Res. 01172-2024 Tribunal Agrario — Requirements for possessory information proceeding on forested landRequisitos para información posesoria sobre terreno con bosque

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01172 - 2024

Fecha de la Resolución: 16 de Diciembre del 2024 a las 10:59

Expediente: 21-000012-1002-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Actividad judicial no contenciosa

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Conservación de los recursos naturales
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

21-000012-1002-AG - 0




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

MARIA ISABEL SANCHEZ PALMA

 

   

VOTO N°  N° 2024001172

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.-

   INFORMACIÓN POSESORIA promovida por MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PALMA, mayor, soltera, administradora de empresas y técnica administrativa, vecina de Guácimo, Limón, cédula de identidad siete - doscientos tres - novecientos setenta y seis.  Intervienen en el proceso como partes interesadas la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cédula jurídica dos - mil - cuarenta y dos mil seis, representada por su Procuradora Adjunta, Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad dos - cuatrocientos sesenta y seis - cero sesenta y cinco, carné ocho mil cuarenta y dos; y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), cédula jurídica, cuatro - cero cero cero cero - cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres, representada por su apoderado general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San Ramón de Alajuela,  cédula de identidad uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno. Actúa como apoderado especial judicial de la promovente el letrado Viamney Guzmán Alvarado, carné trece mil seiscientos treinta y tres.Tramitado ante el Juzgado Civil, Trabajo de Turrialba, (materia agraria).

 Redacta el juez Darcia Carranza; y;

CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1.- La parte promovente estima la presente demanda en veintiocho millones de colones y solicita se aprueben estas diligencias de información posesoria sobre el inmueble que se describe así: Finca cuya naturaleza es terreno de montaña y plantación forestal. Situada en LA MINA, del DISTRITO ocho TAYUTIC, CANTÓN cinco TURRIALBA, de la provincia de CARTAGO.- COLINDA: al NORTE: en parte con Quebrada sin nombre lindero natural y con servidumbre agrícola de siete metros de ancho; al SUR: Banco Nacional de Costa Rica; al ESTE: Río Platanillo lindero natural; y al OESTE: Quebrada sin nombre lindero natural.- MIDE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS, tal como lo indica el plano catastrado número C - DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECIOCHO (C-2028474-2018). (Ver en el expediente electrónico bandeja de escritos de fecha 26/01/2021:13:12:44). 2.- Se tuvo como partes El Instituto de Desarrollo Rural y a la Procuraduría General de la República los cuales no se opusieron a las presentes diligencias, pero esta última solicito se imprueben las mismas por cuanto se pretende la titulación de un bien perteneciente al dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado. (Ver el expediente electrónico bandeja de escritos de fecha 01/06/2021 y 16/06/2021). 3.- Que los colindantes fueron debidamente notificados respecto de las presentes diligencias. (Ver en el expediente electrónico bandeja de escritos de fecha 12/10/2021 y oficio en archivo de fecha 02/11/2023 de las 13:59:01 y actas de notificación en archivos de fechas 24/08/2021). 4.- El edicto de Ley fue debidamente publicado en el boletín Judicial No 63 de fecha 31 de marzo del año 2021. (Ver en el expediente electrónico bandeja de  escritos de fecha 04/09/2024:08:44:22). 5.- El licenciado Yeison Darío Rodríguez Fernández, del Juzgado Civil, Trabajo de Turrialba, materia agraria, en sentencia N° 2024000087, de las dieciséis horas con cincuenta minutos del seis de setiembre del año dos mil veinticuatro, resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley, SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria promovidas por MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PALMA, quien es mayor, soltera, Licenciada en Administración de Empresas y Técnica Administrativa, cédula de identidad siete - doscientos tres - novecientos setenta y seis, vecina de Guácimo centro de Limón, trámite que cumplió apegado a la Ley de Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno, sus reformas y adiciones y la Ley de Jurisdicción Agraria número seis mil setecientos treinta y cuatro del veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos y sus reforma.- En consecuencia: a).- Libre de gravámenes, cargas reales y sin perjuicio de terceros con mejor derecho, proceda el Registro Público, Sección Registro Inmobiliario, inscribir a nombre de la promovente el siguiente fundo sin inscribir, descrito en el plano catastrado número C – DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECIOCHO, con fecha del treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, el cual corresponde al terreno situado en La Mina, Distrito ocho Tayutic, del Cantón cinco Turrialba, de la Provincia de Cartago. b).- Dicha finca tiene una medida de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS; su Naturaleza es terreno de bosque primario con un sector de plantación forestal, tiene actualmente los siguientes linderos: NORTE: quebrada sin nombre como lindero natural e Iván Segura González c.c. Eladio, al SUR: Kimberly Margoth Monge Espinoza, al ESTE: Río Platanillo e Iván Segura González c.c. Eladio, y al OESTE: quebrada sin nombre como lindero natural.- c) La promovente estimó tanto el inmueble como las diligencias en la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE COLONES cada uno. d).- De conformidad con el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias, el inmueble queda afecto a las reservas en cuanto al derecho de vía de las calles públicas, conforme lo dispone el artículo 04 de la Ley General de Caminos Públicos.- Asimismo las áreas contiguo a la quebrada sin nombre colindante por los rumbos Norte y Oeste, y al Río Platanillo colindante en parte por el rumbo Este, tal y como se gráfica en el plano, son áreas de protección por lo que quedan afectadas a las limitaciones de la Ley Forestal Nº 7575 quedando prohibida la corta o eliminación de árboles en esos sectores (artículos 33 y 34), además el cauce y las aguas de las corrientes indicadas y demás aguas superficiales o subterráneas que puedan existir en el inmueble son de dominio público y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículo 1 inciso IV y 3 inciso III).- e) Una vez firme esta resolución y a solicitud de la parte interesada, expídase la ejecutoria correspondiente. Notifíquese.- (Ver en el expediente electrónico, sentencia primera instancia en bandeja de documentos asociados, de fecha 06/09/2024 16:50:45). 6.- La Procuraduría General por medio de su apoderada especial judicial licenciada Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver en el expediente electrónico, bandeja de escritos de fecha 09/09/2024).

 

 II.- Se prohija el elenco de hechos probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

 III.- La  licenciada Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, en su condición de representante de la Procuraduría Genaral de la República, formuló recurso de apelación con indicación expresa de los motivos en que fundamenta su recurso.

II.- La Procuradora Adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación, aduciendo: "... 1) Obra en autos estudios técnicos y hasta por acreditado lo tiene el auto sentencia que se impugna que la naturaleza del inmueble a titular es boscosa. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14. Aun cuando la legislación forestal permite titular inmueble fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto; haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir, en forma lógica, que los terrenos de bosque sólo podrán titularse si la usucapión se había consolidado antes de ingresar, por ley, a Patrimonio Natural del Estado: “…el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público”. SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales tienen una afectación legal inmediata a dominio público (art 13 de la Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente. A continuación se transcriben algunos precedentes jurisprudenciales, y pronunciamientos emitidos por la Procuraduría, con relación a lo antes citado: I.- SUPERVIVENCIA DEL DERECHO DEROGADO PARA REGULAR LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE NACIERON A SU ABRIGO. Protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional. Art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Necesidad de demostrar una posesión decenal, apta para usucapir, con los requisitos de ley antes de las afectaciones a dominio público de los bosques y terrenos forestales. SALA CONSTITUCIONAL, en el voto 4587-97, cons. IV: "Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. (…). Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho" (…). "… La posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien". (Se añade el subrayado). 2) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 15753-2005: “… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución”. 3) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 7989-2005: “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que

pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…” (Vid también sentencias 2791-1996 y 1998-0336 de la Sala Constitucional. Se incorpora el subrayado). 4) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 738-2003: “…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”. (Vid también de la Sala Constitucional las sentencias 2006- 012239, 2006-012240 y 2006-012241). “Las situaciones jurídicas consolidadas se originan no sólo por una sentencia (…), sino por el simple imperio de la norma que rige cuando ocurre un acto o hecho jurídico subsumible en ella”. “La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se deroga la anterior- no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política. Todo ello da lugar a la doctrina de la supervivencia del derecho abolido. (…) En efecto, si una norma general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” (En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 18 de marzo de 1982 y Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pga. 498 y 499).

“Del mismo modo, la sentencia N° 1119-90 de las 14:00hrs. del 18 de setiembre de 1990 sostuvo: “…una situación jurídica puede consolidarse –lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución”. (…) Por otra parte, la situación jurídica consolidada representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos…”.

Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada es que “por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara, definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). (…) “En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia…” . “…es procedente en Derecho considerar que las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aun después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia”. (En el mismo sentido, sentencia de la Sala Primera de Casación números 79 de 1989 y 104 y 105, ambas de 1991. Los subrayados no son del original).

II.- IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE TITULAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: 1) Dictamen de la Procuraduría C-321-2003: “La titulación es propia de inmuebles de tráfico jurídico privado. Pero es del todo inaplicable a los de dominio público, en los que no tiene cabida la posesión ad usucapionem. VII.1) IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ANIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 910 de 1987). Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir VII.2) IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPIÓN Y TITULACIÓN CONTRA EL DOMINIO PÚBLICO. De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…). "Correlativamente tampoco el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino". (Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia de Casación, año 1958, I Semestre de la Colección de Sentencias, pgs. 376 ss., considerando XIV). Y la SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". En el mismo sentido, cfr. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto N° 1662 de 10:15 hrs. 11/12/75 y del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO los números 523 de 1994 y 665 del 2002. "Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" (Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 2002. En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). Esta tesis se ha seguido para dependencias públicas específicas: Es reiterada la jurisprudencia de que los bienes demaniales "son inalienables y por consiguiente no pueden ser objeto de titulación a efecto de inscribirlos en el Registro Público a nombre de particulares" (SALA DE CASACIÓN N° 19 de 15,30 hrs. del 30 de enero de 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, números 860 de 1971, 493 de 1971, 139 de 1972; 781 de 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, N° 1622 de 1975)”. 2) Dictamen de la Procuraduría C-146-2008: “La titulación de inmuebles integrantes del demanio, al decir de la SALA CONSTITUCIONAL en la sentencia N° 2007-02063, cons XII, desconoce las características esenciales de esos bienes y quebranta lo dispuesto en el artículo 262 del Código Civil, los cuales hacen que sea “absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado”. “II.3.2) PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD. La inalienabilidad de los bienes demaniales los sustrae del comercio o tráfico jurídico privado, con la consiguiente prohibición legal de enajenar el dominio o constituir otros derechos reales por los procedimientos del Derecho Civil. El carácter extracomercial de las dependencias del dominio público las hace inhábiles de apropiación privada para satisfacer intereses individuales. Por ende, no pueden ser objeto de actos jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la propiedad a particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público. (Cfr: Dictamen C-128-99). El principio protege contra actuaciones ilícitas de los administrados y los actos desaprensivos de los propios funcionarios de la Administración. II.3.3) INSUSCEPTIBLES DE ADQUIRIRSE POR POSESIÓN. Sobre los terrenos inalienables ningún particular puede alegar derechos de posesión. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000 y del TRIBUNAL AGRARIO el voto N° 116-F-06). La demanialidad “…hace que por el transcurso del tiempo no se adquiera ningún derecho sobre este tipo de bienes, ni de propiedad ni siquiera la mera posesión.” (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 2005-012129, cons. IV y X; 2006-10097, cons. III). En el punto concuerda la doctrina dominante. A modo de ejemplo, se citan algunos autores: “El destino de las cosas públicas impide que sobre éstas haya posesión ni tenencia de particulares o personas privadas, que dispondrían de ellas según sus exclusivos intereses (…). “Si el dominio público sirve al uso público no puede caer en posesión privada ni ser objeto de prescripción”. (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pgs 403 y 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pgs. 127-128). (Vid tesis análoga en el voto 332-2000 del TRIBUNAL AGRARIO).  II.3.2) IMPRESCRIPTIBILIDAD. La imprescriptibilidad es consecuencia directa del principio de inalienabilidad. Va implícita en la incomercialidad del demanio. Al no ser objeto de posesión y dominio privados, hay imposibilidad jurídica para usucapirlos. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pgs. 128 y 129, 145 a 147. BIELSA, Ob cit., pgs. 409 y 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, entre otros). La imprescriptibilidad de los bienes de dominio público denota “la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por los particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya poseído”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 7 de 1993). La prescripción adquisitiva, se sabe, es un medio de adquirir la propiedad de bienes privados ajenos por el transcurso del tiempo y el ejercicio continuo de la posesión, a título –o calidad- de dueño, con las demás condiciones que exige la legislación civil. La posesión así ejercida es requisito imprescindible, sine qua non, para que pueda producir el efecto usucapiente. Al ser inapropiables los inmuebles de dominio público por administrados, la usucapión no podría darse. “Como se trata de bienes que están fuera del comercio, no puede ejercerse sobre ellos posesión útil, que es la base indispensable de la prescripción, por lo que ésta tampoco cabe”. (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Sólo la posesión que se adquiera y disfrute en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio privado. Un particular nunca podría ejercer posesión en calidad de propietario y de buena fe sobre una parcela demanial, ni aducir la presunción de legitimidad del título por el cual la posee para fundar una prescripción adquisitiva, que no es legalmente posible. (BIELSA, Ob. Cit., pgs. 409 y 410). Su detentación abusiva y prolongada por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 6758-93 y 6192-95, entre otros)”. Así las cosas, y por pretenderse la titulación de bienes pertenecientes al dominio público como lo es el patrimonio natural del Estado y por no haber cumplido con lo regulado en los artículos 6° y 7° de la Ley de Informaciones Posesorias solicito al señor Juez revocar la sentencia dicha y, en su lugar, proceda a improbar estas diligencias, conforme al artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias y los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal vigente..." (ver memorial en la bandeja del escritorio en escritos asociados  de fecha 09/09/2024 04:09:43,  del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela sede San Ramón)

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.

IV.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

V.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.  Dicho criterio, fue ratificado por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que:Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos. De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada "Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales". Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas "reservas nacionales", conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales:"El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrar á el patrimonio.  Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobre ponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).  En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, los titulantes, aportaron el Plano Catastrado número plano catastrado número C – DOS MILLONES

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECIOCHO, , donde se indica que el inmueble está dedicado a montaña una parte y ganadería y se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida, lo que significa que ha cuidado el recurso conservando las partes de bosque y el resto lo tiene dedicado a pastos para la ganadería. Se logró determinar en el reconocimiento judicial practicado al efecto incluso tiene cercas para dividir las áreas de repastos del área de bosque, para que el mismo se conserve. De ahí que la certificación del INTA indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido  el uso conforme de suelos, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible sobre el inmueble a titular ya que en su mayoría se trata de bosque y lo que no es bosque está reforestado por la promovente lo que demuestra su interés en la protección del recurso. En el acta de reconocimiento judicial,  se indica con claridad que se trata de un terreno de aproximadamente un poco más de 14 hectáreas y se  encuentra dedicado a la protección del bosque (ver certificación de uso conforme de suelos). En el inmueble se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo. El inmueble que se pretende titular y descrito en el hecho probado anterior se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida  según la certificación otorgada por el SINAC. Los testimonios de  José Vindas Loaiza, María Fernanda Solano Alfaro y Xinia Hernández Loría  son claros en demostrar la posesión decenal del fundo por cuanto aducen conocer el fundo desde hace  unos cuarenta años y además son contestes en la forma en la que se ha transmitido el fundo objeto de titulación,  dan fe del ejercicio de una posesión agroambiental, ratificando la cadena de transmisión del terreno.  De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000012-1002-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:40:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSIDERING:**

**I.- DETAIL OF PROCEEDINGS:** 1.- The promoting party estimates the present claim at twenty-eight million colones and requests that these proceedings for possessory information (información posesoria) be approved over the real property described as follows: Farm whose nature is mountain terrain and forest plantation. Located in LA MINA, of DISTRICT eight TAYUTIC, CANTON five TURRIALBA, of the province of CARTAGO.- BORDERS: to the NORTH: partly with an unnamed creek as a natural boundary and with an agricultural easement (servidumbre agrícola) seven meters wide; to the SOUTH: Banco Nacional de Costa Rica; to the EAST: Platanillo River as a natural boundary; and to the WEST: unnamed creek as a natural boundary.- MEASURES: ONE HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-SEVEN SQUARE METERS, as indicated by the cadastral map number C - TWO MILLION TWENTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR - TWO THOUSAND EIGHTEEN (C-2028474-2018). (See in the electronic file the submissions tray dated 26/01/2021:13:12:44). 2.- The Institute of Rural Development and the Office of the Attorney General of the Republic were included as parties; they did not oppose the present proceedings, but the latter requested they be disapproved since the titling of a property belonging to the public domain, specifically the natural heritage of the State, is being sought. (See the electronic file, submissions tray dated 01/06/2021 and 16/06/2021). 3.- That the adjoining landowners were duly notified regarding the present proceedings. (See in the electronic file the submissions tray dated 12/10/2021 and official communication in file dated 02/11/2023 at 13:59:01 and notification certificates in files dated 24/08/2021). 4.- The legal edict was duly published in Judicial Bulletin No. 63 dated March 31, 2021. (See in the electronic file submissions tray dated 04/09/2024:08:44:22). 5.- Licensed attorney Yeison Darío Rodríguez Fernández, of the Civil and Labor Court of Turrialba, agrarian division, in judgment No. 2024000087, at sixteen hours and fifty minutes on September 6, 2024, resolved: “THEREFORE: In accordance with the foregoing and legal citations, THE PRESENT proceedings for possessory information (información posesoria) promoted by MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PALMA, who is of legal age, single, holder of a Licentiate Degree in Business Administration and Administrative Technician, identity card number seven - two hundred three - nine hundred seventy-six, resident of central Guácimo, Limón, are APPROVED, a proceeding that complied with the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) number one hundred thirty-nine of July 14, 1941, its amendments and additions, and the Agrarian Jurisdiction Law number six thousand seven hundred thirty-four of March 25, 1982, and its amendment.- Consequently: a).- Free of liens, real charges, and without prejudice to third parties with better right, the Public Registry, Real Property Registry Section, shall proceed to register in the name of the promoting party the following unregistered farm, described in cadastral map number C – TWO MILLION TWENTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR - TWO THOUSAND EIGHTEEN, dated January 31, 2018, which corresponds to the land located in La Mina, District eight Tayutic, of Canton five Turrialba, of the Province of Cartago. b).- Said farm has an area of ONE HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-SEVEN SQUARE METERS; its Nature is primary forest (bosque primario) terrain with a forest plantation (plantación forestal) sector; it currently has the following boundaries: NORTH: unnamed creek as a natural boundary and Iván Segura González known as Eladio, SOUTH: Kimberly Margoth Monge Espinoza, EAST: Platanillo River and Iván Segura González known as Eladio, and WEST: unnamed creek as a natural boundary.- c) The promoting party estimated both the real property and the proceedings in the sum of TWENTY-EIGHT MILLION COLONES each. d).- In accordance with article nineteen of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), the real property is subject to reservations regarding the right of way for public roads, as provided in article 04 of the General Law of Public Roads.- Likewise, the areas adjacent to the unnamed creek bordering on the North and West sides, and to the Platanillo River bordering in part on the East side, as shown on the map, are protection areas and are therefore subject to the limitations of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, with the cutting or elimination of trees in those sectors being prohibited (articles 33 and 34); furthermore, the channel and waters of the indicated currents and any other surface or underground waters that may exist on the real property are public domain and do not form part of the farm (Water Law, article 1, subsection IV and 3, subsection III).- e) Once this resolution is final and at the request of the interested party, the corresponding enforcement order shall be issued. Notify.- (See in the electronic file, first instance judgment in the associated documents tray, dated 06/09/2024 16:50:45). 6.- The Office of the Attorney General, through its special judicial representative, licensed attorney Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based to refute the thesis of the trial court. (See in the electronic file, submissions tray dated 09/09/2024).

**II.-** The list of proven facts is adopted as it is a faithful reflection of what occurred in the case file.

**III.-** Licensed attorney Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, in her capacity as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, formulated an appeal with an express indication of the grounds on which her appeal is based.

**II.-** The Deputy Attorney General, Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal, arguing: "... 1) The case file contains technical studies and the judgment being challenged even acknowledges it as proven that the nature of the property to be titled is forested. Forest lands and forests within national reserves are subject to public domain, the natural heritage of the State, at least since the Forest Law (Ley Forestal) 4465 of 1969, article 33, amended by the Forest Law (Ley Forestal) 7174 of 1990 (arts 32 and 33), a public domain character (demanial) maintained by Law 7575, arts. 13 and 14. Even though forestry legislation allows the titling of a property outside of protected wilderness areas if the promoter demonstrates their legitimate decennial possession (posesión decenal) rights, along with the other conditions required for this purpose; having protected the resource and having the property duly demarcated, the aforementioned declaration of forest public domain must be considered. The harmonious application of these provisions leads to the logical conclusion that forest lands may only be titled if the adverse possession (usucapión) had been consolidated before entering, by law, into the Natural Heritage of the State: “…the period of possession suitable for adverse possession (usucapión) must elapse before the property's allocation to the public domain occurs”. CONSTITUTIONAL CHAMBER, vote 4587-97. Forest lands and forests within national reserves have an immediate legal allocation to the public domain (art 13 of the Forest Law (Ley Forestal), Constitutional Chamber 2008-016975). The statements of the witnesses do not demonstrate decennial possession (posesión decenal) suitable for adverse possession vested in the promoter. Below, some jurisprudential precedents and pronouncements issued by the Attorney General's Office are transcribed, regarding the above-cited matter: I.- SURVIVAL OF THE REPEALED LAW TO REGULATE LEGAL SITUATIONS THAT AROSE UNDER IT. Protection of the public forest domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment. Binding jurisprudence erga omnes of the Constitutional Chamber. Art. 13 of the Constitutional Jurisdiction Law: 1) Need to demonstrate decennial possession (posesión decenal), suitable for adverse possession, with the legal requirements before the allocations of forests and forest lands to the public domain. CONSTITUTIONAL CHAMBER, in vote 4587-97, cc. IV: "Given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession (usucapión) must elapse before the property's allocation to the public domain occurs. (…). Remember that property allocated to the public domain, whatever its specifications may be, is not susceptible to acquisition by adverse possession (usucapión), if the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur before the allocation took place" (…). "… The possession that counts for adverse possession (usucapión) must be prior to the allocation of the property". (Underlining added). 2) CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 15753-2005: “… the abolished law continues to protect the acts and contracts and other rights acquired during the law's validity, which is based on the relationship between articles 34 and 129 of the Constitution”. 3) CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 7989-2005: “The retroactivity referred to in article 34 of the Political Constitution is that which

seeks to interfere with acquired rights and consolidated legal situations, created prior to the enactment of the law, that is, those with characteristics of validity and efficacy perfected under the rule of other regulations, such that their effects and consequences cannot be altered by the new provisions…” (See also judgments 2791-1996 and 1998-0336 of the Constitutional Chamber. Underlining added). 4) CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 738-2003: “…the repeal of rules or change in legal criteria do not produce the effect of also repealing the rights developed at the time those repealed rules were in force. This is the legal phenomenon that doctrine defines as the survival of the abolished law, because for the acts or contracts in force, the repealed law continues in force against the new legal rules”. (See also from the Constitutional Chamber judgments 2006- 012239, 2006-012240 and 2006-012241). “Consolidated legal situations originate not only from a judgment (…), but from the simple rule of the norm that governs when an act or legal fact subsumable under it occurs”. “The Repeal of a law does not make its normative efficacy disappear entirely, because if rights were acquired or legal situations consolidated under its protection, that law will continue to govern with respect to those rights and situations, since the new law –which repeals the previous one- has no retroactive force “to the detriment of any person, or of their acquired property rights or consolidated legal situations”, as provided in article 34 of the Political Constitution. All of this gives rise to the doctrine of the survival of the abolished law. (…) Indeed, if a general norm abrogates another general norm without retroactive effect, the authorities must continue to apply the abrogated norm for all acts performed while it was still in force” (In the same sense: judgment of the Full Court at 10:00 hours on March 18, 1982, and Kelsen, Hans. The Jurisdictional Guarantee of the Constitution. Juridical Yearbook. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pp. 498 and 499).

“Similarly, judgment No. 1119-90 of 14:00 hrs. on September 18, 1990, held: “…a legal situation can be consolidated –as the Full Court has said before- by a judicial judgment that declares or recognizes a disputed right, and also under a legal norm that establishes or guarantees certain consequences that a subsequent law cannot disregard without incurring a defect of unconstitutionality for violation of article 34 of the Constitution”. (…) On the other hand, the consolidated legal situation represents not so much a property gain, but a state of affairs fully defined in terms of its legal characteristics and effects…”.

What is relevant regarding the consolidated legal situation is that “by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared it, a clear, defined rule has already emerged into legal life, connecting a factual premise (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). (…) “In this case, the constitutional guarantee of the non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of withdrawing the property or right already acquired from the person's patrimony, or of causing that, if the factual premise had occurred prior to the legal reform, the consequence no longer arises…” . “…it is appropriate in Law to consider that laws and regulations continue to produce legal effects even after being amended or repealed, to regulate those situations created under their validity”. (In the same sense, judgments of the First Chamber of Cassation numbers 79 of 1989 and 104 and 105, both of 1991. The underlining is not from the original).

II.- LEGAL IMPOSSIBILITY OF TITLING PUBLIC DOMAIN PROPERTY: 1) Opinion of the Attorney General's Office C-321-2003: “Titling is proper to real property governed by private legal transactions. But it is entirely inapplicable to public domain property, where possession for adverse possession (posesión ad usucapionem) has no place. VII.1) IMPEDIMENT OF PRIVATE INDIVIDUALS TO EXERCISE POSSESSION WITH THE INTENT OF OWNERSHIP OVER PUBLIC DOMAIN PROPERTY As we noted on another occasion, the inalienability of public domain (demanial) property makes its transfer, partial or total, voluntary or forced, and possession in terms of private law, impossible. Multiple resolutions of the CONSTITUTIONAL CHAMBER reaffirm that public domain property “cannot be the object of private possession” and that “administrative action substitutes for interdicts to recover the domain” (or possession). Votes 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, among many. Possession with intent of ownership (animus domini) by private individuals, or the power to subject a thing to the power and will of a person to exercise exclusive acts of use and enjoyment over it, as if they were the owner (CHAMBER OF CASSATION judgment 9:30 hrs. on 6/6/1936), is incompatible with the purposes that the legislator assigns to the public domain. This criterion is endorsed by several resolutions of the Superior Courts, which attribute legal possession (possession iuris) over the public domain to the public entity owner, exercised “per se for as long as the property's allocation lasts”. “Private individuals do not exercise possession over those things, since neither in fact nor in law, do they have them under their power and will”, nor can they claim ownership. (SUPERIOR COURT FOR CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE MATTERS, FIRST SECTION, resolutions numbers 9282 of 1987, and of 1988 resolutions numbers 10019, 10166 and 10418. From the Superior Contentious Administrative Court resolution 1851 of 1976 and from the Superior Second Civil Court, First Section No. 910 of 1987). This makes possessory titling or judicial discussions regarding the tenancy or “possession” of public domain spaces, to the detriment of the State's full legal title and possession, unacceptable. Situations that could give rise to possessory rights in favor of third parties, suitable for adverse possession, would be in frank contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern those properties. VII.2) INAPPROPRIATENESS OF ADVERSE POSSESSION AND TITLING AGAINST THE PUBLIC DOMAIN. From inalienability and imprescriptibility, it follows that public things “are not susceptible to being acquired by adverse possession (usucapión), nor can anyone prevail themselves of the irregular possession they may have over them” (…). “Correlatively, neither the State nor its agencies can lose them through negative prescription, since possession, even when not manifested by real acts, must be considered to occur by virtue of the legal provisions that regulate their destiny”. (Cassation, judgment No. 122 of 16:15 hrs. on November 16, 1965, and judgment of Cassation, year 1958, I Semester of the Collection of Judgments, pp. 376 ff., considering XIV). And the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT, in judgment No. 007-93, considering IV, insists on the point: Public domain property “cannot be alienated -by any means of private law or public law- it being consubstantial to their legal nature that they not be reduced to private domain in any form. Hence, another of their characteristics is their imprescriptibility, that is, the non-susceptibility of being acquired through the passage of time under the legal figure of adverse possession (usucapión), since possession exercised by private individuals does not generate any property right, regardless of the time he may have possessed”. In the same sense, cf. FIRST CHAMBER OF THE COURT, vote 733-F-2000, considering IV. SUPERIOR CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE COURT, vote No. 1662 of 10:15 hrs. 11/12/75 and from the SUPERIOR AGRARIAN TRIBUNAL numbers 523 of 1994 and 665 of 2002. “The proceedings for the justification of possession indicated in the Laws of Possessory Informations (Leyes de Informaciones Posesorias)”, to obtain a registrable title of ownership, unquestionably refer to “lands of private domain and within the commerce of men” (Civil Code, article 264), “but not to those public goods or public domain goods, contemplated in articles 261 to 263 of the same Code”. (SUPERIOR CIVIL COURT, No. 860 of 14 hrs. on December 21, 1971). On the legal impossibility of titling the public domain cf: AGRARIAN TRIBUNAL, votes 523 of 1994 and 665 of 2002. Regarding public domain property “adverse possession (usucapión) is not a means to acquire them either; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subjects of possession by private individuals, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the public utility destiny to which they are allocated”. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 2988-99, cc. III). This thesis has been followed for specific public dependencies: It is reiterated jurisprudence that public domain (demanial) property “is inalienable and consequently cannot be the object of titling for the purpose of registering it in the Public Registry in the name of private individuals” (CHAMBER OF CASSATION No. 19 of 15.30 hrs. on January 30, 1970. FIRST SUPERIOR CIVIL COURT, numbers 860 of 1971, 493 of 1971, 139 of 1972; 781 of 1974. SUPERIOR CIVIL COURT OF ALAJUELA, No. 1622 of 1975)”. 2) Opinion of the Attorney General's Office C-146-2008: “The titling of real property forming part of the public domain, according to the CONSTITUTIONAL CHAMBER in judgment No. 2007-02063, cc. XII, disregards the essential characteristics of those properties and violates the provisions of article 262 of the Civil Code, which mean that “its possession, sale, or encumbrance is absolutely impossible, without first having been deallocated”. “II.3.2) PRINCIPLE OF INALIENABILITY. The inalienability of public domain (demanial) property removes them from commerce or private legal transactions, with the consequent legal prohibition against alienating ownership or constituting other real rights through Civil Law procedures. The extra-commercial character of public domain dependencies makes them incapable of private appropriation to satisfy individual interests. Therefore, they cannot be the object of legal acts or contracts that imply the transfer of property to private individuals. They would violate their nature and public purpose. (Cf: Opinion C-128-99). The principle protects against unlawful actions by administered parties and reckless acts by the Administration's own officials. II.3.3) UNSUSCEPTIBLE TO ACQUISITION BY POSSESSION. No private individual may claim possessory rights over inalienable lands. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, votes numbers 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. FIRST CHAMBER OF THE COURT, vote 733-F-2000 and from the AGRARIAN TRIBUNAL vote No. 116-F-06). The public domain character (demanialidad) “…means that through the passage of time no right is acquired over this type of property, neither of ownership, nor even mere possession.” (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 2005-012129, cc. IV and X; 2006-10097, cc. III). The dominant doctrine agrees on this point. By way of example, some authors are cited: “The destination of public things prevents there being possession or tenancy by private individuals or private persons over them, who would dispose of them according to their exclusive interests (…). “If the public domain serves the public use, it cannot fall into private possession nor be the object of prescription”. (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pp. 403 and 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pp. 127-128). (See analogous thesis in vote 332-2000 of the AGRARIAN TRIBUNAL). II.3.2) IMPRESCRIPTIBILITY. Imprescriptibility is a direct consequence of the principle of inalienability. It is implicit in the non-commercial nature of the public domain. Not being an object of private possession and ownership, there is a legal impossibility for their adverse possession (usucapión). (VILLEGAS BASABILBASO, op. cit., pp. 128 and 129, 145 to 147. BIELSA, op. cit., pp. 409 and 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol. II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, p. 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, p. 407, among others). The imprescriptibility of public domain property denotes “the non-susceptibility of being acquired through the passage of time under the legal figure of adverse possession (usucapión), since possession exercised by private individuals does not generate any property right, regardless of the time during which it has been possessed”. (FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, judgment No. 7 of 1993). Acquisitive prescription, as is known, is a means of acquiring ownership of another's private property through the passage of time and the continuous exercise of possession, under title –or quality- of owner, with the other conditions required by civil legislation. Possession so exercised is an indispensable requirement, sine qua non, for it to produce the adverse possession effect. Since public domain real property is not appropriable by administered parties, adverse possession (usucapión) could not occur. “As these are properties outside of commerce, useful possession, which is the indispensable basis of prescription, cannot be exercised over them, and therefore prescription also has no place”. (ESCOLA. op. cit., p. 991). Only possession acquired and enjoyed in the capacity of owner can serve as a title to acquire private ownership. A private individual could never exercise possession in the quality of owner and in good faith over a public domain plot, nor adduce the presumption of the legitimacy of the title by which they possess it to found an acquisitive prescription, which is not legally possible. (BIELSA, op. cit., pp. 409 and 410). Its abusive and prolonged detentatio by private individuals produces no acquisitive effects, nor does the tolerance or delay of the Administration in repelling the unlawful actions grant any right to the occupiers. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, votes numbers 6758-93 and 6192-95, among others)”. This being the case, and since the titling of property belonging to the public domain, such as the natural heritage of the State, is being sought, and for not having complied with what is regulated in articles 6 and 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), I request the Judge to revoke said judgment and, in its place, proceed to disapprove these proceedings, in accordance with article 11 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) and articles 13 and 14 of the current Forestry Law (Ley Forestal)..." (see memorial in the desktop tray in associated documents dated 09/09/2024 04:09:43, of the Agrarian Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón venue)

**III.-** While it is true that the Land and Colonization Law of 1961 and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1969 established that lands covered by forests, without private occupation, were part of the national reserves, this allocation to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of those of the third generation, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Forestry Law (Ley Forestal) of 1996 amended article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), to permit adverse possession (usucapión), on lands covered by forests, but by demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to avail oneself of the transmitted possession (ver judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that such possession must be of a personal nature, but the Chamber declared that it was unconstitutional.

**IV.-** Regarding the interpretation of article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), and the Natural Heritage of the State, the Tribunal, in repeated resolutions, has stated: “The Law of Possessory Informations, in its article 7, as well as the Forestry Laws have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of those areas has been permitted, which, once declared as conservation areas, become part of the Forest Heritage of the State, the fulfillment of other, more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession (posesión ecológica), and to the criterion of the ecological function of forest property. In repeated judgments, both from the First Chamber of Cassation and from this same Superior Agrarian Tribunal, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situation have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession (posesión agraria) and ecological possession (posesión ecológica). The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession (posesión agraria) and, recently, of ecological possession (posesión ecológica) (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish entrepeneurial property and possession where an activity directed at the cultivation of the forest is exercised, from that where simply an extractive or even merely conservative activity is carried out. In these latter cases, one would be in the presence of forest property or possession (without a business). Precisely in these cases is where the Forestry Law comes to establish an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime and in other cases voluntarily.

Thus, in forest possession (posesión forestal), the de facto power is exercised over a property of forest vocation or mostly intended to protect forest resources, without aiming at its exploitation, or else, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In either case, there would be no development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. It also denies the possibility of acquiring possession rights over lands of the national reserves when a harmful action has been exercised against the forest resources. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest Law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of property and forest possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, began to take shape from the Fiscal Code (Código Fiscal) of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests whose regulations tend toward their conservation. Subsequently, the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos) No. 13 of January 6, 1939, incorporates said principles. Then the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) in its article 7 expands the national reserves for the protection of such resources.- VII. The special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second opens through a better-conceived regulation through Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7174 of June 28, 1990, recently reformed by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In them, various regimes of forest property are contained, and the use and exploitation of resources by individuals is limited. It is not possible to acquire ownership over lands with forest cover (cobertura boscosa) if the protection of the forest resource has not been demonstrated. Its constitutional basis is found in the second paragraph of article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of property and forest possession is protected. This is not the same as civil or agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It falls upon a specific asset: lands covered with forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such assets has the obligation to conserve the forest resources and may not exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal solution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Forest Law establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources (Article 1). All lands of forest aptitude and the country's forests, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the forests and lands of forest aptitude of the country. Therefore, to acquire forest property by adverse possession (usucapión), the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), reformed by the Forest Law, established, before its reform: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wild area was created. Farms that are outside those areas and that have forests may only be titled if the applicant demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or lanes." In other terms, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and the possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would become part of the natural heritage of the State (article 13 of the new Forest Law), with an unseizable and inalienable character, and their possession will not give rise to any right in favor of individuals (article 14 of the new Forest Law).- IX. The Agrarian Tribunal had interpreted article 7 of the Law of Possessory Informations, before being reformed by the new Forest Law, in the sense of requiring personal possession, exercised ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this regard Rulings No. 169 of 9:40 a.m. on March 22, 1991, and No. 251 of 2:00 p.m. on April 17, 1991)...". However, that interpretation of article 7 of the Forest Law was challenged as "unconstitutional" by the title applicant here, and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Ruling No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997) declared, in what is relevant, the following: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of article 7 of the Law of Possessory Informations No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the reform produced by the Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which, to title lands comprised in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree that creates the protected wild area, and that does not favor, in these cases, possession transmitted by previous possessors. This judgment is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith...". So that current possessors can take advantage of the transmitted possession...X. The Forest Law No. 7575 also maintained the restrictions in the Law of Possessory Informations for being able to title lands comprised in protected areas. In this regard, the current provision states: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wild area was created." (Our emphasis). That is, the legislator's intention is that these areas have been kept protected, conserved throughout this entire time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 2:50 p.m. on February 20, 1998, corresponding to Ruling No. 113). V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the allegations that the appellant now reiterates, regarding the supposed interpretation or retroactive application of article 7 of the Forest Law. In a case similar to the one at hand, it was stated: V.- Regarding what was alleged by the appellant that the lower court judge commits an error by applying article 7 of the Law of Possessory Informations, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of the provisions of article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct because the cited article 7 was not declared unconstitutional, rather it was the interpretation that the Tribunal had been making insofar as possession exercised by previous transferors was not counted. Hence, with section 7 of the Law of Possessory Informations being in force, the applicant must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area as indicated by the Constitutional Chamber in ruling No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would also not be applied retroactively as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to note what was stated by the Constitutional Chamber in this regard in the cited ruling "…Article 7, first paragraph, of the challenged Law of Possessory Informations, whose text is prior to the last reform by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling of a real property that has been affected to the public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now necessary to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. In the first place, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set in article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one intends to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the period that the plaintiff alleges as an infringer of the right to property does not occur, because given the nature of the asset one intends to title (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the asset's affectation to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements of adverse possession from being met if at that moment the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be remembered that assets affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession, if before the affectation occurs the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In this sense, the challenged provision, despite the fact that it apparently regulates a specific case of adverse possession, does not create a regime with different requirements from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the norm also does not occur, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of public domain asset of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to article 7 of the Law of Possessory Informations, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal, No. 173 of 4:29 p.m. on March 31, 2003).

V.- So that the possessor who intends to acquire by adverse possession a forest-covered land, which formed part of the national reserves, must demonstrate the decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. Said criterion was ratified by the Constitutional Chamber, in Ruling No. 2015-0098, of 9:00 a.m. on January 7, 2015, when answering a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Court, regarding the consultation submitted for consideration, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of Natural Heritage of the State, formerly called Agricultural Heritage of the State. The Law of Lands and Colonization, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius in Volcanoes and National Parks (articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in article 11, by indicating that: As long as the contrary is not proven, the following belong to the State in the character of national reserves: a) All the lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions; b) Those not protected by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services. From the foregoing, it follows that the lands forming part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock, or forest vocation, possessed by individuals for more than ten years and not forming part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by individuals, through the processes of Possessory Information, or else, through the instrument created through the Multiple Land Titling, subsequently called 'Titling of Lands Located in the National Reserves'. Later, the Forest Law No. 4465 of 1969 introduces the concept of Forest Heritage of the State, conferring the forest administration of the forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the General Forestry Directorate. At that time, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves', both regimes coexisted, so in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the General Forestry Directorate depended), the Institute of Lands and Colonization, and the Costa Rican Tourism Institute signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Law of Lands and Colonization, still in force, entrusts the administration of the national reserves with agricultural and livestock vocation to the Institute of Lands and Colonization, the body responsible for parceling and colonization. For its part, the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, indicating that they form part of the natural heritage of the State and establishing their lifetime tenure (irreductible) character (articles 32 to 38). Subsequently, the current Forest Law No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of Natural Heritage of the State, clarifying even what it comprises of the national reserves: 'The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. The foregoing excludes as part of the natural heritage of the State, for not being forestal, the lands of agricultural and livestock aptitude, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to adverse possession by individuals. Finally, the same Forest Law of 1996 modified article 37 of the Organic Law of the Environment, and article 7 of the Law of Possessory Informations, to authorize adverse possession, and therefore registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), lands belonging to the national reserves, with forest vocation and, even, lands in private possession, which became comprised within some category of protected wild area (Natural Heritage of the State), provided that a decennial possession prior to the date of creation of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Law of Multiple Land Titling (subsequently, the Law of Titling in the National Reserves), came to allow speeding up the titling procedures of agrarian possessors, who had completed a short adverse possession (first of three and then of five years), so that they could obtain a title of ownership, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as those individuals who could have exercised an action of better right of possession, within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it, otherwise the title would be fully consolidated, as the period of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those processes of multiple land titling. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, INDER), overlapped with properties registered in the name of individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone, at least 20% of the lands were without a title registered in the public registry). Consequently, this meant that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered in the private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, upon a previously registered private property, the registered owner would have the right to repossess, as established by the same norm, but not within the period of three years, applicable to third parties with better right, but within the period of ten years." (END OF QUOTE). In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Informations, in its articles 1, 6, and 7, is considered proven. Indeed, the title applicants provided the Cadastral Plan number C – TWO MILLION TWENTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-FOUR - TWO THOUSAND EIGHTEEN, where it is indicated that the property is dedicated partly to mountain and partly to livestock and is located outside any protected wild area, which means that the resource has been cared for, conserving the forest parts and the rest is dedicated to pastures for livestock. It was determined in the judicial inspection carried out for this purpose that it even has fences to divide the grazing areas from the forest area, so that it is conserved. Hence, the certification from the INTA indicates that in accordance with article 58 of the Regulation to the Law of Use, Management and Conservation of Soils, and based on the field visit, it was determined that the conforming use of soils has been exercised, therefore it is concluded that sustainable possession has been exercised over the property to be titled, since it is mostly forest and what is not forest has been reforested by the applicant, which demonstrates her interest in the protection of the resource. In the record of the judicial inspection, it is clearly indicated that it is a terrain of approximately a little more than 14 hectares and is dedicated to the protection of the forest (see certification of conforming use of soils). Possessory acts have been exercised on the property complying with the conforming use of the soil. The property intended to be titled and described in the proven fact above is located outside any protected wild area according to the certification issued by SINAC. The testimonies of José Vindas Loaiza, María Fernanda Solano Alfaro, and Xinia Hernández Loría are clear in demonstrating the decennial possession of the land, as they claim to have known the land for about forty years and are also consistent in the way in which the land subject to titling has been transmitted, they attest to the exercise of an agro-environmental possession, confirming the chain of transmission of the land. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed, in what was the object of the appeal.










	
QM47X5JBQMOM61
ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISOR JUDGE/A

	






AYJ7NRILLKI61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISOR JUDGE/A

	

JTYO433RQKUA61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISOR JUDGE/A

 
EXP: 21-000012-1002-AG

II Judicial Circuit San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

 
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