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Español (source)Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Aguas Nº 276 de 27 de Agosto de 1942 y sus reformas, en materia de aguas, por disposición expresa del legislador, no es posible acudir a la vía interdictal. Las cuestiones que se susciten deben resolverse de acuerdo con lo que dispone esa Ley, por lo que no son aplicables los supuestos de hecho y de derecho contenidos en el Código Procesal Civil en materia interdictal. Esta disposición no es antojadiza, sino que radica en el carácter público y privado del recurso hídrico en nuestro país.
...el artículo 212 de la Ley de Aguas es tajante al establecer que en materia de aguas no será posible la demanda interdictal en sede judicial. Dicha norma es especial con respecto a las mencionadas, y no indica que el interdicto en materia de aguas sea competencia del Inspector, -aunque las discusiones sobre el libre uso de las servidumbres de aguas sí se encuentra contemplado en el 186- pero es una ley de carácter prohibitivo que rechaza la posibilidad de acudir a la vía sumaria interdictal, sea civil o agraria, para dilucidar estos problemas, reservando la vía declarativa ordinaria para tales efectos.
English (translation)In accordance with Article 212 of Water Law No. 276 of August 27, 1942 and its amendments, in water matters, by express legislative provision, it is not possible to resort to the interdict route. Any disputes that arise must be resolved in accordance with that Law, so the factual and legal assumptions contained in the Civil Procedure Code on interdict matters are not applicable. This provision is not arbitrary but stems from the public and private nature of water resources in our country.
...Article 212 of the Water Law is categorical in establishing that in water matters a judicial interdict claim will not be possible. This rule is special in relation to those mentioned, and does not indicate that the interdict in water matters is the competence of the Inspector — although disputes over the free use of water easements are contemplated in Article 186 — but it is a prohibitory law that rejects the possibility of using the summary interdict route, whether civil or agrarian, to resolve these problems, reserving the ordinary declaratory route for such purposes.
Claim inadmissible
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 01143 - 2024 Fecha de la Resolución: 02 de Diciembre del 2024 a las 07:02 Expediente: 24-000220-0507-AG Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas Clase de asunto: Proceso interdictal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso sumario agrario Subtemas: Imposibilidad de invocar la tutela posesoria interdictal en materia de aguas. Temas (descriptores): Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria Subtemas: Imposibilidad de invocar la tutela posesoria interdictal en materia de aguas. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución EXPEDIENTE: 24-000220-0507-AG - 5 PROCESO: INTERDICTO ACTOR/A: HECTOR HIDALGO MADRIGAL DEMANDADO/A: ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNAL SAN RAMÓN DE. VOTO N° N° 2024001143 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las siete horas dos minutos del dos de diciembre de dos mil veinticuatro.- INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN planteado por HÉCTOR HIDALGO MADRIGAL, mayor, cédula de identidad dos - doscientos dieciséis - seiscientos veintinueve; contra ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNAL SAN RAMÓN DE LA VIRGEN, cédula de identidad tres - cero cero dos - trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho. Actúa como abogado director de Hidalgo Madrigal, el licenciado Luis Alberto Álvarez Muñoz, colegiado diez mil setecientos noventa y siete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles. Conoce este Tribunal de la inhibitoria de las ocho horas con veinticinco minutos del diecisiete de setiembre del año dos mil veinticuatro.- Redacta el juez Picado Vargas; y, CONSIDERANDO: I.- El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, mediante resolución de las ocho horas con veinticinco minutos del diecisiete de setiembre del año dos mil veinticuatro, se inhibe de conocer del presente interdicto al considerar que es de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa (imagen 101 del expediente electrónico).- II.- En la praxis judicial resulta común la interposición de demandas interdictales por conflictos originados en asuntos de aguas. El desarrollo jurisprudencial en ambas materias así lo ha demostrado. Este Tribunal considera que no es un problema de competencia material, sino de improponibilidad de la demanda, de conformidad con el artículo 35.5.1 del Código Procesal Civil, que indica que será improponible la demanda cuando "el objeto o la pretensión sea evidentemente contrarios al ordenamiento". Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Aguas Nº 276 de 27 de Agosto de 1942 y sus reformas, en materia de aguas, por disposición expresa del legislador, no es posible acudir a la vía interdictal. Las cuestiones que se susciten deben resolverse de acuerdo con lo que dispone esa Ley, por lo que no son aplicables los supuestos de hecho y de derecho contenidos en el Código Procesal Civil en materia interdictal. Esta disposición no es antojadiza, sino que radica en el carácter público y privado del recurso hídrico en nuestro país. Si bien el numeral 186 establece la competencia material del Inspector Cantonal de Aguas y los artículos 199 a 212 establecen la competencia de los órganos judiciales en la materia, el artículo 212 de la Ley de Aguas es tajante al establecer que en materia de aguas no será posible la demanda interdictal en sede judicial. Dicha norma es especial con respecto a las mencionadas, y no indica que el interdicto en materia de aguas sea competencia del Inspector, -aunque las discusiones sobre el libre uso de las servidumbres de aguas sí se encuentra contemplado en el 186- pero es una ley de carácter prohibitivo que rechaza la posibilidad de acudir a la vía sumaria interdictal, sea civil o agraria, para dilucidar estos problemas, reservando la vía declarativa ordinaria para tales efectos. La doctrina nacional ha estudiado el tema señalando: “Por ello, si un particular acude a la vía interdictal judicial, la procedencia de su demanda no es un asunto de competencia material, ya que no podría un Juzgado Civil o el mismo Tribunal Agrario determinar la competencia en un proceso prohibido expresamente por ley. Mucho menos podría determinar que es competencia del Inspector de Aguas y trasladarle el conocimiento del asunto a su sede, pues es administrativa y no judicial, arrojándose potestades que la ley no les concede. Tampoco podría estimarse que cabe la falta de agotamiento de la vía administrativa; pues el numeral 193 de la Ley de Aguas, como se analizó anteriormente, otorga a las resoluciones firmes del Inspector o del MINAE ese carácter pero para procesos judiciales declarativos, no para el sumario interdictal, el cual, insistimos, es prohibido expresamente por el numeral 212. (…) Nos encontramos, bajo este panorama, en los supuestos de lo que en la doctrina procesalista se ha denominado como una “demanda improponible”: no es posible interponer una demanda interdictal en asunto de aguas por encontrarse prohibido expresamente por ley. Su conocimiento se encuentra vedado para los tribunales comunes en la vía interdictal, por lo que el órgano jurisdiccional no puede conocer del asunto, discutir la competencia, recibir pruebas ni dictar sentencia. Lo procedente es el rechazo ad limine de la demanda… ¿Para qué dar curso a una demanda que va a ser necesariamente rechazada por aspectos de procedibilidad hasta la sentencia de fondo, luego de un maratónico proceso judicial?... (…) Consideramos, que, en aras de una verdadera justicia pronta y cumplida, se pudo determinar desde el principio, amparándose en el numeral 212 de la Ley de Aguas y el 97 del CPC, la improponibilidad de la demanda, ahorrándole, a las partes y al mismo Poder Judicial, gastos en tiempo y dinero en un proceso inútil, y dando así un verdadero acceso a la justicia.” ARTAVIA BARRANTES (Sergio) y PICADO VARGAS (Carlos). Los Interdictos en Materia Civil, Agraria y Ambiental, San José, Dupas, 2007, p.p. 537-547. En el presente asunto, se trata de un proceso interdictal en el cual la parte actora, en los hechos tercero y cuarto de la demanda a imagen 5 del expediente electrónico, reclama como acto perturbador la construcción de un tanque de abastecimiento de agua y una draga y un entubamiento de las salidas de agua de una naciente en su propiedad. De conformidad con los artículos 186 a 193 y 205 a 212 de la Ley de Aguas, si se suscitan diferencias entre particulares con motivo del aprovechamiento de aguas vivas, manantiales, corrientes, aguas muertas y subterráneas, así como las reclamaciones provenientes del uso de servidumbres, ya sean naturales, legales o voluntarias -establecidas por contrato-, por la tolerancia durante más de un año o por el transcurso del término de la prescripción adquisitiva, lo mismo que las discusiones asignadas en casos de obras de defensa, desecación o regadío, los interesado pueden recurrir a la vía administrativa o la judicial, pero en la vía ordinaria, no en la sumaria interdictal, por lo que deberá rechazarse la excepción de falta de competencia material opuesta por el demandado. En su lugar, por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 35.5.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en virtud de los numerales 6 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria y el numeral 212 de la Ley de Aguas, se declara improponible la presente demanda interdictal, sin especial condenatoria en costas. III.- VOTO SALVADO DEL JUEZ ULATE CHACÓN: El suscrito, si bien respeta, no comparte el voto de mayoría por lo siguiente. En este caso se está discutiendo, ciertamente, un tema de aprovechamiento del recurso hídrico, pero derivado de una concesión, lo cual, evidentemente, es un tema de dominio público que debe ser erradicado en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, como lo consideró el a-quo. Por ende, el suscrito considera que el Tribunal debe aprobar la inhibitoria declarada y ordena remitir el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo, para lo que corresponda. POR TANTO Se declara improponible la presente demanda interdictal, sin especial condenatoria en costas. El Juez Ulate Chacón salva el voto.- B47PBEXKH5GM61 CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A WM1HS5P8ORO61 ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A PNP7ZZESRRS61 ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 24-000220-0507-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CASE FILE: 24-000220-0507-AG - 5 PROCEEDING: INTERDICTO (POSSESSORY INTERDICT) PLAINTIFF: HECTOR HIDALGO MADRIGAL DEFENDANT: ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNAL SAN RAMÓN DE. VOTO N° 2024001143 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At seven hours and two minutes on December second, two thousand twenty-four.- INTERDICTO DE AMPARO DE POSESIÓN (POSSESSORY INTERDICT FOR PROTECTION OF POSSESSION) filed by HÉCTOR HIDALGO MADRIGAL, of legal age, identity card number two - two hundred sixteen - six hundred twenty-nine; against ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNAL SAN RAMÓN DE LA VIRGEN, identity card number three - zero zero two - three hundred seventy-five thousand four hundred sixty-eight. The attorney directing Hidalgo Madrigal's case is Luis Alberto Álvarez Muñoz, bar association number ten thousand seven hundred ninety-seven. Processed before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles. This Tribunal hears the matter upon the declination of jurisdiction (inhibitoria) issued at eight hours and twenty-five minutes on September seventeenth, two thousand twenty-four.- Judge Picado Vargas drafts the opinion; and, CONSIDERANDO (WHEREAS): I.- The Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, by resolution issued at eight hours and twenty-five minutes on September seventeenth, two thousand twenty-four, declines jurisdiction (se inhibe) to hear this possessory interdict (interdicto), considering that it falls under the jurisdiction of the administrative litigation courts (jurisdicción contenciosa administrativa) (image 101 of the electronic case file).- II.- In judicial practice, the filing of possessory interdict (interdictal) claims for conflicts arising from water matters is common. The jurisprudential development in both areas has demonstrated this. This Tribunal considers that it is not a problem of material jurisdiction (competencia material), but rather of the inadmissibility of the claim (improponibilidad de la demanda), pursuant to Article 35.5.1 of the Civil Procedure Code, which states that a claim shall be inadmissible (improponible) when "the object or the claim is manifestly contrary to the legal system." In accordance with the provisions of Article 212 of the Water Law No. 276 of August 27, 1942, and its amendments, in water matters, by express provision of the legislator, it is not possible to resort to the possessory interdict (vía interdictal) route. The questions that arise must be resolved in accordance with the provisions of that Law, and therefore the factual and legal scenarios contained in the Civil Procedure Code regarding possessory interdict matters (materia interdictal) are not applicable. This provision is not arbitrary, but rather stems from the public and private nature of water resources (recurso hídrico) in our country. Although numeral 186 establishes the material jurisdiction of the Cantonal Water Inspector (Inspector Cantonal de Aguas) and articles 199 to 212 establish the jurisdiction of judicial bodies in the matter, Article 212 of the Water Law is categorical in establishing that in water matters, a possessory interdict claim (demanda interdictal) will not be possible in a judicial venue. Said norm is special with respect to those mentioned, and does not indicate that the possessory interdict (interdicto) in water matters falls under the jurisdiction of the Inspector —although discussions on the free use of water easements (servidumbres de aguas) are indeed contemplated in 186— but it is a prohibitive law that rejects the possibility of resorting to the summary possessory interdict route (vía sumaria interdictal), whether civil or agrarian, to elucidate these problems, reserving the ordinary declaratory route (vía declarativa ordinaria) for such purposes. National doctrine has studied the issue, stating: "Therefore, if a private individual resorts to the judicial possessory interdict route (vía interdictal judicial), the admissibility of their claim is not a matter of material jurisdiction, since neither a Civil Court nor the Agrarian Tribunal itself could determine jurisdiction in a proceeding expressly prohibited by law. Much less could it determine that it is the jurisdiction of the Water Inspector and transfer the knowledge of the matter to their seat, as this is administrative and not judicial, thereby arrogating powers that the law does not grant them. Nor could it be considered that the failure to exhaust administrative remedies applies; because numeral 193 of the Water Law, as previously analyzed, grants that character to the final resolutions of the Inspector or of MINAE, but for ordinary judicial declaratory processes (procesos judiciales declarativos), not for the summary possessory interdict (sumario interdictal), which, we insist, is expressly prohibited by numeral 212. (…) We find ourselves, under this panorama, in the circumstances of what procedural law doctrine has termed an 'inadmissible claim' (demanda improponible): it is not possible to file a possessory interdict claim (demanda interdictal) in water matters because it is expressly prohibited by law. Its hearing is barred for ordinary courts via the possessory interdict route (vía interdictal), meaning the jurisdictional body cannot hear the matter, discuss jurisdiction, receive evidence, or issue a judgment. The appropriate course is the rejection of the claim at the threshold (rechazo ad limine de la demanda)… Why process a claim that will necessarily be rejected due to procedural admissibility issues (aspectos de procedibilidad) until the final judgment on the merits, after a marathon judicial process?... (…) We consider that, in the interest of true swift and complete justice, the inadmissibility of the claim (improponibilidad de la demanda) could have been determined from the outset, based on numeral 212 of the Water Law and 97 of the CPC, saving the parties and the Judiciary itself expenses in time and money on a useless process, and thus providing true access to justice." ARTAVIA BARRANTES (Sergio) and PICADO VARGAS (Carlos). Los Interdictos en Materia Civil, Agraria y Ambiental, San José, Dupas, 2007, pp. 537-547. In the present matter, this is a possessory interdict proceeding (proceso interdictal) in which the plaintiff, in the third and fourth facts of the claim at image 5 of the electronic case file, claims as a disruptive act the construction of a water supply tank and a dredge and a piping of the water outlets of a spring (naciente) on their property. Pursuant to articles 186 to 193 and 205 to 212 of the Water Law, if differences arise between private individuals regarding the use of living waters, springs (manantiales), streams, dead or underground waters, as well as claims arising from the use of easements (servidumbres), whether natural, legal, or voluntary —established by contract—, by tolerance for more than one year, or by the expiration of the period for acquisitive prescription, as well as the assigned discussions in cases of defense, drainage, or irrigation works, the interested parties may resort to the administrative route or the judicial route, but via the ordinary route (vía ordinaria), not the summary possessory interdict route (vía sumaria interdictal), and therefore the exception for lack of material jurisdiction asserted by the defendant must be rejected. In its stead, for all of the foregoing, pursuant to Article 35.5.1 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily by virtue of numerals 6 and 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria and numeral 212 of the Water Law, the present possessory interdict claim (demanda interdictal) is declared inadmissible (improponible), with no special ruling on costs. III.- DISSENTING VOTE (VOTO SALVADO) OF JUDGE ULATE CHACÓN: The undersigned, while respectful, does not share the majority vote for the following reasons. In this case, what is being discussed is, certainly, a matter of water resource (recurso hídrico) use, but derived from a concession, which is evidently a matter of public domain that must be eradicated in the Administrative Litigation Jurisdiction (Jurisdicción Contencioso-administrativa), as the lower court (a-quo) considered. Therefore, the undersigned considers that the Tribunal must approve the declination of jurisdiction (inhibitoria) declared and order the case file remitted to the Tribunal Contencioso Administrativo, for whatever corresponds. POR TANTO (THEREFORE) The present possessory interdict claim (demanda interdictal) is declared inadmissible (improponible), with no special ruling on costs. Judge Ulate Chacón issues a dissenting vote.- EXP: 24-000220-0507-AG II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Phones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:40:06.