Res. 00973-2024 Tribunal Agrario — Possessory rights and improvements on banana plantation housingDerecho de posesión y mejoras en vivienda de finca bananera

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00973 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Octubre del 2024 a las 09:39

Expediente: 20-000269-0465-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

20-000269-0465-AG - 5




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

FEDERICO CASTILLO JIMENEZ




DEMANDADO/A:

	

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

 

   

VOTO N°  N° 2024000973

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas treinta y nueve minutos del ocho de octubre de dos mil veinticuatro.-

PROCESO ORDINARIO establecido por FEDERICO CASTILLO JIMÉNEZ, mayor, casado, agricultor y peón agrícola, vecino de Daytonia, Sixaolas, Limón, cédula de identidad ocho - ciento cuarenta y siete - ochocientos cuarenta y tres; contra  CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - dieciocho mil novecientos sesenta y ocho, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Jorge Arturo Sauma Aguilar, mayor, casado, ingeniero,  vecino de San José, Curridabat, cédula de identidad  nueve - cero cuarenta y cuatro - ochocientos sesenta y nueve. Actúan como apoderados especiales judiciales de la parte actora el licenciado Raúl Orlando Méndez Contreras, colegiado diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro; y de la parte demandada la letrada Yelena Piedra Matsenko, colegiada veintisiete mil cuatrocientos veintisiete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón.

 Redacta la jueza Darcia Carranza; y,

CONSIDERANDO:

 I.- De las pretensiones: La parte actora presenta demanda por medio de su apoderado especial judicial y estima en seis millones de colones solicitando: 1.- Se declare con lugar  la presente demanda en todos sus extremos. 2.- Se declare la posesión de buena fe que ha ejercido el actor y se reconozca la inversión  dineraria en las mejoras y mantenimiento de la finca del Partido Limón, número 139042-000. 3.- Se condene a la demandada  al pago según la estimación por concepto de mejoras a favor de la parte actora. 4.- Se suspenda cualquier acto de la puesta en posesión del dueño Registral, hasta tanto sea pagado el monto que en sentencia se condene por pago de mejoras a favor de la parte actora. Bajo apercibimiento de que en caso de omisión queda la parte actora facultada a seguir habitando el inmueble. 5.- Se condene a la demandada al pago de las costas personales y procesales de la presente acción. 6.- Se declare en sentencia que mi representado ostenta la posesión de buena fe sobre el terreno en Litis. Pretensión Secundaria: 7.- En caso que su autoridad considere que mi representado no tiene derecho a la posesión del terreno en litios, se condene a la demandada al pago según la estimación por concepto de mejoras a favor de la parte actora. 8.- Se suspenda cualquier actor de la puesta en posesión del dueño Registral, hasta tanto sea pagado el monto que en sentencia se condene por pago de mejoras a favor de la parte actora. Bajo apercibimiento de que en caso de omisión queda la parte actora facultada a seguir habitando el inmueble. Mejoras útiles y necesarias: a) Mantenimiento continuó de limpieza de zonas verdes, delimitaciones limpieza de desagües aledaños y limpieza de ronda del lote, estimado en un valor de dos millones de colones. b) Mantenimiento básico de la casa de habitación, tales como limpieza de desagües, arreglo de goteras, limpieza  de techos, descongestionamiento de residuos aguas servidas, pintura de paredes y techo, cambio de láminas de zinc, arreglo de puertas, bisagras, llavines, reparación de tuberías de acueducto, estimado en un valor de dos millones de colones. Útiles: Dentro de dicho inmueble mi representado desde el año 2017 hasta la actualidad, ha realizado cultivos de chile dulce, yuca, plátano, pepino y culantro, mismas que son mejoras útiles y que de igual forma se estiman en un valor de dos millones de colones." (Ver expediente electrónico, bandeja de escritos de fechas 14/12/2020 13:14:24).

  II.- Excepciones deducidas. En tiempo y forma la parte demandada  contesto en forma negativa e interpuso las excepciones de genérica sine actione agit, falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, litis consorcio necesaria, litis pendencia, así como de la oposición a la cuantía realizada. Mediante resolución de las dieciséis horas cero minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, se rechazo las defensas previas de litis pendencia y litis consorcio pasivo necesario opuestas por la parte demandada. (Ver expediente digital, bandeja de escritos de fecha 04/03/2021 10:33:46 y 30/04/2022 16:00:27), Sentencia N° 2021000094, en documentos asociados, visible en imágenes 135, 136, del exp descargado en formato pdf en orden ascendente).

 III.-  Mediante resolución de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del trece de julio de dos mil veintiuno se fijo la cuantía en tres millones de colones. (Ver en el expediente electrónico, sentencia N° 2021000160, bandeja de documentos asociados del 13/07/2021 08:55:27, e imágenes 182, 183  y 184, descargado como archivo en formato pdf en orden ascendente).

 IV.-  El juez Gerardo Antonio Pérez Alfaro, del Juzgado Agrario  del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón, mediante sentencia N° 2024000390, de las diez horas con cincuenta y siete minutos del dos de julio del año dos mil veinticuatro, resolvió: POR TANTO: "De conformidad con los argumentos y citas legales expuestos, se acogen las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y falta de derecho sobre las pretensiones principales y subsidiarias; por lo que se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda planteada por Federico Castillo Jiménez contra Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria; se condena al actor al pago de las costas personales y procesales de la presente demanda." (Ver en el expediente electrónico documentos asociados, sentencia primera instancia de fecha 02/07/2024 11:23:49).

 V.- La parte actora por medio de su apoderado especial judicial Raúl Orlando Méndez, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia. (Ver expediente electrónico, bandeja de escritos 26/07/2024 14:08:09). Indica el recurrente: "... Dentro del tiempo y la forma conferidos, me presento en este acto inconforme con lo resuelto por su autoridad en Sentencia número 2024000390, A las diez horas con cincuenta y siete minutos del dos de julio del año dos mil veinticuatro. Con el fin de interponer el correspondiente recurso de apelación y expresión de agravios de acuerdo con las siguientes consideraciones: Primero: En cuanto a la posición de mi poderdante en este proceso: Se reiteran las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda inicial y las realizadas atreves de todos los actos incoados por mi representante en el presente expediente. Segundo: En cuanto a las consideraciones esgrimidas por el A quo Se tiene concretamente de la sustentación del A Quo para declarar sin lugar la presente acción, lo fue según su dicho que mi representado no logro demostrar las mejoras realizadas ni el mantenimiento realizado a la propiedad en Litis, cosa que no es cierto. Lo que indican los testigos de la empresa demanda tanto José Magdiel Collado como Marlon Quijano Castillo que ha sido que la empresa del monte la que ha realizado el mantenimiento de la finca madre, nunca indicaron específicamente que del monte realizaba mantenimiento al terreno en posesión de mi representado por lo que no se les puede acreditar tal aseveración, toda vez que los mismos se refieren a una finca que tiene más de cinco millones de metros cuadrados. No obstante mi representado reclama su derecho consolidado a un terreno con una medida de aproximada de 200 metros cuadrados únicamente, el cual ha mantenido su posesión de Buena Fe desde el año 2014. Interroga al testigo ofrecido por el actor señor Federico Abrego Abrego el Licenciado José Ariel Valverde Briceño apoderado Judicial del actor esto le responde. Don Federico usted conoce a don Federico Castillo, contesta el testigo si claro. Desde hace cuánto conoce a don Federico, contesta el testigo, a él lo conozco desde el 2000 para acá. Sabe usted si don Federico tiene algún terrenito en posesión, contesta el testigo si claro aquí al frente el que esta acá. Sabe usted para que lo utiliza don Federico ese terreno, contesta el testigo, él lo tenía para cultivo de uso personal. Qué tipo de cultivo realizaba, contesta el testigo, plátano, malanga, chile dulce. Sabe usted si don Federico le realizaba algún tipo de mantenimiento a ese terreno, contesta el testigo, si cuando el tenia las plantaciones él era que le daba la limpieza, le hacía chapea mantenimiento normal como a cualquier planta que se tiene que dar mantenimiento. Sabe usted si hay alguna otra persona o empresa que le daba mantenimiento a ese terreno, contesta el testigo, cuando él tenía la plantación no, inclusive le cortaron todas las plantas y fue bandeco con la autorización de Corbana. Usted conoce donde vive don Federico, contesta el testigo, si él vive aquí en esta casa. Sabe usted si don Federico le da mantenimiento a esa casita, contesta el testigo, bueno eso si no le puedo decir porque la casa está bastante deteriorada. Sabe usted si alguna persona o empresa le daba mantenimiento a esa casa, contesta el testigo, tampoco porque hay compañeros que están trabajando dentro de la finca que están activos ahorita y si mira esas casas que están igual que esta. Usted nos podría decir si esa casa tiene luz y agua, contesta el testigo, luz no tiene agua si, el agua es gratuita cuando tenía la luz la empresa se la rebajaba en planilla. Usted nos podría indicar si conoce si don Federico ha sido objeto de algún desalojo, contesta el testigo, si pero no me acuerdo la fecha. Usted sabe cómo adquirió don Federico el terrenito que usted menciona que el sembraba, contesta el testigo, bueno como estaba abandonado el vino lo ocupaba y lo trabaja y él tenía sus plantaciones ahí para comer con la familia pero ahora todo se lo cortaron. Desde cuando don Federico está realizando esas plantaciones en ese terreno, contesta el testigo, desde el 2000 que él estaba ya con Corbana le asignaron la casa, del 2005 para acá él estaba trabajando ya ahí, desde ese tiempo él tiene el terreno. Sabe usted si existe algún tipo de señalización en el terreno que tiene don Federico, contesta el testigo, anteriormente no había pero cuando vino toda esta cuestión de la bronca esta, la empresa pusieron rótulos que es prohibido de trabajar ahí, esos rótulos los pusieron hace tres o cuatro años son recientes y los puso bandeco con la autorización de Corbana. Contrainterroga al testigo Federico Abrego Abrego la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apoderada judicial de la empresa Corbana, así responde. Si correcto Bandeco y del Monte es lo mismo, le rebajaban la electricidad por planilla cuando empezó

a trabajar con Corbana a don Federico, entonces arrienda ha bandeco y empieza a trabajar con el mismo sistema de Corbana, si correcto don Federico Castillo trabajo para la empresa del monte, don Federico dejo de trabajar para la empresa del monte el 16 de Enero del 2015, si correcto Corbana es el dueño de la finca donde nos ubicamos, si correcto Corbana le arrendó a Del Monte la finca en donde nos ubicamos, en el 2005 suscribieron este contrato de arrendamiento, si correcto está vigente porque ahí en la oflcina está el rótulo del monte todavía. Los cultivos que llevo a cabo don Federico en el 2014 y 2017 son los mismos ahí está todavía la yuca, malanga, pero todas las otras plantaciones que son más débiles se murieron, si correcto el adquirió esta vivienda con bandeco, la casa siempre ha sido gratis, Interroga al testigo José Magdiel Collado Romero ofrecido por la empresa Corbana la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apodera judicial de Corbana, así le responde: si correcto esta finca es propiedad de Corbana, correcto soy del conocimiento de que hay un contrato de arriendo entre la empresa del monte y la empresa Corbana, me consta porque yo fui parte del equipo formulador de ese contrato en el año 2004, hice las revisiones de los folios reales que están incluidos dentro del contrato con un topógrafo para dar seguridad de que estos fueran los folios reales y también vi estuve en el análisis de todos los borradores del contrato y dentro del contrato se pide un funcionario de Corbana que sea el link entre ambas empresa que dé seguimiento al contrato y esa responsabilidad fue asignada a mi persona dentro del contrato, en setiembre del año 2004 fue suscrito el contrato, si correcto se encuentra vigente, el objeto del contrato es la producción y exportación del banano tipo caben que es el banano comercial que usan los productores en Costa Rica ese es el objeto del contrato. Ese contrato tiene un anexo que se identifica como anexo uno, en ese anexo uno se incluyeron todos los activos que en su momento se le dieron en custodia a la empresa del monte para que pudiera operar los proyectos, los bienes que se encuentran en esta lista bueno tenemos plantas empacadoras, tenemos bodegas de materiales, bodegas de cartón, bodegas de insumos de agroquímicos, bodegas de fertilizantes, tenemos oficinas, tenemos talleres, tenemos casas de habitación ue del monte le asi na a los funcionarios ue se la solicitan tenemos fl . Y todo un listado de equipo menor escritorios, sillas, computadoras las herramientas entre otras cosas. Ese préstamo se define a través de un contrato de uso gratuito de vivienda que se firma entre del monte y el funcionario que solicita la casa a del monte que del monte luego se la asi na si correcto 0 he tenido a la vista ese contrato. La limpieza periódica de los lotes y las rondas de la finca en donde nos ubicamos, las delimitaciones en la finca en la que nos encontramos, la limpieza de los desagües aledaños en la finca en la que nos encontramos, la limpieza y arreglo de los techos de las casas de la finca en donde estamos, los descongestionamiento de residuos de aguas servidas de las casas de la finca en donde estamos, todo lo hace la empresa del Monte y se todo lo anterior porque hay unas cláusulas muy puntuales entre del monte y Corbana que indican que del monte es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las viviendas y todo lo que es la atención de zonas verdes de cuadrantes. Correcto en el contrato de uso gratuito que mencione que se da entre del monte y su trabajador hay una cláusula que indica que al terminarse la relación laboral, el trabajador tiene un plazo de ocho a quince días para devolver el bien la casa. Si correcto hay una cláusula o varias cláusulas de protección a la casa que se les presta como no cocinar, no vender alimentos y también no sembrar árboles ni cultivos en las zonas verdes. Si fui informado por del monte de que se estaban haciendo unos desalojos en el año 20 16. Bueno hay un proveedor en la zona de la electricidad que es el l C E, el l   E le hace una gran factura a Del Monte luego del monte a través de un control que lleva en las casas de los funcionarios que están activos, llevan un control del consumo eléctrico a través de los medidores y hacen un rebajo del monto a través de la planilla. Y en el caso del agua acá lo que hay son concesiones lo que llamamos pozos, entonces como esos pozos están dentro del listado de activos que yo mencione, los cánones son pagados por del monte y del monte distribuye el agua a la zona industrial y a las viviendas de forma gratuita. No hay ninguna relación entre la empresa Corbana y trabajadores de del monte, aproximadamente yo hago visitas cada tres semanas, bueno se hace un informe en donde se informa sobre lo observado que se esté cumpliendo el contrato, el paquete agronómico que se aplica, unas observaciones sobre infraestructura, entonces eso se le informa a nuestra gerencia general y a nuestra junta directiva de forma escrita. Correcto del monte instalo unos rótulos que dicen del monte propiedad privada y tienen el logo de Del Monte.Contrainterroga al testigo ofrecido por la empresa demandada señor Magdiel Collado Romero el Licenciado José Ariel Valverde Briceño apoderado judicial del actor, así le responde: don Magdiel usted mencionó anteriormente que existían unos  contratos de uso de vivienda, ese contrato sabe usted si mi representado don Federico Castillo suscribió ese contrato con la empresa, contesta el testigo, no negativo nosotros vemos digamos como temas generales verdad el manejo ya administrativo laboral lo tiene del monte, ellos me informan de los contratos que se está haciendo esto lo otro pero no quien firma o quien no firma, en el caso de este señor no sabría sí o no tiene contrato. Usted mencionó anteriormente que la empresa Del Monte era que le realizaba los mantenimientos a ese terreno, cuando fue la última vez que usted pudo observar a la empresa del monte darle mantenimiento al terreno que está en posesión de don Federico, contesta el testigo, no detallo fecha licenciado. Si estuvo presente usted, contesta el testigo, como le digo mis visitas son cada tres semanas son esporádicas, entonces uno ve que chapean y por sentido común uno ve que se ha atendido la zona con un mantenimiento parejo, ya como ir y supervisar cada una de la casas no es con ese detalle verdad.Interroga la Licenciada Yelena Piedra Matsenko apodera judicial de Corbana al testigo ofrecido por la empresa demandada Marlon Quijano Castillo, estas son sus respuestas: no conozco a don Federico Castillo Jiménez, si correcto es propiedad de Corbana, si correcto Corbana arrendó a la empresa del monte y lo sé porque como le comente trabajo en una subsidiara agroforestales de Sixaola ingrese en mayo del 93 y fui informado por mi jefe inmediato cuando se iban a arrendar las fincas, mi jefe es Magdiel Collado. Bueno yo me entere por mi jefe inmediato Magdiel Collado, porque él me informo en el 2004 aproximadamente entre octubre y noviembre, si correcto actualmente este contrato se encuentra vigente. La actividad económica de esta finca es la producción

de banano y exportación del mismo, las viviendas de la finca la empresa las dedica a sus trabajadores, lo sé porque mi esposa laboro con del monte y le fue asignada una vivienda, a título gramito les presta la vivienda del monte a sus trabajadores, lo sé porque yo mire el contrato que firmo mi esposa La limpieza periódica de los lotes y las rondas de la finca en donde nos encontramos, las delimitaciones en la finca en la que nos encontrarnos, la limpieza de los desagües aledaños en la finca en la que nos encontramos, la limpieza y arreglo de los techos de las casas de la finca en donde nos ubicamos, los descongestionamientos de residuos de aguas sen/idas de las casas de la finca en donde estamos, todo lo lleva a cabo la empresa del Monte, se todo lo anterior porque como le comente anteriormente trabajo desde mayo del 93 en agroforestales y he convivido aquí en la palma entonces yo lo he visto. Si correcto mi esposa se pensiono y le solicitaron la vivienda y le otorgaron 15 días para que desocupara la vivienda, si correcto les prohíbe sembrar en los patios aledaños, sì correcto del monte y bandeco son lo mismo, si he visto el desalojo administrativo promovido por la empresa a sus ex trabajadores, si en el 201 6

observe uno en el cuadrante de Daytonia cuando pasaba en vehículo por pista. Si correcto la energía es por el I C E que suministra la electricidad y esto es pagado por del monte y posteriormente ellos rebajan por planilla el costo de cada vivienda que consumió, en el caso del agua es potable es gratuita porque son pozos internos de la empresa. Correcto soy informado vía correo electrónico por el jefe de contabilidad donde me indica que debo apoyar al compañero que viene de San José a hacer el inventario general acá en del Monte. Las visitas que hago yo solamente es anual cuando se realizan los inventarios generales, mis funciones en agroforestales de Sixaola bueno veo la reforestación de una melina que se está sembrando de 69 hectáreas y parte de los linderos que son 1240 hectáreas entre eso supervisión de linderos, pago de servicio ambiental de unas áreas que están con Fonafifo, si correcto hay señalización y las puso del monte, indican propiedad privada. Contrainterroga el Licenciado José Ariel Valverde Briceño apoderado judicial del actor al testigo Marlon Quijano Castillo, estas son sus respuestas: don Marlon usted menciono que usted conocía la situación de las viviendas por su esposa, que a ella le habían dado una y que posteriormente se la pidieron, su esposa aún sigue viviendo en la misma casa, contesta el testigo, actualmente si porque yo hice la gestión para que me asignaran la vivienda a mí por medio de Corbana. Esos contratos de uso de vivienda se le hacen a todos los trabajadores, contesta el testigo, específicamente le puedo decir el de mi esposa que ese fiie el que yo mire y que ella firmo en los demás no puedo asegurar. Usted mencionó que usted hizo la gestión también para la vivienda, usted firmo ese contrato, contesta el testigo, si correcto con Corbana. Usted mencionó anteriormente que la empresa del monte le daba mantenimiento al terreno en donde nos encontramos, usted nos podría indicar cuando fue la última vez que la empresa del monte le hizo mantenimiento a ese terreno, contesta el testigo, no sabría decirle generalmente lo que hacen son las zonas verdes que usted puede apreciar alrededor de todo el cuadrante, al terreno de don Federico no puedo asegurar si le hicieron mantenimiento. El testigo ofrecido por el actor es muy claro y conciso en su manifiesto, que quien ejercía la posesión del terreno en Litis que son aproximadamente doscientos metros cuadrados y la vivienda era mi representado y que lo hizo por muchos años, además que a la vivienda que habita el actor durante catorce años la empresa no le da mantenimiento y que la vivienda se deteriora más con el paso de los años, así que su manifiesto y versión de los es de toda credibilidad. Como podrá ver su autoridad el testimonio de los testigos de la empresa demandada, ellos únicamente se han referido a toda la finca en general y que la empresa del monte a todas las viviendas de los cuadrantes les dan mantenimiento chapeando, pintándolas y arreglándole los techos pero que a simple vista estas casas se observan con un total deterioro e ìnsalubres para habitar por falta de mantenimiento. Estos testigos nunca se refirieron con exactitud a la porción del terreno en Litis que son aproximadamente doscientos metros cuadrados y la vivienda que está en posesión de mi representado. Es criterio de mi poderdante que el señor A quo ha sido ayuno en valorar los medios aportados en el presente expediente y los presupuestos para que se manifieste la posesión de mi representado en el terreno referido que se encuentra enclavado en la ley de jurisdicción agraria e incluso no indica el aquo en relación a las mejoras realizadas por mi representado, no existe pronunciamiento alguno, siendo que ya es basta nuestra jurisprudencia refiriéndose a las mejoras, como así lo indica al respecto, la Sala Primera, en sentencia número 013-F-93 de las 10:00 horas del 29 de enero de 1993, dijo:

" IV.- Las denominadas "mejoras necesarias", cuando así se les llama, técnicamente no son mejoras, son reparaciones, pues en realidad se refieren a todos aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa, pero que no acrecientan el valor venal de la misma. Se realizan con la finalidad de impedir el deterioro o ruina de la misma, lo cual sobrevendría de no realizarse, y no con la finalidad de lograr un plusvalor de la cosa. Se les denomina necesarias, pues deben ejecutarse sólo para que la cosa no se deteriore y no disminuya su rendimiento. Por el contrario, las útiles sí aumentan el valor venal de la cosa, mereciendo el calificativo de "mejoras" porque se realizan, precisamente, con el fin de mejorar la cosa, aumentar las utilidades, siendo de manifiesto provecho para cualquier poseedor, y no sólo para el que las realiza, pues generan una plusvalía al acrecentar el valor de la cosa. El Código Civil desarrolla esta distinción en el artículo 332 en forma similar a lo anteriormente expuesto, pues califica a las necesarias como aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa y a las útiles como las que aumenten su valor venal. Esta división y clasificación es de fuerte raigambre romanista y tradicionalmente ha sido recibida así por el Derecho civil y su doctrina. En el contrato civil de arrendamiento de cosas -para proteger al propietario y eximirlo de indemnizarse ha interpretado que al arrendatario no le está permitido realizar mejoras -incluidas las necesarias- y, en consecuencia, el propietario no debe reconocérselas. Sin embargo, es una distinción propia de la mejora civil y no de la mejora agraria. Para el Derecho agrario, la mejora vendría a ser todo acto o hecho, jurídico o no, susceptible de aumentar en forma estable y permanente la capacidad productiva del fundo. Se distingue, a tales efectos, entre mejoras económicas y mejoras sociales. Las primeras inciden directamente sobre el fundo provocando un aumento, estable y permanente, sobre su capacidad productiva, mientras las segundas inciden sobre las condiciones en que se presta el trabajo, brindando mayor comodidad para aumentar su eficiencia. Las mejoras sociales son una especie de las económicas, pues estas últimas son todas las que en forma general aumentan la productividad del fundo y las sociales son las que la aumentan mejorando específicamente las condiciones en que se ejerce el trabajo, haciéndolo más eficiente. Para todas las mejoras agrarias el elemento caracterizante es su incidencia sobre un bien productivo y

como resultado del ejercicio de la actividad agraria. Es decir, para el Derecho agrario no hay tales " mejoras necesarias", sino simples hechos y actos de conservación y reparación del fundo, pues mejoras para el Derecho agrario son sólo aquellas que acrecientan la capacidad productiva del bien. Siendo tendencia general del Derecho agrario reconocer las mejoras con la finalidad de estimular al productor a aumentar la capacidad productiva de bienes que no son suyos, pero no así las denominadas por el Derecho civil "mejoras necesarias", o sea, los simples gastos de mantenimiento y conservación." (El resaltado no es del original). Así las cosas, podría pensarse que, en el caso de un fundo de naturaleza y aptitud agraria, sólo si las mejoras han incrementado efectivamente la capacidad productiva del bien, deberían pagarse. Sin embargo, la doctrina que sustentaría esta conclusión ha sido corregida y precisada en un aspecto importante. La Sala Primera, en sentencia número 060-f-95 de las 15:30 horas del 31 de mayo de 1995, en expresa referencia a la sentencia anteriormente citada, señaló que: " VI.- La situación en cuanto a gastos y mejoras, tratándose de la liquidación del estado posesorio motivado por una acción reivindicatoria o una acción de mejor derecho de poseer, tiene un tratamiento diferente al del arrendamiento. Al respecto, por razones de justicia y equidad, al no existir un vínculo previo entre el poseedor y el reivindicante, el legislador ha reconocido en forma amplia la obligación del pago de éstas, estableciendo criterios específicos según se trate de poseedores de buena o de mala fe. El Código Civil, siguiendo las clasificaciones utilizadas en la época de su promulgación, alude a mejoras útiles, necesarias y de puro adorno o suntuarias. Las "mejoras" necesarias, se refieren a gastos indispensables en los cuales se ha incurrido para mantener el bien y evitar su pérdida o deterioro. No se trata, como se ha dicho, de "mejoras" en sentido técnico, sino de gastos o reparaciones necesarias o indispensables. En ellos también habría incurrido  el reclamante si no quería el menoscabo del fundo. Por ende, siempre ha de reconocerse su pago al poseedor perdedor. Respecto de ellas, el régimen aplicable al poseedor de mala fe no difiere de aquél correspondiente al de buena fe. Ambos tienen derecho al abono de su valor e incluso a retener el bien hasta tanto no se les haya pagado lo correspondiente (artículos 328 y 330 del Código Civil). En cuanto a las mejoras útiles, el Código Civil las define como " las que hayan aumentado el valor venal de la cosa" (artículo 332). Respecto de éstas, sí existen diferencias sustanciales en cuanto al poseedor de buena o de mala fe. El poseedor de buena fe tiene derecho al pago de esas mejoras, así como a retener el bien hasta tanto no se cumpla con dicha obligación. El poseedor de mala fe tiene derecho a su reembolso, pero no a retener el bien hasta su pago. Las mejoras suntuarias o de puro adorno pueden ser retiradas por el poseedor de buena fe (ius tollendi), si con ello no se causa deterioro al bien y siempre que el poseedor legítimo no prefiera conservarlas, pagando el valor que tendrían después de separadas. El poseedor de mala fe, por el contrario, no tiene derecho a retirarlas ni a reclamar nada por ellas. Para los efectos de la liquidación del estado posesorio, cabe recordar que cesa la buena fe a partir del momento en el cual se haya adquirido la certeza de poseer en forma ilegítima y también a partir de la notificación de la demanda, si ésta es declarada con lugar en sentencia definitiva. En tales situaciones, las mejoras realizadas a partir del cese de la buena fe, se regirán según lo establecido por el artículo 330 del Código Civil." (El resaltado no es del origìnal) Lo dicho respecto de la acción reivindicatoria es aplicable, por razones obvias, al desalojo administrativo, pues en ambos casos estamos en presencia de la liquidación del estado posesorio. Además, lo dicho en la sentencia número 013-F-93 se refiere a las mejoras cuando hay un vínculo contractual entre las partes, y la sentencia número 060-F-95 se reflere a las mejoras cuando no existe tal vínculo, como ocurre en el caso consultado. El principio básico es que quien recupera la posesión no puede beneficiarse ¡legítimamente de las mejoras hechas por el anterior poseedor, aunque haya sido un poseedor de mala fe. Como en caso de la acción reinvindicatoria, cuando se da un desalojo administrativo el pago de las mejoras no se reduce a aquellas que aumentan la capacidad productiva del bien, si este es un fundo agrario. Deben pagarse las mejoras necesarias y útiles, según lo dispone el artículo 330 del código civil y la doctrina que se desprende de la jurisprudencia de la sala primera. Ahora bien como ya se señaló, si el instituto paga las mejoras en vía administrativa debe calificarlas adecuadamente, tomando en cuenta la vocación y actitud del bien inmueble que se trate. Así, debe de tomar en cuenta si los actos o hechos en qué consisten las mejoras son conformes con la vocación o actitud del fundo, pues en caso contrario podría estarse no frente a una mejora sino ante un daño provocado a un inmueble del Instituto. No está de más señalar que, lo que este último defina en vía administrativa podría eventualmente ser impugnado en la judicial, si el ocupante de que se trate lo considere lo que considere perjudicial a sus intereses. Con ello la autoridad judicial seria en última instancia, determine si determinados actos o hechos constituyen o no mejoras a pagar por el Instituto. En todo caso, debe quedar claro que lo relativo al pago de las mejoras necesarias y útiles que el ocupante hayan realizado en los inmuebles de los cuales son desalojados, es un aspecto independiente de los eventuales daños y perjuicios que estos hayan podido provocar al Instituto de Desarrollo Agrario. Si tal cosa ocurrió, el Instituto puede resarcirse acudiendo a la vía judicial donde debe probar los daños y perjuicios ocasionados. Como ya se indicó anteriormente, mi representado es un poseedor de buena fe, quien sea encargado de realizar el cuidado y mantenimiento del inmueble desde el año 2014 hasta la fecha actual, adquiriendo todos los atributos de buen poseedor.  En ese orden de ideas para justificar la adquisición de la posesión misma, lo configuraría la parte de la posesión a non domino que ha consolidado mi reresentado a lo largo del tiempo, los mismos actos posesorios que en ella se realizaban. Es decir mi poderdante inicio su derecho de posesión de dicho terreno en el 2014, a través del abandono que hizo la compañía del inmueble y la casa de habitación que al día de hoy se mantiene ocupando mi representado y de lo cual lo ratifico con las declaraciones de los testigos que coinciden con sus declaraciones. Cabe señalar que mi poderdante ha ejercido la posesión con animus domini (ánimo del dominio) de buena fe y cumpliendo con la función social en el terreno que se discute en este proceso judicial, al trabajarla y utilizarla pues a día de hoy ha ejercido una posesión sobre el inmueble de mérito por más de nueve años, realizando los actos posesorios del terreno descrito al amparo de los presupuestos en la ley agraria, de igual forma la adquisición del dominio se ha realizado por la posesión continuidad del mismo tiempo y con las condiciones que fija la ley, de esta forma se configura así la buena fe pues mi poderdante ha actuado de buena fe desde el momento de los actos posesorios. Tercero: En cuanto a las costas, cabe señalar que mi poderdante ha actuado de buena fe lo cual debe eximirse de la condenatoria en costas que declaro el Juez A Quo mi representado le ha asistido todo el derecho de interponer el presente proceso, por lo que acude a los Tribunales de Justicia, está claro que el resultado de acudir a los Tribunales nunca puede ser anticipado con total certeza, por lo que no se puede imputarle a mi poderdante el accionar de mala fe, cuando lo hizo amparado al ordenamiento jurídico. No existe prueba alguna que mi poderdante tuviera mala fe. Así las cosas por actuar de buena fe se revoque el pago de costas personales y procesales. PETITORIA. En lo que respecta, solicito se acoja la presente apelación en todos sus extremos y se mantengan incólume las pretensiones solicitadas en el escrito de demanda inicial. Por actuar de buena fe se revoque el pago de costas personales y procesales. NOTIFICACIONES. PARA NUEVAS NOTIFICACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SEÑALO LOS SIGUIENTES MEDIOS: Principal: [email protected], Correo electrónico: [email protected] ..." (ver escrito agregado el 26/07/2024 a las 14:08:09)

V.- El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por acreditados, por tener buen sustento en lo que informan los autos.

VI.- De igual modo, se comparte lo dispuesto en cuanto a hechos indemostrados.

VII.-  No lleva razón el recurrente en sus agravios en relación con la prueba.- En concreto, es necesario reiterar lo que ha dicho el Tribunal sobre el tema de valoración de la prueba: “... IV. La valoración o apreciación de la prueba judicial es, en materia agraria, la operación mental que  realiza el juez agrario, que tiene como fin conocer el mérito o valor de convicción de los hechos, que puedan deducirse del contenido de los elementos probatorios. Es una actividad procesal exclusiva del juez agrario. De ella depende el resultado del proceso. La valoración de la prueba es necesaria para la comprobación de los hechos, para descubrir la verdad real. Existen dos sistemas para la apreciación de las pruebas. El de tarifa legal y el de libre apreciación.  La libre apreciación debe ser razonada, crítica y ha de basarse en la lógica, la experiencia, la sicología, la sana crítica. No es arbitraria. La convicción del juez debe explicarse en la motivación del fallo. Con ello se garantiza la publicidad y contradicción como parte del debido proceso.  Por prueba legal se entienden aquellas que, de acuerdo a la ley, son admisibles en el proceso, pues la ley señala los medios probatorios en forma taxativa o permitiendo la inclusión de otros. Las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas en el sistema de tarifa legal, aunque podrían existir atenuaciones. Por ello, la motivación del fallo no es característico de un sistema de tarifa legal. No se concibe un sistema de tarifa legal sin que simultáneamente se señalen los medios probatorios admisibles, pues si se dejara al juez en libertad para tener como tales los que conforme a su criterio tuvieran valor de convicción, sería imposible señalar de antemano su mérito en la ley. El sistema de la tarifa legal se justificó para dar mayor confianza a la justicia, someter las sentencias a la ley y librarlas de la arbitrariedad o la ignorancia de los jueces, lográndose la uniformidad de los fallos. Entre sus desventajas e incovenientes se apuntan: 1. Mecaniza o automatiza la función del juez, quitándole personalidad e impidiéndole formar un criterio personal, pues las soluciones vienen dadas por ley en contra de un convencimiento lógico y razonado. 2. Conduce a declarar como verdad una apariencia formal 3. Se  produce un divorcio entre la justicia y la sentencia. Se sacrifica el fin de la justicia por fórmulas abstractas y se pierde el contacto con la realidad.-  V. El resultado de la actividad probatoria puede variar, dependiendo si el juez debe conformarse con las razones de orden legal que esté obligado a deducir de una apreciación tasada de los medios aducidos o que, por el contrario, pueda valorarlos con su propio criterio. Los motivos de convicción los toma el juez de la ley o de su personal apreciación. Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Solo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia." (DEVIS ECHANDIA, Tratado de la prueba judicial, pág. 111). La libre valoración probatoria es un principio fundamental del proceso oral, y por ende del proceso agrario.  Se deriva de las facultades inquisitivas del juzgador, para la investigación oficiosa de los hechos, lo que podría llevarlo, inclusive a la facultad de decidir ultra petita partium,  reconocida para los procesos de carácter social. Hay un interés general de la colectividad, para que el Juez, utilizando todas sus facultades haga triunfar la verdad y la justicia, en vez de la habilidad o el poder económico. El sistema de libre valoración probatoria no puede confundirse con uno de "mixto". "No hay sistemas mixtos: o el juez tiene libertad de apreciación o no la tiene; no existe libertad a medias. Cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al juez el determinar la fuerza de convicción de otras o le permite calificar su contenido para rechazarlas a pesar de que formalmente reúnan los requisitos para su obligatoriedad, existen atenuaciones al sistema de la tarifa legal y no un sistema mixto."(DEVIS ECHANDIA, op. cit., pág. 95) El juez tiene libertad, o no la tiene, para apreciar los elementos de prueba. No la puede tener a medias.  Por ello, en este sistema se impone la motivación del fallo con criterios de equidad y de derecho, y se convierte en una garantía constitucional del debido proceso.    En el sistema de libre valoración (o libre convicción, o apreciación a conciencia por profesionales) rige la formación libre del convencimiento, mediante la crítica personal razonada y lógica del juez. Libre apreciación y libre convicción expresan la idea de libertad. El juez es libre para adoptar -racionalmente- la conclusión que le parezca deducible del elemento probatorio.-     VI. La libre apreciación de la prueba debe tener como garantía la publicidad y controversia de la prueba, la prohibición de tener en cuenta pruebas no llevadas al proceso o el conocimiento personal del juez, la obligación de resolver sobre las pruebas aportadas, la preparación cultural de los jueces agrarios; la doctrina y la divulgación de la jurisprudencia agraria, tanto del Tribunal como de la Sala de Casación.   Pese a lo anterior, la doctrina señala que las normas que contengan los códigos sustantivos, sobre las formalidades para la validez de ciertos actos o contratos, no excluyen la libre apreciación procesal. Las formalidades sustanciales se exigen, por ejemplo para la donación, o para demostrar contratos de determinada cuantía. Pero en materia agraria, por la fuerza de la costumbre, ello no debería ser una limitación.  Por ello el Juez Agrario debe:  "Analizar los motivos, discernir los diversos grados de intención, desembrollar las causas que influyen sobre la sensibilidad, valorar un testimonio frente a otro, sopesar un testimonio particular contra una probalidad general, representa operaciones que suponen un gran estudio del corazón humano...(BETHAM: Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I, pág. 45, citado por DEVIS ECHANDIA). Un aspecto fundamental es la especialización de los jueces en materia agraria.     El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación  "in situ", directa e inmediata. Utiliza los sentidos para su apreciación, y precisa con la mayor exactitud posible el hecho, la relación, el documento, o la persona objeto de ella. La percepción debe ser minuciosa y cuidadosa. Una vez apreciados los elementos probatorios procede a su reconstrucción histórica, en conjunto, clasificándolos de acuerdo a su naturaleza, tiempo y circunstancias de la realidad que se trata de reconstruir. Para ello induce de los datos conclusiones para ir formando su convicción, utiliza el raciocinio, las reglas de experiencia y lógica, de donde deduce consecuencias probatorias. La lógica es fundamental. Pero no es puro silogismo. Cuando la ley permite al juez agrario la libre apreciación probatoria, la premisa es la regla de la experiencia que él conoce y aplica en el campo agrario. La base del razonamiento es la experiencia externa e interna de la realidad agraria -y el medio en el que se desenvuelve- y del orden moral. Por ello a la valoración del Juez Agrario se agrega la imaginación, la sicología y la sociología. Así lo ha establecido reiteramente el Tribunal Superior Agrario, al momento de redactar los fallos. Las reglas o máximas de experiencia le sirven para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, y hasta el dictamen de peritos. La convicción del juez agrario es un acto puramente psicológico, aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo,  o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también ha de analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio...". (Tribunal Agrario, No. 100 de las 9:30 horas del 10 de febrero de 1999).  De ahí, que no resulte admisible, el argumento del recurrente sobre errónea valoración de la prueba, porque, como se ha indicado, en materia agraria, los jueces tienen libre apreciación de la prueba, lo que exige expresar los motivos de equidad y de derecho en que se fundamenta el fallo, lo cual se hizo en este caso por parte del juzgador de instancia.

VIII.-  En cuanto a los aspectos de fondo, el Juzgador de instancia ha realizado una correcta apreciación del elemento probatorio, conforme a las facultades que le otorga el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y ha otorgado la calificación jurídica que corresponde a tales elementos y a la situación fáctica concreta demostrada con la prueba aportada en autos. Considera este Tribunal no lleva razón el recurrente en señalar se haya dado una solución parcializada al caso concreto, como lo da a entender el recurrente.  Por el contrario, el Juzgador analiza en su fallo los requisitos de la acción planteada, en este caso  “mejor derecho de posesión” que alega el actor tener dentro del bien disputa, sin que lograra demostrar los elementos esenciales para ello.   Nuestro ordenamiento jurídico está basado en principios democráticos y en derechos y valores consagrados constitucionalmente.  Por un lado, la Constitución consagra el derecho de propiedad como institución jurídica, y garantiza su libre goce y uso, atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, pero respetando el interés público, pues nadie puede gozar abusivamente de un derecho en perjuicio de la colectividad.  La propiedad, como institución jurídica, está dividida en especies, entre ellas se encuentra la propiedad agraria, que igualmente goza de una protección constitucional, y también debe gozar de seguridad jurídica, y se otorgan las acciones protectoras al propietario para que haga uso de ellas en caso de que se vea perjudicado con el actuar de terceros.  El derecho real de propiedad agraria, representa el dominio pleno, cuando se ejerce en todos sus atributos. El derecho de posesión, puede adquirirse independientemente de la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que exige el Código Civil:  posesión pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe, y por mas de un año. Tal posesión debe ser ejercida a título de dueño, y mediante el ejercicio de actos posesorios agrarios, estables y efectivos, tendientes a cultivar y mejorar el bien.  Cuando se consolida ese derecho de posesión, independientemente de la propiedad, el poseedor puede llegar hasta a adquirir el inmueble por usucapión agraria, siempre y cuando el titular registral, es decir, el propietario agrario, que tiene derecho a gozar de los atributos dominicales, no interrumpa ese ejercicio, mediante las acciones protectoras de la propiedad o de la posesión.

IX- En el presente caso, está acreditado que el fundo objeto de la litis, corresponde a la finca Inscrita del Partido de Limón, No. 139042, a nombre de la CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA); está representada con el Plano L-1529027-2011, mide 5.414.169 metros cuadrados, y es terreno de bosque, plantación de banano, oficina, viviendas y empacadadora (ver certificación a imagen 10 del expediente digitalizado). También está demostrado que en dicho fundo existen casas de habitación, entre ellas, la casa y zona verde donde habitaba el aquí accionante, y que forma parte del fundo de la demandada (ver hecho probado 1). El inmueble, en su totalidad ha sido arrendado por CORBANA a la Corporación Agrícola del Monte, para la producción de banano, la cual presta a título gratuito las viviendas donde habitan los trabajadores (testimonio de José Magdiel, y  Marlon Quijano  en CD).  En consecuencia resulta claro, que no existe legitimación activa del actor, para pretender reclamar un derecho de posesión, a título de dueño y, mucho menos, el cobro de mejoras, toda vez que no tiene título legítimo para poseer, y se encuentra en una situación de mera tolerancia al dársele el terreno con la casa mientras era trabajador de la empresa, lo cual dejó de ocurrir cuando cesa el contrato de laboral, es decir está ahí por mera tolerancia..  Véase que en la misma demanda el actor indica que ha "...estado ocupando el lugar de forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, llevando a cabo labores de limpieza y mantenimiento..."(ver hecho primero de la demanda, a imagen 2), de lo que infiere este Tribunal que el actor no posee con "animus domini", es decir con intención de ser dueño, sino como ocupante en precario, y como tal ha realizado labores de mantenimiento, las cuales no pueden ser considerados actos posesorios agrarios propiamente dichos, sino más bien actos complementarios a lo que podría ser una verdadera posesión agraria.  Por otra parte, en cuanto a la buena o mala fe, si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la "buena fe" se presume (artículos 283 a 285 del Código Civil), en este caso, dicho principio no se aplica porque es evidente que el actor reconoce que ocupa un inmueble ajeno. Además de que es público y notorio que en estos casos las casas de habitación están dentro de terrenos destinados por sus propietarios y/o arrendatarios, como parte del fundus instructus, es decir, como parte de viviendas necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola bananera. Tampoco existiría, en consecuencia, legitimación pasiva, pues la parte demandada, la Corporación Bananera Nacional es la titular registral del inmueble que ocupa el accionante. La falta de derecho es evidente, pues no demuestra el actor la posesión a título de dueño, con intención de apropiarse del mismo, de buena fe, y tampoco demostró mejoras de contenido agrario (actos dirigidos a desarrollar una actividad agraria organizada dirigida a la producción o cría de animales o vegetales).  Por otra parte, es claro, que el inmueble, según se determinó en el reconocimiento judicial forma parte de la propiedad de la compañía demandada. Además, los testigos fueron claros al indicar dicha circunstancia, agregando además que la Corporación Agrícola del Monte presta esas viviendas, a título gratuito, para los trabajadores, con la advertencia de que no pueden realizar cultivos (ver testimonios de José Magdiel, y Marlon Quijano agregados en CD).  En un caso similar al que ahora nos ocupa, con la diferencia de que la demanda fue interpuesta contra la Compañía Del Monte, este Tribunal subrayó lo siguiente:  "El apelante pretende impugnar la sentencia basado en juicios de valoración probatoria en cuanto a los aparentes cultivos y la destrucción de los mismos. Sin embargo, debe recordarse que en materia agraria rige el principio de libre valoración probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria). Siendo que en la especie el Juez de primera instancia dio las razones objetivas, valorando la integralidad de la prueba, por las cuales concluyó que no existen mejoras y, por ende, sin derecho a la indemnización.  Pero al margen de lo anterior, el Tribunal considera que en este caso particular el a-quo ni siquiera debió entrar a analizar el derecho de fondo, pues primero debió de estudiar si existía legitimación activa y pasiva (excepciones opuestas por la parte demandada). En cuanto a la legitimación activa, evidentemente no la hay. El actor en ningún momento alega tener mejor derecho de posesión; por el contrario, confiesa haber ingresado por consentimiento de la demandada, y estar ahí por mera tolerancia luego de terminar su relación laboral (hecho primero de la demanda, imagen 2), por lo que no puede generar ningún derecho de fondo, como derecho de posesión. Es decir no estaba legitimado activamente para demandar, al ser un mero tenedor del bien sobre la cosa, por una razón de mera liberalidad. De conformidad con el artículo 279 del Código Civil, inciso 1° "Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión".  Por otra parte, tampoco existe legitimación activa, ni pasiva, pues en la demanda el mismo actor señala que la finca pertenece a Corporación Bananera Nacional pero que quien a solicitado el desalojo es la empresa Corporación Agrícola del Monte que es la arrendataria del inmueble. Corporación Bananera Nacional al contestar la demanda señala, ella tiene arrendada la finca a Corporación Agrícola Del Monte y no tiene conocimiento de quienes se encuentran en el inmueble ni de las condiciones en que pueden estar ahí, y ello lo reconoce el mismo actor en su demanda al indicar en el hecho "...Cuarto: Que hasta en fecha 28 de marzo del 2016, mi representado recibe una notificación de desalojo por parte de la empresa Corporación Agrícola del Monte quien manifiesta ser arrendataria de la empresa CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA sin justificación alguna y sin ningún tipo de reparo para con mi representado." . De lo anterior se desprende evidentemente una falta de legitimación pasiva al entablarce directamente por tales hechos una demanda contra  CORBANA, pues los hechos acusados van directamente dirigidos en cuanto a lo actuado por  Corporación Agrícola Del Monte y no por la aquí demandada. Por otra parte en cuanto a un mejor derecho de posesión contra el propietario registral en este caso CORBANA se trata de una demanda en la cual falta un presupuesto esencial como lo es la legitimación pasiva, lo que hace que la la pretensión principal resulta a todas luces improcedente en vista de no cumplir con uno de los presupuestos base de la acción. Este caso trata sobre un proceso ordinario de mejor derecho de posesión interpuesto por el apelante contra CORBANA, quien es propietario registral de la finca  del Partido de Limón N° 139042-000 descrita en el plano L-1529027-2011.  En principio se ha dicho la demanda de mejor derecho de posesión es entre poseedores no contra un propietario registral pues este no es un poseedor ilegítimo.  Sobre la imposibilidad de entablar demanda de acción publiciana contra propietario registral ha dicho este Tribunal: IV.- Es importante hacerle ver al recurrente, no lleva razón en lo expresado en sus agravios por lo siguiente: La acción de mejor derecho posesorio se plantea entre poseedores para demostrar un mejor derecho de posesión, lo cual no resulta atinente al caso de marras al estarse discutiendo una finca inscrita y ser dirigida la demanda contra un titular registral del inmueble. Por otra parte, véase que aporta una certificación registral de la finca No. 153987-000, perteneciente a la Corporación Bananera Nacional. Es decir, esta no estaba legitimada para ser demandada y menos por actuaciones de un tercero (Corporación del Monte) según se analizó supra. De ahí que era innecesario entrar a analizar el fondo del asunto sobre la existencia, o no de mejoras.(ver en igual sentido votos de este Tribunal Agrario, Voto No.1064-F-2022 de 8:15 horas del 3 de noviembre del 2022 y  voto N° 2023000961 de las 13:48 horas del 9 de noviembre de 2023). Por otra parte lo reclamado como mejoras tampoco da para ello por cuanto se trata de un terreno de 200 metros cuadrados con casa de habitación con pequeño patio,  el cual, es parte de la finca inscrita 139042-000, y sobre lo cual se le había indicado no podrían establecer cultivos de ninguna especie por lo que se hace un ejercicio abusivo del derecho pues no logró demostrar las mejoras que reclama ha introducido en el fundo como mantenimiento de la casa de habitación, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de rondas, limpieza de desagues.Por otra parte el tipo de productos que dice a introducido se trata de algunas plantas perecederas que no son propiamente mejoras como lo indica el apelante.

       X.- En cuanto a las costas, contrario a lo indicado por el recurrente, considera el Tribunal que no ha existido buena fe, al pretender un reclamo de mejoras, cuando el mismo ingresó como ocupante de la casa de habitación, en una relación precaria, al dársele en préstamo como trabajador y  al conocer que el inmueble pertenece a la aquí demandada, aparte de no existir legitimación en la causa, activa y pasiva para demandar. Por otra parte la pretensión solicitada es totalmente ilógica pues dice estar en un terreno pequeño con zona verde y una casa de habitación, sin embargo  pide se declare la posesión de buena fe que ha ejercido el actor y se reconozca la inversión dineraria en las mejoras (cultivos perecederos como chile dulce, yuca, pepino y culantro, mismas que son mejoras útiles) que no son mejoras propiamente dichas y mantenimiento de la finca del Partido de Limón número 139042-000, como limpieza de desagues y no se ha dado mantenimiento por parte de este a una finca que que mide más de quinientas hectáreas. y en cuanto a mantenimiento de la casa que se reclaman ello no fue demostrado.

POR TANTO:

Por las razones aquí expuestas, se confirma la sentencia.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-000269-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:36:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

20-000269-0465-AG - 5

PROCEEDING:

ORDINARY

PLAINTIFF:

FEDERICO CASTILLO JIMENEZ

DEFENDANT:

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

VOTO N° 2024000973

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At nine hours and thirty-nine minutes on the eighth of October, two thousand twenty-four.-

ORDINARY PROCEEDING brought by FEDERICO CASTILLO JIMÉNEZ, of legal age, married, farmer and agricultural laborer, resident of Daytonia, Sixaolas, Limón, identity card number eight - one hundred forty-seven - eight hundred forty-three; against CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one hundred one - eighteen thousand nine hundred sixty-eight, represented by its general agent without limit of sum Jorge Arturo Sauma Aguilar, of legal age, married, engineer, resident of San José, Curridabat, identity card number nine - zero forty-four - eight hundred sixty-nine. Acting as special judicial attorneys for the plaintiff is Licenciado Raúl Orlando Méndez Contreras, bar number seventeen thousand six hundred ninety-four; and for the defendant, attorney Yelena Piedra Matsenko, bar number twenty-seven thousand four hundred twenty-seven. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón.

Drafted by Judge Darcia Carranza; and,

CONSIDERANDO:

I.- Regarding the claims: The plaintiff files a complaint through his special judicial attorney and estimates it at six million colones, requesting: 1.- That this complaint be declared with merit in all its aspects. 2.- That the good-faith possession exercised by the plaintiff be declared and that the monetary investment in improvements and maintenance of the farm located in the Canton of Limón, number 139042-000, be recognized. 3.- That the defendant be ordered to pay, according to the estimate, for improvements in favor of the plaintiff. 4.- That any act of placing the registered owner in possession be suspended until the amount ordered in the judgment for payment of improvements in favor of the plaintiff is paid. Under warning that in case of omission, the plaintiff is authorized to continue inhabiting the property. 5.- That the defendant be ordered to pay the personal and procedural costs of this action. 6.- That it be declared in the judgment that my client holds good-faith possession of the land in dispute. Subsidiary Claim: 7.- In the event that your authority considers that my client does not have the right to possession of the land in dispute, that the defendant be ordered to pay, according to the estimate, for improvements in favor of the plaintiff. 8.- That any act of placing the registered owner in possession be suspended until the amount ordered in the judgment for payment of improvements in favor of the plaintiff is paid. Under warning that in case of omission, the plaintiff is authorized to continue inhabiting the property. Useful and necessary improvements: a) Continuous maintenance of cleaning green areas, boundary markings, cleaning of adjacent drains, and cleaning of the lot's firebreak, estimated at a value of two million colones. b) Basic maintenance of the dwelling house, such as cleaning drains, repairing leaks, cleaning roofs, decongesting wastewater residues, painting walls and roof, replacing zinc sheets, repairing doors, hinges, locks, repairing aqueduct pipes, estimated at a value of two million colones. Useful improvements: Within said property, my client, from 2017 to the present, has cultivated sweet pepper, cassava, banana (plátano), cucumber, and coriander (culantro), which are useful improvements and are likewise estimated at a value of two million colones." (See electronic file, filings tray dated 12/14/2020 13:14:24).

II.- Exceptions raised. In a timely and proper manner, the defendant answered in the negative and raised the exceptions of generic sine actione agit, lack of right, lack of active standing (legitimación activa), lack of passive standing (legitimación pasiva), necessary joinder (litis consorcio necesaria), lis pendens (litis pendencia), as well as opposition to the amount in controversy made. By resolution at sixteen hours and zero minutes on the thirtieth of April, two thousand twenty-one, the preliminary defenses of lis pendens and necessary passive joinder (litis consorcio pasivo necesario) raised by the defendant were rejected. (See digital file, filings tray dated 03/04/2021 10:33:46 and 04/30/2022 16:00:27), Judgment No. 2021000094, in associated documents, visible in images 135, 136, of the file downloaded in PDF format in ascending order).

III.- By resolution at eight hours and fifty-five minutes on the thirteenth of July, two thousand twenty-one, the amount in controversy was set at three million colones. (See in the electronic file, judgment No. 2021000160, associated documents tray dated 07/13/2021 08:55:27, and images 182, 183, and 184, downloaded as a file in PDF format in ascending order).

IV.- Judge Gerardo Antonio Pérez Alfaro, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón, by judgment No. 2024000390, at ten hours and fifty-seven minutes on the second of July of the year two thousand twenty-four, resolved: POR TANTO: "In accordance with the arguments and legal citations set forth, the exceptions of lack of active standing, passive standing, and lack of right regarding the principal and subsidiary claims are upheld; therefore, the complaint filed by Federico Castillo Jiménez against Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima is declared without merit in all its aspects. In accordance with Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the plaintiff is ordered to pay the personal and procedural costs of this complaint." (See in the electronic file associated documents, first instance judgment dated 07/02/2024 11:23:49).

V.- The plaintiff, through his special judicial attorney Raúl Orlando Méndez, filed an appeal (recurso de apelación) expressly stating the reasons upon which it is based to refute the thesis of the trial court. (See electronic file, filings tray 07/26/2024 14:08:09). The appellant states: "... Within the time and form granted, I appear at this act disagreeing with what was resolved by your authority in Judgment number 2024000390, at ten hours and fifty-seven minutes on the second of July of the year two thousand twenty-four. In order to file the corresponding appeal and expression of grievances in accordance with the following considerations: First: Regarding the position of my client in this proceeding: The claims invoked in the initial complaint and those made through all the acts brought by my client in this file are reiterated. Second: Regarding the considerations put forth by the A quo: Specifically, the A Quo's basis for declaring this action without merit was, according to his statement, that my client did not manage to demonstrate the improvements made or the maintenance carried out on the property in dispute, which is not true. What the witnesses for the defendant company, both José Magdiel Collado and Marlon Quijano Castillo, indicated is that the company Del Monte is the one that has carried out the maintenance of the parent farm; they never specifically indicated that Del Monte performed maintenance on the land in my client's possession, so such an assertion cannot be credited to them, given that they refer to a farm that has more than five million square meters. However, my client claims his consolidated right to a land plot with an approximate measurement of only 200 square meters, which he has kept in his Good Faith possession since 2014. The witness offered by the plaintiff, Mr. Federico Abrego Abrego, is questioned by Licenciado José Ariel Valverde Briceño, judicial attorney for the plaintiff, and he answers: Don Federico, do you know Don Federico Castillo, the witness answers yes, of course. How long have you known Don Federico, the witness answers, I have known him since 2000 onwards. Do you know if Don Federico has some land plot in possession, the witness answers yes, of course, here in front, the one right here. Do you know what Don Federico uses that land for, the witness answers, he had it for personal use crops. What type of crops did he grow, the witness answers, banana (plátano), malanga, sweet pepper. Do you know if Don Federico performed any type of maintenance on that land, the witness answers, yes, when he had the plantings, he was the one who cleaned it, did maintenance clearing, normal maintenance like any plant that needs maintenance. Do you know if there is any other person or company that performed maintenance on that land, the witness answers, when he had the planting, no, furthermore they cut down all his plants and it was BANDECO with the authorization of Corbana. Do you know where Don Federico lives, the witness answers, yes, he lives here in this house. Do you know if Don Federico performs maintenance on that little house, the witness answers, well, I can't tell you that because the house is quite deteriorated. Do you know if any person or company performed maintenance on that house, the witness answers, no, because there are colleagues working inside the farm who are active now and see these houses are the same as this one. Could you tell us if that house has electricity and water, the witness answers, electricity it does not have, water yes, the water is free; when he had electricity, the company deducted it from his payroll. Could you tell us if you know whether Don Federico has been subject to any eviction, the witness answers, yes, but I don't remember the date. Do you know how Don Federico acquired the plot of land that you mention he cultivated, the witness answers, well, since it was abandoned, he occupied it and worked it, and he had his plantings there to eat with his family, but now they cut everything down. Since when has Don Federico been doing those plantings on that land, the witness answers, since 2000, when he was already with Corbana they assigned him the house; from 2005 onwards he was already working there, since that time he has the land. Do you know if there is any type of signage on the land that Don Federico has, the witness answers, previously there wasn't, but when all this issue of this trouble came up, the company put up signs stating that working there is prohibited; those signs were put up three or four years ago, they are recent, and BANDECO put them up with Corbana's authorization. The witness Federico Abrego Abrego is cross-examined by Licenciada Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney for the company Corbana, and answers: Yes, correct, BANDECO and Del Monte are the same; they deducted electricity from his payroll when he started working with Corbana, Don Federico, then is it rented to BANDECO and he starts working with the same Corbana system, yes, correct, Don Federico Castillo worked for the company Del Monte; Don Federico stopped working for the company Del Monte on January 16, 2015; yes, correct, Corbana is the owner of the farm where we are located; yes, correct, Corbana leased to Del Monte the farm where we are located; in 2005 they signed this lease contract; yes, correct, it is in effect because in the office there is the Del Monte sign still. The crops Don Federico grew in 2014 and 2017 are the same; the cassava and malanga are still there, but all the other plantings which are weaker died; yes, correct, he acquired this dwelling with BANDECO; the house has always been free. The witness José Magdiel Collado Romero, offered by the company Corbana, is questioned by Licenciada Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney for Corbana, and he answers: yes, correct, this farm is the property of Corbana; correct, I am aware that there is a lease contract between the company Del Monte and the company Corbana; I know because I was part of the team that drafted that contract in 2004; I reviewed the real estate folios included in the contract with a surveyor to ensure that these were the correct real estate folios, and I also was involved in the analysis of all the drafts of the contract; and within the contract, a Corbana official is requested to be the link between both companies to follow up on the contract, and that responsibility was assigned to me within the contract; in September 2004 the contract was signed; yes, correct, it is currently in effect; the object of the contract is the production and export of Cavendish type bananas, which is the commercial banana used by producers in Costa Rica, that is the object of the contract. This contract has an annex identified as Anexo 1; in that Anexo 1, all the assets that at the time were given into custody to the company Del Monte so that it could operate the projects were included; the assets found on this list, well, we have packing plants, we have material warehouses, carton warehouses, agrochemical input warehouses, fertilizer warehouses, we have offices, we have workshops, we have dwelling houses that Del Monte assigns to the employees who request them, we have fl. And a whole list of minor equipment, desks, chairs, computers, tools, among other things. This loan is defined through a free use of dwelling contract signed between Del Monte and the employee who requests the house from Del Monte, which Del Monte then assigns to them; yes, correct, I have had that contract within sight. The periodic cleaning of the lots and the firebreaks of the farm where we are located, the boundary markings on the farm where we are, the cleaning of the adjacent drains on the farm where we are, the cleaning and repair of the roofs of the houses on the farm where we are, the decongestion of wastewater residues from the houses on the farm where we are, all of this is done by the company Del Monte; and I know all of the above because there are very specific clauses between Del Monte and Corbana that indicate that Del Monte is responsible for the preventive and corrective maintenance of the dwellings and everything related to the upkeep of green areas in the quadrants. Correct, in the free use contract I mentioned that is between Del Monte and its worker, there is a clause indicating that upon the termination of the employment relationship, the worker has a period of eight to fifteen days to return the asset, the house. Yes, correct, there is a clause or several clauses for the protection of the house that is loaned to them, such as not cooking, not selling food, and also not planting trees or crops in the green areas. Yes, I was informed by Del Monte that some evictions were taking place in 2016. Well, there is an electricity provider in the area which is the ICE; the ICE bills Del Monte for a large amount; then Del Monte, through controls they keep on the houses of employees who are active, tracks the electric consumption through meters and deducts the amount through the payroll. And in the case of water, what we have here are concessions, what we call wells; so, since those wells are within the list of assets I mentioned, the fees are paid by Del Monte, and Del Monte distributes the water to the industrial zone and to the dwellings free of charge. There is no relationship between the company Corbana and Del Monte workers; approximately, I make visits every three weeks; well, a report is prepared informing about what was observed, whether the contract is being fulfilled, the agronomic package applied, some observations on infrastructure; then that is reported to our general management and to our board of directors in writing. Correct, Del Monte installed some signs that say "Del Monte Private Property" and have the Del Monte logo. The witness offered by the defendant company, Mr. Magdiel Collado Romero, is cross-examined by Licenciado José Ariel Valverde Briceño, judicial attorney for the plaintiff, and he answers: Don Magdiel, you mentioned earlier that there were some dwelling use contracts; do you know if my client, Don Federico Castillo, signed that contract with the company, the witness answers, no, negative; we see, let's say, general matters, right; the administrative and labor management is handled by Del Monte; they inform me of the contracts being made, this and that, but not who signs or doesn't sign; in this gentleman's case, I wouldn't know whether or not he has a contract. You mentioned earlier that the company Del Monte was the one that performed the maintenance on that land; when was the last time you were able to observe the company Del Monte performing maintenance on the land in Don Federico's possession, the witness answers, I cannot specify a date, Licenciado. Were you present, the witness answers, as I say, my visits are every three weeks, they are sporadic; so one sees that they clear, and by common sense, one sees that the zone has been attended to with uniform maintenance; as for going and supervising each one of the houses, it's not with that detail, right. Licenciada Yelena Piedra Matsenko, judicial attorney for Corbana, questions the witness offered by the defendant company, Marlon Quijano Castillo, and these are his answers: I do not know Don Federico Castillo Jiménez; yes, correct, it is Corbana's property; yes, correct, Corbana leased it to the company Del Monte, and I know because, as I mentioned, I work for a subsidiary, Agroforestales de Sixaola, I joined in May '93 and I was informed by my immediate boss when the farms were going to be leased; my boss is Magdiel Collado. Well, I found out from my immediate boss, Magdiel Collado, because he informed me in 2004, approximately between October and November; yes, correct, currently this contract is in effect. The economic activity of this farm is the production and export of bananas; the farm's dwellings are dedicated by the company to its workers; I know because my wife worked for Del Monte and a dwelling was assigned to her; Del Monte lends the dwelling to its workers free of charge; I know because I saw the contract my wife signed. The periodic cleaning of the lots and the firebreaks of the farm where we are, the boundary markings on the farm where we are, the cleaning of the adjacent drains on the farm where we are, the cleaning and repair of the roofs of the houses on the farm where we are located, the decongestions of wastewater residues from the houses on the farm where we are, all of this is carried out by the company Del Monte; I know all of the above because, as I mentioned earlier, I have worked since May '93 in Agroforestales and I have lived here in La Palma, so I have seen it. Yes, correct, my wife retired (se pensionó), and they requested the dwelling back and gave her 15 days to vacate the dwelling; yes, correct, they prohibit planting in the surrounding yards; yes, correct, Del Monte and BANDECO are the same; yes, I have seen the administrative eviction promoted by the company against its former workers; yes, in 2016 I observed one in the Daytonia quadrant when I was passing by in a vehicle on the access road. Yes, correct, the energy is supplied by the ICE, which provides the electricity, and this is paid by Del Monte, and subsequently, they deduct the cost of each dwelling's consumption through the payroll; in the case of water, it is potable and free because they are the company's internal wells. Correct, I am informed via email by the accounting manager where he tells me that I must support the colleague coming from San José to do the general inventory here at Del Monte. The visits I make are only annually when the general inventories are done; my duties in Agroforestales de Sixaola, well, I oversee the reforestation of a melina plantation being planted on 69 hectares and part of the boundary lines covering 1240 hectares; among that, boundary supervision, payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) for some areas that are with FONAFIFO; yes, correct, there is signage, and Del Monte put it up; it says private property. Licenciado José Ariel Valverde Briceño, judicial attorney for the plaintiff, cross-examines the witness Marlon Quijano Castillo, and these are his answers: Don Marlon, you mentioned that you knew about the dwelling situation through your wife, that she had been given one and that later they demanded it back; does your wife still live in the same house, the witness answers, currently yes, because I made the arrangement for the dwelling to be assigned to me through Corbana. Are these dwelling use contracts done for all workers, the witness answers, specifically, I can tell you about my wife's, which was the one I saw and she signed; for the others, I cannot be certain. You mentioned that you also arranged for the dwelling; did you sign that contract, the witness answers, yes, correct, with Corbana. You mentioned earlier that the company Del Monte performed maintenance on the land where we are; could you tell us when was the last time the company Del Monte performed maintenance on that land, the witness answers, I couldn't tell you; generally, what they do are the green areas that you can see around the whole quadrant; regarding Don Federico's land, I cannot be sure if they performed maintenance. The witness offered by the plaintiff is very clear and concise in his statement: that it was my client who exercised possession of the land in dispute, which is approximately two hundred square meters, and the dwelling, and that he did so for many years; furthermore, that the company has not maintained the dwelling inhabited by the plaintiff for fourteen years and that the dwelling deteriorates more as the years go by; thus, his statement and version of events are entirely credible. As your authority can see, from the testimony of the defendant company's witnesses, they have only referred to the entire farm in general, and that the company Del Monte maintains all the quadrant dwellings by clearing, painting them, and repairing the roofs, but that to the naked eye, these houses appear totally deteriorated and unsanitary to inhabit due to lack of maintenance. These witnesses never referred with exactness to the portion of land in dispute, which is approximately two hundred square meters, and the dwelling that is in my client's possession. It is the opinion of my client that the A quo judge has failed to evaluate the means provided in this file and the conditions for establishing my client's possession of the referenced land, which is embedded in the Ley de Jurisdicción Agraria; the A quo does not even make any pronouncement regarding the improvements made by my client; there is no pronouncement whatsoever, given that our jurisprudence on improvements is already extensive, as indicated by the First Chamber (Sala Primera) in judgment number 013-F-93 at 10:00 a.m. on January 29, 1993, which stated:

" IV.- The so-called "necessary improvements," when referred to as such, are not technically improvements; they are repairs, as they actually refer to all those expenses essential for the conservation of the thing, but which do not increase its market value. They are carried out with the purpose of preventing its deterioration or ruin, which would occur if they were not performed, and not with the purpose of achieving added value for the thing. They are called necessary because they must be executed only so that the thing does not deteriorate and its yield does not decrease. On the contrary, useful improvements do increase the market value of the thing, meriting the qualifier of "improvements" because they are carried out precisely with the aim of improving the thing, increasing its utilities, being of manifest benefit for any possessor, and not only for the one who makes them, as they generate a capital gain by increasing the value of the thing. The Civil Code develops this distinction in article 332 in a manner similar to what was previously stated, as it qualifies necessary ones as those expenses essential for the conservation of the thing and useful ones as those that increase its market value. This division and classification have strong Romanesque roots and has traditionally been received as such by Civil Law and its doctrine. In the civil lease contract for things—in order to protect the owner and exempt him from compensating—it has been interpreted that the lessee is not permitted to make improvements—including necessary ones—and, consequently, the owner is not obligated to recognize them. However, this is a distinction specific to civil improvement and not to agrarian improvement. For Agrarian Law, an improvement would be any act or fact, legal or not, capable of stably and permanently increasing the productive capacity of the farm. For these purposes, a distinction is made between economic improvements and social improvements. The former directly affect the farm, causing a stable and permanent increase in its productive capacity, while the latter affect the conditions under which work is performed, providing greater comfort to increase its efficiency. Social improvements are a species of economic improvements, as the latter are all those that generally increase the farm's productivity, and social ones are those that increase it by specifically improving the conditions under which work is carried out, making it more efficient. For all agrarian improvements, the characterizing element is their impact on a productive asset and as a result of exercising the agrarian activity. That is, for Agrarian Law, there are no such "necessary improvements," but simply acts and deeds of conservation and repair of the farm, because improvements for Agrarian Law are only those that increase the productive capacity of the asset. The general tendency of Agrarian Law being to recognize improvements to stimulate the producer to increase the productive capacity of assets that are not his own, but not those called by Civil Law "necessary improvements," that is, simple maintenance and conservation expenses." (The highlighting is not from the original). Thus, it might be thought that, in the case of a farm of an agrarian nature and suitability, improvements should only be paid if they have effectively increased the productive capacity of the asset. However, the doctrine that would support this conclusion has been corrected and clarified in an important aspect. The First Chamber, in judgment number 060-f-95 at 3:30 p.m. on May 31, 1995, in express reference to the previously cited judgment, pointed out that: " VI.- The situation regarding expenses and improvements, in the case of the liquidation of the possessory state resulting from a reivindication action or an action for better right of possession, has a different treatment than that of a lease. In this regard, for reasons of justice and equity, since there is no prior bond between the possessor and the reivindicant, the legislator has broadly recognized the obligation to pay for these, establishing specific criteria depending on whether they are possessors in good or bad faith. The Civil Code, following the classifications used at the time of its enactment, refers to useful, necessary, and purely decorative or sumptuary improvements. "Necessary" improvements refer to essential expenses incurred to maintain the asset and prevent its loss or deterioration. It does not refer, as has been said, to "improvements" in the technical sense, but to necessary or essential expenses or repairs. The reivindicant would also have incurred them if they did not want the farm to be impaired. Therefore, their payment must always be recognized to the losing possessor. Regarding them, the regime applicable to the possessor in bad faith does not differ from that corresponding to the one in good faith. Both have the right to the reimbursement of their value and even to retain the asset until they have been paid the corresponding amount (articles 328 and 330 of the Civil Code). As for useful improvements, the Civil Code defines them as "those that have increased the market value of the thing" (article 332). Regarding these, yes, there are substantial differences concerning the possessor in good or bad faith. The possessor in good faith has the right to payment for those improvements, as well as to retain the asset until that obligation is fulfilled. The possessor in bad faith has the right to their reimbursement, but not to retain the asset until payment. Sumptuary or purely decorative improvements can be removed by the possessor in good faith (ius tollendi), if this does not cause damage to the asset and provided that the lawful possessor does not prefer to keep them, paying the value they would have after being separated. The possessor in bad faith, on the contrary, has no right to remove them nor to claim anything for them."

For purposes of settling the possessory estate, it is worth recalling that good faith ceases from the moment certainty is acquired that possession is illegitimate, and also from the notification of the lawsuit, if it is upheld in a final judgment. In such situations, improvements made after the cessation of good faith shall be governed as established by article 330 of the Civil Code." (The highlighting is not from the original) What has been said regarding the reivindicatory action is applicable, for obvious reasons, to administrative eviction, since in both cases we are dealing with the settlement of the possessory estate. Furthermore, what was stated in judgment number 013-F-93 refers to improvements when there is a contractual link between the parties, and judgment number 060-F-95 refers to improvements when no such link exists, as occurs in the case under consultation. The basic principle is that whoever recovers possession cannot illegitimately benefit from improvements made by the previous possessor, even if that possessor acted in bad faith. As in the case of the reivindicatory action, when an administrative eviction occurs, payment for improvements is not limited to those that increase the productive capacity of the property, if it is an agricultural estate. Necessary and useful improvements must be paid, as provided by article 330 of the Civil Code and the doctrine derived from the jurisprudence of the First Chamber. However, as already noted, if the Institute pays for improvements through administrative channels, it must duly classify them, taking into account the vocation and character of the real property in question. Thus, it must consider whether the acts or facts constituting the improvements are consistent with the vocation or character of the estate; otherwise, it might be dealing not with an improvement but with damage caused to an Institute property. It is not superfluous to point out that what the latter defines through administrative channels could eventually be challenged in judicial proceedings, if the occupant in question considers it detrimental to their interests. The judicial authority would thus be the final arbiter to determine whether certain acts or facts constitute improvements payable by the Institute. In any event, it must be clear that matters relating to the payment for necessary and useful improvements that the occupant may have made to the properties from which they are evicted are an aspect independent of any damages that they may have caused to the Institute of Agrarian Development (INDER). If such damages occurred, the Institute may seek compensation by resorting to judicial proceedings, where it must prove the damages caused. As previously indicated, my client is a possessor in good faith, who has been responsible for the care and maintenance of the property from the year 2014 to the present date, acquiring all the attributes of a good possessor. In this regard, to justify the acquisition of possession itself, it would be constituted by the part of the adverse possession that my client has consolidated over time, the same possessory acts carried out therein. That is, my principal began his right of possession of said land in 2014, through the abandonment made by the company of the property and the dwelling house that my client continues to occupy to this day, and which I confirmed with the statements of the witnesses, which coincide with his statements. It should be noted that my principal has exercised possession with animus domini (intention to hold as owner) in good faith and fulfilling the social function on the land that is disputed in this judicial process, by working and using it, as to date he has exercised possession over the property in question for more than nine years, carrying out the possessory acts of the described land under the provisions of the agrarian law; likewise, the acquisition of ownership has been achieved through the continuous possession for the same period and with the conditions set by law, thus configuring good faith, as my principal has acted in good faith from the moment of the possessory acts. Third: Regarding costs, it should be noted that my principal has acted in good faith, which should exempt him from the order to pay costs declared by the A Quo Judge. My client has been fully entitled to bring this proceeding, and therefore resorts to the Courts of Justice; it is clear that the outcome of resorting to the Courts can never be anticipated with total certainty, so my principal cannot be accused of acting in bad faith when he did so under the protection of the legal system. There is no evidence whatsoever that my principal acted in bad faith. Therefore, for acting in good faith, the payment of personal and procedural costs should be revoked. PETITION. In this regard, I request that this appeal be upheld in all its aspects and that the claims requested in the initial complaint brief remain intact. For acting in good faith, the payment of personal and procedural costs be revoked. NOTIFICATIONS. FOR NEW NOTIFICATIONS IN FIRST AND SECOND INSTANCE, I INDICATE THE FOLLOWING MEANS: Primary: [email protected], Email: [email protected] ..." (see brief added on 07/26/2024 at 14:08:09)

V.- The Court shares the statement of facts deemed proven, as it is well supported by the case file.

VI.- Likewise, it shares the provisions regarding unproven facts.

VII.- The appellant is not correct in their grievances regarding the evidence.- Specifically, it is necessary to reiterate what the Court has said on the matter of evidentiary assessment: "... IV. The valuation or assessment of judicial evidence is, in agrarian matters, the mental operation carried out by the agrarian judge, aimed at knowing the merit or persuasive value of the facts that can be deduced from the content of the evidentiary elements. It is an exclusive procedural activity of the agrarian judge. The outcome of the process depends on it. Evidence assessment is necessary for verifying the facts, for discovering the real truth. There are two systems for assessing evidence: the legal tariff system and the free assessment system. Free assessment must be reasoned, critical, and based on logic, experience, psychology, and sound criticism. It is not arbitrary. The judge's conviction must be explained in the reasoning of the judgment. This guarantees publicity and adversarial proceedings as part of due process. Legal evidence refers to that which, according to the law, is admissible in the process, as the law indicates the evidentiary means in an exhaustive manner or allows the inclusion of others. Evidence is assessed subject to prior legal rules in the legal tariff system, although attenuations may exist. Therefore, the reasoning of the judgment is not characteristic of a legal tariff system. A legal tariff system cannot be conceived without simultaneously specifying the admissible evidentiary means, for if the judge were left free to consider as such those that, according to their criteria, had persuasive value, it would be impossible to determine their merit in the law beforehand. The legal tariff system was justified to provide greater confidence in justice, to subject judgments to the law, and to free them from the arbitrariness or ignorance of judges, achieving uniformity in rulings. Among its disadvantages and drawbacks are noted: 1. It mechanizes or automates the judge's function, depriving them of personality and preventing them from forming a personal opinion, as the solutions are dictated by law against a logical and reasoned conviction. 2. It leads to declaring a formal appearance as truth. 3. A divorce occurs between justice and the judgment. The purpose of justice is sacrificed for abstract formulas, and contact with reality is lost.- V. The result of evidentiary activity may vary, depending on whether the judge must conform to the legal reasons they are obliged to deduce from a tariffic assessment of the means adduced or whether, on the contrary, they can assess them using their own criteria. The grounds for conviction are taken by the judge from the law or from their personal assessment. For truth to triumph, for the public interest purpose of the process to be achieved and not be an uncertain adventure whose outcome depends on the skill of the litigating lawyers, it is essential that, in addition to the free assessment of evidence, the civil judge has inquisitorial powers to practice those that, according to their true knowledge and understanding, they consider convenient for clarifying the facts affirmed by the parties. Only thus will equality of the parties in the process and true democracy in justice be obtained." (DEVIS ECHANDIA, Treatise on Judicial Evidence, p. 111). Free evidentiary assessment is a fundamental principle of the oral process, and therefore of the agrarian process. It derives from the judge's inquisitorial powers for the official investigation of facts, which could even lead them to the power to decide ultra petita partium, recognized for processes of a social nature. There is a general interest of the community so that the Judge, using all their powers, makes truth and justice prevail, instead of skill or economic power. The free evidentiary assessment system cannot be confused with a "mixed" one. "There are no mixed systems: either the judge has freedom of assessment or they do not; there is no half-freedom. When the law imposes valuation rules for certain evidence and leaves the judge to determine the persuasive force of others or allows them to qualify its content to reject it despite formally meeting the requirements for its binding nature, there are attenuations to the legal tariff system and not a mixed system."(DEVIS ECHANDIA, op. cit., p. 95) The judge either has freedom, or does not, to assess the elements of proof. They cannot have it by halves. Therefore, in this system, the reasoning of the judgment based on criteria of equity and law is imposed and becomes a constitutional guarantee of due process. In the free assessment system (or free conviction, or conscientious assessment by professionals), the free formation of conviction through the judge's reasoned and logical personal critique prevails. Free assessment and free conviction express the idea of freedom. The judge is free to adopt—rationally—the conclusion that seems deducible from the evidentiary element.- VI. The free assessment of evidence must have as its guarantee the publicity and adversarial examination of the evidence, the prohibition of taking into account evidence not brought into the process or the judge's personal knowledge, the obligation to rule on the evidence submitted, the cultural preparation of agrarian judges; the doctrine and dissemination of agrarian jurisprudence, both from the Court and the Cassation Chamber. Despite the foregoing, doctrine indicates that the rules contained in substantive codes regarding formalities for the validity of certain acts or contracts do not exclude free procedural assessment. Substantive formalities are required, for example, for a donation, or to prove contracts of a certain amount. But in agrarian matters, due to the force of custom, this should not be a limitation. Therefore, the Agrarian Judge must: "Analyze motives, discern the various degrees of intention, unravel the causes influencing sensitivity, assess one testimony against another, weigh a particular testimony against a general probability, represents operations that presuppose a great study of the human heart...(BENTHAM: Treatise on Judicial Evidence, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I, p. 45, cited by DEVIS ECHANDIA). A fundamental aspect is the specialization of judges in agrarian matters. The Agrarian Judge comes into contact with the facts through perception or observation "in situ," directly and immediately. They use their senses for assessment and determine the fact, the relationship, the document, or the person subject to it with the greatest possible accuracy. Perception must be meticulous and careful. Once the evidentiary elements are assessed, they proceed to their historical reconstruction, as a whole, classifying them according to their nature, time, and circumstances of the reality being reconstructed. To do this, they induce conclusions from the data to gradually form their conviction, using reasoning, rules of experience, and logic, from which they deduce evidentiary consequences. Logic is fundamental. But it is not pure syllogism. When the law permits the agrarian judge free evidentiary assessment, the premise is the rule of experience that they know and apply in the agrarian field. The basis of reasoning is the external and internal experience of agrarian reality—and the environment in which it unfolds—and the moral order. Therefore, imagination, psychology, and sociology are added to the Agrarian Judge's assessment. This has been repeatedly established by the Superior Agrarian Court when drafting its rulings. The rules or maxims of experience serve to reject the witness's statements, or the party's confession, or what is reported in a document, or the conclusions sought to be drawn from circumstantial evidence, and even expert opinions. The conviction of the agrarian judge is a purely psychological act, applied to a specific, living situation, characteristic of agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness says, or a party, to assess its value. But they must also analyze social experience, the environment—the agrarian world—where the conflict unfolds, including the culture and behavior of the farmer. Therefore, it must be considered, on the one hand, the authenticity and sincerity of each proof when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, determining their accuracy and credibility. This guarantees the principles of loyalty and probity in the result of the evidentiary element...". (Agrarian Court, No. 100 of 9:30 a.m. on February 10, 1999). Hence, the appellant's argument about erroneous assessment of evidence is not admissible, because, as indicated, in agrarian matters, judges have free assessment of evidence, which requires expressing the grounds of equity and law on which the judgment is based, which was done in this case by the instance judge.

VIII.- Regarding the substantive aspects, the Instance Judge has correctly assessed the evidentiary element, in accordance with the powers granted by article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and has given the legal classification corresponding to such elements and the specific factual situation demonstrated by the evidence provided in the case file. This Court considers the appellant is not correct in stating that a biased solution was given to the specific case, as the appellant implies. On the contrary, the Judge analyzes in their ruling the requirements of the action brought, in this case "better right of possession" which the plaintiff claims to have within the disputed property, without managing to demonstrate the essential elements for it. Our legal system is based on democratic principles and constitutionally enshrined rights and values. On one hand, the Constitution enshrines the right to property as a legal institution and guarantees its free enjoyment and use, considering the nature of the property in question, but respecting the public interest, as no one can abusively enjoy a right to the detriment of the community. Property, as a legal institution, is divided into types, among which is agrarian property, which equally enjoys constitutional protection and must also enjoy legal certainty, and protective actions are granted to the owner to make use of them should they be harmed by the actions of third parties. The real right of agrarian property represents full ownership when exercised in all its attributes. The right of possession can be acquired independently of ownership, provided the conditions required by the Civil Code are met: public, peaceful, uninterrupted possession, in good faith, and for more than one year. Such possession must be exercised as owner, and through the exercise of stable and effective agrarian possessory acts, aimed at cultivating and improving the property. When that right of possession is consolidated, independently of ownership, the possessor can even acquire the property by agrarian adverse possession (usucapión agraria), provided that the registered titleholder, that is, the agrarian owner, who has the right to enjoy the ownership attributes, does not interrupt that exercise, through the protective actions of property or possession.

IX- In the present case, it is proven that the estate subject to the litigation corresponds to the registered farm of the Partido de Limón, No. 139042, in the name of the CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA); it is represented by Plan L-1529027-2011, measures 5,414,169 square meters, and is forest land, banana plantation, office, housing, and packing facility (see certification at image 10 of the digitized file). It is also proven that on said estate there are dwelling houses, among them, the house and green area where the plaintiff here lived, and which forms part of the defendant's estate (see proven fact 1). The property, in its entirety, has been leased by CORBANA to the Corporación Agrícola del Monte, for banana production, which provides the dwellings where workers live free of charge (testimony of José Magdiel, and Marlon Quijano on CD). Consequently, it is clear that the plaintiff lacks standing to bring an action (legitimación activa), to claim a right of possession, as owner, and, much less, to claim payment for improvements, since he has no legitimate title to possess, and is in a situation of mere tolerance by being given the land with the house while he was a worker of the company, which ceased when the employment contract ended, meaning he is there by mere tolerance. Note that in the complaint itself, the plaintiff states that he has "...been occupying the place quietly, publicly, peacefully, uninterruptedly, carrying out cleaning and maintenance tasks..."(see fact one of the complaint, at image 2), from which this Court infers that the plaintiff does not possess with "animus domini," that is, with intention to be owner, but as a precarious occupant, and as such has performed maintenance tasks, which cannot be considered properly agrarian possessory acts, but rather complementary acts to what could be a true agrarian possession. On the other hand, regarding good or bad faith, while it is true that in our legal system "good faith" is presumed (articles 283 to 285 of the Civil Code), in this case, said principle does not apply because it is evident that the plaintiff acknowledges occupying a property belonging to another. In addition, it is public and notorious that in these cases, the dwelling houses are within lands designated by their owners and/or lessees, as part of the fundus instructus, that is, as part of the necessary housing for the development of the banana agricultural activity. Nor would there be, consequently, standing to be sued (legitimación pasiva), as the defendant, the Corporación Bananera Nacional, is the registered titleholder of the property occupied by the plaintiff. The lack of right is evident, as the plaintiff does not demonstrate possession as owner, with intention to appropriate it, in good faith, nor did he demonstrate improvements of agrarian content (acts aimed at developing an organized agrarian activity directed at the production or breeding of animals or plants). On the other hand, it is clear that the property, as determined in the judicial inspection, forms part of the defendant company's property. Moreover, the witnesses were clear in stating this circumstance, adding that the Corporación Agrícola del Monte lends these dwellings, free of charge, to the workers, with the warning that they cannot engage in cultivation (see testimonies of José Magdiel, and Marlon Quijano added on CD). In a similar case to the one now before us, with the difference that the lawsuit was filed against the Compañía Del Monte, this Court emphasized the following: "The appellant attempts to challenge the judgment based on evidentiary assessment judgments regarding the apparent crops and their destruction. However, it must be remembered that in agrarian matters, the principle of free evidentiary assessment governs (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria). The first instance Judge provided the objective reasons, assessing the totality of the evidence, for concluding that no improvements exist and, therefore, there is no right to compensation. But apart from the above, the Court considers that in this particular case, the a-quo should not have even proceeded to analyze the substantive right, because first it should have examined whether standing to bring an action and standing to be sued existed (objections raised by the defendant). Regarding standing to bring an action, evidently there is none. The plaintiff at no time claims to have a better right of possession; on the contrary, he confesses to having entered with the consent of the defendant, and being there by mere tolerance after ending his employment relationship (fact one of the complaint, image 2), thus he cannot generate any substantive right, such as right of possession. That is, he did not have active standing to sue, being merely a holder of the property over the thing, by reason of mere liberality. Pursuant to article 279 of the Civil Code, subsection 1, 'Facultative acts or those of simple tolerance do not grant the right of possession.' On the other hand, there is also no standing to bring an action, nor standing to be sued, because in the complaint the plaintiff himself indicates that the farm belongs to Corporación Bananera Nacional, but that the party who has requested the eviction is the company Corporación Agrícola del Monte, which is the lessee of the property. Corporación Bananera Nacional, in responding to the complaint, indicates that it has leased the farm to Corporación Agrícola Del Monte and has no knowledge of who is on the property or the conditions under which they may be there, and this is acknowledged by the plaintiff himself in his complaint when stating in fact '...Fourth: That on March 28, 2016, my client receives an eviction notice from the company Corporación Agrícola del Monte, which claims to be the lessee of the company CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, without any justification and without any consideration for my client.' . From the foregoing, a clear lack of standing to be sued is evident when filing a claim directly against CORBANA for such facts, because the alleged facts are directly aimed at the actions of Corporación Agrícola Del Monte and not of the defendant here. On the other hand, regarding a better right of possession against the registered owner, in this case CORBANA, it is a lawsuit which lacks an essential prerequisite such as standing to be sued, which makes the main claim clearly inadmissible in view of not meeting one of the fundamental prerequisites of the action. This case concerns an ordinary proceeding for better right of possession filed by the appellant against CORBANA, who is the registered owner of the farm of the Partido de Limón No. 139042-000 described in plan L-1529027-2011. In principle, it has been said that a claim for better right of possession is between possessors, not against a registered owner, as the latter is not an illegitimate possessor. Regarding the impossibility of filing a publician action claim against a registered owner, this Court has stated: IV.- It is important to point out to the appellant that he is incorrect in what he expresses in his grievances for the following reason: The action for better possessory right is brought between possessors to demonstrate a better right of possession, which is not relevant to the case at hand, as a registered farm is being disputed and the lawsuit is directed against a registered titleholder of the property. Moreover, note that he provides a registry certification for farm No. 153987-000, belonging to the Corporación Bananera Nacional. That is, it had no standing to be sued, and even less for the actions of a third party (Corporación del Monte) as analyzed supra. Hence, it was unnecessary to proceed to analyze the merits of the case regarding the existence or not of improvements. (see in the same sense votes of this Agrarian Court, Vote No.1064-F-2022 of 8:15 a.m. on November 3, 2022, and vote No. 2023000961 of 1:48 p.m. on November 9, 2023). On the other hand, what is claimed as improvements also does not support such a claim as it concerns a 200-square-meter plot with a dwelling house and a small yard, which is part of registered farm 139042-000, and about which it had been indicated that no type of cultivation could be established, thus it constitutes an abusive exercise of the right, as he failed to demonstrate the improvements he claims to have introduced into the estate, such as maintenance of the dwelling house, maintenance of green areas, clearing of firebreaks (limpieza de rondas), cleaning of drains. Moreover, the type of products he claims to have introduced are some perishable plants that are not properly improvements as indicated by the appellant.

X.- Regarding costs, contrary to what the appellant states, the Court considers that there has been no good faith, in seeking a claim for improvements, when he himself entered as an occupant of the dwelling house in a precarious relationship, having been lent it as a worker and knowing that the property belongs to the defendant here, aside from lacking standing in the case, both active and passive, to sue. On the other hand, the requested claim is totally illogical, as he says he is on a small piece of land with a green area and a dwelling house, yet requests that the possession exercised by the plaintiff in good faith be declared and that the monetary investment in improvements be recognized (perishable crops such as sweet pepper, yucca, cucumber, and culantro, which are useful improvements), which are not improvements properly speaking, and maintenance of the farm of the Partido de Limón number 139042-000, such as cleaning of drains, and this individual has not provided maintenance to a farm measuring over five hundred hectares. As for the maintenance of the house claimed, that was not demonstrated.

THEREFORE:

For the reasons set forth herein, the judgment is affirmed.

DMEQ3TPPMI461
ANTONIO DARCIA CARRANZA - TRIAL JUDGE

YN8W72TZXC861
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - TRIAL JUDGE

RTQF47J6J47L861
ENRIQUE ULATE CHACÓN - TRIAL JUDGE

EXP: 20-000269-0465-AG

Second Judicial Circuit of San José, 4th floor, Courts Building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of the Hospital Hotel La Católica. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

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