Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)el imputado tenía pleno conocimiento de que la gestión que pretendía realizar ante el INDER, no podía tener el desenlace exitoso que él pretendía; y aún que, cuando don [Nombre 001] dejó de presentarse a las oficinas de esa institución en aquella parte de la zona sur del país, fue precisamente porque sabía que con la revocatoria del acuerdo que en algún momento permitió que se realizaran gestiones para titular, ya sus posibilidades se nulificaron, aún y cuando intentó hacerle creer al INDER que él tenía algún derecho sobre el terreno que pretendió titular por vía administrativa ante esa institución.
No obstante, y a pesar de que el señor defensor del encartado haya manifestado que don [Nombre 001] no fue quien hizo el testimonio de falsa escritura pública, número 268, y aquí referida como el instrumento utilizado para insertar información falsa de una información posesoria inexistente, lo cierto es que tal testimonio no solo no contaba con escritura matriz, sino que don [Nombre 001] sabía igualmente que nunca existió gestión de su parte para iniciar siquiera trámites de información posesoria en el Juzgado Agrario de Corredores, de tal manera que la propiedad titulada a su nombre no podía serlo válida y jurídicamente. El hecho de que no se haya demostrado que don [Nombre 001] haya sido quien confeccionó la escritura, no obsta para considerar que, bajo las circunstancias que giraron en torno a este hecho, él sí sabía que sacaría provecho de tal escritura, para que se le inscribieran las más de 106 hectáreas de terreno en el Registro Nacional, para con ello dar apariencia de legalidad a lo ilícitamente realizado.
English (translation)the defendant was fully aware that the procedure he intended to carry out before INDER could not have the successful outcome he sought; and even though, when [Name 001] stopped appearing at the offices of that institution in that part of the southern zone of the country, it was precisely because he knew that with the revocation of the agreement that at one point allowed for titling procedures to be carried out, his chances had been nullified, even when he tried to make INDER believe that he had some right over the land he sought to title through administrative channels before that institution.
Nonetheless, and despite the fact that the defendant's counsel argued that [Name 001] was not the one who created the false public deed testimony number 268, referred to here as the instrument used to insert false information about a non-existent possessory information proceeding, the truth is that such testimony not only lacked a master deed, but [Name 001] also knew that he had never taken any steps to initiate possessory information proceedings at the Agrarian Court of Corredores, so the property titled in his name could not be valid and legal. The fact that it was not proven that [Name 001] personally drafted the deed does not preclude considering that, under the circumstances surrounding this event, he knew he would benefit from such deed to have the more than 106 hectares of land registered in his name at the National Registry, thereby giving an appearance of legality to what was illicitly done.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 01785 - 2024 Fecha de la Resolución: 21 de Octubre del 2024 a las 15:10 Expediente: 15-000349-0612-TP Redactado por: Alejandra Valenciano Chinchilla Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Sentencia declarativa de falsedad instrumental Subtemas: Consideraciones acerca del derecho de audiencia y participación del tercero interesado. Sentencias en igual sentido Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2024-1785 Expediente: 15-000349-0612-TP(3) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las quince horas diez minutos, del veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Puntarenas, el 5 de mayo de 1957, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], casado, de oficio desempleado, vecino de Puntarenas; por el delito de ESTAFA Y OTROS, en perjuicio del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Intervienen en la decisión las juezas Alejandra Valenciano Chinchilla, Laura Murillo Mora y el juez Edwin Esteban Jiménez González. Se apersonaron en esta sede el licenciado Mario Alberto Muñoz Quesada defensor particular, el licenciado Carlos Meléndez Lugo en representación del Ministerio Público, la licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro representante legal del Instituto Desarrollo Rural. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 387-2024, de las dieciséis horas veintisiete minutos del 7 de mayo de dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 6, 30 inciso e), 31, 32, 33, 42, 43,141, 142, 182, 265, 365, 367 y 492 del Código Procesal Penal, 1, 30, 31, 45, 59 a 63, 71 y 216 inciso 2), 367 y 372 del Código Penal, 1045 del Código Civil, 122 y 123 sobre las de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, por unanimidad de sus votos, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en cuanto a los hechos acusados por el Ministerio Público y el querellante, como constitutivos de los tipos penales de falsedad ideológica y uso de falso documento, y se le absuelve de toda responsabilidad y pena por dos delitos de falsedad ideológica y uno de uso de falso documento. Se declara a [Nombre 001], autor responsable del delito de estafa, cometido en perjuicio del Estado; razón por la que se le impone la pena de prisión de tres años, pena que deberá cumplir el imputado según lo establecido en los reglamentos penitenciarios vigentes al momento de la ejecución. Se concede al encartado el beneficio de ejecución condicional de la pena por el término de cinco años, y se fijan las siguientes condiciones: el no ejercicio de actos de dominio, posesión y disposición sobre la propiedad en disputa; así como cualquier aprovechamiento sobre la misma o sobre cualquier bien que dicha propiedad pueda generar. Igualmente deberá abstenerse de cometer durante el periodo de prueba, nuevo delito doloso cuya pena impuesta sea superior a seis meses de prisión. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, implicará la revocatoria del beneficio concedido. CON RESPECTO A LA ACCION CIVIL RESARCITORIA: Se rechaza la excepción de falta de derecho, incoada por la defensa del demandado civil. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por el Instituto de Desarrollo Rural, se acoge el daño ambiental invocado como sufrido y demostrado fijándose este en abstracto y declarando la obligación del condenado civil [Nombre 001] al pago del mismo, en la vía civil correspondiente. Se declara la falsedad instrumental del testimonio de escritura que indica ser copia fiel y exacta de la escritura número 268, visible a folio 189 frente del tomo primero del protocolo del notario público José Antonio Corea Martínez, y se ordena la supresión del acto ahí contenido, que es protocolización de la resolución de las 14:00 horas del 20 de enero de 2010, emitida por el Juzgado Agrario de Corredores de Puntarenas, dentro del expediente de información posesoria número 09-100353-2001-AG-2, y se ordena comunicar esta decisión al Registro Nacional, Registro de Propiedad Inmueble, para que se advierta lo aquí consignado al margen del microfilm asignado a dicho a dicho testimonio, debiendo suprimirse por dicho Registro las citas de inscripción correspondientes a ese documento que son, tomo [Valor 002], inscrita el 25 de marzo de 2010. Se declara la falsedad instrumental de la escritura número 128, visible a folio 64 frente y vuelto del tomo 14 del protocolo del notario Marcos Fernández Herrera. Se declara la falsedad instrumental del plano catastrado identificado como [Valor 006], y se ordena comunicar esta decisión al catastro nacional para que proceda a la supresión del mismo, así como se comunique al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, al Instituto de Desarrollo Rural, y a la Municipalidad de Osa, para lo que les corresponda. Se ordena la rectificación registral al Registro Nacional, Sección de Inmuebles, para que se suprima inscripción del inmueble identificado como del Partido de Puntarenas, número de matrícula [Valor 003], mediante documento presentado a dicho Registro, tomo [Valor 002], debiendo retornarse el área consignada registralmente para ese inmueble, al que corresponde a la finca del Partido de Puntarenas, matrícula [Valor 004], a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (antes IDA). En virtud del tracto sucesivo, se ordena la supresión del documento presentado al Diario de Inmuebles del Registro Nacional, presentado al tomo [Valor 005], presentada el 30 de abril de 2010 e inscrita el 4 de mayo de 2010, así como cualquier otra escritura presentada anotada o inscrita con posterioridad a la misma. Respecto de la evidencia material se ordena la remisión al Archivo Nacional, del tomo 1 del protocolo de José Antonio Corea Martínez, para su respectiva custodia. En cuanto al disco compacto que contiene copia digital del expediente 15-008344-1027-CA, se ordena agregarlo al expediente. Se ordena al Archivo Nacional anotar al margen de la escritura número 128 visible a folio 64 frente y vuelto, del tomo 14 del protocolo del notario Marco Fernández Herrera, la falsedad de la misma, aquí ordenada. Una vez quede firme esta sentencia, comuníquese la misma al Sistema de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía e Instituto de Desarrollo Rural. De la misma manera se ordena su inscripción en el Registro Judicial, y la remisión de copias de la misma al Instituto Nacional de Criminología. Ricardo Guevara Muñoz, Ilem Meléndez Monge Irena Barrantes Mora" (sic). II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Mario Alberto Muñoz Quesada defensor particular, interpuso recurso de apelación. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Valenciano Chinchilla; y, CONSIDERANDO: I.– Mediante libelo visible a folios 660 al 670 del legajo principal, recibido en fecha 27 de mayo de 2024, el licenciado Mario Muñoz Quesada, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 001] interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia escrita Nº387-2024, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, de las 16:27 horas, del 7 de mayo de 2024, mediante la cual y, por unanimidad de los votos, se declaró la extinción de la acción penal por prescripción en cuanto a dos delitos de falsedad ideológica y un uso de documento falso, declarando al encartado [Nombre 001] autor responsable de un delito de estafa , en detrimento del Estado, imponiéndole la pena de tres años de prisión, concediéndole el beneficio de ejecución de la pena por el término de cinco años. Además, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria incoada por el Instituto de Desarrollo Rural, acogiendo en abstracto el daño ambiental y se dispuso la declaratoria de falsedad instrumental del testimonio de escritura número 268, visible a folio 189 frente del tomo primero del protocolo del notario José Antonio Corea Martínez, ordenando “la supresión del acto ahí contenido, que es protocolización de la resolución de las 14:00 horas del 20 de enero de 2010, emitida por el Juzgado Agrario de Corredores de Puntarenas, dentro del expediente de información posesoria número 09-100353-2001-AG-2, y se ordena comunicar esta decisión al Registro Nacional, Registro de Propiedad Inmueble, para que se advierta lo aquí consignado al margen del microfilm asignado a dicho a dicho testimonio, debiendo suprimirse por dicho Registro las citas de inscripción correspondientes a ese documento que son, tomo [Valor 002], inscrita el 25 de marzo de 2010. Se declara la falsedad instrumental de la escritura número 128, visible a folio 64 frente y vuelto del tomo 14 del protocolo del notario Marcos Fernández Herrera. Se declara la falsedad instrumental del plano catastrado identificado como [Valor 006], y se ordena comunicar esta decisión al catastro nacional para que proceda a la supresión del mismo, así como se comunique al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, al Instituto de Desarrollo Rural, y a la Municipalidad de Osa, para lo que les corresponda. Se ordena la rectificación registral al Registro Nacional, Sección de Inmuebles, para que se suprima inscripción del inmueble identificado como del Partido de Puntarenas, número de matrícula [Valor 003], mediante documento presentado a dicho Registro, tomo [Valor 002], debiendo retornarse el área consignada registralmente para ese inmueble, al que corresponde a la finca del Partido de Puntarenas, matrícula [Valor 004], a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (antes IDA). En virtud del tracto sucesivo, se ordena la supresión del documento presentado al Diario de Inmuebles del Registro Nacional, presentado al tomo [Valor 005], presentada el 30 de abril de 2010 e inscrita el 4 de mayo de 2010, así como cualquier otra escritura presentada anotada o inscrita con posterioridad a la misma”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose además que el recurso fue debidamente presentado en tiempo y forma, en consideración a lo cual se admite la impugnación y se procede a conocer sobre los agravios. II.– Como primer motivo denominado “la prescripción y el delito de estafa mayor” indica que el tribunal declaró la prescripción de los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, excepción que había sido invocada por la defensa desde el 16 de enero de 2019, que no fue resuelta en tiempo y forma. Este reclamo permitió a la fiscalía para que, en la audiencia preliminar del 16 de marzo de 2020, conociendo la prescripción de los citados delitos, introdujera la estafa mayor, fundamentado en los mismos hechos de las delincuencias prescritas. Al haber ocurrido la prescripción, la acusación carecía de sustento legal, extinguiéndose y era solo cuestión de tiempo para que se declarara para todos los ilícitos, en cuenta la estafa mayor. Refiere que esto se alegó en fase de conclusiones, lo que ignoró el tribunal, indicando únicamente que, para la indagatoria la fiscalía contaba con pruebas que luego se utilizarían para acusar al endilgado, probanzas que debieron ser puestas en conocimiento del imputado y no haberlas mantenido ocultas durante la tramitación del proceso, que el tribunal no expuso ni dio a conocer en el fallo. En su criterio, al haber dejado de existir la acción penal por prescripción de los delitos falsarios, su defendido debió ser indagado nuevamente por los hechos de la estafa mayor, introducido en la audiencia preliminar, inmediatamente después de aquella, para garantizar sus derechos, ya que la acusación estaba dirigida únicamente a los eventos prescritos y no a la estafa, que no explica ni describe dicha pieza en cuanto a sus elementos. Reclama que es el tribunal el que elabora, mediante suposiciones y errada apreciación de la prueba, la conducta delictiva del imputado, sin que haya existido jurídicamente una descripción real y verdadera de los hechos de ese delito. Solicita la absolutoria de su defendido. Posición del Ministerio Público: El licenciado Carlos Meléndez Lugo, en su condición de fiscal de impugnaciones, pide se declare sin lugar el motivo. La fiscalía imputa hechos, no calificaciones jurídicas, sin que el recurrente lograra explicar de qué manera existió variación que haya afectado la estrategia de defensa. Si dos de los delitos acusados prescribieron, no impide que puedan ser valorados para la determinación del hecho aún no fenecido, como bien lo abordó el tribunal en sentencia. Posición del Instituto de Desarrollo Rural. La licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, como representante legal, gestiona se declare sin lugar el motivo. El escrito presentado el 16 de enero de 2019, a folio 457 es sumamente vago, impreciso y no presenta indicadores o parámetros de fechas que justifique su petición. Dichos delitos fueron declarados prescritos en la sentencia 387-2024, por lo que carece de relevancia actual lo alegado. El delito de estafa fue enunciado, por primera vez en la acusación del 16 de mayo de 2017, folios 418 a 427 del expediente y en la audiencia preliminar el licenciado Oscar Alex Soto Flores expuso la querella, ofreció la prueba y pidió la apertura a juicio por los delitos de estafa mayor, falsedad ideológica y uso de documento falso, momento procesal oportuno, denotándose que los hechos de la estafa si fueron acusados. No ha lugar. El Ministerio Público acusó al imputado [Nombre 001] por los siguientes hechos: “1. Antes del 22 de marzo de 2010 o ese mismo día, en San José, el acusado [Nombre 001] entró en posesión de un testimonio de escritura; documento que consignaba que ante el notario público José Antonio Corea Martínez (con sobreseimiento definitivo en la causa origen) compareció éste debidamente autorizado para protocolizar la resolución de las catorce horas del veinte de enero de dos mil diez emitida por el Juzgado Agrario de Corredores de Puntarenas dentro del expediente de información posesoria número 09-100353-0245-AG-2 promovido por el acusado [Nombre 001], en la que se ordenó la inscripción de un terreno no inscrito descrito en el plano catastrado [Valor 006] a nombre de éste, además consignaba que el testimonio era copia fiel y exacta a la escritura número 268, visible al folio 189 frente del tomo primero del protocolo del notario público mencionado. Dicho contenido es falso, dado que el testimonio no estaba respaldado en matriz alguna, además el terreno descrito en el plano catastrado [Valor 006] ya se encontraba inscrito bajo el número de finca del partido de Puntarenas [Valor 007] a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario ahora Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER) y el expediente de información posesoria número 09-100353-0245-AG-2 no existe. 2. El 23 de marzo de 2010, el acusado [Nombre 001], hizo uso de un documento falso ya que a través de una persona que se identificó como [Nombre 019] presentó al Registro Público, en Zapote, el testimonio de la supuesta escritura número 268 del notario público José Antonio Corea Martínez. En virtud de lo anterior, el Registrador creyendo que el documento era verdadero inscribió a nombre del acusado [Nombre 001] en el Partido de Puntarenas un nuevo inmueble asociándolo con el plano catastrado [Valor 006], al cual se le dio el número de matrícula [Valor 003]. De esta forma, el acusado [Nombre 001] vio acrecentado de manera ilegítima su patrimonio al obtener un bien inmueble de más de 106 hectáreas de medida sin haber realizado erogación dineraria alguna y con el consecuente perjuicio para el instituto ofendido, toda vez que la nueva finca traslapo en un cien por ciento el terreno de su bien inmueble del partido de Puntarenas [Valor 007]. 3. Una vez que el bien inmueble mencionado se encontraba inscrito a nombre del acusado [Nombre 001], éste contactó a la señora [Nombre 006] (con sobreseimiento definitivo en la causa origen), conocida cercana de éste, a quien le hizo creer que era el legítimo propietario del bien inmueble mencionado y le indicó que se lo donaría. La señora mencionada creyendo que efectivamente [Nombre 001] era el dueño del bien inmueble indicado, accedió a la donación. 4. En razón de lo anterior, el 28 de abril del 2010 en Guápiles, el acusado [Nombre 001] hizo que el notario público Marcos Fernández Herrera, insertara hechos falsos en un documento público, ya que el notario citado formalizó la escritura número 128 visible a folio 64 frente y vuelto del tomo 14 de su protocolo, documento que en virtud de las manifestaciones del acusado, el fedatario citado consignó que ante él compareció el acusado [Nombre 001], quien en condición de propietario de la finca del partido de Puntarenas número [Valor 003] se la donó a la señora [Nombre 006]. El acusado hizo insertar hechos falsos en ese documento, pues conocía que la titularidad registral que pose ía para ese momento tenía un origen fraudulento, por tanto no podía figurar como el propietario del bien inmueble, tal y como dio fe el notario público Fernández Herrera, quien desconocía que [Nombre 001] había adquirido la finca referida de forma fraudulenta y el verdadero dueño registral del bien inmueble es el instituto co-ofendido INDER” (cfr. 252 al 254 del legajo principal, en relación al folio 377) sucesos que, en su oportunidad la fiscalía calificó como típicos de los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, ambos en concurso material. También se presentó acusación particular contra el acusado, por parte del apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural, atribuyéndole lo que sigue: “PRIMERO: Antes del 22 de marzo de 2010 o ese mismo día, en San José, el querellado [Nombre 001] entró en posesión de un testimonio de escritura; documento que consignaba que ante el notario público José Antonio Corea Martínez (con sobreseimiento definitivo en la causa origen) compareció éste debidamente autorizado para protocolizar la resolución de las 14 horas del 20 de enero de 2010, emitida por el Juzgado Agrario de Corredores de Puntarenas dentro del expediente de información posesoria número 09-100353-0245-AG-2 promovido por el acusado [Nombre 001], en la que se ordenó la inscripción de un terreno no inscrito descrito en el plano catastrado [Valor 006] a nombre de éste, además consignaba que el testimonio era copia fiel y exacta a la escritura número 268, visible al folio 189 frente del tomo primero del protocolo del notario público mencionado. Dicho contenido es falso, dado que el testimonio no estaba respaldado en matriz alguna, además el terreno descrito en el plano catastrado [Valor 006] es parte de la finca inscrita del partido de Puntarenas [Valor 007] a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el expediente de información posesoria número 09-100353-0245-AG-2 NO EXISTE. SEGUNDO: El 23 de marzo de 2010, el querellado [Nombre 001], hizo uso de un documento falso ya que a través de una persona que se identificó como [Nombre 019] presentó al Registro Público, en Zapote, el testimonio de la supuesta escritura número 268 del notario público José Antonio Corea Martínez. En virtud de lo anterior, el Registrador creyendo que el documento era verdadero inscribió a nombre del acusado [Nombre 001] en el Partido de Puntarenas un nuevo inmueble asociándolo con el plano catastrado [Valor 006], al cual se le dio el número de matrícula [Valor 003]. De esta forma, el acusado [Nombre 001] vio acrecentado de manera ilegítima al obtener un bien inmueble de más de 106 hectáreas de medida, sin haber realizado erogación dineraria alguna y con el consecuente perjuicio para el Inder, toda vez que la nueva finca es en un cien por ciento parte del bien inmueble del partido de Puntarenas [Valor 007]. TERCERO: Una vez que el bien inmueble mencionado se encontraba inscrito a nombre de [Nombre 001], éste contactó a la señora [Nombre 006] (con sobreseimiento definitivo en la causa origen), conocida cercana del querellado, a quien le hizo creer que era el legítimo propietario del bien inmueble mencionado y le indicó que se lo donaría. La señora mencionada creyendo que efectivamente [Nombre 001] era el dueño del bien inmueble indicado, accedió a la donación.(ver folio 173 vuelto, 174 frente y vuelto, que es la declaración de [Nombre 006]). CUARTO: En razón de lo anterior, el 28 de abril del 2010 en Guápiles, el querellado [Nombre 001] hizo que el notario público Marcos Fernández Herrera, insertara hechos falsos en un documento público, ya que el notario citado formalizó la escritura número 128 visible a folio 64 frente y vuelto del tomo 14 de su protocolo, documento que en virtud de las manifestaciones del acusado, el fedatario citado consignó que ante él compareció el acusado [Nombre 001], quien en condición de propietario de la finca del partido de Puntarenas número [Valor 003] se la donó a la señora [Nombre 006]. El querellado hizo insertar hechos falsos en ese documento, pues conocía que la titularidad registral que poseía para ese momento tenía un origen fraudulento, por tanto no podía figurar como el propietario del bien inmueble, tal y como dio fe el notario público Fernández Herrera, quien desconocía que [Nombre 001] había adquirido la finca referida de forma fraudulenta y el verdadero dueño registral del bien inmueble es el INDER.” (cfr 1 vuelto al 2 vuelto del legajo de querella), plataforma calificada como típica de los delitos de uso de documento falso y falsedad ideológica. De la revisión de los autos se desprende que, en la audiencia preliminar celebrada el 16 de marzo de 2020, tanto el fiscal Alejandro Solano Ujueta, como el querellante Oscar Soto Flores recalificaron los hechos a las delincuencias de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa mayor, pretensión que fue analizada por el juez de la etapa intermedia que, dictó auto de apertura a juicio, admitiendo la acusación pública y particular, las pruebas ofrecidas, como la calificación jurídica, tal y como se colige del acta de audiencia preliminar de folios 376 al 378. La parte se muestra inconforme con lo resuelto, obviando que se acusan hechos y no calificaciones jurídicas, las que son provisionales y se fijan hasta en sentencia de ahí que, los cuestionamientos que hace en torno a los sucesos imputados no son atendibles ya que, lo relevante es que los elementos del tipo penal estén descritos dentro de la imputación, tal como se ha verificado ocurrió en la sumaria bajo examen. En ese sentido, resulta especulativo el argumento del recurrente en cuanto a que se agregó una nueva calificación -estafa mayor- por haber operado la prescripción de la acción penal, respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso. Véase que, en ningún momento se ampliaron las piezas acusatorias, para agregar hechos o circunstancias nuevas que justificara una nueva indagatoria del endilgado que, al ser oportunamente intimado se le puso en conocimiento los hechos bajo investigación, de ahí que, ninguna sorpresa se la ha causado. En todo momento supo cuáles eran las acciones que se le atribuían, la prueba existente, para ejercer con la mayor amplitud su defensa, desechándose así algún vicio que incidiera en el debido proceso. Valga hacer ver, en la citada audiencia preliminar, únicamente la fiscalía hizo una corrección al hecho segundo, para que, en la línea nueve se leyera “vio acrecentado de manera ilegitima su patrimonio” (cfr. 377) en lugar de “vio acrecentado de manera ilegitima (cfr. 253)” variación que no supuso una afectación del derecho de defensa y debido proceso, desde que no incidió en lo medular de la imputación. Ciertamente el tribunal difirió para sentencia la excepción de prescripción incoada por la defensa técnica, en cuanto a los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, acogiéndola y estableciendo que ambas conductas prescribieron el 22 de marzo y 28 de abril, ambos de 2016, al no haberse verificado alguna causal que interrumpiera o suspendiera el cómputo del plazo de prescripción, declarando en consecuencia extinta la acción penal respecto de los eventos tipificados como constitutivos de falsedad ideológica y uso de falso documento. Pese a lo anterior, el tribunal estimó que la persecución penal por el delito de estafa mayor se mantenía vigente, lo que explicó así: “valga solamente repetir que el hecho de que la prescripción sea declarada hasta en sentencia, permite considerar aquí, en este mismo acto procesal que es la sentencia, los actos que se utilizaron para llevar a cabo la estafa; pues si bien se ha declarado la prescripción de los hechos aludidos, que se identifican con los tipos penales atrás señalados, el hecho de que hasta ahora se declare la prescripción, implica que no se ha creado aún cosa juzgada material, y por ello se insiste en el punto en concreto." La defensa acusa que hubo pruebas que se mantuvieron ocultas a su defendido, sin que precise y puntualice cuáles son, como le es exigible, sin que esta cámara encuentre la incorporación de insumos probatorios distintos a los admitidos en la apertura a juicio, cuya decisión fue notificada al endilgado oralmente, teniendo así, absoluta comprensión y entendimiento del marco fáctico que debía enfrentar en etapa de juicio, las pruebas existentes y la calificación que a los sucesos se le había dado. Por todo lo antes indicado, al no llevar razón el recurrente en sus cuestionamientos se declara sin lugar este motivo de la impugnación. III.– Como segundo motivo denominado “sobre los argumentos y razonamientos del tribunal en considerando análisis intelectivo” acusa que el tribunal incurrió en suposiciones, conjeturas y presunciones del dolo, apreciando erróneamente toda la prueba testimonial de [Nombre 008], poniendo “en su boca” hechos que no manifestó. Este testigo no declaró sobre el delito de estafa, sino narró de forma genérica las gestiones que hizo Jimmy ante la oficina del Inder en Osa, “sobre el convenio con el sindicado [Nombre 009] y que en el 2012 se hizo un estudio del plano aportado por don [Nombre 001] y que el mismo habla sido modificado, generando un nuevo plano para la información posesoria. Si se compara el plano castrado [Valor 008] con los documentos de folios 216, 218, 220, 246, la escritura número 268 del Notario José Antonio Corea Martínez y los informes del OlJ de folios 101 y 102 y 136 a 140, no existió ningún otro plano; sin embargo, la sentencia concluyó que “el plano con el que se realizó la información posesoria generó otro número de plano, pero la medida del terreno que pretendía titular don [Nombre 001] se mantuvo en ambos planos..." ( en el expediente no existe ese otro plano).” El Tribunal concluyó que el imputado tenía pleno conocimiento de que la gestión que pretendía realizar ante el INDER no podía tener el desenlace exitoso que él procuraba y aunque no se demostró que hubiera sido don [Nombre 001] quien confeccionó la escritura, no obsta para considerar que bajo las circunstancias que giraron en torno a este hecho, él sí sabía que sacaría provecho de tal escritura para que se le inscribieran las más de 106 hectáreas de terreno en el Registro Nacional, para con ello dar apariencia de legalizar a lo ilícitamente realizado. Los testigos [Nombre 010] y [Nombre 011] se refirieron a las circunstancias que se dieron, por parte de un tercero, para que una escritura pública se inscribiera en el Registro Nacional y diera origen a una finca a nombre del aquí imputado. En sus declaraciones afirmaron haber conocido de la inscripción registral, de una información posesoria inexistente en el Juzgado Agrario de Corredores, y comentaron de la utilización del plano catastrado [Valor 006] dos veces, ocultando en cuál de ellas fue utilizado. El testigo [Nombre 011], refiriéndose al plano catastrado, dijo que se había utilizado para otra persona y que había solicitado en el año 2005 la anulación de este. El citado plano catastrado indica que el terreno es propiedad del INDER en posesión de [Nombre 001]. Esto lo omitió el Tribunal de Juicio y una cosa muy importante que también dejó pasar, es el hecho de que para el 2005, como dijo el citado testigo, no existía entonces un levantamiento topográfico institucional, lo cual era necesario. Estos dos testigos, junto con la declaración de [Nombre 008] nunca afirmaron que el autor de tales hechos falsarios fuera el imputado. Por el contrario, es el propio Tribunal de Juicio el que, en la sentencia, apoyándose en todos los hechos falsarios de la acusación, extrae una conducta dolosa de tipo fraudulento y se la endilga al imputado, sin explicar ni quedar demostrado en qué consistió la inducción al error, cuál fue la autoría del encartado en la constitución de los hechos simulados, cuál fue la deformación u ocultación de hechos verdaderos para obtener un beneficio patrimonial por medio de la Estafa. Ninguno de estos presupuestos legales del delito de estafa ha sido demostrado en el juicio, ni por el Ministerio Público ni por los testigos. El Tribunal incurrió en tergiversación de toda la prueba evacuada, en tal grado, que “en el considerando de hechos probados introdujo afirmaciones tales como que el imputado *...presentó al Registro Público..", "promovió una información posesoria", y en el considerando de análisis Intelectivo dijo: "...De tal manera que, se trató de actos en perjuicio del Estado, para que finalmente el imputado, valiéndose de una protocolización sobre el delito de Estafa, y genéricamente explica sobre las gestiones que hizo [Nombre 001] ante la oficina del INDER en Osa, sobre el convenio con el sindicado [Nombre 009] y que en el 2012 se hizo un estudio del plano aportado por don [Nombre 001] y que el mismo había sido modificado generando un nuevo plano para la información posesoria. Si se compara el plano castrado [Valor 008] con los documentos de folios 216, 218, 220, 246, la escritura número 268 del Notario José Antonio Corea Martínez y los informes del OlJ de folios 101 y 102 y 136 a 140, no existió ningún otro plano; sin embargo, la sentencia consigna: *...De acuerdo a tal testigo, el plano con el que se realizó la información posesoria generó otro número de plano, pero la medida del terreno que pretendía titular don [Nombre 001] se mantuvo en ambos planos..." ( en el expediente no existe ese otro plano).” Introduce además el tribunal en la sentencia, con base en la declaración del testigo [Nombre 017] y el informe policial número 307-F-13-CI, hechos que no fueron declarados por el testigo, a saber: "... Y, sin embargo, el mismo [Nombre 001], posteriormente se ufanaba de que había logrado la titulación, mas con un plano, número [Valor 009], que realmente no podía tener eficacia para lograr una titulación....”. Sostiene que el tribunal incurre en inaplicación de la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 de 14 de octubre de 1961, tanto en cuanto a lo que prescriben los artículos 62 y 63 y se confunde cuando afirma que, los documentos no tenían ningún valor legal, porque no contaban con el aval de la Junta Directiva. Las solicitudes de adquisición y el derecho de prelación no requieren de ningún aval de la Junta Directiva, solo cuando se dan los supuestos que enuncian los artículos 65, 66, 67, 68 y las facultades que la misma ley citada les confiere, de modo que el Tribunal arriba a conclusiones inexactas sobre la tramitología administrativa, ya que la misma Ley no prevé que los planos catastrados deban ser levantados por el mismo INDER. Reclama que la sentencia no contempló que tales probanzas estaban solo constituidas para los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, prescritos y no, para la estafa mayor, agregada en la audiencia preliminar, del 16 de marzo de 2020, visible a folio 377 al 378 del expediente, cuando ya la acusación fiscal había también prescrito. Solicita la absolutoria de su defendido. Posición del Ministerio Público: El licenciado Carlos Meléndez Lugo, en su condición de fiscal de impugnaciones, pide se declare sin lugar el motivo. La parte crítica la valoración de la prueba, al estimar que no logró demostrar el dolo; lo que no es cierto y se desprende del fallo. La conducta se demostró gracias a: i) el testimonio de [Nombre 008], que no solo conocía al acusado, sino la propiedad que pretendía titular, de la que sabía no era el poseedor y, si bien es cierto, en un inicio se le otorgó, luego se revocó, sin que presentara revocatoria alguna, dando validez a los actos realizados posteriormente; ii) la presentación al registro de la información posesoria falsa; iii) el informe policial y la declaración del oficial a cargo que determinó no existía la información contenida en el testimonio inscrito, sino el conocimiento del imputado en los hechos, que era identificado por los vecinos como el dueño de la finca. Posición del Instituto de Desarrollo Rural. La licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, como representante legal, gestiona se declare sin lugar el motivo, fundado en valoraciones subjetivas del recurrente, ya que el fallo motiva adecuadamente su decisión. Las aseveraciones de la parte ponen de manifiesto el análisis errado de la ley, ya que el aval de la Junta Directiva era y es absolutamente necesario en un proceso de titulación en el Inder, tal como lo hizo ver el tribunal en sentencia. Los documentos aportados por el imputado al proceso, para demostrar su ocupación, son de índole privado y no tienen validez alguna, al carecer de la autorización de la Junta Directiva, medio idóneo para aspirar a una adjudicación legal. El imputado no solo comete una falsedad ideológica, un uso de documento falso sino una estafa al lograr inscribir el bien a su nombre, sobre la base de informaciones falsas. Sin lugar: El recurrente se muestra inconforme con la valoración que hizo el tribunal de la prueba evacuada en el debate, efectuando una serie de alegatos tendiente a establecer la existencia de una duda a favor de su defendido, a partir de un abordaje sesgado y subjetivo del acervo probatorio. Contrario a lo indicado, luego de haber examinado esta Cámara el fallo oral dictado se advierte que, el tribunal acreditó la participación del endilgado en los hechos que se le venían siendo atribuidos, a partir de un análisis objetivo, integral y armónico de las siguientes probanzas: “Véase cómo con la declaración del testigo [Nombre 008], quien conoce al imputado en relación de amistad desde hace 35 o 40 años, y quien laboró para el INDER, señaló que para el año 2006 o 2007, don [Nombre 001] se presentó a las oficinas de esa institución pública, solicitando que se titulara una propiedad de unas 100 hectáreas, toda vez que para ese momento histórico se había producido un procedimiento por un acuerdo para que se titulara en la Reserva Forestal donde se encuentra ubicado el terreno de interés. De tal manera que entre el IDA (nombre que tenía el INDER para aquel momento), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), y el sindicato llamado [Nombre 009], se elaboró un proyecto para que se pudiera titular en terrenos afectados por la reserva del Golfo Dulce, siendo aprobado en el año 2005, y con cuya base el señor [Nombre 001] presentó su solicitud. Sin embargo, dos años después, en el mes de noviembre del año 2007, el acuerdo indicado fue revocado, debido a la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR), instituciones que puntualizaron que el acuerdo debía revocarse, pues el mismo se estaba aplicando sobre terrenos que eran patrimonio natural del Estado. Desde el momento en que don [Nombre 001], según esta importante versión, presentó la gestión, lo hizo con un plano que presentaba una medida del terreno a titular, por ciento y resto hectáreas, pero el terreno de interés de don [Nombre 001] forma parte precisamente de la Reserva. De tal manera que, cuando se revocó el acuerdo con base en el cual don [Nombre 001] presentó su gestión, el mismo no volvió a presentarse más a esa oficina donde gestionaba lo indicado. Este aspecto resulta de gran relevancia, pues se nota de la declaración del testigo referido, quien fungía en la oficina regional del INDER, oficina que era la encargada de la tramitación en relación con el terreno a titular por parte de don [Nombre 001], que este mostró un motivo evidente por el cual ya no volvería más a presentarse a la oficina regional de esa institución, una vez que trascendió que el acuerdo que permitía el reconocimiento de algún derecho en las tierras que aquel pretendía titular, había sido revocado o revertido. No obstante lo anterior, en el año 2012 se hizo un estudio del plano aportado por don [Nombre 001], determinándose que el plano había sido modificado, generando otro plano pero para un trámite de información posesoria, que fue con el que don [Nombre 001] consiguió la inscripción de parte de los terrenos del Estado. De acuerdo a tal testigo, el plano con el que se realizó la información posesoria generó otro número de plano, pero la medida del terreno que pretendía titular don [Nombre 001] se mantuvo en ambos planos; es decir, era la misma medida. Y es que el primer plano, según lo narró el exfuncionario, indicaba inicialmente que el terreno era parte del INDER. Toda esa situación, el testigo recordó que había generado una propiedad inscrita a nombre de una señora [Nombre 006], y al enterarse el INDER que se había titulado una propidad que era parte del patrimonio natural del Estado, se presentó la denuncia respectiva, que es la que condujo a la generación del proceso en cuestión. A los funcionarios de tal institución les sorprendió que se hubiese realizado una información posesoria sobre el terreno parte de aquel patrimonio, pues cuando se hace ese procedimiento de información posesoria, al Instituto de Desarrollo Rural se le requiere certificar si el terreno está afectado a áreas protegidas o reserva natural del Estado. Es decir, la sorpresa se dio porque al INDER no se le requirió en ese sentido, y no se le podía requerir, porque de cualquier manera, el proceso de información posesoria que generó un testimonio de escritura, no existió, tal como lo refirieron otros testigos, y además del documento emanado por el propio Juzgado Agrario, en el que se indica la no existencia del número de sumaria que se le puso al testimonio de escritura fraudulentamente confeccionado, y que fuera presentado al Registro Nacional, con lo que se generó que, bajo la fé pública que el registrador correspondiente consideró como válida por parte del notario, se le sumió en error, procediendo a autorizar la información registral que constaría ante terceras personas en dicha institución estatal, con lo cual se dio publicidad a un número de finca que en realidad no podía salir del patrimonio del Estado, según lo que aquí se ha consignado.” (transcripción literal con errores de origen). Si bien es cierto, el tribunal no pudo acreditar la participación del endilgado en la protocolización de la información posesoria ni en su presentación, concluyeron que sí había tomado parte del delito de estafa, estimándose necesario transcribir lo indicado in extenso: “este Tribunal aprecia que el imputado tenía pleno conocimiento de que la gestión que pretendía realizar ante el INDER, no podía tener el desenlace exitoso que él pretendía; y aún que, cuando don [Nombre 001] dejó de presentarse a las oficinas de esa institución en aquella parte de la zona sur del país, fue precisamente porque sabía que con la revocatoria del acuerdo que en algún momento permitió que se realizaran gestiones para titular, ya sus posibilidades se nulificaron, aún y cuando intentó hacerle creer al INDER que él tenía algún derecho sobre el terreno que pretendió titular por vía administrativa ante esa institución. No obstante, y a pesar de que el señor defensor del encartado haya manifestado que don [Nombre 001] no fue quien hizo el testimonio de falsa escritura pública, número 268, y aquí referida como el instrumento utilizado para insertar información falsa de una información posesoria inexistente, lo cierto es que tal testimonio no solo no contaba con escritura matriz, sino que don [Nombre 001] sabía igualmente que nunca existió gestión de su parte para iniciar siquiera trámites de información posesoria en el Juzgado Agrario de Corredores, de tal manera que la propiedad titulada a su nombre no podía serlo válida y jurídicamente. El hecho de que no se haya demostrado que don [Nombre 001] haya sido quien confeccionó la escritura, no obsta para considerar que, bajo las circunstancias que giraron en torno a este hecho, él sí sabía que sacaría provecho de tal escritura, para que se le inscribieran las más de 106 hectáreas de terreno en el Registro Nacional, para con ello dar apariencia de legalidad a lo ilícitamente realizado. Y eso fue parte de su ardid, el cual queda aún más claro, cuando se considera que el 23 de marzo de 2010 se presentó al Registro Nacional el documento que contenía la inexistente información posesoria, bajo las citas de presentación de la Sección de Diario de ese Registro, al tomo [Valor 002], la misma quedara inscrita el 25 de marzo de 2010, sea dos días después de su presentación; pero que el mismo imputado, en fecha 28 de abril de ese mismo año, estaba firmando una escritura en el protocolo del notario público Marcos Fernández Herrera, logrando con ella que el notario insertara información que aquel sabía falsa, pues en realidad don [Nombre 001] era conocedor de que no tenía derecho alguno legítimamente adquirido sobre el inmueble que se creó mediante ese ardid, y que generó la finca del Partido de Puntarenas, número [Valor 003], fuera traspasada a la señora [Nombre 006]. Es decir, aún con el conocimiento que [Nombre 001] tenía, de que la finca referida se había inscrito a su nombre sin que existiese causa legítima para que se lograra tal inscripción, y dar apariencia de legalidad y legitimidad a tal inmueble ante terceros, gracias a la publicidad registral, actuó ese 28 de abril de 2010, como si fuese el legítimo propietario del inmbueble, al ejercer un acto propio de los atributos del dominio o propiedad, como es el de enajenación. Este Tribunal arriba al convencimiento de que ese acto se generó para crear posibles terceros que pudiesen apreciarse como adquirentes de buena fe. Mas lo que ocurrió es que ese mismo acto genera la apariencia de mala fe de parte del encartado, quien durante mucho tiempo intentó que el INDER le titulara un inmueble; y debido a que no lo logró, utilizó las vías aquí indicadas para titular el terreno que siempre pretendió, para apenas un mes y tres días después de que el inmueble a su nombre naciera a la vida registral, lo traspasara, y además por título gratuito a una persona que era muy cercana a él, como lo fue la señora [Nombre 006].” (transcripción literal con errores de origen). Concluyó el tribunal que el acusado: “se aprovechó de la existencia de un documento ideológicamente falso, para lograr que, exactamente el mismo terreno que había pretendido sin éxito ante el INDER, se inscribiera ante el Registro Nacional, aprovochándose de las circunstancias expuestas en juicio, como la de que hace años, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, bastaba con que un notario presentara una protocolización de la resolución de fondo que avalaba una información posesoria, para que el registrador, basándose en la fe pública de los notarios, procediera a la inscripción de lo ahí contenido. Tal como se acreditó con el informe policial, y la declaración del oficial de la policía judicial en juicio, se determinó que no solamente no existía la información contenida en ese testimonio presentado al Registro Nacional, sino que el mismo incluso no contaba con matriz alguna, lo que lo tornaba un documento sin respaldo alguno, pues no se hizo en el protocolo del notario José Antonio Corea Martínez, quien también resultó sobreseido definitivamente a consecuencia de este proceso y la investigación realizada. De ese notario se utilizó su nombre para hacer creer al Registro Nacional, que aquel había emitido la escritura matriz y el testimonio de la misma, lo cual nunca ocurrió. Se conoció en juicio mediante prueba testimonial, que la práctica actual es que esa información debe proceder directamente del juzgado correspondiente, a fin de evitar situaciones como la que aquí se presentó en cuanto a la estafa. Esa falencia del sistema institucional y legal, fue oportunamente aprovechada por el encartado para lograr su cometido. Es así como de la misma denuncia, de las copias microfilmadas de testimonios de las escrituras, tanto la número 268 como la 128, sea respectivamente, la adquisición por información posesoria y la de donación, del informa de investigación de la policía judicial, de la certificación del Juzgado Agrario de Corredores sobre la inexistencia de la sumaria que se indicó en el testimonio de escritura número 268, así como que el imputado no contaba con proceso alguno en ese Juzgado por Información Posesoria, y de las certificaciones mismas literales de la finca generada en el proceso inexistende de información posesoria, que es la número [Valor 003] del Partido de Puntarenas, y de la certificación literal de la finca de ese Partido, número de matrículoa [Valor 004], que es la finca de la que se generó la primera de ellas dos mencionadas, que se aprecia cómo en efecto ese terreno era del INDER, y de repente apareció a nombre de doña [Nombre 006], así como los documentos que generaron la presentación ante el Registro del tomo y asiento que permitieron inscribir el falso testimonio de escritura que generó la matrícula número [Valor 010] referida” (transcripción literal con errores de origen). El tribunal acreditó la autoría del imputado en los hechos a partir del examen armónico e integral de la totalidad del acervo probatorio, el que permitió desprender que, el imputado había intentado tiempo antes titular el mismo terreno mediante diligencias administrativas que no surtieron efecto. Gracias a una protocolización de una escritura falsa y sin matriz, en el Registro Público se inscribió el terreno a su nombre, con un número de plano de catastro, del que dispuso a los pocos días el endilgado, traspasándolo a [Nombre 006], elementos que permitían vincularlo con la estafa en perjuicio del Estado, al haber logrado que se inscribiera a su nombre un terreno que no le pertenecía y, una vez que lo consiguió efectuó actos patrimoniales a título de ello, pese a saber que no lo era. Partiendo de que, hubo una protocolización de una sentencia judicial de un proceso de información posesoria inexistente, el acto de inscripción en favor del imputado le permitió obtener un beneficio patrimonial antijurídico. Resulta irrelevante los alegatos referidos al procedimiento a seguir en la Ley de Tierras y Colonización desde que, el hecho por el cual ha sido sentenciado el imputado no fue el trámite administrativo seguido ante el Instituto de Desarrollo Rural para titular las hectáreas de tierra de ahí que, poca importancia tiene los documentos de una venta privada desde que, el instrumento notarial que permitió inscribir la finca a nombre del acusado era absolutamente falso. Por todas las razones indicadas, no se advierte la existencia de alguna duda que pudiera favorecer al justiciable, encontrándose que el fallo dictado se ajusta no solo al mérito de los autos, sino cumple de forma satisfactoria con el deber de fundamentación, valorándose las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica racional, ejercicio que se advirtió fue minucioso, detallado, cuidados y respetuoso del debido proceso y derecho de defensa. En consecuencia, se declara sin lugar este motivo del recurso en todos sus extremos. IV.– Como tercer motivo denominado “delito de estafa mayor y la pena impuesta” indica que su defendido fue condenado a una pena de prisión, con beneficio de ejecución, fundándose en prueba documental y testimonial. El dolo no se demostró, ya que ninguna probanza afirmó o explicó sobre el ardid del imputado para inducir a error al Inder y a sus representantes legales. Si bien es cierto, fue por medio de las falsedades creadas por el notario público José Antonio Corea Martínez, que en su protocolo constituyó la escritura pública número 268, sobre la base de una información posesoria inexistente en el Juzgado Agrario de Corredores, y, su presentación al Registro Público, por medio de un sujeto de nombre [Nombre 019]., como la inscripción en dicho Registro, creó a la vez un beneficio patrimonial a favor del imputado, es también cierto que él no tuvo ninguna intervención en la constitución de dicho instrumento, ni tampoco ninguna participación ante el registrador para lograr el ardid, como lo sostiene el Tribunal de Juicio en la sentencia. El delito de estafa, además de la prueba del dolo, exige para la imposición de la pena de prisión la determinación exacta del monto de lo defraudado, cosa que no ha sido cuantificado, pese a que ello fue alegado en el debate. Y es que, para la época en que debe dictarse la sentencia, sea la actual, la valoración del daño causado no se fundamenta en el valor del salario base que regía a la fecha de comisión de delito, sino en el valor actual del bien que fue objeto del delito de estafa. En la audiencia del debate, se alegó que no se podía imponer pena alguna, por cuanto desde el inicio de la causa no ha existido una valoración pericial, alegato desechado por el tribunal, obviando que las premisas jurídicas para determinar la pena radican en la previa valoración del bien defraudado y no en la cuestión aritmética de la sumatoria de exceso o no de diez salarios base. Sostiene que el salario base no es el parámetro vigente y válido para imponer la pena de prisión, sino el avalúo pericial del bien que comprenda todos los elementos integrantes, a saber, la medida, la ubicación, el acceso, las mejoras, la estimación de los bienes materiales de flora y fauna y que es el que determina si el valor de este excede o no excede los diez salarios base. El Tribunal de Juicio yerra en cuanto al valor presumido en la sentencia, porque no se sitúa en tiempo, lugar y fecha, específicamente porque el delito de estafa fue introducido a la causa en la audiencia preliminar del 16 de marzo de 2020, fecha en que el salario base era muy diferente al que de referencia utilizó el Tribunal que era el del año 2010. Al no existir ese valor pericial del daño, al acoger la acción civil condenó a pagar el daño ambiental, sin haber sido invocado y demostrado en las etapas del debate, fijando el mismo en abstracto, cuando era total obligación del actor civil liquidar pretensiones en alguna suma. Solicita la absolutoria de su defendido. Posición del Ministerio Público: El licenciado Carlos Meléndez Lugo, en su condición de fiscal de impugnaciones, pide se declare sin lugar el motivo. El tribunal contó con elementos que permitieron determinar el valor real de la propiedad, sin que fuera necesario un peritaje, propio de un sistema de prueba tasado. Posición del Instituto de Desarrollo Rural. La licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, como representante legal, requiere se declare sin lugar el motivo. El delito de estafa mayor se consumó al haberse acreditado [Nombre 001] la titularidad de un bien inmueble mediante la simulación de hechos falsos, como lo fue una resolución falsa del Juzgado Agrario de Corredores, que lo declaraba titular del bien, sabiendo era propiedad del Inder, apropiándose así de 106 hectáreas de un bien demanial, haciendo incurrir en error al notario Marcos Fernández Herrera, que declaró en juicio que ante él comparecieron dos personas [Nombre 001] y [Nombre 006] a traspasar una finca en la zona sur, en el año 2010, presentando documentos registrales que lo acreditaban como propietario, a sabiendas de que la inscripción del terreno se hizo de forma fraudulenta, demostrándose así un dolo. El terreno es una reserva forestal, patrimonio natural del Estado, que el Inder no podía titular. La Contraloría General de la República intervino en el 2007 y ordenó trasladar los terrenos al Sinac, para su administración y fue en el 2010 ante el notario Corea Martínez para apropiarse del terreno mediante una información posesoria falsa, ya que no había un proceso judicial. El valor del bien quedó establecido en el fallo con el dicho de los testigos [Nombre 010] y [Nombre 008], que aludieron al valor inestimable del bien, del que se puede extraer madera, oro, además de ser reserva natural del Estado y parte de un Parque Nacional, con una cabida de 106 hectáreas, resolviendo de forma correcta el valor real de la propiedad. Sin lugar: En cuanto se cuestiona el dolo del acusado, se remite al recurrente a lo resuelto en el considerando precedente, a fin de evitar reiteraciones innecesarias. No existe defecto o vicio alguno en lo resuelto ya que la fijación de la sanción penal a imponer, conforme a lo estipulado en el ordinal 216 del Código Penal. Dicha delincuencia tiene dos rangos de pena, que están asociados con el monto de lo defraudado, a saber, dos meses a tres años, si no excede de diez veces el salario base y, seis meses a diez años, cuando lo supera. En este caso, el tribunal le impuso al endilgado la pena de tres años de prisión por un delito de estafa mayor al haber acreditado que el monto del perjuicio superaba los diez salarios base, lo que explicó de la siguiente forma: “en relación con la determinación del perjuicio, el defensor señaló que el artículo 216 del código penal y el principio de legalidad, en este caso son incompatibles, pues en su criterio, no se puede condenar por estafa, pues el código requiere la valoración pericial para determinar el monto de lo defraudado, y con ello, el monto de pena a aplicar. En realidad lo que el defensor pretende es tasar prueba, ya que no es cierto que el tipo penal de estafa requiera la determinación del valor del terreno por vía pericial. En este caso estamos ante más de 106 hectáreas de terreno, es decir, más de un millón sesenta mil metros cuadrados de terreno que son patrimonio natural del Estado. Para el año 2010, cuando se cometieron estos hechos, el salario base, de conformidad con la circular N° 007 del 13 de enero de 2010 y publicada en el Boletín Judicial N° 14 del 21 de enero de 2010, para definir las penas por la comisión de diversas figuras delictivas era de ¢293.400,00 (doscientos noventa y tres mil cuatrocientos colones exactos). Es decir, debido no solamente al valor de la biodiversidad del lugar, donde predomina el bosque primario, según se señaló en juicio, así como por el exorbitante tamaño del terreno que el imputado adquirió ilícitamente, resulta absurdo el asumir que ese terreno no podría costar en términos pecuniarios, más de 2.934.000,00 colones, que es diez veces el salario base para aquel año. Es un hecho notorio que las tierras en este país tienen un alto precio, y que el intento del defensor por intentar que el valor de ese inmueble de interés en esta sentencia sea menor al valor de diez salarios base para el año 2010, no se trata nada más que de una afirmación carente de fundamento, para que el Tribunal considere que este asunto es de menor cuantía, a efectos de la menor gravedad de la pena para esos casos. Lo cierto, es que la prueba testimonial, por parte del señor [Nombre 010], señaló el valor inestimable de tales terrenos, así como también lo señaló el señor Herra. El primero indicó que esos terrenos son muy apetecidos por tres razones: 1. La extracción de madera, lo cual se hace constantemente y de manera ilegal en ese terreno patrimonio natural del Estado; 2. La existencia de oro en partes de esas tierras, y su consiguiente aprovechamiento; y 3. La titulación de tierras se hace para luego vender las mismas a personas extranjeras, y con ello se obtiene un beneficio patrimonial importante. Pero más allá de esas consideraciones, lo cierto es que en el sitio existe una reserva natural, reserva forestal, se trata de parte de un Parque Nacional, y existe una reserva indígena. Eso explica el porqué en la acción civil resarcitoria se optó por señalar que este proceso para la determinación del daño, es de naturaleza inestimable, pues estamos en presencia de una riqueza que va mucho más allá de un simple valor pecuniario. Todo ese valor de riqueza natural para un Estado como el costarricense, aunado a la cantidad de más de un millón de metros cuadrados que el imputado logró titular a su nombre, tratándose de terrenos patrimonio natural de Costa Rica, permite afirmar que en este caso estamos en presencia de los supuestos de una estafa mayor, para lo cual el Tribunal se fundamenta en la prueba testimonial al respecto, que resultó muy clara, muy explicativa. De tal manera que la siguiente afirmación de la defensa, en el sentido de que la valoración de un millón de colones que fijó en conclusiones la representante de la acción civil, es inferior a diez veces el salario base para el 2010, tampoco cuenta con sentido, pues al respecto la representación del INDER cuantificó un daño que nunca fue trabado en la litis civil; es decir, nunca fue contemplado en la demanda civil; la cual sí contempló el daño como inestimable; y por su parte, el tipo penal de estafa se basa en el monto de lo defraudado o estafado, y no en el monto de algún rubro particular por daño que se pretenda resarcir.” No se advierte defecto alguno en la valoración jurídica como probatoria realizada por el tribunal que logró establecer la cuantía del bien a partir de elementos de prueba evacuados en juicio, conforme al principio de libertad probatoria. El recurrente sostiene una fijación de pena bajo elementos distintos a los previstos en la norma referida, como lo es una valoración pericial y no el salario base. Esta interpretación no resulta de recibo desde que hace una lectura incorrecta del tipo penal, que expresamente dispone que la pena se fija dependiendo de si el monto de lo defraudado excede o no diez salarios base. La norma en ningún momento prevé que se deba tener un peritaje, como sostiene la parte que, se ampara en un criterio de tasación de prueba que, es bien sabido no sigue nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo analizó el a quo. El bien que fue inscrito mediante falsedad instrumental tiene una cabida de 106 hectáreas y recursos naturales de incuantificable valor, todo lo cual permite colegir, sin duda alguna, que su valor, para el año 2010 superaba la suma de 2.934.000,00 colones y, de ahí que, la fijación de la sanción ha sido la correcta, dentro del parámetro punitivo previsto por el tipo penal. Véase que el valor se debe determinar conforme a la fecha de comisión del delito, sin que sea legalmente viable que se tome el valor del bien para la fecha de la audiencia preliminar llevada a cabo en el 2020, planteamiento que carece de un sustento técnico. Así las cosas, no resulta atendible la pretensión de que el delito no podía ser penalizado ni mucho menos existe yerro alguno en lo resuelto que así deba ser declarado. En cuanto se recrimina que se acogiera la indemnización del daño ambiental en abstracto, pese a no haber sido invocado y demostrado en juicio el cuestionamiento no puede prosperar. El tribunal analizó la procedencia del reclamo civil incoado en la acción civil resarcitoria, rechazando la excepción de falta de derecho, al haber acreditado la existencia de un daño que, a tenor del ordinal 1045 del Código Civil, debía ser indemnizado, el que se concedió en abstracto, es decir, su cuantificación deberá ser estimada en un proceso de ejecución de sentencia. La ausencia de un avalúo pericial sobre el valor del bien del Estado no perjudicó el derecho de la parte demandada que, tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en cuanto a la determinación del daño, en caso de que la representación del Instituto de Desarrollo Rural instaure el proceso indicado. V.– Como cuarto motivo “sobre la querella y la acción civil resarcitoria por extemporánea, según resolución del Ministerio Público de las 08:00 horas, del 22 de junio de 2017, y que había ocurrido la preclusión procesal”. El tribunal rechazó “la defensa y resolvió admitir la misma para resolver en sentencia”, sin reparar en que se notificó al Inder vía fax a las 08:32 horas, del 1 de junio de 2017 y se presentó recurso de apelación hasta el 27 de junio de 2017 y, por resolución de las 16:00 horas, del 11 de diciembre de 2018 se revocó la resolución apelada; obviando que la citada impugnación era extemporánea” y el fax mediante el cual se notifica la resolución del 22 de junio, de folio 162, la “resolución de las 8 horas del 22 de junio de 2017, dijo: "... se observa a folio 262 y 263 del expediente principal, que le fue comunicado al ofendido los requerimientos fiscales el dia 01 DE JUNIO DE 2017, en dicho momento se le comunico que poseía 13 dias para presentar Querella y o acción Civil y que propiamente el dia 07 DE JUNIO DE 2017 (folio 284) manifestó su voluntad de presentar querella y acción civil, siendo que el plazo conferido de acuerdo al código procesal penal, venció el 6 de junio de 2017 y de acuerdo al sello de recibido de la fiscalia de la presente acción civil, la misma fue presentada hasta el dia 21 de junio de 2017 conjunto con la querella (también declarada extemporánea), es decir, 1 dia hábil posterior a la fecha de vencimiento del plazo...* No obstante ello, el Tribunal de Juicio omitió en debate acoger el reclamo y la excepción de Falta de Derecho opuesta, dándole validez y eficacilt a una acción civil declarada extemporánea y que constituyó preclusión procesal, al no haber sido recunda en los plazos legales, por lo que las resoluciones de las 16.33 horas del 9 de enero de 2019 resultan absolutamente nulas por la preclusión reclamada y no acogida. Por otro lado, la resclución de las 8 horas del 22 de junio de 2027 fue recurrida por el INDER hasta el 27 de junio de 2017, fuera del plazo legal, Resucitaron a Lázaro.” (transcripción literal con los errores de origen). Solicita la absolutoria de su defendido. Posición del Instituto de Desarrollo Rural. La licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, como representante legal, requiere se declare sin lugar el motivo ya que basta leer la resolución de las 16:00 horas, del 11 de diciembre de 2018 del juzgado penal, de folios 449 al 451 para advertir que este tópico fue resuelto, conforme a derecho. Sin lugar: De la revisión de la sumaria se colige la siguiente secuencia de interés: i) La fiscalía formuló acusación en fecha 16 de mayo de 2017, visible a folios 252 al 261 del tomo segundo del legajo principal; ii) Dicha pieza que fue puesta en conocimiento de las partes, mediante auto de las 09:03 horas, del 1 de junio de 2017, ver folio 262, notificada por fax en esa misma fecha; iii) El licenciado Oscar Alex Soto Flores, en su condición de apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural, mediante escrito del 7 de junio de 2017, visible a folio 264, manifestó su interés en constituirse en querellante, la que presentaría en el término de diez días hábiles; iv) El 21 de junio de 2017, Oscar Alex Soto Flores, en su condición de apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural presentó la querella y acción civil resarcitoria, escrito visible a folios 1 al 6 del respectivo legajo; v) La Fiscalía Adjunta de Fraudes, mediante resolución de las 08:00 horas, del 22 de junio de 2017, declaró extemporánea la querella y acción civil resarcitoria incoada, al haber sido presentada un día hábil posterior a la fecha de vencimiento del plazo, ver folios 17 al 20 del legajo de querella, notificado el 22 de junio de 2017 al correo electrónico, ver folio 21 del legajo de querella; vi) El licenciado Oscar Alex Soto Flores, en su condición de apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural, mediante escrito del 27 de junio de 2017, visible a folios 268 al 270 del legajo principal, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de las 08:00 horas, del 22 de junio de 2017; vii) El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, de las 08:51 horas, del 12 de julio de 2017, de la citada impugnación confirió audiencia a las partes por el término de tres días, ver folio 271; viii) El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las 16:00 horas, del 11 de diciembre de 2018, visible a folios 278 al 280 del legajo principal, declaró con lugar el recurso de apelación incoado, ordenando a la fiscalía dar trámite a la querella y la acción civil resarcitoria; ix) El 16 de marzo de 2020 se llevó a cabo audiencia preliminar, oportunidad en la que el juez de la etapa intermedia, una vez escuchados los alegatos de todas las partes, resolvió ordenar la apertura a juicio, ya que la acusación y la querella reunían los requisitos de los ordinales 303 y 304 del Código Procesal Penal, aceptando el reclamo civil para ser conocido en etapa de juicio (cfr. 378 del legajo principal). De conformidad con el artículo 306 del Código Procesal Penal la parte debe manifestar si pretender constituirse en querellante, caso en el cual deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes y la querella debe presentarse ante el Ministerio Público dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior. En este caso no es cierto que la querella y la acción civil resarcitoria se hubieran interpuesto de forma extemporánea como alude la parte. El artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, número 8687, dispone el momento a partir del cual se tiene por hecha la notificación y a partir de cuando empieza a correr el plazo para formular las respectivas gestiones procesales, a saber: “Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.” Es decir, el término discurre desde el día hábil siguiente de la notificación a todas las partes, que, en este asunto, al ser comunicada la acusación por medio de fax, el 1 de junio de 2017 (folio 263), el plazo comenzó a correr, no el día 2, como se asumiría aplicando los numerales 160 y 167 del Código Procesal Penal, sino el día 5, teniendo entonces hasta el 7 de junio para informar del deseo de constituirse como parte querellante, lo que la parte hizo en tiempo y, a partir de ese día tenía hasta el 21 de junio para presentar la acusación particular, tal como se ha verificado ocurrió. Se colige entonces que la querella y la acción civil resarcitoria sí fueron presentadas dentro del plazo legal otorgado al efecto. Por otra parte, en cuanto se cuestiona la extemporaneidad del recurso de revocatoria con apelación en subsidio incoado por el licenciado Oscar Alex Soto Flores, en su condición de apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Rural, mediante escrito del 27 de junio de 2017, en contra de la resolución de las 08:00 horas, del 22 de junio de 2017, mediante la cual, la Fiscalía Adjunta de Fraudes declaró extemporánea la querella y acción civil resarcitoria incoada, el reproche no es atendible. Al haber sido notificado el 22 de junio del 2017, el plazo comenzó a correr, no el día 23, como se asumiría aplicando los numerales 160 y 167 del Código Procesal Penal, sino el día 26, teniendo entonces hasta el 28 de junio de 2017. El recurso se presentó un día antes, lo que desvirtúa el alegato de la parte que, efectúa el cómputo de forma incorrecta, obviando las reglas especiales previstas en la Ley General de Notificaciones. Así las cosas, se declara sin lugar este motivo de la impugnación. VI.– Como quinto motivo denominado “sobre los derechos de los terceros interesados y legitimados” explica que la señora [Nombre 006] adquirió la finca [Valor 003] del partido de Puntarenas, por donación del imputado, mediante escritura 128, del 28 de abril de 2010, otorgada ante el notario público Marcos Fernández Herrera. En el 2018, dicho inmueble fue donado a su hijo, [Nombre 012], reservándose el usufructo, mediante los derechos 001 y 002, hecho que no ha sido “develado” en este proceso, pese a que desde el 31 de mayo de 2019 consta en el Registro Público la anotación de este proceso penal. La propiedad en la actualidad pertenece a don [Nombre 012] y así quedó advertido desde la preliminar el 3 de diciembre de 2019, en la que el juez decretó una actividad procesal defectuosa y devolvió la causa a la fiscalía para que, citara y comunicara las resoluciones conclusivas a los terceros interesados [Nombre 012] -quien posee la nuda propiedad- y de [Nombre 006], orden que fue incumplida por la fiscalía y mediante una constancia de las 08:45 horas, del 16 de diciembre de 2019 se dio cuenta que se conversó con el hijo de [Nombre 006] del derecho que a ambos, extremo que carece de respaldo probatorio, de ahí que, por resolución de las 07:49 horas, del 20 de setiembre de 2019 introdujo una mentira, haciendo constar que se localizó a ambas personas y se les previno de su derecho de participar dentro del proceso como terceros interesados, otorgándoles el plazo de 3 días para que se apersonaran. Acusa que en dicha constancia no se conversó con doña [Nombre 006], protesta que reiteró en la apertura del juicio y el tribunal rechazó, causando indefensión a ambos terceros, al haber anulado la escritura del notario Fernández Herrera y los derechos de propiedad y usufructo de ambos. Solicita la absolutoria de su defendido. Posición del Ministerio Público: El licenciado Carlos Meléndez Lugo, en su condición de fiscal de impugnaciones, pide se declare sin lugar el motivo. [Nombre 006] fue procesada y en su momento se le dictó un sobreseimiento definitivo, de modo que conocía del proceso. Posición del Instituto de Desarrollo Rural. La licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, como representante legal, requiere se declare sin lugar el motivo al haber sido resuelto por el tribunal en el debate, al estimar que, si había sido correctamente notificada y mostró desgano en participar el proceso penal, pese a haber sido ofrecida como testigo por la fiscalía. [Nombre 006] sabía de la causa penal y fungió como imputada por este caso en otro expediente no siendo de recibo la protesta por actividad procesal defectuosa. Sin lugar: Conforme a lo establecido en los numerales 39 y 41 de la Constitución Política y aplicando los criterios reiterados en la jurisprudencia de casación, ciertamente, en todos los casos en que se pretenda la declaratoria de falsedad instrumental debe otorgarse una audiencia al tercero adquirente que pueda verse afectado, ya que de no hacerlo se estaría materializando un despojo de pleno derecho, en contravención a los principios de debido proceso y defensa (así voto 2014-00308, de las 08:47 horas del 07 de marzo de 2014, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Es decir, los terceros adquirentes deben ser informados de la existencia del proceso penal donde está discutiéndose el derecho sobre un bien, a fin de poder ser oídos por un juez, de previo a tomar una decisión, pudiendo plantear los alegatos y pruebas que consideren convenientes. Es por ello que, en la jurisprudencia se ha reiterado que: “Las autoridades competentes no deben preocuparse únicamente de anotar la existencia de la causa y el embargo respectivo en el Registro correspondiente; deben llamar a los titulares del bien, si resultan distintos del acusado -personas que, dependiendo de las circunstancias, podrían incluso figurar como partícipes en el hecho investigado-, así como a los terceros que puedan verse afectados con la medida y cuyos derechos consten por encontrarse amparados a la publicidad registral -sin perjuicio de las alegaciones de otros terceros que se apersonen al proceso en reclamo de derechos o intereses legítimos sobre dichos bienes, cuya relevancia habrá de analizarse en el caso concreto-, porque la omisión de ese elemental proceder no sólo lesiona los derechos de terceros [...]" (Sala Tercera, voto Nº 74-98 de las 9:15 horas del 23 de enero de 1998, el subrayado ha sido suplido). En este caso el tribunal estaba obligado a resolver sobre la declaratoria de falsedad instrumental porque de la revisión del expediente se desprende que los terceros interesados tenían pleno conocimiento de la existencia del proceso penal, de modo tal, que la resolución no les iba a causar sorpresa ni indefensión alguna, desde que estaban sobradamente enterados y tenían plena posibilidad del participar de la forma en que lo estimaran conveniente. En lo tocante a [Nombre 012], se advierte que, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, mediante resolución del 3 de diciembre de 2019, acogió una protesta por actividad procesal defectuosa y ordenó remitir el expediente al Ministerio Público, “a fin de que se citara y comunicara las resoluciones conclusivas a los terceros [Nombre 012] quien posee la nuda propiedad y la señora [Nombre 006]” (cfr. 253 al 354 del legajo principal). A folio 362 rola constancia de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, de las 08:45 horas, del 17 de diciembre de 2019, en el que el fiscal Alejandro Solano Ujueta, hizo constar que se llamó al teléfono “[Valor 011] a nombre de [Nombre 012], cédula 1-0911-0012 donde se conversó con dicho señor y se le informó que en relación a la finca del partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 010], tenia derecho de apersonarse como tercero interesado por las eventuales consecuencias que sobre ese bien inmueble podrían generarse producto de las resultas del presente proceso, para lo cual se otorgó un plazo de 3 días para que manifestara por cualquier medio dicho interés y además para que señalara un medio para notificaciones. Dado que el señor [Nombre 012] es hijo de la señora [Nombre 006], se le informó que a su señora madre le asistía el mismo derecho y se solicitó informarle también al respecto”, remitiéndose la sumaria a la fiscalía, al considerar el ente fiscal haber cumplido de forma satisfactoria con lo ordenado, mediante auto de las 07:59 horas, del 20 de diciembre de 2019, ver folio 363 de legajo principal. Dicha constancia elaborada por el fiscal Solano Ujueta no solo reviste de fe pública, sino cumple de forma satisfactoria con la comunicación al tercero interesado que, desde ese momento tuvo pleno conocimiento del proceso, de ahí que pudo apersonarse en defensa de sus intereses. Si bien es cierto, la fiscalía no se comunicó de forma directa con la señora [Nombre 006], ella figuró como imputada dentro de la causa penal 12-000277-0612-PE, razón por la cual el Juzgado Penal de San José, mediante resolución de las 13:30 horas, del 14 de agosto de 2014, dictó sentencia de sobreseimiento definitivo a su favor, visible a folios 314 al 319 del legajo principal. Basta dar lectura a dicha sentencia para desprender que, se estaban ventilando los mismos hechos aquí juzgados, a saber, la protocolización de una resolución del Juzgado Agrario de Corredores, dentro del expediente número 09-100353-0245-AG-2 promovido por el imputado [Nombre 001], logrando así la inscripción ante el Registro Nacional de la Propiedad, de la finca del partido de Puntarenas [Valor 003] a nombre del endilgado [Nombre 001] que, en fecha 28 de abril de 2010, aquel donó a la [Nombre 006], ante la notaría de Marcos Fernández Herrera. No cabe duda de que estaba debidamente enterada de la existencia de la causa penal, ya que al haber figurado como acusada era conocedora de la litis penal, por ende, no se trata de una persona ajena a la que se le pudiera sorprender y causar indefensión. Es por todo lo antes expuesto que se considera que, en este caso no existe vicio alguno que se deba declarar en torno a la participación de los terceros interesados, por lo cual se declara sin lugar este motivo. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mario Muñoz Quesada, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 001]. NOTIFÍQUESE.- Alejandra Valenciano Chinchilla Laura Gabriela Murillo Mora Edwin Esteban Jiménez González Juezas y juez de Apelación de Sentencia Penal Expediente: 15-000349-0612-TP(3) Imputado: [Nombre 001] Ofendido: Instituto de Desarrollo Rural Delito: Estafa y otros DVILLALOBOSCH Exp.: 15-000349-0612-TP(3) - VOTO 2024-1785- pág.: 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:36:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**RESULTANDO:** **I.—** That by judgment number 387-2024, issued at sixteen hours twenty-seven minutes on May 7, two thousand twenty-four, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 of the American Convention on Human Rights, 1, 6, 30 subsection e), 31, 32, 33, 42, 43, 141, 142, 182, 265, 365, 367 and 492 of the Criminal Procedure Code, 1, 30, 31, 45, 59 to 63, 71 and 216 subsection 2), 367 and 372 of the Criminal Code, 1045 of the Civil Code, 122 and 123 on the current Rules on Civil Liability of the 1941 Criminal Code, by unanimous vote, the extinction of the criminal action due to the statute of limitations is declared regarding the acts charged by the Public Prosecutor's Office and the complainant, as constituting the criminal offenses of ideological falsehood and use of a false document, and he is acquitted of all responsibility and penalty for two offenses of ideological falsehood and one of use of a false document. [Name 001] is declared the responsible perpetrator of the offense of fraud (estafa), committed to the detriment of the State; for which reason a prison sentence of three years is imposed, a penalty to be served by the accused in accordance with the penitentiary regulations in force at the time of execution. The defendant is granted the benefit of conditional execution of the sentence for a term of five years, and the following conditions are set: not exercising acts of ownership, possession, and disposition over the property in dispute; as well as any exploitation thereof or of any asset that said property may generate. Likewise, he must refrain from committing, during the probation period, a new willful offense for which the imposed sentence exceeds six months of imprisonment. Failure to comply with any of these conditions will entail revocation of the granted benefit. WITH RESPECT TO THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES: The objection of lack of right, raised by the defense of the civil defendant, is rejected. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Institute of Rural Development is declared with merit, the alleged and demonstrated environmental damage is upheld, setting it in the abstract and declaring the obligation of the convicted civil party [Name 001] to pay the same, through the corresponding civil proceeding. The instrumental falsehood (falsedad instrumental) of the deed certification (testimonio de escritura) that claims to be a faithful and exact copy of deed number 268, visible on folio 189 front of volume one of the protocol of notary public José Antonio Corea Martínez, is declared, and the suppression of the act contained therein is ordered, which is the protocolization of the resolution issued at 14:00 hours on January 20, 2010, by the Agrarian Court of Corredores de Puntarenas, within the possessory information file (expediente de información posesoria) number 09-100353-2001-AG-2, and it is ordered to communicate this decision to the National Registry, Real Property Registry, so that what is recorded herein is noted in the margin of the microfilm assigned to said certification, said Registry being obliged to suppress the registration references corresponding to that document, which are, volume [Value 002], registered on March 25, 2010. The instrumental falsehood of deed number 128, visible on folio 64 front and back of volume 14 of the protocol of notary Marcos Fernández Herrera, is declared. The instrumental falsehood of the cadastral map (plano catastrado) identified as [Value 006] is declared, and it is ordered to communicate this decision to the National Cadastre so that it proceeds to its suppression, as well as to notify the College of Topographical Engineers of Costa Rica, the Institute of Rural Development, and the Municipality of Osa, for their corresponding purposes. Registry rectification is ordered before the National Registry, Real Property Section, so that the registration of the property identified as being in the Party of Puntarenas, registration number [Value 003], is suppressed, by means of the document presented to said Registry, volume [Value 002], the area recorded registry-wise for that property being required to revert to that corresponding to the estate (finca) of the Party of Puntarenas, registration number [Value 004], in the name of the Institute of Rural Development (formerly IDA). By virtue of the successive tract, the suppression is ordered of the document presented to the Real Property Journal of the National Registry, presented in volume [Value 005], presented on April 30, 2010, and registered on May 4, 2010, as well as any other deed presented, noted, or registered subsequent to it. Regarding the material evidence, the referral of volume 1 of the protocol of José Antonio Corea Martínez to the National Archive is ordered, for its respective custody. As for the compact disc containing a digital copy of file 15-008344-1027-CA, it is ordered added to the file. The National Archive is ordered to note in the margin of deed number 128, visible on folio 64 front and back, of volume 14 of the protocol of notary Marco Fernández Herrera, the falsehood thereof, ordered herein. Once this judgment becomes final, communicate it to the System of Conservation Areas, the Ministry of Environment and Energy, and the Institute of Rural Development. In the same manner, its registration in the Judicial Registry is ordered, and the remittance of copies thereof to the National Institute of Criminology. Ricardo Guevara Muñoz, Ilem Meléndez Monge Irena Barrantes Mora" (sic). **II.—** That against the preceding pronouncement, attorney Mario Alberto Muñoz Quesada, private defender, filed an appeal. **III.—** That upon verifying the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal. **IV.—** That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings. Drafted by Judge of Criminal Sentence Appeals Valenciano Chinchilla; and, **CONSIDERANDO:** **I.—** By means of the writ visible on folios 660 to 670 of the main file, received on May 27, 2024, attorney Mario Muñoz Quesada, in his capacity as private defender of the accused [Name 001], filed an appeal against written judgment No. 387-2024, of the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, issued at 16:27 hours on May 7, 2024, by which, and by unanimous vote, the extinction of the criminal action due to the statute of limitations was declared regarding two offenses of ideological falsehood and one use of a false document, declaring the defendant [Name 001] the responsible perpetrator of one offense of fraud (estafa), to the detriment of the State, imposing a prison sentence of three years, and granting him the benefit of conditional execution of the sentence for a term of five years. Furthermore, the civil action for damages filed by the Institute of Rural Development was declared with merit, upholding the environmental damage in the abstract, and the declaration of instrumental falsehood (falsedad instrumental) was ordered for the certification of deed number 268, visible on folio 189 front of volume one of the protocol of notary José Antonio Corea Martínez, ordering "the suppression of the act contained therein, which is the protocolization of the resolution issued at 14:00 hours on January 20, 2010, by the Agrarian Court of Corredores de Puntarenas, within the possessory information file (expediente de información posesoria) number 09-100353-2001-AG-2, and it is ordered to communicate this decision to the National Registry, Real Property Registry, so that what is recorded herein is noted in the margin of the microfilm assigned to said certification, said Registry being obliged to suppress the registration references corresponding to that document, which are, volume [Value 002], registered on March 25, 2010. The instrumental falsehood of deed number 128, visible on folio 64 front and back of volume 14 of the protocol of notary Marcos Fernández Herrera, is declared. The instrumental falsehood of the cadastral map (plano catastrado) identified as [Value 006] is declared, and it is ordered to communicate this decision to the National Cadastre so that it proceeds to its suppression, as well as to notify the College of Topographical Engineers of Costa Rica, the Institute of Rural Development, and the Municipality of Osa, for their corresponding purposes. Registry rectification is ordered before the National Registry, Real Property Section, so that the registration of the property identified as being in the Party of Puntarenas, registration number [Value 003], is suppressed, by means of the document presented to said Registry, volume [Value 002], the area recorded registry-wise for that property being required to revert to that corresponding to the estate (finca) of the Party of Puntarenas, registration number [Value 004], in the name of the Institute of Rural Development (formerly IDA). By virtue of the successive tract, the suppression is ordered of the document presented to the Real Property Journal of the National Registry, presented in volume [Value 005], presented on April 30, 2010, and registered on May 4, 2010, as well as any other deed presented, noted, or registered subsequent to it." In this case, the full compliance with the requirements of objective and subjective challengeability has been verified, it also being evident that the appeal was duly filed in time and form, in consideration of which the challenge is admitted, and we proceed to address the grievances. **II.—** As a first ground, termed "the statute of limitations and the offense of aggravated fraud (estafa mayor)," he indicates that the court declared the statute of limitations for the offenses of ideological falsehood and use of a false document, an exception that had been invoked by the defense since January 16, 2019, and which was not resolved in a timely manner. This claim allowed the prosecution, in the preliminary hearing of March 16, 2020, knowing the statute of limitations for the cited offenses, to introduce the charge of aggravated fraud, based on the same events as the time-barred offenses. Since the statute of limitations had occurred, the accusation lacked legal basis, was extinguished, and it was only a matter of time before it was declared for all offenses, including aggravated fraud. He states that this was argued in the closing arguments phase, which the court ignored, only indicating that, for the investigative statement (indagatoria), the prosecution had evidence that would later be used to accuse the defendant, evidence that should have been made known to the accused and not kept hidden during the processing of the case, which the court neither set forth nor disclosed in the judgment. In his view, since the criminal action for the falsehood offenses ceased to exist due to the statute of limitations, his client should have been questioned again for the events of aggravated fraud, introduced in the preliminary hearing, immediately after it, to guarantee his rights, since the accusation was directed only at the time-barred events and not at fraud, which the accusatory document does not explain or describe in terms of its elements. He complains that it is the court that elaborates, through suppositions and erroneous assessment of the evidence, the criminal conduct of the accused, without there having legally existed a real and true description of the events of that offense. He requests the acquittal of his client. Position of the Public Prosecutor's Office: Attorney Carlos Meléndez Lugo, in his capacity as appeals prosecutor, requests that the ground be dismissed. The prosecution charges facts, not legal classifications, without the appellant being able to explain how there was a variation that affected the defense strategy. If two of the charged offenses were time-barred, that does not prevent them from being assessed for the determination of the fact not yet extinguished, as the court properly addressed in the judgment. Position of the Institute of Rural Development. Attorney Diana Elena Alfaro Montenegro, as legal representative, requests that the ground be dismissed. The brief filed on January 16, 2019, on folio 457, is extremely vague, imprecise, and does not present indicators or date parameters that justify its petition. Said offenses were declared time-barred in judgment 387-2024, so what is alleged currently lacks relevance. The offense of fraud (estafa) was enunciated for the first time in the accusation of May 16, 2017, folios 418 to 427 of the file, and in the preliminary hearing, attorney Oscar Alex Soto Flores presented the complaint, offered evidence, and requested the opening of trial for the offenses of aggravated fraud, ideological falsehood, and use of a false document, which was the opportune procedural moment, denoting that the events of fraud were indeed charged. Dismissed. The Public Prosecutor's Office accused the accused [Name 001] of the following acts: "1. Before March 22, 2010, or on that same day, in San José, the accused [Name 001] came into possession of a deed certification (testimonio de escritura); a document stating that before notary public José Antonio Corea Martínez (definitively dismissed in the original case), he appeared duly authorized to protocolize the resolution issued at fourteen hours on January twenty, two thousand ten, by the Agrarian Court of Corredores de Puntarenas, within the possessory information file number 09-100353-0245-AG-2, promoted by the accused [Name 001], in which the registration of an unregistered piece of land described in the cadastral map [Value 006] in his name was ordered, and it also stated that the certification was a faithful and exact copy of deed number 268, visible on folio 189 front of volume one of the protocol of the mentioned notary public. Said content is false, given that the certification was not backed by any original, moreover, the piece of land described in the cadastral map [Value 006] was already registered under estate number of the Party of Puntarenas [Value 007] in the name of the Institute of Agrarian Development, now the Institute of Rural Development (hereinafter INDER), and the possessory information file number 09-100353-0245-AG-2 does not exist. 2. On March 23, 2010, the accused [Name 001] used a false document since, through a person identified as [Name 019], he presented to the Public Registry, in Zapote, the certification of the supposed deed number 268 of notary public José Antonio Corea Martínez. By virtue of the foregoing, the Registrar, believing the document to be true, registered in the name of the accused [Name 001] in the Party of Puntarenas a new property, associating it with the cadastral map [Value 006], to which was given the registration number [Value 003]. In this way, the accused [Name 001] saw his patrimony illegitimately increased by obtaining a real property of more than 106 hectares in size without having made any monetary disbursement and with consequent detriment to the offended institute, since the new estate completely overlapped the land of its real property of the Party of Puntarenas [Value 007]. 3. Once the mentioned real property was registered in the name of the accused [Name 001], he contacted Mrs. [Name 006] (definitively dismissed in the original case), a close acquaintance of his, whom he led to believe that he was the legitimate owner of the mentioned real property and indicated that he would donate it to her. The mentioned lady, believing that [Name 001] was indeed the owner of the indicated real property, agreed to the donation. 4. Due to the foregoing, on April 28, 2010, in Guápiles, the accused [Name 001] caused notary public Marcos Fernández Herrera to insert false facts into a public document, since the cited notary formalized deed number 128, visible on folio 64 front and back of volume 14 of his protocol, a document in which, by virtue of the accused's statements, the cited notary recorded that before him appeared the accused [Name 001], who, as the owner of the estate of the Party of Puntarenas number [Value 003], donated it to Mrs. [Name 006]. The accused caused false facts to be inserted into that document, since he knew that the registered title he held at that time had a fraudulent origin, therefore he could not appear as the owner of the real property, as attested by notary public Fernández Herrera, who was unaware that [Name 001] had acquired the referenced estate fraudulently and that the true registered owner of the real property is the co-offended institute INDER" (cf. 252 to 254 of the main file, in relation to folio 377), events that, at the time, the prosecution classified as typical of the offenses of ideological falsehood and use of a false document, both in material concurrence. A private accusation was also presented against the accused by the legal representative of the Institute of Rural Development, attributing the following: "FIRST: Before March 22, 2010, or on that same day, in San José, the respondent (querellado) [Name 001] came into possession of a deed certification; a document stating that before notary public José Antonio Corea Martínez (definitively dismissed in the original case) he appeared duly authorized to protocolize the resolution issued at 14 hours on January 20, 2010, by the Agrarian Court of Corredores de Puntarenas within the possessory information file number 09-100353-0245-AG-2 promoted by the accused [Name 001], in which the registration of an unregistered piece of land described in the cadastral map [Value 006] in his name was ordered, and it also stated that the certification was a faithful and exact copy of deed number 268, visible on folio 189 front of volume one of the protocol of the mentioned notary public. Said content is false, given that the certification was not backed by any original, moreover, the piece of land described in the cadastral map [Value 006] is part of the registered estate of the Party of Puntarenas [Value 007] in the name of the Institute of Rural Development (INDER), and the possessory information file number 09-100353-0245-AG-2 DOES NOT EXIST. SECOND: On March 23, 2010, the respondent [Name 001] used a false document since, through a person identified as [Name 019], he presented to the Public Registry, in Zapote, the certification of the supposed deed number 268 of notary public José Antonio Corea Martínez. By virtue of the foregoing, the Registrar, believing the document to be true, registered in the name of the accused [Name 001] in the Party of Puntarenas a new property, associating it with the cadastral map [Value 006], to which was given the registration number [Value 003]. In this way, the accused [Name 001] saw it illegitimately increased by obtaining a real property of more than 106 hectares in size, without having made any monetary disbursement and with consequent detriment to Inder, since the new estate is one hundred percent part of the real property of the Party of Puntarenas [Value 007]. THIRD: Once the mentioned real property was registered in the name of [Name 001], he contacted Mrs. [Name 006] (definitively dismissed in the original case), a close acquaintance of the respondent, whom he led to believe that he was the legitimate owner of the mentioned real property and indicated that he would donate it to her. The mentioned lady, believing that [Name 001] was indeed the owner of the indicated real property, agreed to the donation (see folio 173 back, 174 front and back, which is the statement of [Name 006]). FOURTH: Due to the foregoing, on April 28, 2010, in Guápiles, the respondent [Name 001] caused notary public Marcos Fernández Herrera to insert false facts into a public document, since the cited notary formalized deed number 128, visible on folio 64 front and back of volume 14 of his protocol, a document in which, by virtue of the accused's statements, the cited notary recorded that before him appeared the accused [Name 001], who, as the owner of the estate of the Party of Puntarenas number [Value 003], donated it to Mrs. [Name 006]. The respondent caused false facts to be inserted into that document, since he knew that the registered title he held at that time had a fraudulent origin, therefore he could not appear as the owner of the real property, as attested by notary public Fernández Herrera, who was unaware that [Name 001] had acquired the referenced estate fraudulently and that the true registered owner of the real property is INDER." (cf. 1 back to 2 back of the complaint file), a platform classified as typical of the offenses of use of a false document and ideological falsehood. From the review of the case file, it appears that, in the preliminary hearing held on March 16, 2020, both prosecutor Alejandro Solano Ujueta and complainant Oscar Soto Flores reclassified the facts to the offenses of ideological falsehood, use of a false document, and aggravated fraud, a claim that was analyzed by the judge of the intermediate stage, who issued the order to open trial, admitting the public and private accusation, the evidence offered, and the legal classification, as inferred from the preliminary hearing record on folios 376 to 378. The party appears dissatisfied with the resolution, ignoring that facts are charged, not legal classifications, which are provisional and are only finalized in judgment, hence the questions he raises regarding the imputed events are not addressable since what is relevant is that the elements of the criminal offense are described within the charge, as has been verified to have occurred in the summary proceedings under review. In this sense, the appellant's argument that a new classification—aggravated fraud—was added due to the statute of limitations for the criminal action having expired regarding the offenses of ideological falsehood and use of a false document is speculative. Note that at no time were the accusatory documents expanded to add new facts or circumstances that would justify a new investigative statement (indagatoria) for the defendant, who, having been timely notified, was made aware of the facts under investigation; hence, no surprise has been caused to him. At all times, he knew what the actions attributed to him were and the existing evidence, to exercise his defense with the greatest breadth, thus discarding any defect that would affect due process (debido proceso). It is worth noting that in the cited preliminary hearing, the prosecution only made a correction to the second fact, so that line nine would read "saw his patrimony illegitimately increased" (cf. 377) instead of "saw increased illegitimately" (cf. 253), a variation that did not imply an affectation of the right of defense and due process, since it did not affect the core of the charge. Certainly, the court deferred the objection of the statute of limitations raised by the technical defense, regarding the offenses of ideological falsehood and use of a false document, to the judgment stage, upholding it and establishing that both conducts became time-barred on March 22 and April 28, both in 2016, as no cause was verified that interrupted or suspended the computation of the limitation period, consequently declaring the criminal action extinguished with respect to the events classified as constituting ideological falsehood and use of a false document. Despite the foregoing, the court considered that the criminal prosecution for the offense of aggravated fraud remained in force, which it explained as follows: "it is worth merely repeating that the fact that the statute of limitations is declared only in the judgment allows considering here, in this same procedural act that is the judgment, the acts that were used to carry out the fraud; for although the statute of limitations has been declared for the referred events, which are identified with the criminal offenses previously indicated, the fact that the statute of limitations is only now declared implies that res judicata has not yet been created, and therefore the point in question is insisted upon." The defense accuses that there was evidence kept hidden from his client, without specifying and pinpointing what it is, as is required of him, without this chamber finding the incorporation of evidentiary inputs different from those admitted at the opening of trial, a decision that was notified to the defendant orally, thus giving him absolute understanding and comprehension of the factual framework he had to face in the trial stage, the existing evidence, and the classification given to the events. For all the foregoing, since the appellant is not correct in his questions, this ground of the appeal is dismissed. **III.—** As a second ground, termed "on the arguments and reasoning of the court in the considering section, intellective analysis," he accuses the court of incurring in suppositions, conjectures, and presumptions of intent, erroneously assessing all the testimonial evidence of [Name 008], putting "in his mouth" facts that he did not state. This witness did not testify about the offense of fraud (estafa), but rather narrated in a generic manner the proceedings that Jimmy carried out at the Inder office in Osa, "about the agreement with the accused [Name 009] and that in 2012 a study was made of the map provided by Mr. [Name 001] and that it had been modified, generating a new map for the possessory information. If the cadastral map [Value 008] is compared with the documents on folios 216, 218, 220, 246, deed number 268 of Notary José Antonio Corea Martínez, and the reports from the Judicial Investigation Organization (OIJ) on folios 101 and 102 and 136 to 140, no other map existed; however, the judgment concluded that 'the map with which the possessory information was carried out generated another map number, but the size of the land that Mr. [Name 001] intended to title was maintained in both maps…' (this other map does not exist in the file)." The Court concluded that the accused had full knowledge that the proceeding he intended to undertake before INDER could not have the successful outcome he sought, and although it was not proven that it was Mr. [Name 001] who prepared the deed, it does not preclude considering that, under the circumstances surrounding this fact, he did know that he would profit from such a deed so that the more than 106 hectares of land would be registered in his name in the National Registry, in order to give an appearance of legality to what was illicitly done. Witnesses [Name 010] and [Name 011] referred to the circumstances that occurred, through a third party, for a public deed to be registered in the National Registry and give rise to an estate in the name of the accused here. In their statements, they affirmed having knowledge of the registry inscription of a non-existent possessory information in the Agrarian Court of Corredores, and they commented on the use of the cadastral map [Value 006] twice, concealing in which instance it was used. Witness [Name 011], referring to the cadastral map, said that it had been used for another person and that he had requested its annulment in 2005. The cited cadastral map indicates that the land is the property of INDER in the possession (posesión) of [Name 001]. The Trial Court omitted this, and a very important matter that it also overlooked is the fact that, as of 2005, as the cited witness stated, no institutional topographic survey existed, which was necessary. These two witnesses, together with the statement of [Name 008], never affirmed that the perpetrator of such falsehood acts was the accused. On the contrary, it is the Trial Court itself that, in the judgment, relying on all the falsehood acts of the accusation, extracts a willful fraudulent conduct and attributes it to the accused, without explaining or establishing what the inducement to error consisted of, what the accused's authorship in the constitution of the simulated facts was, or what the deformation or concealment of true facts was to obtain a patrimonial benefit through the Fraud (Estafa). None of these legal elements of the crime of fraud (estafa) have been demonstrated at trial, either by the Public Prosecutor's Office or by the witnesses. The Trial Court engaged in a misrepresentation of all the evidence presented, to such a degree that "in the recital of proven facts it introduced statements such as that the accused *...presented to the Public Registry..", "promoted a possessory information proceeding (información posesoria)", and in the recital of intellectual analysis it stated: "...In such a way that, these were acts to the detriment of the State, so that finally the accused, using a notarization regarding the crime of Fraud (Estafa), and generically explains about the steps taken by [Name 001] before the INDER office in Osa, about the agreement with the union member [Name 009] and that in 2012 a study was made of the survey plan (plano) provided by Mr. [Name 001] and that it had been modified generating a new survey plan (plano) for the possessory information proceeding (información posesoria). If we compare the cadastral survey plan (plano catastrado) [Value 008] with the documents on pages 216, 218, 220, 246, deed number 268 of Notary José Antonio Corea Martínez and the OIJ reports on pages 101 and 102 and 136 to 140, no other survey plan (plano) existed; however, the judgment states: *...According to that witness, the survey plan (plano) with which the possessory information proceeding (información posesoria) was carried out generated another survey plan (plano) number, but the measurement of the land that Mr. [Name 001] sought to title was maintained in both survey plans (planos)..." (this other survey plan (plano) does not exist in the case file)." The court also introduces in the judgment, based on the statement of witness [Name 017] and police report number 307-F-13-CI, facts that were not declared by the witness, namely: "... And, nevertheless, [Name 001] himself later boasted that he had achieved the titling, but with a survey plan (plano), number [Value 009], which really could not have any efficacy to achieve a titling....". He argues that the trial court errs in failing to apply the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), number 2825 of October 14, 1961, both regarding what Articles 62 and 63 prescribe, and becomes confused when it states that the documents had no legal value because they lacked the endorsement of the Board of Directors. The acquisition requests and the right of pre-emption do not require any endorsement from the Board of Directors, only when the cases set forth in Articles 65, 66, 67, 68 occur and the powers that the same cited law confers upon it, so that the Trial Court reaches inaccurate conclusions about the administrative procedures (tramitología administrativa), since the same Law does not provide that the cadastral survey plans (planos catastrados) must be drawn up by the INDER itself. He claims that the judgment did not consider that such evidence was only constituted for the crimes of ideological falsehood (falsedad ideológica) and use of a false document (uso de documento falso), which are time-barred, and not for the aggravated fraud (estafa mayor), added at the preliminary hearing of March 16, 2020, visible on pages 377 to 378 of the case file, when the prosecutorial accusation had also already become time-barred. He requests the acquittal of his client. Position of the Public Prosecutor's Office: Attorney Carlos Meléndez Lugo, in his capacity as appeals prosecutor (fiscal de impugnaciones), requests that the ground be declared without merit. The party criticizes the evaluation of the evidence, considering that it failed to demonstrate the criminal intent (dolo); this is not true and follows from the ruling. The conduct was demonstrated thanks to: i) the testimony of [Name 008], who not only knew the accused, but also the property he sought to title, which he knew he was not the possessor of, and, although it is true, it was initially granted to him, it was later revoked, without him filing any revocation, thus validating the acts carried out subsequently; ii) the presentation to the registry of the false possessory information (información posesoria); iii) the police report and the statement of the officer in charge that determined the information contained in the registered testimony did not exist, but rather the accused's knowledge of the facts, who was identified by neighbors as the owner of the property. Position of the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural). Attorney Diana Elena Alfaro Montenegro, as legal representative, petitions that the ground be declared without merit, based on subjective evaluations by the appellant, since the ruling adequately justifies its decision. The party's assertions reveal an erroneous analysis of the law, since the endorsement of the Board of Directors was and is absolutely necessary in a titling process at INDER, just as the court pointed out in the judgment. The documents provided by the accused to the process, to demonstrate his occupation, are of a private nature and have no validity whatsoever, lacking the authorization of the Board of Directors, the suitable means to aspire to a legal adjudication. The accused not only commits an ideological falsehood (falsedad ideológica), a use of a false document (uso de documento falso), but also a fraud (estafa) by managing to register the property in his name, based on false information. Without merit: The appellant is dissatisfied with the evaluation the trial court made of the evidence presented at the trial, making a series of arguments aimed at establishing the existence of a doubt in favor of his client, based on a biased and subjective approach to the body of evidence. Contrary to what has been indicated, after this Chamber examined the delivered oral ruling, it is noted that the trial court accredited the participation of the accused in the facts attributed to him, based on an objective, comprehensive and harmonious analysis of the following evidence: “See how with the statement of witness [Name 008], who has known the accused in a friendship relationship for 35 or 40 years, and who worked for INDER, indicated that around the year 2006 or 2007, Mr. [Name 001] came to the offices of that public institution, requesting that a property of about 100 hectares be titled, since at that historical moment a procedure had been produced by an agreement to title within the Forest Reserve where the land of interest is located. In such a way that between the IDA (the name INDER had at that time), the National System of Conservation Areas (SINAC), and the union called [Name 009], a project was developed so that titling could be carried out on lands affected by the Golfo Dulce reserve, being approved in 2005, and on that basis Mr. [Name 001] submitted his request. However, two years later, in the month of November 2007, the indicated agreement was revoked, due to the intervention of the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República, PGR) and the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República, CGR), institutions that pointed out that the agreement had to be revoked, since it was being applied to lands that were natural heritage (patrimonio natural) of the State. From the moment Mr. [Name 001], according to this important account, submitted the application, he did so with a survey plan (plano) that presented a measurement of the land to be titled, for one hundred and some hectares, but Mr. [Name 001]'s land of interest is precisely part of the Reserve. In such a way that, when the agreement based on which Mr. [Name 001] submitted his application was revoked, he never again presented himself to that office where he was handling the matter. This aspect is of great relevance, as it is noted from the statement of the referred witness, who served in the regional office of INDER, the office that was in charge of the processing in relation to the land to be titled by Mr. [Name 001], that he showed an obvious reason why he would no longer appear at the regional office of that institution, once it transpired that the agreement that allowed the recognition of some right in the lands that he sought to title, had been revoked or reversed. Notwithstanding the above, in 2012 a study was made of the survey plan (plano) provided by Mr. [Name 001], determining that the survey plan (plano) had been modified, generating another survey plan (plano) but for a possessory information (información posesoria) proceeding, which was the one Mr. [Name 001] used to achieve the registration of part of the State lands. According to that witness, the survey plan (plano) with which the possessory information (información posesoria) was carried out generated another survey plan (plano) number, but the measurement of the land that Mr. [Name 001] sought to title was maintained in both survey plans (planos); that is, it was the same measurement. And the first survey plan (plano), as the former official narrated, initially indicated that the land was part of INDER. All that situation, the witness remembered, had generated a property registered in the name of a Mrs. [Name 006], and upon INDER learning that a property that was part of the natural heritage (patrimonio natural) of the State had been titled, the respective complaint was filed, which is what led to the generation of the process in question. The officials of that institution were surprised that a possessory information (información posesoria) had been carried out on land that was part of that heritage (patrimonio), because when that possessory information (información posesoria) procedure is done, the Institute of Rural Development is required to certify whether the land is affected by protected areas or a State natural reserve. That is, the surprise occurred because INDER was not requested in that sense, and could not be requested, because in any case, the possessory information (información posesoria) process that generated a deed testimony, did not exist, as other witnesses referred to, and also from the document issued by the Agrarian Court itself, in which the non-existence of the summary proceeding number that was put on the fraudulently made deed testimony is indicated, and which was presented to the National Registry, which generated that, under the public faith (fé pública) that the corresponding registrar considered valid on the part of the notary, he was induced into error, proceeding to authorize the registral information that would be recorded before third parties in that state institution, thereby giving publicity to a property number that could not really leave the State's heritage (patrimonio), according to what has been recorded here.” (literal transcription with original errors). Although it is true that the trial court could not prove the accused's participation in the notarization of the possessory information (información posesoria) or in its presentation, they concluded that he had indeed taken part in the crime of fraud (estafa), it being deemed necessary to transcribe what was indicated in extenso: “this Trial Court appreciates that the accused had full knowledge that the application he intended to make before INDER could not have the successful outcome he intended; and even that, when Mr. [Name 001] stopped appearing at the offices of that institution in that part of the southern zone of the country, it was precisely because he knew that with the revocation of the agreement that at some point allowed procedures to title to be carried out, his possibilities were nullified, even though he tried to make INDER believe that he had some right over the land he sought to title through administrative channels before that institution. Nevertheless, and despite the fact that the defense attorney for the accused has stated that Mr. [Name 001] was not the one who made the false public deed testimony, number 268, and referred to here as the instrument used to insert false information of a non-existent possessory information (información posesoria), the truth is that such testimony not only lacked a matrix deed, but that Mr. [Name 001] also knew that there never existed any action on his part to even begin possessory information (información posesoria) proceedings in the Agrarian Court of Corredores, in such a way that the property titled in his name could not be validly and legally so. The fact that it was not proven that Mr. [Name 001] was the one who drafted the deed does not prevent considering that, under the circumstances surrounding this fact, he did know that he would take advantage of such deed, so that more than 106 hectares of land would be registered for him in the National Registry, to thereby give an appearance of legality to what was illicitly done. And that was part of his scheme (ardid), which becomes even clearer when considering that on March 23, 2010, the document containing the non-existent possessory information (información posesoria) was presented to the National Registry, under the presentation entries of the Daily Section of that Registry, at volume [Value 002], the same was registered on March 25, 2010, that is, two days after its presentation; but that the accused himself, on April 28 of that same year, was signing a deed in the protocol of the notary public Marcos Fernández Herrera, achieving by it that the notary inserted information that he knew was false, because in reality Mr. [Name 001] was aware that he had no legitimately acquired right over the real property that was created through that scheme (ardid), and that generated property of the Party of Puntarenas, number [Value 003], was transferred to Mrs. [Name 006]. That is, even with the knowledge that [Name 001] had, that the referred property had been registered in his name without any legitimate cause existing for such registration to be achieved, and to give an appearance of legality and legitimacy to said real property before third parties, thanks to registral publicity, he acted that April 28, 2010, as if he were the legitimate owner of the real property, by exercising an act characteristic of the attributes of ownership or property, such as alienation. This Trial Court reaches the conviction that this act was generated to create possible third parties who could be seen as good faith purchasers. But what happened is that same act generates the appearance of bad faith on the part of the accused, who for a long time tried to have INDER title a real property for him; and because he did not achieve it, he used the channels indicated here to title the land he always sought, so that only one month and three days after the real property in his name came into registral existence, he transferred it, and moreover by gratuitous title to a person who was very close to him, as was Mrs. [Name 006].” (literal transcription with original errors). The trial court concluded that the accused: “took advantage of the existence of an ideologically false document, to achieve that, exactly the same land he had unsuccessfully sought before INDER, was registered before the National Registry, taking advantage of the circumstances presented at trial, such as that years ago, unlike what happens now, it was enough for a notary to present a notarization of the substantive resolution that endorsed a possessory information (información posesoria), for the registrar, based on the public faith (fe pública) of notaries, to proceed with the registration of its contents. As was proven with the police report, and the statement of the judicial police officer at trial, it was determined that not only did the information contained in that testimony presented to the National Registry not exist, but that it did not even have any matrix, which made it a document without any support, because it was not done in the protocol of Notary José Antonio Corea Martínez, who was also definitively dismissed as a consequence of this process and the investigation carried out. The name of that notary was used to make the National Registry believe that he had issued the matrix deed and the testimony thereof, which never occurred. It was learned at trial through testimonial evidence that the current practice is that such information must come directly from the corresponding court, in order to avoid situations like the one presented here regarding the fraud (estafa). This shortcoming of the institutional and legal system was opportunely taken advantage of by the accused to achieve his goal. It is thus from the same complaint, from the microfilmed copies of deed testimonies, both number 268 and 128, that is, respectively, the acquisition by possessory information (información posesoria) and the donation one, from the judicial police investigation report, from the certification of the Agrarian Court of Corredores about the non-existence of the summary proceeding indicated in the deed testimony number 268, as well as that the accused had no process in that Court for Possessory Information (Información Posesoria), and from the literal certifications themselves of the property generated in the non-existent possessory information (información posesoria) process, which is number [Value 003] of the Party of Puntarenas, and of the literal certification of the property of that Party, registration number [Value 004], which is the property from which the first of the two mentioned was generated, that it is seen how that land was indeed INDER's, and suddenly appeared in the name of Mrs. [Name 006], as well as the documents that generated the presentation before the Registry of the volume and entry that allowed the false deed testimony that generated the referred registration number [Value 010] to be registered” (literal transcription with original errors). The trial court accredited the authorship of the accused in the facts based on the harmonious and comprehensive examination of the entire body of evidence, which allowed it to deduce that the accused had attempted, some time before, to title the same land through administrative measures that had no effect. Thanks to a notarization of a false deed with no matrix, the land was registered in his name in the Public Registry, with a cadastral survey plan (plano de catastro) number, of which the accused disposed a few days later, transferring it to [Name 006], elements that allowed linking him to the fraud (estafa) to the detriment of the State, having managed to register in his name a land that did not belong to him and, once he achieved it, performed patrimonial acts under that title, despite knowing that he was not its owner. Starting from the fact that there was a notarization of a judicial ruling from a non-existent possessory information (información posesoria) process, the act of registration in favor of the accused allowed him to obtain an unlawful patrimonial benefit. The arguments regarding the procedure to be followed in the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) are irrelevant since the fact for which the accused has been sentenced was not the administrative procedure followed before the Institute of Rural Development to title the hectares of land; hence, the documents of a private sale are of little importance since the notarial instrument that allowed the property to be registered in the name of the accused was absolutely false. For all the reasons indicated, the existence of any doubt that could favor the defendant is not perceived, finding that the delivered ruling conforms not only to the merit of the case file but also satisfactorily fulfills the duty of reasoning, evaluating the evidence according to the rules of sound critical judgment (sana crítica racional), an exercise that was noted to be meticulous, detailed, careful, and respectful of due process and the right of defense. Consequently, this ground of the appeal is declared without merit in all its extremes. IV.– As a third ground called “crime of aggravated fraud (estafa mayor) and the imposed penalty,” it indicates that his client was sentenced to a prison term, with the benefit of suspended execution, based on documentary and testimonial evidence. Criminal intent (dolo) was not demonstrated, since no evidence affirmed or explained the scheme (ardid) of the accused to induce INDER and its legal representatives into error. Although it is true, it was through the falsehoods created by the notary public José Antonio Corea Martínez, who in his protocol constituted public deed number 268, based on a non-existent possessory information (información posesoria) in the Agrarian Court of Corredores, and its presentation to the Public Registry, by a person named [Name 019], as the registration in said Registry simultaneously created a patrimonial benefit in favor of the accused, it is also true that he had no intervention in the constitution of said instrument, nor any participation before the registrar to achieve the scheme (ardid), as the Trial Court maintains in the judgment. The crime of fraud (estafa), in addition to proof of criminal intent (dolo), requires for the imposition of a prison sentence the exact determination of the amount defrauded, something that has not been quantified, despite this being alleged in the trial. And it is that, for the time the judgment must be handed down, that is, currently, the assessment of the damage caused is not based on the value of the base salary that governed on the date of the commission of the crime, but on the current value of the property that was the object of the crime of fraud (estafa). At the trial hearing, it was alleged that no penalty could be imposed, since from the beginning of the case there has been no expert valuation, an allegation rejected by the trial court, ignoring that the legal premises to determine the penalty lie in the prior valuation of the defrauded property and not in the arithmetic question of the sum exceeding or not ten base salaries. He argues that the base salary is not the current and valid parameter for imposing a prison sentence, but rather the expert appraisal of the property that includes all the constituent elements, namely, the measurement, location, access, improvements, the estimation of the material assets of flora and fauna, and that it is this which determines whether its value exceeds or does not exceed ten base salaries. The Trial Court errs regarding the presumed value in the judgment, because it does not situate itself in time, place, and date, specifically because the crime of fraud (estafa) was introduced to the case at the preliminary hearing of March 16, 2020, a date on which the base salary was very different from the one the Trial Court used as a reference, which was that of the year 2010. In the absence of that expert value of the damage, by upholding the civil action it ordered the payment of environmental damage, without it having been invoked and demonstrated in the trial stages, fixing it in the abstract, when it was the total obligation of the civil claimant to settle claims in some sum. He requests the acquittal of his client. Position of the Public Prosecutor's Office: Attorney Carlos Meléndez Lugo, in his capacity as appeals prosecutor (fiscal de impugnaciones), requests that the ground be declared without merit. The trial court had elements that allowed it to determine the real value of the property, without the need for an expert report, characteristic of a system of assessed proof. Position of the Institute of Rural Development. Attorney Diana Elena Alfaro Montenegro, as legal representative, requests that the ground be declared without merit. The crime of aggravated fraud (estafa mayor) was consummated when [Name 001] was accredited ownership of immovable property through the simulation of false facts, such as a false ruling from the Agrarian Court of Corredores, which declared him the owner of the property, knowing it was INDER's property, thereby appropriating 106 hectares of public domain property, causing Notary Marcos Fernández Herrera to fall into error, who testified at trial that two people appeared before him, [Name 001] and [Name 006], to transfer a property in the southern zone, in 2010, presenting registral documents that proved him as the owner, knowing that the registration of the land was done fraudulently, thus demonstrating criminal intent (dolo). The land is a forest reserve, natural heritage (patrimonio natural) of the State, which INDER could not title. The Comptroller General of the Republic intervened in 2007 and ordered the lands transferred to SINAC for its administration, and it was in 2010 before Notary Corea Martínez to appropriate the land through a false possessory information (información posesoria), since there was no judicial process. The value of the property was established in the ruling by the statements of witnesses [Name 010] and [Name 008], who alluded to the inestimable value of the property, from which wood and gold can be extracted, in addition to being a natural reserve of the State and part of a National Park, with an area of 106 hectares, correctly resolving the real value of the property. Without merit: Insofar as the criminal intent (dolo) of the accused is questioned, the appellant is referred to what was resolved in the preceding recital, in order to avoid unnecessary reiterations. There is no defect or flaw whatsoever in what was resolved since the setting of the criminal sanction to be imposed complies with what is stipulated in Article 216 of the Penal Code. Said crime has two ranges of penalty, which are associated with the amount defrauded, namely, two months to three years, if it does not exceed ten times the base salary, and six months to ten years, when it exceeds it. In this case, the trial court imposed a penalty of three years of imprisonment on the accused for a crime of aggravated fraud (estafa mayor), having proven that the amount of the damage exceeded ten base salaries, which it explained as follows: “in relation to the determination of the damage, the defense attorney pointed out that Article 216 of the penal code and the principle of legality, in this case, are incompatible, since in his opinion, one cannot convict for fraud (estafa), because the code requires an expert valuation to determine the amount defrauded, and with it, the amount of penalty to apply. In reality, what the defense attorney intends is to assess proof, because it is not true that the criminal type of fraud (estafa) requires the determination of the value of the land through an expert route. In this case, we are dealing with more than 106 hectares of land, that is, more than one million sixty thousand square meters of land that is natural heritage (patrimonio natural) of the State. For the year 2010, when these acts were committed, the base salary, in accordance with circular N° 007 of January 13, 2010, and published in Judicial Bulletin N° 14 of January 21, 2010, to define the penalties for the commission of various criminal figures was ¢293,400.00 (two hundred ninety-three thousand four hundred exact colones). That is, due not only to the value of the biodiversity of the place, where primary forest predominates, as was pointed out at trial, but also due to the exorbitant size of the land that the accused illicitly acquired, it is absurd to assume that this land could not cost in pecuniary terms more than 2,934,000.00 colones, which is ten times the base salary for that year. It is a well-known fact that lands in this country have a high price, and that the defense attorney's attempt to assert that the value of this real property of interest in this judgment is less than the value of ten base salaries for the year 2010 is nothing more than a statement lacking foundation, so that the Trial Court considers this matter to be of minor amount, for purposes of the lesser severity of the penalty for those cases. The truth is that the testimonial evidence, by Mr. [Name 010], pointed out the inestimable value of such lands, as did Mr. Herra. The first indicated that those lands are highly coveted for three reasons: 1. The extraction of wood, which is done constantly and illegally on that land that is natural heritage (patrimonio natural) of the State; 2. The existence of gold in parts of those lands, and its consequent exploitation; and 3. Land titling is done in order to later sell them to foreigners, and with this an important patrimonial benefit is obtained. But beyond those considerations, the truth is that at the site there exists a natural reserve, a forest reserve, it is part of a National Park, and there is an indigenous reserve. That explains why in the civil reparatory action it was chosen to indicate that this process for the determination of damage is of an inestimable nature, for we are in the presence of a wealth that goes far beyond a simple pecuniary value. All that value of natural wealth for a State like Costa Rica, coupled with the quantity of more than one million square meters that the accused managed to title in his name, dealing with lands that are natural heritage (patrimonio natural) of Costa Rica, allows affirming that in this case we are in the presence of the assumptions of an aggravated fraud (estafa mayor), for which the Trial Court is based on the testimonial evidence in this regard, which was very clear, very explanatory. In such a way that the defense's following statement, to the effect that the valuation of one million colones that the representative of the civil action set in conclusions is less than ten times the base salary for 2010, also lacks sense, because in that regard INDER's representation quantified a damage that was never set forth in the civil litigation; that is, it was never contemplated in the civil lawsuit; which did contemplate the damage as inestimable; and for its part, the criminal type of fraud (estafa) is based on the amount defrauded or swindled, and not on the amount of some particular item for damage that is sought to be compensated.” No defect is noted in the legal and evidentiary evaluation carried out by the trial court that managed to establish the value of the property based on elements of evidence presented at trial, in accordance with the principle of freedom of evidence. The appellant maintains a fixing of the penalty based on elements other than those provided for in the referred norm, such as an expert valuation and not the base salary. This interpretation is not admissible since it makes an incorrect reading of the criminal type, which expressly provides that the penalty is fixed depending on whether the amount defrauded exceeds or does not exceed ten base salaries. The norm in no way provides that an expert report must be had, as the party maintains, which relies on a criterion of proof assessment that, as is well known, our legal system does not follow, as analyzed by the lower court (a quo). The property that was registered through instrumental falsehood has an area of 106 hectares and natural resources of unquantifiable value, all of which allows one to infer, without any doubt, that its value, for the year 2010, exceeded the sum of 2,934,000.00 colones, and hence, the fixing of the sanction has been correct, within the punitive parameter provided for by the criminal type. See that the value must be determined according to the date of the commission of the crime, as it is not legally viable to take the value of the property as of the date of the preliminary hearing held in 2020, an approach that lacks technical support. That being the case, the claim that the offense could not be penalized is not tenable, much less is there any error in what was decided that must be declared as such. As to the criticism that the abstract environmental damage compensation was granted, despite not having been invoked and proven at trial, the challenge cannot succeed. The court analyzed the propriety of the civil claim brought in the civil action for damages (acción civil resarcitoria), rejecting the exception of lack of standing (falta de derecho), having accredited the existence of a damage that, pursuant to article 1045 of the Civil Code, had to be compensated, which was granted in the abstract, meaning its quantification must be estimated in a sentence-execution proceeding. The absence of an expert appraisal on the value of the State's property did not prejudice the right of the defendant party, who will have the opportunity to exercise its defense regarding the determination of the damage, should the representation of the Instituto de Desarrollo Rural institute the indicated proceeding. V.– As a fourth ground “regarding the complaint and the civil action for damages being time-barred, according to a resolution of the Ministerio Público issued at 08:00 hours on June 22, 2017, and that procedural preclusion had occurred.” The court rejected “the defense and decided to admit it for resolution in the judgment,” without noting that the Inder was notified via fax at 08:32 hours on June 1, 2017, and an appeal was not filed until June 27, 2017, and by a resolution issued at 4:00 p.m. on December 11, 2018, the appealed resolution was revoked; ignoring that the cited challenge was time-barred and the fax by which the June 22 resolution was notified, on folio 162, the “resolution of 8 a.m. on June 22, 2017, stated: '... it is observed on folios 262 and 263 of the main case file, that the prosecutorial requests were communicated to the victim on JUNE 1, 2017, at which time it was communicated that he had 13 days to file a Complaint and/or Civil Action and that properly on JUNE 7, 2017 (folio 284) he expressed his intention to file a complaint and civil action, it being the case that the deadline conferred according to the code of criminal procedure expired on June 6, 2017, and according to the received stamp of the prosecutor's office for this civil action, it was filed only on June 21, 2017 together with the complaint (also declared time-barred), that is, 1 business day after the deadline expiration date...' Notwithstanding this, the Trial Court omitted during the hearing to accept the claim and the exception of Lack of Standing (Falta de Derecho) raised, giving validity and effectiveness to a civil action declared time-barred and which constituted procedural preclusion, having not been filed within the legal deadlines, therefore the resolutions issued at 4:33 p.m. on January 9, 2019 are absolutely null due to the preclusion claimed and not accepted. On the other hand, the resolution of 8 a.m. on June 22, 2017 was appealed by INDER only on June 27, 2017, outside the legal deadline. They resurrected Lazarus.” (literal transcription with original errors). Requests the acquittal of his client. Position of the Instituto de Desarrollo Rural. Licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, as legal representative, requests that the ground be declared without merit, since it suffices to read the resolution issued at 4:00 p.m. on December 11, 2018, by the criminal court, on folios 449 to 451, to note that this topic was resolved in accordance with the law. Without merit: From the review of the summary proceedings, the following sequence of interest is inferred: i) The prosecutor's office filed the accusation on May 16, 2017, visible on folios 252 to 261 of volume two of the main file; ii) Said document was brought to the attention of the parties, by an order issued at 09:03 hours on June 1, 2017, see folio 262, notified by fax on that same date; iii) Licenciado Oscar Alex Soto Flores, in his capacity as judicial representative of the Instituto de Desarrollo Rural, by brief dated June 7, 2017, visible on folio 264, expressed his interest in becoming a complainant (querellante), which he would file within a period of ten business days; iv) On June 21, 2017, Oscar Alex Soto Flores, in his capacity as judicial representative of the Instituto de Desarrollo Rural, filed the complaint and civil action for damages (acción civil resarcitoria), a brief visible on folios 1 to 6 of the respective file; v) The Fiscalía Adjunta de Fraudes, by resolution of 08:00 hours on June 22, 2017, declared the complaint and civil action for damages brought to be time-barred, having been filed one business day after the deadline expiration date, see folios 17 to 20 of the complaint file, notified on June 22, 2017, to the email address, see folio 21 of the complaint file; vi) Licenciado Oscar Alex Soto Flores, in his capacity as judicial representative of the Instituto de Desarrollo Rural, by brief dated June 27, 2017, visible on folios 268 to 270 of the main file, filed a motion for revocation with subsidiary appeal against the resolution of 08:00 hours on June 22, 2017; vii) The Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, at 08:51 hours on July 12, 2017, granted a hearing on said challenge to the parties for a term of three days, see folio 271; viii) The Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, by resolution of 4:00 p.m. on December 11, 2018, visible on folios 278 to 280 of the main file, granted the appeal brought, ordering the prosecutor's office to process the complaint and the civil action for damages; ix) On March 16, 2020, a preliminary hearing was held, an opportunity in which the judge of the intermediate stage, after hearing the arguments of all parties, resolved to order the opening of trial, since the accusation and the complaint met the requirements of articles 303 and 304 of the Code of Criminal Procedure, accepting the civil claim to be heard at the trial stage (cf. 378 of the main file). In accordance with article 306 of the Code of Criminal Procedure, the party must state whether it intends to become a complainant (querellante), in which case it must indicate so in writing within the following three days, and the complaint must be filed before the Ministerio Público within the ten days following the expiration of the preceding period. In this case, it is not true that the complaint and the civil action for damages were filed in a time-barred manner as the party alludes. Article 38 of the Judicial Notifications Law, number 8687, establishes the moment from which notification is deemed made and from when the period begins to run to formulate the respective procedural actions, namely: “When an email address, fax, or post office box is designated, the person will be deemed notified on the business day following the respective transmission or deposit. However, every period begins to run from the next business day after notification to all parties.” That is, the period runs from the business day following notification to all parties, which, in this matter, when the accusation was communicated by fax on June 1, 2017 (folio 263), the period began to run, not on the 2nd, as would be assumed applying articles 160 and 167 of the Code of Criminal Procedure, but on the 5th, then having until June 7 to report the desire to become a complainant party, which the party did timely, and from that day it had until June 21 to file the private accusation, as has been verified to have occurred. It is inferred then that the complaint and the civil action for damages were indeed filed within the legal deadline granted for this purpose. Moreover, insofar as the timeliness of the motion for revocation with subsidiary appeal brought by Licenciado Oscar Alex Soto Flores, in his capacity as judicial representative of the Instituto de Desarrollo Rural, by brief dated June 27, 2017, against the resolution of 08:00 hours on June 22, 2017, by which the Fiscalía Adjunta de Fraudes declared the complaint and civil action for damages brought to be time-barred, is questioned, the reproach is not tenable. Having been notified on June 22, 2017, the period began to run, not on the 23rd, as would be assumed applying articles 160 and 167 of the Code of Criminal Procedure, but on the 26th, then having until June 28, 2017. The appeal was filed one day earlier, which refutes the argument of the party that calculates the period incorrectly, ignoring the special rules provided in the General Notifications Law. That being the case, this ground of challenge is declared without merit. VI.– As a fifth ground called “regarding the rights of interested and legitimized third parties,” he explains that Mrs. [Name 006] acquired farm [Value 003] of the district of Puntarenas, by donation from the accused, through deed 128, of April 28, 2010, granted before notary public Marcos Fernández Herrera. In 2018, said property was donated to her son, [Name 012], reserving the usufruct, through rights 001 and 002, a fact that has not been “revealed” in this process, despite the fact that since May 31, 2019, the notation of this criminal process has been recorded in the Public Registry. The property currently belongs to Mr. [Name 012] and it was thus warned since the preliminary hearing on December 3, 2019, in which the judge decreed a defective procedural activity and returned the case to the prosecutor's office so that it would summon and communicate the conclusive resolutions to the interested third parties [Name 012] -who holds the bare title (nuda propiedad)- and [Name 006], an order that was not complied with by the prosecutor's office, and through a certification at 08:45 hours on December 16, 2019, it was reported that a conversation was had with the son of [Name 006] about the right that both hold, an extreme that lacks evidentiary support, hence, by resolution of 07:49 hours on September 20, 2019, a lie was introduced, certifying that both persons were located and were warned of their right to participate within the process as interested third parties, granting them a period of 3 days to appear. He accuses that in said certification, a conversation was not held with Mrs. [Name 006], a protest he reiterated at the opening of the trial and the court rejected, causing defenselessness to both third parties, having annulled the deed of notary Fernández Herrera and the property and usufruct rights of both. Requests the acquittal of his client. Position of the Ministerio Público: Licenciado Carlos Meléndez Lugo, in his capacity as appellate prosecutor, asks that the ground be declared without merit. [Name 006] was prosecuted and, at the time, a definitive dismissal was issued in her favor, so she was aware of the process. Position of the Instituto de Desarrollo Rural. Licenciada Diana Elena Alfaro Montenegro, as legal representative, requests that the ground be declared without merit as it was resolved by the court in the debate, considering that, if she had been correctly notified and showed reluctance to participate in the criminal process, despite having been offered as a witness by the prosecutor's office. [Name 006] knew of the criminal case and acted as an accused for this case in another case file, the protest for defective procedural activity therefore not being acceptable. Without merit: According to the provisions of articles 39 and 41 of the Political Constitution and applying the criteria reiterated in cassation jurisprudence, certainly, in all cases where a declaration of instrumental falsehood (falsedad instrumental) is sought, a hearing must be granted to the third-party acquirer who may be affected, since failure to do so would materialize a dispossession by operation of law, in contravention of the principles of due process and defense (thus vote 2014-00308, of 08:47 hours on March 7, 2014, Third Chamber of the Supreme Court of Justice). That is, third-party acquirers must be informed of the existence of the criminal process where the right over a property is being discussed, in order to be heard by a judge, before a decision is made, being able to raise the arguments and evidence they consider appropriate. It is for this reason that jurisprudence has reiterated that: “The competent authorities must not only concern themselves with noting the existence of the case and the respective lien in the corresponding Registry; they must summon the owners of the property, if they are different from the accused—persons who, depending on the circumstances, could even appear as participants in the investigated act—as well as third parties who may be affected by the measure and whose rights are recorded because they are protected by registry publicity—without prejudice to the allegations of other third parties who appear in the process claiming legitimate rights or interests over said properties, whose relevance must be analyzed in the specific case—because the omission of that elementary procedure not only injures the rights of third parties [...]” (Sala Tercera, vote No. 74-98 at 9:15 a.m. on January 23, 1998, the underlining has been supplied). In this case, the court was obligated to resolve on the declaration of instrumental falsehood because from the review of the case file, it emerges that the interested third parties had full knowledge of the existence of the criminal process, such that the resolution was not going to cause them surprise or any defenselessness, since they were amply aware and had full possibility of participating in the manner they deemed appropriate. Regarding [Name 012], it is noted that the Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, by resolution of December 3, 2019, accepted a protest for defective procedural activity and ordered the case file be sent to the Ministerio Público, “so that the conclusive resolutions be summoned and communicated to the third parties [Name 012] who holds the bare title and Mrs. [Name 006]” (cf. 253 to 354 of the main file). On folio 362 there is a certification from the Fiscalía Adjunta de Fraudes, at 08:45 hours on December 17, 2019, in which prosecutor Alejandro Solano Ujueta certified that a call was made to telephone “[Value 011] in the name of [Name 012], ID 1-0911-0012, where a conversation was held with said gentleman and he was informed that in relation to the farm of the district of Puntarenas, registered folio real number [Value 010], he had the right to appear as an interested third party due to the eventual consequences that could be generated regarding that real property as a result of the outcomes of this process, for which a period of 3 days was granted to express said interest by any means and also to designate an address for notifications. Given that Mr. [Name 012] is the son of Mrs. [Name 006], he was informed that his mother had the same right and he was asked to inform her also about it,” the summary proceedings being remitted to the prosecutor's office, the prosecutorial entity considering that it had satisfactorily complied with what was ordered, by an order at 07:59 hours on December 20, 2019, see folio 363 of the main file. Said certification prepared by prosecutor Solano Ujueta not only carries public faith but also satisfactorily complies with the communication to the interested third party who, from that moment, had full knowledge of the process, and therefore could appear in defense of his interests. While it is true that the prosecutor's office did not communicate directly with Mrs. [Name 006], she appeared as an accused within criminal case 12-000277-0612-PE, reason for which the Juzgado Penal de San José, by resolution at 1:30 p.m. on August 14, 2014, issued a judgment of definitive dismissal in her favor, visible on folios 314 to 319 of the main file. It suffices to read said judgment to deduce that the same facts judged here were being aired, namely, the protocolization of a resolution of the Juzgado Agrario de Corredores, within case file number 09-100353-0245-AG-2, promoted by the accused [Name 001], thus achieving the registration, before the National Property Registry, of the farm from the district of Puntarenas [Value 003] in the name of the defendant [Name 001], which, on April 28, 2010, the former donated to [Name 006], before the notary office of Marcos Fernández Herrera. There is no doubt that she was duly aware of the existence of the criminal case, since having appeared as an accused, she was knowledgeable about the criminal litigation, therefore, she is not a person external to it who could be surprised and caused defenselessness. It is for all the above that it is considered that, in this case, there is no defect whatsoever that must be declared regarding the participation of the interested third parties, for which reason this ground is declared without merit. THEREFORE: The appeal filed by Licenciado Mario Muñoz Quesada, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name 001], is declared without merit. NOTIFY.- Alejandra Valenciano Chinchilla Laura Gabriela Murillo Mora Edwin Esteban Jiménez González Appellate Judges of Criminal Sentence Case file: 15-000349-0612-TP(3) Accused: [Name 001] Victim: Instituto de Desarrollo Rural Crime: Fraud and others DVILLALOBOSCH File: 15-000349-0612-TP(3) - VOTE 2024-1785- page: 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:36:35. SCIJ de Hacienda