Res. 01186-2024 Tribunal Agrario — Special Agrarian Usucapion Based on State of NecessityUsucapión especial agraria por estado de necesidad

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01186 - 2024

Fecha de la Resolución: 16 de Diciembre del 2024 a las 18:35

Expediente: 19-000078-0465-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Usucapión agraria
Subtemas:
Distinción con la especial.
Temas (descriptores): Prueba en materia agraria
Subtemas:
Aplicación del sistema de libre apreciación en constatación de la posesión del terreno por estado de necesidad en usucapión especial.
Temas (descriptores): Valoración de la prueba en materia agraria
Subtemas:
Aplicación del sistema de libre apreciación en constatación de la posesión del terreno por estado de necesidad en usucapión especial.
Temas (descriptores): Principio de libre valoración de la prueba agraria
Subtemas:
Aplicación en constatación de la posesión del terreno por estado de necesidad en usucapión especial.
Temas (descriptores): Usucapión especial agraria
Subtemas:
Concepto, requisitos y distinción con la común.
Aplicación del sistema de libre apreciación de la prueba en constatación de la posesión del terreno por estado de necesidad.
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Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

19-000078-0465-AG - 2




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

MARIA VICTORIA DAVILA JARQUÍN




DEMANDADO/A:

	

ROLAFAMA S.A

 

   

VOTO N°  N° 2024001186

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciocho horas treinta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.-

 PROCESO ORDINARIO interpuesto por MARÍA VICTORIA DAVILA JARQUÍN, mayor, soltera, ama de casa, cédula de residencia uno cinco cinco ocho dos tres cuatro nueve cuatro cinco cero uno, vecina de Limón; contra ROLAFAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula juridica tres - ciento uno - quinientos setenta y seis mil ochocientos sesenta, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y a titulo personal ROLANDO CALVO RAMOS, mayor, casado, agricultor, cédula de identidad número uno - quinientos dieciséis - seiscientos diez, vecino de San José. Actúan como defensores públicos agrarios: de la parte actora la licenciada Joselyn Cordero Castillo; y de la parte demandada el letrado Hilory Hunter Tatum. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.-

 Redacta el juez Picado Vargas; y,

CONSIDERANDO:

 I.- De las pretensiones: La actora argumenta, ser poseedora de un terreno localizado en Luzón, distrito Batan, cantón Matina de la provincia de Limón, con una medida aproximada de 40 metros de ancho por 20 metros de fondo, linda al norte Guillermo González, y Sur calle pública, al Este con Armando Bello y al Oeste con Alejandra. Agrega, el área descrita se encuentra dentro de la finca 21055-000 del partido de Limón, de naturaleza agrícola, ubicada en el distrito segundo Batan, cantón quinto Matina de la provincia de Limón, linda al norte con lote 16, al sur con lote 17 y Finca Margarita, al este con línea tranvía y al oeste con Finca Margarita, mide setenta y nueve mil trescientos noventa y cinco metros con cero decímetros cuadrados y descrita en el plano L-1172508-2007. Continua manifestando, ingresó al terreno a principios del año 2006 desconociendo que la propiedad tenía propietario registral y desde los años que tiene la propiedad nunca se le ha demandado ni desalojado y los actos que ha realizado son la siembra de cultivos de platano, yuca, maíz, pipas, pepino, limón ácido, mango, aguacate, tomate, chile dulce y chile panameño, pipian pero se le secaron; refiere que tiene una pequeña cría avícola de pollos de granja para la venta, refiere que mantiene delimitado el terreno en relación con las otras parcelas. Expone, cuando ingresó el terreno estaba completamente abandonado y no había ninguna construcción ni cultivos y durante este tiempo nadie ha llegado a pedir que salga de la propiedad. Por lo que solicita en sentencia se declare “Pretensión Principal: 1-) Con lugar la presente demanda en todos sus extremos acogiendo este proceso ORDINARIO DE USUCAPIÓN AGRARIA ESPECIAL, en todos sus extremos. 2-) Que se declare en sentencia que la actora ha ejercido la posesión agraria con por más de 13 años de forma ininterrumpida, a titulo de dueña, pacifica, vista y paciencia de la luz pública y de buena fe. 3-) Que se declare en sentencia que la actora tiene legitimación activa, para plantear dicho proceso de prescripción positiva agraria, en contra de los demandados 4-) Que se declare en sentencia que la actora por haber tenido en posesión por más de 13 años la propiedad. 5-) Que en sentencia, se ordene la inscripción de la porción que se reclama en este proceso y que es parte de la finca 7-021055-000 y con ello poder inscribir como finca independiente la porción de terreno que reclamo en este proceso. 6-) Se imponga al demandado la obligación de pagar ambas costas de éste proceso una vez firme la sentencia.7- Que se prohíba a los demandados de no traspasar, enajernar, hipotecar, gravar de cualquier medio la propiedad hasta tanto no se defina dicha situación en sentencia. 8- Que en caso de que de declare sin lugar, el actor tiene derecho a pago de todas las mejoras útiles y necesarias y accesorias sobre el terreno objeto de este proceso y derecho al pago de los años posesorios en que se ha mantenido en el terreno. 9- Que se declare en sentencia que la propiedad al día de hoy aumento su plusvalía. 10-) Se imponga al demandado la obligación de pagar ambas costas de éste proceso en la cual se solicita al despacho que se fijen los honorarios de la defensa y se depositarán en la Cuenta de Defensores Públicos del Banco de Costa Rica número 183581-5. Pretensión Subsidiaria: 1-) Que se declare en sentencia que la propiedad al día de hoy aumento su plusvalía. 2-Que el actor tiene derecho de retención de la propiedad 7-21005-000, hasta tanto, no cancelen los montos fijados por el perito en ejecución de sentencia del pago de las mejoras ,accesiones y todo lo existente en la propiedad los cuales deben de ser dictados en sentencia de fondo y cobrar los intereses al tipo de la tasa pasiva más baja del Banco Central, por no aplicarse el interés legal por no tratarse de una obligación derivada de un préstamo conforme lo ha reconocido así nuestra jurisprudencia, hasta el efectivo pago de la suma principal , todo ello en caso de declarar sin lugar la demanda. 3-) Se en caso de no declarar con lugar la demanda no se le imponga la obligación de pagar ambas costas de éste proceso," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 9).-

 II.- Excepciones deducidas: Se le dio traslado a la accionada mediante resolución de las trece horas veintidós minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno quien no contestó el proceso, por lo que se le declaro en rebeldía según resolución de las once horas veintisiete minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, (Ver expediente descargado en modo pdf, imagen 72).-

 III.- La jueza Valerie Sancho Bermúdez mediante sentencia N° 2024000495 de las catorce horas con treinta y dos minutos del veintidós de agosto del año dos mil veinticuatro, resolvió: " De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar la Usucapión Especial Agraria interpuesta por MARIA VICTORIA DAVILA JARQUÍN contra Rolafama Sociedad Anónima y Rolando Calvo Ramos en su carácter personal del terreno que reclama el actor en parte de la finca 7 21055-000, así como las demás pretensiones principales. En cuanto a las pretensiones subsidiarias referente a la liquidación del estado posesorio se declaran parcialmente con lugar; entendiéndose por rechazado lo que que no haya sido expresamente concedido y acogiéndose de la siguiente forma: Se reconocen como accesiones el pozo, el portón de madera y la casa de madera con latas de zinc en mal estado, cercas. Respecto de éstos, de preferir la accionada Rolafama Sociedad Anónima, como propietaria registral conservar lo plantado o las construcciones existentes, deberá reembolsar al actor el valor de los materiales y el de la mano de obra, sin consideración al mayor o menor valor que haya podido recibir la finca. Se rechazan los extremos de los años de posesión, plusvalía, derecho de retención, cobro de intereses. Se exonera a ambas partes del pago de las costas personales y procesales de la presente acción", (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 135 a 146).-

 IV.- Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados, por ser acordes al acervo probatorio. De la misma naturaleza, se tienen por probados los siguientes: 5.- La actora ingresó por un estado de necesidad al terreno objeto de litis en el año 2006 dado que no tenía un lugar donde vivir y de dónde comer junto con su familia (Cfr. Reconocimiento judicial, testimonial de Jennifer Cruz Méndez en audio).-  6.- La actora, quien es de nacionalidad nicaragüense, es una persona adulta mayor que no puede trabajar debido a sus problemas de salud y a pesar de esta situación debe cuidar a sus nietos, que el único ingreso con el que cuenta son los cultivos en el terreno de autoconsumo de papaya, chile, plátano sin cosecha, yuca, maíz fijoles y una mata de café y del aporte de su hija, quien trabaja comoo peona en una bananera para el sustento de todos los miembros de dicho núcleo familiar y vive en una casa y una casa de madera en mal estado. (Cfr. Reconocimiento judicial, testimonial de Jennifer Cruz Méndez en audio).-

 V.- No se comparte el único hecho no demostrado por haberse tenido por probado en el considerando anterior.-

 VI.- La parte actora apela la sentencia dictada manifestando lo siguiente: "MOTIVO Y AGRARIO. MOTIVO: INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBA Y APLICACIÓN DEL DERECHO SUSTANTIVO: El proceso que nos ocupa es una acción ordinaria de usucapión especial agraria, en el cual se pretende la titularidad de inmueble en litis debido a que la señora MARÍA VICTORIA DAVILA JARQUIN ingresó al terreno debido a un estado de necesidad. Sin embargo, la usucapión es rechazada debido a que supuestamente no se acreditó el ingreso de mi representada al inmueble a causa de un estado de necesidad, lo cual no es de recibido y se encuentran errores de valoración en la sentencia. Nótese que por parte de esta representación se aportó medios de prueba idóneos y pertinentes que acreditan las actividades de subsistencia de la señora María Victoria, como lo es el reconocimiento judicial y la prueba testimonial. Ahora bien, en sentencia se indica lo siguiente: “… la señora Jennifer Tatiana Cruz Fuentes refirió que la actora ingresó al terreno junto a los demás invasores en el año 2006, indicaron que tiene pocos cultivos por se un área muy pequeña la que ocupa, como cacao, yuca, limón, plátano, así un rancho, confirmaron las colindancias, y aunque se indico que vive de los cultivos que siembra, y que habita permanentemente en el rancho que construyó junto con su hija y nieta, refirió que la hija de la actora trabaja en la bananera y que la actora cuida los nietos debido debido a que tiene problemas de salud y que no puede trabajar..”. (TEXTO DE LA SENTENCIA) Del texto anterior, podemos llegar a la conclusión que la actora es una persona en estado de vulnerabilidad y resulta fundamental realizar un análisis sobre las individualidades de la señora María, quien es de nacionalidad nicaragüense, es una persona que no puede trabajar debido a sus problemas de salud y a pesar de esta situación debe cuidar a sus nietos, que el único ingreso con el que cuenta es lo que pueda obtener la hija de doña María para el sustento de todos los miembros de dicho núcleo familiar y vive en una casa en pésimas condiciones. A pesar de todo lo anterior, la persona juzgadora concluye “...lo cierto del caso es que no acredita haber ingresado por un estado de necesidad…”. Cuestionando esta representación, si doña María Victoria bajo todas las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que tiene no está bajo un estado de necesidad, resulta imposible que alguna otra persona pueda ajustarse a esta condición.  Doña María Victoría tiene muchos factores de riesgo y es evidente que su situación personal y familiar es de una persona en estado de necesidad.  Podemos concluir que existen graves incongruencias en la sentencia, debido a que se menciona la situación precaria de la actora y a la vez indica que no se acredita el estado de necesidad. La valoración probatoria es sumamente confusa y nula. Además, la persona juzgadora no acredita lo dicho por la testigo Jennifer, en el momento procesal en que nos encontramos no nos damos cuenta si la persona juzgadora le dio credibilidad o no la prueba testimonial.  Y lo mismo sucede con el análisis dado en el reconocimiento judicial, en donde se valoró lo siguiente: “… se encuentra cerrada en todas sus colindancias con amapola, existe un pozo, portón de madera y una casa de madera ambos en mal estado, así como cultivos de auto consumo 3 de papaya, 1 chile, 4 de plátano sin cosecha, yuca, maíz fijoles y una mata de café…” (TEXTO DE LA SENTENCIA)  Bajo reglas de la lógica no logra entender esta representación cómo es que los productos descritos en el párrafo anterior forman parte de una posesión estática. Nuevamente las valoraciones dadas no tienen una relación lógica y técnica con la prueba recibida y desnaturaliza la especialidad de la materia agraria.. Además, considera esta representación que la valoración sobre el reconocimiento judicial es errada en tanto la producción descrita es para la utilidad de la actora y su familia, como bien quedó acreditada por la prueba testimonial. A causa de las individualidades de la señora María Victoria no se puede exigir una producción a gran escala resultando imposible debido a la situación económica de la misma. La producción realizada por doña María Victoria es de acuerdo a sus posibilidades. Aunado a lo anterior, en el mismo cuerpo de sentencia se indica “… ante un consulta al instituto este indica que no se cuenta con declaratoria de conflicto de ocupación precaria.” Lo anterior no es un elemento suficiente para rechazar esta acción, la persona juzgadora debe valorar la situación económica y social de la parte actora tanto al ingreso del inmueble, a lo largo del tiempo en posesión y lo que ha realizado en la actualidad; lo cual no hizo. Lo que si se puede acreditar es que la señora María Victoria es jefa de hogar, persona de escasos recursos, que ha puesto a producir el inmueble en litis, ha velado por la situación económica suya y de la familia, con mucho esfuerzo ha construido un rancho, ha realizado ventas de alimentos, ha cumplido con el fin social y económico de la propiedad y aún así no se acredita por parte de la juzgadora el estado de necesidad de mi representada. Fundamento jurídico: Artículo 53 y 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. 92 y 101 de la Ley del ITCO. Agravio: Se rechaza la demanda sin hacer una valoración técnica sobre la prueba aportada, se violenta derechos del debido proceso y derecho de defensa debido a la ausencia de análisis según la especialidad de nuestra materia. No se valora la actividad productiva de doña María, ni sus condiciones de vulnerabilidad, no se analiza sus individualidades como productora agraria. No se realiza un análisis técnico sobre la usucapión especial agraria. Se afecta a nivel económico a mi representada." (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 148 a152).-             

 VIII.-  SOBRE LA USUCAPION ESPECIAL AGRARIA O USUCAPION PRECARIA DE TIERRAS:  De previo a entrar a analizar los agravios del recurrente, conviene realizar un análisis del régimen de la usucapión y sus requisitos, a fin de determinar si el caso ha sido resuelto conforme a derecho. Este Tribunal en forma reiterada ha sostenido: “En cuanto al instituto de la USUCAPION AGRARIA Es necesario distinguir la usucapión especial agraria –regulada en la Ley de Tierras y Colonización, de la usucapión agraria común. La especial agraria, prescinde del justo título y de la buena fe, pues la misma Ley de Tierras, en su artículo 92 y 101 así lo establecen, pero exige la posesión agraria pública, pacífica, ininterrumpida, por más de diez años, sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero, siempre y cuando los actos posesorios y la actividad agraria se realice para satisfacer necesidades propias o familiares. En la usucapión agraria común, en cambio, se exige además de los anteriores requisitos el justo título y la buena fe. Puede tratarse de una causa originaria (como el derecho de posesión) o derivada (mediante un contrato traslativo posesorio). Para el caso de la buena o mala fe, la primera se presume siempre, sin embargo, es poseedor de mala fe quien en el acto de la toma en posesión tuvo suficientes motivos para que dudara (artículos 284, 287 y 286 del Código Civil). La buena o mala fe se liga al convencimiento de la persona de que está poseyendo un bien propio, y la persona que le trasmitió era su legítima propietaria.”   Tribunal Agrario, Voto No. 1033-F-06 de las once horas veinticinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil seis.-   El planteamiento de los hechos y las pretensiones de la RECONVENCIÓN, así como de los agravios del recurrente giran en torno a los requisitos de la usucapión especial agraria , por lo que no se requiere analizar si medió buena o mala fe en el ejercicio de la posesión ni se necesita un título traslativo de dominio, ya que ambos requisitos son sustituidos por un estado de necesidad en la precariedad del usucapiente, tal y como lo ha dicho la Sala Primera de la Corte: "IV.- En realidad el argumento principal del recurrente se centra en proponer, que en el proceso de análisis se debieron aplicar las reglas de la “usucapión especial agraria”, y que por no haberse procedido de tal forma, el Ad quem incurre en una serie de indebidas apreciaciones de la prueba. A partir de este reclamo, resulta necesario, realizar algunas consideraciones generales respecto de los modos de adquirir la propiedad por prescripción positiva, tratándose de materia agraria. Así, habrá que distinguir entre la usucapión común y la especial, ambas previstas por esta rama del derecho. La primera requiere del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil, debido a la ausencia de legislación agraria específica; es decir: título traslativo de dominio, buena fe y posesión. Así, quien presenta una demanda agraria de esta naturaleza, debe demostrar el ejercicio de una posesión a título de dueño, en forma pública, pacífica e ininterrumpida por un período de 10 años. Se distingue de los procesos civiles por prescripción positiva, en que la posesión trasciende la simple ocupación del fundo, puesto que implica actos posesorios agrarios, tendientes a cultivar y mejorar el bien que se pretende usucapir. Por su parte, la usucapión especial agraria está prevista en la Ley de Tierras y Colonización, cuyo fundamento se encuentra en la posesión precaria, por la necesidad de explotación del fundo agrario, como medio de subsistencia propia o del núcleo familiar. Así, el numeral 92 de ese cuerpo legal establece: "Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria...". Por su parte el numeral 101 del mismo cuerpo normativo señala: "... para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil". Según lo ha indicado esta S., la posesión precaria de tierras constituye una modalidad de la posesión agraria, que por tal, consiste en el poder de hecho, sobre un bien de naturaleza productiva, cuya titularidad registral corresponde a un tercero, y que es ejercido de manera continua, efectiva y personal, mediante el desarrollo de una actividad económicamente organizada para la obtención de productos, animales o vegetales, cuyo fin último es satisfacer necesidades propias o las de su familia. En esta, por ende, prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo familiar agrario. Sus requisitos, subjetivos y objetivos, tienen connotaciones distintas. No se requiere el simple ánimo de poseer, debe serlo en forma efectiva, directa y personal, para satisfacer las necesidades dichas. De ahí, para que opere, no es determinante la existencia de buena o mala fe, en tanto este elemento es sustituido por la necesidad. Según lo ordena la ley en este caso especial, no se exige el título traslativo de dominio. El efecto más importante de la posesión precaria es la adquisición de la propiedad agraria por la posesión decenal, es decir, la usucapión agraria. Por otro lado, cuando no se dan los presupuestos de un estado de necesidad, referidos en los ya citados artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, se está frente a una usucapión agraria común, que tiene un régimen jurídico diverso a la usucapión agraria especial regulada por aquella ley. Al respecto, consúltese la sentencia de esta Sala no. 755 de las 14 horas del 5 de octubre del 2006." SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Número 172-F-S1-2008, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho. Esas realidades sociales en el campo agrario, como la del presente caso, justifican la existencia y aplicación de los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, a fin de otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, acorde con el principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política de que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza", y la equidad como un principio del Derecho Agrario regulado en el artículo 69 de nuestra Carta Magna. A mayor abundamiento, el artículo XXIII de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ", aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, como una manifestación de los Derechos Humanos de la primera y segunda generación, dispone: "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar".-

 IX.- Más recientemente, ha dicho este Tribunal: "VI.- Jurisprudencia Constitucional: La Sala Constitucional, en la sentencia No. 24178-2021, cuya jurisprudencia es vinculante, ha desarrollado la naturaleza de la propiedad agraria en torno a este instituto: VII.- Sobre el régimen de la propiedad agraria.- Este Tribunal Constitucional mediante la sentencia No. 2000-9119 de las 15:14 horas del 17 de octubre de 2000, indicó lo siguiente respecto a la propiedad agraria: “La propiedad agraria, determinada en este caso por su forma de adquisición a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Tierras y Colonización, se identifica por las obligaciones a cargo del propietario de ejercer actos de posesión en cumplimiento de la función social de su derecho. Propiedad y posesión se encuentran entonces en una relación tal que la primera no puede ser conceptualizada sin la concurrencia de la segunda, de formal tal que, sin que la propiedad se desnaturalice como derecho subjetivo, su titular asume una serie de obligaciones en el ejercicio de su derecho. El Estado, atendiendo no sólo a ese carácter diferenciante de la propiedad agraria, sino enmarcado además dentro de la concepción de Estado Social y Democrático de Derecho que rige a nuestro país, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, ha dispuesto a través de la Ley de Tierras y Colonización un procedimiento específicos de adquisición de este derecho con el afán de promover el aumento gradual de la productividad de la propiedad de la tierra, para una justa distribución de su producto y a efectos de elevar la condición social del campesino, haciéndolo partícipe del desarrollo de la Nación (artículo 1 de la citada Ley).” A partir de lo anterior, se desprende la posibilidad de adquisición por medio de la propiedad agraria a través de un procedimiento que busca como fin el destino de la producción de la tierra como característica fundamental, en virtud de su naturaleza. Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, a partir del numeral 92 y siguientes de dicho cuerpo normativo. El artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización establece los conflictos entre propietarios y poseedores en precario, donde se indica que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras para procurar encontrar soluciones satisfactorias de acuerdo con la ley. Define al poseedor precario de la siguiente manera: “aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria…”. Es importante aclarar que la Ley No. 9036, llegó a transformar el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y con su  creación se realizaron derogaciones a la Ley No. 2825. Sin embargo, en las disposiciones finales de la Ley No. 9036, se dispuso claramente que el capítulo VI de la Ley No. 2825, que se encarga de regular  los conflictos entre propietarios y poseedores en precario a la fecha se mantiene vigente. De conformidad con lo anterior, las normas en mención, establecen los requisitos que deben ser  cumplidos para que una persona determinada sea considerada poseedora precaria bajo una ocupación  precaria al realizar actos posesorios para generar producción en una tierra de la cual no es dueña. Para mayor entendimiento de los mismos, se cuenta con el artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), quien se encargada de definir lo requisitos exigidos por el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, de la siguiente manera: “Artículo 195°- Ocupación Precaria. Para que se considere que existe ocupación precaria deberá determinarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 2825 y que son los siguientes: a) Posesión anual: Deberá demostrar mediante cualquier medio probatorio permitido por ley que tiene más de un año de estar en posesión del predio objeto de conflicto. b) Estado de necesidad: Deberá demostrar el solicitante que ingresó a la propiedad para cubrir un estado de necesidad de subsistencia, es decir, que al momento del ingreso a la propiedad y hasta la fecha no tiene ningún otro medio de subsistencia para él y su familia que la producción que realiza en el predio ocupado. c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. d) Área: El área poseída debe ser suficiente para ser considerada como una unidad productiva que responde a los parámetros mínimos que permitan la subsistencia conforme a la zona en que se ubica, su naturaleza y la actividad productiva que se realiza.”  Se comprende que el ordenamiento jurídico permite que un poseedor precario al cumplir con los requisitos exigidos pueda adquirir una propiedad que se encuentra a nombre de otra persona en el Registro Público, por medio del régimen de la usucapión especial agraria, bajo la modalidad de la propiedad agraria. De ese modo, se entiende que el conflicto entre un propietario y un poseedor precario, surge cuando el dueño registral de una propiedad particular la abandona para dejar de realizar actos de posesión en ella –conocida como presunción de abandono-, y en su lugar llega otra persona que aunque no le pertenezca adopta acciones tendientes a la posesión con el fin de producir en dicho terreno para satisfacer su necesidad de subsistencia, así como también la de su grupo familiar. Sin que exista algún reclamo u objeción por parte del propietario registral." Claramente, en este caso, del señor Isidoro, no solo existió posesión agraria, para satisfacer necesidades propias y de su familia, sino también un abandono total, pues nunca realizó actos posesorios en el inmueble, y tampoco ejerció ninguna acción permitida a las propietarios registrales (interdictos posesorios, desahucio por mera tolerancia, acción reivindicatoria, usurpación, etcétera), para poder recuperar el inmueble, salvo la acción de desahucio administrativo intentada en el año 2021 sin ningún éxito, donde más bien el señor Isidoro tubo apoyo de CONAPAM para poder defenderse. La Sala Constitucional, en la misma sentencia No. 24178-2021, profundizó sobre la aplicación del referido instituto, en el Reglamento de la Ley Inder No. 9036 del 09 de abril del 2018, agregando a mayor abundamiento lo siguiente: "IX...Ahora bien, es necesario examinar la finalidad del contenido de la norma impugnada para determinar si cumple o no con los parámetros establecidos en el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En el Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), se encuentra el artículo 195, el cual establece los requisitos que deben cumplirse para que se dé una ocupación precaria bajo la modalidad de la posesión agraria. La accionante cuestiona específicamente el requisito contemplado en el inciso c) de dicha norma, siendo este: “c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. (…).”. Como se indicó, esta Sala ha sostenido que para se sustente esa exigencia debe ser necesaria, idónea y proporcional. La necesidad tiene como base el proteger un bien o conjunto de bienes de la colectividad, en el caso específico al exigir el cumplimiento del requisito, busca proteger el derecho a la propiedad del propietario registral del bien, como lo establece el artículo 45 constitucional. Por su parte, la idoneidad del requisito es tutelar la posesión agraria a aquella persona determinada que realiza actos posesorios en un terreno sin ser el propietario registral del bien. No se pretender regalar el bien inmueble, sino busca que dicha ocupación surja con la realización de actos posesorios agrarios, como lo es la producción en la tierra, razón por la cual, exige como elemento esencial que dicho labor sea el único medio de subsistencia de la persona y de su grupo familiar para que de esa forma se dé la adquisición. Finalmente, la proporcionalidad del requisito surge para evitar que se haga un despojo arbitrario al propietario registral; así como también evita que las personas utilicen la figura de la usucapión agraria para el lucro o la comercialización de las tierras; es decir, busca evitar que exista un abuso. A partir de lo expuesto, se determina que la norma impugnada es razonable, idónea y proporcional a los fines por los cuales fue creada. Asimismo, es importante aclarar que en el momento en que una persona determinada realiza la solicitud para ser calificada como poseedora en precaria, tiene únicamente una expectativa de derecho, debido a que la misma se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. El legislador estableció que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras, de ahí nace su legitimidad de poder determinar si una persona cumple o no con los requisitos para poder calificar como poseedor en precario persiguiendo como elemento fundamental la actividad productiva agraria en el terreno. Aunado a lo anterior, se tiene que la usucapión agraria contempla requisitos especiales tendientes a buscar la producción y el trabajo agrario –vegetal o animal-. Para comprender más sobre esta figura, esta Sala Constitucional en la sentencia No. 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, dispuso lo siguiente: “En cuanto a la propiedad agraria debe indicarse que cuando se reconoce la función social de la propiedad, el derecho de propiedad se configura como un derecho-deber, en el que existe una forma específica de ejercer las facultades del dominio, y se imponen al titular obligaciones como la utilización productiva de la tierra. Dado que el supuesto de hecho de la norma impugnada -artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias- podría aplicarse en la hipótesis en que sobre el terrero que se pretende titular, antes de su afectación al dominio público, se haya ejercido posesión agraria, resulta necesario señalar los elementos que caracterizan el instituto de la usucapión agraria, como se hizo arriba con el régimen general de la usucapión civil ordinaria. De acuerdo con la  jurisprudencia, el fundamento de ese instituto lo constituye un principio general de Derecho Agrario: la función económico social de la propiedad agraria. Ese principio se integra fundamentalmente con dos aspectos: uno subjetivo, de orden económico, que consiste en la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo o social, que entraña la obligación del Estado de dotar de propiedad a quien está en condiciones de producir pero carece de tierra. En virtud de lo anterior, el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Para la usucapión agraria la posesión adquiere un valor central como elemento obligatorio para adquirir el derecho de propiedad. El instituto de la usucapión agraria en Costa Rica coincide con la usucapión general del Código Civil en su estructura, sin embargo, difiere de ella en su función por la introducción de los principios antes expuestos. Dentro de los elementos que caracterizan la usucapión agraria se encuentra una concepción especial del animus del poseedor que debe proyectarse por medio del ejercicio de actos posesorios agrarios. Este se refleja con mayor intensidad en la apropiación económica de las ganancias obtenidas por el trabajo sobre el fundo. Se presume que el que trabaja la tierra de esa forma lo hace a título de dueño. Por otra parte, el justo título lo constituye el trabajo agrario, y su no exigencia como documento permite que la adquisición pueda darse contra un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Asimismo, en la usucapión agraria no existe la distinción de la posesión de buena o mala fe, porque lo que interesa es fundamentalmente la actividad productiva agraria. La legislación especial agraria en Costa Rica ha ido eliminando el justo título y la buena fe en la usucapión al punto de que la no exigencia de esos requisitos se ha convertido en la regla y su excepción se encuentra en sede civil en la hipótesis de adquisición derivativa de la posesión. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que en los artículo 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, se regula expresamente la usucapión agraria de tierras. En esos artículos se define la figura de la posesión precaria de tierras que constituye una modalidad de la posesión agraria. Consiste en un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva, inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, en el que se realizan actos estables y efectivos de posesión que se dirigen a poner el bien en condiciones de producción con el fin de satisfacer necesidades propias del poseedor y de su familia. Como en la posesión precaria prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario, se debe poseer en forma directa y personal -no basta el simple ánimo de poseer-. Asimismo, se prescinde de la consideración de si existe buena o mala fe, toda vez que el poseedor en precario sabe que el bien que trabaja está inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. También se excluye el título traslativo de dominio porque el título lo constituye el trabajo agrario.” (El resaltado no corresponde al original). Del precedente citado, se desprende, que el requisito contemplado en la norma impugnada para que una persona determinada sea calificada como poseedor precario responde a un principio de función social, que garantizar la productividad de las tierras en condición de necesidad para satisfacer las necesidades de la persona ocupante como de su familia. Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que la exigencia del requisito estipulado en el inciso c) del artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), es completamente proporcional y razonable. En ese sentido, resulta esencial reiterar lo señalado en la sentencia anteriormente descrita, respecto a que el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Se determina que está figura especial consagrada en el Derecho Agrario se creó precisamente para aquellos casos en donde una persona al plantear la solicitud del conflictos entre propietarios y poseedores en precario, tiene que demostrar que su medio de subsistencia de las necesidades básicas provengan del trabajo agrario de la tierra, lo cual, excluye que esa subsistencia se dé por medios distintos a la producción de la tierra. Este elemento fundamental justifica la usucapión especial agraria como excepción a la figura general, pues no basta el ánimo de poseer. De ese modo, tal requisito no resulta arbitrario ni desproporcionado, en virtud de lo expuesto, este Tribunal Constitucional descarta que la norma impugnada lesione el principio de proporcionalidad constitucional. En consecuencia, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere." Véase que la Sala constitucional reafirma su propia jurisprudencia vinculante que establece al trabajo agrario con fundamento de la usucapión especial agraria, y es justamente para valorizar no solamente una forma de acceso a la propiedad, sino para garantizar el ejercicio de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Por eso es que también en la Ley de Tierras y Colonización se integran otras disposiciones, como el artículo 144, que establecen las causales de expropiación por incumplimiento de la función social, como lo es el dejar en estado de abandono la propiedad. Lo anterior va acorde con un principio del derecho agrario como "derecho de equidad", contenido en el artículo 1 de la Ley, que en su inciso 6) dispone: "La presente Ley tiene por objeto: 6) Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa". Y como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que en este caso, el comportamiento del demandado Raúl Álvarez Alfaro (y su trasmitentes), fue no solamente de abandono total de la propiedad, sino de pretender desalojar en sede administrativa el mismo, explotando al trabajador agrícola, que con un esfuerzo de más de veinticinco años ha mantenido el terreno en condiciones productivas, por necesidad, para satisfacer y mantener a su familia." (TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 2024000695 de las diez horas doce minutos del quince de julio de dos mil veinticuatro).-

 X.- SOBRE EL PRIMER AGRAVIO SOBRE LA NO DEMOSTRACIÓN DEL ESTADO DE NECESIDAD COMO BASE DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE USUCAPIÓN ESPECIAL AGRARIA:  Sobre el mismo lleva razón el recurrente. Este Tribunal no comparte la valoración probatoria realizada en la sentencia, la cual es diáfana en cuanto a la prueba testimonial, de la cual se extrae que la actora tomó posesión del terreno por un estado de necesidad de pobreza y autosubsistencia, el cual se mantiene aún hoy en día.  Para probar el mismo no se requiere necesariamente que sea declarada poseedora en precario por parte del INDER. En esta disciplina opera el sistema de libre valoración de la prueba conforme al artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria el cual elimina todo vestigio de prueba tasada o legal, debiendo la persona juzgadora agraria valorar la prueba en conjunto; por lo que no puede sostenerse que dicha declaratoria sea el único medio de prueba que se pueda valorar. Al respecto ha dicho este Tribunal: "X.- El juzgado previno a la parte el agotamiento de la vía, con base precisamente en el artículo 94 de la Ley de Tierras y Colonización, de manera que el actor planteó ante el Instituto de Desarrollo Agrario el conflicto de posesión precaria de tierras, y transcurrieron más de tres meses desde el recibo de la gestión sin que esa entidad se pronunciara al respecto. Asimismo dado que el Instituto de Desarrollo Agrario no resolvió dentro del plazo de los tres meses que establece el artículo 94, el juzgado de primera instancia se tuvo por agotada la vía administrativa. Bajo esta inteligencia, al haberse tenido por agotada la vía administrativa por la omisión de la Administración, y con base en lo dispuesto en ese mismo artículo 94 que se cita, lógicamente debe entenderse que será en la vía judicial, ante la inercia administrativa, donde se analice si el accionante ostenta o no la condición de poseedor en precario, quedando precluida la actuación administrativa para todos los efectos . Una interpretación distinta atentaría en forma flagrante contra el principio constitucional de ACCESO A LA JUSTICIA, ya que el espíritu y finalidad del artículo 92 de la ley tantas veces citada, se vería significativamente reducido ante la omisión del Instituto de Desarrollo Agrario de pronunciarse al respecto dentro del plazo de ley. A mayor abundamiento, debe también exponerse que ese procedimiento administrativo tiene como fin primordial el que esa entidad, constatada la precariedad del ocupante, trate de solucionar el conflicto a través de una compra directa al propietario registral, pero nunca excluye la posibilidad de que en vía judicial se analice como presupuesto de fondo de la usucapión especial agraria la condición de poseedor en precario, tal y como se constata en esa vía todos los demás elementos que la componen."TRIBUNAL AGRARIO Voto No. 271-F-18 de las 17:20 horas del 23 de marzo del 2018. En este mismo sentido, véase el Voto 145-F-05 de las 11:30 horas del 9 de marzo del 2005. Por ende, en sede jurisdiccional, el Juzgador tiene el deber de verificar el estado de necesidad que justifique la posesión en precario que aleguen los actores, máxime que se trata de un hecho controvertido, a la luz del acervo probatorio conformado por todos los medios de prueba ofrecidos, admitidos y practicados a la luz del contradictorio. En ese sentido, la prueba testimonial sí demuestra la forma en que la actora tomó posesión del terreno y cuál era el estado de necesidad que viene a invocar ahora en su recurso. La testigo Jennifer Cruz Fuentes declaró que conoce a la actora desde hace más de quince años  pero a la sociedad demandada no. Ha visto a la actora en el terreno en disputa, la finca estaba en abandono en el año 2006. Narró que la señora ha sembrado cacao, yuca, limón, plátano, que construyó un rancho donde habita con su hija y nietos y que vive de los cultivos que siembra y que su hija trabaja en la bananera y que la actora cuida los nietos debido debido a que tiene problemas de salud y que no puede trabajar (escuchar audio en el expediente electrónico).  También ubicó las colindancias.  Lo dicho por la deponente coincide con el resultado arrojado en el reconocimiento judicial. Nótese que el estado de precariedad se nota en el estado del rancho construido por la actora  y la única testiga es clara en que la señora actora, su hija y nieta comen y viven de la propiedad. La actora es cabeza de familia, emigrante y adulta mayor (calidades a imagen 1 de la demanda en expediente virtual). Debe indicársele a la señora juzgadora que en este tipo especial de usucapión no se exige buena fe ni pacificidad en el ejercicio de la posesión  Aunado a ello, la demandada ni siquera se apersonó al proceso. Siendo que se demostró con la testimonial analizada que entró a poseer desde el año 2006 sí cumple con la decenalidad en la posesión. Por ende, debe revocarse la sentencia y en su lugar acoger en todos sus extremos las pretensiones principales. De la siguiente manera:  1. Se declara con lugar la presente demanda en todos sus externos acogiendo este proceso Ordinario de usucapión especial agraria a favor de la actora. 2. Se declara que la actora ha ejercido la posesión agraria con ánimo de dominio y cumplimiento con la función social en la parcela por más de trece años. 3. Se declara que tiene legitimación activa para reclamar el proceso en contra de la sociedad demandado, sobre la porción de terreno que posee de la finca inscrita matrícula de folio real 7- 021055-000. 4. Se declara que la actora ha adquirido el derecho de propiedad sobre el área de terreno objeto de este proceso al amparo de la usucapión especial agraria reconocida en los artículos 92 y 101 de la Ley del ITCO. 5. Se ordena la inscripción de la porción que se reclama en este proceso y que es parte de la finca 7-021055-000 y con ello poder inscribir como finca independiente la porción de terreno que reclamó en este proceso, con la cabida y colindancias que indique el perito topógrafo que se nombre en este juicio, para lo cual se abrirá folio real independiente, excluyendo cualquier porción no poseída por el actor. 6. Se ordena a los demandados una vez firme la sentencia de fondo y confeccionado el plano e inscrito ante el Departamento de Catastro con el área que se encuentra poseyendo la actora, la segregación de la porción de terreno para poder inscribirlo como finca independiente, en caso de negativa sea la persona juzgadora del despacho quien comparezca ante notario y firme la segregación correspondiente. 7. Son las costas a cargo de la demandada.  Se omite pronunciamiento sobre el resto de agravios, por tener como objeto las pretensiones subsidiarias, al haberse acogido las principales.

POR TANTO

  Se revoca la sentencia en su totalidad. Se rechazan las excepciones de falta de derecho y de falta de legitimación activa y pasiva y en su lugar acoger en todos sus extremos las pretensiones principales. De la siguiente manera:  1. Se declara con lugar la presente demanda en todos sus externos acogiendo este proceso Ordinario de usucapión especial agraria a favor de la actora. 2. Se declara que la actora ha ejercido la posesión agraria con ánimo de dominio y cumplimiento con la función social en la parcela por más de trece años. 3. Se declara que tiene legitimación activa para reclamar el proceso en contra de la sociedad demandado, sobre la porción de terreno que posee de la finca inscrita matrícula de folio real 7- 021055-000. 4. Se declara que la actora ha adquirido el derecho de propiedad sobre el área de terreno objeto de este proceso al amparo de la usucapión especial agraria reconocida en los artículos 92 y 101 de la Ley del ITCO. 5. Se ordena la inscripción de la porción que se reclama en este proceso y que es parte de la finca 7-021055-000 y con ello poder inscribir como finca independiente la porción de terreno que reclamó en este proceso, con la cabida y colindancias que indique el perito topógrafo que se nombre en este juicio, para lo cual se abrirá folio real independiente, excluyendo cualquier porción no poseída por el actor. 6. Se ordena a los demandados una vez firme la sentencia de fondo y confeccionado el plano e inscrito ante el Departamento de Catastro con el área que se encuentra poseyendo la actora, la segregación de la porción de terreno para poder inscribirlo como finca independiente, en caso de negativa sea la persona juzgadora del despacho quien comparezca ante notario y firme la segregación correspondiente. 7. Son las costas a cargo de la demandada.  Se omite pronunciamiento sobre el resto de agravios, por tener como objeto las pretensiones subsidiarias, al haberse acogido las principales.

 

 

 

 

 

	


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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-000078-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 01186 - 2024**

**Date of Resolution:** December 16, 2024, at 18:35

**Case File:** 19-000078-0465-AG

**Drafted by:** Carlos Adolfo Picado Vargas

**Type of Matter:** Ordinary Proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Type of Content:** Majority Vote
**Topics (descriptors):** Agrarian Usucapion
**Subtopics:**
Distinction from special.
**Topics (descriptors):** Evidence in agrarian matters
**Subtopics:**
Application of the system of free assessment in verifying possession of land due to state of necessity in special usucapion.
**Topics (descriptors):** Assessment of evidence in agrarian matters
**Subtopics:**
Application of the system of free assessment in verifying possession of land due to state of necessity in special usucapion.
**Topics (descriptors):** Principle of free assessment of agrarian evidence
**Subtopics:**
Application in verifying possession of land due to state of necessity in special usucapion.
**Topics (descriptors):** Special agrarian usucapion
**Subtopics:**
Concept, requirements, and distinction from common.
Application of the system of free assessment of evidence in verifying possession of land due to state of necessity.
**Related Judgments** Judgments in the same sense

**Text of the resolution**



**CASE FILE:**

19-000078-0465-AG - 2

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

MARIA VICTORIA DAVILA JARQUÍN

**DEFENDANT:**

ROLAFAMA S.A

**VOTE No. N° 2024001186**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eighteen hours thirty-five minutes on December sixteenth, two thousand twenty-four.-

**ORDINARY PROCEEDING** filed by MARÍA VICTORIA DAVILA JARQUÍN, of legal age, single, homemaker, residence ID one five five eight two three four nine four five zero one, resident of Limón; against ROLAFAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID three - one zero one - five hundred seventy-six thousand eight hundred sixty, represented by its president with powers of unlimited general attorney without sum limit and in a personal capacity ROLANDO CALVO RAMOS, of legal age, married, farmer, identity card number one - five hundred sixteen - six hundred ten, resident of San José. Acting as agrarian public defenders: for the plaintiff, attorney Joselyn Cordero Castillo; and for the defendant, attorney Hilory Hunter Tatum. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone.-

Drafted by Judge Picado Vargas; and,

**WHEREAS:**

**I.- Regarding the claims:** The plaintiff argues that she is the possessor of a plot of land located in Luzón, Batan district, Matina canton, Limón province, with an approximate measurement of 40 meters wide by 20 meters deep, bordering to the north with Guillermo González, to the south with a public street, to the east with Armando Bello, and to the west with Alejandra. She adds that the described area is located within farm 21055-000 of the Limón registry, of an agricultural nature, located in the second Batan district, fifth Matina canton, Limón province, bordering to the north with lot 16, to the south with lot 17 and Finca Margarita, to the east with the tramway line, and to the west with Finca Margarita, measuring seventy-nine thousand three hundred ninety-five square meters and described in plan L-1172508-2007. She continues stating that she entered the land at the beginning of 2006, unaware that the property had a registered owner, and in the years she has had the property, she has never been sued or evicted, and the acts she has carried out include the planting of crops of plantain, cassava, corn, coconuts, cucumber, sour lemon, mango, avocado, tomato, sweet chili, and Panamanian chili, and squash but they dried up; she mentions that she raises a small poultry flock of farm chickens for sale, and she maintains the land delimited in relation to the other parcels. She states that when she entered, the land was completely abandoned and there were no buildings or crops, and during this time, no one has come to ask her to leave the property. Therefore, she requests that the judgment declare: "Main Claim: 1-) Grant the present lawsuit in all its respects, accepting this ORDINARY PROCEEDING OF SPECIAL AGRARIAN USUCAPION (USUCAPIÓN AGRARIA ESPECIAL), in all its respects. 2-) That the judgment declare that the plaintiff has exercised agrarian possession for more than 13 years uninterruptedly, as owner, peacefully, publicly, and in good faith. 3-) That the judgment declare that the plaintiff has standing to file this positive agrarian prescription process against the defendants. 4-) That the judgment declare that the plaintiff, having been in possession of the property for more than 13 years. 5-) That the judgment order the registration of the portion claimed in this process, which is part of farm 7-021055-000, and thereby be able to register the portion of land I claim in this process as an independent farm. 6-) Impose on the defendant the obligation to pay both costs of this process once the judgment becomes final. 7-) Prohibit the defendants from transferring, alienating, mortgaging, or encumbering in any way the property until this situation is defined in a final judgment. 8-) That in the event the claim is dismissed, the plaintiff has the right to payment for all useful and necessary improvements and accessories on the land subject to this process and the right to payment for the years of possession in which she has remained on the land. 9-) That the judgment declare that the property's value has increased to date. 10-) Impose on the defendant the obligation to pay both costs of this process, in which the court is requested to set the defense fees, which will be deposited into the Public Defenders' Account of the Banco de Costa Rica, number 183581-5. Subsidiary Claim: 1-) That the judgment declare that the property's value has increased to date. 2-) That the plaintiff has the right of retention of the property 7-21005-000, until the amounts set by the expert in the judgment execution phase for payment of improvements (mejoras), accessions (accesiones), and everything existing on the property are paid, which must be ordered in the final judgment, and to collect interest at the lowest passive rate of the Banco Central, as legal interest is not applicable because it does not involve an obligation derived from a loan, as recognized by our jurisprudence, until the effective payment of the principal sum, all this in the event the lawsuit is dismissed. 3-) In the event the lawsuit is not granted, that she not be imposed the obligation to pay both costs of this process." (See case file downloaded in pdf mode, images 1 to 9).-

**II.- Objections raised:** The defendant was served notice by resolution at thirteen hours twenty-two minutes on January twenty-fifth, two thousand twenty-one, and did not respond to the process, therefore she was declared in default by resolution at eleven hours twenty-seven minutes on February twenty-fifth, two thousand twenty-one, (See case file downloaded in pdf mode, image 72).-

**III.-** Judge Valerie Sancho Bermúdez, by judgment No. 2024000495 at fourteen hours thirty-two minutes on August twenty-second, two thousand twenty-four, resolved: "In accordance with the foregoing, the Special Agrarian Usucapion (Usucapión Especial Agraria) claim filed by MARIA VICTORIA DAVILA JARQUÍN against Rolafama Sociedad Anónima and Rolando Calvo Ramos in his personal capacity is dismissed, regarding the land claimed by the plaintiff as part of farm 7 21055-000, as well as the other main claims. As for the subsidiary claims regarding the liquidation of the possessory state, they are partially granted; any matter not expressly granted is understood as rejected, and the following is accepted: The well, the wooden gate, and the wooden house with zinc sheets in poor condition, and fences are recognized as accessions (accesiones). Regarding these, if the defendant Rolafama Sociedad Anónima, as the registered owner, prefers to keep what has been planted or the existing constructions, it must reimburse the plaintiff for the value of the materials and labor, without consideration of the greater or lesser value the farm may have received. The claims for years of possession, increased value, right of retention, and collection of interest are rejected. Both parties are exonerated from paying the personal and procedural costs of this action." (See case file downloaded in pdf mode, images 135 to 146).-

**IV.-** The list of facts held as proven is adopted, as they are consistent with the body of evidence. By the same nature, the following are held as proven: 5.- The plaintiff entered the land subject to litigation in 2006 due to a state of necessity because she did not have a place to live or food to eat with her family (Cf. Judicial inspection, testimony of Jennifer Cruz Méndez in audio).- 6.- The plaintiff, who is a Nicaraguan national, is an elderly person who cannot work due to her health problems and, despite this situation, must care for her grandchildren; her only income comes from the subsistence crops on the land of papaya, chili, plantain without harvest, cassava, corn, beans, and a coffee plant, and from the contribution of her daughter, who works as a laborer on a banana plantation for the sustenance of all members of that family unit and lives in a wooden house and a wooden house in poor condition. (Cf. Judicial inspection, testimony of Jennifer Cruz Méndez in audio).-

**V.-** The single fact not demonstrated is not shared, as it was held as proven in the preceding whereas clause.-

**VI.-** The plaintiff appeals the issued judgment, stating the following: "MOTIVE AND AGGRIEVANCE. MOTIVE: IMPROPER ASSESSMENT OF EVIDENCE AND APPLICATION OF SUBSTANTIVE LAW: The process at hand is an ordinary action for special agrarian usucapion (usucapión especial agraria), in which ownership of the property in litigation is sought because Mrs. MARÍA VICTORIA DAVILA JARQUIN entered the land due to a state of necessity. However, the usucapion is rejected because it was supposedly not proven that my client entered the property due to a state of necessity, which is unfounded, and there are errors of assessment in the judgment. Note that this representation provided suitable and pertinent means of evidence proving the subsistence activities of Mrs. María Victoria, such as the judicial inspection and testimonial evidence. Now, the judgment states: '… Mrs. Jennifer Tatiana Cruz Fuentes stated that the plaintiff entered the land together with the other invaders in 2006, indicated that she has few crops because the area she occupies is very small, such as cacao, cassava, lemon, plantain, and a ranch, confirmed the boundaries, and although it was indicated that she lives off the crops she plants, and that she permanently inhabits the ranch she built with her daughter and granddaughter, she stated that the plaintiff's daughter works on the banana plantation and that the plaintiff cares for the grandchildren because she has health problems and cannot work…'. (TEXT OF THE JUDGMENT) From the preceding text, we can conclude that the plaintiff is a person in a state of vulnerability, and it is fundamental to carry out an analysis of the individual circumstances of Mrs. María, who is a Nicaraguan national, a person who cannot work due to her health problems, and despite this situation must care for her grandchildren; her only income is what Mrs. María's daughter can obtain for the sustenance of all members of that family unit, and she lives in a house in terrible condition. Despite all the foregoing, the judge concludes '...the truth of the matter is that she does not prove having entered due to a state of necessity…'. This representation questions: if Mrs. María Victoria, under all her conditions of risk and vulnerability, is not in a state of necessity, it is impossible for any other person to meet this condition. Mrs. María Victoria has many risk factors, and it is evident that her personal and family situation is that of a person in a state of necessity. We can conclude that there are serious inconsistencies in the judgment, because it mentions the precarious situation of the plaintiff and simultaneously indicates that the state of necessity is not proven. The evidentiary assessment is extremely confusing and void. Furthermore, the judge does not substantiate the testimony of the witness Jennifer; at the procedural moment we are in, we do not know if the judge gave credibility to the testimonial evidence or not. And the same occurs with the analysis given in the judicial inspection, where the following was assessed: '… is enclosed on all its boundaries with amapola, there is a well, a wooden gate, and a wooden house, both in poor condition, as well as subsistence crops: 3 papaya plants, 1 chili plant, 4 plantain plants without harvest, cassava, corn, beans, and a coffee plant…' (TEXT OF THE JUDGMENT). Under the rules of logic, this representation cannot understand how the products described in the preceding paragraph form part of a static possession. Once again, the assessments given have no logical and technical relationship with the evidence received and distort the specialty of the agrarian matter. Furthermore, this representation considers that the assessment of the judicial inspection is erroneous insofar as the production described is for the utility of the plaintiff and her family, as was well proven by the testimonial evidence. Due to the individual circumstances of Mrs. María Victoria, large-scale production cannot be demanded, as it is impossible due to her economic situation. The production carried out by Mrs. María Victoria is according to her possibilities. In addition to the above, the body of the judgment indicates: '… upon consultation, the institute indicates that there is no declaration of conflict of precarious occupation.' This is not a sufficient element to reject this action; the judge must assess the economic and social situation of the plaintiff both at the time of entry onto the property, throughout the time in possession, and what she has done to the present; which she did not do. What can be proven is that Mrs. María Victoria is a head of household, a person of scarce resources, who has put the property in litigation into production, has looked after her own economic situation and that of her family, has built a ranch with great effort, has sold food, has fulfilled the social and economic purpose of the property, and even so, the judge does not prove my client's state of necessity. Legal basis: Articles 53 and 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. 92 and 101 of the ITCO Law. Aggrievance: The lawsuit is rejected without a technical assessment of the evidence provided; rights of due process and right of defense are violated due to the absence of analysis according to the specialty of our matter. Mrs. María's productive activity is not assessed, nor are her conditions of vulnerability; her individual circumstances as an agrarian producer are not analyzed. No technical analysis is performed on the special agrarian usucapion. My client is economically affected." (See case file downloaded in pdf mode, images 148 to 152).-

**VIII.- ON THE SPECIAL AGRARIAN USUCAPION (USUCAPION ESPECIAL AGRARIA) OR PRECARIOUS USUCAPION OF LANDS:** Before proceeding to analyze the grievances of the appellant, it is appropriate to conduct an analysis of the usucapion regime and its requirements, in order to determine if the case has been resolved in accordance with the law. This Tribunal has repeatedly held: "Regarding the institute of AGRARIAN USUCAPION: It is necessary to distinguish the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) – regulated in the Ley de Tierras y Colonización, from the common agrarian usucapion. The special agrarian one dispenses with just title and good faith, as the Ley de Tierras itself establishes in its articles 92 and 101, but it requires public, peaceful, uninterrupted agrarian possession for more than ten years on land registered in the name of a third party, provided that the possessory acts and the agrarian activity are carried out to satisfy one's own or family needs. In common agrarian usucapion, by contrast, just title and good faith are required in addition to the previous requirements. It may involve an original cause (such as the right of possession) or a derivative one (through a possessory transfer contract). In the case of good or bad faith, the first is always presumed; however, a possessor in bad faith is one who, at the time of taking possession, had sufficient reasons to doubt (articles 284, 287, and 286 of the Civil Code). Good or bad faith is linked to the person's conviction that they are possessing their own property, and that the person who transferred it was its legitimate owner." Agrarian Tribunal, Vote No. 1033-F-06 at eleven hours twenty-five minutes on October nineteenth, two thousand six.- The statement of facts and the claims of the COUNTERCLAIM, as well as the grievances of the appellant, revolve around the requirements of the special agrarian usucapion, so it is not necessary to analyze whether good or bad faith mediated in the exercise of possession, nor is a title transferring ownership needed, since both requirements are substituted by a state of necessity in the precariousness of the usucapion claimant, as stated by the First Chamber of the Supreme Court: "IV.- In reality, the appellant's main argument centers on proposing that the rules of the 'special agrarian usucapion' should have been applied in the analysis process, and that by not having proceeded in that way, the Ad quem incurs a series of improper assessments of the evidence. Based on this claim, it is necessary to make some general considerations regarding the modes of acquiring property by positive prescription in agrarian matters. Thus, a distinction must be made between common usucapion and special usucapion, both provided for by this branch of law. The former requires compliance with the requirements demanded by the Civil Code, due to the absence of specific agrarian legislation; that is: title transferring ownership, good faith, and possession. Thus, whoever files an agrarian lawsuit of this nature must demonstrate the exercise of possession as owner, publicly, peacefully, and uninterruptedly for a period of 10 years. It is distinguished from civil processes for positive prescription in that the possession transcends the simple occupation of the land, since it implies agrarian possessory acts aimed at cultivating and improving the property sought to be acquired by usucapion. For its part, the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) is provided for in the Ley de Tierras y Colonización, whose foundation lies in precarious possession, due to the necessity of exploiting the agrarian land as a means of subsistence for oneself or the family unit. Thus, numeral 92 of that legal body establishes: 'For the purposes of this law, a precarious possessor shall be understood as anyone who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession as owner, peacefully, publicly, and uninterruptedly, for more than one year, and with the purpose of putting it in productive condition for their subsistence or that of their family, on land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have ten-year possession under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information procedure...'. For its part, numeral 101 of the same regulatory body indicates: '... for the purposes of the positive prescription addressed in this article, the title transferring ownership required by the Civil Code shall not be necessary'. As this Chamber has indicated, precarious possession of lands constitutes a modality of agrarian possession, which as such, consists of the de facto power over a productive asset, the registered ownership of which corresponds to a third party, and which is exercised continuously, effectively, and personally, through the development of an economically organized activity for obtaining animal or vegetable products, whose ultimate purpose is to satisfy one's own needs or those of one's family. In this modality, therefore, food necessity and familial agrarian work prevail. Its subjective and objective requirements have different connotations. The mere intention to possess is not required; it must be done effectively, directly, and personally, to satisfy the mentioned needs. Hence, for it to operate, the existence of good or bad faith is not determinative, as this element is substituted by necessity. As the law orders in this special case, the title transferring ownership is not required. The most important effect of precarious possession is the acquisition of agrarian property through ten-year possession, that is, agrarian usucapion. On the other hand, when the presuppositions of a state of necessity, referred to in the already cited articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización, are not present, we are facing common agrarian usucapion, which has a legal regime different from the special agrarian usucapion regulated by that law. In this regard, consult this Chamber's judgment no. 755 of 14:00 on October 5, 2006." FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. Vote Number 172-F-S1-2008, at nine hours fifty-five minutes on March fourth, two thousand eight. Those social realities in the agrarian field, such as the one in the present case, justify the existence and application of articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización, in order to grant legal certainty in land tenure, in accordance with the principle established in article 50 of the Political Constitution that "The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth," and equity as a principle of Agrarian Law regulated in article 69 of our Magna Carta. Further elaborating, article XXIII of the "American Declaration of the Rights and Duties of Man," approved at the Ninth International American Conference, Bogotá, Colombia, 1948, as a manifestation of first and second generation Human Rights, provides: "Every person has the right to private property corresponding to the essential needs of a decent life, which contributes to maintaining the dignity of the person and the home."-

**IX.-** More recently, this Tribunal has said: "VI.- Constitutional Jurisprudence: The Constitutional Chamber, in judgment No. 24178-2021, whose jurisprudence is binding, has developed the nature of agrarian property regarding this institute: VII.- On the regime of agrarian property.- This Constitutional Tribunal, through judgment No. 2000-9119 at 15:14 on October 17, 2000, indicated the following regarding agrarian property: “Agrarian property, determined in this case by its mode of acquisition through the mechanisms provided in the Ley de Tierras y Colonización, is identified by the obligations of the owner to exercise acts of possession in fulfillment of the social function of their right. Property and possession are thus in such a relationship that the former cannot be conceptualized without the concurrence of the latter, in such a way that, without property being distorted as a subjective right, its holder assumes a series of obligations in the exercise of their right. The State, attending not only to that differentiating character of agrarian property but also framed within the conception of a Social and Democratic State of Law that governs our country, recognized in article 50 of the Political Constitution, has provided through the Ley de Tierras y Colonización specific procedures for acquiring this right with the aim of promoting the gradual increase of productivity of land property, for a just distribution of its product, and to elevate the social condition of the peasant, making them a participant in the Nation's development (article 1 of the cited Law).” From the foregoing, the possibility of acquiring agrarian property emerges through a procedure that ultimately aims at the destination of land production as a fundamental characteristic, by virtue of its nature. This procedure is regulated in Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, from numeral 92 and following of said regulatory body. Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización establishes conflicts between owners and precarious possessors, where it indicates that the Instituto de Desarrollo Rural is the body responsible for intervening in cases of precarious possession of lands to seek satisfactory solutions in accordance with the law. It defines the precarious possessor as follows: 'one who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession as owner, peacefully, publicly, and uninterruptedly, for more than one year, and with the purpose of putting it in productive condition for their subsistence or that of their family, on land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have ten-year possession under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information procedure…'. It is important to clarify that Law No. 9036 transformed the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), and upon its creation, derogations were made to Law No. 2825. However, in the final provisions of Law No. 9036, it was clearly provided that Chapter VI of Law No. 2825, which is responsible for regulating conflicts between owners and precarious possessors, remains in effect to date. In accordance with the foregoing, the mentioned norms establish the requirements that must be met for a specific person to be considered a precarious possessor under a precarious occupation when performing possessory acts to generate production on land they do not own. For a better understanding of the same, Article 195 of the Regulation to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law Transforming the IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), is available, which is responsible for defining the requirements demanded by Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización, as follows: 'Article 195°- Precarious Occupation. For the existence of a precarious occupation to be considered, compliance with the requirements established in Law 2825 must be determined, which are the following: a) Annual possession: It must be demonstrated, by any evidentiary means permitted by law, that the person has been in possession of the property subject to conflict for more than one year. b) State of necessity: The applicant must demonstrate that they entered the property to cover a subsistence state of necessity, that is, that at the time of entry onto the property and to date, they have no other means of subsistence for themselves and their family other than the production carried out on the occupied property. c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their only means of subsistence, therefore, if they have other means of subsistence, it will be considered that there is no precarious occupation. d) Area: The area possessed must be sufficient to be considered a productive unit that meets the minimum parameters allowing subsistence according to the zone in which it is located, its nature, and the productive activity carried out.' It is understood that the legal system allows a precarious possessor, upon meeting the required requirements, to acquire a property that is registered in another person's name in the Public Registry, through the regime of the special agrarian usucapion, under the modality of agrarian property. Thus, it is understood that the conflict between an owner and a precarious possessor arises when the registered owner of a private property abandons it and ceases to perform acts of possession on it – known as presumption of abandonment – and another person arrives in their place who, although it does not belong to them, adopts actions aimed at possession with the purpose of producing on said land to satisfy their need for subsistence, as well as that of their family group. Without any claim or objection from the registered owner." Clearly, in this case, Mr. Isidoro not only exercised agrarian possession to satisfy his own and his family's needs, but also demonstrated total abandonment, as he never performed possessory acts on the property, nor exercised any action permitted to registered owners (possessory interdicts, eviction by mere tolerance, action for recovery, usurpation, etc.) to recover the property, except for the administrative eviction action attempted in 2021 without any success, where instead Mr. Isidoro had the support of CONAPAM to defend himself.-

The Constitutional Chamber, in the same judgment No. 24178-2021, delved deeper into the application of the aforementioned legal institute, within the Reglamento de la Ley Inder No. 9036 of April 9, 2018, adding for greater abundance the following: "IX... However, it is necessary to examine the purpose of the content of the challenged norm to determine whether it complies with the parameters established in the principle of proportionality and reasonableness. In the Reglamento a la Ley No. 9036 of April 9, 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), article 195 is found, which establishes the requirements that must be met for a precarious occupation (ocupación precaria) to occur under the modality of agrarian possession (posesión agraria). The plaintiff specifically questions the requirement set forth in subsection c) of said norm, which is: 'c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their sole means of subsistence, so that, if they have other means of subsistence, it will be considered that no precarious occupation exists. (...).' As indicated, this Chamber has maintained that for such a requirement to be upheld, it must be necessary, suitable, and proportional. Necessity is based on protecting a good or set of goods of the community; in the specific case, by requiring compliance with the requirement, it seeks to protect the property right of the registered owner of the asset, as established in Article 45 of the Constitution. For its part, the suitability of the requirement is to protect the agrarian possession (posesión agraria) for that specific person who performs possessory acts on land without being the registered owner of the asset. The intent is not to gift the real estate but to ensure that said occupation arises from the performance of agrarian possessory acts, such as production on the land, which is why it requires as an essential element that said labor be the sole means of subsistence for the person and their family group so that acquisition may occur in this manner. Finally, the proportionality of the requirement arises to prevent an arbitrary dispossession of the registered owner; it also prevents people from using the figure of agrarian usucapion (usucapión agraria) for profit or the commercialization of lands; that is, it seeks to prevent abuse. From the foregoing, it is determined that the challenged norm is reasonable, suitable, and proportional to the ends for which it was created. Likewise, it is important to clarify that at the moment a specific person files the application to be qualified as a precarious possessor (poseedora en precaria), they have only a mere expectation of a right, because it is subject to compliance with the requirements established in the Law. The legislator established that the Instituto de Desarrollo Rural is the agency responsible for intervening in cases of precarious possession (posesión precaria) of lands. Hence arises its legitimacy to determine whether a person meets the requirements to qualify as a precarious possessor (poseedor en precario), pursuing productive agrarian activity on the land as a fundamental element. In addition to the above, agrarian usucapion (usucapión agraria) contemplates special requirements aimed at seeking production and agrarian work—plant or animal. To understand more about this figure, this Constitutional Chamber, in judgment No. 04587-97 of 15:45 hours on August 5, 1997, held the following: 'Regarding agrarian property, it must be noted that when the social function of property is recognized, the property right is configured as a right-duty, in which there is a specific way of exercising the powers of ownership, and obligations such as the productive use of the land are imposed on the titleholder. Given that the factual basis of the challenged norm—first paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias—could apply in the hypothesis in which, on the land intended to be titled, before its affectation to the public domain, agrarian possession (posesión agraria) had been exercised, it is necessary to point out the elements that characterize the institute of agrarian usucapion (usucapión agraria), as was done above with the general regime of ordinary civil usucapion. According to jurisprudence, the basis of this institute is a general principle of Agrarian Law: the socio-economic function of agrarian property. This principle is mainly integrated with two aspects: a subjective one, of an economic nature, consisting of the owner's obligation to produce, improve, and respect the environment, and an objective or social one, which entails the State's obligation to provide property to those who are in a position to produce but lack land. By virtue of the foregoing, agrarian work constitutes the basis of agrarian usucapion (usucapión agraria), being the instrument through which land ownership is acquired. For agrarian usucapion, possession acquires a central value as a mandatory element for acquiring the property right. The institute of agrarian usucapion in Costa Rica coincides with the general usucapion of the Civil Code in its structure; however, it differs in its function due to the introduction of the principles set forth above. Among the elements that characterize agrarian usucapion is a special conception of the animus of the possessor, which must be projected through the exercise of agrarian possessory acts. This is reflected with greater intensity in the economic appropriation of the profits obtained from the work on the farm. It is presumed that one who works the land in that manner does so as owner. On the other hand, the just title (justo título) is constituted by agrarian work, and its non-requirement as a document allows the acquisition to occur against a title registered in the name of a third party in the Public Registry. Also, in agrarian usucapion, there is no distinction between possession in good or bad faith, because what essentially matters is the productive agrarian activity. Special agrarian legislation in Costa Rica has been eliminating the just title and good faith in usucapion to the point that the non-requirement of these requirements has become the rule, and its exception is found in the civil sphere in the hypothesis of derivative acquisition of possession. Now then, doctrine and jurisprudence have understood that Articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms, expressly regulate the agrarian usucapion of lands. In those articles, the figure of the precarious possession (posesión precaria) of lands is defined, which constitutes a modality of agrarian possession (posesión agraria). It consists of a de facto power over a productive asset, registered in the name of a third party in the Public Registry, on which stable and effective acts of possession are carried out aimed at putting the asset in conditions of production in order to satisfy the possessor's own needs and those of their family. As in precarious possession (posesión precaria), food necessity and agrarian work prevail, possession must be held directly and personally—the mere intention to possess is not enough. Likewise, the consideration of whether there is good or bad faith is dispensed with, since the precarious possessor knows that the asset they work is registered in the name of a third party in the Public Registry. The deed transferring ownership is also excluded because the title is constituted by the agrarian work.' (The highlighting does not correspond to the original). From the cited precedent, it is evident that the requirement set forth in the challenged norm for a specific person to be qualified as a precarious possessor (poseedor precario) responds to a principle of social function, which guarantees the productivity of lands under conditions of necessity to satisfy the needs of the occupying person and their family. Thus, this Constitutional Court considers that the requirement stipulated in subsection c) of article 195 of the Reglamento a la Ley No. 9036 of April 9, 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), is completely proportional and reasonable. In that sense, it is essential to reiterate what was stated in the judgment described above, regarding that agrarian work constitutes the basis of agrarian usucapion (usucapión agraria), being the instrument through which land ownership is acquired. It is determined that this special figure enshrined in Agrarian Law was created precisely for those cases where a person, when filing the application for conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), must demonstrate that their means of subsistence for basic needs comes from the agrarian work of the land, which excludes said subsistence from being obtained by means other than the production of the land. This fundamental element justifies the special agrarian usucapion (usucapión agraria) as an exception to the general figure, because the mere intention to possess is not sufficient. Thus, such a requirement is not arbitrary or disproportionate. By virtue of the foregoing, this Constitutional Court rules out that the challenged norm harms the principle of constitutional proportionality. Consequently, the action must be dismissed with regard to this point." It can be seen that the Constitutional Chamber reaffirms its own binding jurisprudence, which establishes agrarian work as the basis of special agrarian usucapion (usucapión especial agraria), and it is precisely to value not only a form of access to property, but also to guarantee the exercise of the economic, social, and environmental function of property. That is why the Ley de Tierras y Colonización also integrates other provisions, such as article 144, which establishes the grounds for expropriation for non-compliance with the social function, such as leaving the property in a state of abandonment. The foregoing is consistent with a principle of agrarian law as "law of equity," contained in article 1 of the Law, which in its subsection 6) provides: "The purpose of this Law is: 6) To determine that the land should not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means at its disposal, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise." And as a consequence of the foregoing, it is evident that in this case, the conduct of the defendant Raúl Álvarez Alfaro (and his transferors) was not only one of total abandonment of the property, but also of attempting to evict the same through administrative channels, exploiting the agricultural worker, who with an effort of more than twenty-five years has maintained the land in productive conditions, out of necessity, to satisfy and support his family." (TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 2024000695 of ten hours twelve minutes on July fifteenth, two thousand twenty-four).-

 X.- ON THE FIRST GRIEVANCE REGARDING THE FAILURE TO DEMONSTRATE THE STATE OF NEED AS THE BASIS FOR THE PRINCIPAL CLAIM OF SPECIAL AGRARIAN USUCAPION (USUCAPIÓN ESPECIAL AGRARIA): The appellant is correct on this point. This Tribunal does not share the evidentiary assessment made in the judgment, which is clear regarding the testimonial evidence, from which it is extracted that the plaintiff took possession of the land due to a state of need stemming from poverty and self-subsistence, which persists even today. To prove this, it is not strictly necessary that she be declared a precarious possessor (poseedora en precario) by INDER. In this discipline, the system of free assessment of evidence operates in accordance with article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which eliminates any vestige of fixed or legal evidence, meaning the agrarian judge must assess the evidence as a whole; therefore, it cannot be maintained that said declaration is the sole means of proof that can be assessed. On this matter, this Tribunal has stated: "X.- The court instructed the party to exhaust the administrative channel, based precisely on article 94 of the Ley de Tierras y Colonización, such that the plaintiff brought the conflict of precarious possession (posesión precaria) of lands before the Instituto de Desarrollo Agrario, and more than three months elapsed from the receipt of the petition without that entity issuing a ruling on the matter. Likewise, given that the Instituto de Desarrollo Agrario did not resolve the matter within the three-month period established by article 94, the first instance court deemed the administrative channel exhausted. Under this understanding, having deemed the administrative channel exhausted due to the Administration's omission, and based on what is provided in that same article 94 cited, it must logically be understood that it will be in the judicial venue, given the administrative inertia, where it is analyzed whether or not the plaintiff holds the status of a precarious possessor (poseedor en precario), the administrative action being precluded for all effects. A different interpretation would flagrantly violate the constitutional principle of ACCESS TO JUSTICE, since the spirit and purpose of article 92 of the oft-cited law would be significantly diminished in the face of the Instituto de Desarrollo Agrario's omission to rule on the matter within the legal deadline. For greater abundance, it must also be stated that this administrative procedure has as its primary purpose for said entity, having verified the precariousness of the occupant, to try to resolve the conflict through a direct purchase from the registered owner, but it never excludes the possibility that the status of a precarious possessor (poseedor en precario) be analyzed in judicial proceedings as a substantive prerequisite for special agrarian usucapion (usucapión especial agraria), just as all the other elements that comprise it are verified in that venue." TRIBUNAL AGRARIO Voto No. 271-F-18 of 17:20 hours on March 23, 2018. In this same sense, see Voto 145-F-05 of 11:30 hours on March 9, 2005. Therefore, in the jurisdictional venue, the Judge has the duty to verify the state of need that justifies the precarious possession (posesión en precario) alleged by the plaintiffs, especially since it is a disputed fact, in light of the body of evidence comprised of all the means of proof offered, admitted, and practiced in light of the adversarial process. In that sense, the testimonial evidence does demonstrate the manner in which the plaintiff took possession of the land and what her state of need was, which she now invokes in her appeal. Witness Jennifer Cruz Fuentes declared that she has known the plaintiff for more than fifteen years but does not know the defendant company. She has seen the plaintiff on the land in dispute; the farm was in abandonment in 2006. She narrated that the lady has planted cocoa, yucca, lemon, plantain, that she built a hut where she lives with her daughter and grandchildren, and that she lives off the crops she plants, and that her daughter works at the banana company, and that the plaintiff takes care of the grandchildren because she has health problems and cannot work (listen to audio in the electronic file). She also located the boundaries. What was stated by the deponent coincides with the result yielded in the judicial inspection. Note that the state of precariousness is evident in the state of the hut built by the plaintiff, and the sole witness is clear that the plaintiff, her daughter, and granddaughter eat and live from the property. The plaintiff is a head of household, migrant, and senior citizen (qualities shown in image 1 of the complaint in the virtual file). The lady judge must be informed that in this special type of usucapion (usucapión), good faith or peacefulness in the exercise of possession is not required. In addition to this, the defendant did not even appear in the proceedings. Given that it was demonstrated through the analyzed witness testimony that she entered to possess the land since 2006, the ten-year possession period is indeed met. Therefore, the judgment must be revoked, and in its place, the principal claims must be upheld in all respects. As follows: 1. The present lawsuit is declared with merit in all its respects, accepting this Ordinary process of special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) in favor of the plaintiff. 2. It is declared that the plaintiff has exercised agrarian possession (posesión agraria) with intention to own and in compliance with the social function on the parcel for more than thirteen years. 3. It is declared that she has active standing to bring the claim in this proceeding against the defendant company, over the portion of land she possesses from the farm registered under real folio number 7- 021055-000. 4. It is declared that the plaintiff has acquired the right of ownership over the area of land subject to this proceeding under the protection of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) recognized in articles 92 and 101 of the Ley del ITCO. 5. The registration is ordered for the portion claimed in this proceeding and that is part of farm 7-021055-000, and thereby to be able to register as an independent farm the portion of land claimed in this proceeding, with the area and boundaries indicated by the topographic surveyor appointed in this trial, for which an independent real folio will be opened, excluding any portion not possessed by the plaintiff. 6. The defendants are ordered, once the substantive judgment becomes final and the plat has been drawn up and registered before the Catastro Department with the area that the plaintiff is possessing, to carry out the segregation of the portion of land in order to register it as an independent farm; in case of refusal, the judge of the court shall appear before a notary and sign the corresponding segregation. 7. Costs are to be borne by the defendant. Ruling on the remaining grievances is omitted, as their object is the subsidiary claims, given that the principal claims have been accepted.

THEREFORE

 The judgment is revoked in its entirety. The exceptions of lack of right and lack of active and passive standing are rejected, and in their place, the principal claims are accepted in all respects. As follows: 1. The present lawsuit is declared with merit in all its respects, accepting this Ordinary process of special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) in favor of the plaintiff. 2. It is declared that the plaintiff has exercised agrarian possession (posesión agraria) with intention to own and in compliance with the social function on the parcel for more than thirteen years. 3. It is declared that she has active standing to bring the claim in this proceeding against the defendant company, over the portion of land she possesses from the farm registered under real folio number 7- 021055-000. 4. It is declared that the plaintiff has acquired the right of ownership over the area of land subject to this proceeding under the protection of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) recognized in articles 92 and 101 of the Ley del ITCO. 5. The registration is ordered for the portion claimed in this proceeding and that is part of farm 7-021055-000, and thereby to be able to register as an independent farm the portion of land claimed in this proceeding, with the area and boundaries indicated by the topographic surveyor appointed in this trial, for which an independent real folio will be opened, excluding any portion not possessed by the plaintiff. 6. The defendants are ordered, once the substantive judgment becomes final and the plat has been drawn up and registered before the Catastro Department with the area that the plaintiff is possessing, to carry out the segregation of the portion of land in order to register it as an independent farm; in case of refusal, the judge of the court shall appear before a notary and sign the corresponding segregation. 7. Costs are to be borne by the defendant. Ruling on the remaining grievances is omitted, as their object is the subsidiary claims, given that the principal claims have been accepted.









CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUDGE

 ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUDGE

 ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUDGE

 

EXP: 19-000078-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the Hospital Hotel La Católica parking lot. Telephone: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

 

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