Res. 00995-2024 Tribunal Agrario — Precarious occupancy of housing on banana plantation generates no right to claim improvementsPosesión precaria de vivienda en finca bananera no genera derecho a mejoras

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00995 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Octubre del 2024 a las 08:58

Expediente: 20-000317-0465-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

20-000317-0465-AG - 0




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

HERMENEGILDO JIMENEZ JIMENEZ




DEMANDADO/A:

	

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

 

   

VOTO N°  N° 2024000995

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas cincuenta y ocho minutos del doce de octubre de dos mil veinticuatro.

 

PROCESO ORDINARIO establecido por HEMENEGILDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, mayor, vive en unión de hecho, agricultor y peón agrícola,  vecino de Daytonia, Sixaola, Limón, cédula de identidad ocho - ciento cuarenta y ocho - novecientos cuarenta y cinco; contra  CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - dieciocho mil novecientos sesenta y ocho, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Jorge Arturo Sauma Aguilar, mayor, casado, ingeniero,  vecino de San José, Curridabat, cédula de identidad  nueve - cero cuarenta y cuatro - ochocientos sesenta y nueve. Actúan como apoderados especiales judiciales de la parte actora el licenciado Raúl Orlando Méndez Contreras, colegiado diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro; y de la parte demandada las letradas Rosa Iselle Sánchez Vargas, carné cinco mil seiscientos cuarenta; y Yelena Piedra Matsenko, colegiada veintisiete mil cuatrocientos veintisiete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón.

 Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

 I.- De las pretensiones: La parte actora presenta demanda por medio de su apoderado especial judicial y estima en seis millones de colones solicitando: “1.- Se declare con lugar la presente demanda en todos sus extremos. 2.- Se declare la posesión de buena fe que ha ejercido el actor y se reconozca la inversión dineraria en las mejoras y mantenimiento de la finca del Partido Limón, número 139042-000. 3.- Se condene a la demandada al pago según la estimación por concepto de mejoras a favor de la parte actora. 4.- Se suspenda cualquier acto de la puesta en posesión del dueño Registral, hasta tanto sea pagado el monto que en sentencia se condene por pago de mejoras a favor de la parte actora. Bajo apercibimiento de que en caso de omisión queda la parte actora facultada a seguir habitando el inmueble. 5.- Se condene a la demandada al pago de las costas personales y procesales de la presente acción. 6.- Se declare en sentencia que mi representado ostenta la posesión de buena fe sobre el terreno en Litis. Pretensión Secundaria: 7.- En caso de que su autoridad considere que mi representado no tiene derecho a la posesión del terreno en litis, se condene a la demandada al pago según la estimación por concepto de mejoras a favor de la parte actora. 8.- Se suspenda cualquier acto de la puesta en posesión del dueño Registral, en caso de ser solicitado en sentencia, hasta tanto sea pagado el monto que se condene por pago de mejoras a favor de mi representado. Mejoras útiles y necesarias: a) Mantenimiento continuó de limpieza de zonas verdes, delimitaciones limpieza de desagües aledaños y limpieza de ronda del lote, estimado en un valor de dos millones de colones. b) Mantenimiento básico de la casa de habitación, tales como limpieza de desagües, arreglo de goteras, limpieza de techos, descongestionamiento de residuos aguas servidas, pintura de paredes y techo, cambio de láminas de zinc, arreglo de puertas, bisagras, llavines, reparación de tuberías de acueducto, estimado en un valor de dos millones de colones. Útiles: Dentro de dicho inmueble mi representado desde el año 2017 hasta la actualidad, ha realizado cultivos de chile dulce, yuca, plátano, pepino y culantro, mismas que son mejoras útiles y que de igual forma se estiman en un valor de dos millones de colones." (Ver expediente electrónico, bandeja de escritos de fechas 13 y 14 /01/2021).

  II.- Excepciones deducidas. En tiempo y forma la parte demandada contestó en forma negativa e interpuso las excepciones de genérica sine actione agit, falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, litis consorcio necesaria, litis pendencia. Mediante resolución de las trece horas cuarenta y ocho minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, se rechazó las defensas previas de litis pendencia y litis consorcio pasivo necesario opuestas por la parte demandada. (Ver expediente digital, bandeja de escritos de fecha 04/03/2021 imágenes de la 82 a la 96, Sentencia N° 2021000105, en documentos asociados, visible en imágenes 154 y 155, del exp descargado en formato pdf en orden ascendente).

 III.- Mediante resolución de las trece horas cuarenta y siete minutos del seis de setiembre de dos mil veintiuno, se fijó la cuantía en tres millones de colones. (Ver en el expediente electrónico imágenes 206 a la 208, sentencia N° 2021000257, descargado como archivo en formato pdf en orden ascendente). 

 IV.- El juez Gerardo Antonio Pérez Alfaro, del Juzgado Agrario  del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón, mediante sentencia N° 2024000475, de las diez horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto del año dos mil veinticuatro, resolvió:” POR TANTO: "De conformidad con los argumentos y citas legales expuestos, se acogen las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y falta de derecho sobre las pretensiones principales y subsidiarias; por lo que se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda planteada por Hemenegildo Jiménez Jiménez contra Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria; se condena al actor al pago de las costas personales y procesales de la presente demanda." (Ver en el expediente electrónico documentos asociados, sentencia primera instancia de fecha 20/08/2024 10:41:04).

V.- Apelación.  El licenciado Raúl Méndez Contreras, en su condición de apoderado especial judicial del actor, interpuso recurso de apelación. Los agravios del apelante combaten la valoración de la prueba incorporada en la pieza recurrida. 1. Sobre la demostración de mejoras. En la sentencia se concluye la falta de demostración de las mejoras ni mantenimiento, lo que considera no es cierto. Refiere, lo que indican los testigos de la empresa demandada: José Magdiel Collado y Marlon Quijano Castillo que ha sido que la empresa Del Monte la que ha realizado el mantenimiento de la finca madre. Sin que específicara que Del Monte realizaba mantenimiento al terreno en posesión del actor, por lo que no se les puede acreditar tal aseveración, toda vez que los mismos se refieren a una finca que tiene más de cinco millones de metros cuadrados y el derecho consolidado del actor es un terreno con una medida de aproximada de 200 metros cuadrados únicamente, el cual ha mantenido su posesión de buena fe desde el año 2014. Se procede a describir el testimonio de Federico Abrego Abrego, que señala conoce el actor desde el año 2005 cuando comenzó a trabajar con BANDECO. Depuso, el actor tenía un terreno frente al patio, al que le da mantenimiento, donde tenía cultivos de yuca y malanga de autoconsumo. Citó, el cultivo alcanzó hasta metro y medio y se mandó a cortar por la empresa. Señala, Hermenegildo habita casa del cuadrante en vivienda asignada por Del Monte, donde ser firmó un contrato para ocupar una vivienda, como todos los trabajadores que firman un contrato de vivienda. Que en la parte exterior se encuentra deteriorada y habita con la familia. Desconocer si el actor le ha dado mantenimiento y saber la empresa no lo ha hecho. Señala, le parece que Corbana le dio el último mantenimiento en el año 2005, debido a la “llena grande” que hubo. La casa tiene agua y luz que fue cortada. No saber si al actor le comunicaron algún desahucio por la casa que habita. Agregó, Hermenegildo dejó de trabajar para la empresa Del Monte el 16 de enero del 2015, la vivienda siempre ha sido gratis, la luz si la pagaban ellos. Corbana es propietaria en la finca en la que se encontraban, si firmaron un contrato de arrendamiento en el 2005, después hicieron la renovación a finales del 2014 y volvieron a arrendar hasta hacer otro contrato de arrendamiento. Por otra parte, refiere al testimonio de Magdiel Collado afirmó que Corbana es la propietaria registral de un contrato de arrendamiento suscrito con Del Monte en septiembre de 2004, el cual sigue vigente. Este contrato tiene como objetivo la producción y exportación de banano tipo caben. Se mencionó un anexo que detalla los activos que Corbana entregó a Del Monte para operar en las fincas, incluyendo áreas industriales, plantas empacadoras, bodegas y viviendas para empleados. El testigo indicó que Del Monte es responsable de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, así como de la infraestructura y áreas verdes. Según el contrato, hay cláusulas específicas que regulan el uso gratuito de las viviendas asignadas a los empleados, estableciendo un plazo de 8 a 15 días para devolverlas tras la finalización de la relación laboral. También se prohíbe cocinar con leña y sembrar cultivos en estas propiedades. Adicionalmente, el testigo mencionó que en 2016 se iniciaron procesos de desalojo administrativo relacionados con el consumo eléctrico, ya que Del Monte recibe una factura significativa del proveedor eléctrico local. Esto resalta la importancia del control de los medidores por parte de Del Monte para gestionar los costos asociados al uso de las viviendas y otros servicios en la finca. El testigo explicó que el agua utilizada proviene de pozos construidos por Corbana, cuyos cánones son actualmente pagados por Del Monte, que tiene la custodia de los pozos. Esta empresa distribuye el agua de manera gratuita a las áreas de vivienda cada tres semanas. El testigo también elabora informes sobre observaciones agrícolas e infraestructurales para la gerencia de Corbana. Durante el contrainterrogatorio se emitió declaración sobre los contratos de uso gratuito de vivienda. Citando los contratos son parte de un procedimiento interno bien estructurado de Del Monte, aplicable a todos los trabajadores, tanto del campo como administrativos. Además, recordó haber participado en el mantenimiento y pintura de las viviendas, que son propiedad de Corbana. Respecto al testimonio de Marlon Quijano Castillo, citó ser coordinador administrativo que supervisa 69 hectáreas en la subsidiaria agroforestal. El testigo indicó que Corbana es la propietaria de la finca donde se realiza la siembra de banano y que mantiene un contrato de arrendamiento vigente con Del Monte. Este contrato permite a Del Monte asignar viviendas a sus trabajadores de manera gratuita y saberlo pues su esposa trabajó allí y recibió una vivienda. Describió, Del Monte se encarga de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, así como de la gestión de residuos y desagües. Aclaró al finalizar la relación laboral, Del Monte solicita la devolución de las viviendas en un plazo de 15 días. Además, se prohíbe sembrar en los patios aledaños, como se detalla en el contrato. Refirió, la electricidad es proporcionada por ICE y Del Monte paga el recibo, que luego se descuenta a los trabajadores. El agua es gratuita, proveniente de pozos internos en la propiedad. Mencionó dentro de sus funciones realiza visitas anuales para llevar a cabo inventarios de activos en la finca, que incluyen casas y equipos. También, hay señalización en la finca indicando que es propiedad privada y que trabaja en una subsidiaria agroforestal donde supervisa 240 hectáreas, incluyendo 69 hectáreas dedicadas a la siembra de melina en pago de servicio ambiental. El testigo mencionó que no puede confirmar si todos los contratos de uso de vivienda son iguales, pero supone que sí, basándose en el contrato de su esposa. Afirmó que Del Monte realiza mantenimiento en la zona donde reside Hermenegildo, manteniendo el césped y áreas alrededor de las casas. Sin embargo, no pudo recordar cuándo fue el último mantenimiento específico de la vivienda de Hermenegildo. El testigo Samiquel Railan Juquer, citó ser jornalero y amigo de Hermenegildo. Relató que conoció a Hermenegildo en la finca Sixaola y confirmó que él tiene un terreno en posesión, donde se encargaba de la limpieza y mantenimiento. Hermenegildo sembró cultivos como plátano y yuca, aunque algunos fueron arrancados por funcionarios de Del Monte. El testigo también indicó que Hermenegildo vive con su esposa e hijos en una casa asignada por Del Monte, la cual está deteriorada y sin luz. No ha visto a la empresa realizar mantenimiento en la vivienda. En contrainterrogatorio, se reafirmó que Corbana es propietaria de la finca arrendada a Del Monte desde 2004, y que Hermenegildo no recibió notificación de desalojo. Refuta, los testigos del actor manifestaron que Hermenegildo ha mantenido el terreno durante años, realizando tareas como limpieza y chapea, y señalaron la falta de mantenimiento preventivo por parte de Del Monte desde 2005. En contraste, los testigos de la empresa demandada solo se refirieron al mantenimiento general en la finca sin especificar el estado del terreno en disputa. Esboza como agravio, las declaraciones testimoniales de la empresa demandada versan sobre el mantenimiento general de la finca y las viviendas, sin abordar la porción del terreno en disputa, que abarca aproximadamente 200 metros cuadrados y ha estado bajo posesión de Hermenegildo desde 2014. Acusa una errada valoración probatoria que demuestran la posesión de Hermenegildo sobre el terreno, el cual está regulado por la ley de jurisdicción agraria.  Procede a reseñar aspectos propios del instituto de mejoras en sus diversas especies según resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Las de puro adorno pueden ser retiradas por el poseedor de buena fe, siempre que el poseedor legítimo del bien no prefiera conservarlas pagando el valor de éstas. El poseedor de mala fe no tiene derecho a retirarlas ni a reclamar nada. Cita la sentencia de la Sala Primera No. 13-F-93 y 60-F-95, relativas a la reivindicación y a la liquidación del estado posesorio, aduciendo que resulta aplicable cuando ocurre desalojo administrativo, pues quien recupera la posesión no puede beneficiarse ilegítimamente de las mejoras del anterior poseedor, aunque sea de mala fe, por lo que considera deben pagarse las mejoras necesarias y útiles (artículo 330 del Código Civil). Señala lo anterior ha de ser de aplicación al actor y su liquidación del estado posesorio. Que ha sido poseedor de buena fe, ha cuidado y mantenido el inmueble desde el 2014, después de que hizo abandono la Compañía del inmueble, con animus domini, y cumpliendo la función social al trabajarla y utilizarla por más de nueve años, con un actuar de buena fe, lo que le da derecho a ser indemnizado sobre las mejoras introducidas. 2. Sobre las costas, se ha actuado de buena fe y debe eximirse de la condenatoria en costas, al haberle asistido todo el derecho de interponer el presente proceso y acudir a los Tribunales de Justicia, sin que pueda anticipar con total certeza. No corresponde imputarle el accionar de mala fe, cuando lo hizo amparado al ordenamiento jurídico; sin que exista prueba alguna. Pide la revocatoria de costas. (Ver expediente electrónico, bandeja de escritos 27/09/2024).  

 VI. Se comparte el conjunto de hechos probados por tener buen sustento en los autos. También se avalan los hechos indemostrados por cuanto el actor no probó lo ahí señalado.

 VII. Analizados los agravios concluye esta Instancia, no lleva razón el recurrente en sus agravios. En primer orden es necesario reiterar lo que ha dicho el Tribunal sobre la valoración de las pruebas: “... IV. La valoración o apreciación de la prueba judicial es, en materia agraria, la operación mental que realiza el juez agrario, que tiene como fin conocer el mérito o valor de convicción de los hechos, que puedan deducirse del contenido de los elementos probatorios. Es una actividad procesal exclusiva del juez agrario. De ella depende el resultado del proceso. La valoración de la prueba es necesaria para la comprobación de los hechos, para descubrir la verdad real. Existen dos sistemas para la apreciación de las pruebas. El de tarifa legal y el de libre apreciación. La libre apreciación debe ser razonada, crítica y ha de basarse en la lógica, la experiencia, la sicología, la sana crítica. No es arbitraria. La convicción del juez debe explicarse en la motivación del fallo. Con ello se garantiza la publicidad y contradicción como parte del debido proceso. Por prueba legal se entienden aquellas que, de acuerdo a la ley, son admisibles en el proceso, pues la ley señala los medios probatorios en forma taxativa o permitiendo la inclusión de otros. Las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas en el sistema de tarifa legal, aunque podrían existir atenuaciones. Por ello, la motivación del fallo no es característico de un sistema de tarifa legal. No se concibe un sistema de tarifa legal sin que simultáneamente se señalen los medios probatorios admisibles, pues si se dejara al juez en libertad para tener como tales los que conforme a su criterio tuvieran valor de convicción, sería imposible señalar de antemano su mérito en la ley. El sistema de la tarifa legal se justificó para dar mayor confianza a la justicia, someter las sentencias a la ley y librarlas de la arbitrariedad o la ignorancia de los jueces, lográndose la uniformidad de los fallos. Entre sus desventajas e inconvenientes se apuntan: 1. Mecaniza o automatiza la función del juez, quitándole personalidad e impidiéndole formar un criterio personal, pues las soluciones vienen dadas por ley en contra de un convencimiento lógico y razonado. 2. Conduce a declarar como verdad una apariencia formal 3. Se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia. Se sacrifica el fin de la justicia por fórmulas abstractas y se pierde el contacto con la realidad.- V. El resultado de la actividad probatoria puede variar, dependiendo si el juez debe conformarse con las razones de orden legal que esté obligado a deducir de una apreciación de los medios aducidos o que, por el contrario, pueda valorarlos con su propio criterio. Los motivos de convicción los toma el juez de la ley o de su personal apreciación. Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Solo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia." (DEVIS ECHANDIA, Tratado de la prueba judicial, pág. 111). La libre valoración probatoria es un principio fundamental del proceso oral, y por ende del proceso agrario. Se deriva de las facultades inquisitivas del juzgador, para la investigación oficiosa de los hechos, lo que podría llevarlo, inclusive a la facultad de decidir ultra petita partium, reconocida para los procesos de carácter social. Hay un interés general de la colectividad, para que el Juez, utilizando todas sus facultades haga triunfar la verdad y la justicia, en vez de la habilidad o el poder económico. El sistema de libre valoración probatoria no puede confundirse con uno de "mixto". "No hay sistemas mixtos: o el juez tiene libertad de apreciación o no la tiene; no existe libertad a medias. Cuando la ley impone reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al juez el determinar la fuerza de convicción de otras o le permite calificar su contenido para rechazarlas a pesar de que formalmente reúnan los requisitos para su obligatoriedad, existen atenuaciones al sistema de la tarifa legal y no un sistema mixto."(DEVIS ECHANDIA, op. cit., pág. 95) El juez tiene libertad, o no la tiene, para apreciar los elementos de prueba. No la puede tener a medias. Por ello, en este sistema se impone la motivación del fallo con criterios de equidad y de derecho, y se convierte en una garantía constitucional del debido proceso.En el sistema de libre valoración (o libre convicción, o apreciación a conciencia por profesionales) rige la formación libre del convencimiento, mediante la crítica personal razonada y lógica del juez. Libre apreciación y libre convicción expresan la idea de libertad. El juez es libre para adoptar -racionalmente- la conclusión que le parezca deducible del elemento probatorio.- VI. La libre apreciación de la prueba debe tener como garantía la publicidad y controversia de la prueba, la prohibición de tener en cuenta pruebas no llevadas al proceso o el conocimiento personal del juez, la obligación de resolver sobre las pruebas aportadas, la preparación cultural de los jueces agrarios; la doctrina y la divulgación de la jurisprudencia agraria, tanto del Tribunal como de la Sala de Casación. Pese a lo anterior, la doctrina señala que las normas que contengan los códigos sustantivos, sobre las formalidades para la validez de ciertos actos o contratos, no excluyen la libre apreciación procesal. Las formalidades sustanciales se exigen, por ejemplo para la donación, o para demostrar contratos de determinada cuantía. Pero en materia agraria, por la fuerza de la costumbre, ello no debería ser una limitación. Por ello el Juez Agrario debe: "Analizar los motivos, discernir los diversos grados de intención, desembrollar las causas que influyen sobre la sensibilidad, valorar un testimonio frente a otro, sopesar un testimonio particular contra una probabilidad general, representa operaciones que suponen un gran estudio del corazón humano...(BETHAM: Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I,pág. 45, citado por DEVIS ECHANDIA). Un aspecto fundamental es la especialización de los jueces en materia agraria. El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación "in situ", directa e inmediata. Utiliza los sentidos para su apreciación, y precisa con la mayor exactitud posible el hecho, la relación, el documento, o la persona objeto de ella. La percepción debe ser minuciosa y cuidadosa. Una vez apreciados los elementos probatorios procede a su reconstrucción histórica, en conjunto, clasificándolos de acuerdo a su naturaleza, tiempo y circunstancias de la realidad que se trata de reconstruir. Para ello induce de los datos conclusiones para ir formando su convicción, utiliza el raciocinio, las reglas de experiencia y lógica, de donde deduce consecuencias probatorias. La lógica es fundamental. Pero no es puro silogismo. Cuando la ley permite al juez agrario la libre apreciación probatoria, la premisa es la regla de la experiencia que él conoce y aplica en el campo agrario. La base del razonamiento es la experiencia externa e interna de la realidad agraria -y el medio en el que se desenvuelve- y del orden moral. Por ello a la valoración del Juez Agrario se agrega la imaginación, la sicología y la sociología. Así lo ha establecido reiteradamente el Tribunal Superior Agrario, al momento de redactar los fallos. Las reglas o máximas de experiencia le sirven para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, y hasta el dictamen de peritos. La convicción del juez agrario es un acto puramente psicológico, aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo, o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también ha de analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio...". (Tribunal Agrario, No. 100 de las 9:30 horas del 10 de febrero de 1999). De ahí, que no resulte admisible, el argumento del recurrente sobre errónea valoración de la prueba, porque, como se ha indicado, en materia agraria, las personas juzgadoras tienen libre apreciación de la prueba, lo que exige expresar los motivos de equidad y de derecho en que se fundamenta el fallo, lo cual se hizo en este caso cumpliendo con lo exigido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria.

 VIII. En cuanto a los aspectos de fondo, la sentencia realizó una correcta apreciación del elemento probatorio, conforme a las facultades que le otorga el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y ha otorgado la calificación jurídica que corresponde a tales elementos y a la situación fáctica concreta demostrada con la prueba aportada en autos. Considera este Tribunal no lleva razón el recurrente en señalar se brinde una solución parcializada al caso concreto. Por el contrario, se analiza en el fallo los requisitos de la acción planteada, en este caso “mejor derecho de posesión” alegado por el actor tener dentro del bien disputa, sin que lograra demostrar los elementos esenciales para que prosperara la acción protectora o bien la liquidación de las mejoras. Nuestro ordenamiento jurídico está basado en principios democráticos y en derechos y valores consagrados constitucionalmente. Por un lado, la Constitución Política consagra el derecho de propiedad como institución jurídica, y garantiza su libre goce y uso, atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, pero respetando el interés público, pues nadie puede gozar abusivamente de un derecho en perjuicio de la colectividad. La propiedad, como institución jurídica, está dividida en especies, entre ellas se encuentra la propiedad agraria, que igualmente goza de una protección constitucional, y también debe gozar de seguridad jurídica, y se otorgan las acciones protectoras al propietario para que haga uso de ellas en caso de que se vea perjudicado con el actuar de terceros. El derecho real de propiedad agraria representa el dominio pleno, cuando se ejerce en todos sus atributos. El derecho de posesión puede adquirirse independientemente de la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que exige el Código Civil: posesión pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe, y por más de un año. Tal posesión debe ser ejercida a título de dueño, mediante el ejercicio de actos posesorios agrarios, estables y efectivos, tendientes a cultivar y mejorar el bien. Cuando se consolida es derecho de posesión, independientemente de la propiedad, el poseedor puede llegar hasta a adquirir el inmueble por usucapión agraria, siempre y cuando el titular registral, es decir, el propietario agrario, que tiene derecho a gozar de los atributos dominicales, no interrumpa ese ejercicio, mediante las acciones protectoras de la propiedad o de la posesión.

 IX. En el sub judice, se probó el fundo objeto de la litis, es parte de la finca inscrita de Limón número 139042-000, a nombre de la actora CORBANA graficada en el plano catastrado número L-1529027-2011, mide 5.414.169 metros cuadrados; es terreno de bosque, plantación de banano, oficina, viviendas y empacadora (ver demanda en imágenes 1 a 15, 29 a 34, contestación imágenes 82 a 97, certificación a imagen 21 a 22 de expediente pdf). También está demostrado en dicho fundo existen casas de habitación, entre ellas, la casa y zona verde donde habita el aquí accionante, y forma parte del fundo de la demandada (ver hecho probado 1 y 2). El inmueble, en su totalidad ha sido arrendado por CORBANA a la Corporación Agrícola del Monte, para la producción de banano. La arrendataria presta a título gratuito las viviendas donde habitan las personas trabajadoras (testimonio de Federico Abrego Abrego, José Magdiel Collado Romero, Samiquel Railan Juquer respaldadas en disco compacto en archivo a nombre de cada declarante). En consecuencia, es evidente, no existe legitimación activa del actor, para pretender reclamar un derecho de posesión, a título de dueño y, mucho menos, el cobro de mejoras, dado que carece de título legítimo para poseer y se encuentra en una situación de mera tolerancia. Véase que en la misma demanda el actor indica que ha "...estado ocupando el lugar de forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, llevando a cabo labores de limpieza y mantenimiento..."(ver hecho primero de la demanda, a imagen  3 a 13 expediente electrónico), de lo que infiere este Tribunal que el actor no posee con "animus domini", es decir con intención de ser dueño, sino como ocupante en precario, y como tal ha realizado labores de mantenimiento, las cuales no pueden ser considerados actos posesorios agrarios propiamente dichos, sino más bien actos complementarios a lo que podría ser una verdadera posesión agraria. Por otra parte, en cuanto a la buena o mala fe, en nuestro ordenamiento jurídico la "buena fe" se presume (artículos 283 a 285 del Código Civil). En este asunto, dicho principio no se aplica porque es evidente que el actor reconoce que ocupa un inmueble ajeno. Además de que es público y notorio que en estos casos las casas de habitación están dentro de terrenos destinados por sus propietarios o arrendatarios, como parte del fundus instructus, es decir, como parte de viviendas necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola bananera. Debe sumarse lo indicado por los declarantes citados quienes son contestes en que entre la demanda CORBANA y la empresa Del Montes existe un contrato de arrendamiento y la segunda permite el uso de las moradas a las personas trabajadoras a título gratuito (AUDIO PRUEBA TESTIMONIAL parte del expediente). Tampoco existe, en consecuencia, legitimación pasiva, pues la parte demandada, la Corporación Bananera Nacional es la titular registral del inmueble que ocupa el accionante. La falta de derecho es evidente, pues no demuestra el actor la posesión a título de dueño, con intención de apropiarse del mismo, de buena fe, y tampoco demostró mejoras de contenido agrario (actos dirigidos a desarrollar una actividad agraria organizada dirigida a la producción o cría de animales o vegetales). Por otra parte, el inmueble, según se determinó en el reconocimiento judicial celebrado (acta imagen 275 expediente digital modo PDF audio), forma parte de la propiedad de la compañía demandada. Además, los testigos fueron claros al indicar dicha circunstancia, agregando además que la Corporación Agrícola del Monte presta esas viviendas, a título gratuito, para los trabajadores, con la advertencia de que no pueden realizar cultivos según los testimonios citados en el mismo recurso de apelación soportados en audio parte del proceso; prueba no objetada en el recurso. En un caso similar al que ahora nos ocupa, con la diferencia de que la demanda fue interpuesta contra la Compañía Del Monte, este Tribunal subrayó lo siguiente: "El apelante pretende impugnar la sentencia basado en juicios de valoración probatoria en cuanto a los aparentes cultivos y la destrucción de los mismos. Sin embargo, debe recordarse que en materia agraria rige el principio de libre valoración probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria). Siendo que en la especie el Juez de primera instancia dio las razones objetivas, valorando la integralidad de la prueba, por las cuales concluyó que no existen mejoras y, por ende, sin derecho a la indemnización. Pero al margen de lo anterior, el Tribunal considera que en este caso particular el a-quo ni siquiera debió entrar a analizar el derecho de fondo, pues primero debió de estudiar si existía legitimación activa y pasiva (excepciones opuestas por la parte demandada). En cuanto a la legitimación activa, evidentemente no la hay. El actor en ningún momento alega tener mejor derecho de posesión; por el contrario, confiesa haber ingresado por consentimiento de la demandada, y estar ahí por mera tolerancia luego de terminar su relación laboral (hecho primero de la demanda, imagen 2), por lo que no puede generar ningún derecho de fondo, como derecho de posesión. Es decir no estaba legitimado activamente para demandar, al ser un mero tenedor del bien sobre la cosa, por una razón de mera liberalidad. De conformidad con el artículo 279 del Código Civil, inciso 1° "Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión". Por otra parte, tampoco existe legitimación activa, ni pasiva, pues en la demanda el mismo actor señala que la finca pertenece a Corporación Bananera Nacional pero que quien a solicitado el desalojo es la empresa Corporación Agrícola del Monte que es la arrendataria del inmueble. Corporación Bananera Nacional al contestar la demanda señala, ella tiene arrendada la finca a Corporación Agrícola Del Monte y no tiene conocimiento de quienes se encuentran en el inmueble ni de las condiciones en que pueden estar ahí, y ello lo reconoce el mismo actor en su demanda al indicar en el hecho "...Cuarto: Que hasta en fecha 28 de marzo del 2016, mi representado recibe una notificación de desalojo por parte de la empresa Corporación Agrícola del Monte quien manifiesta ser arrendataria de la empresa CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA sin justificación alguna y sin ningún tipo de reparo para con mi representado." . De lo anterior se desprende evidentemente una falta de legitimación pasiva al entablarse directamente por tales hechos una demanda contra CORBANA, pues los hechos acusados van directamente dirigidos en cuanto a lo actuado por Corporación Agrícola Del Monte y no por la aquí demandada. Por otra parte en cuanto a un mejor derecho de posesión contra el propietario registral en este caso CORBANA se trata de una demanda en la cual falta un presupuesto esencial como lo es la legitimación pasiva, lo que hace que la pretensión principal resulta a todas luces improcedente en vista de no cumplir con uno de los presupuestos base de la acción. Este caso trata sobre un proceso ordinario de mejor derecho de posesión interpuesto por el apelante contra CORBANA, quien es propietario registral de la finca del Partido de Limón N° 139042- 000 descrita en el plano L-1529027-2011. En principio se ha dicho la demanda de mejor derecho de posesión es entre poseedores no contra un propietario registral pues este no es un poseedor ilegítimo. Sobre la imposibilidad de entablar demanda de acción publiciana contra propietario registral ha dicho este Tribunal: IV.- Es importante hacerle ver al recurrente, no lleva razón en lo expresado en sus agravios por lo siguiente: La acción de mejor derecho posesorio se plantea entre poseedores para demostrar un mejor derecho de posesión, lo cual no resulta atinente al caso de marras al estarse discutiendo una finca inscrita y ser dirigida la demanda contra un titular registral del inmueble. Por otra parte, véase que aporta una certificación registral de la finca No. 153987-000, perteneciente a la Corporación Bananera Nacional. Es decir, esta no estaba legitimada para ser demandada y menos por actuaciones de un tercero (Corporación del Monte) según se analizó supra. De ahí que era innecesario entrar a analizar el fondo del asunto sobre la existencia, o no de mejoras" (ver en igual sentido votos de este Tribunal Agrario, Voto No.1064-F-2022 de 8:15 horas del 3 de noviembre del 2022 y voto N° 2023000961 de las 13:48 horas del 9 de noviembre de 2023).

 X. Por último, en cuanto a las costas, la Ley de Jurisdicción Agraria en el ordinal 55 indica: “Las sentencias, así como las resoluciones que pongan fin al proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas. La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas personales, y aun de las procesales, cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por existir, a juicio del tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque las pretensiones de la parte vencedora, en definitiva, resultaron desproporcionadas”, (sobre el alcance de tal norma se puede consultar el fallo de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 26, de las 11 horas 15 minutos del 13 de mayo de 1994). La regla contenida en la transcrita norma refleja el principio del vencimiento objetivo, lo cual implica, la pauta es condenar por el hecho de ser perdidoso de sus pretensiones. Empero, de manera extraordinaria podrá exonerarse a quien fuere vencido a honrar esos extremos. Para verificar ese evento, se analiza la forma de litigio de quien en principio es obligado a pagarlas, cual es el litigar con buena fe. Otra opción es cuando la demanda o contrademanda incluyan pretensiones exageradas; también se podría estar frente a una exoneración cuando la sentencia atienda parcialmente las peticiones sustanciales de la demanda o reconvención, o bien si lo decidido admite defensas significativas solicitadas por quien fue vencido; por último, está el supuesto del vencimiento recíproco. La exención del pago de costas constituye una facultad otorgada a la persona juzgadora, sin que medie lesión al ordenamiento jurídico, con la obligación de exponer las razones para asumir una posición de esta naturaleza. En este asunto, no observa esta Cámara razón alguna para exonerarle al pago de las costas. En la especie, contrario a lo indicado por el recurrente, considera esta Sede no ha existido buena fe, al pretender un reclamo de mejoras, cuando ingresó como ocupante de la casa de habitación, en una relación precaria, al dársele en préstamo como trabajador y conocía el inmueble pertenece a la aquí demandada. Sumado a lo anterior, no posee legitimación en la causa, activa y pasiva para demandar. Por otra parte, la pretensión solicitada es totalmente ilógica pues dice estar en un terreno de escaza medida con casa, sin embargo pide se declare la posesión de buena fe que ha ejercido el actor y se reconozca la inversión dineraria en las mejoras y mantenimiento de la finca del partido de Limón número 139042-000. De la testimonial supra indicada se desprende el mantenimiento la realizaba la Compañía Del Monte en virtud del contrato de arrendamiento con la demandada CORBANA, considerando se trata de una heredad de más de quinientas hectáreas. Ver precedente de asunto similar de esta Cámara número 963- 2023 de las 09 horas 40 minutos del 15 de noviembre de 2023.

POR TANTO:

 En lo apelado, se confirma la sentencia N° 2024000475 de las diez horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto del año dos mil veinticuatro.

 

 

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-000317-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:38:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 00995 - 2024**

**Date of Resolution:** October 12, 2024 at 08:58

**Case File:** 20-000317-0465-AG

**Drafted by:** María Rosa Castro García

**Type of Matter:** Ordinary proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Text of the resolution**

**CASE FILE:**

20-000317-0465-AG - 0

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

HERMENEGILDO JIMENEZ JIMENEZ

**DEFENDANT:**

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A.

**VOTO N° N° 2024000995**

**TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.-** At eight hours fifty-eight minutes on October twelfth, two thousand twenty-four.

**ORDINARY PROCEEDING** brought by HEMENEGILDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, of legal age, lives in a common-law union, farmer and agricultural laborer, resident of Daytonia, Sixaola, Limón, identity card eight - one hundred forty-eight - nine hundred forty-five; against **CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, legal identification number three - one hundred one - eighteen thousand nine hundred sixty-eight, represented by its unlimited general attorney-in-fact Jorge Arturo Sauma Aguilar, of legal age, married, engineer, resident of San José, Curridabat, identity card nine - zero forty-four - eight hundred sixty-nine. Acting as special judicial attorneys for the plaintiff is attorney Raúl Orlando Méndez Contreras, bar number seventeen thousand six hundred ninety-four; and for the defendant, attorneys Rosa Iselle Sánchez Vargas, card number five thousand six hundred forty; and Yelena Piedra Matsenko, bar number twenty-seven thousand four hundred twenty-seven. Processed before the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón.

Judge Castro García drafts; and,

**CONSIDERING:**

**I.- Regarding the claims:** The plaintiff files the lawsuit through his special judicial attorney and estimates it at six million colones, requesting: “1.- That this lawsuit be granted in all its aspects. 2.- That the good faith possession exercised by the plaintiff be declared and the monetary investment in improvements and maintenance of the farm located in Partido Limón, number 139042-000 be recognized. 3.- That the defendant be ordered to pay, according to the estimation, for the concept of improvements in favor of the plaintiff. 4.- That any act of placing the registered owner in possession be suspended, until the amount ordered in the judgment for payment of improvements in favor of the plaintiff is paid. Under warning that in case of omission, the plaintiff is empowered to continue inhabiting the property. 5.- That the defendant be ordered to pay the personal and procedural costs of this action. 6.- That it be declared in the judgment that my client holds good faith possession of the land in Litis. Secondary Claim: 7.- In the event that your authority considers that my client does not have the right to possession of the land in litis, the defendant be ordered to pay, according to the estimation, for the concept of improvements in favor of the plaintiff. 8.- That any act of placing the registered owner in possession be suspended, in case it is requested in the judgment, until the amount ordered for payment of improvements in favor of my client is paid. Useful and necessary improvements: a) Continuous cleaning maintenance of green areas, boundary demarcations, cleaning of adjacent drainage, and cleaning of the lot perimeter, estimated at a value of two million colones. b) Basic maintenance of the dwelling house, such as cleaning drainage, fixing leaks, cleaning roofs, decongesting wastewater residue, painting walls and ceiling, changing zinc sheets, fixing doors, hinges, locks, repairing aqueduct pipes, estimated at a value of two million colones. Useful: Inside said property, my client, from 2017 to the present, has cultivated sweet chili, yucca, plantain, cucumber, and coriander, which are useful improvements and are likewise estimated at a value of two million colones.” (See electronic case file, filings tray for dates 13 and 14/01/2021).

**II.- Defenses raised.** In a timely manner, the defendant answered negatively and raised the defenses of generic sine actione agit, lack of right, lack of standing to sue, lack of standing to be sued, necessary joinder of parties, lis pendens. By resolution at thirteen hours forty-eight minutes on May sixth, two thousand twenty-one, the preliminary defenses of lis pendens and necessary passive joinder of parties raised by the defendant were rejected. (See digital case file, filings tray for date 04/03/2021 images 82 to 96, Judgment No. 2021000105, in associated documents, visible in images 154 and 155, of the file downloaded in pdf format in ascending order).

**III.-** By resolution at thirteen hours forty-seven minutes on September sixth, two thousand twenty-one, the amount in controversy was set at three million colones. (See in the electronic case file images 206 to 208, judgment No. 2021000257, downloaded as a file in pdf format in ascending order).

**IV.-** Judge Gerardo Antonio Pérez Alfaro, of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de La Zona Atlántica, Limón, through judgment No. 2024000475, at ten hours forty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-four, resolved: “**POR TANTO:** 'In accordance with the arguments and legal citations set forth, the defenses of lack of standing to sue, lack of standing to be sued, and lack of right regarding the primary and subsidiary claims are upheld; therefore, the lawsuit filed by Hemenegildo Jiménez Jiménez against Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima is declared without merit in all its aspects. Pursuant to Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the plaintiff is ordered to pay the personal and procedural costs of this lawsuit.'” (See in the electronic case file associated documents, first instance judgment dated 20/08/2024 10:41:04).

**V.- Appeal.** Attorney Raúl Méndez Contreras, in his capacity as special judicial attorney for the plaintiff, filed an appeal. The appellant's grievances challenge the evaluation of the evidence incorporated in the appealed decision. 1. Regarding the demonstration of improvements. The judgment concludes a lack of demonstration of the improvements and maintenance, which he considers untrue. He states, what the witnesses for the defendant company indicate: José Magdiel Collado and Marlon Quijano Castillo, is that it has been the company Del Monte that has carried out maintenance of the parent farm. Without specifying that Del Monte performed maintenance on the land in the plaintiff's possession, therefore such assertion cannot be credited to them, since they refer to a farm that has more than five million square meters and the actor's consolidated right is a land with an approximate measurement of only 200 square meters, which he has maintained in good faith possession since 2014. He proceeds to describe the testimony of Federico Abrego Abrego, who states he has known the plaintiff since 2005 when he began working with BANDECO. He testified the plaintiff had land in front of the yard, which he maintains, where he had yucca and malanga crops for self-consumption. He cited, the crop reached up to a meter and a half and was ordered cut down by the company. He indicates, Hermenegildo inhabits a house in the quadrant in housing assigned by Del Monte, where a contract was signed to occupy a dwelling, like all workers who sign a housing contract. That the exterior is deteriorated and he lives with his family. He does not know if the plaintiff has given it maintenance and knows the company has not done so. He indicates, it seems to him that Corbana gave it its last maintenance in 2005, due to the “llena grande” (great flood) that occurred. The house has water and electricity that was cut off. He does not know if the plaintiff was notified of any eviction for the house he inhabits. He added, Hermenegildo stopped working for the company Del Monte on January 16, 2015, the housing has always been free, they did pay for the electricity. Corbana is the owner of the farm where they were located, they signed a lease contract in 2005, later they renewed at the end of 2014 and leased again until making another lease contract. Furthermore, he refers to the testimony of Magdiel Collado who stated that Corbana is the registered owner of a lease contract signed with Del Monte in September 2004, which is still in effect. This contract's purpose is the production and export of Caben type bananas. An annex was mentioned detailing the assets Corbana delivered to Del Monte to operate on the farms, including industrial areas, packing plants, warehouses, and housing for employees. The witness indicated that Del Monte is responsible for the cleaning and maintenance of the facilities, as well as the infrastructure and green areas. According to the contract, there are specific clauses regulating the free use of the housing assigned to employees, establishing a period of 8 to 15 days to return them upon termination of the employment relationship. Cooking with firewood and sowing crops on these properties is also prohibited. Additionally, the witness mentioned that in 2016, administrative eviction processes were initiated related to electrical consumption, since Del Monte receives a significant invoice from the local electric provider. This highlights the importance of monitoring the meters by Del Monte to manage the costs associated with the use of the housing and other services on the farm. The witness explained that the water used comes from wells built by Corbana, whose fees are currently paid by Del Monte, which has custody of the wells. This company distributes the water free of charge to the housing areas every three weeks. The witness also prepares reports on agricultural and infrastructure observations for Corbana's management. During cross-examination, a statement was made about the contracts for free use of housing. He cited the contracts are part of a well-structured internal procedure of Del Monte, applicable to all workers, both field and administrative. He also recalled having participated in the maintenance and painting of the housing, which is owned by Corbana. Regarding the testimony of Marlon Quijano Castillo, he cited being an administrative coordinator who supervises 69 hectares in the agroforestry subsidiary. The witness indicated that Corbana is the owner of the farm where banana planting is carried out and that it maintains a current lease contract with Del Monte. This contract allows Del Monte to assign housing to its workers free of charge and he knows this because his wife worked there and received a house. He described, Del Monte is responsible for the cleaning and maintenance of the facilities, as well as for waste and drainage management. He clarified that upon termination of the employment relationship, Del Monte requests the return of the housing within a period of 15 days. Additionally, sowing in the adjacent yards is prohibited, as detailed in the contract. He stated, electricity is provided by ICE and Del Monte pays the bill, which is later deducted from the workers. Water is free, coming from internal wells on the property. He mentioned that among his functions, he makes annual visits to carry out asset inventories on the farm, which include houses and equipment. Also, there is signage on the farm indicating that it is private property and that he works in an agroforestry subsidiary where he supervises 240 hectares, including 69 hectares dedicated to melina planting under payment for environmental services (pago de servicio ambiental). The witness mentioned that he cannot confirm if all the contracts for housing use are the same, but he assumes they are, based on his wife's contract. He affirmed that Del Monte performs maintenance in the area where Hermenegildo resides, maintaining the lawn and areas around the houses. However, he could not remember when the last specific maintenance was on Hermenegildo's dwelling. The witness Samiquel Railan Juquer cited being a day laborer and friend of Hermenegildo. He related that he met Hermenegildo on the Sixaola farm and confirmed that he has land in possession, where he was in charge of cleaning and maintenance. Hermenegildo sowed crops like plantain and yucca, although some were pulled out by Del Monte officials. The witness also indicated that Hermenegildo lives with his wife and children in a house assigned by Del Monte, which is deteriorated and without electricity. He has not seen the company perform maintenance on the dwelling. In cross-examination, it was reaffirmed that Corbana is the owner of the farm leased to Del Monte since 2004, and that Hermenegildo did not receive an eviction notification. He refutes, the plaintiff's witnesses stated that Hermenegildo has maintained the land for years, carrying out tasks such as cleaning and weed cutting (chapea), and they pointed out the lack of preventive maintenance by Del Monte since 2005. In contrast, the defendant company's witnesses only referred to general maintenance on the farm without specifying the state of the disputed land. He outlines as a grievance, the testimonial statements of the defendant company concern the general maintenance of the farm and the housing, without addressing the portion of the disputed land, which covers approximately 200 square meters and has been under Hermenegildo's possession since 2014. He accuses an erroneous evidentiary assessment that demonstrates Hermenegildo's possession of the land, which is regulated by the Ley de Jurisdicción Agraria. He proceeds to review aspects inherent to the institution of improvements in their various types according to resolutions of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Those of pure ornament can be removed by the good faith possessor, provided the legitimate possessor of the property does not prefer to keep them by paying their value. The bad faith possessor has no right to remove them or to claim anything. He cites Sala Primera judgment No. 13-F-93 and 60-F-95, relating to reivindicación (action to recover property) and the liquidation of the possessory status, arguing that it is applicable when an administrative eviction occurs, since whoever recovers possession cannot illegitimately benefit from the improvements of the previous possessor, even if in bad faith, so he considers that necessary and useful improvements must be paid (Article 330 of the Código Civil). He indicates the foregoing must be applied to the plaintiff and his liquidation of the possessory status. That he has been a good faith possessor, has cared for and maintained the property since 2014, after the Company abandoned the property, with animus domini, and fulfilling its social function by working and using it for more than nine years, with an act of good faith, which gives him the right to be compensated for the improvements introduced. 2. Regarding costs, he has acted in good faith and should be exempted from the award of costs, having had all the right to bring this proceeding and appear before the Courts of Justice, without being able to anticipate with total certainty. It is not appropriate to impute bad faith actions to him, when he did so under the protection of the legal system; without any evidence existing. He requests the reversal of costs. (See electronic case file, filings tray 27/09/2024).

**VI.** The set of proven facts is shared as having good support in the case file. The facts not proven are also endorsed, as the plaintiff did not prove what was indicated therein.

**VII.** Having analyzed the grievances, this Instance concludes that the appellant does not bear reason in his grievances. First, it is necessary to reiterate what the Tribunal has said about the assessment of evidence: “... IV. The assessment or appreciation of judicial evidence is, in agrarian matters, the mental operation performed by the agrarian judge, whose purpose is to know the merit or conviction value of the facts, which can be deduced from the content of the evidentiary elements. It is a procedural activity exclusive to the agrarian judge. The result of the proceeding depends on it. The assessment of evidence is necessary for the verification of facts, to discover the real truth. There are two systems for the appreciation of evidence. The legal tariff system and the free appreciation system. Free appreciation must be reasoned, critical, and must be based on logic, experience, psychology, and sound judgment. It is not arbitrary. The judge's conviction must be explained in the reasoning of the judgment. This guarantees publicity and adversarial proceedings as part of due process. By legal proof is understood those that, according to law, are admissible in the proceeding, since the law indicates the means of proof in a taxative manner or allowing the inclusion of others. Evidence is appreciated subject to prior legal rules in the legal tariff system, although there could be attenuations. Therefore, the reasoning of the judgment is not characteristic of a legal tariff system. A legal tariff system cannot be conceived without simultaneously indicating the admissible means of proof, because if the judge were left free to consider as such those that according to his criteria have conviction value, it would be impossible to indicate their merit in the law beforehand. The legal tariff system was justified to give greater confidence to justice, to subject judgments to the law and free them from the arbitrariness or ignorance of judges, achieving uniformity in rulings. Among its disadvantages and inconveniences are noted: 1. It mechanizes or automates the judge's function, taking away his personality and preventing him from forming a personal criterion, since the solutions are given by law against a logical and reasoned conviction. 2. It leads to declaring as truth a formal appearance. 3. A divorce occurs between justice and the judgment. The purpose of justice is sacrificed for abstract formulas and contact with reality is lost.- V. The result of evidentiary activity may vary, depending on whether the judge must conform to the legal reasons he is obliged to deduce from an assessment of the means adduced or, on the contrary, can assess them with his own criterion. The judge takes the motives of conviction from the law or from his personal appreciation. For truth to triumph, for the public interest purpose of the proceeding to be obtained and for it not to be an uncertain adventure whose outcome depends on the skill of the litigating lawyers, it is essential that, in addition to the free appreciation of evidence, the civil judge has inquisitorial powers to present those that, according to his best knowledge and understanding, he considers convenient for the clarification of the facts that the parties affirm. Only in this way will the equality of the parties in the proceeding and true democracy in justice be obtained.\" (DEVIS ECHANDIA, Tratado de la prueba judicial, p. 111). Free evaluation of evidence is a fundamental principle of the oral process, and therefore of the agrarian process. It derives from the inquisitorial powers of the adjudicator, for the ex officio investigation of the facts, which could even lead to the power to decide ultra petita partium, recognized for processes of a social nature. There is a general interest of the community, so that the Judge, using all his powers, makes truth and justice triumph, instead of skill or economic power. The system of free evaluation of evidence cannot be confused with a \"mixed\" one. \"There are no mixed systems: either the judge has freedom of appreciation or he does not; there is no freedom by halves. When the law imposes assessment rules for certain evidence and leaves it to the judge to determine the conviction force of others or allows him to qualify its content to reject them despite formally meeting the requirements for their obligatory nature, there are attenuations to the legal tariff system and not a mixed system.\"(DEVIS ECHANDIA, op. cit., p. 95) The judge has freedom, or does not, to appreciate the elements of proof. He cannot have it by halves. Therefore, in this system, the reasoning of the judgment is imposed with criteria of equity and law, and it becomes a constitutional guarantee of due process. In the system of free assessment (or free conviction, or appreciation by conscience by professionals) the free formation of conviction governs, through the reasoned and logical personal criticism of the judge. Free appreciation and free conviction express the idea of freedom. The judge is free to adopt -rationally- the conclusion that appears deducible from the evidentiary element.- VI. The free appreciation of evidence must have as a guarantee the publicity and controversy of the evidence, the prohibition of taking into account evidence not brought to the proceeding or the personal knowledge of the judge, the obligation to rule on the evidence provided, the cultural preparation of agrarian judges; the doctrine and the dissemination of agrarian jurisprudence, both from the Tribunal and from the Sala de Casación. Despite the foregoing, the doctrine indicates that the norms contained in the substantive codes, regarding the formalities for the validity of certain acts or contracts, do not exclude free procedural appreciation. Substantive formalities are required, for example for a donation, or to prove contracts of a certain amount. But in agrarian matters, due to the force of custom, this should not be a limitation. Therefore, the Agrarian Judge must: \"Analyze motives, discern the various grades of intention, unravel the causes that influence sensitivity, assess one testimony against another, weigh a particular testimony against a general probability, represents operations that suppose a great study of the human heart...(BETHAM: Tratado de las pruebas judiciales, Buenos Aires, Edit. Ejea, 1959, t. I, p. 45, cited by DEVIS ECHANDIA). A fundamental aspect is the specialization of judges in agrarian matters. The Agrarian Judge comes into contact with the facts through perception or observation \"in situ\", direct and immediate. He uses his senses for their appreciation, and determines with the greatest possible accuracy the fact, the relationship, the document, or the person object of it. Perception must be meticulous and careful. Once the evidentiary elements are appreciated, he proceeds to their historical reconstruction, as a whole, classifying them according to their nature, time, and circumstances of the reality that is being reconstructed. To do this, he induces conclusions from the data to gradually form his conviction, uses reasoning, the rules of experience and logic, from where he deduces evidentiary consequences. Logic is fundamental. But it is not pure syllogism. When the law allows the agrarian judge free evidentiary appreciation, the premise is the rule of experience that he knows and applies in the agrarian field. The basis of the reasoning is the external and internal experience of the agrarian reality -and the environment in which it unfolds- and of the moral order. Therefore, imagination, psychology, and sociology are added to the Agrarian Judge's assessment. This has been repeatedly established by the Tribunal Superior Agrario, when drafting rulings. The rules or maxims of experience serve him to reject the statements of the witness, or the confession of the party, or what is related in a document, or the conclusions intended to be obtained from the evidence, and even the opinion of experts. The agrarian judge's conviction is a purely psychological act, applied to a specific, living situation, typical of the agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness says, or of a party, to justly assess its value. But he must also analyze the social experience, the environment -agrarian world- where the conflict unfolds, and even the culture and behavior of the peasant. Therefore, on one hand, the authenticity and sincerity of each piece of evidence must be taken into account when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, determine its accuracy and credibility. This guarantees the principles of loyalty and probity in the result of the evidentiary element...\". (Tribunal Agrario, No. 100 at 9:30 hours on February 10, 1999). Hence, the appellant's argument about erroneous assessment of the evidence is not admissible, because, as has been indicated, in agrarian matters, the adjudicators have free appreciation of the evidence, which requires expressing the equity and legal grounds on which the judgment is based, which was done in this case complying with what is required in Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria.

**VIII.** Regarding the substantive aspects, the judgment made a correct appreciation of the evidentiary element, in accordance with the powers granted by Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and has given the legal qualification that corresponds to such elements and the specific factual situation demonstrated with the evidence provided in the case file. This Tribunal considers that the appellant is not correct in stating that a biased solution is given to the specific case. On the contrary, the judgment analyzes the requirements of the action brought, in this case, "better right of possession" alleged by the plaintiff to have within the disputed property, without being able to demonstrate the essential elements for the protective action to prosper or else the liquidation of improvements. Our legal system is based on democratic principles and on constitutionally enshrined rights and values. On one hand, the Constitución Política enshrines the right of property as a legal institution, and guarantees its free enjoyment and use, attending to the nature of the property in question, but respecting the public interest, since no one can abusively enjoy a right to the detriment of the community. Property, as a legal institution, is divided into species, among them is agrarian property, which likewise enjoys constitutional protection, and must also enjoy legal certainty, and protective actions are granted to the owner to make use of them in case they are harmed by the actions of third parties. The real right of agrarian property represents full ownership, when exercised in all its attributes. The right of possession can be acquired independently of property, provided the conditions required by the Código Civil are met: public, peaceful, uninterrupted, good faith possession, and for more than one year. Such possession must be exercised as owner, through the exercise of stable and effective agrarian possessory acts, tending to cultivate and improve the property. When it is consolidated, it is a right of possession, independently of property, the possessor can even acquire the property by agrarian usucapión, provided the registered holder, that is, the agrarian owner, who has the right to enjoy the ownership attributes, does not interrupt that exercise, through the protective actions of property or possession.

**IX.** In the sub judice, it was proven that the property subject to the litis, is part of the registered farm of Limón number 139042-000, in the name of the plaintiff CORBANA, plotted on cadastral map number L-1529027-2011, measuring 5,414,169 square meters; it is forest land, banana plantation, office, housing, and packing plant (see lawsuit in images 1 to 15, 29 to 34, answer images 82 to 97, certification in image 21 to 22 of pdf file). It is also demonstrated that on said property there are dwelling houses, among them, the house and green area where the plaintiff here lives, and it forms part of the defendant's property (see proven fact 1 and 2). The property, in its entirety, has been leased by CORBANA to Corporación Agrícola del Monte, for banana production. The lessee provides the housing where the workers live free of charge (testimony of Federico Abrego Abrego, José Magdiel Collado Romero, Samiquel Railan Juquer supported on compact disc in a file named after each declarant). Consequently, it is evident that the plaintiff lacks standing to sue, to claim a right of possession, as owner, and, much less, the collection for improvements, given that he lacks a legitimate title to possess and is in a situation of mere tolerance. Note that in the lawsuit itself, the plaintiff indicates that he has \"...been occupying the place quietly, publicly, peacefully, uninterruptedly, carrying out cleaning and maintenance tasks...\"(see first fact of the lawsuit, in image 3 to 13 electronic file), from which this Tribunal infers that the plaintiff does not possess with \"animus domini\", that is, with the intention of being the owner, but rather as an occupant in precario (at will), and as such has carried out maintenance tasks, which cannot be considered agrarian possessory acts properly speaking, but rather complementary acts to what could be a true agrarian possession. Furthermore, regarding good or bad faith, in our legal system, \"good faith\" is presumed (articles 283 to 285 of the Código Civil). In this matter, said principle does not apply because it is evident that the plaintiff acknowledges he occupies a property belonging to another.

Furthermore, it is public and notorious that in these cases the dwelling houses are situated within lands designated by their owners or lessees, as part of the fundus instructus, that is, as part of the housing necessary for the development of the banana agricultural activity. Additionally, what was indicated by the cited declarants must be considered, as they concur that between the plaintiff CORBANA and the company Del Montes there exists a lease agreement and the latter permits the use of the dwellings to the workers free of charge (WITNESS TESTIMONY AUDIO part of the case file). Consequently, there is also no standing to be sued (legitimación pasiva), since the defendant, the Corporación Bananera Nacional, is the registered titleholder of the property occupied by the plaintiff. The lack of right is evident, as the plaintiff does not demonstrate possession as owner, with the intention of appropriating it, in good faith, nor did he demonstrate improvements of an agrarian nature (acts directed at developing an organized agrarian activity aimed at the production or breeding of animals or plants). Moreover, the property, as determined in the judicial inspection conducted (record image 275 digital case file PDF audio mode), forms part of the property of the defendant company. Furthermore, the witnesses were clear in indicating this circumstance, adding also that the Corporación Agrícola del Monte lends these dwellings, free of charge, to the workers, with the warning that they cannot cultivate crops, according to the testimony cited in the same appeal brief supported by audio part of the proceedings; evidence not challenged in the appeal. In a case similar to the one now before us, with the difference that the lawsuit was filed against the Compañía Del Monte, this Court emphasized the following: "The appellant seeks to challenge the judgment based on evidentiary assessment judgments regarding the apparent crops and their destruction. However, it must be remembered that in agrarian matters, the principle of free evidentiary assessment applies (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria). Given that in the instant case, the trial court Judge provided objective reasons, assessing the entirety of the evidence, for concluding that there are no improvements and, therefore, no right to compensation. But aside from the foregoing, the Court considers that in this particular case the trial court should not even have analyzed the substantive right, since it should first have examined whether there was standing to sue and standing to be sued (exceptions raised by the defendant). Regarding standing to sue (legitimación activa), evidently there is none. The plaintiff at no time claims a superior right of possession; on the contrary, he confesses to having entered with the consent of the defendant, and being there by mere tolerance after his employment relationship ended (first fact of the complaint, image 2), therefore he cannot generate any substantive right, such as a right of possession. That is, he was not actively legitimized to sue, being a mere holder of the property over the thing, by a reason of mere liberality. In accordance with article 279 of the Civil Code, subsection 1 'Acts facultative or of simple tolerance do not grant the right of possession.' On the other hand, there is neither standing to sue nor standing to be sued, since in the complaint the same plaintiff states that the farm belongs to Corporación Bananera Nacional but that the one who has requested the eviction is the company Corporación Agrícola del Monte, which is the lessee of the property. Corporación Bananera Nacional, when answering the complaint, states that it has leased the farm to Corporación Agrícola Del Monte and has no knowledge of who is on the property or the conditions under which they may be there, and this is acknowledged by the same plaintiff in his complaint when stating in fact "...Fourth: That as of March 28, 2016, my client receives an eviction notice from the company Corporación Agrícola del Monte who states it is the lessee of the company CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA without any justification and without any kind of reparation for my client." . From the foregoing, a lack of standing to be sued (legitimación pasiva) clearly emerges by directly filing a lawsuit against CORBANA for such facts, since the accused facts are directed at the actions of Corporación Agrícola Del Monte and not of the defendant here. Moreover, regarding a superior right of possession against the registered owner, in this case CORBANA, it is a lawsuit lacking an essential prerequisite such as standing to be sued, which makes the principal claim clearly inadmissible given it fails to meet one of the basic prerequisites of the action. This case concerns an ordinary proceeding for a superior right of possession filed by the appellant against CORBANA, which is the registered owner of farm Partido de Limón N° 139042-000 described in plan L-1529027-2011. In principle, it has been said that a superior right of possession lawsuit is between possessors, not against a registered owner since the latter is not an illegitimate possessor. Regarding the impossibility of filing a publiciana action claim against a registered owner, this Court has held: IV.- It is important to make the appellant see that he is not correct in what was expressed in his grievances for the following reasons: The action for a superior possessory right is brought between possessors to demonstrate a better right of possession, which is not pertinent to the case at hand since a registered property is being discussed and the lawsuit is directed against a registered titleholder of the property. Furthermore, note that he provides a registration certification for farm No. 153987-000, belonging to the Corporación Bananera Nacional. That is, it was not legitimized to be sued, and even less for actions of a third party (Corporación del Monte) as analyzed supra. Hence it was unnecessary to analyze the merits of the matter regarding the existence or not of improvements" (see in the same sense rulings of this Agrarian Court, Ruling No. 1064-F-2022 of 8:15 a.m. on November 3, 2022 and ruling No. 2023000961 of 1:48 p.m. on November 9, 2023).

X. Finally, regarding costs, the Ley de Jurisdicción Agraria in section 55 states: “Judgments, as well as resolutions that conclude the proceedings, shall contain a ruling on costs. The losing party may be exempted from paying personal costs, and even procedural costs, when it is evident that they have litigated in good faith, because, in the court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or because the claims of the winning party ultimately proved disproportionate” (on the scope of this rule one may consult ruling number 26 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, of 11:15 a.m. on May 13, 1994). The rule contained in the transcribed norm reflects the principle of objective defeat, which implies that the standard is to order payment for the fact of being unsuccessful in one's claims. However, in an extraordinary manner, the party who was defeated may be exempted from paying such items. To verify this event, the manner of litigation of the party who is initially obligated to pay them is analyzed, which is litigating in good faith. Another option is when the claim or counterclaim includes exaggerated claims; one could also be facing exemption when the judgment partially grants the substantial requests of the claim or counterclaim, or if the decision admits significant defenses requested by the losing party; finally, there is the scenario of mutual defeat. Exemption from paying costs constitutes a power granted to the adjudicator, without implying a violation of the legal system, with the obligation to state the reasons for adopting such a position. In this matter, this Chamber observes no reason whatsoever to exempt him from paying costs. In the instant case, contrary to what was indicated by the appellant, this Court considers that there has been no good faith, when seeking a claim for improvements, since he entered as an occupant of the dwelling house, in a precarious relationship, upon it being lent to him as a worker and he knew the property belongs to the defendant here. Added to the foregoing, he lacks standing in the matter, both active and passive, to sue. Furthermore, the requested claim is totally illogical since he claims to be on a small plot of land with a house, yet requests that the possession in good faith exercised by the plaintiff be declared and the monetary investment in improvements and maintenance of the farm Partido de Limón number 139042-000 be recognized. From the above-mentioned testimonies, it follows that the maintenance was carried out by the Compañía Del Monte under the lease agreement with the defendant CORBANA, considering it is an inheritance of more than five hundred hectares. See a similar matter precedent from this Chamber, number 963-2023 of 09:40 a.m. on November 15, 2023.

POR TANTO:

As to the matter appealed, judgment N° 2024000475 of ten hours and forty-one minutes on the twentieth of August of the year two thousand twenty-four is confirmed.

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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 20-000317-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

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SCIJ de la Procuraduría General de la República