Res. 01056-2024 Tribunal Agrario — Agrarian Court Declares Lack of Jurisdiction over SINAC Order in Tortuguero National ParkIncompetencia agraria para suspender orden de SINAC en Parque Nacional Tortuguero

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01056 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Noviembre del 2024 a las 16:19

Expediente: 23-000149-0507-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Diligencia de prueba anticipada

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Competencia agraria

Subtemas:

Incompetencia para resolver sobre acto administrativo del SINAC ejercido en funciones propias en materia ambiental contra el que se solicita su suspensión.

"III.- Dado lo citado, con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se determina por esta Sede ha de declararse la incompetencia por razón de la materia de la sede especializada agraria para conocer la apelación contra el auto sentencia recurrida que denegó la medida cautelar anticipada. Lo anterior, en virtud de que el objeto del proceso cautelar lo constituye un acto administrativo del SINAC ejercido en funciones propias en materia ambiental, contra el que se solicita su suspensión al cuestionarse la motivación, legalidad y fin de la decisión de orden de suspensión de actividades a la Administrada en su fundo.  Se hace notar, se solicita en la vía de medida cautelar anticipada se deje sin efecto la orden administrativa del SINAC de eliminación y suspensión de actividades productivas dentro de la finca ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero. Orden emitida en ejercicio de las facultades administrativas legales del SINAC como ente desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía y administrador de las áreas silvestres protegidas. Si bien, se describe que la finca se dedica a actividades agrarias, las pretensiones se dirigen al combate de actos administrativos en la vía de medida cautelar anticipada; lo cual resulta ajeno al conocimiento de esta Jurisdicción dada la argumentación de abuso de derecho de la Administración entiéndase MINAE-SINAC, ilegalidad de la actuación y lesión a los derechos de la administrada. Lo anterior, al tenor del artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Lo referido versa sobre relaciones o actos de naturaleza administrativa, en relación con facultades de la función administrativa estatal.  Se concluye del objeto del proceso, que el conocimiento de este asunto está fuera del ámbito de las competencias de los Tribunales Agrarios. El artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone, la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. Por lo que el conocimiento de la apelación contra el auto sentencia apelada, dada la incompetencia decretada, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa; al tratarse sobre la discusión del ejercicio de los actos y la conducta administrativa aquí cuestionada. La sede agraria no está ideada con la legislación vigente para atacar actos de la Administración (artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y ver voto de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia n° 530-F-S1-2008 de las 14 horas 25 minutos del 1 de agosto del 2008) [...]".

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Documento PJEDITOR

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EXPEDIENTE:

	

23-000149-0507-AG - 1




PROCESO:

	

PRUEBA ANTICIPADA




ACTOR/A:

	

INES NEREYDA AVILES TAYLOR




DEMANDADO/A:

	

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC)

 

   

VOTO N°  N° 2024001056

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas diecinueve minutos del doce de noviembre de dos mil veinticuatro.-

 

MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA establecida por NEREYDA AVILÉS TAYLOR , mayor, casada, pensionada, cédula de identidad número  siete - cero cuarenta y ocho - ochocientos treinta, vecina de Alajuela; contra SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, cédula jurídica tres - cero cero siete - trescientos diecisiete mil novecientos doce, representada por su director ejecutivo interino David Chavarría Morales, mayor, casado, licenciado en administración de negocios, cédula de identidad número uno - mil sesenta y nueve - doscientos noventa y cinco, vecino de Limón. Participan como apoderados especiales judiciales: de la parte actora el licenciado Carlos González Campos, carné cinco mil novecientos veintitrés; y de la parte demandada el letrado Andrés Alvarado Ramírez, colegiado veinticuatro mil doscientos once. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Conoce este Tribunal del recurso de apelación contra el auto sentencia Nº 2024000300 de las trece horas con cincuenta y dos minutos del quince de julio del año dos mil veinticuatro. -

Redacta la Jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Se apela por la solicitante de la medida cautelar anticipada, la resolución que denegó su pretensión N° 2024000300 de las trece horas cincuenta y dos minutos del quince de julio del 2024 del Juzgado de instancia. Alegando en su recurso la ilegalidad de la decisión y resultar contradictoria.  Menciona, se niega el acceso al derecho y la justicia consagrado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues la decisión autoriza a la Administración la imposición de la orden y el despojo de una posesión que deriva desde el año 1948. Fecha en que se entró en posesión de la finca por el cesionario de dicha posesión. Se solicitó la tutela por el derecho y la legitimación debido a una actuación estatal irregular. La posesión se ha mantenido en el tiempo de forma, quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título y de dueño y de buena fe, en el desarrollo del ciclo agropecuario. Considera, la decisión se encuentra viciada y con valoración insuficiente de prueba al no realizarse su análisis integral.  Invoca la inobservancia de los artículos 277, 278 y relacionados del Código Civil, numerales 11, 27, 33, 39, 41 y 45 de la Constitución Política, 1, 7, 8, 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.  Refuta, se reconoce en la decisión apelada se giró la orden administrativa número 918, que le ordena a al recurrente sacar un vehículo del Parque Nacional Tortuguero, no continuar extrayendo cocos del Parque, ni continuar con la usurpación y ocupación, así como sacar su ganado.  En dicha orden, acusa, se le considera a la apelante como usurpadora de la finca. Quedando desprotegida a partir del rechazo de la tutela cautelar anticipada solicitada, que se fundamentó en el escrito de solicitud inicial. Aduce, se le está autorizando a la Administración dar por fenecida una posesión agropecuaria derivada desde el año 1948, en claro atropello a los numerales artículos 277, 278 del Código Civil respecto a la posesión de un inmueble. Reclama, no ser usurpadora, sino poseedora de vieja data y de previo a la creación del Parque Nacional Tortuguero. Cuestiona, la violación de los artículos constitucionales 11, del derecho a la respuesta, el debido proceso y a garantía de justicia pronta y cumplida, el derecho a la propiedad artículo 45 y la inviolabilidad de la propiedad. Que encuentra sustento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21, respecto del derecho a la propiedad. Si bien se hace referencia a una medida cautelar anterior por la intención de despojar la posesión indicada e doña Nereyda, lo cierto del caso es que existe una nueva perturbación a esa mediante la orden administrativa señalada, de tal forma que mi representada está en todo su derecho de aplicar nuevamente con una medida cautelar atípica en resguardo de su derecho. Que una vez con esta se procederá a interponer el recurso recursos o demandadas que se requieran en virtud de la perturbación actual e inminente por parte de la administración, quien desea terminar que esa posesión de tantos años mediante un acto administrativo, incluso al dictar ese resolución con el rechazo se violenta el numeral 6 de la Ley de Creación del Parque Nacional Tortuguero. Por todo lo expuesto solicito se revoque la resolución recurrida y en su lugar se otorgue la medida cautelar anticipada para proceder de parte de mi poderdante como en derecho corresponde. Como agravio separado invoca la ausencia de análisis en la fundamentación intelectiva de la resolución. Media un análisis intelectivo insuficiente, carente de valoración integral de la prueba testimonial, la declaración del señor Abella donde se demuestra, que efectivamente la posesión de doña Nereyda es de larga data y el ciclo agropecuario desarrollado en la finca. Ocurriendo que de la noche a la mañana, mediante un acto abusivo en contra de normas civiles, constitucionales e internacionales de alto rango se le afecta. No se valoró la declaración de parte del Director, donde se demostró que el acto realizado por funcionarios de esa institución es abusivo y contrario a derecho. Deduciéndose, que para terminar con esa posesión se debe proseguir lo indicado en el artículo 6 de la Ley Constitutiva del Parque Tortuguero, o bien mediante un proceso ordinario para dar por fenecida la posesión de vieja data. Sin que sea posible considerar que por haber existido una medida cautelar anterior, se tenga como cosa juzgada dicha decisión y al solicitar nuevamente otra medida cautelar, precisamente por otro acto administrativo se vaya a rechazar la solicitud, como se decide en este asunto. Solicita que, por falta de fundamentación, se revoque la resolución y se ordenen el otorgamiento de las medidas cautelares por lo siguiente: para evitar la causación del daño o perjuicio y lograr el objetivo de esta medida que se ha planteado debido al acto administrativo y actuar de la Administración, caso contrario estimo, estaríamos en presencia de una denegación de justicia pronta y cumplida, acorde con el artículo 41 y 21 de la Constitución Política

  II-  II- Analizados los autos se observa que en el escrito inicial del presente proceso de medida cautelar anticipada la actora Inés Avilés Taylor contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), como pretensiones pide: "1- Solicito declarar parcialmente con lugar la medida cautelar solicitada, y ordenar la suspensión provisional de la orden de desalojo administrativa  n. 918, concluya su autoridad que pretenden ordenar la suspensión de actividades agropecuarias que han existido en la finca desde hace setenta y cinco años, y lo pretenden hacer solamente con una orden administrativa, sin respetar el debido proceso y el derecho de defensa así como el derecho de posesión. 2.Solicito se declare con lugar la presente medida cautelar. 2. Se le prohíba a los funcionarios del SINAC, disponer del ganado que pasta en la finca, ya que dicha actividad tiene cerca de 75 años de ejercerla en esa. 3.Se le prohíba a los funcionarios del SINAC impedir la extracción de cocos, ya que estos se obtienen de los sembradíos realizados por mis antecesores y por la infrascrita. Todo lo anterior, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les puede seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad y al pago de daños y perjuicios. Le informo al señor juez que esta es la segunda orden administrativa en un corto tiempo y que al respecto existe previamente” (imagen 1 a 8 modo pdf). Señala en su memorial, es poseedora de un terreno ubicado dentro del Parque Nacional Tortuguero. Sito en Limón, cantón Segundo Pococí, distrito Cuatro Roxana. Naturaleza de montaña frutales pastos y cocales, con construcción de casona grande, comedor grande, dos casas pequeñas, una planta eléctrica, pozo, repastos, cultivos de coco. Linda al norte, oeste y sur con Parque Nacional Tortuguero y al este con zona Inalienable. Cabida treinta y siete hectáreas tres mil cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados. Plano L-942313 - 1991. Afirma, ejerce la posesión actual y momentánea, que deriva desde el año 1948 de sus padres. Se dedica a actividad agraria ganadera, agroforestal y de conservación. Las mejoras y accesiones se realizaron por sus progenitores, desde antes que se declarara el parque nacional citado. Como acto perturbatorio describe que el 27 de junio del 2023 se apersonaron a su finca funcionarios del Área de Conservación Tortuguero - SINAC y notificaron la orden administrativa número 0918, en la que se les indica sacar el vehículo y ganado del Parque Nacional Tortuguero. No seguir extrayendo cocos, ni con la usurpación. Con lo cual se genera intimidación y perturbación de su posesión, así como abuso de autoridad violatoria del debido proceso. Relata los antecedentes de la posesión de su fundo, donde sus progenitores desde 1948 ingresaron de previo a la creación del Parque Nacional Tortuguero por ley número 5680 del 3 de noviembre de 1975 y su ampliación por el artículo 2 del decreto ejecutivo N° 11148 del 05 de febrero de 1980, donde se incluyó la Laguna Jalova que es la zona donde se ubica su fundo. A la fecha de la ampliación, cita, la posesión ejercida por su familia era ya de 32 años y al crearse el Parque de 73 años. Señala, no existe ningún acto administrativo de desalojo, ni en sede agrario o penal o contenciosa administrativa, donde pueda defenderse de las actuaciones del SINAC y ejercer el debido proceso Por lo que acude a esta vía para evitar el desalojo forzoso e ilegal en uso de la intimidación de una orden administrativa. Se emite por el JUZGADO AGRARIO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA. Auto que tiene por establecido el proceso y se señala un reconocimiento judicial el 24 de octubre del 2023 citando al Sistema Nacional de Áreas de conservación y ordenando recibir la declaración testimonial de un testigo propuesto. (imagen 21 y 22 expediente digital modo PDF). Que se apersona al expediente mediante escrito del imagen 30 a 31 modo pdf. Se realiza reconocimiento judicial en fecha señalada (minuta a imagen 33 modo pdf). Consta prueba y manifestaciones posteriores del SINAC con observaciones y alegatos (imagen 35 a 76 modo pdf). Y se aportó prueba documental de copia de expediente número 21-000197-507-AG previo de medida cautelar anticipada del mismo juzgado agrario. Se emite el auto sentencia cautelar apelada N° 2024000300 de las trece horas con cincuenta y dos minutos del quince de julio del año dos mil veinticuatro que resuelve: “POR TANTO: Se rechaza la medida cautelar interpuesta por Nereyda Avilés Taylor en contra del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Una vez firme esta resolución, envíese el expediente a su archivo definitivo. Se condena a la señora Avilés Taylor al pago de las costas producto de este asunto.” (imagen 156 a 162 expediente digital modo pdf).

        III.- Dado lo citado, con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se determina por esta Sede ha de declararse la incompetencia por razón de la materia de la sede especializada agraria para conocer la apelación contra el auto sentencia recurrida que denegó la medida cautelar anticipada. Lo anterior, en virtud de que el objeto del proceso cautelar lo constituye un acto administrativo del SINAC ejercido en funciones propias en materia ambiental, contra el que se solicita su suspensión al cuestionarse la motivación, legalidad y fin de la decisión de orden de suspensión de actividades a la Administrada en su fundo.  Se hace notar, se solicita en la vía de medida cautelar anticipada se deje sin efecto la orden administrativa del SINAC de eliminación y suspensión de actividades productivas dentro de la finca ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero. Orden emitida en ejercicio de las facultades administrativas legales del SINAC como ente desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía y administrador de las áreas silvestres protegidas. Si bien, se describe que la finca se dedica a actividades agrarias, las pretensiones se dirigen al combate de actos administrativos en la vía de medida cautelar anticipada; lo cual resulta ajeno al conocimiento de esta Jurisdicción dada la argumentación de abuso de derecho de la Administración entiéndase MINAE-SINAC, ilegalidad de la actuación y lesión a los derechos de la administrada. Lo anterior, al tenor del artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Lo referido versa sobre relaciones o actos de naturaleza administrativa, en relación con facultades de la función administrativa estatal.  Se concluye del objeto del proceso, que el conocimiento de este asunto está fuera del ámbito de las competencias de los Tribunales Agrarios. El artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone, la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. Por lo que el conocimiento de la apelación contra el auto sentencia apelada, dada la incompetencia decretada, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa; al tratarse sobre la discusión del ejercicio de los actos y la conducta administrativa aquí cuestionada. La sede agraria no está ideada con la legislación vigente para atacar actos de la Administración (artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y ver voto de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia n° 530-F-S1-2008 de las 14 horas 25 minutos del 1 de agosto del 2008).

 IV- Por esas razones, y de conformidad con el artículo 1, 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se decreta la incompetencia por la materia para el conocimiento de este asunto por estimarse corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Visto que lo apelado es una resolución que resolvió la solicitud de medida cautelar anticipada de primera instancia, remítase el presente expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José para su tramitación, si a bien lo tiene. 

POR TANTO

 Se decreta que, por razón de la materia, este asunto no compete ser conocido por la jurisdicción especializada agraria. Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Remítase el presente expediente a ese despacho para la resolución de la apelación interpuesta con el auto sentencia N° 2024000300 de las trece horas cincuenta y dos minutos del quince de julio del 2024 del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de La Zona Atlántica, si a bien lo considera.

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-000149-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:34:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. N° 2024001056

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At sixteen hours and nineteen minutes on the twelfth of November, two thousand twenty-four.-

ANTICIPATORY PRECAUTIONARY MEASURE established by NEREYDA AVILÉS TAYLOR, of legal age, married, pensioner, identity card number seven - zero forty-eight - eight hundred thirty, resident of Alajuela; against SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, legal identification number three - zero zero seven - three hundred seventeen thousand nine hundred twelve, represented by its acting executive director David Chavarría Morales, of legal age, married, licensed in business administration, identity card number one - one thousand sixty-nine - two hundred ninety-five, resident of Limón. Participating as special judicial attorneys: for the plaintiff, licensed Carlos González Campos, bar number five thousand nine hundred twenty-three; and for the defendant, the lawyer Andrés Alvarado Ramírez, bar number twenty-four thousand two hundred eleven. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone. This Tribunal hears the appeal against the judgment No. 2024000300 of thirteen hours and fifty-two minutes on the fifteenth of July of the year two thousand twenty-four. -

Judge Castro García writes; and,

WHEREAS:

I.- The applicant for the anticipatory precautionary measure appeals the resolution that denied her claim No. 2024000300 of thirteen hours and fifty-two minutes on the fifteenth of July of 2024 from the lower Court. Alleging in her appeal the illegality of the decision and its contradictory nature. She mentions that access to the right and justice enshrined in the national and international legal order is denied, since the decision authorizes the Administration to impose the order and the dispossession of a possession that dates back to the year 1948. The date on which the assignee of said possession entered into possession of the farm. Protection was sought for the right and standing due to an irregular state action. The possession has been maintained over time in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, by title and as owner and in good faith, in the development of the agricultural cycle. She considers that the decision is flawed and with insufficient evidentiary assessment as its integral analysis was not conducted. She invokes the disregard of articles 277, 278 and related of the Civil Code, numerals 11, 27, 33, 39, 41 and 45 of the Political Constitution, 1, 7, 8, 21 of the American Convention on Human Rights. She refutes that it is acknowledged in the appealed decision that administrative order number 918 was issued, which orders the appellant to remove a vehicle from the Tortuguero National Park, not to continue extracting coconuts from the Park, nor to continue with the usurpation and occupation, as well as to remove her livestock. In said order, she accuses, the appellant is considered a usurper of the farm. Leaving her unprotected as of the rejection of the requested anticipatory precautionary protection, which was based on the initial application brief. She alleges that the Administration is being authorized to terminate an agricultural possession dating from 1948, in clear violation of numerals articles 277, 278 of the Civil Code regarding the possession of real property. She claims not to be a usurper, but a possessor of long standing and prior to the creation of the Tortuguero National Park. She questions the violation of constitutional articles 11, the right to a response, due process and the guarantee of prompt and complete justice, the right to property article 45 and the inviolability of property. Which finds support in the American Convention on Human Rights in its article 21, regarding the right to property. Although reference is made to a prior precautionary measure for the intention to dispossess the indicated possession of Ms. Nereyda, the fact of the matter is that there is a new disturbance to it through the indicated administrative order, such that my client is fully within her right to apply again with an atypical precautionary measure in protection of her right. That once this is obtained, she will proceed to file the recourse, appeals, or claims required by virtue of the current and imminent disturbance by the administration, which wishes to terminate that possession of so many years through an administrative act, even issuing that ruling with the rejection violates numeral 6 of the Law Creating the Tortuguero National Park. For all the foregoing, I request that the appealed resolution be revoked and in its place the anticipatory precautionary measure be granted for my client to proceed as legally appropriate. As a separate grievance, she invokes the absence of analysis in the intellectual reasoning of the resolution. There is an insufficient intellectual analysis, lacking an integral assessment of the testimonial evidence, the statement of Mr. Abella where it is shown that effectively Ms. Nereyda's possession is long-standing and the agricultural cycle developed on the farm. It turns out that overnight, through an abusive act contrary to high-ranking civil, constitutional, and international norms, she is affected. The statement of the Director was not assessed, where it was shown that the act carried out by officials of that institution is abusive and contrary to law. Deducing that, to terminate that possession, one must follow what is indicated in article 6 of the Law Constituting the Tortuguero Park, or through an ordinary process to bring an end to the long-standing possession. Without it being possible to consider that because a prior precautionary measure existed, said decision constitutes res judicata and when seeking another precautionary measure again, precisely for another administrative act, the request will be rejected, as is decided in this matter. She requests that, for lack of reasoning, the resolution be revoked and the granting of the precautionary measures be ordered for the following: to avoid the causation of damage or harm and achieve the objective of this measure that has been raised due to the administrative act and action of the Administration, otherwise, I believe, we would be in the presence of a denial of prompt and complete justice, in accordance with article 41 and 21 of the Political Constitution

II- Analysing the case file, it is observed that in the initial brief of the present anticipatory precautionary measure process by the plaintiff Inés Avilés Taylor against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), as claims she requests: "1- I request that the requested precautionary measure be partially granted, and order the provisional suspension of the administrative eviction order no. 918, conclude your authority that they intend to order the suspension of agricultural activities that have existed on the farm for seventy-five years, and they intend to do so only with an administrative order, without respecting due process and the right of defense as well as the right of possession. 2. I request that this precautionary measure be granted. 2. SINAC officials be prohibited from disposing of the livestock that grazes on the farm, since said activity has been exercised there for nearly 75 years. 3. SINAC officials be prohibited from preventing the extraction of coconuts, as these are obtained from the plantings carried out by my predecessors and the undersigned. All of the above, with the warning that in case of non-compliance they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority and for the payment of damages. I inform the judge that this is the second administrative order in a short time and that there is a prior one regarding this" (image 1 to 8 pdf format). She states in her brief that she is the possessor of a piece of land located within the Tortuguero National Park. Site in Limón, second canton Pococí, district Four Roxana. Nature of mountain, fruit trees, pastures, and coconut groves, with construction of a large house, large dining room, two small houses, a power plant, well, paddocks, coconut crops. Bordered to the north, west, and south by Tortuguero National Park and to the east by the Inalienable zone. Area thirty-seven hectares three thousand four hundred forty-two square meters. Plan L-942313 - 1991. She affirms that she exercises current and momentary possession, deriving from her parents since the year 1948. She is dedicated to agricultural, livestock, agroforestry, and conservation activity. The improvements and accessions were made by her parents, before the cited national park was declared. As a disturbing act, she describes that on June 27, 2023, officials from the Tortuguero Conservation Area - SINAC appeared at her farm and notified administrative order number 0918, in which they are instructed to remove the vehicle and livestock from the Tortuguero National Park. Not to continue extracting coconuts, nor with the usurpation. Which generates intimidation and disturbance of her possession, as well as an abuse of authority violating due process. She relates the background of the possession of her land, where her parents since 1948 entered prior to the creation of the Tortuguero National Park by law number 5680 of November 3, 1975, and its expansion by article 2 of executive decree No. 11148 of February 05, 1980, where the Laguna Jalova was included, which is the area where her land is located. At the date of the expansion, she cites, the possession exercised by her family was already 32 years old and upon the Park's creation, 73 years old. She points out that there is no administrative act of eviction, neither in the agrarian, criminal, or contentious-administrative forum, where she can defend herself against the actions of the SINAC and exercise due process. Therefore, she resorts to this path to avoid the forced and illegal eviction using the intimidation of an administrative order. The AGRARIAN COURT OF THE II JUDICIAL CIRCUIT OF THE ATLANTIC ZONE issues a ruling establishing the process and scheduling a judicial inspection on October 24, 2023, summoning the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and ordering to receive the testimonial statement of a proposed witness. (image 21 and 22 digital file PDF format). Who appears in the file through the brief from image 30 to 31 pdf format. Judicial inspection is conducted on the scheduled date (minutes at image 33 pdf format). Evidence and subsequent manifestations from SINAC with observations and arguments are recorded (image 35 to 76 pdf format). And documentary evidence of a copy of case file number 21-000197-507-AG, prior anticipatory precautionary measure from the same agrarian court, was provided. The appealed precautionary judgment No. 2024000300 of thirteen hours and fifty-two minutes on the fifteenth of July of the year two thousand twenty-four is issued, which resolves: "THEREFORE: The precautionary measure filed by Nereyda Avilés Taylor against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is rejected. Once this resolution is final, send the file to its definitive archive. Ms. Avilés Taylor is ordered to pay the costs resulting from this matter." (image 156 to 162 digital file pdf format).

III.- Given the above, based on article 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, this Court determines that it must declare its lack of competence (incompetencia) by reason of subject matter of the specialized agrarian court to hear the appeal against the appealed judgment that denied the anticipatory precautionary measure. The foregoing, by virtue of the fact that the object of the precautionary process is an administrative act of the SINAC exercised in its own functions in environmental matters, against which its suspension is requested, questioning the motivation, legality, and purpose of the decision to order the suspension of activities to the administered party on her land. It is noted that, through the anticipatory precautionary measure, it is requested that the administrative order of the SINAC for the elimination and suspension of productive activities within the farm located within the Tortuguero National Park be rendered without effect. Order issued in the exercise of the legal administrative powers of the SINAC as a decentralized body of the Ministerio de Ambiente y Energía and administrator of protected wild areas. Although it is described that the farm is dedicated to agricultural activities, the claims are directed at combating administrative acts through the anticipatory precautionary measure; which is foreign to the cognizance of this Jurisdiction given the argument of abuse of rights by the Administration understood as MINAE-SINAC, illegality of the action, and injury to the rights of the administered party. The foregoing, in accordance with article 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria. What is referred to concerns relationships or acts of an administrative nature, in relation to powers of the state administrative function. It is concluded from the object of the process that the cognizance of this matter is outside the scope of the competencies of the Tribunales Agrarios. Article 10 of the Código Procesal Contencioso Administrativo provides that the contentious-administrative jurisdiction has the purpose of protecting the legal situations of every person, guaranteeing or restoring the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative law, as well as hearing and resolving the various aspects of the legal-administrative relationship. Therefore, the cognizance of the appeal against the appealed judgment, given the declared lack of competence, corresponds to the contentious-administrative jurisdiction; as it concerns the discussion of the exercise of the acts and the administrative conduct herein questioned. The agrarian court is not designed under current legislation to attack acts of the Administration (article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and see vote of Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no. 530-F-S1-2008 at 14 hours 25 minutes on August 1, 2008).

IV.- For these reasons, and in accordance with article 1, 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 110 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 and 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, lack of competence (incompetencia) for subject matter is decreed for the cognizance of this matter as it is deemed to correspond to the contentious-administrative jurisdiction. Considering that what is appealed is a resolution that decided the first-instance request for an anticipatory precautionary measure, send the present case file to the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the Second Judicial Circuit of San José for its processing, if it deems appropriate.

THEREFORE

It is decreed that, by reason of subject matter, this matter is not competent to be heard by the specialized agrarian jurisdiction. It is declared that the cognizance of the present process corresponds to the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the Second Judicial Circuit of San José. Send the present case file to that office for the resolution of the appeal lodged against the judgment No. 2024000300 of thirteen hours and fifty-two minutes on the fifteenth of July of 2024 from the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, if it deems it appropriate.