Res. 08740-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Precautionary measure denied in indigenous land disputeMedida cautelar denegada en disputa territorial indígena

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08740 - 2024

Fecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2024 a las 10:25

Expediente: 18-000063-1555-AG

Redactado por: María Fernanda Herrera Fonseca

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

*180000631555AG*

 

EXPEDIENTE:

	

18-000063-1555-AG - 1




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS




DEMANDADO/A:

	

ADI DE SALITRE DE BUENOS AIRES

 

 N° 2024008740

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con venticinco minutos del venticinco de Noviembre del dos mil venticuatro.-

 

  MEDIDA CAUTELAR interpuesta por LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, en contra de EL ESTADO, representado por HEILYN SAENZ CALDERÓN en su condición de procuradora adjunta; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, representado por ROBERTO GARCÍA MONTERO, en calidad de defensor público; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por KARINA CASTRO LEITÓN en    calidad de apoderada especial judicial; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) representado por PAULA POVEDA VARGAS y SAMUEL DELGADO ROJAS.

 

CONSIDERANDO

 I) ANTECEDENTES DE INTERÉS:  a-) En escrito incorporado en fecha 3 de setiembre del 2024, la parte actora formula medida cautelar solicitando se ordene a los demandados abstenerse de perturbar la posesión ejercida sobre el inmueble (imágenes 2-25 del legajo cautelar) b-)  En resolución de las diez horas treinta y tres minutos del tres de setiembre de dos mil veinticuatro; este tribunal concedió audiencia a la parte demandada (imagen 26 del legajo cautelar). c-) La ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE, no se pronunció respecto a la gestión cautelar (los autos). d-)  El INSTITUTO DE DESARROLLO RURA (INDER) en fecha 4 de setiembre del 2024, contestó la medida cautelar y solicitó se rechace la misma (imágenes 36-44 del legajo cautelar). e-) El ESTADO no se pronunció respecto a la gestión cautelar (los autos).              f-) El  señor SAMUEL DELGADO ROJAS, en escrito del 4 de setiembre del 2024,  contestó en forma negativa la gestión y solicitó su rechazo (imágenes 44-48).

 

 II) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. la doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio; sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de quien juzga de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego; es decir, entre la circunstancia de los y las particulares por un lado, el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte  instrumental y provisional.

 

 III)  REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR: Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional, que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida,  el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris), peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante;  la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado a llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a)  apariencia de buen derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) peligro en la mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se puede llevar a cabo con prontitud, al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude a peticionar una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.

 

 IV) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo  tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

 

 V) ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONANTE: La parte actora presenta la medida cautelar solicitando se ordene a los demandados abstenerse de perturbar la posesión ejercida sobre el inmueble al considera que es poseedor de buena fe. Omite desarrollar los presupuestos cautelares.

 

 VI) ARGUMENTOS DE LOS DEMANDADOS: A- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE: No se pronunció al respecto. B- INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER):  Sostiene que el actor ni siquiera menciona, desarrolla, o demuestra la existencia de los presupuestos de los artículos 20, 21 y 22 del CPCA para otorgar una medida cautelar. Sostiene que el terreno exige un régimen especial de protección al ubicarse en zona indígena por lo que al amparo de la Ley Indígena nace una obligación de protección de derechos de posesión a favor de las personas indígenas y que las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), conforme lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico, son quienes representan judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, y son las encargadas de determinar quien es o no indígena,y que la posesión del actor se ha dado de mala fe, por lo que solicita el rechazo de la gestión cautelar. C- EL ESTADO: No se pronunció respecto a la gestión cautelar. D- SAMUEL DELGADO ROJAS: Manifiesta que no se detalla la fundamentación fáctica ni jurídica de la solicitud cautelar. Alega que no se ha dado ninguna perturbación a la posesión del actor, la cual a su criterio, no es de buena fe, porque el terreno se encuentra en territorio indígena por lo que solicita el rechazo de la gestión cautelar.

 

 VII) SOBRE EL CASO CONCRETO: Partiendo de lo anteriormente expuesto, se procede a realizar el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. APARIENCIA DE BUEN DERECHO: de los argumentos externados por las partes involucradas en este asunto, esta juzgadora considera que este elemento se encuentra presente en el caso que nos ocupa, de manera que podrá entrarse a analizar en un proceso de conocimiento a quién corresponde la posesión del terreno de sita: Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas y si el mismo forma parte del territorio indígena. Como se observa, la parte actora presenta una teoría del caso razonablemente motivada. Es claro para esta juzgadora que  analizar a quien corresponde el terreno, si sobre la posesión han mediado actos legítimos, o por el contrario, han sido ilegítimos son situaciones ajenas a la tutela cautelar, esto al tenor del de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Es evidente que tanto en el escrito de interposición de la gestión cautelar y en la contestación rendida por los demandados hay elementos que deben ser cuestionados y resueltos en en el proceso de fondo. En esta línea de pensamiento, debe considerarse que la tutela cautelar se da para garantizar y proteger, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia y de las situaciones jurídico sustanciales, más no para analizar el fondo del proceso que deberá ser discutido en el proceso principal, hacerlo de otro modo, solo permeará el procedimiento cautelar de tonalidades impropias que generarían como consecuencia que quienes acudan a esta instancia lo hagan con la pretensión que debe ser resuelta por el fondo, sin así serlo; y todo en atención a la naturaleza expedita con la que el proceso cautelar debe analizarse.  Aunado a ello no podemos dejar de lado, que la competencia de esta jurisdicción derivada tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. La apariencia de buen derecho  en sí, es un juicio de probabilidades que hace la persona juzgadora del resultado eventual del proceso, lo cual al encontrarnos ante una medida cautelar, y mas aún como la presente que es ante causam, es prematuro advertir la procedencia de la misma o no, por cuanto los argumentos y probanzas que fundamentarán la causa de conocimiento, podrían ser distintos al que hoy día nos ocupa. Así las cosas y al menos en esta instancia y sin prejuzgar sobre el asunto, lo cierto es que a criterio de esta juzgadora lo relatado guarda la seriedad necesaria para tener por acreditado el presupuesto de apariencia de buen derecho.  

 En cuanto al PELIGRO EN LA DEMORA: como se indicó en el considerando anterior, para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios, graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. Dicho daño deberá alcanzar una magnitud de gravedad, y esa gravedad únicamente se podrá constatar con la prueba pertinente, necesaria y contundente para evidenciarlo; carga procesal que de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil, el cual por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, le corresponde a quien formule una pretensión, respecto a los hechos constitutivos de su derecho. A criterio de esta juzgadora, no se desprenden elementos probatorios concretos ni circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave. Como se observa el actor no fundamenta ni desarrolla los presupuestos cautelares y se limita a señalar que la posesión que ha venido realizando sobre el terreno en disputa lo ha hecho de buena fe,  y aporta documentación que podría ser analizada en el proceso de conocimiento a fin de determinar si la posesión ha sido o no ejercida de buena fe, pero no en un proceso cautelar, en el cual, como se indicó, el fondo del proceso no se entra a analizar.   De esta manera, no podría presumirse el daño que pueda estar afrontando el solicitante, cuando no se ha encargado ni siquiera de desarrollar el presupuesto y menos elementos probatorios que permita analizar el daño.  Mucho se ha insistido, el daño es el requisito más elemental para que proceda la tutela cautelar, y tal y como se señaló desde el inicio de este apartado, le corresponde demostrarlo a quien formule una pretensión, respecto a los hechos constitutivos de su derecho.Tal y como se indicó anteriormente, no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que debe probarse; situación que no acontece en este caso. Se debe de indicar, que esta jurisdicción  ha sido rigurosa o exigente para tener por acreditado el presupuesto analizado, ya que siempre, independientemente del tema y/o materia puesta a conocimiento de este tribunal, la parte que acude a este tipo de gestiones, deberá demostrar con la prueba adecuada, necesaria y pertinente que su situación particular es urgente, pero más que ello deberá demostrar que su situación particular es grave para poder alcanzar la tutela cautelar, y esto se supera no solamente aportando gran cantidad de prueba, sino que la prueba que se aporte venga a evidenciar sin ningún cuestionamiento, esa gravedad que podría experimentar en el caso de ejecución de una determinación administrativa; y en el caso bajo análisis, no hay ni siquiera elementos por analizar.  Con este panorama, es necesario el insistir que no se puede dejar de lado que el daño que se pretende evitar por medio de este tipo de gestiones, no puede ser irreal, tampoco hipotético y menos abstracto; ya que el mismo debe de ser real, evidente, manifiesto y contundente, de modo tal que si no se comprueba con claridad que daño va a producir en la esfera jurídica de la parte, no puede ser tutelable por medio de este tipo de gestiones. Siendo así y a falta de prueba necesaria, pertinente, contundente, palpable y constatable, no se puede tener por acreditado el presupuesto analizado.

 Finalmente, acerca de la PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados. Por ello, tomando en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar, por lo que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, y menos actual; no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público. Adicional a ello, siendo que en bajo la misma sumaria, al señor SAMUEL DELGADO ROJAS, se otorgó una medida cautelar en la cual se ponderó el daño ambiental y la protección al terreno indígena en disputa, resulta improcedente realizar un análisis en contra.

 

    VIII) COSTAS: Partiendo del hecho de que al tratarse de una justicia cautelar, la condena en costas no está prevista en razón de que los gestionantes no pueden considerarse "vencidos", puesto que no se ha emitido un pronunciamiento sobre el asunto fondo, se resuelve sin especial condenatoria en costas. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 90-2011, de las 13:30 horas, 16 de marzo, 2011).

 

POR TANTO

    De conformidad con lo expuesto en los apartados precedentes se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS  , en contra de EL ESTADO, representado por Heilyn Saenz Calderón en su condición de procuradora adjunta; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, representado por Roberto García Montero, en calidad de defensor público; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Karina Castro Leitón en    calidad de apoderada especial judicial; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) representado por Paula Poveda Vargas y SAMUEL DELGADO ROJAS. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE. MARÍA FERNANDA HERRERA FONSECA, JUEZA.  MHERRERAF

 

 




- Código Verificador -
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KETCRNZG7UE61



 

Documento firmado por:

MARIA FERNANDA HERRERA FONSECA, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 18-000063-1555-AG

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:38:27.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

18-000063-1555-AG - 1

PROCESO:

PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR)

ACTOR/A:

LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS

DEMANDADO/A:

ADI DE SALITRE DE BUENOS AIRES

N° 2024008740

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten hours twenty-five minutes on the twenty-fifth of November, two thousand twenty-four.-

PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) filed by LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, against EL ESTADO, represented by HEILYN SAENZ CALDERÓN in her capacity as deputy state attorney; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, represented by ROBERTO GARCÍA MONTERO, in his capacity as public defender; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by KARINA CASTRO LEITÓN in her capacity as special judicial attorney; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) represented by PAULA POVEDA VARGAS and SAMUEL DELGADO ROJAS.

CONSIDERANDO

I) RELEVANT BACKGROUND: a-) In a filing incorporated on September 3, 2024, the plaintiff files a precautionary measure (medida cautelar) requesting that the defendants be ordered to refrain from disturbing the possession exercised over the property (images 2-25 of the precautionary measure dossier). b-) In a resolution issued at ten hours thirty-three minutes on September third, two thousand twenty-four, this court granted a hearing to the defendants (image 26 of the precautionary measure dossier). c-) The ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE did not comment on the precautionary request (the record). d-) The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), on September 4, 2024, responded to the precautionary measure (medida cautelar) and requested that it be rejected (images 36-44 of the precautionary measure dossier). e-) EL ESTADO did not comment on the precautionary request (the record). f-) Mr. SAMUEL DELGADO ROJAS, in a filing dated September 4, 2024, responded negatively to the request and sought its rejection (images 44-48).

II) GENERAL PRINCIPLES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR): As developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment (resolution 7190-1994, at 15:24 hours on December 6). In this same vein, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of ordering a precautionary measure (medida cautelar) is to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment. Doctrine has indicated that the purpose of precautionary justice is not to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an undisputed right, nor to settle a dispute; but rather to prevent the damages that litigation may bring or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Being clear on the foregoing, the judge, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the admissibility of a request for a precautionary measure (medida cautelar), verifying to that effect that the claim in the main proceedings is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether, in the case in question, what doctrine and jurisprudence have called the appearance of a good right or fumus boni iuris exists. The rule under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure (medida cautelar) when the execution or continuation of the conduct subject to proceedings produces serious damages or harm, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious damage may be generated to the petitioner (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the judge to perform, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake; that is, between the circumstances of the individuals on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure (medida cautelar), on the other. Additionally, and from the same cited numeral 22, it is required that the precautionary measure (medida cautelar) be instrumental and provisional.

III) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ADMITTING A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR): In this regard, it has been stated that for the fulfillment of precautionary protection, as a fundamental right derived from constitutional numeral 41, which is the right to obtain prompt and fulfilled justice, the jurisdictional body must assess for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the requirements known in doctrine as appearance of a good right (Fumus Boni Iuris), danger in delay (Periculum in Mora), as well as the balancing of interests at stake, which will be detailed below; the verification of the presence or existence of what have been called the structural characteristics of the precautionary measure (medida cautelar). The foregoing refers to instrumentality, provisionality, urgency, and the summaria cognitio or summary nature of the procedure. Both the indicated requirements and the specified characteristics must be present for the granting of the measure that has been requested with the purpose of provisionally protecting and guaranteeing the object of the process and the effectiveness of the judgment. Regarding the necessary requirements for granting a precautionary measure (medida cautelar), we find the following: a) appearance of a good right: for the admissibility of the precautionary measure (medida cautelar) there must be "seriousness in the complaint," that is, a probability of success such that the complaint does not appear, at first glance, manifestly lacking in seriousness, or, where appropriate, that it is reckless. For doctrine, this is none other than the probable subsequent estimation of the actor's material right in the judgment, through the analysis proper to a summary proceeding that in no way can or should determine a ruling on the merits of the matter raised, but instead, only an approximation thereto with the elements present at the time of dictating the ruling that grants or denies the measure; b) danger in delay: this consists of the objectively founded and reasonable fear that the alleged substantial legal situation will be seriously damaged or harmed in a grave and irreparable manner, during the time necessary to issue judgment in the main proceedings. This requirement demands the presence of two elements: serious damage or harm and the delay in the main proceedings, without neglecting, of course, that within this requirement lies what doctrine has called the "Bilaterality of the Periculum in Mora" or, as it is commonly known, the balancing of the interests at stake. The requirement alludes to the characteristic that the damages complained of must be susceptible to occurring—currently or potentially—if the requested measure is not adopted. Damages that must be established as serious, in addition to being considered as derived from the alleged situation. The claimed injuries must at least be proven through the rational principle of proof, so it is not enough to claim the damage in the stated terms; rather, the circumstances must be accredited for it to be considered a damage and for that damage to be serious. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of serious, current, or potential damage or harm; it must be proven, which, as mentioned above, is a procedural burden that the interested party must assume to prove their claim. Regarding the delay in the main proceedings: This requirement refers to the situation generated by jurisdictional processes that require, for their development and subsequent conclusion, the performance of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a judgment that, if it cannot be carried out promptly, is at least just. Putting an end to a main proceeding takes time, and it is precisely here that precautionary protection acquires special relevance, because while that decision arrives, serious damages are being avoided, which, if they were to occur, would render the right being claimed nugatory. Regarding the bilaterality of the periculum in mora: This designation alludes to the balancing of the interests at stake, linked to the public interest that may need protection, versus the interest of third parties and, of course, the interest of whoever petitions for a precautionary measure (medida cautelar), the same having to be assessed comparatively, imposing the denial of the measure when the harm suffered or likely to be produced to the community or third parties is greater than that which the applicant for the measure could experience.

IV) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR): As previously noted, in addition to the aforementioned requirements, it is necessary that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: instrumentality, meaning that they have a marked accessory relationship with the final judgment, as they definitively serve as an instrument to maintain the validity of the object of the process in the terms proposed; provisionality, which is no other than that what is agreed regarding the precautionary measure (medida cautelar) will remain in force and conditioned upon what is resolved in the main proceedings. It is worth noting that it can also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or, a measure that was previously rejected may be adopted, as established by numeral 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, so its efficacy is exhausted at the moment the judgment on the merits is issued, or what is the same, it has effects subject to the disposition adopted in the main proceedings; the urgency to avoid the danger in delay; as well as the summaria cognitio, that is, that this type of measures are adopted by virtue of a summary cognition carried out by the jurisdictional body without prejudging the merits of the matter, which in no way could substitute the stages of the main proceedings. Based on the foregoing normative framework for analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure (medida cautelar), we proceed to study the specific case.

V) ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF: The plaintiff files the precautionary measure (medida cautelar) requesting that the defendants be ordered to refrain from disturbing the possession exercised over the property, considering themselves to be a possessor in good faith. The plaintiff omits to develop the precautionary requirements.

VI) ARGUMENTS OF THE DEFENDANTS: A- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE SALITRE: Did not comment on the matter. B- INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER): Argues that the plaintiff does not even mention, develop, or demonstrate the existence of the requirements of Articles 20, 21, and 22 of the CPCA for granting a precautionary measure (medida cautelar). Argues that the land requires a special protection regime as it is located in an indigenous zone, so under the Indigenous Law (Ley Indígena), an obligation for the protection of possession rights arises in favor of indigenous persons, and that the Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), in accordance with what is expressly provided in the legal system, are those who judicially and extrajudicially represent the indigenous communities, and are responsible for determining who is or is not indigenous, and that the plaintiff's possession has been in bad faith, therefore requesting the rejection of the precautionary request. C- EL ESTADO: Did not comment on the precautionary request. D- SAMUEL DELGADO ROJAS: States that the factual and legal basis of the precautionary request is not detailed. Alleges that there has been no disturbance to the plaintiff's possession, which in his view, is not in good faith, because the land is in indigenous territory, therefore requesting the rejection of the precautionary request.

VII) ON THE SPECIFIC CASE: Based on the foregoing, we proceed to carry out the specific study of the elements required by Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in accordance with the arguments of both parties and the elements of proof provided to the file, noting that it is a procedural burden for the interested party, pursuant to Articles 220 of the aforementioned Code and 41 of the Código Procesal Civil, to prove the assertions made in support of their claims. APPEARANCE OF A GOOD RIGHT: from the arguments expressed by the parties involved in this matter, this judge considers that this element is present in the case before us, so it will be possible to analyze in the main proceedings to whom the possession of the land located at: Palmital de Salitre, Buenos Aires Puntarenas corresponds, and whether the same forms part of the indigenous territory. As can be observed, the plaintiff presents a reasonably motivated theory of the case. It is clear to this judge that analyzing to whom the land corresponds, whether legitimate acts have mediated possession, or on the contrary, whether they have been illegitimate, are situations outside the scope of precautionary protection, this pursuant to the provisions of Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. It is evident that both in the filing of the precautionary request and in the response provided by the defendants, there are elements that must be questioned and resolved in the main proceedings. Along this line of thought, it must be considered that precautionary protection exists to provisionally guarantee and protect the object of the process and the effectiveness of the judgment and the substantial legal situations, but not to analyze the merits of the process which must be discussed in the main proceedings; to do otherwise would only permeate the precautionary procedure with improper tones, which would generate as a consequence that those who come to this instance do so with a claim that must be resolved on its merits, without it being so; and all in attention to the expeditious nature with which the precautionary process must be analyzed. Added to this, we cannot ignore that the competence of this jurisdiction, derived both from what is established in Article 49 of the Constitution and what is established in the Código Procesal Contencioso Administrativo, makes it possible to exercise plenary control over the legality of administrative action, which implies declaring the legal non-conformity of those formal or material conducts that are contrary to the body of legality. The appearance of a good right is, in itself, a judgment of probabilities made by the judge regarding the eventual outcome of the process, which, as we are dealing with a precautionary measure (medida cautelar), and even more so one like the present that is ante causam, it is premature to warn of its admissibility or not, since the arguments and evidence that will support the main case could be different from those that concern us today. Thus, at least in this instance and without prejudging the matter, the truth is that in the judgment of this judge, what has been recounted holds the necessary seriousness to deem the requirement of appearance of a good right accredited.

Regarding DANGER IN DELAY: as indicated in the preceding recital, for the admissibility of precautionary protection, it is required by law that the execution or continuation of the administrative conduct subjected to the process produces serious damages or harm, current or potential, in the legal situation of the petitioner. Said damage must reach a magnitude of seriousness, and that seriousness can only be verified with the pertinent, necessary, and conclusive evidence to demonstrate it; a procedural burden which, in accordance with Article 41 of the Código Procesal Civil, applicable by remission of numeral 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, corresponds to whoever formulates a claim, regarding the constitutive facts of their right. In the judgment of this judge, no concrete or detailed evidentiary elements emerge regarding the existence of damage of a serious nature. As can be observed, the plaintiff does not substantiate or develop the precautionary requirements and limits themselves to stating that the possession they have been exercising over the disputed land has been in good faith, and provides documentation that could be analyzed in the main proceedings in order to determine whether the possession has been exercised in good faith or not, but not in a precautionary process, in which, as indicated, the merits of the process are not addressed. Thus, the damage that the applicant may be facing cannot be presumed, when they have not even bothered to develop the requirement, much less provided evidentiary elements that allow analyzing the damage. Much has been insisted, damage is the most basic requirement for precautionary protection to proceed, and as noted from the beginning of this section, it is the responsibility of whoever formulates a claim to demonstrate it, regarding the constitutive facts of their right. As indicated previously, it is not enough to allege the existence of serious, current, or potential damage or harm; it must be proven; a situation that does not occur in this case. It must be stated that this jurisdiction has been rigorous or demanding in deeming the analyzed requirement accredited, given that always, regardless of the subject and/or matter brought to the attention of this court, the party that resorts to this type of request must demonstrate with adequate, necessary, and pertinent evidence that their particular situation is urgent, but more than that, they must demonstrate that their particular situation is serious in order to obtain precautionary protection, and this is overcome not only by providing a large quantity of evidence, but by providing evidence that clearly demonstrates, without any question, that seriousness they could experience in the event of the execution of an administrative determination; and in the case under analysis, there are not even elements to analyze. With this panorama, it is necessary to insist that one cannot ignore that the damage sought to be prevented through this type of request cannot be unreal, nor hypothetical, and even less abstract; since it must be real, evident, manifest, and conclusive, such that if it is not clearly proven what damage will occur to the party's legal sphere, it cannot be protected through this type of request. This being so, and in the absence of necessary, pertinent, conclusive, palpable, and verifiable evidence, the analyzed requirement cannot be deemed accredited.

Finally, regarding the BALANCING OF THE INTERESTS AT STAKE involved in the case, it must be stated that for the admissibility of a precautionary measure (medida cautelar), the simultaneous verification of the legal requirements established in Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is required; however, in this particular case, one of them was discarded, according to what was stated in the preceding sections. Therefore, taking into consideration that to perform the analysis of balancing interests and assessing the eventual affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious damage to the alleged legal situation and the harmed particular interest, which in this case was not demonstrated, and since the existence of serious, and much less current, damage was not demonstrated, one can only conclude that the particular interest must yield to the public interest. In addition to this, given that under the same summary cognition, Mr. SAMUEL DELGADO ROJAS was granted a precautionary measure (medida cautelar) in which the environmental damage and the protection of the disputed indigenous land were weighed, it is improper to perform an analysis to the contrary.

VIII) COSTS: Based on the fact that, as this is a matter of precautionary justice, an order for costs is not provided for, given that the petitioners cannot be considered "defeated" since a ruling on the merits of the matter has not been issued, it is resolved without a special order as to costs. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, judgment Nº 90-2011, at 13:30 hours, March 16, 2011).

POR TANTO

In accordance with the provisions set forth in the preceding sections, the precautionary measure (medida cautelar) requested by LUIS FERNANDO CECILIANO GRANADOS, against EL ESTADO, represented by Heilyn Saenz Calderón in her capacity as deputy state attorney; ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE SALITRE DE BUENOS AIRES, represented by Roberto García Montero, in his capacity as public defender; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by Karina Castro Leitón in her capacity as special judicial attorney; COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) represented by Paula Poveda Vargas and SAMUEL DELGADO ROJAS, is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without a special order as to costs. NOTIFY. MARÍA FERNANDA HERRERA FONSECA, JUDGE. MHERRERAF