Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Cabe citarse por esta Cámara, en la sentencia se concluye que los daños han de ser acreditados y respecto a la existencia del talud que se reclama en la demanda se eliminó, solamente existe la declaración del testigo Ibrahim Sánchez Vargas que declaró que se hicieron movimientos de tierra y se eliminó un talud existente. Y que a pesar de que se reconoció existieron movimientos de tierra por la sociedad demandada respecto al caño, no se reconoció la eliminación del talud. Y procede a indicar lo que se observó en el reconocimiento judicial. Sin embargo, tal y como lo cita el recurso de apelación, se omitió en forma absoluta en el fallo incorporar la declaración de parte que ofreció como prueba la accionante y los efectos de la ausencia de la contraria al rendirse dicha probanza. Lo anterior en aplicación del artículo 42.1 y 42.2 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Igualmente, no se analizó el contenido de la prueba documental de oficio municipal, notificación y contenido del resultado de la visita de los funcionarios municipales aportados con la demanda. Todo lo anterior, debió integrarse en el análisis de las pruebas, en cuenta la declaración de parte en ausencia, a fin de determinar las consecuencias de la inasistencia y el resultado de ésta en la acreditación o no de los hechos de la demanda y contestación, respecto a la existencia o inexistencia del alegado talud en la colindancia en cuestión. Al no haberse realizado esa valoración en la resolución recurrida, se encuentra impedida esta Instancia a hacerlo, a fin de no transgredir el derecho a la doble instancia de ambas partes. Es obligación de la persona juzgadora en sentencia se despliegue la labor intelectiva de analizar, contrastar y valorar la credibilidad o valor de las pruebas que fueron oportunamente ofrecidas, admitidas y rendidas, al tenor del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Tienen derecho las partes a conocer las razones por las que las pruebas fueron consideradas como útiles y pertinentes, o bien sin mérito para probar su dicho. Y en tal función, apegarse a las reglas procesales que rigen.
English (translation)This Chamber notes that the judgment concluded that damages must be proven, and regarding the existence of the slope claimed in the lawsuit to have been removed, only the testimony of witness Ibrahim Sánchez Vargas, who stated that earthworks were carried out and an existing slope was removed, exists. And although the defendant company acknowledged earthworks for the ditch, it did not acknowledge removal of the slope. The judgment proceeds to indicate what was observed during the judicial inspection. However, as cited in the appeal, the ruling completely omitted to incorporate the plaintiff’s offered interrogatory and the effects of the opposing party’s absence when that evidence was taken. This is in application of Articles 42.1 and 42.2 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily. Likewise, the content of the documentary evidence from the municipal office, the notice, and the results of the municipal officials’ visit submitted with the complaint was not analyzed. All of the above should have been integrated into the evidentiary analysis, including the unanswered interrogatory, to determine the consequences of the non-appearance and its impact on proving or disproving the facts of the claim and response, regarding the existence or non-existence of the alleged slope at the disputed boundary. Since this assessment was not performed in the appealed decision, this instance is prevented from doing so, so as not to violate the right to a two-instance trial of both parties. It is the judge’s duty in a judgment to perform the intellectual task of analyzing, comparing, and evaluating the credibility or value of evidence that was duly offered, admitted, and produced, according to Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law. The parties have the right to know the reasons why evidence was considered useful and relevant, or lacking merit to prove their assertions. And in that function, to adhere to the applicable procedural rules.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 01047 - 2024 Fecha de la Resolución: 08 de Noviembre del 2024 a las 11:02 Expediente: 21-000222-0298-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 21-000222-0298-AG - 1 PROCESO: ORDINARIO ACTOR/A: JEANINA GARCIA UREÑA DEMANDADO/A: BLADIMIR ARROYO ROJAS VOTO N° N° 2024001047 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas dos minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.- PROCESO ORDINARIO interpuesto por JEANINA GARCÍA UREÑA, mayor, casada una vez, ama de casa, cédula de identidad uno - quinientos ochenta y siete - ochocientos dieciséis; contra BLADIMIR ARROYO ROJAS, mayor, casado, empresario, cédula de identidad dos - doscientos noventa y uno - mil cuatrocientos siete, ambos vecinos de Ciudad Quesada, San Carlos, en su condición personal y de como representante legal de INMOBILIARIA ARROYO Y BLANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número tres - ciento uno - doscientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y siete. Actúan como apoderados especiales de las partes: de la actora la licenciada Adriana Zamora López, colegiada veintitrés mil setecientos ochenta y dos y de la parte demandada el licenciado Dowglas Murillo Murillo, colegiado siete mil ochocientos dieciséis. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Redacta la jueza Castro García, y; CONSIDERANDO: I.- De las pretensiones: La parte actora interpone el presente proceso ordinario, estimándolo en la suma de diez millones de colones y solicita se declare en sentencia: “1. Solicito se señale día y hora para la recepción de la prueba en el lugar de los hechos y para practicar el reconocimiento. 2. Solicito se declare en sentencia declarativa a los demandados la obligación de restituir el lindero norte de la finca matrícula 377309-000 situada en el distrito 1 de Ciudad Quesada, cantón 10 de San Carlos de la provincia de Alajuela sobre la colindancia Norte de, de la cual soy propietaria, ya que dicho lindero fue socavado, por causa de los movimientos de tierra, hechos por el demandado. 3. Solicito se condene a los demandados a indemnizar a la suscrita por medio del pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS causados a mi propiedad, que se indican a continuación, así como la causa, descripción y estimación de cada uno. El daño objetivo, que constituye la pérdida irrogada a la suscrita de las condiciones topográficas que originalmente tenía su propiedad, por causa directa de los movimientos de tierra realizados por los demandados. Daño objetivo que se calcula en referencia al gasto que se debe hacer la actora para evitar un futuro y muy posible deslizamiento. Ya que al eliminarse el talud es muy posible que, con las lluvias y las condiciones de la zona, esa parte del terreno se lave y se produzca un deslizamiento en la zona afectada. Un gasto que calculamos y hemos citado en la suma de diez millones de colones. Solicito sea restituido el lindero norte, por medio del pago de esa suma de dinero a la actora... ahora es necesario que se indemnice a la actora por un monto de 5 millones de colones, por la utilidad dejada de percibir, la utilidad de conservación ambiental, es decir la utilidad primordial para la cual fue adquirida. Así como la belleza escénica derivada de esa utilidad, que también es un derecho limitado a la actora y dejado de percibir por causa directa de los movimientos de tierra realizados por los demandados. valoramos dicha restitución e indemnización, en un monto total de quince millones de colones... 4. Solicito que se condene en costas procesales y personales a la parte demandada.." (expediente descargado Juzgado Agrario de San Carlos imágenes 18 a 26, 42 a 51) II.- Debidamente notificados los demandados, el señor Bladimir Arroyo y la Sociedad demandada contestan la demanda de forma negativa e interponen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de causa; (expediente descargado Juzgado Agrario de San Carlos, notificación sociedad imagen 64, contestaciones imágenes 68 a 73 y 74 a 81 respectivamente) III- La jueza Ana Milena Castro Elizondo, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en sentencia 2023000343 de las once horas con quince minutos del veintinueve de setiembre del año dos mil veintitrés. resolvió: “POR TANTO «Se acogen las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por los demandados. Se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por JEANINA GARCÍA UREÑA contra BLADIMIR ARROYO ROJAS e INMOBILIARIA ARROYO Y BLANCO S.A. Se resuelve sin especial condenatoria en costas”. (expediente descargado Juzgado Agrario de San Carlos imágenes 172 a 182). IV- Se omite pronunciamiento sobre el elenco de hechos probados y no probados debido a la forma en que resolverá esta Cámara. V.- Apelación y nulidad concomitante interpuesta por la actora Jeanina García Ureña contra la sentencia se fundamentos los motivos que de seguido se citan. Incorpora un acápite denominado antecedentes en donde menciona que el tema jurídico del sub júdice es la restitución de límites. Cita las partes del proceso demandadas lo son Bladimir Arroyo Rojas en su condición personal y como representante de Inmobiliaria Arroyo y Blanco S. A. Integrándose así la litis en este expediente y en donde se acusa la realización de trabajos de excavación en dos oportunidades. Argumenta, fue solicitada medida cautelar para la detención de las obras coma sin que se otorgaran por el despacho. Fue señalado en mayo del 2021 audiencia para declaración de testigos y parte coma sin que se presentara la parte accionada. Por su parte se aportó el alegato de conclusiones en el momento procesal oportuno y se procedió a emitir sentencia que ahora se apela. Como motivo de nulidad recrimina no estar conforme con la falta de incorporación como hecho probado en la sentencia, el hecho octavo de su escrito inicial. Lo anterior a pesar de que, en el considerando denominado del procedimiento en el fallo recurrido, se citó: “El viernes veinticuatro de junio el demandado continuó los trabajos, removiendo piedras en el talud, se introdujo maquinaria pesada (back hoe) sobre el lindero norte de su propiedad, sin respetar ninguna distancia, lo cual provoca que algunas piedras fueran socavadas y lanzadas hacia la zona boscosa. Considera existe un perjuicio económico porque se debe construir un muro de contención, así como un perjuicio y daño ambiental”. Cita que lo anterior se comprobó al ser admitido por los demandados en la contestación de demanda y el interrogatorio de declaración de parte. Y ser corroborado por el testigo. Considera existe un perjuicio económico porque se debe construir un muro de contención, así como un perjuicio y daño ambiental. El cual es un hecho controvertido del cual se admitió prueba. Pide la nulidad de lo resuelto porque en la sentencia este hecho octavo no se indicó si se tuvo probado o no. Esboza, ni siquiera se mencionó el hecho octavo en el acápite de hechos probados o no probados, el extracto del considerandos referido supra, que es lo único que se mencionó al respecto. Combate, las pruebas presentadas en ese aspecto específico fueron admitidas y practicadas, sin razonarse en la resolución, el por qué el fallo interpretó que los movimientos habían sido hechos con pala y no con back hoe como se afirmó en la demanda. Hacer ver, tampoco se explicó el motivo de la conclusión las piedras y árboles que se cayeron y lanzaron al bosque, pudo haber sido con pala y no con maquinaria, ya que las piedras y los huecos que dejaron al socavarse, se observa que son más grandes que una persona. Añadiendo que se observa en las fotografías del reconocimiento, las declaraciones del testigo y la admisión del interrogatorio de la declaración de parte. Acusa, no se brinda una fundamentación clara sobre la libre valoración de la prueba permitió arribar a la conclusión de la sentencia. Invoca el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la indefensión causada al impedírsele el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la justicia debido a que no le permite probar su dicho. Se le da razón al demandado en perjuicio de la actora en la única acción que le posibilita la solicitud de justicia pronta y cumplida ante el evidente abuso del derecho que hace el demandado. Menciona, se ha ejercido por el accionado el incumplimiento de la ley y el abuso del derecho en la colindancia en litis. Esgrime, surge la nulidad por falta de consideración adecuada de los medios probatorios referidos a los trabajos de excavación realizados por el demandado. Se señala que, aunque se cita en la sentencia que el demandado utilizó maquinaria pesada (backhoe), no se especificó si este hecho fue probado o no. Omisión que le genera indefensión y vulnera su derecho a un juicio justo, ya que no se le permitió demostrar su versión de los hechos adecuadamente. Inobservancia de Pretensiones. Se alega que el tribunal no consideró correctamente la pretensión principal de la actora, que era la restitución del lindero afectado y de forma la petición de reconocimientos de daños y perjuicios. Cita textualmente la parte considerativa de la sentencia en cuanto describe cuál es su pretensión de su escrito inicial y se versa sobre la restitución del lindero. Sin embargo, se le niega por haberse enfocado la sentencia en la pretensión subsidiaria que es la restitución del daño, debido a que retornar el lindero a su estado original era imposible por tratarse de un lindero de cerca viva. Acusa, lo anterior le deniega el derecho de plantear sus pretensiones subsidiariamente para el caso de la desestimación de las principales como lo prevé el artículo 35.7 del Código Procesal Civil. Atentando contra el derecho de acceso a la justicia y tratados de derecho internacional. Legitimación Pasiva y Falta de Causa. Se reclama sobre la admisión de las defensas citadas, mediando omisión en la fundamentación en torno a la legitimación pasiva de los demandados que le coloca en indefensión. Se señala que los demandados en su contestación no se refieren ni presentaron pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones sobre la falta de causa, de acuerdo con el artículo 37.3 ibidem, lo cual debería haber sido considerado por el juez al tomar su decisión. Valoración Deficiente de Pruebas. Se critica al tribunal por no ofrecer una fundamentación clara sobre cómo se valoraron las pruebas presentadas y haber tenido por probados los hechos de la sentencia. Específicamente, en el hecho probado segundo se citó que sí fueron realizados los trabajos de construcción tales como la construcción del caño. Mismo que en fotografías se puede ver claramente se realizó sobre los hechos que dejaron las piedras socavadas. Sin que medie razonamiento respecto a este tema y se deniega la demanda violentando las reglas de valoración probatoria de la sana crítica en aplicación de la lógica que se debió incorporar al observarse el caño efectivamente colocado sobre los huecos dejados por las piedras ya mencionado. Añade, se tiene por probado el hecho terceros en donde se cita que la Municipalidad realizó una inspección el 19 de abril del 2021 y lo observado, sin que se exponga la fundamentación de la conclusión de la sentencia de no existir prueba de la actora, ni explicar cómo se valoró ese elemento probatorio. No se cita si la prueba fue rechazada porque razones le restó valor. Invocando la violación al numeral 41.4 ibidem. Refuta, de la lógica se deduce que el uso de maquinaria pesada en una zona cercana a un lindero tiene la capacidad de desprender material que no se encuentre en la superficie y que lo que sucedía se reportó al demandado oportunamente. La apelante sostiene que esta falta de claridad afecta su derecho a una defensa adecuada y contradice las normas sobre valoración probatoria. Admisión Tácita de Hechos. Recrimina, la falta de aplicación de las reglas de las contestación negativa y del interrogatorio que se llevó a cabo en la audiencia de juicio. Prueba que fue admitida y que implicó dada la inasistencia del demandado una admisión tácita de los hechos primero y octavo de la demanda, de acuerdo con el artículo 42.2 del Código Procesal Civil. Lo que afecta su derecho de defensa y acceso a la justicia. Falta de Fundamentación en Daños. En relación con los daños reclamados, se combate la ausencia de explicación y fundamentación clara del cómo llegó al resultado de que no se probó la existencia de daños o sea necesaria la construcción de un muro de contención. No se citan los elementos de prueba de esa conclusión. Pues se señala no se derribó el talud, pero omite pronunciarse sobre las piedras y árboles parte del lindero y cómo pudieron haberse derribado con palas, si eran piedras que en las fotografías se aprecia el agujero dejado al socavarse. Que son de mayor tamaño que el de una persona. Siendo un hecho admitido tácitamente en el interrogatorio realizado. Lo anterior no es considerado como causa para acoger la restitución del lindero solicitado en la demanda. Ni se cita por qué y sobre qué elementos funda denuncia ante la municipalidad de san Carlos por verificación de construcción y movimientos de Tierra constatados por ese ente el 20/04/2021 y en donde se notificó al codemandado por no contar permisos de construcción y orden de sellar la misma. La orden fue de no excavación no sólo de construcción como erróneamente se menciona en la sentencia, con lo cual se comprueba que sí hubo excavaciones con maquinaria, ya que la limpieza del lote con pala, como dijo el demandado y que acreditó la juzgadora sin fundamentar, no amerita una notificación por excavaciones sin permiso. No se explica en la sentencia por qué se acreditó el dicho del demandado de que la limpieza del lote fue con pala y no con back hoe, así como se respetó la distancia y condiciones del lindero vivo de lo que no presentó prueba el demandado. Cita, consta la orden de la Municipalidad donde indica notificación por excavaciones sin permiso; que además está firmada por el demandado de su puño y letra (documental aportada). Resultando incomprensible la conclusión respecto a que las piedras y árboles que constituyen el lindero y que cayeron, no fue por causa de la excavación con maquinaria. Por lo que se pide la nulidad absoluta debido a que no indica porque no se tomó en cuenta la prueba que presentó la actora y que cumplía con todos los requisitos de admisibilidad, violentando el artículo 35.1 del código del rito civil. La apelante sostiene que las pruebas presentadas demostraban claramente los daños causados por las excavaciones y cuestiona por qué estas no fueron tomadas en cuenta por lo que se solicita la nulidad. 7. Errores en la Interpretación de Normas Municipales. Finalmente, se argumenta que el juez interpretó incorrectamente las notificaciones municipales relacionadas con las excavaciones realizadas sin permiso. La apelante sostiene que esta interpretación errónea llevó a conclusiones incorrectas sobre las acciones del demandado y su responsabilidad en los daños causados. Ausencia de consideración de los alegatos de conclusiones donde en un gráfico se mostró la razón por la que no requirió la parte accionada invadir su finca para causar los daños en el lindero. Se explicó en esa representación, señala, las bases del talud fueron las afectadas por causa de la maquinaria, produciendo el arrastre de las piedras. Sin comprender la insistencia de la sentencia de que la accionada acusa el daño en la totalidad del talud, cuando ya ha sido expuesto que no fue en todo. Y que los daños ocurren por una combinación de factores: carencia de permisos, falta de respeto de la distancia habitual, movimientos con maquinaria pesada, la existencia de cerca o lindero vivo y destinado a la conservación. Todo lo que fue informado al demandado, sin lo considerara. Pide en su recurso la nulidad de lo resuelto por violaciones directas respecto a la valoración de la prueba (imagen 190 a 198 modo pdf expediente digital). VI- Apelación de demandada. La parte actora reclama se procedió a exonerar en costas a pesar de resultar perdidosa de su demanda la actora, al estimar su actuación ha sido de buena fe sin razonar la decisión. Dejando a la parte accionada en estado de total indefensión, incluso para elaborar los agravios, al desconocerse qué motivó a la Juzgadora para estimar que hubo buena fe, cuando la regla procesal es condenar en costas al vencido, y sólo por excepción. Refuta, ninguno de los hechos de la demanda ha sido demostrado pues son falsos y no medió prueba. Califica la demanda como temeraria y fueron obligados al pago de honorarios. Califican de injusta la exoneración, cuando solicitó una indemnización de quince millones de colones y el pago de las costas. Expone, en virtud de la falta de fundamentación de la sentencia en cuanto a la exoneración en costas a la actora, solicito se revoque la resolución recurrida y se disponga la condena en costas a la actora vencida. Sobre la cuantía. Argumenta, desde las contestaciones de los accionados se hizo mención del tema de la estimación de la demanda, al citar la actora eran diez millones de colones, además de reclamar el perjuicio “conformado por la utilidad frustrada y dejada de percibir” por la suma de cinco millones de colones. Esto representa una estimación de quince millones de colones. No diez millones de colones como fue interpretado en la sentencia. Reseña, en la resolución apelada, no queda claro cuál es la cuantía del proceso, pues en el considerando I, se señala que se estableció demanda “estimada en diez millones de colones”, pero posteriormente se transcriben las pretensiones en cuanto se indica: “3. …Un gasto que calculamos y hemos citado en la suma de diez millones de colones. (…) ahora es necesario que se indemnice a la actora por un monto de 5 millones de colones, por la utilidad dejada de percibir, valoramos dicha restitución e indemnización, en un monto total de quince millones de colones…” . Reclama, en la decisión de fondo se debió establecer la cuantía de este proceso en quince millones de colones y no lo hizo, más bien es confusa en este tema, lo cual debe ser enmendado. Solicita se revoque en ese extremo, se disponga la condena en costas a la actora vencida, se determine correctamente la cuantía del proceso en la suma de quince millones de colones (imagen 185 a 190 expediente digital modo pdf). VII- Resolución de recurso parte actora. Analizados los autos, la prueba aportada al proceso y los elementos probatorios, se acoge la nulidad invocada en el recurso de apelación de la actora donde reclama la violación al derecho de defensa por preterición probatoria respecto a la existencia del talud que menciona se eliminó y los daños al mismo. Respecto a la nulidad invocada por la actora apelante lleva razón al incurrirse en violación al derecho de defensa por los motivo que de seguido se exponen. Sobre la preterición de la prueba se denota una resolución que, si bien cita la prueba de forma superficial, omite analizar su contenido, para concluir que no resultaban suficientes los elementos probatorios para tener por demostrado la existencia del talud y los daños reclamados en la demanda debido a los trabajos acusados de la demanda en la finca de la sociedad y no probarse los daños en la colindancia. Además, deduce la sentencia, de no acreditarse la necesidad de la construcción de un muro o gaviones que sostuvieran el suelo por peligro de deslizamiento. Incumpliendo la pieza recurrida con la obligación de ser expuestas las razones de hecho y derecho de las decisiones emitidas acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Al tenor del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se estima ha sido preterida prueba aportada que amerita la nulidad de la sentencia a fin de resguardar el derecho de defensa y debido proceso. Lo anterior por no respetar la regla de la valoración probatoria del artículo 54 Ibidem. Según la sentencia, en el considerando primero denominado sobre el procedimiento se describe lo solicitado en el escrito de demanda de la parte actora sus pretensiones que cita textualmente y la contestación negativa de ambas partes: Bladimir Arroyo Rojas en su condición personal y la sociedad Inmobiliaria Arroyo y Blanco S.A., de la cual es representante legal. En su condición personal el primero interpuso la excepción de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y de causa alegando que quien hizo los movimientos de tierra fue la sociedad. La mercantil respondió citando que lo realizado constituyó una limpieza previa, de forma manual con pala y dentro del inmueble de la parte accionada en franja de terreno para la construcción de un caño de concreto, construye sobre su inmueble y separado del lindero de la actora, niega se eliminara un talud, exista riesgo de deslizamiento; y que al recibirse la notificación municipal los trabajos fueron inmediatamente suspendidos. Interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de causa, (ver expediente descargado en formato pdf contestación a imágenes 68 a 73 contestación de la Sociedad Demandada a imágenes 74 a 80). El considerando segundo se dedica al elenco de hechos probados y el tercero al de hecho no demostrados. El considerando IV determina que lo interpuesto es una demanda pura de daños y perjuicios. En el considerando V se citan resoluciones del Tribunal Agrario respecto al tema de daños y la carga probatoria. En considerando VI denominado sobre el Fondo del Asunto se indica que se tiene por demostrado que la actora es propietaria de su fundo que se describe. No contar con prueba de la titularidad del terreno de la parte demandada, pero que ello es reconocido por la contraria en los elementos del proceso y que dicha empresa realiza trabajos de construcción en la finca situada al noroeste del terreno de la actora que indicó ser no un movimiento de tierra sino limpieza previa, de forma manual con pala, y dentro su finca en franja de terreno para la construcción de un caño de concreto... según la contestación de demanda a hecho segundo imagen 75) y que añadió que "construyó el caño sobre su inmueble y separado del lindero de la actora", (ver contestación de demanda a hecho tercero imagen 75), lo que se observó en el reconocimiento judicial y de fotografías. Calificando la sentencia que lo solicitado corresponde a una acción de daños y perjuicios, fundadas en relaciones de vecindad debido al ejercicio del derecho de propiedad de la actora y de la demandada. Se reseña doctrina nacional sobre este tema de relaciones de vecindad del tratadista Brenes Córdoba, el artículo 20 del Código Civil que permite se haga un resarcimiento en casos del ejercicio abusivo del derecho. Así como el 21 y 22 del mismo cuerpo legal. En el considerando VII se incorpora la valoración de la prueba y la conclusión emitida en la sentencia de declarar sin lugar la demanda, exponiendo: “VII.- Con base en lo explicado líneas atrás, se puede concluir que efectivamente es necesario que exista un respeto debido entre ambos colindantes, con el fin de que ninguno de ellos sufra deterioros a su propiedad, ni a presente, ni a futuro; sin embargo, al momento de hablar de daños, el dicho de la parte resulta insuficiente y debe acreditarse de forma fehaciente. En ese sentido, el testigo Ibrahim Sánchez Vargas declara que se hicieron movimientos de tierra, y se eliminó un talud existente. Como se indicó líneas atrás, los movimientos de tierra son reconocidos por la sociedad demandada, como limpieza previa a los trabajos, no así la eliminación del talud, el cual, no cuenta esta autoridad con elementos para determinar su existencia, pues cuando se lleva a cabo el reconocimiento judicial se comprueba la diferencia topográfica entre ambas propiedades, se verifica además que las fotografías aportadas sí responden a la colindancia en mención, la existencia del caño, el estado de las cercas lindantes y las rocas, pero eso no permite acreditar que hubiera un talud previamente, su condición, o que éste fuera removido. La existencia del caño no es un hecho controvertido, ni que dicha construcción la hiciera la sociedad demandada, pero ante su realización, el daño como tal no fue acreditado por la parte actora, pues la accionante no aporta prueba idónea que permita a esta autoridad concluir si efectivamente el caño en mención o el estado actual de la tierra conlleva un riesgo. Nótese la parte mantiene su dicho, pero no solicita nombramiento de un perito, ni aporta dictamen privado para sustentarlo. Tampoco respecto al alegado daño por los movimientos de tierra, ni un estudio técnico que permita prever que ante lluvias haya algún peligro, deslizamiento, mucho menos que sea necesario la construcción de un muro de contención. Es ayuna de prueba la demanda sobre dichos aspectos. Lo dicho, pero no probado, es insuficiente para acoger una acción de este tipo. En relación con el alegado daño ambiental, no puede esta autoridad otorgarlo, tan siquiera considerar aplicar el principio in dubio pro-natura, porque no existe prueba al respecto, es omiso incluso en prueba indiciaria que genere duda sobre el alegado daño, no se acredita fehacientemente pérdida de belleza escénica. Ante la ausencia de la acreditación de los daños, resulta innecesario analizar los nexos causales, si éste es sufrido o no por la actora, y si se le puede achacar al demandado o la demandada, pues es claro, existe una falta de presupuestos de la acción que conlleva declararla sin lugar en todos sus extremos. Resulta necesario aclarar que si bien se tuvo por acreditado en que en fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la actora interpone denuncia ante la Municipalidad de San Carlos cuyo consecutivo es 222-2021, por verificación de construcción y movimientos de tierra, de lo cual, el ente Municipal realiza inspección el veinte de abril de dos mil veintiuno y en ese mismo día se le notifica al señor Bladimir Arroyo Rojas por no contar permisos de construcción y orden de sellar construcción, (ver hecho probado tercero), la ausencia de permisos municipales por sí mismo no conlleva que exista un daño. Así las cosas, debe declararse sin lugar la demanda”. Cabe citarse por esta Cámara, en la sentencia se concluye que los daños han de ser acreditados y respecto a la existencia del talud que se reclama en la demanda se eliminó, solamente existe la declaración del testigo Ibrahim Sánchez Vargas que declaró que se hicieron movimientos de tierra y se eliminó un talud existente. Y que a pesar de que se reconoció existieron movimientos de tierra por la sociedad demandada respecto al caño, no se reconoció la eliminación del talud. Y procede a indicar lo que se observó en el reconocimiento judicial. Sin embargo, tal y como lo cita el recurso de apelación, se omitió en forma absoluta en el fallo incorporar la declaración de parte que ofreció como prueba la accionante y los efectos de la ausencia de la contraria al rendirse dicha probanza. Lo anterior en aplicación del artículo 42.1 y 42.2 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Igualmente, no se analizó el contenido de la prueba documental de oficio municipal, notificación y contenido del resultado de la visita de los funcionarios municipales aportados con la demanda. Todo lo anterior, debió integrarse en el análisis de las pruebas, en cuenta la declaración de parte en ausencia, a fin de determinar las consecuencias de la inasistencia y el resultado de ésta en la acreditación o no de los hechos de la demanda y contestación, respecto a la existencia o inexistencia del alegado talud en la colindancia en cuestión. Al no haberse realizado esa valoración en la resolución recurrida, se encuentra impedida esta Instancia a hacerlo, a fin de no transgredir el derecho a la doble instancia de ambas partes. Es obligación de la persona juzgadora en sentencia se despliegue la labor intelectiva de analizar, contrastar y valorar la credibilidad o valor de las pruebas que fueron oportunamente ofrecidas, admitidas y rendidas, al tenor del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Tienen derecho las partes a conocer las razones por las que las pruebas fueron consideradas como útiles y pertinentes, o bien sin mérito para probar su dicho. Y en tal función, apegarse a las reglas procesales que rigen. En este caso, con el líbelo inicial (imagen 17 a 26 y 42 a 51 modo pdf) se aportó como prueba documental una copia de Inspección de la Municipalidad de San Carlos realizada a raíz de la denuncia de notificación de la corporación municipal a los denunciados (demandados en este proceso), certificación registral y plano de la finca de la parte actora (imagen 31 a 34 expediente modo pdf) y fotografías (imagen 35 y 36 igual ubicación). Además, el testimonio de Ibrahim Sánchez Rojas y se rindió declaración de parte a la demandada. De la lectura de la demanda interpuesta y contestación, el tema del talud que se cita existió y se eliminó es el aspecto central y para ello la parte actora ofreció la prueba que se menciona en el escrito inicial, que la parte demandada refutó en la contestación, todo lo cual ha de ser valorado en forma integral. Aspecto pendiente de desarrollar en un nuevo fallo que se emita. Se omite resolver sobre agravios de fondo por la forma en que se resuelve en esta Instancia. VIII- Recurso parte demandada. Sobre la cuantía de la demanda y resolución de condenatoria en costas. En este proceso se resolvió: “IX.- COSTAS. Con base en el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se exonera a la actora al pago de las costas del proceso por considerarse ha actuado de buena fe”. Se menciona por esta Instancia, la Ley de Jurisdicción Agraria en su ordinal 55 reza: “Las sentencias, así como las resoluciones que pongan fin al proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas. La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas personales, y aún de las procesales, cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por existir, a juicio del tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque las pretensiones de la parte vencedora, en definitiva, resultaron desproporcionadas”. Rige así el principio del vencimiento objetivo, que establece la pauta de condenar a la parte perdidosa de sus pretensiones. Sin embargo, de forma excepcional podrá exonerarse a quien fuere vencido, a soportar la obligación de pago de esos rubros. Recayendo la valoración de la liberación del obligado según se hubiere litigado de buena o mala fe procesal. O bien, cuando la demanda o contrademanda incluyesen pretensiones exageradas o desproporcionadas. De igual forma, es posible exonerar cuando la sentencia acoja algunas pretensiones de fondo de la demanda o reconvención. Así como si se admiten defensas de importancia solicitadas por quien fuera vencido en la litis o el vencimiento recíproco. Esa exención le es facultativa de la persona juzgadora, siempre que se fundamente con los motivos para decretar la exoneración de esos extremos. En este asunto, vistos los autos se ha omitido en la sentencia recurrida exponer las razones de la exoneración de costas, pues solo es expuso ha litigado de buena fe sin exponer la razón de esa conclusión; lo que es necesario para conocer el motivo de esa decisión, acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Por otra parte, tampoco existe certeza de la cuantía del proceso, al omitirse en la fase procesal oportuna pronunciamiento sobre el monto de cuantía, según la demanda, sus pretensiones y las estimaciones ahí vertidas. Se hace ver, la parte se pronunció al respecto en ese punto al contestar la demanda sin pronunciamiento alguno del Despacho. El tema de la fijación de la cuantía es susceptible de ser apelado y con importantes repercusiones en los efectos económicos del proceso, así como la determinación de acceso o no a un eventual recurso de casación de lo que llegara a decidirse en el fondo del asunto. Por ese motivo, ha de ser corregido ese aspecto del proceso por parte del juzgado de instancia de previo a emitirse la sentencia de fondo. IX- Con fundamento en las razones expuestas, los artículos 26, 54 y 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se anula la resolución apelada. Remítanse los autos al juzgado de origen a fin de resolver de previo a la emisión de una nueva sentencia de fondo, el tema de la cuantía de la demanda. Y de forma posterior, se emita una nueva sentencia que analice de forma adecuada los elementos probatorios, según las reglas del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y el aspecto de costas. POR TANTO Se anula sentencia NO 2023000343 de las once horas con quince minutos del veintinueve de setiembre del año dos mil veintitrés. De previo a emisión de nueva sentencia, resuélvase por el Juzgado de origen el monto de la cuantía de este proceso. PWWP43U4J58M61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A MUUJJ43UQWMC61 MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A 43C9ALALGL43S61 GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 21-000222-0298-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:38:40. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**TRIBUNAL AGRARIO. SECOND CIRCUIT JUDICIAL OF SAN JOSÉ.-** At eleven hours two minutes on the eighth of November of two thousand twenty-four.- **ORDINARY PROCEEDING** filed by JEANINA GARCÍA UREÑA, of legal age, married once, homemaker, identity card number one - five hundred eighty-seven - eight hundred sixteen; against BLADIMIR ARROYO ROJAS, of legal age, married, businessman, identity card number two - two hundred ninety-one - one thousand four hundred seven, both residents of Ciudad Quesada, San Carlos, in his personal capacity and as legal representative of INMOBILIARIA ARROYO Y BLANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, with legal entity identification number three - one hundred one - two hundred ninety-five thousand two hundred eighty-seven. Acting as special attorneys-in-fact for the parties: for the plaintiff, licensed attorney Adriana Zamora López, bar association number twenty-three thousand seven hundred eighty-two, and for the defendant, licensed attorney Dowglas Murillo Murillo, bar association number seven thousand eight hundred sixteen. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Circuit Judicial of Alajuela. Judge Castro García writes, and; **CONSIDERING:** **I.- Regarding the claims:** The plaintiff files this ordinary proceeding, estimating it in the sum of ten million colones, and requests that the judgment declare: "1. I request that a day and time be set for the reception of evidence at the scene and to conduct the judicial inspection. 2. I request that a declaratory judgment be issued against the defendants for the obligation to restore the northern boundary of the property registration number 377309-000 located in district 1 of Ciudad Quesada, canton 10 of San Carlos of the province of Alajuela on the North boundary, of which I am the owner, since said boundary was undermined, due to the earthworks (movimientos de tierra), carried out by the defendant. 3. I request that the defendants be ordered to indemnify the undersigned through the payment of the DAMAGES caused to my property, which are indicated below, as well as the cause, description, and estimation of each one. The objective damage, which constitutes the loss caused to the undersigned of the topographical conditions that her property originally had, due to the direct cause of the earthworks (movimientos de tierra) carried out by the defendants. Objective damage that is calculated in reference to the expense that the plaintiff must make to prevent a future and very possible landslide. Since upon eliminating the slope, it is very possible that, with the rains and the conditions of the area, that part of the land will wash out and a landslide will occur in the affected area. An expense that we calculate and have cited in the sum of ten million colones. I request that the northern boundary be restored, through the payment of that sum of money to the plaintiff... now it is necessary for the plaintiff to be indemnified for an amount of 5 million colones, for the utility ceased to be received, the utility of environmental conservation, that is, the primary utility for which it was acquired. As well as the scenic beauty derived from that utility, which is also a right limited to the plaintiff and ceased to be received due to the direct cause of the earthworks (movimientos de tierra) carried out by the defendants. We value said restitution and indemnification, in a total amount of fifteen million colones... 4. I request that the defendant be ordered to pay procedural and personal costs.." (file downloaded from Juzgado Agrario de San Carlos, images 18 to 26, 42 to 51) **II.-** The defendants, Mr. Bladimir Arroyo and the defendant Company, having been duly notified, answer the complaint negatively and interpose the defenses of lack of right, lack of passive standing, and lack of cause; (file downloaded from Juzgado Agrario de San Carlos, notification to the company image 64, answers images 68 to 73 and 74 to 81 respectively) **III-** Judge Ana Milena Castro Elizondo, of the Juzgado Agrario of the Second Circuit Judicial of Alajuela, in judgment 2023000343 at eleven hours fifteen minutes on the twenty-ninth of September of the year two thousand twenty-three, resolved: "THEREFORE (Por tanto) «The defenses of lack of passive standing and lack of right interposed by the defendants are accepted. The complaint filed by JEANINA GARCÍA UREÑA against BLADIMIR ARROYO ROJAS and INMOBILIARIA ARROYO Y BLANCO S.A. is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without special condemnation in costs". (file downloaded from Juzgado Agrario de San Carlos images 172 to 182). **IV-** A ruling on the list of proven and unproven facts is omitted due to the manner in which this Chamber will resolve. **V.-** Appeal and concomitant nullity filed by plaintiff Jeanina García Ureña against the judgment, based on the grounds cited below. She incorporates a section called background where she mentions that the legal issue of the sub judice is the restitution of boundaries. She cites the defendant parties to the process as Bladimir Arroyo Rojas in his personal capacity and as representative of Inmobiliaria Arroyo y Blanco S. A. Thus integrating the litis in this file and where the carrying out of excavation works on two occasions is alleged. She argues that a precautionary measure was requested for the stoppage of the works, without being granted by the court. A hearing for the declaration of witnesses and parties was scheduled in May 2021, without the defendant party appearing. For her part, the closing arguments brief was provided at the opportune procedural moment, and judgment was issued which is now appealed. As a ground for nullity, she recriminates not agreeing with the failure to incorporate as a proven fact in the judgment, the eighth fact of her initial pleading. This despite the fact that, in the considering section called procedure in the appealed ruling, it was cited: "On Friday, the twenty-fourth of June, the defendant continued the works, removing stones on the slope, heavy machinery (back hoe) was introduced on the northern boundary of his property, without respecting any distance, which causes some stones to be undermined and thrown towards the forested area. She considers there is an economic prejudice because a retaining wall must be built, as well as an environmental prejudice and damage". She cites that the foregoing was proven by being admitted by the defendants in the answer to the complaint and the interrogation of the party statement. And being corroborated by the witness. She considers there is an economic prejudice because a retaining wall must be built, as well as an environmental prejudice and damage. Which is a disputed fact for which evidence was admitted. She requests the nullity of what was resolved because in the judgment, this eighth fact was not indicated whether it was considered proven or not. She outlines, the eighth fact was not even mentioned in the section of proven or unproven facts, the extract from the considerings referred to supra, which is the only thing mentioned in this regard. She opposes, the evidence presented on that specific aspect was admitted and practiced, without reasoning in the resolution why the ruling interpreted that the movements had been made with a shovel and not with a back hoe as stated in the complaint. To make evident, the reason for the conclusion that the stones and trees that fell and were thrown into the forest could have been done with a shovel and not with machinery was also not explained, since the stones and the holes they left when undermined, are observed to be larger than a person. Adding that this is observed in the photographs of the judicial inspection, the witness's statements, and the admission of the interrogation of the party statement. She accuses that no clear reasoning is provided on how the free assessment of evidence allowed reaching the conclusion of the judgment. She invokes Article 8 of the American Convention on Human Rights and the defenselessness caused by preventing her from exercising the fundamental right of access to justice because it does not allow her to prove her claim. The defendant is proven right to the detriment of the plaintiff in the only action that enables her to request prompt and complete justice in the face of the evident abuse of right by the defendant. She mentions, that the defendant has exercised non-compliance with the law and the abuse of right in the boundary in litis. She argues, nullity arises from the lack of adequate consideration of the evidentiary means referred to the excavation works carried out by the defendant. It is noted that, although the judgment cites that the defendant used heavy machinery (backhoe), it was not specified whether this fact was proven or not. An omission that generates defenselessness and violates her right to a fair trial, since she was not allowed to adequately demonstrate her version of the facts. Non-observance of Claims. It is alleged that the court did not correctly consider the principal claim of the plaintiff, which was the restitution of the affected boundary and subsidiarily the request for acknowledgment of damages. She literally quotes the considering part of the judgment regarding what her claim in her initial pleading is about, which deals with the restitution of the boundary. However, it is denied because the judgment focused on the subsidiary claim, which is restitution of the damage, because returning the boundary to its original state was impossible since it was a live fence boundary. She accuses, the foregoing denies her the right to state her claims subsidiarily in case of dismissal of the principal ones as provided in Article 35.7 of the Código Procesal Civil. Contrary to the right of access to justice and international law treaties. Passive Standing and Lack of Cause. She complains about the admission of the cited defenses, with an omission in the reasoning regarding the passive standing of the defendants which places her in defenselessness. It is noted that the defendants in their answer do not refer to or present sufficient evidence to support their affirmations about the lack of cause, in accordance with Article 37.3 ibidem, which should have been considered by the judge when making her decision. Deficient Assessment of Evidence. She criticizes the court for not offering clear reasoning on how the evidence presented was assessed and for having considered the facts of the judgment as proven. Specifically, in the second proven fact, it was cited that construction works such as the construction of the pipe were indeed carried out. The same that in photographs can be clearly seen was carried out on the marks left by the undermined stones. Without there being any reasoning regarding this issue, and the complaint is denied, violating the rules of evidentiary assessment of sound criticism in the application of logic that should have been incorporated when observing the pipe effectively placed over the holes left by the aforementioned stones. She adds, the third fact is held as proven where it is cited that the Municipality conducted an inspection on April 19, 2021, and what was observed, without the reasoning for the judgment's conclusion being set forth that there was no evidence from the plaintiff, nor explaining how that evidentiary element was assessed. It is not cited whether the evidence was rejected for reasons that diminished its value. Invoking the violation of numeral 41.4 ibidem. She refutes, from logic it is deduced that the use of heavy machinery in an area close to a boundary has the capacity to detach material that is not on the surface and that what was happening was reported to the defendant in a timely manner. The appellant maintains that this lack of clarity affects her right to an adequate defense and contradicts the rules on evidentiary assessment. Tacit Admission of Facts. She recriminates the lack of application of the rules of the negative answer and the interrogation that took place at the trial hearing. Evidence that was admitted and which implied, given the defendant's non-attendance, a tacit admission of the first and eighth facts of the complaint, in accordance with Article 42.2 of the Código Procesal Civil. Which affects her right of defense and access to justice. Lack of Reasoning on Damages. In relation to the damages claimed, she contests the absence of a clear explanation and reasoning of how she reached the result that the existence of damages was not proven, or the need for the construction of a retaining wall. The evidentiary elements for that conclusion are not cited. For it is noted that the slope was not demolished, but she omits to rule on the stones and trees that are part of the boundary and how they could have been knocked down with shovels, if they were stones whose hole left when undermined is appreciated in the photographs. Which are larger than that of a person. Being a fact tacitly admitted in the interrogation conducted. The foregoing is not considered as a cause to grant the restitution of the boundary requested in the complaint. Nor is it cited why and on what elements she bases a complaint before the municipality of San Carlos for verification of construction and earthworks (movimientos de tierra) verified by that entity on 04/20/2021 and where the co-defendant was notified for not having construction permits and an order to seal the same. The order was for no excavation, not just construction as erroneously mentioned in the judgment, which proves that there were excavations with machinery, since the cleaning of the lot with a shovel, as the defendant said and which the judge credited without reasoning, does not warrant a notification for excavations without a permit. The judgment does not explain why the defendant's claim was credited that the cleaning of the lot was with a shovel and not with a back hoe, and that the distance and conditions of the live boundary were respected, for which the defendant presented no evidence. She cites, there is proof of the Municipality's order indicating notification for excavations without a permit; which is also signed by the defendant in his own handwriting (documentary evidence provided). Making the conclusion incomprehensible that the stones and trees that constitute the boundary and that fell, were not caused by the excavation with machinery. Therefore, absolute nullity is requested because it does not indicate why the evidence presented by the plaintiff was not taken into account, which met all admissibility requirements, violating Article 35.1 of the code of civil procedure. The appellant maintains that the evidence presented clearly demonstrated the damages caused by the excavations and questions why these were not taken into account, for which nullity is requested. 7. Errors in the Interpretation of Municipal Regulations. Finally, it is argued that the judge incorrectly interpreted the municipal notifications related to the excavations carried out without a permit. The appellant maintains that this erroneous interpretation led to incorrect conclusions about the defendant's actions and his responsibility for the damages caused. Absence of consideration of the closing arguments where a graphic showed the reason why the defendant party did not need to invade her property to cause the damages to the boundary. It was explained in that representation, she points out, that the bases of the slope were affected by cause of the machinery, producing the dragging of the stones. Without understanding the insistence of the judgment that the defendant accuses damage to the entire slope, when it has already been stated that it was not to the whole. And that the damages occur due to a combination of factors: lack of permits, failure to respect the usual distance, movements with heavy machinery, the existence of a live boundary fence intended for conservation. All of which was reported to the defendant, without him considering it. In her appeal, she requests the nullity of what was resolved for direct violations regarding the assessment of evidence (image 190 to 198 pdf mode digital file). **VI- Appeal by the defendant.** The plaintiff party claims that the court proceeded to exonerate the plaintiff from costs despite being the losing party of her complaint, by considering her action to have been in good faith without reasoning the decision. Leaving the defendant party in a state of total defenselessness, even to formulate the grievances, by not knowing what motivated the Judge to consider there was good faith, when the procedural rule is to condemn the losing party to costs, and only by exception. She refutes, none of the facts in the complaint have been demonstrated because they are false and no evidence was provided. She qualifies the complaint as reckless and they were forced to pay legal fees. They qualify the exoneration as unjust, when she requested an indemnity of fifteen million colones and the payment of costs. They state, by virtue of the lack of reasoning in the judgment regarding the exoneration of costs to the plaintiff, I request that the appealed resolution be revoked and that the condemnation in costs to the losing plaintiff be ordered. Regarding the amount in controversy. She argues, from the answers of the defendants, the topic of the estimation of the complaint was mentioned, when the plaintiff cited it was ten million colones, in addition to claiming the prejudice "comprised of the frustrated and ceased utility" for the sum of five million colones. This represents an estimation of fifteen million colones. Not ten million colones as interpreted in the judgment. She outlines, in the appealed resolution, it is not clear what the amount in controversy of the process is, since in Considering I, it is indicated that the complaint was filed "estimated at ten million colones", but subsequently the claims are transcribed as indicated: "3. …An expense that we calculate and have cited in the sum of ten million colones. (…) now it is necessary for the plaintiff to be indemnified for an amount of 5 million colones, for the utility ceased to be received, we value said restitution and indemnification, in a total amount of fifteen million colones…" . She claims, in the decision on the merits, the amount in controversy of this process should have been established at fifteen million colones and it was not, it is rather confusing on this topic, which must be corrected. She requests that this extreme be revoked, that the condemnation in costs to the losing plaintiff be ordered, that the amount in controversy of the process be correctly determined at the sum of fifteen million colones (image 185 to 190 digital file pdf mode). **VII- Resolution of the plaintiff's appeal.** Having analyzed the case file, the evidence provided to the process, and the evidentiary elements, the nullity invoked in the plaintiff's appeal is accepted, where she claims the violation of the right of defense due to evidentiary omission regarding the existence of the slope she mentions was eliminated and the damages to it. Regarding the nullity invoked by the appellant plaintiff, she is correct in that a violation of the right of defense was incurred for the reasons set forth below. Regarding the omission of evidence, a resolution is denoted which, although it superficially cites the evidence, omits to analyze its content, to conclude that the evidentiary elements were not sufficient to prove the existence of the slope and the damages claimed in the complaint due to the works alleged in the complaint on the company's property, and that the damages to the boundary were not proven. Furthermore, the judgment deduces that the need for the construction of a wall or gabions to hold the soil due to danger of landslide was not proven. The appealed piece failing to comply with the obligation to set forth the reasons of fact and law for the decisions issued, in accordance with Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. Pursuant to Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is considered that evidence provided has been omitted, which warrants the nullity of the judgment in order to safeguard the right of defense and due process. The foregoing for not respecting the rule of evidentiary assessment of Article 54 Ibidem. According to the judgment, in the first considering section called about the procedure, what was requested in the plaintiff's pleading, her claims that she cites literally, and the negative answer of both parties are described: Bladimir Arroyo Rojas in his personal capacity and the company Inmobiliaria Arroyo y Blanco S.A., of which he is the legal representative. In his personal capacity, the former interposed the defense of lack of right, lack of passive standing, and lack of cause, alleging that it was the company that carried out the earthworks (movimientos de tierra). The commercial entity responded by citing that what was carried out constituted a prior cleaning, manually with a shovel and within the defendant party's property in a strip of land for the construction of a concrete pipe, it builds on its property and separated from the plaintiff's boundary, it denies that a slope was eliminated, that there is a risk of landslide; and that upon receiving the municipal notification, the works were immediately suspended. It interposed the defenses of lack of right, lack of passive standing, and lack of cause, (see file downloaded in pdf format, answer at images 68 to 73, answer of the Defendant Company at images 74 to 80). The second considering section is dedicated to the list of proven facts and the third to that of unproven facts. Considering IV determines that what was filed is a pure action for damages. In Considering V, resolutions of the Tribunal Agrario regarding the topic of damages and the burden of proof are cited. In Considering VI, called Regarding the Merits of the Matter, it is indicated that it is proven that the plaintiff is the owner of her property which is described. There is no proof of the title to the land of the defendant, but that this is recognized by the opposing party in the elements of the process, and that said company performs construction works on the property located northwest of the plaintiff's land, which it indicated was not an earthwork (movimiento de tierra) but prior cleaning, manually with a shovel, and within its property in a strip of land for the construction of a concrete pipe... according to the answer to the complaint to the second fact, image 75) and which added that "it built the pipe on its property and separated from the plaintiff's boundary", (see answer to the complaint to the third fact, image 75), which was observed in the judicial inspection and from photographs. The judgment qualifies that what was requested corresponds to a damages action, based on neighborly relations due to the exercise of the property right of the plaintiff and the defendant. National doctrine on this topic of neighborly relations by scholar Brenes Córdoba is outlined, Article 20 of the Civil Code that allows compensation in cases of abusive exercise of the right. As well as Articles 21 and 22 of the same legal body. In Considering VII, the assessment of evidence is incorporated and the conclusion issued in the judgment declaring the complaint without merit, stating: "VII.- Based on what was explained lines above, it can be concluded that it is indeed necessary that there be due respect between both adjoining owners, so that neither of them suffers deterioration to their property, neither in the present, nor in the future; however, when speaking of damages, the statement of the party is insufficient and must be accredited reliably. In that sense, the witness Ibrahim Sánchez Vargas declares that earthworks (movimientos de tierra) were carried out, and an existing slope was eliminated. As indicated lines above, the earthworks (movimientos de tierra) are recognized by the defendant company, as prior cleaning for the works, but not the elimination of the slope, for which this authority lacks elements to determine its existence, since when the judicial inspection is carried out, the topographical difference between both properties is verified, it is also verified that the photographs provided do correspond to the boundary in question, the existence of the pipe, the state of the adjoining fences, and the rocks, but that does not allow proving that there was a slope previously, its condition, or that it was removed. The existence of the pipe is not a disputed fact, nor that said construction was made by the defendant company, but in view of its making, the damage as such was not proven by the plaintiff, for the plaintiff does not provide suitable evidence that allows this authority to conclude whether effectively the pipe in question or the current state of the land entails a risk. Note that the party maintains her claim, but does not request the appointment of an expert, nor does she provide a private opinion to support it. Neither regarding the alleged damage from the earthworks (movimientos de tierra), nor a technical study that allows foreseeing that in the event of rain there is any danger, landslide, much less that the construction of a retaining wall is necessary. The complaint is devoid of proof on said aspects. What is said, but not proven, is insufficient to grant an action of this type. In relation to the alleged environmental damage, this authority cannot grant it, not even consider applying the principle in dubio pro-natura, because there is no proof in this regard, it is even missing in circumstantial evidence that generates doubt about the alleged damage, a loss of scenic beauty is not reliably proven. In absence of the accreditation of damages, it is unnecessary to analyze the causal links, whether this is suffered or not by the plaintiff, and whether it can be attributed to the defendant, for it is clear, there is a lack of prerequisites for the action which leads to declaring it without merit in all its extremes. It is necessary to clarify that although it was held as proven that on the nineteenth of April two thousand twenty-one, the plaintiff filed a complaint before the Municipalidad de San Carlos whose consecutive number is 222-2021, for verification of construction and earthworks (movimientos de tierra), of which, the Municipal entity conducts an inspection on the twentieth of April two thousand twenty-one and on that same day Mr. Bladimir Arroyo Rojas is notified for not having construction permits and an order to seal the construction, (see proven fact three), the absence of municipal permits by itself does not entail that there is damage. Thus, the complaint must be declared without merit". It is appropriate for this Chamber to cite that, in the judgment, it is concluded that the damages must be proven and regarding the existence of the slope that is claimed in the complaint was eliminated, there is only the statement of the witness Ibrahim Sánchez Vargas who declared that earthworks (movimientos de tierra) were carried out and an existing slope was eliminated. And that although it was recognized that earthworks (movimientos de tierra) existed by the defendant company regarding the pipe, the elimination of the slope was not recognized. And it proceeds to indicate what was observed in the judicial inspection. However, as the appeal cites, the ruling completely omitted to incorporate the party statement that the plaintiff offered as evidence and the effects of the opposing party's absence when providing said proof. The foregoing in application of Article 42.1 and 42.2 of the Código Procesal Civil applied supplementarily. Likewise, the content of the documentary evidence from the municipal office, notification, and content of the result of the visit by the municipal officials provided with the complaint was not analyzed. All of the foregoing should have been integrated into the analysis of the evidence, taking into account the party statement in absence, in order to determine the consequences of the non-attendance and the result thereof in the accreditation or not of the facts of the complaint and answer, regarding the existence or non-existence of the alleged slope on the boundary in question. As said assessment was not carried out in the appealed resolution, this Instance is prevented from doing so, in order not to transgress the right to a double instance of both parties. It is the obligation of the judge, in the judgment, to deploy the intellective task of analyzing, contrasting, and assessing the credibility or value of the evidence that was timely offered, admitted, and rendered, pursuant to Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. The parties have the right to know the reasons why the evidence was considered useful and pertinent, or without merit to prove their claim. And in such function, to adhere to the procedural rules that govern. In this case, with the initial complaint (image 17 to 26 and 42 to 51 pdf mode) the following documentary evidence was provided: a copy of the Inspection by the Municipalidad de San Carlos conducted as a result of the complaint, notification from the municipal corporation to the accused (defendants in this process), a registration certification and map of the plaintiff's property (image 31 to 34 file pdf mode) and photographs (image 35 and 36 same location). In addition, the testimony of Ibrahim Sánchez Rojas and a party statement from the defendant was rendered. From the reading of the complaint filed and answer, the topic of the slope that is cited to have existed and was eliminated is the central aspect and for this the plaintiff offered the evidence mentioned in the initial pleading, which the defendant refuted in the answer, all of which must be assessed comprehensively. An aspect pending to be developed in a new ruling to be issued. Resolving on the substantive grievances is omitted due to the manner in which this Instance resolves. **VIII- Defendant's appeal.** Regarding the amount in dispute and the ruling on an award of costs. In this proceeding it was resolved: “IX.- COSTS. Based on Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the plaintiff is exempted from payment of the costs of the proceeding as it is considered she has acted in good faith.” It is noted by this Instance that the Ley de Jurisdicción Agraria, in its section 55, states: “Judgments, as well as resolutions that conclude the proceeding, shall contain a pronouncement on costs. The losing party may be exempted from payment of personal costs, and even procedural costs, when it is evident that they have litigated in good faith, because, in the tribunal’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or because the claims of the winning party ultimately proved disproportionate.” The principle of objective defeat thus applies, which establishes the rule of ordering the losing party in its claims to pay. However, exceptionally, the party who was defeated may be exempted from bearing the obligation to pay those amounts. The assessment of the obligor’s release falls according to whether the litigation was conducted in procedural good or bad faith. Or, when the claim or counterclaim included exaggerated or disproportionate claims. Likewise, it is possible to grant exemption when the judgment upholds some substantive claims of the claim or counterclaim. As well as if important defenses requested by the party who was defeated in the litis are admitted, or in cases of mutual defeat. That exemption is optional for the judge, provided that it is grounded with the reasons for decreeing the exemption from those items. In this matter, upon reviewing the case file, the appealed judgment omitted to set forth the reasons for the exemption from costs, as it only stated that it litigated in good faith without explaining the reason for that conclusion; this is necessary to know the motive for that decision, in accordance with Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. Furthermore, there is also no certainty regarding the amount in dispute (cuantía) of the proceeding, as a pronouncement on the amount of the amount in dispute was omitted at the appropriate procedural stage, according to the claim, its claims, and the estimations set forth therein. It is noted that the party did rule on that point when answering the claim without any pronouncement from the Court. The issue of setting the amount in dispute is subject to appeal and has significant repercussions on the economic effects of the proceeding, as well as on determining access or not to a potential cassation appeal (recurso de casación) regarding what may ultimately be decided on the merits of the matter. For that reason, that aspect of the proceeding must be corrected by the court of instance prior to issuing the judgment on the merits. IX- Based on the reasons set forth, and Articles 26, 54, and 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the appealed resolution is annulled. The case file is remitted to the court of origin so that, prior to issuing a new judgment on the merits, the issue of the amount in dispute (cuantía) of the claim may be resolved. And subsequently, a new judgment shall be issued that adequately analyzes the evidentiary elements, according to the rules of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and the aspect of costs. POR TANTO Judgment NO 2023000343 of eleven hours fifteen minutes of the twenty-ninth of September of the year two thousand twenty-three is annulled. Prior to the issuance of a new judgment, the Court of origin shall resolve the amount of the amount in dispute (cuantía) of this proceeding. PWWP43U4J58M61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A MUUJJ43UQWMC61 MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A 43C9ALALGL43S61 GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 21-000222-0298-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:38:40. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República