Res. 05331-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Injunction to suspend agricultural activities in mangroveMedida cautelar para suspender actividades agrícolas en manglar

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 05331 - 2024

Fecha de la Resolución: 20 de Agosto del 2024 a las 01:36

Expediente: 20-003561-1027-CA

Redactado por: José Roberto Brenes Chinchilla

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.
Finalidad, presupuestos y características estructurales.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.

Tema: Conservación de los recursos naturales

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.

Tema: Recursos naturales

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.

Tema: Actividad agraria

Subtemas:

Imposición de medidas cautelares debe priorizar la protección al ambiente por encima de la actividad agraria.

"V.-[...] Del presente asunto y en línea con lo expuesto en cuanto al peligro en la demora, debe prevalecer el interés público materializado en el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual no incumbe a una persona o a un grupo sino que es un interés general frente al interés particular de la empresa desarrolladora de las actividades agrarias que se pide suspender en las áreas que se ha señalado tienen lugar en una zona protegida por su naturaleza de humedal (tipo estuario, clase manglar), categoría especialmente protegida, como se evidencia por la existencia de convenios internacionales de protección de los cuales el Estado costarricense es signatario, y atendiendo también a que en la situación actual se trata de áreas que según se afirma son susceptibles de regeneración y rehabilitación."

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Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

20-003561-1027-CA - 0




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

EL  ESTADO




DEMANDADO/A:

	

UNIÓN DISTRIBUIDORA FERAROSSE S.A.

 

 N° 2024005331

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las uno horas con treinta y seis minutos del veinte de Agosto del dos mil venticuatro.-

 

 

Se conoce solicitud de MEDIDA CAUTELAR interpuesta la representacion estatal, dentro del proceso de conocimiento establecido por el ESTADO, representado por la procuradora Natalia Aguilar Porras, carné número 17419, contra UNIÓN DISTRIBUIDORA FERAROSSE S.A., cédula de persona jurídica 3-101-231155, representada por su apoderado especial judicial, Andrés A. Pérez González, carné número 4263.-

 

RESULTANDO

 

1- Mediante escrito fechado 23 de diciembre de 2023 la representación estatal interpone solicitud de medida cautelar (ver memorial en imágenes 2 a 4 del expediente judicial electrónico legajo de medida cautelar versión PDF orden descendente, en adelante "expediente de medida cautelar").-

 

2- En resolución de las ocho horas veintitrés minutos del quince de febrero de dos mil veinticuatro, se otorga audiencia de gestión cautelar a la sociedad demandada.-

 

3- En memorial fechado 23 de febrero de 2024, la representación de UNIÓN DISTRIBUIDORA FERAROSSE S.A. se opone a la solicitud de tutela que se analiza (ver imágenes 53 a 62 del expediente de medida cautelar).-

 

4- Con resolución de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se concede audiencia a la representación estatal sobre la contraprueba y solicitud de contracautela peticionada por la sociedad accionada.-

 

5- La representación estatal presenta su réplica mediante escrito fechado 2 de julio de 2024 (ver imágenes 74 a 76 del expediente cautelar).-

 

6- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.-

 

CONSIDERANDO

 

I. OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. La parte actora promueve medida cautelar a efectos de que: "...se ordene la suspensión inmediata de toda actividad productiva, agrícola, ganadera o de cualquier otra índole dentro del área delimitada como manglar en el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 y que se permita el libre acceso de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a dichas áreas a fin deque puedan verificar el acatamiento a dicha disposición".

 

III. ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. La representación estatal expone que la apariencia de buen derecho necesaria para la adopción de lo peticionada está dada porque el demanio litoral lo incorporan los manglares (Corte de Casación sentencia de 13:17 hrs. de 24 de febrero de 1911, considerando 3; Sala de Casación, voto 121 de 16 horas del 14 de noviembre de 1979), los cuales, en la actualidad, constituyen humedales e integran el Patrimonio Natural del Estado y conservan ese carácter aun cuando hayan sido desprovistos de su vegetación o condiciones originarias (artículos 262 del Código Civil y 2 de la Ley de Aguas; numerales 13, 14, 15 de la Ley Forestal; 32 y 38 de la Ley 7554; Decretos 7210, 16852, 22550 y 23247). Se afirma que en este asunto, ciertos manglares además forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala (cita el informe No. DRI-CTE-03-252-2018 del 29 de noviembre del 2018 imagen 14 como prueba de la demanda, y Decreto No. 27210, artículo 1.d). Se añade que al incluir a los manglares dentro del concepto de zona pública de la zona marítimo terrestre, y no el de zona restringida, el legislador ha querido reforzar este recurso natural otorgándole su máxima protección, liberándolo de probables presiones por su tenencia y reduciendo los riesgos de deterioro o destrucción, por lo que debe ponderarse el interés público del Estado de garantizar, defender y preservar el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art 50 Constitución Política y 1 de la Ley Orgánica del Ambiente) y que la tutela planteada se solicita con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La representación estatal estima que en el caso particular del tipo de bienes aquí involucrados, grave perjuicio sería el demorar la protección y recuperación de un ecosistema de alta fragilidad ambiental como lo es el manglar y que la adopción de estas medidas debe analizarse a través de la óptica del principio preventivo propio del Derecho Ambiental, en virtud del cual: “La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamente en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto- se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente” (Sala Constitucional. Resolución No. 1250-99 de las 11 horas 24 minutos del 19 de febrero de 1999). Para concluir se expone que en el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 se evidenció que dentro de la delimitación marcada como de manglar existen algunas áreas utilizadas para la agricultura y ganadería por lo que, habiendo fracasado la conciliación, prevalece una seria preocupación a los intereses de mi representado por la afectación que esto pueda causar a ese ecosistema de humedal costero en el caso de posponerse hasta la finalización del proceso la adopción de las medidas necesarias para su protección. En sus manifestaciones posteriores,  la representación estatal objeta las presuntas debilidades de su base probatoria y la confidencialidad alegada por la parte accionada en relación con el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, y también se opone al establecimiento de una contracautela de acogerse la tutela pedida. Estima la representación del Estado que la petición confirma la preocupación del órgano procurador al interponer esta medida cautelar, ya que se estaría evidenciando que desde el momento que la contraparte tuvo conocimiento del informe rendido No. SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, que delimita concretamente el área de manglar dentro de la finca, se ha continuado con la producción agrícola en esas áreas, a pesar contar con la información técnica de su verdadera naturaleza y de la afectación que se estaría causando al ecosistema de manglar, y concluye que la contracautela debe rechazarse por improcedente, indeterminada, improbada e ilógica.

 

III. ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA. La sociedad demandada expone de previo su oposición al informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 de 19 de junio de 2023, aportado por la representación estatal, al respecto considera que el citado informe y los estudios complementarios fueron elaborados a propósito del acercamiento entre las partes y dentro del proceso de un conciliación que, por la naturaleza del objeto del conflicto, se ha extendido por varios meses e incluso años, y que por ese motivo, con fundamento en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social,

artículo 14, ese estudio tiene un carácter absolutamente confidencial, por estar vinculado al contenido de las actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. Se añade que el precitado informe es la base de la tutela solicitada y c onsecuencia de lo que viene expuesto es que el único elemento probatorio que ofrece la Procuraduría General de la República, no puede ser utilizado legalmente en el proceso, pues de admitirse para sustentar en él cualquier decisión judicial, se estaría quebrantando la absoluta confidencialidad que priva por disposición legal en el ámbito de las conciliaciones. En relación con la fundamentación de la medida planteada se objetan los hechos expuestos y se niega la concurrencia de los presupuestos para su otorgamiento. En cuanto a la apariencia de buen derecho, se manifiesta que en la extensa exposición realizada por la Procuraduría General de la República en el memorial de solicitud de la medida cautelar, se realiza una descripción de los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales de la tutela de la zona marítimo terrestre y del manglar, pero que sobre este tema no existe discusión, y que donde radica el punto álgido del problema es en el ofrecimiento del elemento probatorio que sustenta las proposiciones fácticas que dan sustento a la solicitud de tutela cautelar y que como se ha indicado corresponde a un informe que las partes acordaron tener para procurar resolver el conflicto dentro del contexto de la conciliación que se llevaba a cabo entre las partes y que es por esa conciliación y no con fundamento en otra razón, que se solicitó que el Programa de Humedales del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC determinara el alcance del manglar dentro de los inmuebles objeto del proceso (6-22964-000 y 6-44956-000). Se afirma que los elementos de prueba a que se ha hecho referencia al dar contestación a la presente medida cautelar, ciertamente, no acreditan que dentro de la delimitación del manglar existan áreas utilizadas para la agricultura y menos aún a la ganadería que puedan afectar el ecosistema del humedal costero, y que la

única alusión a esa circunstancia se referencia en el acápite de conclusiones del documento elaborado por el señor Julio César Solano Durán a propósito de la conciliación que las partes buscaban concretar. Se enfatiza, en demérito del estudio que invoca el Estado y objeta la accionada, que cuando se emite opinión experta es insuficiente emitir conclusiones del tipo que contiene el citado documento y se requiere adicionalmente que las conclusiones sean vertidas sobre bases sólidas desde el punto de vista teórico y conforme a una rigurosa investigación científica intersubjetivamente controlable. En este caso, la conclusión acerca de la posible afectación al manglar, se desconoce si está fundada en la observación, en la experiencia o en técnicas científicas validadas por la comunidad experta, sea conforme a los métodos usuales de la ciencia, de lo contrario no se conoce su fiabilidad y su precisión (NAS REPORT 2009, p. 128). Niega también la accionada la existencia de peligro en la demora, y esgrime que ausente se encuentra además la argumentación y más allá de ello, la demostración del peligro que pueda sufrir el ecosistema del manglar o de la zona marítimo terrestre por el uso agrícola que se realiza en la finca es inevitable indicar, para ilustrar a la persona juzgadora, que se trata de una finca en que se realiza una explotación conforme a normas internacionales de control de uso de productos agroquímicos, pues toda la cosecha es de exportación y debe responder con estricto control al cumplimiento de normas internacionales en defensa del medio ambiente y de la salud humana. Se añade que el reporte realizado se refiere a actividad agrícola sin precisar qué tipo de actividad, pues existen sustanciales diferencias entre la explotación de la tierra para el cultivo del arroz (actividad productiva que no se realiza en las fincas) o en la explotación del melón o la sandía (que son actividades que sí se realizan en la finca y que no afectan el manglar ni la zona marítimo terrestre),por cuanto la finca se explota bajo el esquema Global G.A. P. que está previsto para que la producción agrícola se desarrolle de manera segura y sostenible con el fin de beneficiar no sólo a los productores sino a los consumidores y remite para consulta al sitio www.globalstd.com y que la empresa Frutas Nuñez L C del Pacífico S. A., a cargo de la producción, cuenta con la certificación que expide precisamente la empresa Global G.A. P por lo que el manejo de la finca es absolutamente seguro y amigable con el medio ambiente. Como prueba en fundamento de su oposición la parte accionada ofrece

INFORME DIG-TOT-INF-059-2020 preparado por el Geógrafo Giovanni Oconitrillo Chaves, Analista Subproceso Clasificación Territorial, del Departamento Topográfico y Observación del Territorio Instituto Geográfico Nacional - Registro Nacional, el 9 cual fue ofrecido como prueba por la Procuraduría General de la República al momento de interponer la demanda y se encuentra agregado al expediente principal.

	

imágenes 195 a 203 del expediente judicial carpeta principal




Informe DRI-CTE-03-252-2018 del 29 de noviembre del 2018 en el que se solicita una conciliación catastral de la finca 106093 y sus segregaciones, así como evidenciar posibles afectaciones a la Zona Marítimo Terrestre o Manglar, el Ing. Roberto Segura González.

	

imágenes 173 a 194 del expediente judicial carpeta principal




Certificado emitido por Global G.A. a la empresa Frutas Nuñez LC del Pacífico S A. y su correspondiente traducción, con lo que se demuestra los estándares aplicados en la explotación de la finca

	

imágenes 63  a 65 del expediente de medida cautelar y traducciones en imágenes 67 a 70.

 

Para finalizar, la parte accionada pide que si se otorga lo pedido por el Estado se imponga una cautela que permita garantizar los daños y perjuicios que se puedan irrogar derivadas de las limitaciones impuestas de manera absolutamente injustificada sobre un área tan considerable de la finca, que por lo demás es explotada comercialmente en siembra y comercialización de sandía y meló, por lo que considera que el Estado ha de garantizar con una suma razonable y según la extensión del terreno, conforme lo determine la autoridad judicial.

 

IV. EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR Y SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES INDISPENSABLES. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.  La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido  conceptualizada como peligro en la demora, por ende, que en razón de la demora del proceso judicial, se haga ineludible  un peligro actual, real y objetivo de que generaría a la parte promovente un daño grave. Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar. Para la determinación de la procedencia de la medida es también importante tomar en cuenta, que la medida que vaya adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.-) La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.-) La provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las circunstancias así lo impongan. Es decir, tiene efectos supeditados a la pendencia de aquel proceso, tanto como y, -por otro lado-, a la permanencia en el tiempo de la circunstancias que fuesen tomadas en cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-) La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera parte. 4.-) La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el proceso de conocimiento.-

 

V. SOBRE EL CASO CONCRETO.  a) Sobre la admisibilidad del Informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023.  Analizado el formato del referido documento, su formato y sus anexos, este tribunal concluye que no está afectado por la confidencialidad que aduce la parte accionante. La finalidad de la normativa que contiene la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social sobre confidencialidad , y particularmente su artículo 14, no son aplicables a este caso y al oficio cuya consideración se impugna. En primer lugar su contenido no comprende "actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio", por el contrario se trata de un informe técnico en el cual se exponen aspectos considerados y conclusiones, no alude en modo alguno a las propuestas de las partes, concesiones recíprocas en relación con el objeto del proceso sometido a posible conciliación, tampoco evidencia del contenido de negociaciones preliminares ni de acuerdos parciales, que en este caso no existieron. El sentido de la normativa invocada es evitar que las manifestaciones que se dan en el contexto de un arreglo o posible arreglo no perjudiquen o se usen posteriormente a quien las emite, el documento no contiene informaciones o referencias de ese tipo, por lo cual carece del sustento jurídico indicado la objeción de la parte actora a su admisibilidad como medio probatorio a ser valorado. En segundo lugar, la redacción y estructura del documento son concordantes con la afirmación del órgano procurador de que se elaboró para su utilización en defensa de los intereses del Estado en este proceso, no específicamente como instrumento para la negociación de un posible acuerdo conciliatorio (en tal sentido oficio DAA-OFI-585-2023 en imagen 77 del expediente de medida cautelar). Por otra parte, a partir de la audiencia conferida la parte accionada ha tenido la oportunidad de objetar, desde las perspectivas técnica y jurídica, el contenido del oficio, como se analizará en los siguientes acápites a fin de llegar a una decisión sobre la solicitud del Estado y la oposición de la entidad accionada. b) Sobre los presupuestos y requisitos de la medida peticionada. Partiendo de lo anteriormente expuesto, se procede a realizar el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto a las pretensiones indicadas, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a la apariencia de buen derecho,  se debe recalcar que este punto debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el caso que se analiza del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta está razonablemente motivada, de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo (lo cual, en todo caso, no es propio del proceso cautelar), se estima que la parte accionante se encuentra facultada para impugnar los supuestos vicios que afectan las conductas que son objeto del proceso de conocimiento, que por otra parte y tratándose de una medida intraprocesal ya han superado el trámite de admisibilidad de toda demanda planteada en esta sede. Lo indicado permite determinar la procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar en virtud de alegatos que deberán ser analizados en el proceso de fondo correspondiente, en consideración tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo que se estipula en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, y en este caso, de la situación jurídica y derechos subjetivos de la entidad accionada cuya validez impugna el Estado, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de las situaciones concretas planteadas como objeto de este litigio. En cuanto a las objeciones de la parte accionada, en realidad no demeritan lo indicado, toda vez que, por una parte, admite el marco general del proceso relativo a la protección del patrimonio natural del Estado y particularmente la zona pública de la zona marítima terrestre, y por otra, se desecharon sus argumentaciones sobre la ilegalidad de tomar en cuenta el estudio presentado por el órgano procurador en sustento de las medidas cautelares que se analizan.  Las objeciones referentes al contenido técnico y consecuencias jurídicas del estudio aportado no demeritan que a nivel de un análisis o conocimiento sumario se llegue a la conclusión que la teoría del caso de la parte actora no es temeraria ni palmariamente carente de seriedad, con lo cual se tiene por cumplido el presupuesto analizado que se deriva del numeral 21 del CPCA. Ahora bien, como se indicó en el Considerando anterior, para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente, en otras palabras existencia de peligro en la demora. En ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Específicamente en relación con este segundo elemento analizado, es criterio de este despacho, tomando en consideración reiterada jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como de los Despachos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, que la tutela del ambiente goza de una especial protección, que en virtud de principios derivados del numeral 50 constitucional implica principios tales como el principio preventivo o precautorio, que en virtud de la documentación aportada sustenta, desde la perspectiva del peligro en la demora y de manera contundente, el otorgamiento en lo fundamental de las pretensiones cautelares planteadas por la representación estatal. En criterio de este Tribunal, el contenido del informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 (imágenes 5 a 46 del expediente de medida cautelar) junto con otros elementos sustentan un peligro de perpetración y consolidación de daños graves a un ecosistema especialmente protegido en razón de su vulnerabilidad (humedal de tipo estuario de clase manglar) por la extensión de actividades que se llevan a cabo en inmueble inscritos actualmente a nombre de la sociedad accionada. Según el citado informe que contiene en sus diversos acápites referencias a la delimitación de su objeto, metodologías empleadas, marco teórico relacionado con la conceptualización de sus humedales, conservación y actividades permitidas, así como puntualización de los hallazgos concluyentes de la existencia en el área estudiada (y según todos los indicios considerados también objeto del litigio por definir en cuanto al fondo) de un ecosistema de humedad (fauna encontrada, vegetación hidrófila, condición o régimen hídrico), así como referencia a la aplicación de otra serie de procedimientos científicos (estudios retrospectivos y fotointerpretativos, determinación de presencia o ausencia de suelos hidromórficos), todo lo cual sustenta sus conclusiones:

Las fincas con matrícula 6-22964-000, plano 6-462593-1982 y matrícula 6-44956-000, plano P-461951-1982, poseen áreas de ecosistema de Humedal de tipo Estuarino clase Manglar. Actualmente algunas de estas áreas se encuentran utilizadas para la agricultura y ganadería, con caminos y drenajes, causando grave afectación a dicho ecosistema.




Se estima que en el área definida por el plano 6-462593-1982 existe un área de 76 has 4671,59 m² aproximadamente de ecosistema de manglar.




También se estima que para la finca con plano P-461951-1982 existe un área que corresponde a ecosistema de manglar de aproximadamente 22 has con 438m2.




La línea de manglar generada mediante el presente estudio es precisa respecto al límite del ecosistema de manglar con otras áreas dedicadas a agricultura; y se debe utilizar como referencia de límite para calcular las áreas de los nuevos planos que se generen con instrumentos topográficos.

 

El estudio concluye con recomendaciones, dentro de las que destaca la final, que establece en este momento todavía existe la posibilidad de que las áreas sensible que se consideran afectadas puedan ser "restauradas y rehabilitadas" para lo cual el Sistema Nacional de Áreas de conservación deberá realizar una recuperación "por medio de Planes de Restauración y Rehabilitación ecológica para manglares". El documento incluye también referencia a fuentes bibliográficas, evidencia de estudios de suelo y fotografías que muestran área de humedal labrada, área de cultivo de melón que en el pasado fue manglar y otra área de manglar utilizada para cultivos. En criterio del tribunal, el referido documento corresponde a un estudio sustentado técnica y científicamente, y también resulta suficiente en el contexto del conocimiento sumario que se lleva a cabo en el análisis de la procedencia de una tutela cautelar para tener por acreditado el peligro en la demora que alega la representación estatal. Como se destacó, las conclusiones del estudio evidencian la afectación de áreas de un humedal y su afectación o degradación por actividades agrarias, pero el contenido de sus recomendaciones devela también la posibilidad de recuperación y rehabilitación si se siguen planes adecuados, por lo cual es necesario que se detengan con la mayor celeridad posible las actividades que se señalan como causantes de la degradación y amenazas al ecosistema presente en las áreas a las cuales se refiere el litigio, lo cual sustenta el peligro en la demora que debe contemplarse a la hora de decretar una medida cautelar. La parte accionada sostiene que las conclusiones del referido se desvinculan del contenido y que su base técnica es insuficiente, asimismo que no concuerda con la restante prueba aportada por el Estado. Como se señaló previamente, este despacho no coincide con las afirmaciones de la accionada sobre el contenido del estudio a la luz del conocimiento propio de esta fase, pero tampoco se debe olvidar que en el marco del proceso conocimiento, indispensable para  llegar a una decisión final sobre el objeto del proceso de conocimiento, la parte podrá demandada podrá exponer ampliamente sus argumentos y la prueba de sustento de sus objeciones. También se disiente en cuanto a que el estudio no guarde relación otras probanzas aportadas por el Estado, dentro de ellas los informes DIG-TOT-INF-059-2020 y DRI-CTE-03-252-2018 que la propia sociedad accionada ofrece en respaldo de sus objeciones. En el primero de ellos se exponen resultados que son concordantes con la existencia de áreas de manglar comprendidas en los terrenos que abarcan los planos P-461951-82 y P-462593-82 (ver en particular cuadro ubicado en imagen 203 del expediente principal). En el segundo, que corresponde a una conciliación catastral de una finca que originaría, entre otras, las propiedades de la sociedad accionada, y análisis de posibles traslapes entre los terrenos comprendidos en los plantos analizados y la Zona Marítimo Terrestre, y en lo que interesa señala: "Con respecto a la Zona Marítimo Terrestre, del montaje se logra apreciar que el plano P-461951-1982 (publicitado en la finca 44956) se encuentra ubicado en parte dentro del área demarcada en la hoja cartográfica Herradura como Manglar, en esta zona no se cuenta con línea de mojones publicitada por el Instituto Geográfico Nacional en el SNIT" y "Con respecto a la demarcación del MINAE, se logra apreciar en el montaje que de los planos relacionados a la finca 44492 que únicamente el plano P-461951-1982 se ubica entro de dicha zona del MINAE" (imágenes 187 y 188 del expediente principal). Por consiguiente, los precitados estudios concuerdan en lo fundamental con el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, y no se evidencia que en forma alguna su contenido, para lo efectos propios de esta etapa, demerite el contenido del último estudio citado y, en particular, el sustento del peligro en la demora que el tribunal aprecia en la solcitud planteada por el Estado. Para finalizar, la parte accionada manifiesta que la prueba por ella aportada, visible en imágenes 63 a 65 del expediente de medida cautelar (traducciones en imágenes 67 a 70) respaldan la existencia del peligro en la demora, porque según argumenta, esos certificados demuestran que los cultivos de sandía y melón que en esos terrenos lleva a cabo Frutas Núñez LC del Pacífico S.A., cumplen criterios rigurosos de alta sostenibilidad ecológica, al amparo de criterios y estudios de una entidad extranjera especializada en tales valoraciones. Para este tribunal la prueba aportada constituye un elemento indiciario, pero insuficiente para desvirtuar la existencia de peligro en la demora, por cuanto, no si bien el certificado aportado puede respaldarse en estudios técnicos y científicos que lo respaldan, estos no se adjuntan, por lo cual son desconocidos y no se pueden evaluar ni siquiera someramente. Por otra parte, que el cultivo que se desarrolle en áreas sea sustentable ecológicamente no covalidaría o subsanaría que esa actividad agraria invada o afecte zonas protegidas y que correspondan a áreas que forman parte del patrimonio natural del Estado. Teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, debe analizarse el tercer elemento, correspondiente a la ponderación de los intereses en juego. Considera este tribunal que existe una correlación del medio ambiente y la acción del hombre, por lo que, debe examinarse con detalle este último presupuesto por los intereses que intervienen. Del presente asunto y en línea con lo expuesto en cuanto al peligro en la demora, debe prevalecer el interés público materializado en el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual no incumbe a una persona o a un grupo sino que es un interés general frente al interés particular de la empresa desarrolladora de las actividades agrarias que se pide suspender en las áreas que se ha señalado tienen lugar en una zona protegida por su naturaleza de humedal (tipo estuario, clase manglar), categoría especialmente protegida, como se evidencia por la existencia de convenios internacionales de protección de los cuales el Estado costarricense es signatario, y atendiendo también a que en la situación actual se trata de áreas que según se afirma son susceptibles de regeneración y rehabilitación. En lo relativo a los elementos estructurales de la tutela peticionada, este Tribunal considera que todos convergen en el caso analizado. En primer lugar se debe considerar la instrumentalidad, que es el requisito fundamental de la tutela cautelar: si la medida peticionada no es necesaria para asegurar el objeto del proceso y, fundamentalmente, la ejecutabilidad de una futura sentencia estimatoria, su otorgamiento es improcedente. En el caso concreto, han sido demostrado el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos, en particular la posibilidad de daños graves por la demora en obtener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, de modo que el otorgamiento de lo peticionado cautelarmente resulta instrumental para garantizar una eventual la ejecutabilidad de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones del Estado. En cuanto a la provisionalidad, tampoco considera este Despacho que lo peticionado no se ajuste a este requisito estructural, toda vez que otorgada la medida solicitada, podría retrotraerse en caso de una sentencia negativa para la parte actora, e incluso antes por efecto de la revocabilidad de las medidas que se otorguen, contemplada en el numeral 29.1 del CPCA. En cuanto a la urgencia y la cognición sumaria, sobre el primero sería redundante referirse, habida cuenta que está fuertemente ligado al presupuesto del peligro en la demora, que como ha sido expuesto, se considera plenamente acreditado en el caso que se analiza, y en cuanto al segundo, como se ha estimado en el análisis de cada uno de los presupuestos, el análisis sumario de la la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora y la ponderación de intereses en juego ha sido posible desde tal perspectiva, sin necesidad de invadir o en forma alguna llegar a conclusiones que resultan prematuras por ser propia de la sentencia que se dicte sobre el fondo, previo agotamiento de todas las etapas del procedimiento. CONCLUSIÓN: Por cumplirse los presupuestos legales y converger los requisitos estructurales de la tutela peticionada, se acoge con carácter definitivo hasta que este tribunal no disponga lo contrario la medida cautelar solicitada, en los términos que se indicarán, en consecuencia: (i) se ordena a la sociedad accionada la suspensión inmediata de toda actividad productiva, agrícola, ganadera o de cualquier otra índole no autorizada dentro del área delimitada como manglar en el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, conclusiones primera, segunda y tercera; y (ii) la sociedad accionada deberá, previa coordinación, permitir el ingreso de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a las áreas indicadas para que puedan verificar el acatamiento de lo dispuesto en el punto precedente y evaluar lo referente al ejercicio de sus competencias y programar las acciones para la restauración y recuperación de las áreas de manglar, en caso de renuencia injustificada a cumplir con lo señalado en este punto, se deberá plantear lo que corresponda ante el área de ejecución de este Tribunal. c) Sobre la solicitud de contracautela. Básicamente la parte accionada pretende que el Estado rinda caución por posibles daños derivados de la ejecución de la medida cautelar peticionada, no obstante, no cuantifica ni justifica fehacientemente su pretensión. Este tribunal estima que en razón de la imposibilidad del Estado de declararse en insolvencia, así como debido al régimen de responsabilidad administrativa que constitucional y legalmente se encuentra establecido, la contracautela peticionada es improcedente, y si se llegase a considerar que la conducta del Estado genera daños que deban ser reparados, la parte accionada podrá acudir a la vía correspondiente para exigir la responsabilidad estatal y las indemnizaciones correspondientes. d) Sobre las costas.  Se resuelve sin especial condena en costas.

 

POR TANTO

 

PRIMERO: Se acoge con carácter definitivo hasta que este tribunal no disponga lo contrario, la medida cautelar solicitada por la representación estatal, en los siguientes términos: (i) se ordena a la sociedad accionada la suspensión inmediata de toda actividad productiva, agrícola, ganadera o de cualquier otra índole no autorizada dentro del área delimitada como manglar en el informe SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, conclusiones primera, segunda y tercera; y (ii) la sociedad accionada deberá, previa coordinación, permitir el ingreso de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a las áreas indicadas para que puedan verificar el acatamiento de lo dispuesto en el punto precedente y evaluar lo referente al ejercicio de sus competencias y programar las acciones para la restauración y recuperación de las áreas de manglar, en caso de renuencia injustificada a cumplir con lo señalado en este punto, se deberá plantear lo que corresponda ante el área de ejecución de este Tribunal. SEGUNDO: Se rechaza la solicitud de contracautela peticionada por la sociedad accionada. TERCERO: Se resuelve sin especial condena en costas. (f) José Roberto Brenes Chinchilla. JUEZ.

 

 

 

 

 

 



 

 




- Código Verificador -
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390WXUTJIEQ61



 

Documento firmado por:

JOSÉ ROBERTO BRENES CHINCHILLA, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 20-003561-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:33:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO**

1- By brief dated December 23, 2023, the State's representation files a request for a precautionary measure (see brief in images 2 to 4 of the electronic judicial file, precautionary measure legajo, PDF version descending order, hereinafter "precautionary measure file").-

2- In a resolution issued at eight hours twenty-three minutes on February fifteenth, two thousand twenty-four, a hearing on the precautionary management is granted to the defendant company.-

3- In a brief dated February 23, 2024, the representation of UNIÓN DISTRIBUIDORA FERAROSSE S.A. opposes the request for protection under analysis (see images 53 to 62 of the precautionary measure file).-

4- By resolution issued at fourteen hours forty-six minutes on June twenty-sixth, two thousand twenty-four, a hearing is granted to the State's representation regarding the counter-evidence and the request for a counter-guarantee (contracautela) sought by the defendant company.-

5- The State's representation presents its reply via a brief dated July 2, 2024 (see images 74 to 76 of the precautionary file).-

6- The required procedural prescriptions have been observed in these proceedings, and no grounds for nullity capable of invalidating what has been done are noted.-

**CONSIDERANDO**

**I. PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE.** The plaintiff promotes a precautionary measure so that: "...the immediate suspension of all productive, agricultural, livestock, or any other type of activity within the area delimited as mangrove swamp in report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 is ordered, and that free access be permitted to officials of the National System of Conservation Areas to said areas so that they may verify compliance with said provision."

**III. ARGUMENTS OF THE PROMOTER.** The State's representation states that the appearance of a good right (apariencia de buen derecho) necessary for the adoption of what is requested is given because the coastal public domain (demanio litoral) incorporates mangrove swamps (Court of Cassation, judgment of 13:17 hrs. on February 24, 1911, considerando 3; Cassation Chamber, vote 121 of 16 hours on November 14, 1979), which, currently, constitute wetlands and integrate the Natural Heritage of the State and retain that character even when they have been deprived of their vegetation or original conditions (articles 262 of the Civil Code and 2 of the Water Law; numerals 13, 14, 15 of the Ley Forestal; 32 and 38 of Law 7554; Decrees 7210, 16852, 22550 and 23247). It is affirmed that in this matter, certain mangrove swamps also form part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala (cites report No. DRI-CTE-03-252-2018 of November 29, 2018, image 14 as proof of the claim, and Decree No. 27210, article 1.d). It is added that by including mangrove swamps within the concept of the public zone (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), and not that of the restricted zone (zona restringida), the legislator has sought to reinforce this natural resource by granting it maximum protection, freeing it from probable pressures over its tenure and reducing the risks of deterioration or destruction, therefore the State's public interest in guaranteeing, defending, and preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment must be weighed (Art 50 Political Constitution and 1 of the Organic Environmental Law) and that the protection proposed is requested for the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. The State's representation considers that in the particular case of the type of goods involved here, the delay in the protection and recovery of an ecosystem of high environmental fragility such as the mangrove swamp would be a serious harm (grave perjuicio), and that the adoption of these measures must be analyzed through the lens of the preventive principle (principio preventivo) inherent to Environmental Law, by virtue of which: "Prevention seeks to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to contain the possible affectation of the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or a doubt in that regard– a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have a moral transcendence, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment" (Constitutional Chamber. Resolution No. 1250-99 of 11 hours 24 minutes on February 19, 1999). To conclude, it is stated that report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 showed that within the delimitation marked as mangrove swamp, there are some areas used for agriculture and livestock, therefore, conciliation having failed, a serious concern prevails for the interests of my represented party due to the affectation that this may cause to that coastal wetland ecosystem if the adoption of the necessary measures for its protection is postponed until the end of the process. In their subsequent statements, the State's representation objects to the alleged weaknesses of its evidentiary basis and the confidentiality alleged by the defendant party in relation to report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, and also opposes the establishment of a counter-guarantee (contracautela) if the requested protection is granted. The State's representation considers that the request confirms the concern of the procurator's office when filing this precautionary measure, since it would be evidencing that from the moment the counterparty became aware of the rendered report No. SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, which concretely delimits the mangrove area within the farm, agricultural production has continued in those areas, despite having the technical information of its true nature and the affectation that would be caused to the mangrove ecosystem, and concludes that the counter-guarantee (contracautela) must be rejected as improper, indeterminate, unproven, and illogical.

**III. ARGUMENTS OF THE DEFENDANT.** The defendant company first sets forth its opposition to report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 of June 19, 2023, provided by the State's representation, in this regard considering that the cited report and the complementary studies were prepared for the purpose of the rapprochement between the parties and within a conciliation process that, due to the nature of the object of the conflict, has extended for several months and even years, and that for this reason, based on the Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace, article 14, that study has an absolutely confidential character, as it is linked to the content of the preparatory activities, conversations, and partial agreements of the conciliatory agreement. It is added that the aforementioned report is the basis of the requested protection and consequently, the only evidentiary element offered by the Procuraduría General de la República cannot be legally used in the process, because if it were admitted to support any judicial decision upon it, the absolute confidentiality that prevails by legal provision in the area of conciliations would be violated. In relation to the basis of the proposed measure, the facts presented are objected to, and the concurrence of the prerequisites for its granting is denied. Regarding the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), it is stated that in the extensive exposition made by the Procuraduría General de la República in the brief requesting the precautionary measure, a description is made of the constitutional, legal, and jurisprudential foundations for the protection of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and the mangrove swamp, but that there is no discussion on this topic, and that where the critical point of the problem lies is in the offer of the evidentiary element that supports the factual propositions that give support to the request for precautionary protection, and that, as indicated, corresponds to a report that the parties agreed to have in order to try to resolve the conflict within the context of the conciliation that was being carried out between the parties, and that it is for that conciliation and not based on any other reason, that the Wetlands Program of the Central Pacific Conservation Area of SINAC was requested to determine the extent of the mangrove swamp within the properties subject to the process (6-22964-000 and 6-44956-000). It is affirmed that the elements of proof referenced when responding to this precautionary measure certainly do not prove that within the mangrove swamp delimitation there are areas used for agriculture and even less so for livestock that may affect the coastal wetland ecosystem, and that the only allusion to that circumstance is referenced in the conclusions section of the document prepared by Mr. Julio César Solano Durán regarding the conciliation the parties sought to finalize. It is emphasized, to the detriment of the study invoked by the State and objected to by the defendant, that when an expert opinion is issued, it is insufficient to issue conclusions of the type contained in the cited document, and it is additionally required that the conclusions be rendered on solid bases from a theoretical point of view and in accordance with a rigorous intersubjectively controllable scientific investigation. In this case, the conclusion regarding the possible affectation to the mangrove swamp, it is unknown if it is based on observation, experience, or scientific techniques validated by the expert community, that is, according to the usual methods of science, otherwise its reliability and precision are unknown (NAS REPORT 2009, p. 128). The defendant also denies the existence of peril in delay (peligro en la demora), and argues that the argumentation is absent, and beyond that, the demonstration of the peril that the mangrove ecosystem or the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) may suffer from the agricultural use carried out on the farm, it is inevitable to point out, to illustrate to the judging person, that it is a farm where exploitation is carried out in accordance with international standards for controlling the use of agrochemical products, since the entire harvest is for export and must respond with strict control to compliance with international standards in defense of the environment and human health. It is added that the report made refers to agricultural activity without specifying what type of activity, since there are substantial differences between the exploitation of the land for rice cultivation (a productive activity not carried out on the farms) and the exploitation of melon or watermelon (which are activities that are carried out on the farm and do not affect the mangrove swamp or the maritime-terrestrial zone), because the farm is exploited under the Global G.A.P. scheme, which is designed so that agricultural production is developed in a safe and sustainable manner in order to benefit not only the producers but also the consumers, and refers for consultation to the site www.globalstd.com and that the company Frutas Nuñez L C del Pacífico S. A., in charge of the production, holds the certification issued precisely by the company Global G.A.P., therefore the management of the farm is absolutely safe and friendly to the environment. As evidence in support of its opposition, the defendant party offers

INFORME DIG-TOT-INF-059-2020 prepared by Geographer Giovanni Oconitrillo Chaves, Analyst of the Territorial Classification Subprocess, of the Topographic Department and Territory Observation, Instituto Geográfico Nacional - Registro Nacional, which was offered as evidence by the Procuraduría General de la República at the time of filing the claim and is added to the main file.

    images 195 to 203 of the judicial file main folder

Informe DRI-CTE-03-252-2018 of November 29, 2018, in which a cadastral conciliation of farm 106093 and its segregations is requested, as well as evidencing possible affectations to the Zona Marítimo Terrestre or Mangrove Swamp, by Eng. Roberto Segura González.

    images 173 to 194 of the judicial file main folder

Certificate issued by Global G.A. to the company Frutas Nuñez LC del Pacífico S A. and its corresponding translation, demonstrating the standards applied in the exploitation of the farm.

    images 63 to 65 of the precautionary measure file and translations in images 67 to 70.

Finally, the defendant party requests that if what is requested by the State is granted, a bond (cautela) be imposed to guarantee the damages and losses (daños y perjuicios) that may be incurred derived from the limitations imposed in an absolutely unjustified manner on such a considerable area of the farm, which moreover is commercially exploited for the planting and commercialization of watermelon and melon, therefore considering that the State must guarantee with a reasonable sum according to the extent of the land, as determined by the judicial authority.

**IV. IN GENERAL ON THE NECESSARY PREREQUISITES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE AND ITS INDISPENSABLE STRUCTURAL CHARACTERISTICS.** Jurisprudence has broadly developed the object of precautionary justice, which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by conserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the purpose of establishing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. Starting from the above, the judging person, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the appropriateness of a precautionary measure request, verifying that the claim of the cognizance process is not reckless or, in a clear manner, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case in question, what doctrine and jurisprudence have called the appearance of a good right (fumus boni iuris) exists. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subjected to process produces serious damages or harms (graves daños o perjuicios), current or potential, a situation that has been conceptualized as peril in delay (peligro en la demora), therefore, that due to the delay of the judicial process, a current, real, and objective peril becomes unavoidable that it would generate a serious harm to the promoting party. Under the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes the obligation of the judging person to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake between the circumstance of the individual, on one hand, and the public interest, on the other, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure. In determining the appropriateness of the measure, it is also important to consider that the measure to be adopted structurally has the following characteristics: 1.-) Instrumentality and prior independence in relation to the final judgment produced in a main process, a matter that determines, at the same time, the subordination or accessory nature of the measure with respect to the main process within, or for which, it is issued. 2.-) Provisionality, in that its effectiveness, in principle, is exhausted at the moment the judgment on the merits is issued in the main matter or when circumstances so require. That is, it has effects conditioned on the pendency of that process, just as, -on the other hand-, on the permanence over time of the circumstances that were taken into account for its adoption, characteristics that stem from its intrinsic possibility of modification or revocation (effectiveness rebus sic stantibus). 3.-) The urgency to avoid peril in delay (peligro en la mora), a note that justifies precautionary measures adopted ante causam, prima facie or inaudita altera parte. 4.-) The summary cognition (sumaria cognitio), that is, that this type of measure is adopted by virtue of a highly summary cognition carried out by the jurisdictional body, without prejudging the merits of the matter, which in no way replaces the plenary succession of steps that the cognizance process implies.-

**V. ON THE SPECIFIC CASE.** a) On the admissibility of Report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023. Having analyzed the format of the referenced document, its format, and its annexes, this court concludes that it is not affected by the confidentiality alleged by the plaintiff party. The purpose of the regulations contained in the Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace regarding confidentiality, and particularly its article 14, are not applicable to this case and to the official communication whose consideration is challenged. In the first place, its content does not comprise "preparatory activities, conversations, and partial agreements of the conciliatory agreement"; on the contrary, it is a technical report in which considered aspects and conclusions are presented; it does not in any way allude to the parties' proposals, reciprocal concessions in relation to the object of the process submitted for possible conciliation, nor does it evidence the content of preliminary negotiations or partial agreements, which in this case did not exist. The meaning of the invoked regulation is to prevent statements made in the context of an arrangement or possible arrangement from prejudicing or being subsequently used against the person who issues them; the document does not contain information or references of that type, for which reason the plaintiff party's objection to its admissibility as an evidentiary means to be assessed lacks the indicated legal support. In the second place, the drafting and structure of the document are concordant with the assertion of the procurator's office that it was prepared for use in defense of the State's interests in this process, not specifically as an instrument for negotiating a possible conciliatory agreement (in this sense, official communication DAA-OFI-585-2023 in image 77 of the precautionary measure file). Moreover, from the hearing granted, the defendant party has had the opportunity to object, from technical and legal perspectives, to the content of the official communication, as will be analyzed in the following sections in order to reach a decision on the State's request and the opposition of the defendant entity. b) On the prerequisites and requirements of the requested measure. Starting from what is set forth above, the specific study of the elements required by Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedure Code is carried out, regarding the indicated claims, in accordance with the arguments of both parties and the evidentiary elements provided to the file, noting that it is a procedural burden for the interested party, pursuant to Articles 220 of the aforementioned Code and 41 of the Civil Procedure Code, to prove the affirmations made in support of its claims. Regarding the first of them, corresponding to the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), it must be emphasized that this point must be analyzed in accordance with the parameters set forth in the Contentious-Administrative Procedure Code; in the case under analysis, from the study of the precautionary request, it is observed, preliminarily, that the theory of the case presented is reasonably motivated, so that, without entering into a value judgment on the merits (which, in any case, is not proper to the precautionary process), it is considered that the plaintiff party is empowered to challenge the alleged defects (supuestos vicios) affecting the conduct that is the object of the cognizance process, which moreover, and being an intraprocedural measure, have already passed the admissibility procedure for any claim filed in this venue. The foregoing allows determining the appropriateness of this element or prerequisite of the precautionary measure by virtue of allegations that must be analyzed in the corresponding merit process, in consideration both of the provisions of Article 49 of the Constitution and what is stipulated in the Contentious-Administrative Procedure Code, which makes it possible to exercise plenary control over the legality of the administrative function, and in this case, over the legal situation and subjective rights of the defendant entity whose validity is challenged by the State, which implies declaring the legal non-conformity of the specific situations raised as the object of this litigation. Regarding the objections of the defendant party, they do not in reality diminish what has been indicated, since, on one hand, it admits the general framework of the process concerning the protection of the State's natural heritage and particularly the public zone (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre), and on the other, its arguments regarding the illegality of taking into account the study presented by the procurator's office in support of the precautionary measures under analysis were dismissed. The objections regarding the technical content and legal consequences of the study provided do not detract from the fact that at the level of a summary analysis or cognition (conocimiento sumario), the conclusion is reached that the theory of the case of the plaintiff party is neither reckless nor clearly lacking in seriousness, whereby the analyzed prerequisite derived from numeral 21 of the CPCA is deemed fulfilled. Now, as indicated in the preceding Considerando, for the appropriateness of the precautionary protection, according to legal provision, it is required that the execution or permanence of the administrative conduct subjected to the process produces damages or serious harms (daños o perjuicios graves), current or potential, to the legal situation of the promoter, in other words, the existence of peril in delay (peligro en la demora). In this sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the harm (or perjuicio) (serious, current or potential), but rather it must be proven, a situation that implies a procedural burden that must be assumed by the interested party, pursuant to Articles 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code and 41 of the Civil Procedure Code. Specifically in relation to this second analyzed element, it is the criterion of this office, taking into consideration reiterated jurisprudence, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice and from the Offices that comprise the contentious-administrative jurisdiction, that environmental protection enjoys special protection, which by virtue of principles derived from constitutional numeral 50 implies principles such as the preventive or precautionary principle (principio preventivo o precautorio), which by virtue of the documentation provided supports, from the perspective of peril in delay (peligro en la demora) and overwhelmingly, the granting in its fundamental aspects of the precautionary claims raised by the State's representation. In the opinion of this Court, the content of report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023 (images 5 to 46 of the precautionary measure file) together with other elements support a peril of perpetuation and consolidation of serious damages to an ecosystem specially protected by reason of its vulnerability (wetland of the estuary type, mangrove class) due to the extension of activities carried out on properties currently registered in the name of the defendant company. According to the cited report, which contains in its various sections references to the delimitation of its object, methodologies employed, theoretical framework related to the conceptualization of its wetlands, conservation, and permitted activities, as well as the specification of the conclusive findings of the existence in the studied area (and according to all the indications considered also the object of the litigation to be defined regarding the merits) of a wetland ecosystem (found fauna, hydrophilic vegetation, hydrological condition or regime), as well as reference to the application of another series of scientific procedures (retrospective and photointerpretative studies, determination of the presence or absence of hydromorphic soils), all of which supports its conclusions:

The farms with registration number 6-22964-000, plan 6-462593-1982 and registration number 6-44956-000, plan P-461951-1982, possess areas of Wetland ecosystem of the Estuarine type, Mangrove class. Currently, some of these areas are used for agriculture and livestock, with roads and drainage, causing serious affectation to said ecosystem.

It is estimated that in the area defined by plan 6-462593-1982, there is an area of 76 ha 4671.59 m² approximately of mangrove ecosystem.

It is also estimated that for the farm with plan P-461951-1982, there is an area corresponding to mangrove ecosystem of approximately 22 ha with 438 m².

The mangrove line generated through the present study is precise regarding the limit of the mangrove ecosystem with other areas dedicated to agriculture; and it must be used as a boundary reference to calculate the areas of the new plans generated with topographic instruments.

The study concludes with recommendations, among which the final one stands out, establishing that at this moment there still exists the possibility that the sensitive areas considered affected can be "restored and rehabilitated" for which the National System of Conservation Areas must carry out a recovery "through Ecological Restoration and Rehabilitation Plans for mangroves." The document also includes references to bibliographic sources, evidence of soil studies, and photographs showing a tilled wetland area, a melon cultivation area that in the past was mangrove swamp, and another mangrove area used for crops.

In the court’s opinion, the referenced document constitutes a technically and scientifically supported study, and it is also sufficient in the context of the summary knowledge that is carried out in the analysis of the appropriateness of a precautionary protection measure to deem accredited the danger in delay (peligro en la demora) alleged by the state representation. As highlighted, the study’s conclusions evidence the impact on areas of a wetland and their impact or degradation by agricultural activities, but the content of its recommendations also reveals the possibility of recovery and rehabilitation if appropriate plans are followed; therefore, it is necessary that the activities identified as causing the degradation and threats to the ecosystem present in the areas to which the litigation refers be halted as quickly as possible, which supports the danger in delay that must be contemplated when decreeing a precautionary measure. The respondent party maintains that the conclusions of the referenced study are disconnected from the content and that its technical basis is insufficient, and likewise that it does not agree with the remaining evidence provided by the State. As previously indicated, this court does not agree with the respondent’s assertions about the content of the study in light of the knowledge appropriate to this phase, but it must also not be forgotten that within the framework of the plenary proceeding (proceso de conocimiento), indispensable for reaching a final decision on the object of the plenary proceeding, the respondent party will be able to extensively present its arguments and the evidence supporting its objections. The court also disagrees that the study bears no relation to other evidence provided by the State, including reports DIG-TOT-INF-059-2020 and DRI-CTE-03-252-2018, which the respondent company itself offers in support of its objections. In the first of these, results are set forth that are consistent with the existence of mangrove (manglar) areas included in the lands covered by cadastral plans P-461951-82 and P-462593-82 (see in particular the table located in image 203 of the main case file). In the second, which corresponds to a cadastral conciliation of a property that would give rise to, among others, the properties of the respondent company, and an analysis of possible overlaps between the lands included in the plans analyzed and the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), it states, in relevant part: “With respect to the Maritime-Terrestrial Zone, from the overlay it can be observed that plan P-461951-1982 (published under farm 44956) is located partly within the area demarcated on the Herradura cartographic sheet as Mangrove (Manglar); in this zone there is no line of boundary markers published by the National Geographic Institute (IGN) on the SNIT” and “With respect to the MINAE demarcation, it can be observed in the overlay that of the plans related to farm 44492, only plan P-461951-1982 is located within said MINAE zone” (images 187 and 188 of the main case file). Consequently, the aforementioned studies agree in their fundamentals with report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, and it is not evident in any way that their content, for the purposes of this stage, detracts from the content of the last-cited study and, in particular, from the basis of the danger in delay that the court appreciates in the application filed by the State. Finally, the respondent party states that the evidence it provided, visible in images 63 through 65 of the precautionary measure case file (translations in images 67 through 70), supports the existence of danger in delay, because, according to its argument, those certificates demonstrate that the watermelon and melon crops that Frutas Núñez LC del Pacífico S.A. carries out on those lands comply with rigorous criteria of high ecological sustainability (sostenibilidad ecológica), under the auspices of criteria and studies of a foreign entity specialized in such assessments. For this court, the evidence provided constitutes an indiciary element, but is insufficient to rebut the existence of danger in delay, since, although the certificate provided may be supported by technical and scientific studies backing it, these are not attached, and are therefore unknown and cannot be evaluated even summarily. Furthermore, that the cultivation developed in areas may be ecologically sustainable would not co-validate or remedy the fact that this agricultural activity invades or affects protected zones and areas that form part of the natural heritage (patrimonio natural) of the State. Having accredited the first two requirements, the third element must be analyzed, corresponding to the balancing of the interests at stake. This court considers that there is a correlation between the environment and human action; therefore, this last requirement must be examined in detail due to the interests involved. In the present matter, and in line with what has been stated regarding danger in delay, the public interest materialized in the right to a healthy and ecologically balanced environment must prevail, which does not pertain to a single person or group but is a general interest, over the particular interest of the company carrying out the agricultural activities that are sought to be suspended in the areas that have been identified as taking place in a zone protected by its nature as a wetland (humedal) (estuary type, mangrove class), a specially protected category, as evidenced by the existence of international protection conventions to which the Costa Rican State is a signatory, and also taking into account that in the current situation these are areas that, as is claimed, are susceptible to regeneration and rehabilitation. Regarding the structural elements of the protection sought, this Court considers that they all converge in the case analyzed. First, instrumentality must be considered, which is the fundamental requirement of precautionary protection: if the measure sought is not necessary to secure the object of the proceeding and, fundamentally, the enforceability of a future favorable judgment, its granting is improper. In the specific case, the fulfillment of all the requirements has been demonstrated, in particular the possibility of serious harm from the delay in obtaining a ruling on the merits of the matter, so that granting what is sought by way of precaution is instrumental to guarantee the eventual enforceability of an eventual judgment favorable to the State’s claims. As for provisionality, this Court also does not consider that what is sought fails to conform to this structural requirement, given that once the requested measure is granted, it could be reversed in the event of a negative judgment for the plaintiff, and even earlier by effect of the revocability of measures granted, contemplated in section 29.1 of the CPCA. As for urgency and summary cognition (cognición sumaria), referring to the former would be redundant, given that it is strongly linked to the requirement of danger in delay, which, as has been set forth, is considered fully accredited in the case under analysis; and as for the latter, as has been deemed in the analysis of each of the requirements, the summary analysis of the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), the danger in delay, and the balancing of interests at stake has been possible from such a perspective, without the need to invade or in any way reach conclusions that are premature because they are proper to the judgment rendered on the merits, after exhaustion of all stages of the proceeding. CONCLUSION: Because the legal requirements are met and the structural requisites of the protection sought converge, the requested precautionary measure is granted on a definitive basis until this court orders otherwise, in the terms that will be indicated; consequently: (i) the respondent company is ordered to immediately suspend all productive, agricultural, livestock, or any other type of unauthorized activity within the area delimited as mangrove in report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, first, second, and third conclusions; and (ii) the respondent company must, after prior coordination, allow the entry of officials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) into the indicated areas so that they may verify compliance with the provisions of the preceding point and evaluate matters pertaining to the exercise of their powers and schedule actions for the restoration and recovery of the mangrove areas; in the event of unjustified refusal to comply with what is set forth in this point, the appropriate motion must be filed before the enforcement unit of this Court. c) Regarding the request for a counter-security (contracautela). The respondent party essentially seeks that the State post security for possible damages arising from the execution of the requested precautionary measure; however, it does not quantify or reliably justify its claim. This court considers that by reason of the State’s impossibility of declaring insolvency, as well as due to the administrative liability regime that is constitutionally and legally established, the counter-security sought is improper; and if it were to be considered that the State’s conduct generates damages that must be repaired, the respondent party may resort to the appropriate avenue to demand state liability and the corresponding compensation. d) Regarding costs. It is resolved without a special award of costs (sin especial condena en costas).



POR TANTO



FIRST: The precautionary measure requested by the state representation is granted on a definitive basis until this court orders otherwise, in the following terms: (i) the respondent company is ordered to immediately suspend all productive, agricultural, livestock, or any other type of unauthorized activity within the area delimited as mangrove in report SINAC-ACOPAC-CH-00034-2023, first, second, and third conclusions; and (ii) the respondent company must, after prior coordination, allow the entry of officials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) into the indicated areas so that they may verify compliance with the provisions of the preceding point and evaluate matters pertaining to the exercise of their powers and schedule actions for the restoration and recovery of the mangrove areas; in the event of unjustified refusal to comply with what is set forth in this point, the appropriate motion must be filed before the enforcement unit of this Court. SECOND: The request for a counter-security sought by the respondent company is denied. THIRD: It is resolved without a special award of costs. (f) José Roberto Brenes Chinchilla. JUDGE.













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Document signed by:

JOSÉ ROBERTO BRENES CHINCHILLA, JUDGE/A TRAMITADOR/A

EXP: 20-003561-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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