutive elements of the administrative act (Arts. 131, 132 and 133 of the LGAP). TENTH: That since the decree creating the Zona Protectora de Tivives is vitiated by absolute nullity, the only procedural remedy provided in the legal order is nullity, pursuant to article 172 of the LGAP. ELEVENTH: So that the NULLITY AND FUTURE INAPPLICABILITY (EX NUNC) is declared in accordance with numeral 40, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, of Decreto Ejecutivo, 17023-MAG of May 6, 1886, which created the Zona Protectora de Tivives, for having been issued contrary to the legal order, and being vitiated by absolute nullity (Arts. 158 and 166 of the Ley General de la Administración Pública). TWELFTH: That the defendants be ordered to pay both costs of this action". In addition to the cited, the party raises a subsidiary claim so that the judgment declares: "SUBSIDIARY CLAIM. SUBSIDIARILY: In the event that the nullity of Decreto 17023-MAG which created the Zona Protectora de Tivives is not decreed, let it be declared that it could only be applied, according to the provisions of the cited decree article 5°, in relation to numeral 4°, ibidem, in the buffer strip (franja de amortiguamiento) of 20 meters bordering [sic] the mangrove limit (It is understood that it refers to the Manglar de Tivives) and/or, on lands that belong to the State according to the law; therefore it is absolutely inapplicable on privately owned lands, which would cease to be so, only when the State acquires them, whether by direct purchase or by expropriation, necessarily involving - legally proven public interest - prior indemnification, it being understood that all other claims are maintained". (See images 14-16 of the digital judicial file).

II. Once the legal transfer was granted, the State answered the complaint negatively in a filing dated April 9, 2019, alleging expiration of the action against claims 3, 5, 7, 8, 9, and 10, lack of active standing (falta de legitimación ad causam activa) regarding the subsidiary claim, and lack of right. For its part, INDER answered negatively on April 22, 2019, invoking the defenses of expiration of the action, lack of active standing (falta de legitimación ad causam activa), and lack of right. (See images 39-66, 202-214 of the digital judicial file).

III. The party did not file a reply. (The court record).

IV. The preliminary hearing was held on March 10, 2020, in the presence of all parties. The disputed facts were defined, the claims were adjusted, and documentary evidence was admitted, proceeding to declare the matter a pure matter of law, and closing arguments were presented orally. (Audio in SIGAO and minute at images 372- 411-414 of the digital judicial file).

V. This matter was originally assigned since September 29, 2021, to judge Gustavo Irías Obando (image 415). However, on the occasion of the Tribunal redesign, this matter was reassigned to presiding judge Mejías Rodríguez on August 1, 2023, awaiting its turn in accordance with agreement 11.VI.2023 of the Contentious-Administrative Commission of the session of July 27, 2023, to be heard in the February - March 2024 turn, under the criterion of seniority. In accordance with arts. 100, 101, 104 to 111, and 119.1 of the CPCA (Law N° 8508), art. 60 subsections 1, 4, and 5, art. 79 subsections 4, 5, 6, and arts. 81, 82 of the Autonomous Regulation on Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction (Circular 001-08), arts 7, 8 subsections b, c, and d, arts. 12 subsections a, b, c, and d, arts. 13, 14, 15, 16, and 17 of the General Law on Internal Control (N° 8292), as well as agreement 3° of minute N° 7 of the Ordinary Session of September 1, 2023, of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Commission.

This judgment is issued within the legal term, unanimously, and after prior deliberation by the members of the Tribunal, without observing grounds capable of invalidating the proceedings. Drafted by judge Mejías Rodríguez, with the favorable vote of Judges Bolaños Salazar and Gómez Chacón.

CONSIDERING

I. ON THE ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND THE PROVEN FACTS: While it is true that the parties presented respective documentary elements, the fact is that this matter is exclusively an eminently legal issue. Thus, although the parties provide copies of judgments, opinions of the Procuraduría General del Estado, and legislative files, it must be noted that none constitute direct elements of conviction, in terms of accrediting a fact, but rather are, in essence, part of the grievances that the parties raise to support the core of the discussion of the legal issue to be defined and that is raised in the claims, in a declarative manner insofar as they seek to judicially define the applicable legal parameters of the territorial space occupied by the affectation of the so-called Zona Protectora de Tivives. In this regard, although the Procuraduría, within the framework of its Organic Law, has the capacity to issue opinions that are binding for the entities that submit to its criterion, however, this does not have the same effect on the contentious-administrative jurisdiction, hence, in essence, those documents provided are treated as part of the grievances to support one or another position of those participating in this declaratory relief proceeding, for which reason they are taken as elements of conviction to accredit as PROVEN FACTS: 1) That in the canton of Esparza, district of Caldera, the Zona Protectora Tivives is located, part of the Área de Conservación Pacífico Central, administered by MINAE, regulated by Decreto 17023 in force since June 2, 1986, published in the Colección de Leyes y Decretos for Semester 1 of 1986, volume 3, page 463, modified by article 71 of Ley 7575 of February 13, 1996 (which was annulled by vote 7294-1998 of the Sala Constitucional) and by decreto 42404 of April 6, 2020 (Files "Ley 7915 y ZPTIVIVES.pdf" and "ZONAPROTECTORA_TIVIVES_50_LAMB_DECRETO17023.pdf" on CD of evidence 3 prepared by the Instituto Geográfico Nacional - Registro Nacional, Departamento de Geomática, Subproceso de Control de Calidad y Normativa Geoespacial). 2) By means of official letter O.R.F.P.C. 180-95 dated March 8, 1995, the Oficina Regional Forestal Pacífico Central, of the Dirección General Forestal of the Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (now MINAE), communicates to the Asociación de Parceleros Salinas II, in the hands of its president Miguel Carvajal Gatgens, what is relevant: "It has come to our knowledge, the invasion to which the Zona Protectora Tivives has been subjected by the Asociación de Parceleros Salinas II, which you represent. Specifically in Alto de la Mesas, since mid-1994 your represented party has made use of the soil through overgrazing activities. They have also erected and repaired fences. In accordance with resolution of the Sala Constitucional number 1763, of April 13, 1994, any concession or lease is rendered without effect. Consequently, any activity carried out in the Zona Protectora without the respective authorization of the Dirección General Forestal, would be violating Law 7174. Thus, the actions carried out by the Asociación de Parceleros Salinas II, in Alto de la Mesas violate articles 70, 72 and 118 of the Ley Forestal. For the reasons set forth above and considering that damage is being caused to the Natural Resources, you are granted 10 WORKING DAYS to vacate the occupied lands". (Images 75-76 of the digital judicial file). 3) By means of article 4 of ordinary session 024-2011 dated July 4, 2011, the Board of Directors of the IDA agrees to the transfer of 25 properties to MINAET corresponding to 13 IDA settlements, among them, the Salinas II project. (Folios 21-22 of the administrative file provided by the State in physical form and folio 13 front and back of the administrative file "Reserva Salinas II" provided in physical form). 4) That by means of Public Deed N° 40 visible on folio 050 front of volume 5 of the Protocol of the State Notary Ana Milena Alvarado Marín at 14:50 hrs on November 17, 2011, 570 hectares were transferred from property 800700-000 (Caldera project) to the State under Administration of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (Folios 23-27 of the administrative file provided by the State in physical form and 53-60 of the administrative file "Reserva Salinas II" provided in physical form).

II.- ON THE UNPROVEN FACTS: The following are deemed relevant unproven facts for this matter: 1. That the plaintiff association was the owner or possessor under some enabling title, lease, or similar, of the areas demarcated within decreto 17023. (The court record).

III.- OBJECT OF THE ACTION: In the complaint, reply, and closing arguments, the plaintiff, after performing what they consider a historical account regarding the birth of the Puerto Caldera project and the regulation it has had over time, as well as the birth of the Zona Protectora Tivives, points out that on October 19, 1993, they obtained a lease contract with the IDA, covering one hundred hectares, on the so-called farm "Salinas dos", located in Alto de las Mesas de San Juan Grande de Esparza, for the development of agricultural activities, for a term of 10 years extendable. They note that by means of Official Letter O.R.F.P.C. 180-95, dated March 8, 1995, they were required by the Oficina Regional Forestal Pacifico Central of the Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, to vacate the land leased by the IDA, alleging that they were affected by the Decree of the Zona Protectora de Tivives. In a judicial precedent, by resolution 2495-90, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court had declared decreto 17023-MAG null. They explain that, in 2011, by means of public deed N° 40 visible on folio 050 front of volume 5 of the Protocol of the State Notary Ana Milena Alvarado Marín at 14:50 hrs on November 17, 2011, 570 hectares were transferred from property 800700-000 (Caldera project) to the State under Administration of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, the nature of the lands being stated as "… for agriculture, housing, and public streets". They state that said transfer violates the transfer of competence within the framework of numerals 85 and 87 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP). They detail in their theory of the case that the lands previously expropriated for the Caldera project used funds from the family allocations program with the irrevocable destination of creating a program for landless peasants. For this reason, the IDA was inhibited from leasing those lands affected by the Ley Caldera, and therefore subject to legislative reserve: meaning that, to overcome that limitation, it could only be resolved through a law. This circumstance was forcefully pointed out by the Procuraduría General de la República, through opinion C-267-83 of August 9, 1983. To overcome that restriction, an atypical norm was used in the specific case, the budget law for the year 1986 number 7018 of December 20, 1985, article 63. Following that, in May 1986, the Zona Protectora Tivives is created by decreto 17023-MAG, affecting areas that were previously subjected by the Ley Caldera (and its regulatory decree 7913-G), with the defect that the text and articles do not coincide with an ASP contained in Ley Forestal 7032 and its 1986 regulation, both norms of later validity, with which there exists an irremediable defect in the essential constitutive elements of the administrative act (arts. 131, 132 and 133 LGAP). Furthermore, they allege that, prior to said decree, the necessary land tenure study was not carried out, in contravention of the Ley Caldera reserve and decreto 7913-G, attempting to "jump over" said regime. They detail that the decree creating Tivives as a Zona Protectora came to affect, in 1995, the lease contract that the plaintiff had held with the IDA since 1993, where some associates were even possessors since 1983 and 1989, this being the initial phase for subsequently granting property titles. The mentioned official letter O.R.F.P.C. 180-95 sought to remove their lessees from the leased space, invoking that they were part of the indicated Zona Protectora. They affirm that, in their opinion, given that the claims include a declaration of nullity ex nunc (towards the future) by virtue of art. 40 CPCA, neither res judicata nor expiration applies, invoking the vote of the Sala Constitucional 2765-96, as well as art. 21 subsection 2 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. They note that there were agreements between the IDA and MINAE to transfer lands registered in the name of the former, to register Natural Heritage of the State under the protection of vote 1763-94 of the Sala Constitucional, among them, a 1996 convention, which was not approved by the Contraloría General de la República according to official letter DAJ-0424 of March 7, 1997, in addition to another attempt at a convention in 2004, again rejected by official letter DI-AA-1605 dated July 17, 2004. In both it was noted that the transfer of competences was not possible via convention, unless an express enabling norm existed, without mentioning that the LGAP in its numeral 87 indicates that the transfer must be temporary, with which the transfer to MINAE is invalid. Subsequent to that, another report from the Contraloría DFDE-ED-07-2007 is issued, and a new convention is created, which was not subject to referendum, on August 5, 2008. Thus, through the indicated deed N° 40 of 2011 already referenced, the lands being challenged are transferred.

IV.- ON THE STATE'S POSITION: The State interposes the defense of expiration of the action regarding claims 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, and 11, based on the fact that the declaration of nullity was attempted both under the protection of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (File 06-000318-0163-CA) and under the protection of the CPCA arts. 62.1.a, 66.1.g and k, 92.7, and 120 (File 10-001739-1027-CA). From the publication of the challenged decree, the period for filing the action elapsed: 2 months, pursuant to article 37.1.b) of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; or 4 years according to the wording of article 175 of the Ley General de la Administración Pública in its text then in force (whether it concerns relative or absolute nullity) and the period of Transitory Provision III of the CPCA. An aspect already resolved by votes 10-F-S1-2013 and 1208-F-S1-2014 of the Casation Chamber of Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, art. 40 subsection 1) of the CPCA being inapplicable, and in accordance with vote 227-F-S1-2016, 27-F-S1-2018 of the First Chamber, and vote of the Contentious-Administrative Casation Tribunal 97-F-TC-13 and 4-TC-A-2015. With respect to annulment claims 2 and 3, given that Deed No. 40 granted on November 17, 2011, was registered in the Registro Nacional on November 30, 2011 (see the administrative file for that deed), more than one year having elapsed since that registration (the purpose of the Registry is precisely publicity) and the filing of this proceeding (articles 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 175 of the Ley General de Administración Pública). On the other hand, it alleges a lack of active standing, given that the plaintiff is not and has not been the owner in the Zona Protectora de Tivives and, in fact, lacks assets registered in their name, this regarding the subsidiary claim. As to the merits, it considers that constitutional res judicata exists regarding claims 4, 6, 7, 8, and 9, by votes 1763-94 (express reference to the Hacienda Salinas area within the Zona Protectora Tivives, reiterated by vote 8734-2009), 240-i-95, 5612-95, 12760-2005 (with precedent in vote 7294-98, in which the decree under discussion derives from art. 50 Constitutional) and 16935-2005 (the latter two dismiss the grievance of contradiction with the Caldera project in accordance with vote 8928-2004, as well as the inapplicability of the legislative reserve in protected wild areas 5399-99 and 5975-2006), and 12825-2014 of the Sala Constitucional. Regarding claim 5, it affirms that, despite the non-existence of the administrative file for the decree, this does not mean that the necessary studies were not carried out or that the file as such did not exist, it being necessary to apply, in case of doubt, the principle of in dubio pro natura in accordance with art. 50 Constitutional. It requests a costs award, as well as interest on these.

V.- ON INDER'S POSITION: In its answer to the complaint and closing arguments, it invokes the defense of expiration of the action. It states that decreto 17023-MAG became effective as of 1986 (basis: Ley General de Administración Pública article 121.1). It does not matter if in law it is appreciated in accordance with article 37.1 subsection b) of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, or article 175 of the Ley General de Administración Pública, in both cases taking into account the passage of 32 years, the expiration of any action against Decreto 17023 is evident and manifest, therefore this representation requests that it be so declared in this proceeding. Article 40 subsection 1) of the CPCA (claim 11') is not applicable in this proceeding, by virtue of Transitory Provision III of the same Code and what was resolved in the previously cited jurisprudential precedent (vote No. 10-F-S1-2013), as well as vote 227-F-S1-2016, 10-F-S1-2013, and 97-F-TC-13. With respect to the 3rd annulment claim, given that Deed No. 40 granted on November 17, 2011, was registered in the Registro Nacional on November 30, 2011, more than one year having elapsed since that registration (the purpose of the Registry is precisely publicity) and the filing of this proceeding (articles 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 175 of the Ley General de Administración Pública), it is requested that its inadmissibility be declared due to expiration of the action and invokes as precedents vote 4-TC-A-2015 and 1208-F-S1-2014. As well as the lack of active standing, along the line of thought presented in the complaint, the plaintiff tries to demonstrate a right and therefore a prevailing interest, by reason of the lease contract, signed with the then IDA, for a term of ten years extendable. However, regardless of the assessments of legality on the merits, regarding said contract, this representation must specify that it was not extended by the parties in time and form as was provided for in the drafting, therefore, once the term thereof elapsed, the standing for the filing of the complaint extinguished, taking into account that more than 20 years have elapsed from that moment to date. In addition to the foregoing fact, it can be noted that the Asociación de Productores de Salinas Dos does not provide any document demonstrating any ownership within the Zona Protectora Tivives, emphasizing that it constitutes a plaintiff with claims in a personal capacity and not in defense of the interests of its members or at least diffuse interests, without accrediting a subjective right or legitimate interest that is affected by the decree for which it requests nullity and regarding the Board of Directors' agreement of INDER. It insists that the plaintiff points to an alleged contract with INDER, for 100 hectares, for which no evidence is provided that they were, in any way, affected by the challenged decree. As to the merits, the plaintiff does not go on to detail what the specific cause of nullity is that affects the Board of Directors' agreement, but rather alleges in a generic manner, overloading the task on the judge to review the act, this being the burden of the party. As for claim 4, the plaintiff's position is unfounded, since INDER is not a simple administrator, but rather, in its capacity as titleholder, it does act in the capacity of owner, which was diminished or limited, given the creation of the Zona Protectora de Tivives as part of the Natural Heritage of the State, therefore, over said area, INDER does not possess any competence and, consequently, lacks passive standing. It requests a costs award, as well as interest on these.

VI.- ON MULTIPLE AFFECTATION IN CASES OF PUBLIC DOMAIN: Without needing an extensive development of the classification of assets in terms of numerals 261 and 262 of the Civil Code, we can summarize that the public domain character (demanialidad) comes, roughly, from three sources: affectation by law, understood as when by express applicable norm, the public nature of an asset or type of assets is determined, when they are affected to the provision of a service of general utility, and finally, those that benefit everyone for public use. Now, under the principle of parallelism of forms, once the asset is affected to the public regime, only through an express deaffectation can it enter into the stream of commerce. Accordingly, following the relevant jurisprudence on the matter, a tacit deaffectation is not possible. Likewise, the public domain character should not be understood as unique or incompatible, but rather, depending on the regime in question, there may be a single or multiple destination and this, in turn, may be superimposed or complemented with other regimes. An example of this is given by the regime of public roads, which possesses a basic regime governed by the General Law on Public Roads and related regulations, which is complemented by regulation regarding public lighting services, sidewalks, storm and sanitary sewerage, drinking water distribution, telematic services, railway service, land transit in general, public transportation, etc. Even protection systems as restrictive as environmental ones, regarding national parks, are compatible with, for example, tourism-type management and exploitation plans. In essence, to define which regime is predominant, its compatibility, limitations, or scope, it is necessary to weigh with what intensity each one of them applies to a specific case, as superimposed layers of public or private real estate regulation. Similarly, this coexistence of regimes may mean that a deaffectation does not necessarily imply the elimination of all restrictions, but rather it is necessary to analyze the specific case, in order to define the applicable legal situation. Finally, there may be a demanial mutation, in which one public destination is changed for another.

VII.- ON ENVIRONMENTAL REGULATION IN DEMANIAL SPACES: On another occasion, on the topic of Natural Heritage of the State, this Chamber of Judges stated: "X.

On the public-domain assets constituting the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado): This is a subject of extensive jurisprudential treatment; the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has indicated that: “(…) Pursuant to numeral 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), ‘The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other entities of the Public Administration, except for immovable property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets…’. Thus, the rule provides three possibilities regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other entities of the Public Administration, except for immovable property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets.” (In this regard, judgments number 1070 of 9:45 a.m. on September 3, 2010, and 1088 of 8:55 a.m. on August 8, 2011, may be consulted). As indicated by the First Chamber in the referenced vote (voto), the Natural Heritage of the State is defined in the provisions of the Forestry Law, a regulation that also sets forth in its numeral 14 the public-domain condition that covers the areas defined within the Natural Heritage of the State, stating the following: "Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage: The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." In turn, regarding the inalienability of these lands, ordinal 15 of the same rule states: "Article 15.- Impediments. The entities of the Public Administration may not exchange, cede, dispose of, in any manner, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, without said lands having first been classified by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía). If they are covered by forest, they shall automatically be incorporated into the natural heritage of the State, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." In accordance with the preceding numerals, it is clear that the assets constituting the Natural Heritage of the State are of a public-domain nature by vocation, which by their condition are imprescriptible and inalienable and are outside the realm of commerce.” (Judgment 2024001143 of 7:49 p.m. on February 23, 2024).

VIII- ON THE LAPSE (CADUCIDAD) INVOKED BY THE PARTIES: Before analyzing the defense of lapse raised by the parties, it is necessary to identify how the claims discussed here are affected by the exception that both defendants jointly raise, the State in a limited manner, while INDER in a general manner against all claims. The subject matter of the dispute (tema petendi) in this proceeding is basically grouped into two major categories: The first, represented by claims 2 and 3, which attack the decision of INDER to transfer lands to MINAE and the notarial act that materializes such decision; and in another axis of conflict, we find claims 5, 6 (which is opposed to claim 4), 7, 8, 9, 10, and 11, to which the subsidiary claim is assigned and which revolve around the validity and application of decree 17023. On this last point, we find that, although the plaintiff makes a list of eight claims, in reality it is a single claim, which is disaggregated into grievances (agravios) and not petitions (pedimentos) in the sense of numerals 36 and 42 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), let us see: It starts from claims 10 and 11 (the latter being the only claim in the strict sense) which requires that the nullity ex nunc of decree 17023-MAG be declared “for having been issued contrary to the legal system and being vitiated by absolute nullity” (art. 172 LGAP and 40.1 CPCA), adding that this is in accordance with arts. 158 and 166 LGAP. Likewise, claim 5 adds the grievance that “it did not comply with what was required in law 4465 [art. 71] and its Regulation OE 2923-A [arts. 37, 41],” claims 7 and 9 add that “at the time decree 17023-MAG was promulgated, law 4465 was no longer in force” (arts. 131, 132 and 133 of the LGAP), claim 8 that “the text and articles do not coincide with the creation of a Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) indicated in the Forestry Law 7032.” On the other hand, it attacks the same decree in two identical claims, on one hand, claim 4 which has the objective of declaring that the lands did not belong to the State to be disposed of, since they were subject to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 7913-G, while claim 6 asserts that the lands are affected by Law 5582 and the same decree. All this with the subsidiary claim of modulating how the decree applies to private properties. Having the foregoing clear, we find that the defendants invoked the lapse of both groups of claims, in the terms of recitals (considerandos) IV and V of this judgment. CRITERION OF THE COURT: Taking into account that the first claim is a generic claim without its own content, we proceed to analyze the grievance of lapse as it refers to claims 2 and 3. The first thing we must refer to is that, as INDER points out in its conclusions, it is these petitions that cause the Institute to be a party to this proceeding; in this regard, its allegation of lack of passive standing (legitimación pasiva) must be rejected, given that the case theory does not show that the plaintiff intended to include responsibility for the indicated Institute in any other claim. Thereby, since the indicated claims contain actions that emanated from the predecessor of the Institute (formerly IDA), the condition of defendant is imputable to it, which configures the passive standing necessary for this proceeding, in the terms of numeral 12 of the CPCA. Now, we find that these are two distinct acts, one administrative proper to the co-defendant and another of a notarial nature. In that sense, according to the court records (proven facts [hechos probados] 3 and 4), we find that public deed (escritura pública) N° 40 visible on folio 050 front of volume 5 of the Protocol of the State Notary Ana Milena Alvarado Marín is an executory act of article 4 of ordinary session 024-2011 dated July 4, 2011, of the Board of Directors of the IDA (today INDER). This is important to bear in mind for two fundamental reasons: first, that the plaintiff at no time outlines a concrete or particular grievance against the indicated public deed, but rather frames it in its general thesis of the irregularity of the transfer of lands to MINAE; and second, that executory acts as such are unappealable in isolation by mandate of art. 38.1 of the CPCA. Thus, both claims must be viewed together within the framework of what art. 42.2.a of the same legal body provides. With this, although the State in its conclusions refers to the fact that both actions are preceded by a binding study by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), this Chamber of Judges finds that the administrative act generating a state of affairs is not said comptroller’s report, but rather the decision of the Board of Directors of the defendant Institute. Thereby, when analyzing the grievances of both defendants that ground the invoked defense of lapse, we find that the act was effectively issued on July 4, 2011, while this complaint was filed until October 19, 2018 (resulting I of this judgment). In this regard, since it concerns a claim for the nullity of a base act and an executory one, what is applicable is the provision of art. 39.1 of the CPCA, which establishes a one-year period for filing the action against the act. Thus, according to what has been said, we find that the extinctive effect of lapse had occurred six years before the filing of the complaint, given that the deadline was until July 4, 2012, and even if we consider its notification internally within the institution on July 5, 2011, which is when such agreement was made known to the Topography Area of the National Agrarian Directorate of INDER, since it was an act in which the plaintiffs were not a party, consequently, it is not possible to apply subsection 1.a of the referred art. 39, given that it was not an act of general scope that required publication (inapplicability of subsection 1.b of art. 39 CPCA), and on the understanding that the referred acts are not of continued effect, rendering art. 40.1 of the CPCA inapplicable. With the foregoing, the proper course is to uphold the lapse of the action against claims 2 and 3. On the other hand, regarding the defendants' allegation concerning the lapse of claims 5, 7, 8, 9, 10, and 11, it must be analyzed in a twofold sense: first, insofar as the challenge to decree 17023 concerns an act pre-existing the Contentious-Administrative Procedure Code, and on the other hand, whether such action can be understood as an act of continued effects, in the terms of art. 40.1 of the CPCA. On the first aspect, the representation of the State is correct in affirming that, with the advent of the CPCA, rules were established for challenging acts prior to the validity of the procedural rule in the new contentious-administrative venue, this being contained in Transitory Provision III of the cited legal body, which states: “The regime for challenging acts that have become final in the administrative channel before the validity of this Code shall be governed by the legislation in force at that time” (emphasis is ours). In this regard, the position of the plaintiff seeking to apply procedural rules contained in the CPCA is not acceptable, since the same body provided a way to dimension the application of the procedural body itself over time. In that line, article 40 of the CPCA would be inapplicable for challenging decree 17023, since the referred transitory provision mandates applying the prior regulations. Therefore, it is irrelevant whether the claims designated as 5, 7, 8, 9, 10, and 11 are requested on an ex tunc (retroactive) or ex nunc (towards the future) basis, since the applicable procedural regulation is that of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) N° 3667 and its amendments. In this regard, the now-repealed law provided in its article 37: “1. The period to file the lawsuit shall be two months, which shall be counted: a) When the challenged act must be personally notified, from the day following the notification; and b) In the event that personal notification is not applicable, from the day following the official publication of the act or the provision.” This provision was later authentically interpreted by law 4191, stating “a) Publication shall be applicable when it concerns communicating regulations.” For its part, article 175 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), in its version in force for the year 1986, provided: “The power of the administered party to challenge the absolutely null act in the administrative and jurisdictional channels shall lapse in four years, without the normal periods of lapse being applied in this regard.” Thus, whether invoking the procedural rule or the substantive rule, for the filing of the action in 2018, both periods had been exceeded by far, so the action would be equally lapsed against these claims. Now then, the plaintiff in its case theory seeks that, within the referred framework of procedural application, the lapse in its judgment would be unopposable by reference to art. 21.2 of Law 3667, by stating: “In any case, the challenge against the acts referred to in subsection a) of the preceding paragraph shall be admitted when they are null as of right (nulos de pleno derecho) and are producing effects; but this is solely for purposes of their annulment and future inapplicability.” The referred subsection a) stated: “a) Acts expressly consented to, those that are reproductions of other previous acts that are already final or firm (definitivos o firmes), and those that are confirmatory of those consented to…” (suppressing part of the text according to vote 3669-2006 of the Constitutional Chamber [Sala Constitucional]). As can be seen, with that argument the party seeks to frame its claims by considering decree 17023 as an act expressly consented to, a reproduction of other previous acts that are already final or firm, or confirmatory of a consented one, null as of right, and of continued effect. This leads us then to the second point, which is to determine if the decree that is the object of the claims possesses such characteristics. In that sense, the State is correct in its considerations, since we are in the presence of what is known as reflected res judicata (cosa juzgada refleja), a phenomenon that refers to when a factual situation has already been legally defined in a res judicata but that does not manage to configure the necessary elements of a traditional res judicata in the case being decided. Thereby, the Court warns that the matter was already heard and decided by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 1208-F-S1-2014, in a case in which, as in this cause, the aim was to attack the legality of decree 17023-MAG. In this regard, said vote set forth: “In accordance with what was indicated in the preceding recital, and considering that this proceeding was filed on March 30, 2006, and what was requested is the absolute nullity of Executive Decree No. 17023-MAG of May 6, 1986 (published on June 2, 1986), this Chamber concludes that the applicable regulation is the LRJCA, both because of the claim asserted (absolute nullity of an administrative act of general scope) and because of the date when the proceeding was filed. That being the case, the Court correctly stated, ‘Which reinforces [sic] that the new Codification does not apply to the specific case, but, on the contrary, the regulations on the point in force at the time of the facts and the filing of the complaint.’ (folio 1167). The foregoing leads to the affirmation that precept 40 of the CPCA, invoked by the appellant, is not applicable in this case, so the Court did not commit any error by not basing its criterion on that legal provision. V.- On the other hand, it alleges the violation of article 21 subsection 2) of the LRJCA, which according to the appellant authorizes at any time the challenge of an act for its future inapplicability due to having defects of absolute nullity. On that issue, the Court was clear in indicating, ‘When the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (LRJCA), #3667, was promulgated in the year 1966, its article 21 established the following: "1. The contentious-administrative action shall not be admitted regarding: / a) Acts expressly consented to *, those that are reproductions of other previous acts that are already final or firm, and those that are confirmatory of those consented to; and *(The Constitutional Chamber, through resolution No. 03669-2006, ordered the annulment from this subsection of the phrase whose text read 'or for not having been appealed in time and form,' considering it unconstitutional.) / b) Resolutions that put an end to the administrative channel as a prerequisite to the judicial one. / 2. In any case, the challenge against the acts referred to in subsection a) of the preceding paragraph shall be admitted when they are null as of right and are producing effects; but this is solely for purposes of their annulment and future inapplicability." Consequently, supposing an absolute nullity, with respect to acts of continued effects, the lapse of the action would not be applicable. However, when the General Law of Public Administration (LGAP) was promulgated in the year 1978, a special period of lapse was arbitrated for challenging those acts, which is precisely the one contained in article 175 of the LGAP – in force at the time of the facts and the filing of the present complaint…’ (folios 1163-1164). Consequently, rule 21 of the LRJCA was also not infringed by the Judges, since there is a later provision that expressly refers to the period of lapse for challenging the absolutely null act in the administrative and jurisdictional channels, without the normal periods of lapse being applied (article 175 LGAP in its wording prior to the reform introduced by the CPCA). Finally, it must be clarified that the Court did not indicate that the Decree was assimilated to a concrete administrative act; regarding that type of act, what it mentioned is that precept 175 of the LGAP does not distinguish between concrete or general acts, so there is no violation whatsoever of canons 120 and 121 of the LGAP.” As can be observed, the reasoning given by the Chamber is exactly the same as that applicable to this matter, so the proper course, being in the same factual scenario, is to provide the same legal solution. Insofar as, it is reiterated, when applying the respective procedural rules, the lapse of the action falls consequently with respect to claims 5, 7, 8, 10, and 11. Contrary to what the plaintiff affirms, it is not a matter of how it was requested before, but rather, as observed supra, just as it seeks in this matter, it was sought in that other cause, with identity of grievances, which compels the reiteration of the same deciding position. Thereby, the proper course is to declare the complaint inadmissible with respect to these claims, without the need for a ruling on the merits of these claims.

IX- ON THE ANALYSIS OF ACTIVE STANDING (LEGITIMACIÓN ACTIVA). IN PARTICULAR, ON CLAIMS 4, 6 AND THE SUBSIDIARY CLAIM: As part of the sua sponte review that every judge must carry out is the configuration of standing, both in its active and passive aspects. In this case, both defendants attack the active standing with respect to the subsidiary claim exclusively; however, the Court analyzes sua sponte the active standing with respect to claims 2 and 4 additionally. In summary, the defendants affirm that the plaintiff Association does not bring claims in defense of its members or invoking diffuse interests, but does so on its own behalf or personally as a legal entity. In that sense, they highlight two main grievances: first, that the plaintiff has not demonstrated ownership or possession by any title of the area affected by decree 17023; and second, that, even if taken as true—since there is no proof thereof—the existence of a lease contract between the plaintiff and INDER, there is no way to identify that the leased space corresponded to the areas included by the indicated decree, or that it is possible to extend the plaintiff's standing over time, given that a 1993 lease would have had a term of 10 years, and it cannot be supposed that the standing the plaintiff seeks is extended indefinitely in time. All of this without the plaintiff having responded to or made reference to this aspect in its conclusions. CRITERION OF THE COURT: Corroborating the statements of the defendants, from the first finding of fact (resultando) of this ruling we find that the claims were established in the action on a personal basis of the plaintiff Association; that is, we are not in the presence of a representative situation of group or guild interests in the terms of article 9 of the CPCA. In addition to the above, there is the problem of the lack of evidence of the existence and location of the supposed lease contract that the plaintiff had with the IDA (today INDER). The only thing we have in the court records is official letter O.R.F.P.C. 180-95 dated March 8, 1995, from the Central Pacific Regional Forest Office, of the General Forestry Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (today MINAE, proven fact 2), which refers us, beyond the existence of a lease contract, to an invasion of the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives) in the Alto de las Mesas starting in mid-1994 with overgrazing activities by the plaintiff. From this act, it is not possible to accredit the enabling title, be it ownership, possession, or at least an administrative real right that legitimized the plaintiff's stay on the space covered by decree 17023-MAG. Consequently, what is provided in article 195 of the General Law of Public Administration is applicable, which states: “Neither the State nor the Administration shall be liable, even if they cause a special harm in the preceding terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public order, morality, or good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the harmful event.” This is complemented by art. 22 of the Civil Code which contemplates the general doctrine of abuse of right affirming: “The law does not protect the abuse of right or its antisocial exercise…” which has its parallel in article 5 of law 8422, which states: “The administrative function exercised by the State and other public entities, as well as the conduct of subjects of private law in their relations with these, carried out under the text of a legal norm and pursuing a result that does not conform to the satisfaction of public purposes and the legal system, shall be considered executed in fraud of the law and shall not prevent the proper application of the legal norm that was attempted to be circumvented” (emphasis is ours). In this line, it is not possible for the Court to identify a subjective right or a legal interest tutelable in this venue, with respect to claims 4, which seeks to question the jurisdictional role of the State and INDER regarding the lands expropriated from the company Investments of America, and claim 6, regarding the application of decree 7913-G and law 5582 to the area contemplated in decree 17023-MAG, because the court records do not accredit a substantial legal-administrative relationship of the plaintiff with said physical space, thereby preventing it from being considered that it has active standing to support said claims. Note that the party could not use the generic standing of numeral 50 of the Constitution, since this is designed for the protection of the environment, not to attack it. Given that, for this purpose, it is necessarily required to hold some type of administrative legal relationship, subjective right, or in general, a legitimate interest, which, it is insisted, the plaintiff did not accredit. Thereby, a lack of active standing is appreciable sua sponte with respect to claims 2 and 4 of the complaint. As for the subsidiary claim, it suffers from the same problem, so the defense of the defendants must be upheld. Note that the plaintiff seeks that it be declared, for the benefit of private properties without identifying which ones, their location, their owners, and whether the Association is the owner of any of these, given the evidentiary vacuum, the existence of assignments of litigious rights in that sense in favor of the plaintiff, or in general, any indication that would allow this Chamber to presume the existence of a legitimate interest or a subjective right over the spaces on which it seeks to modulate the effects of the environmental limitation of decree 17023-MAG. Given that this would be the exclusive resort of said subjects and not of the Association, this under the protection of the exercise of ownership protection (tutela de dominio) referred to in art. 264 of the Civil Code. It is insisted, as INDER points out in its conclusions, that the plaintiff, even under the assumption that it had in its favor a lease contract from 1993, it is not possible to locate that contract within the area in litigation, and it is not possible to suppose that the possibility of renewal of the referred lease would allow a state of affairs to be preserved for 23 years, supposing that the plaintiff vacated in 1995, until the filing of this action in 2018. The non-accreditation of the continuity of the lease contract, the existence of it in itself, and its location do not allow this Chamber to determine the existence of a relevant, tutelable legal-administrative relationship. That being the case, the proper course is to dismiss the complaint for lack of active standing with respect to claims 4 and 6, as well as the subsidiary claim, as the plaintiff is not found in the circumstances of numeral 10.1.a) of the Contentious-Administrative Procedure Code.

X.- ON PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS: In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The waiver of this condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there existed sufficient cause to litigate or, when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulation, since, in the specific matter, the plaintiff has been partially unsuccessful and its action was declared inadmissible due to lapse for the remainder. Consequently, both costs are awarded in favor of the co-defendants, amounts that shall be fixed in the execution of judgment (ejecución de sentencia) phase, granting, as expressly requested, interest in accordance with numeral 1163 of the Civil Code from the day following the finality of the resolution that fixes them and until their effective payment.

THEREFORE (POR TANTO)

The exception of lapse is upheld against claims 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, and 11. The lack of active standing is declared with respect to claims 4 and 6, as well as the subsidiary claim. The lack of passive standing invoked by INDER is rejected. Consequently, the complaint is declared INADMISSIBLE with respect to claims 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, and 11, and DISMISSED with respect to claims 4 and 6, as well as the subsidiary claim filed by the ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINA DOS against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) and the STATE. The plaintiff is ordered to pay both costs in favor of the defendants, as well as interest in accordance with numeral 1163 of the Civil Code from the day following the finality of the resolution that fixes them in the execution of judgment phase and until their effective payment. Notifíquese.-

 
CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ

CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR   LAURA GÓMEZ CHACÓN

 
	

 
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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	
 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	
 

	
 
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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 
EXP: 18-008969-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 
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