Res. 07535-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Municipal duty to correct polluting private propertiesDeber municipal de corregir inmuebles privados contaminantes

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 07535 - 2024

Fecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2024 a las 09:02

Expediente: 22-003600-1027-CA

Redactado por: Karla Gabriela Solís Valverde

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Municipal

Tema: Autonomía municipal

Subtemas:

Potestad de municipalidad para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general.

Tema: Municipalidad

Subtemas:

Potestad de municipalidad para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general.

Tema: Planificación urbana

Subtemas:

Potestad de municipalidad para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general.

Tema: Aguas residuales

Subtemas:

Potestad de municipalidad para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Potestad de municipalidad para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general.

"III.-[...]Norma que permite concluir, que la Municipalidad tiene la potestad pública suficiente cuando así lo detecte de previo, para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general. Es importante destacar que la Municipalidad puede hacer de propia mano las mejoras al predio y cobrar los gastos al propietario."

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
Documento PJEDITOR

 

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EXPEDIENTE:

	

22-003600-1027-CA - 4




PROCESO:

	

JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal)




ACTOR/A:

	

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VÍA CIPRESES




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

 

 N° 2024007535

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con dos minutos del veintiocho de Octubre del dos mil veinticuatro.-

 

Conoce este Tribunal como contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación interpuesto por Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Vía Cipreses, representado por la señora Rebeca Chaves Flores en su condición de presidenta de Inversiones Florem F.M.R. Sociedad Anónima, quien es la administradora del condominio referido -según certificaciones registrales visibles a folios 15 a 17 de los autos-; contra la resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de mayo del año dos mil veintidós emitida por la Alcaldía Municipal de Curridabat.-

 

Redacta la Jueza Solís Valverde y;

 

CONSIDERANDO

 

I.-DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER OFRECIDA POR LA PARTE RECURRENTE. De conformidad con la documentación que consta en autos, es criterio de este Colegio que no se requiere prueba adicional para resolver el recurso de apelación planteado, así las cosas, se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte recurrente en fecha 06 de julio del año 2023.-

II.-HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución del presente caso -con foliatura según el expediente generado en el escritorio virtual de forma ascendente- se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) Mediante escrito presentado en fecha 04 de marzo del año 2022 la parte recurrente interpone reclamo administrativo, por medio del cual solicitó: 

(Folio 04 a 13); 2) Por resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de mayo del año dos mil veintidós emitida por la Alcaldía Municipal de Desamparados, se resolvió: "... POR TANTO Con base en las consideraciones expuestas y citas legales, se rechaza el "RECLAMO ADMINISTRATIVO" interpuesto por la señora REBECA CHAVES FLORES en representación de INVERSIONES FLOREM F.M.R.S.A quién a su vez es el Administrador del CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VIA (sic) CIPRESES...". (Folio 111 a 115); 3) Por escrito presentado el 30 de mayo del año 2022 la parte recurrente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022. (Folio 117 a 120); 4) Por resolución MC-ALC-RS-0058-06-2022 del diecisiete de junio del año 2022, la Alcaldía Municipal declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022 y traslada la apelación ante este despacho. (Folio 149 a 156); 5) La parte recurrente interpone gestión de adición y aclaración en contra de la resolución MC-ALC-RS-0058-06-2022. (Folio 160 a 161); 6) Mediante resolución MC-ALC-RS-0060-06-2022 del 28 de junio del 2022 emitida por la Alcaldía Municipal, se rechaza de plano la gestión de adición y aclaración presentada. (Folio 162 a 163); 7) La parte recurrente en fecha 06 de julio del año 2023, presenta prueba para mejor resolver ante el despacho. (Folio 169 a 172); 8) En resolución de las diez horas cuarenta y tres minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, el despacho confiere a la Municipalidad recurrida audiencia del escrito y prueba presentado por la parte recurrente. (Folio 175 a 176); 9) Mediante escrito presentado el 10 de enero del año en curso, la Municipalidad recurrida se refiere a la audiencia concedida por el despacho. (Folio 179 a 181).-

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. A efectos de analizar la gestión que se conoce, es conveniente recordar, que conforme al enunciado del artículo 173 de la Constitución Política, desarrollado en los numerales 162, 165, 166, 170 y 171 del Código Municipal y 189 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, se define la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para actuar como contralor no jerárquico de legalidad del régimen municipal, lo cual, conforme al numeral 181 de la Ley General de la Administración Pública, se circunscribe a ejercer un control eminentemente de legalidad de la función formal de las corporaciones municipales, en tanto se limita a verificar un control de las decisiones administrativas de las Municipalidades, emanadas de sus autoridades, sea, del Concejo y del Alcalde, dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por la parte recurrente. En el caso que nos ocupa, se conoce impugnación que recae sobre el acto de la Alcaldía Municipal resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de mayo del año dos mil veintidós emitida por la Alcaldía Municipal de Curridabat, a efectos de atender la impugnación formulada, se procederá a conocer por parte de este Tribunal los agravios planteados por la parte recurrente con respecto al contenido del acto administrativo. Agravios de la recurrente: En este sentido, inicia su recurso haciendo referencia a una serie de hechos donde destaca que no consta en autos gestión alguna realizada ante el Ministerio de Salud, a pesar de que constan los oficios MC-GIR-0026-03-2022 y MC-DGV-0204-92-2022 ambos emitidos por el Departamento de Gestión Integral de Riesgo, donde confirman su acompañamiento ante el Ministerio de Salud de la situación denunciada. Refiere que el Departamento de Protección del Medio Ambiente por oficio MC-PMA-0147-03-2022 confirma que ha tratado de buscar una solución al problema y que no ha sido posible debido a que el Área rectora es el Ministerio de Salud, por lo anterior, señala que por largo tiempo se les indicó que ese Departamento estaba buscando una solución al problema y que nunca se les manifestó que la Municipalidad no tenía competencia para resolver la situación. Manifiesta sobre los hechos no probados que no es razonable tener por no probadas notas presentadas ante la Municipalidad, al constar sus recibidos en el expediente administrativo con su sello de recibido. Aduce que es incomprensible tener por no probado un hecho que refiere a una reunión realizada en el Condominio con una Universidad Alemana donde estuvo presente el señor José Retana. En cuanto al fondo señala, que se afirma se adjunta un informe registral donde se demuestra que la Calla La Única no es de administración municipal, porque se encuentra inscrita como una servidumbre privada y que el informe no fue aportado y no forma parte del expediente administrativo. Refiere que al resaltar que el Condominio esta en propiedad privada y que los acontecimientos se presentan en el mismo, le compete únicamente a sus propietarios tapar el canal, pudiendo tomar cualquier decisión incluso clausurarlo al ser un canal privado en el que la Municipalidad manifiesta no tiene ningún tipo de injerencia. Solicita que en virtud de las inconsistencias del acto recurrido el mismo sea anulado y que en su lugar se resuelva de forma objetiva acompañando la resolución de todos los documentos y prueba de respaldo por parte de la Municipalidad. Por su parte la Municipalidad recurrida en el acto que se impugna refiere en lo de interés un apartado de resultando donde señala la ubicación del condominio, que en el mismo desde su diseño cuenta con un canal de aguas pluviales y refiere la interposición del reclamo administrativo que se resuelve. Aduce las acciones que ha realizado la Dirección de Gestión Vial para acompañar a los vecinos en las gestiones realizadas ante Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, y señala que es el Ministerio quien tiene la rectoría en esta materia de salud pública y que se encuentran a la espera de los estudios que realicen en propiedades privadas aguas arriba del condominio que en apariencia están disponiendo sus aguas servidas sin ningún tratamiento al canal pluvial, indicando que el Ministerio de Salud debe emitir ordenes sanitarias para que cada propiedad trate a lo interno sus aguas o se conecte a la red sanitaria de Acueductos y Alcantarillados. En el resultando quinto refiere que el tema de aguas negras con conexiones ilegales hacia el canal pluvial, se ha gestionado por Protección del Medio Ambiente y Gestión Vial hacia el Ministerio de Salud para lo que corresponda. Informa que el Departamento de Desarrollo y Control Urbano no ha participado en proceso del condominio. Y señala que si bien el Departamento Protección de Medio Ambiente ha mostrado interés para encontrar una solución al tema de contaminación por aguas residuales, no es posible para esa dependencia resolver la situación al ser el área rectora del Ministerio de Salud de Curridabat a quien les compete. Manifiesta que la servidumbre pluvial reclamada por la recurrente desde el inicio de construcción del Condominio se contempló en las condiciones actuales, sea como canal abierto. Posteriormente, refiere una serie de hechos probados y no probados del reclamo planteado. En lo que corresponde al fondo, indica en el acto impugnado que no es cierto que el agua contaminada desemboca en áreas administrativas ya que todos los terrenos aledaños al condominio son privados, que la misma calle La Única esta inscrita como servidumbre privada de ingreso, tal y como se indica en el informe registral que se adjunta. Aduce, que la afirmación de donación de una tubería a la Municipalidad carece de sustento verídico. Manifiesta que el trámite planteado es improcedente por dos razones: porque el condominio recurrente se encuentra en propiedad privada y los acontecimientos que se presenten en el inmueble le corresponden al propietario registral solucionarlos directamente y no a la Municipalidad y en segundo lugar, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y numerales 1 y 2 de la Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados, se establece que la solicitud del interesado el margen o plan de acción recae en el Ministerio de Salud por un tema de salud pública y que la Municipalidad se limita a realizar un acompañamiento. Refiere que ya Acueductos y Alcantarillados emitió un informe y que en sus conclusiones no señala un deber de actuar de la Municipalidad y que es necesario que el Ministerio de Salud emita un informe fijando acciones, conclusiones y recomendaciones dirigidas al propietario registral y rechaza el reclamo administrativo planteado. CRITERIO DEL DESPACHO: Analizados los autos, el contenido del acto que se impugna, así como los agravios expuestos, es criterio de este despacho que el presente recurso de apelación debe ser declarado con lugar, por los siguientes motivos. En primer lugar, se coincide con lo indicado por el recurrente referente a que el acto impugnado presenta una serie de inconsistencias en cuanto al fondo. Nótese que efectivamente como se agravia, no consta en autos las acciones concretas que la Municipalidad recurrida indicó había realizado ante el Ministerio de Salud y es que, tal y como se desprende del oficio MC-GIR-0026-03-2022 de fecha 10 de marzo del año 2022 emitido por el Departamento de Gestión Integral del Riesgo Municipal, se había señalado que la gestión se había remitido al Ministerio de Salud, véase al respecto que indica el oficio: "... En atención a su solicitud, se informa que acorde a lo expuesto corresponde a un tema de aguas negras con conexiones ilegales hacia el canal pluvial, lo cual ha sido debidamente gestionado por parte de Protección de Medio Ambiente / Gestión Vial; así remitido hacia el Ministerio de Salud para lo que corresponda..." (el subrayo no es del original) (imagen 102 de los autos), igualmente en el resultando QUINTO del acto que se impugna se reitera lo señalado en el oficio de cita (imagen 112 de los autos). Asimismo, consta a imagen 105 de los autos el oficio MC-PMA-0147-03-2022 del 16 de marzo del 2022 emitido por el Departamento de Protección del Medio Ambiente Municipal, donde se indica: "... En los documentos que se anexan no es posible observar las respuestas del área (sic) Rectora del Ministerio de Salud de Curridabat; y al considerar las funciones y competencias, lo que sugerimos y ofrecemos es dar seguimiento a esta gestión con dicha Área Rectora..." (el resaltado no es del original). No obstante las afirmaciones realizadas en los actos administrativos transcritos, no se desprende de los autos, cual es la remisión o seguimiento que indica la Municipalidad ha realizado del caso denunciado con el Área Rectora del Ministerio de Salud correspondiente. Incluso, véase que la misma Municipalidad después aclara que esa remisión no se ha realizado, al respecto indicó en la resolución MC-ALC-RS-0058-06-2022: "... En otro orden de ideas, lo señalado por el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Curridabat, es que ha existido un acompañamiento en las acciones que los vecinos (sic) y no así en la remisión de (sic) asunto al Ministerio de Salud. El lo que respecta al oficio MC-GIR-0026-03-2022 de fecha 10 de marzo del 2022, se aclara que por error se indicó que se remitió el asunto al Ministerio de Salud, ya que por parte de la Municipalidad de Curridabat no hubo necesidad de remitirlo en razón de que cuando se puso en conocimiento a este ente municipal de la situación, ya había sido enviado el asunto al Ministerio de Salud y actualmente se está a la espera precisamente del informe de esa institución que determine cómo se procederá para solventar la problemática, importancia que ha sido reiterada, en virtud de que es de la competencia exclusiva del Ministerio de Salud..." (el resaltado no es del original) (imagen 149 a  156, en especifico imagen 152 y 153, todas de los autos), es así como se determina por parte de esta alzada que la incongruencia apuntada por la parte recurrente efectivamente se encuentra presenta en el acto recurrido, por lo que este agravio debe ser acogido. Incluso se resalta que la misma Municipalidad, posteriormente al conocer el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto impugnado, señala que todo se debió a un error en el oficio MC-GIR-0026-03-2022 emitido por uno de sus propios departamentos, por lo que la remisión o acompañamiento ante el Área Rectora del Ministerio de Salud, no se ha dado por parte del ente municipal. En este sentido incumple el ente municipal con lo señalado por la Sala Constitucional como parte del principio de coordinación entre diferentes dependencias y entes municipales: "... Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas.", ver al respecto la resolución de 2010006922 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil diez emitida por la Sala Constitucional. En segundo lugar; de conformidad con lo referido líneas arriba, esta alzada concluye que la Municipalidad recurrida ha incumplido con la obligación que le impone el artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica, en cuanto a la planificación y vigilancia urbana del cantón que administra. En esta línea la Sala Constitucional estableció en la resolución 2016005107 de las doce horas y cero minutos de quince de abril de dos mil dieciséis, en lo de interés: "V. Sobre el problema de fuga de aguas residuales que corren por el alcantarillado. Esta Sala Constitucional, en el voto 2015-9940 de las nueve horas veinte minutos del tres de julio de dos mil quince conoció un caso muy similar al planteado por la recurrente:... III.- Sobre el fondo. Corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 169 de la Constitución Política. De lo que deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, lo que incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación (véanse, al efecto, sentencias No. 2009-000908 de las 13:34 hrs. del 23 de enero del 2009 y No. 2009-003368 de las 12:40 hrs. del 27 de febrero del 2009, entre otras). De este modo, concluye esta Sala que a pesar de la obligación legal, la Municipalidad accionada no ha cumplido con su deber de fiscalización de la construcción de la Urbanización Santa Rosa de Lima, de ahí que haya problemática no solo en cuanto a las aguas pluviales, sino también respecto de las negras o servidas. Sobre el caso del Ministerio de Salud, se comprueba que si bien el Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia ha atendido, tramitado y resuelto las denuncias que desde el año 2008 han sido presentadas por los vecinos afectados, no ha sido determinante en procurar la solución a una situación que se acepta aún persiste y que no ha sido solucionada, ni tampoco en exigirle al ayuntamiento su cuota de responsabilidad en los hechos que son de su pleno conocimiento desde hace varios años. Precisamente, este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (véase, al efecto, la sentencia No. 2007-015218 de las 12:00 hrs. del 19 de octubre del 2007, entre otras). De esta manera, este Tribunal concluye que sí existen problemas de aguas pluviales y servidas en el Residencial Santa Rosa de Lima, razón por la que tanto la Municipalidad accionada como el Ministerio de Salud, deberán coordinar entre sí y ejercer las acciones necesarias para darle una solución efectiva a dicha problemática. En todo caso, los dueños de las propiedades en el Residencial citado, incluyendo la recurrente, deben cumplir las órdenes sanitarias giradas por el Ministerio de Salud..." (el subrayo y la negrita no son del original) y es que continuando con las obligaciones y competencias en temas como el analizado, la misma Sala Constitucional en la resolución 2020020109 de las nueve horas veinticinco minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, acotó en lo de interés: "III.- SOBRE LAS COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES. Respecto a los reclamos incoados por el recurrente, en primer término, corresponde indicar que este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias  N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó: “(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”. Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos..." (el resaltado no es del original).  Es así como la Municipalidad recurrida, debe ejecutar acciones eficaces y eficientes para atender las necesidades de su cantón, entre las que destacan; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población, acciones que en el caso concreto se echan de menos. En tercer lugar y en estrecha vinculación con las labores de vigilancia del Gobierno Local sobre las infraestructuras por construir y construidas en predios privados, es dable destacar que contenido de los siguientes artículos de la Ley de Construcciones (Ley número  833 del 02 de noviembre de 1949), imponen claros deberes a la Municipalidad de Curridabat en el contexto del caso concreto valorado en esta resolución, al respecto se transcriben los numerales de interés: "Artículo 14.- Cuando un predio de propiedad particular que dé acceso a predios colindantes esté abandonado o sea motivo de insalubridad, inseguridad o simplemente molestia, la Municipalidad ordenará a los propietarios de ese predio y de los colindantes que hagan desaparecer esos motivos. De no dar cumplimiento en el plazo que se les fije, el Municipio se hará cargo de la transformación del predio que sirva de paso en la vía pública que tenga la anchura, servicios y demás requisitos exigidos por las leyes y reglamentos en vigor. El importe de estas obras será pagado conjuntamente por el propietario del predio que sirve de paso y por los colindantes.". Norma que permite concluir, que la Municipalidad tiene la potestad pública suficiente cuando así lo detecte de previo, para exigir a los dueños de un predio privado que corrijan situaciones de molestia, inseguridad o insalubridad que genere a otros predios públicos, privados y al ambiente en general. Es importante destacar que la Municipalidad puede hacer de propia mano las mejoras al predio y cobrar los gastos al propietario. Por su parte el numeral 17 señala: "Artículo 17.- Tipos de Edificación. La Municipalidad está facultada para exigir determinada calidad de materiales en las edificaciones, así como la clase o tipo de ellas, en los fraccionamientos o zonas de replanificaciónes que por su categoría o por la importancia de zonas inmediatas, deban presentar un concurso armónico y deban ser de calidad durable". En estrecha vinculación con la norma anterior, si se logra acreditar que una determinada edificación genera algún tipo de afectación a los vecinos de orden ambiental o de cualquier naturaleza, bien puede exigir al propietario determinados materiales en la construcción o bien, exigir un determinado tipo de construcción. En dicho entendido, una deficiente estructura de ingeniería civil que canalice aguas negras o grises en forma no idónea, o bien en forma diferente a como fue proyectado en la respectiva licencia constructiva, es competencia Municipal ordenar los cambios al propietario, en su defecto, en aplicación conjunta del artículo 14 y 17 citados de la Ley de Construcciones, la Municipalidad tiene el deber y la potestad de restablecer la armonía urbanística de un predio contaminante y cobrar  los gastos al propietario. No es cierto que el restablecimiento de condiciones de salubridad derivadas de obrar constructivas en un predio, son competencia exclusiva del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Curridabat, tal como sucede en el caso bajo estudio, debe intervenir, entender que la aplicación y observancia de la Constitución Política es un deber tanto de sujetos privados como de sujetos de Derecho Público, máxime si tal observancia se desprende de las potestades de control y vigilancia urbanística de la Municipalidad de Curridabat, en armonía con las propias resoluciones emitidas por la Sala Constitucional y que se transcriben en el punto segundo de este considerando, por virtud de las cuales, debe velar por el Derecho a la Salud, el Derecho a la Vida, al Ambiente Sano y Equilibrado, máxime cuando dichos Derechos Fundamentales pueden ser afectados por las unidades constructivas en predio público o privado; sobre las cuales, el Gobierno Local tiene competencias claras de autorización de construcción, inspección y funcionamiento con posterioridad al aviso de finalización de obra. Para lo cual incluso tiene herramientas jurídicas sancionatorias en caso de incumplimiento, conforme se muestra en los siguientes artículos de la norma de referencia: "Artículo 33- Sanciones La Municipalidad impondrá multas de cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un salario base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, por las infracciones a las reglas de este capítulo y ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, de anuncios y estructuras relativas que considere inconvenientes o peligrosas". De lo anterior se concluye que la Municipalidad de Curridabat tiene potestad para ordenar el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario de estructuras constructivas civiles que considere inconvenientes o peligrosas, como bien lo es un vertido sin control, sin armonía urbanística ni ambiental de aguas residuales contaminadas. "CAPITULO XX INSPECCIÓN Artículo 87.-La municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. Además, tendrá la misión de vigilar la observancia de los preceptos de esta Ley...". Con fundamento en dicha norma, es claro que a una Municipalidad no solo le corresponde eventualmente conceder una licencia urbanística constructiva, sino también velar porque haya coherencia entre la obra autorizada y la obra realmente construida. Pero ahora bien, adicional a lo indicado, la Municipalidad tiene responsabilidad pública de velar por el uso que se dé a la obras sobre las cuales autorizó su construcción, máxime si la infraestructura de ingeniería civil o de arquitectura no es idónea o presenta problemas de funcionamiento o deficiente planificación, que dé como resultado la afectación de predios vecinos por la inadecuada canalización y procesamiento de aguas residuales. En concreto la Municipalidad debe intervenir, ordenar al propietario realizar las obras, o en su defecto realizarlas y cobrar al propietario los gastos generados en procura del restablecimiento del Principio de Armonía del Derecho Urbanístico, el cual orienta a que las intervenciones municipales deben darse en el contexto de la ciencia y la técnica, conforme a los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, de forma tal que exista el menor impacto ambiental y afectaciones a personas y predios vecinos. Por su parte y continuando con las sanciones, el artículo 88 señala: "Artículo 88.- Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se han especificado en el cuerpo de esta Ley y su Reglamento (multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los que señala este Capítulo". Véase como respaldo de lo indicado, que ante infraestructuras que se acrediten son dañinas con el ambiente y con el derecho a la salud y la vida de las personas, la Municipalidad puede imponer sanciones, tales como multas, desocupaciones, incluso la destrucción de una obra civil de canalización de aguas residuales contaminadas que afecten a las personas y al ambiente en general. No depende el Gobierno Local del Ministerio de Salud ni de ningún otro órgano para velar por el ambiente y por la idoneidad técnica de las construcciones realizadas en su jurisdicción territorial. Recuérdese que la Municipalidad tiene autonomía en el ámbito esencial de sus competencias y territorio, garantizada por la Constitución Política, el Código Municipal y la copiosa jurisprudencia de la Sala Constitucional. En esta misma línea, establece la Ley de Construcciones:"Artículo 89.- Infracciones. Se considerarán infracciones además de las señaladas en los Capítulos de este Ordenamiento, las siguientes: a) Ejecutar sin licencia previa, obras para las cuales esta ley y su reglamento exigen la licencia. b) Ejecutar obras amparadas por una licencia de plazo vencido. c)Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto respectivo aprobado. d) Ejecutar, sin la debida protección, obras que pongan en peligro la vida o las propiedades. e) No enviar oportunamente a la Municipalidad los informes de datos que se previenen en diferentes Capítulos del Reglamento. f) No dar aviso a la Municipalidad de suspensión o terminación de obras. g) No obedecer órdenes sobre modificaciones, suspensión o destrucción de obras de la Municipalidad. h) Usar indebidamente la vía pública. i) Usar indebidamente los servicios públicos. j) Ocupar o usar una construcción antes de haber dado aviso de la terminación de la obra. k) Impedir o estorbar a los Inspectores cumplir su cometido" (el subrayo no es del original). Véase por ejemplo, que en el orden de ideas expuesto, la Municipalidad de oficio o bien a gestión de parte debe intervenir cuando se dan situaciones de falta de idoneidad o bien mal funcionamiento de construcciones civiles en predios públicos o privados, cuando estos afecten a vecinos o al ambiente, para lo cual si se determina algún tipo de irregularidad, puede exigir al propietario que haga las reparaciones y mejoras (al igual que exige a los munícipes arreglar las aceras, o bien cancelar los tributos municipales); y en su defecto, realizar las obras en forma directa y cobrar los gastos al propietario. Incluso, conforme al inciso g) del artículo 89 arriba citado la Municipalidad puede considerar como infracción que un propietario de un predio privado cuando no obedezca órdenes  de modificación,  suspensión o destrucción de obras que le ha dado la Municipalidad. Los supuestos son muchos, dentro de los cuales se destaca: la falta de estabilidad estructural de una obra civil; contaminación; inobservancia de  las reglas de zonificación; daños al ambiente; inobservancia del porcentaje de cobertura constructiva del terreno; construcciones sin permiso; construcciones sin la supervisión de n ingeniero civil debidamente colegiado y responsable de la obra; construcciones sobre la vía y el demanio público; construcciones ilegales sobre la Zona Marítimo Terrestre, entre otros. Es decir, la Municipalidad debe intervenir, cuando las obras de construcción civil sobre bienes inmuebles afectan a terceros, al ambiente, al derecho de circulación y al demanio público. En relación con lo recientemente indicado; destaca el cuerpo normativo de referencia: "Artículo 95.- Si el propietario presenta el proyecto respectivo y una vez que sea aceptado, la Municipalidad comprobará si la obra ha sido ejecutada de acuerdo con él y si ambos satisfacen los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento sometiéndolo a las pruebas necesarias". Norma que permite concluir que el gobierno local, en todo momento puede y debe vigilar en forma oficiosa o a solicitud de parte si la obra civil construida sobre un inmueble fue ejecutada en los términos de la licencia constructiva urbanística, para lo cual podrá realizar las pruebas e inspecciones que fueran necesarias, respecto del funcionamiento de la instalación eléctrica, la idoneidad de la instalación hidráulica, ancho de columnas, vigas, varilla y calidad del cemento y materiales en general, así como el correcto cause sanitario de las aguas residuales. Nótese, que la Municipalidad no puede declinar su servicio, tanto debe inspeccionar una obra por construir, cuando tramita la licencia y durante su ejecución, sino que también, conforme al fundamento dado, debe velar mientras el inmueble, exista sin sujeción a ningún plazo ordenatorio o restrictivo, que toda construcción en un inmueble funcione bien, toda vez que la potestad de inspección, control, sanción, corrección demolición,  por el mal uso, desgaste, mala planificación de una construcción es imprescriptible, irrenunciable e indelegable, conforme al artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto sean las construcciones y su impacto en las personas y el ambiente, potencialmente dañinas y carentes de armonía urbanística. En ese orden de consideraciones observa este despacho, que la Municipalidad recurrida no ha sido conteste ni clara en los diferentes actos administrativos comunicados a la parte recurrente, sobre el debido abordaje del tema denunciado, como se indicó en varios actos administrativo se le señala que la situación denunciada ha sido puesta en conocimiento del Área Rectora del Ministerio de Salud correspondiente y que se le dará seguimiento a dichas gestiones, sin embargo, posteriormente, se contradice y refiere que lo señalado en dichos actos son errores y que no se ha remitido ninguna gestión, por lo que se determina que las incongruencias presentadas, no le proporcionan a la parte recurrente una atención debida de su gestión y por ende, no se ha resuelto debidamente el reclamo planteado. Incluso como bien lo señala la parte recurrente, indica el acto impugnado que los acontecimientos denunciados al ser realizados en propiedad privada deben solucionarlo directamente el recurrente (imagen 114 de los autos), pareciendo obviar, la Municipalidad de Curridabat las obligaciones que se le establecen de manera constitucional y legal, en cuanto a la ordenación urbanística y que además tiene que ver con la verificación del cumplimiento de la materia urbanística en cuanto a las obras de infraestructura necesarias y de ser el caso, establecer los procedimientos pertinentes para revisar y supervisar en el ámbito de sus competencias, si el problema denunciado se debe a deficiencias de construcciones u otras, mismas que deben ser acordes con la normativa constructiva legal y reglamentaria establecida. Debe recordar la Municipalidad de Curridabat, que es su deber planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, lo que incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo urbanístico en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación. Si bien se coincide con el ente municipal, en el entendido que existen competencias que legalmente son otorgadas a otros entes como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, ello no exime al ente Municipal del cumplimiento de las obligaciones señaladas dentro del ámbito de sus competencias. Así las cosas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia se declara la nulidad de la resolución MC-ALC-RS-0046-05-2022 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de mayo del año dos mil veintidós emitida por la Alcaldía Municipal de Curridabat. Devuélvase el expediente a la Municipalidad de origen, para que proceda a resolver dentro del ámbito de sus competencias, el reclamo administrativo planteado por la parte recurrente el día 04 de marzo del año 2022, con la debida fundamentación y pruebas correspondientes en que se base la resolución que se emita finalmente.-

IV.-DE LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.-

POR TANTO

Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte recurrente. Se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia se declara la nulidad de la resolución impugnada. Devuélvase el expediente a la Municipalidad de origen, para que proceda a resolver dentro del ámbito de sus competencias, el reclamo administrativo planteado por la parte recurrente el día 04 de marzo del año 2022, con la debida fundamentación y pruebas correspondientes en que se base la resolución que se emita finalmente. Es todo. Notifíquese. Karla Solís Valverde, Luis Arturo Polinaris Vives, Rodrigo Huertas Durán, Jueces Área Jerarquía Impropia Municipal.-

 

	


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KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-003600-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:36:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Contentious-Administrative Tribunal

Resolution No. 07535 - 2024

Date of Resolution: October 28, 2024, at 09:02

Case File: 22-003600-1027-CA

Drafted by: Karla Gabriela Solís Valverde

Type of Matter: Improper Hierarchy

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: Municipal Law

Topic: Municipal autonomy

Subtopics:

Power of the municipality to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that affect other public or private properties and the environment in general.

Topic: Municipality

Subtopics:

Power of the municipality to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that affect other public or private properties and the environment in general.

Topic: Urban planning

Subtopics:

Power of the municipality to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that affect other public or private properties and the environment in general.

Topic: Wastewater

Subtopics:

Power of the municipality to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that affect other public or private properties and the environment in general.

Topic: Right to a healthy and ecologically balanced environment

Subtopics:

Power of the municipality to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that affect other public or private properties and the environment in general.

"III.-[...]A provision that allows for the conclusion that the Municipality has sufficient public authority, when it detects such situations beforehand, to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that it generates for other public or private properties and the environment in general. It is important to emphasize that the Municipality may carry out the improvements to the property itself and charge the expenses to the owner."

Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings
Text of the resolution
Document PJEDITOR

 

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CASE FILE:

22-003600-1027-CA - 4

PROCEEDING:

IMPROPER HIERARCHY (Municipal)

PLAINTIFF:

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VÍA CIPRESES

DEFENDANT:

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

 

 No. 2024007535

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and two minutes on the twenty-eighth of October of two thousand twenty-four.-

 

This Tribunal hears, as a non-hierarchical comptroller of legality, the appeal filed by Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Vía Cipreses, represented by Mrs. Rebeca Chaves Flores in her capacity as president of Inversiones Florem F.M.R. Sociedad Anónima, who is the administrator of the aforementioned condominium -according to registry certifications visible on folios 15 to 17 of the court record-; against resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022 of fourteen hours fifty-four minutes on the nineteenth of May of the year two thousand twenty-two issued by the Municipal Mayor's Office of Curridabat.-

 

Drafted by Judge Solís Valverde and;

 

HEREAS

 

I.-REGARDING THE EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION OFFERED BY THE APPELLANT. In accordance with the documentation contained in the court record, it is the opinion of this Panel that no additional evidence is required to resolve the appeal filed; thus, the evidence for a better resolution offered by the appellant on July 6, 2023, is rejected.-

II.-PROVEN FACTS. Of interest for the resolution of this case -with foliation according to the case file generated in the virtual desktop in ascending order- the following facts are considered accredited: 1) By means of a writ filed on March 4, 2022, the appellant filed an administrative claim, through which it requested: 

(Folio 04 to 13); 2) By resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022 of fourteen hours fifty-four minutes on the nineteenth of May of the year two thousand twenty-two issued by the Municipal Mayor's Office of Desamparados, it was resolved: "... THEREFORE Based on the considerations expressed and legal citations, the \"ADMINISTRATIVE CLAIM\" filed by Mrs. REBECA CHAVES FLORES representing INVERSIONES FLOREM F.M.R.S.A who in turn is the Administrator of the CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VIA (sic) CIPRESES... is rejected.". (Folio 111 to 115); 3) By writ filed on May 30, 2022, the appellant filed an appeal for reversal with a subsidiary appeal against resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022. (Folio 117 to 120); 4) By resolution MC-ALC-RS-0058-06-2022 of June 17, 2022, the Municipal Mayor's Office declared the appeal for reversal filed against resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022 without merit and forwarded the appeal to this office. (Folio 149 to 156); 5) The appellant filed a motion for addition and clarification against resolution MC-ALC-RS-0058-06-2022. (Folio 160 to 161); 6) By resolution MC-ALC-RS-0060-06-2022 of June 28, 2022, issued by the Municipal Mayor's Office, the motion for addition and clarification filed was summarily rejected. (Folio 162 to 163); 7) The appellant, on July 6, 2023, submitted evidence for a better resolution to the office. (Folio 169 to 172); 8) In a resolution at ten hours forty-three minutes on December twenty-second of two thousand twenty-three, the office granted the respondent Municipality a hearing of the writ and evidence submitted by the appellant. (Folio 175 to 176); 9) By writ filed on January 10 of the current year, the respondent Municipality referred to the hearing granted by the office. (Folio 179 to 181).-

III.-ON THE SPECIFIC CASE. For the purpose of analyzing the motion being heard, it is convenient to recall that, in accordance with the statement of Article 173 of the Political Constitution, developed in numerals 162, 165, 166, 170, and 171 of the Código Municipal and 189 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the competence of the Contentious-Administrative Tribunal is defined to act as a non-hierarchical comptroller of legality of the municipal regime, which, according to numeral 181 of the Ley General de la Administración Pública, is limited to exercising an eminently legality control of the formal function of the municipal corporations, insofar as it is limited to verifying a control of the administrative decisions of the Municipalities, emanating from their authorities, that is, from the Council and the Mayor, within the limit of the claims and questions of fact raised by the appellant. In the case before us, the challenge is heard against the act of the Municipal Mayor's Office, resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022 of fourteen hours fifty-four minutes on the nineteenth of May of the year two thousand twenty-two issued by the Municipal Mayor's Office of Curridabat. For the purpose of addressing the challenge formulated, this Tribunal will proceed to hear the grievances raised by the appellant regarding the content of the administrative act. Grievances of the appellant: In this sense, it begins its appeal by referring to a series of facts where it highlights that no action taken before the Ministry of Health is contained in the court record, despite the fact that official letters MC-GIR-0026-03-2022 and MC-DGV-0204-92-2022, both issued by the Department of Integrated Risk Management, are in the record, where they confirm their accompaniment of the reported situation before the Ministry of Health. It states that the Department of Environmental Protection, by official letter MC-PMA-0147-03-2022, confirms that it has tried to find a solution to the problem and that it has not been possible because the Governing Area is the Ministry of Health; therefore, it points out that for a long time they were told that that Department was seeking a solution to the problem and that they were never told that the Municipality lacked competence to resolve the situation. It argues regarding the unproven facts that it is not reasonable to consider notes submitted to the Municipality as unproven, given that their receipts appear in the administrative file with their received stamp. It argues that it is incomprehensible to consider a fact unproven that refers to a meeting held in the Condominium with a German University where Mr. José Retana was present. Regarding the merits, it points out that it is stated that a registry report is attached demonstrating that Calle La Única is not under municipal administration, because it is registered as a private easement (servidumbre privada), and that the report was not provided and is not part of the administrative file. It states that by emphasizing that the Condominium is on private property and that the events occur within it, it is solely the responsibility of its owners to cover the channel, being able to make any decision, including closing it, as it is a private channel in which the Municipality states it has no type of interference. It requests that, by virtue of the inconsistencies of the appealed act, it be annulled and that in its place it be resolved objectively, accompanying the resolution with all documents and supporting evidence from the Municipality. For its part, the respondent Municipality, in the act being challenged, refers, in what is of interest, to a section of findings where it points out the location of the condominium, that it has had a stormwater channel (canal de aguas pluviales) since its design, and refers to the filing of the administrative claim being resolved. It argues the actions that the Dirección de Gestión Vial has taken to accompany the neighbors in the procedures carried out before Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, and points out that it is the Ministry that has governing authority in this matter of public health and that they are awaiting the studies to be carried out on private properties upstream of the condominium that are apparently discharging their untreated sewage (aguas servidas) into the stormwater channel (canal pluvial), indicating that the Ministry of Health must issue sanitary orders so that each property treats its waters internally or connects to the sanitary network of Acueductos y Alcantarillados. In the fifth finding, it refers that the issue of black waters with illegal connections to the stormwater channel (canal pluvial) has been managed by Protección del Medio Ambiente and Gestión Vial to the Ministry of Health for its consideration. It reports that the Department of Urban Development and Control has not participated in the condominium process. And it points out that although the Department of Environmental Protection has shown interest in finding a solution to the issue of pollution from residual waters, it is not possible for that unit to resolve the situation as it is the governing area of the Ministry of Health of Curridabat that has competence over it. It states that the stormwater easement (servidumbre pluvial) claimed by the appellant, from the beginning of the Condominium's construction, was contemplated in its current conditions, that is, as an open channel. Subsequently, it refers to a series of proven and unproven facts of the claim raised. Regarding the merits, it indicates in the challenged act that it is not true that the contaminated water flows into administrative areas since all the lands surrounding the condominium are private, that Calle La Única itself is registered as a private access easement (servidumbre privada de ingreso), as indicated in the attached registry report. It argues that the assertion of a donation of a pipe to the Municipality lacks truthful support. It states that the procedure raised is improper for two reasons: because the appellant condominium is on private property and the events that occur on the property are the direct responsibility of the registered owner to resolve and not the Municipality, and secondly, in accordance with Article 2 of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud and numerals 1 and 2 of the Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados, it is established that the interested party's request or action plan falls to the Ministry of Health due to a public health matter and that the Municipality is limited to providing accompaniment. It refers that Acueductos y Alcantarillados already issued a report and that in its conclusions it does not indicate a duty of the Municipality to act and that it is necessary for the Ministry of Health to issue a report establishing actions, conclusions, and recommendations directed to the registered owner, and rejects the administrative claim raised. OPINION OF THE OFFICE: Having analyzed the court record, the content of the act being challenged, as well as the grievances expressed, it is the opinion of this office that the present appeal must be declared with merit, for the following reasons. Firstly, there is agreement with what was indicated by the appellant regarding the fact that the challenged act presents a series of inconsistencies regarding the merits. Note that indeed, as is grieved, the specific actions that the respondent Municipality indicated it had taken before the Ministry of Health are not in the court record, and it is that, as is evident from official letter MC-GIR-0026-03-2022 dated March 10, 2022, issued by the Department of Integrated Municipal Risk Management, it had been indicated that the matter had been referred to the Ministry of Health. See in this regard what the official letter indicates: "... In response to your request, it is reported that according to what was stated, it corresponds to an issue of black waters with illegal connections to the stormwater channel (canal pluvial), which has been duly managed by Protección de Medio Ambiente / Gestión Vial; thus referred to the Ministry of Health for its consideration..." (the underlining is not in the original) (image 102 of the court record). Likewise, in the FIFTH finding of the act being challenged, what is stated in the cited official letter is reiterated (image 112 of the court record). Also, official letter MC-PMA-0147-03-2022 of March 16, 2022, issued by the Municipal Department of Environmental Protection, is at image 105 of the court record, where it states: "... In the documents that are annexed, it is not possible to observe the responses of the Governing Area (sic) of the Ministry of Health of Curridabat; and considering the functions and competencies, what we suggest and offer is to follow up on this matter with said Governing Area..." (the highlighting is not in the original). Despite the statements made in the transcribed administrative acts, it is not evident from the court record what the referral or follow-up that the Municipality indicates it has made of the reported case with the corresponding Governing Area of the Ministry of Health is. Moreover, note that the same Municipality later clarifies that this referral was not made. In this regard, it stated in resolution MC-ALC-RS-0058-06-2022: "... In another vein, what was indicated by the Department of Gestión Vial of the Municipality of Curridabat is that there was accompaniment in the actions that the neighbors (sic) took, and not the referral of the matter to the Ministry of Health. Regarding official letter MC-GIR-0026-03-2022 dated March 10, 2022, it is clarified that it was stated in error that the matter was referred to the Ministry of Health, since on the part of the Municipality of Curridabat there was no need to refer it because when this municipal entity was informed of the situation, the matter had already been sent to the Ministry of Health, and currently, we are precisely awaiting the report from that institution to determine how to proceed to solve the problem, an importance that has been reiterated, given that it is the exclusive competence of the Ministry of Health..." (the highlighting is not in the original) (image 149 to 156, specifically image 152 and 153, all from the court record). It is thus determined by this appeals body that the inconsistency pointed out by the appellant is indeed present in the appealed act, so this grievance must be upheld. It is even highlighted that the same Municipality, upon subsequently hearing the appeal for reversal filed against the challenged act, points out that it was all due to an error in official letter MC-GIR-0026-03-2022 issued by one of its own departments, so the referral or accompaniment before the Governing Area of the Ministry of Health has not occurred on the part of the municipal entity. In this sense, the municipal entity fails to comply with what the Sala Constitucional has indicated as part of the principle of coordination between different municipal departments and entities: "... Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various departments of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between them and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them.", see in this regard resolution 2010006922 of fourteen hours and thirty-five minutes on April sixteenth of two thousand ten issued by the Sala Constitucional. Secondly; in accordance with what was referred to above, this appeals body concludes that the respondent Municipality has failed to comply with the obligation imposed by Article 169 of the Political Constitution of Costa Rica, regarding the urban planning and surveillance of the canton it administers. In this line, the Sala Constitucional established in resolution 2016005107 of twelve hours zero minutes on April fifteenth of two thousand sixteen, in what is of interest: "V. On the problem of wastewater leakage running through the sewer system. This Sala Constitucional, in vote 2015-9940 of nine hours twenty minutes on July third of two thousand fifteen, heard a case very similar to the one raised by the appellant:... III.- On the merits. It corresponds to the municipalities to administer the local interests and services in each canton, in accordance with the provisions of the cited Article 169 of the Political Constitution. From which derives the competence of the municipalities to plan and monitor the urban development of their locality, which includes the duty to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees urban development in congruence with the efficient operation of a system for supplying drinking water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater, as well as the obligation to adopt the necessary measures to provide the canton with an adequate sanitary and storm sewer system (alcantarillado sanitario y pluvial), in order to guarantee its inhabitants the right to health and to an environment free of contamination (see, for this purpose, rulings No. 2009-000908 at 13:34 hrs. on January 23, 2009, and No. 2009-003368 at 12:40 hrs. on February 27, 2009, among others). Thus, this Chamber concludes that despite the legal obligation, the respondent Municipality has not fulfilled its oversight duty regarding the construction of the Urbanización Santa Rosa de Lima, hence there are problems not only regarding stormwater but also regarding black or serviced waters. Regarding the case of the Ministry of Health, it is verified that although the Governing Health Area of Santo Domingo de Heredia has addressed, processed, and resolved the complaints that since 2008 have been filed by the affected neighbors, it has not been decisive in seeking a solution to a situation that is accepted to still persist and that has not been resolved, nor in demanding from the town council its share of responsibility in the facts that it has been fully aware of for several years. Precisely, this Tribunal has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must mediate between all public entities and bodies when exercising their competences and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. Coordination can be inter-organic -among the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship- or inter-subjective -that is, between public entities, each with its own legal personality, own budget, autonomy, and specific competences-. Administrative coordination aims to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they are performed in a rational and orderly manner (see, for this purpose, ruling No. 2007-015218 at 12:00 hrs. on October 19, 2007, among others). In this way, this Tribunal concludes that there are indeed stormwater and wastewater problems in Residencial Santa Rosa de Lima, which is why both the respondent Municipality and the Ministry of Health must coordinate with each other and take the necessary actions to provide an effective solution to said problem. In any case, the owners of the properties in the cited Residential area, including the appellant, must comply with the sanitary orders issued by the Ministry of Health..." (the underlining and bold are not in the original). And continuing with the obligations and competences in matters such as the one analyzed, the same Sala Constitucional in resolution 2020020109 of nine hours twenty-five minutes on October twentieth of two thousand twenty, noted in what is of interest: "III.- ON THE COMPETENCES AND OBLIGATIONS OF THE MUNICIPALITIES. Regarding the claims filed by the appellant, firstly, it should be indicated that this Tribunal, in its jurisprudence, has recognized the obligation of the Municipalities to execute effective and prompt actions based on the needs of the territorial circumscription assigned to each municipal corporation, and which is intimately linked to the element of population. Such obligations derive from what is contemplated in Articles 169 and 170 of the Political Constitution, covering a wide number of activities. Thus, in rulings No. 2011-12886 at 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 at 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Chamber indicated: “(…) as established by Article 169 of the Political Constitution and the Código Municipal, the administration of local services and interests corresponds to the municipalities, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for supplying drinking water and evacuating serviced waters, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe.” Furthermore, regarding the provision of services, this Chamber has indicated –e.g., ruling No. 2016-000427 at 09:30 hours on January 15, 2016– that their proper functioning corresponds to a fundamental right. This, based on the content of Articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the different Public Administrations to provide services in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. Likewise, from the organic part of the Fundamental Charter, a series of principles of organization and function of the Administration are erected, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the Ley General de la Administración Pública, which in its Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State bodies to guide and nurture the administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness implies that the administrative organization is designed to achieve the objectives and ends assigned by the legal system itself, which necessitates the existence of planning and accountability. For its part, efficiency implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different departments. Likewise, the principle of simplicity is imposed on the Administration, which should be understood as the obligation that administrative structures and their competences be easily understood, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of celerity imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and ends, in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of demands, responsibilities, and permanent duties on all public entities..." (the highlighting is not in the original). It is thus how the respondent Municipality must execute effective and efficient actions to meet the needs of its canton, among which stand out; good systems for supplying drinking water and evacuating serviced waters, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and city beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe, actions that in the specific case are found lacking. Thirdly, and closely linked to the surveillance duties of the Local Government over the infrastructure to be constructed and constructed on private properties, it is pertinent to highlight that the content of the following articles of the Ley de Construcciones (Law No. 833 of November 2, 1949), impose clear duties on the Municipality of Curridabat in the context of the specific case evaluated in this resolution. In this regard, the relevant numerals are transcribed: "Article 14.- When a privately owned property that provides access to adjoining properties is abandoned or is a cause of unhealthiness, insecurity, or simply nuisance, the Municipality shall order the owners of that property and the adjoining ones to eliminate those causes. If they fail to comply within the period set, the Municipality shall take charge of transforming the property that serves as a passage into a public road having the width, services, and other requirements demanded by current laws and regulations. The cost of these works shall be paid jointly by the owner of the property that serves as a passage and by the adjoining owners.". A provision that allows for the conclusion that the Municipality has sufficient public authority, when it detects such situations beforehand, to require the owners of a private property to correct situations of nuisance, insecurity, or unhealthiness that it generates for other public or private properties and the environment in general. It is important to emphasize that the Municipality may carry out the improvements to the property itself and charge the expenses to the owner. For its part, numeral 17 states: "Article 17.- Types of Building. The Municipality is empowered to require a certain quality of materials in buildings, as well as their class or type, in subdivisions (fraccionamientos) or redevelopment zones that, due to their category or the importance of immediate zones, must present a harmonious appearance and must be of durable quality". In close connection with the previous provision, if it can be proven that a particular building generates some type of impact on the neighbors of an environmental or any nature, it may well require the owner to use certain materials in the construction or require a specific type of construction. In this understanding, a deficient civil engineering structure that channels black or grey waters unsuitably, or in a manner different from how it was projected in the respective construction license, it is the Municipality's competence to order the changes to the owner; failing that, in joint application of Articles 14 and 17 cited from the Ley de Construcciones, the Municipality has the duty and the authority to restore the urban harmony of a polluting property and charge the expenses to the owner.

It is not true that the restoration of health and safety conditions resulting from construction works on a property is the exclusive competence of the Ministry of Health; the Municipality of Curridabat, as is the case under review, must intervene, understanding that the application and observance of the Political Constitution is a duty of both private subjects and public-law subjects, especially when such observance arises from the urban development control and monitoring powers of the Municipality of Curridabat, in harmony with the rulings issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and transcribed in the second point of this recital, by virtue of which it must safeguard the Right to Health, the Right to Life, and the Right to a Healthy and Balanced Environment, particularly when said Fundamental Rights may be affected by construction units on public or private land, over which the Local Government has clear authority regarding construction authorization, inspection, and operation after the notice of completion of work. For this purpose, it even has legal sanctioning tools in case of non-compliance, as shown in the following articles of the referenced regulation: "Article 33- Sanctions The Municipality shall impose fines of five percent (5%) to ten percent (10%) of a base salary, calculated in accordance with the provisions of Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993, for infractions of the rules of this chapter and shall order the dismantling and removal, at the owner's expense, of signs and related structures it deems inconvenient or dangerous." From the foregoing, it is concluded that the Municipality of Curridabat has the power to order the dismantling and removal, at the owner's expense, of civil construction structures it deems inconvenient or dangerous, as is certainly the case with an uncontrolled discharge of contaminated wastewater lacking urban and environmental harmony. "CHAPTER XX INSPECTION Article 87.-The municipality shall exercise surveillance over works executed in its jurisdiction, as well as over the use made of them. Furthermore, it shall have the mission of monitoring the observance of the precepts of this Law..." Based on said regulation, it is clear that a Municipality is not only responsible for eventually granting an urban construction permit (licencia urbanística constructiva) but also for ensuring coherence between the authorized work and the work actually built. Moreover, in addition to the above, the Municipality has a public responsibility to oversee the use given to works whose construction it authorized, especially if the civil engineering or architectural infrastructure is unsuitable or presents operational problems or deficient planning, resulting in the impact on neighboring properties due to inadequate channeling and processing of wastewater. Specifically, the Municipality must intervene, order the owner to carry out the works, or failing that, carry them out directly and charge the owner for the expenses incurred in pursuit of restoring the Principle of Harmony of Urban Law, which dictates that municipal interventions must occur within the context of science and technique, in accordance with Articles 16 and 160 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), so as to ensure the least environmental impact and effects on persons and neighboring properties. For its part, and continuing with the sanctions, Article 88 provides: "Article 88.- Powers. The Municipality may impose sanctions for infractions of the rules of this Ordinance. The sanctions shall be those specified in the body of this Law and its Regulation (fines, closures, eviction, destruction of the work, etc.) and those indicated in this Chapter." As support for what has been stated, it can be seen that in the face of infrastructure proven to be harmful to the environment and to the right to health and life of individuals, the Municipality may impose sanctions, such as fines, evictions, and even the destruction of a civil work for channeling contaminated wastewater that affects individuals and the environment in general. The Local Government does not depend on the Ministry of Health or any other body to safeguard the environment and the technical suitability of constructions carried out in its territorial jurisdiction. It is recalled that the Municipality has autonomy in the essential scope of its competences and territory, guaranteed by the Political Constitution, the Municipal Code, and the abundant jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Along these same lines, the Construction Law (Ley de Construcciones) establishes: "Article 89.- Infractions. In addition to those indicated in the Chapters of this Ordinance, the following shall be considered infractions: a) Executing, without a prior permit, works for which this law and its regulation require a permit. b) Executing works covered by an expired permit. c) Executing a work while partially or radically modifying the respective approved project. d) Executing, without due protection, works that endanger life or property. e) Not sending the data reports required in different Chapters of the Regulation to the Municipality in a timely manner. f) Not notifying the Municipality of the suspension or completion of works. g) Not obeying the Municipality's orders regarding modifications, suspension, or destruction of works. h) Improperly using the public road. i) Improperly using public services. j) Occupying or using a construction before having given notice of the completion of the work. k) Preventing or hindering Inspectors from carrying out their duty" (underlining not in the original). It is noted, for example, that in the line of reasoning presented, the Municipality, ex officio or upon party request, must intervene when situations arise involving a lack of suitability or poor functioning of civil constructions on public or private lands, when these affect neighbors or the environment. For this purpose, if any irregularity is determined, it may require the owner to carry out repairs and improvements (just as it requires citizens to fix sidewalks or pay municipal taxes); and, failing that, carry out the works directly and charge the expenses to the owner. Indeed, pursuant to subsection g) of Article 89 cited above, the Municipality may consider it an infraction when a private landowner fails to obey modification, suspension, or destruction orders given by the Municipality. The scenarios are many, among which the following stand out: lack of structural stability of a civil work; contamination; non-observance of zoning rules; damage to the environment; non-observance of the land's building coverage (cobertura constructiva) percentage; constructions without a permit; constructions without the supervision of a duly licensed civil engineer responsible for the work; constructions on the public road and public domain; illegal constructions on the Maritime-Terrestrial Zone, among others. That is, the Municipality must intervene when civil construction works on real estate affect third parties, the environment, the right of circulation, and the public domain. Regarding what has just been indicated, the referenced regulatory body highlights: "Article 95.- If the owner presents the respective project and once it is accepted, the Municipality shall verify whether the work has been executed in accordance with it and whether both satisfy the requirements demanded by this Law and its Regulation, subjecting it to the necessary tests." A rule that allows concluding that the local government, at all times, can and must monitor, ex officio or upon party request, whether the civil work built on a property was executed under the terms of the urban building permit (licencia constructiva urbanística). For this purpose, it may carry out any necessary tests and inspections regarding the functioning of the electrical installation, the suitability of the hydraulic installation, the width of columns, beams, rebar and the quality of cement and materials in general, as well as the correct sanitary flow of wastewater. It should be noted that the Municipality cannot decline its duty; it must inspect a work to be built when processing the permit and during its execution, but also, according to the grounds provided, it must ensure, for as long as the property exists and without being subject to any prescriptive or restrictive deadline, that every construction on a property functions well. This is because the power of inspection, control, sanction, correction, and demolition due to misuse, wear and tear, or poor planning of a construction is imprescriptible, inalienable, and non-delegable, in accordance with Article 66 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), insofar as the constructions and their impact on persons and the environment are potentially harmful and lack urban harmony. In this order of considerations, this office observes that the respondent Municipality has been neither consistent nor clear in the various administrative acts communicated to the appellant regarding the proper handling of the reported issue. As indicated in several administrative acts, it was stated that the reported situation had been brought to the attention of the corresponding Governing Area (Área Rectora) of the Ministry of Health and that these proceedings would be followed up on; however, it subsequently contradicted itself and stated that what was indicated in said acts were errors and that no proceeding had been referred. It is therefore determined that the inconsistencies presented do not provide the appellant with due attention to their claim and, consequently, the claim filed has not been properly resolved. Indeed, as the appellant rightly points out, the challenged act indicates that since the reported events occurred on private property, the appellant must resolve them directly (image 114 of the case file). The Municipality of Curridabat appears to overlook the obligations established for it constitutionally and legally regarding urban planning (ordenación urbanística), which also involve verifying compliance with urban planning matters regarding necessary infrastructure works and, if applicable, establishing the pertinent procedures to review and supervise, within its scope of competences, whether the reported problem is due to construction deficiencies or other issues, which must be in accordance with the established legal and regulatory construction standards. The Municipality of Curridabat must remember that it is its duty to plan and monitor the urban development of its locality, which includes the duty to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees urban development in congruence with the efficient functioning of a system for providing potable water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater, as well as the obligation to adopt the measures required to provide the canton with an adequate sanitary and stormwater sewerage system, in order to guarantee its inhabitants the right to health and an environment free from contamination. While we agree with the municipal entity in understanding that there are competences legally granted to other entities such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Ministry of Health, this does not exempt the Municipal entity from fulfilling the obligations indicated within the scope of its competences. Thus, the appeal filed is granted. Consequently, resolution MC-ALC-RS-0046-05-2022 of fourteen hours fifty-four minutes on May nineteenth, two thousand twenty-two, issued by the Municipal Mayor's Office of Curridabat, is declared null and void. The case file shall be returned to the Municipality of origin, so that it may proceed to resolve, within the scope of its competences, the administrative claim filed by the appellant on March fourth, 2022, with the proper grounds and corresponding evidence on which the final resolution to be issued is based.-

IV.- OF THE RETURN OF THE CASE FILE. Having conducted this proceeding electronically, the parties may obtain a complete copy containing both the administrative case file submitted by the Municipal Corporation and all the documents that make up this appeal; for this purpose, they must provide the electronic storage device (USB drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation (plans, photographs, reports, etc.) was submitted and remains in the custody of the Court, the party who provided it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.-

THEREFORE

The evidence submitted by the appellant for a better resolution is rejected. The appeal filed is declared Granted. Consequently, the challenged resolution is declared null and void. The case file shall be returned to the Municipality of origin, so that it may proceed to resolve, within the scope of its competences, the administrative claim filed by the appellant on March fourth, 2022, with the proper grounds and corresponding evidence on which the final resolution to be issued is based. That is all. Notify. Karla Solís Valverde, Luis Arturo Polinaris Vives, Rodrigo Huertas Durán, Judges of the Municipal Improper Hierarchy Area.-

 

	


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KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-003600-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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