Res. 03471-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of construction permit for telecom tower due to lack of environmental viabilityDenegatoria de permiso de construcción para torre de telecomunicaciones por falta de viabilidad ambiental

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 03471 - 2024

Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 2024 a las 08:44

Expediente: 19-006535-1027-CA

Redactado por: Francisco De La Trinidad Hidalgo Rueda

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

19-006535-1027-CA - 6




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

CONTINENTAL TOWERS SRL




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

 

 N° 2024003471

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta y uno de Mayo del dos mil venticuatro.-

 

PROCESO DE CONOCIMIENTO incoado por la compañía CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA S.R.L., cédula de persona jurídica número 3-102-597879, representada por el señor Federico Lorenzana Rodríguez, mayor, casado, Economista, de nacionalidad guatemalteca, vecino de Escazú, pasaporte de su país de origen número 245563156, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo y representante judicial y extrajudicial, en contra de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, representada al momento de la acción incoada, por el señor Gilberth Jiménez Siles, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de Desamparados, con cédula de identidad número 1-0720-0958, otrora Alcalde Municipal, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Intervienen como apoderados especiales judiciales de las partes, los licenciados Fabián Volio Echeverría, carné profesional número 3425 y Randall Escalante Gutiérrez, carné de colegiado número 11210, respectivamente.

CONSIDERANDO

I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

1) Mediante escrito de demanda presentado en fecha 30 de setiembre y posterior reformulación del día 16 de octubre, ambos del 2019, ante requerimiento del Tribunal, la parte actora se apersonó a entablar proceso de conocimiento, solicitando como pretensiones de fondo las siguientes: “1. Se declare con lugar la demanda. 2. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos, y en consecuencia, se anulen del ordenamiento jurídico (sic): a. La resolución N° R-CU-519-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación. b. La resolución N° UCU-REV-027-2017 de las 09:40 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano. c. La resolución N° AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. d. La resolución N° AM-032-18 de las 15:10 horas del 19 de marzo de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. e. La sentencia N° 455-2018 de las 09:25 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que actuó como jerarca impropio en el procedimiento administrativo. 3. Se permita a Continental Towers aportar el Estudio de Diagnóstico Ambiental de SETENA, de esa manera poner a derecho la construcción de la torre de telecomunicaciones de la finca N° 1-23087 [se prescindió luego de ésta]. 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre. 5. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados al pago de los daños y perjuicios y de ambas costas de esta acción”. Posteriormente, ante prevención del Despacho, justificó que los daños se originan con la demolición de la torre por causa de la conducta ilegal de la Municipalidad al impedirle poner a derecho la construcción, estimándolos en la suma de $250.304,00 y los perjuicios, consistentes en los intereses de ley, en la suma de ¢5.000.000,00. [véanse las imágenes 2-21 y 31-33 del expediente judicial digitalizado]

2) Por memorial presentado el 12 de diciembre del 2019, el representante legal de la Municipalidad de Desamparados contestó en forma negativa la demanda, interponiendo las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual, solicitando que se declare sin lugar la acción y la condena al pago de ambas costas para la parte actora. [rola en imágenes 43-49 ibídem]

3) El día 24 de febrero del 2021 inició la Audiencia Preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la cual ninguna de las partes alegó aspectos de saneamiento. Al momento de referirse a las pretensiones, el apoderado de la parte actora introdujo una nueva pretensión alegando hechos nuevos, por lo que la Jueza Tramitadora de turno decidió suspender la diligencia, a efectos de que presentara la ampliación de forma escrita. [así consta en imágenes 95-97 y en la grabación de la audiencia]

4) Mediante memorial presentado en fecha 18 de noviembre del 2021, la representación de la firma actora realizó sus nuevas alegaciones, introduciendo las siguientes pretensiones: “(…) 2. Se ordene la desaplicación para el caso concreto el artículo 17. i) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011, y en su lugar se aplique directamente el Artículo 93 de la Ley de Construcciones de Costa Rica, con el objetivo de facilitar la obtención de licencia de construcción; esto por ser una norma de superior jerarquía al reglamento municipal (…). 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados otorgar el permiso de construcción a la empresa actora, Continental Towers Costa Rica, S.A. (sic) conforme al artículo 93 de la Ley de Construcciones vigente. 5. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados, abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre”. [véanse imágenes 101-106 del expediente judicial]

5) Por escrito presentado en fecha 17 de enero del 2022, la representación municipal se manifestó contraria a la ampliación realizada y solicitó su rechazo, oponiéndose a los hechos y pretensiones deducidas. [rola en imágenes 138-142 del expediente judicial]

6) Mediante resolución de las 14:25 horas del 29 de abril del 2022, la Jueza Tramitadora de turno tuvo por admitida la ampliación de la demanda realizada y convocó nuevamente a las partes para la continuación de la Audiencia Preliminar. [ver imágenes 145-146 del expediente judicial]

7) En fecha 07 de setiembre del 2022 se celebró la Audiencia Preliminar, donde ninguna de las partes alegó aspectos de saneamiento y se fijaron las pretensiones del proceso. No hubo defensas previas que resolver, se fijaron los hechos controvertidos del proceso, se procedió a admitir únicamente prueba documental y se declaró el proceso de puro derecho, disponiendo la persona juzgadora de trámite, que las partes rindieran las conclusiones de forma escrita. [así consta en imágenes 175-178 del expediente judicial y en la grabación de la audiencia]

8) Por escritos presentados los días 08 y 09, ambos del mes de setiembre del año 2022, las representaciones de la parte actora y de la Municipalidad demandada procedieron a emitir sus conclusiones. [ver al respecto las imágenes 159-174 y 179-197 del expediente judicial]

9) Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, así como el acuerdo número 12.VI.2023 del 27 de julio del 2023 de la Comisión de la Contencioso Administrativo, se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, tanto de puro derecho como de juicio oral y público, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación de una gran cantidad de expedientes a cada persona juzgadora en el mismo momento con el propósito de equiparar las cargas de trabajo. De tal manera, al suscrito juez Hidalgo Rueda, integrante del Tribunal Colegiado del Equipo Siete, se le encargó la presente causa para el dictado de la sentencia, atendiendo los criterios de prioridad y antigüedad establecidos por el Consejo Superior.

10) Previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, redacta el Juez Hidalgo Rueda, con el voto afirmativo de las personas juzgadoras Madriz Martínez e Irías Obando, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes.

II.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. El análisis de la prueba documental aportada por las partes permite tener por acreditados los siguientes hechos:

1) Que en fecha 12 de setiembre del 2017, la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L., inició gestión ante el Gobierno Local de Desamparados, con el propósito de lograr el permiso para la instalación de una torre de telecomunicaciones en el inmueble número 1-23087-000, a la cual se le asignó el número de trámite 15494-2017 [ver folios 3-4 del expediente administrativo].

2) Que mediante resolución R-CU-519-17 del día 29 de setiembre del 2017, la Unidad de Control Urbano del Ayuntamiento rechazó la solicitud realizada por la empresa, debido a la ausencia de requisitos conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, señalándole que se necesitaba cumplir con lo siguiente:  Autorización y copia de la cédula de identidad de los propietarios de los derechos 002-003-004-005-006-007-008.  Viabilidad Ambiental de SETENA (…). [ver folios 5-8 del expediente administrativo].

3) Que con escrito presentado el 09 de octubre del 2017, la representación de la empresa gestionante formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el rechazo de otorgar el permiso de construcción, manifestando que la Municipalidad no podía aplicar una norma reglamentaria para denegarle el aval sobre una obra ya construida y sosteniendo que debía aplicarse el artículo 93 de la Ley de Construcciones que permite obtener un permiso de construcción de una obra construida para ponerse a derecho [rola a folios 10-14 del expediente administrativo].

4) Que a través de la resolución UCU REV 027-2017 de las 09:40 horas del 14 de noviembre del 2017, la Unidad de Control Urbano declaró sin lugar la revocatoria formulada, indicándole a la recurrente la imposibilidad de aprobar un permiso ante la falta de un requisito establecido en el Reglamento Municipal referente a la infraestructura de telecomunicaciones. Ante ello, y dada la apelación concomitante, se elevaron los autos ante la Alcaldía Municipal, dependencia que mediante resolución número AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero del 2018, le explicó a la impugnante, que si bien es cierto la Ley de Construcciones en sus artículos 93 y 94 otorgan la posibilidad al infractor urbano de poner a derecho una obra, la viabilidad ambiental era un requisito reglamentario debidamente publicado desde el año 2011 para las torres de telecomunicaciones que se construyeran en el cantón de Desamparados, el cual no se podía obviar. Por tal razón, rechazó el recurso de apelación esgrimido [ver al respecto los folios 16-18 y 25-31 del expediente administrativo].

5) Que inconforme con lo resuelto por la Alcaldía Municipal, en fecha 22 de enero del 2018 la representación de la empresa Continental Towers formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio, manifestando que debía respetarse el principio de jerarquía normativa, por lo que la Ley de Construcciones prevalecía sobre el Reglamento Municipal, lo que implicaba que debía otorgarse el permiso de construcción para la torre [consta a folios 40-45 del expediente administrativo].

6) Que por medio de la resolución AM-032-18 de las 15:10 horas del 19 de marzo del 2018, la Alcaldía Municipal rechazó el recurso de revocatoria incoado, al estimar que la parte recurrente no realizó nuevas argumentaciones y que lo resuelto por la Corporación se ajustaba a derecho, en aplicación del principio de legalidad [rola a folios 47-50 del expediente administrativo].

7) Que mediante resolución número 455-2018 de las 09:25 horas del 26 de setiembre del 2018, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conociendo en alzada el recurso de apelación como jerarca impropio municipal, dentro de su apartado de hechos no probados consignó: “Que la empresa Continental Towers Costa Rica S.A. (sic) solicitara el otorgamiento de la viabilidad ambiental ante SETENA, para la construcción de la Torre de Telecomunicaciones en el inmueble 1-00023087-001” [las comillas son añadidas]. Por su parte, en el considerando sobre el fondo, indicó lo siguiente de relevancia: “(…) Para el caso de las torres de telecomunicaciones a ser instaladas en el Cantón de Desamparados, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849-MlNAE-S-MOPT-MAG-MEIC y Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 de 8 de Marzo de 2011, establecen en sus ordinales 9 bis y 17, respectivamente el requisito de la viabilidad ambiental para el otorgamiento de la licencia constructiva al edificar una torre en el Cantón. (…) / En consecuencia, el Gobierno Local, no puede dispensar de un requisito técnico, como la viabilidad ambiental debidamente emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la construcción de una torre de telecomunicaciones, a la empresa Continental Towers S.A. (sic) por más interpretación positiva o subjetiva del (sic) 93 de la Ley de Construcciones, pues a la luz del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos con origen en las máximas constitucionales de legalidad e igualdad (11 y 33 de la Constitución Política), y más específicamente en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, que textualmente dice: "1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de fa misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente". Adicionalmente, dado que el eje principal del agravio expuesto por el asesor jurídico de la empresa apelante, gira sobre la interpretación del ordinal 93 de la Ley N°833, se considera importante su transcripción: "Artículo 93.- Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso a ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando al propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc." (Lo resaltado es propio). Es criterio de esta Cámara que el derecho que se desprende del citado ordinal es únicamente a la posibilidad de presentar y tramitar la obtención de la licencia no así a su resultado positivo, ergo la edificación ilegal (sin licencia) no modifica o exonera en modo alguno del cumplimiento del listado de requisitos o circunstancias jurídicas que se deben acreditar para la obtención del permiso constructivo. Atender el argumento de la apelante, sería reconocer que una edificación levantada ilícitamente, nunca afectaría el ambiente, por el solo hecho de existir; sin duda alguna es una falacia y debe ser objeto de valoración ambiental y aplicarse sin excepción los requerimientos dispuestos por el ordenamiento jurídico sin privilegio alguno (…)”. En la parte dispositiva, se reseñó que se declaraba sin lugar el recurso incoado, la confirmación de la resolución AM-003-18 dictada por la Alcaldía Municipal y el agotamiento de la vía administrativa [lo resaltado en el texto está en la resolución; el entrecomillado inicial y final es suplido; véanse folios 54-60 del expediente administrativo].

8) Que por escrito presentado ante la Alcaldía de la Municipalidad de Desamparados el día 16 de agosto del 2019, la representación judicial de la firma Continental Towers solicitó reconsiderar las resoluciones emitidas y variar los criterios sostenidos por considerarlos contrarios a derecho, solicitando que se le permitiera aportar un Estudio de Diagnóstico Ambiental y que se le concediera ex post el permiso de construcción para cumplir con lo regulado en el artículo 93 de la Ley de Construcciones [ver folios 63-65 del expediente administrativo].

9) Que a través del oficio AMAJ-589-2019 fechado 17 de octubre del 2019, el Lic. Randall Escalante Gutiérrez, Asesor Legal de la Corporación Municipal, le indicó al Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinador de Control Urbano y en relación con la última petición realizada por la empresa, lo siguiente de interés: “(…) Finalmente se debe indicar, que la aprobación de los estudios de diagnostico (sic) ambiental que tramite Continental Towers SRL, es resorte propio de la SETENA, sin embargo, en caso de que ese órgano ambiental, por razones propias de su competencia, no apruebe los mismos, una vez que adquieran firmeza tales rechazos, se deben continuar los procedimientos sancionatorios instaurados contra esa persona jurídica, por haber edificado las torres sin la respectiva licencia municipal de construcción (…)” [rola a folios 69-75 del expediente administrativo].

10) Que mediante oficio DT-CU-676-2019 del 31 de octubre del 2019, el citado Coordinador de Control Urbano de la Municipalidad de Desamparados le comunicó a la representación de la empresa gestionante el criterio legal municipal, respecto a la posibilidad de tramitar ante la SETENA el estudio de diagnóstico ambiental [consta a folio 77 del expediente administrativo].

III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza, por no existir respaldo probatorio en autos, se tienen por indemostrados los siguientes hechos:

1) Que la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L., hubiere realizado solicitud concreta ante la SETENA, a efecto de lograr obtener el aval ambiental de dicha entidad para la instalación de la torre de comunicación referente al inmueble del Partido de San José N° 1-23087-000 [no evidenciado].

2) Que al momento del dictado de esta sentencia, la Municipalidad de Desamparados hubiere dictado algún acto administrativo tendiente a la demolición de la torre objeto del proceso que nos ocupa, que sea generador de un daño y/o perjuicio a la empresa demandante [ayuno de prueba].

IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. A modo de síntesis y sin perjuicio de la lectura integral que de la demanda ha realizado este Tribunal, narró el representante de la accionante, que la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L., se dedica a la instalación de infraestructura para la prestación del servicio de telecomunicaciones, entre otras actividades comerciales, y que con el fin de obtener el permiso de construcción de una torre para telecomunicaciones en la finca N° 1-23087, realizó una solicitud ante la Municipalidad de Desamparados que fue rechazada por la Unidad de Planificación mediante la resolución N° R-CU-519-17, teniendo como sustento el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, publicado en La Gaceta N° 47 del 08 de marzo del 2011. Según dijo, contra tal resolución presentó, en fecha 09 de octubre del 2017, un recurso de revocatoria y apelación, alegando la no aplicación del artículo 93 de la Ley de Construcciones que permite la obtención de permisos de construcción para obras terminadas; sin embargo, la Unidad de Control Urbano, mediante la resolución N° UCU-REV-027-2017 de las 09:40 horas del 14 de noviembre del 2017, rechazó el recurso de revocatoria y elevó el caso a la Alcaldía. Ante ello, añadió, mediante escrito del 23 de noviembre del 2017, se solicitó la anulación de la resolución de la Unidad de Planificación por ser contraria a derecho, pero la Alcaldía Municipal, en atención a la apelación realizada, rechazó el recurso por medio de la resolución N° AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero del 2018. Al ser un acto final, continuó manifestando, de conformidad con el Código Municipal se formuló el recurso de revocatoria con apelación en subsidio el día 22 de enero del 2018, insistiendo en los argumentos del artículo 93 de la Ley de Construcciones y la interpretación de la ley según el principio de jerarquía de las normas consagrado en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Empero, dijo, la Alcaldía Municipal rechazó el recurso de revocatoria mediante la resolución N° AM-032-18 de las 15:10 horas del 19 de marzo del 2018, manteniendo la tesis de la resolución N° R-CU-519-17 del 29 de setiembre del 2017 dictada por la Unidad de Planificación, procediendo a elevar el asunto a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para conocerlo en calidad de Jerarca Impropio de conformidad con el artículo 166 del Código Municipal, quien actuando como órgano administrativo de alzada, dictó la sentencia N° 455-2019 de las 09:25 horas del 26 de setiembre de 2018, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación y agotó la vía administrativa. Dentro de sus consideraciones jurídicas, la representación actora invocó que la Ley de Construcciones N° 833 del 02 de noviembre de 1949, es la norma de mayor jerarquía aplicable a este caso, por ser una ley dictada de la Asamblea Legislativa y especial respecto de la materia, por lo que las normas aplicables al procedimiento administrativo que se deben seguir ante el supuesto de una edificación llevada a cabo sin el correspondiente permiso municipal de construcción, son los artículos 93 al 96 de dicho cuerpo legal, siendo que el primer numeral citado, faculta y permite al administrado poner a derecho obras ya construidas sin permiso, estableciendo que puede "ponerse a derecho" solicitando dicho permiso y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para dicho fin, en este caso, requisitos impuestos por los reglamentos municipales, al ser los entes locales los competentes para otorgar dicho permiso. Sostuvo, que la Municipalidad, mediante el Reglamento N° 9 del 08 de febrero del 2011, denominado Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, regula los requisitos en su artículo 17, entre los que se encuentra el inciso i) que previene: La viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET). En criterio de la actora, el requisito de la Viabilidad Ambiental es una evaluación preliminar que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente y los Reglamentos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se cumple antes de la construcción de un inmueble. De esa manera, es un requisito de imposible cumplimiento para el permiso de construcción de obra ya construida que prevé el artículo 93 antes citado, existiendo una imposibilidad material y jurídica de cumplir, por lo que la Municipalidad no puede solicitar ese requisito, toda vez que la torre ya está construida, no siendo posible solicitar un requisito retroactivamente, lo que implicaría a la vez la desaplicación del artículo 93 referenciado. Reiteró la actora, que la Municipalidad ha solicitado un requisito de imposible cumplimiento y ha renegado de su deber de aplicar ese artículo 93 de la Ley de Construcciones. Esta tesis es absolutamente contraria a la Ley y no puede constituirse en una imposibilidad en contra del interesado para "poner a derecho" su obra, ni ser desconocido por ninguna administración pública del país. Además, agregó, existe el principio general del derecho que reza que "nadie está obligado a lo imposible", por lo que la Municipalidad está convirtiendo en letra muerta ese artículo 93 de la Ley de Construcciones, en virtud de una conducta ilegal. Ahondó también, que la postura municipal es contraria al principio de legalidad consagrado en el ordinal 11 constitucional y de la Ley General de la Administración Pública, amén de que el artículo 6 de este último cuerpo legal citado establece la jerarquía de las fuentes del ordenamiento, estando la ley por encima de los reglamentos. Así las cosas, señaló, que la Municipalidad pretende que prevalezca lo que establece un reglamento de un ente descentralizado contra lo que establece una Ley de la República debidamente promulgada, y así lo manifestó en repetidas ocasiones, como lo fue el caso de la resolución N° AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero de 2018, en la cual la Alcaldía Municipal conociendo en alzada el caso, dijo: "En cuanto a la viabilidad ambiental, hay que indicar que se trata de un requisito estipulado en el artículo 17 del Reglamento de lo Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 del 8 de Marzo de 2011, para las torres de telecomunicaciones que se construyan en el cantón de Desamparados, razón por la cual es un requisito indispensable que no se puede obviar, aún y pese a que la Ley de Construcciones en sus artículos 93 y 94, le otorgan la oportunidad al infractor urbano de poner a derecho una obra" [lo resaltado en negrita está en la demanda]. Ante ello, censuró la firma actora, que la Municipalidad le dio poca importancia a cumplir el mandato legal y sus reglamentos no siguieron con lo que establece la Ley de Construcciones, por lo que existe un vacío legal, pero lo cierto del caso, es que no puede concluirse que ese vacío elimina el derecho que la norma de rango superior le otorga al administrado. En otro orden de ideas, reseñó que en casos similares al que aquí se conoce, donde figuraron las mismas partes, la Sección Tercera del Tribunal declaró parcialmente los recursos de apelación presentados y anuló las resoluciones municipales, en las que, según dijo, se admitieron los alegatos de Continental Towers, que hasta el momento ha insistido en que no es posible cumplir ex post los requisitos que la Municipalidad ha exigido a la empresa sobre Viabilidad Ambiental al ser un hecho distinto y un requisito imposible, pretendiendo cumplir con el artículo 23 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. Añadió, que conforme a lo indicado por el jerarca impropio municipal, se debe permitir a la actora presentar el Estudio de Diagnóstico Ambiental denominado por sus siglas EDA respecto de esta torre y proceder luego a otorgar el permiso de construcción al que se refiere el artículo 93 de la Ley de Construcciones. Con base en lo expuesto, solicitó que se declare la demanda con lugar en todos sus extremos, conforme a las pretensiones esgrimidas y la indemnización en daños y perjuicios en favor de la parte actora por la demolición de la torre, junto con la condenatoria en costas para la parte contraria. Posteriormente, en la introducción de los hechos nuevos, la empresa actora manifestó la imposibilidad de cumplir en el caso concreto lo que le había ordenado el jerarca impropio municipal, en el sentido de presentar un estudio de diagnóstico ambiental, EDA, un requisito para obtener el permiso de construcción, aduciendo que solicitaron el EDA a la SETENA, pero esta entidad les resolvió que el EDA estuvo vigente por última vez del año 2001 al 2004; es decir, en la actualidad el Estudio de Diagnóstico Ambiental no existe, por lo que no puede ser emitido por SETENA. Indicó la actora, que recurrió la decisión y mediante resolución 0982-2020-SETENA se rechazó el recurso de revocatoria y que por medio de la resolución 0239-2020-MINAE el de apelación, ordenándose el archivo del expediente por la indicación del incumplimiento de requisitos. Así lo expresado, añadió la actora, que si no se desaplica el Reglamento de la Municipalidad de Desamparados a este caso concreto, la sentencia que se dicte en este caso, sería de imposible ejecución porque nunca se podría obtener el permiso de construcción que permite reponer el artículo 93 de la Ley de Construcciones.

V.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. De manera resumida, la representación de la Comuna empezó admitiendo las circunstancias fácticas expuestas por la parte actora. No obstante, señaló, que no puede aceptarse la interpretación que se le pretende dar a la Ley de Construcciones, pues no se puede otorgar una licencia constructiva a la que le hagan falta requisitos constructivos, como lo sería la viabilidad ambiental en el caso de torres de telecomunicaciones, tal y como se indicó en la resolución UCU-REV-027-2017 de las 09:40 horas del 14 de noviembre del 2017. Por otra parte, negó que la resolución citada sea contraria a derecho, tal y como se expuso en la resolución de la Alcaldía Municipal AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero del 2018. En ese sentido, alegó la excepción de falta de derecho, manifestando que la Municipalidad no ha actuado en forma contraria al ordenamiento jurídico ni le ha causado ningún daño ni perjuicio en los términos planteados en la demanda, pues si se hace una revisión detallada de la resolución administrativa del Proceso de Control Urbano de la Municipalidad de Desamparados N° R-CU-519-17, en ningún momento le está causando daño, ni menos ordenando destruir ninguna torre de telecomunicaciones, simplemente se le rechazó el permiso requerido por no contar con la respectiva viabilidad ambiental, la cual es un requisito establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. Sostuvo además, que si bien el procedimiento sancionatorio regulado en los artículos 93 a 96 de la Ley de Construcciones, permite que las obras edificadas sin la licencia municipal se puedan regular y poner a derecho, lo cierto del caso, es que para que una licencia constructiva se pueda aprobar, requiere que cumpla con todos y cada uno de los requisitos para tal efecto, precisamente esta situación de derecho, es la que se mencionó, desarrolló y defendió en las resoluciones que pretende la actora que se anulen, a saber: UCU-REV-027-2017 de fecha 14 de noviembre del 2017, AM-003-18 del 12 de enero del 2018, AM-032-18 de fecha 19 de marzo del 2018 y la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo N° 455-2018 de las 09:25 horas del 26 de setiembre de 2018. En el caso de esta última resolución, dijo, la Sección del Tribunal Contencioso Administrativo desarrolló las razones por las cuales las edificaciones construidas sin la licencia municipal, para ser puestas a derecho, deben cumplir con la presentación de requisitos. Agregó, que si bien esa jerarquía impropia en las sentencias 334-2019 de las 14:40 horas del 27 de junio del 2019 y 368-2019 de las 14 horas del 26 de julio del 2019, mediante las cuales resolvió otros recursos de apelación relacionados con rechazos de los permisos de construcción a la parte actora por otras torres de telecomunicación edificadas sin licencia municipal y que tampoco cumplen con el requisito de viabilidad ambiental, aparentemente cambió o evolucionó su criterio con relación al esgrimido en la sentencia 455-2018, lo cierto del caso, es que esa Sección en ningún momento, en tales resoluciones ha indicado que tratándose de la tramitación de permisos de construcción para obras edificadas sin licencia se deba obviar la presentación de requisitos; lo que hace ese jerarca impropio, con relación al requisito faltante de la viabilidad ambiental, es desarrollar un criterio propio, en cuanto a que tal requisito sea suplido mediante la tramitación ante la SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, ordenando a la administración municipal, en esos casos concretos darle esa oportunidad a la Empresa Continental Towers. Ante ello, continuó relatando, el 16 de agosto de 2019 la citada compañía presentó una solicitud para que se le aplicara también al permiso R-CU-519-17 lo indicado por el jerarca impropio. Al respecto el Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinador del Proceso de Control Urbano, mediante el oficio DT-CU-559-2019 de fecha 06 de septiembre le realizó una consulta al Proceso de Asesoría Jurídica, de si esa petición era válida. Por su parte el Lic. Randall Escalante Gutiérrez, del Proceso de Asesoría Jurídica, mediante el oficio AMAJ-589-2019 del 17 de octubre del 2019, le expresó que era viable que lo indicado en las sentencias de referencia se le pudiera hacer extensivo al caso del permiso de construcción R-CU-519-17 y se le permitiera a la empresa Continental Towers tramitar ante la SETENA un Estudio de Diagnóstico Ambiental para la torre de telecomunicaciones objeto del trámite de esa licencia constructiva. Sobre el particular el Arq. Zeledón, mediante el oficio DT-CU-676-2019 de fecha 31 de octubre y notificado al medio señalado el día 01 de noviembre del 2019, le comunicó a la empresa que era factible para el caso de esa torre de telecomunicaciones objeto de esa licencia constructiva, se le permitiera también tramitar un Estudio de Diagnóstico Ambiental ante la SETENA. No obstante, aclaró la Municipalidad, nunca se ha ordenado que la parte actora no deba presentar todos los requisitos. Por otra parte, alegó la Comuna una falta de interés actual, puesto que se han brindado las oportunidades a la empresa para tramitar los requisitos faltantes y sus gestiones han sido atendidas, sin ordenarse en ningún momento la demolición de la torre, por lo que no puede existir ningún daño ni perjuicio, tal y como se reclama en esta litis. Según dijo, se ha evidenciado que la administración municipal accedió con la pretensión de la actora de poder realizar el trámite de estudio de diagnóstico ambiental ante la SETENA para la torre objeto del permiso R-CU-519-17, lo cual implica que se pierda interés actual no solo esa pretensión sino todas las demás. A raíz de lo expuesto, estimó la presentación de esta demanda como prematura y solicitó su rechazo en todos sus extremos, con la condenatoria al pago de ambas costas para la parte actora. Finalmente, a la hora de referirse a la ampliación de la demanda, manifestó la Corporación Municipal su oposición, toda vez que según expuso, la parte actora lo que hizo fue manifestar que en un caso similar al que se discute en el presente proceso, la SETENA resolvió denegar la solicitud de Estudio de Diagnóstico Ambiental, rechazo que se repetiría para la pretensión solicitada en esta demanda de ordenar la presentación de un EDA para obtener viabilidad ambiental para la torre de telecomunicaciones en cuestión, citando las resoluciones 0495-2020-SETENA y 0239-2020-MINAE respectivamente, de las cuales se hizo una transcripción y mediante las cuales se les negó la posibilidad de obtener el EDA en ese caso similar, por lo que consideró la actora que la posición de la SETENA se repetiría en el caso de la torre de telecomunicaciones objeto del presente proceso y en virtud de ello es que eliminan el requerimiento original y establecen una nueva pretensión que consiste en la anulación del inciso i) del artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad da Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. En ese sentido, señaló la representación municipal, que el hecho nuevo se debe inadmitir, toda vez que como lo expuso la parte actora, lo resuelto por la SETENA y el MINAE en las resoluciones indicadas, no se dictaron dentro de una solicitud de EDA relacionada con el rechazo del permiso de construcción relacionado con la resolución del Proceso de Control Urbano N° R-CU-519-17 del 29 de setiembre del 2017. Por ende, agregó, la parte actora no establece un necesario nexo de causalidad entre lo resuelto en las resoluciones 0495-2020 -SETENA y 0239-2020-MINAE y la solicitud de licencia para la torre de telecomunicaciones rechazada en la resolución N° R-CU-519-2017. Finalmente, esgrimió que el inciso i) del artículo 17 del referido reglamento de la Municipalidad de Desamparados, no es contrario a derecho y por ende no presenta ningún vicio de nulidad absoluta. En primer lugar, ese requisito no resulta antojadizo, pues se exigió en ese reglamento municipal desde su publicación en La Gaceta N° 47 del 08 de marzo de 2011 y de forma previa al mismo, éste existía, pues la SETENA lo estableció en las resoluciones números 02031-2009 de las 09 horas del 26 de agosto del 2009 sobre Instalación de Torres de Telecomunicaciones para el Sistema Móvil Avanzado 3G (SMA-SG) y su modificación en la resolución 0123-2010 de las 08 horas del 20 de enero del 2010; además, el Decreto N° 36159 del 10 de mayo del 2010, denominado "Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones", en su artículo 8 le reiteró a la SETENA la competencia para darle trámite a las solicitudes de viabilidad ambiental en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones. Incluso de forma posterior a la publicación del reglamento municipal, las resoluciones de SETENA y el decreto ejecutivo N° 36159 antes referidos, se promulgó el decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013, se adicionó entre otros el art. 9 bis al decreto ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General sobre Procedimiento de Evaluación Ambiental, artículo en que se regula el documento de evaluación ambiental para proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones por parte de la SETENA. Por consiguiente, manifestó el Gobierno Local demandado, que inciso i) del artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad da Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones no es ilegal ni conlleva ninguna nulidad, pues es la reiteración de un requisito establecido en el ordenamiento jurídico, el cual incluso es de existencia previa a la normativa local. Además, la exigencia de tal requisito en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Construcciones no puede desaparecer, tal y como interpreta erróneamente la parte actora, pues aunque la norma de referencia le permite a un infractor poner a derecho una obra edificada sin la respectiva licencia de construcción, éste debe de cumplir con los requisitos normativos, ya que de lo contrario, implicaría un quebranto al principio de legalidad que rige la actividad formal y material de la Administración Pública. Por todo lo expuesto, solicitó el rechazo de la demanda en todos sus extremos y la condena al pago de ambas costas a cargo de la parte actora.

VI.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA PRESENTADA. Como punto de partida valga mencionar, que el quid de este asunto se circunscribe a determinar, si los actos dictados por la Comuna de Desamparados, confirmados por la otrora Sección Tercera de este Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, actuando como jerarca impropio municipal, se encuentran ajustados a derecho, o si por el contrario, resultan disconformes con el ordenamiento jurídico, al denegar un permiso de construcción solicitado por la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L. Teniendo en cuenta lo anterior, ha de indicar esta Integración, que pese a la tautología empleada por la representación actora en su demanda, pueden colegirse tres aspectos medulares que ha defendido con el fin de que le sean acogidas sus pretensiones, los cuales, según se explicará de seguido, no son compartidos por este órgano jurisdiccional, lo que a la postre conducirá al rechazo de la acción en todos sus extremos.

(i) Prevalencia de la Ley de Construcciones N° 833 del 02 de noviembre de 1949 sobre el Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones: al respecto alegó el mandatario judicial de la demandante, que la ley citada es la norma de mayor jerarquía aplicable a este caso y que sus artículos 93 al 96, facultan al administrado para poner a derecho obras ya construidas sin permiso, estableciendo que puede ponerse a derecho solicitando dicho permiso y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para dicho fin, en este caso, requisitos impuestos por los reglamentos municipales, al ser los entes locales los competentes para otorgarlo.

> Criterio del Tribunal: en virtud de lo alegado por la parte actora, resulta imperioso transcribir las normas jurídicas invocadas de la Ley de Construcciones N° 833, a fin de poder externar nuestro criterio. Artículo 93.- “Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso a ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando al propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc.” [énfasis suplido]. Artículo 94.- “Si pasado el plazo fijado, el propietario no ha dado cumplimiento a la orden anterior, se le levantará una nueva información la que se pondrá de acuerdo con el artículo sobre Renuencia y se fijará un último plazo, oyendo al interesado”. Artículo 95.- “Si el propietario presenta el proyecto respectivo y una vez que sea aceptado, la Municipalidad comprobará si la obra ha sido ejecutada de acuerdo con él y si ambos satisfacen los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento sometiéndolo a las pruebas necesarias”. Artículo 96.- “Si no se presenta el proyecto o no se hacen las modificaciones ordenadas, la Municipalidad ordenará la destrucción de las partes defectuosas o la hará por cuento del propietario. En ningún caso autorizará el uso de la construcción y si está en uso, impondrá multa por esta causa y dispondrá la desocupación y clausura de ella”. [lo subrayado es añadido]. Expuestos los anteriores postulados normativos, lo primero que debe resaltar esta Cámara, es que son supuestos de indulgencia u oportunidades establecidas por el legislador, para que un administrado incumpliente se ponga a derecho cuando ha empezado una obra constructiva al margen de la ley, lo que significa que no es ni debe ser lo usual la aplicación de estas normas, pues revisten un carácter excepcional. Más claro, lo que la Ley de Construcciones permite en su artículo 93 transcrito supra, es obtener un permiso y regularizar lo indebidamente demostrado, siempre y cuando se pueda ajustar a derecho. Ahora bien, la competencia prevista por ministerio de ley para tutelar las obras constructivas levantadas irregularmente de forma permanente o temporal, dentro de cada jurisdicción territorial es responsabilidad de las municipalidades, en asocio claro está, con los demás entes públicos que pudiera corresponder, v.gr. Ministerio de Salud, ICE, CNFL, Acueductos y Alcantarillados, o SETENA como en el caso que nos ocupa. Para ello, justamente el legislador ha previsto el procedimiento destacado líneas atrás en la Ley de Construcciones, en todos los casos en que sea factible poner a derecho la situación, pues lo contrario sería permitir la transgresión del ordenamiento jurídico. Empero, como toda norma reglamentaria, la dictada por la Municipalidad de Desamparados y que tilda la parte actora como contraria a derecho al contraponerse a la citada ley, en criterio de este Tribunal lo que viene es a complementar una materia que por novedosa -recuérdese que la Ley de Construcciones tiene casi 75 años de emitida- no tenía regulación respecto a las torres de comunicación, pues para la fecha de su promulgación era impensable el desarrollo tecnológico como lo experimentamos hoy día. Por ende, el denominado “Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta N° 29 del 09 de febrero del 2012, para lo que aquí interesa dispuso en su artículo 6: “Le corresponde a la Municipalidad: a) Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este reglamento con el objeto de que, tratándose de torres fijas o móviles, toda construcción, instalación y/o modificación a las obras constructivas de telecomunicaciones, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón (…). d) Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las licencias municipales. e) Ordenar la clausura y demolición de las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento”. [énfasis suplido]. Por su parte, en el ordinal 17 de dicha norma reglamentaria se señaló que: “Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes documentos: (…) i) La viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET)”. [el resaltado es propio]. Nótese entonces, que ciertamente como lo sostiene la accionante, por el principio de jerarquía normativa, la Ley de Construcciones N° 833 del 02 de noviembre de 1949 está por encima del Reglamento Municipal promulgado en el año 2012. Sin embargo, no estamos en la especie ante un caso de antinomia jurídica, puesto que, como se explicó, dichas normas no son contradictorias ni excluyentes entre sí. Por ende, no es real, pues no ha quedado así evidenciado del estudio de los autos, que la Comuna de Desamparados esté impidiendo a la empresa actora ponerse a derecho o vaciando de contenido la ley, pues lo que consta en las resoluciones impugnadas es que el ente local le realizó sendas prevenciones para poner a derecho el trámite 15494-2017 y no lo hizo. Así se desprende de los hechos probados que dan soporte a esta sentencia, pues a modo de ejemplo, en la resolución R-CU-519-17 del día 29 de setiembre del 2017, la Unidad de Control Urbano del Ayuntamiento rechazó la solicitud realizada por la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L., debido a la falta de dos requisitos, siendo uno de ellos precisamente la viabilidad ambiental de SETENA. Posteriormente, ante la impugnación de la compañía gestionante, se emitió la resolución UCU REV 027-2017 de las 09:40 horas del 14 de noviembre del 2017, mediante la cual, la Unidad de Control Urbano declaró sin lugar el recuso de revocatoria formulado, indicándole nuevamente a la empresa, que no era posible aprobar el permiso ante la falta de un requisito establecido en el Reglamento Municipal referente a la infraestructura de telecomunicaciones. Tal criterio, fue avalado luego también por la Alcaldía Municipal, quien en su resolución número AM-003-18 de las 12:35 horas del 12 de enero del 2018, le explicó a la impugnante, que si bien es cierto la Ley de Construcciones en sus artículos 93 y 94 otorgan la posibilidad al infractor urbano de poner a derecho una obra, la viabilidad ambiental era un requisito reglamentario debidamente aprobado desde el año 2011 para las torres de telecomunicaciones que se construyeran en el cantón de Desamparados, el cual no se podía obviar. Y finalmente, también la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, actuando a la sazón como jerarca impropio, en su resolución número 455-2018 de las 09:25 horas del 26 de setiembre del 2018, le hizo ver a la empresa disconforme lo siguiente de relevancia: “(…) Para el caso de las torres de telecomunicaciones a ser instaladas en el Cantón de Desamparados, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849-MlNAE-S-MOPT-MAG-MEIC y Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 de 8 de Marzo de 2011, establecen en sus ordinales 9 bis y 17, respectivamente el requisito de la viabilidad ambiental para el otorgamiento de la licencia constructiva al edificar una torre en el Cantón. (…) / En consecuencia, el Gobierno Local, no puede dispensar de un requisito técnico, como la viabilidad ambiental debidamente emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la construcción de una torre de telecomunicaciones, a la empresa Continental Towers S.A. (sic) por más interpretación positiva o subjetiva del (sic) 93 de la Ley de Construcciones (…)”. [énfasis agregado]. Así las cosas, claramente entiende este Tribunal de lo señalado, que contrario al criterio que sostiene la representación actora, y aunque ciertamente una obra constructiva puede ponerse a derecho, aún y luego de haber iniciado de manera irregular, esto será solo de manera excepcional, y siempre y cuando las condiciones técnicas, legales y/o reglamentarias lo permitan. Es decir, y concordando con lo que dice el letrado de la parte actora, efectivamente la Ley de Construcciones está por encima del Reglamento Municipal, siendo el segundo complemento del texto legal, justamente para llenar posibles vacíos existentes en la materia, de tal suerte que siempre y cuando sea factible poner a derecho una obra constructiva, la Corporación Municipal deberá permitirlo, siguiendo el procedimiento de los artículos 93 y siguientes de la Ley N° 833; no obstante, en autos ha quedado evidenciado que este no es el caso, por lo que permitir lo contrario, sería ir en contra de los principios de legalidad, equidad, justicia y certeza jurídica, pues es criterio de esta Cámara, que no puede una persona o empresa, infringir la ley y premiársele por ello, avalando el incumplimiento de la normativa para su propio favorecimiento. Por consiguiente, estimamos que ha hecho bien la Municipalidad de Desamparados en denegarle un permiso a la empresa actora cuyo trámite no ha cumplido con todos los requisitos normativos para la instalación de la torre de telecomunicaciones objeto de esta contienda judicial, deviniendo en improcedente cualquier reproche de legalidad realizado en tal sentido.

(ii) Ilegalidad de la postura municipal pues nadie está obligado a lo imposible: sobre el tema señaló, que existe una imposibilidad material y jurídica de cumplir con lo que establece el artículo 17 inciso l) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones en cuanto a la viabilidad ambiental de la SETENA. Además, refirió que el requisito de la Viabilidad Ambiental es una evaluación preliminar que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente y los Reglamentos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se cumple antes de la construcción de un inmueble, no siendo posible solicitar un requisito retroactivamente, pues esto implicaría la desaplicación del artículo 93 de la Ley de Construcciones, impidiendo al interesado poner a derecho su obra. En su criterio, existe un vacío legal y la Municipalidad no le dio la oportunidad a la empresa de enderezar el procedimiento, anteponiendo su reglamento y violentando el principio de legalidad.

> Criterio del Tribunal: sobre el reproche realizado, luego de analizar exhaustivamente el alegato de la firma actora y las probanzas aportadas a los autos, lo primero que debe destacar esta Cámara es que, tal y como se reseñó en el segundo hecho probado de esta sentencia, ni siquiera consta que la empresa actora haya presentado gestión alguna ante el SETENA a fin de por lo menos intentar, dar cumplimiento a cabalidad con lo prevenido por la Comuna de Desamparados. Y es que el requerimiento realizado por el Ayuntamiento no es antojadizo ni ilegal, sino que está sustentado precisamente en la normativa local que regula la instalación de las torres de telecomunicaciones. Al respecto, tal y como lo reseñamos en el apartado anterior, el Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, publicado en La Gaceta N° 29 del 09 de febrero del 2012 dispone en su artículo 1 lo siguiente: “Este Reglamento tiene como objeto establecer los procedimientos para optar por Licencias Municipales de construcción y comercial en telecomunicaciones, así como regular las condiciones de ubicación, construcción e instalación de las obras constructivas de telecomunicaciones, en resguardo del espacio urbano-ambiental”. Por su parte, el numeral 6 regula lo siguiente de interés al caso: “Le corresponde a la Municipalidad: a) Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este reglamento con el objeto de que, tratándose de torres fijas o móviles, toda construcción, instalación y/o modificación a las obras constructivas de telecomunicaciones, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón (…). d) Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las licencias municipales. e) Ordenar la clausura y demolición de las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento”. A su vez, el artículo 17 de dicha norma reglamentaria establece: “Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes documentos: (…) i) La viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET)”. En el apartado de sanciones, prescribe el ordinal 24 lo siguiente: “La Municipalidad está facultada para imponer sanciones por las infracciones a este Reglamento por sí sola, o en conjunto con otras Instituciones. Estas sanciones incluyen multas, suspensión, clausura y demolición de lo construido sin autorización, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente”. [lo subrayado en el articulado es añadido]. No puede perderse de vista, que conforme a lo preceptuado en el artículo 169 de la Constitución Política: “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)”, norma que de igual manera fue desarrollada luego por el legislador ordinario, y en atención a ello, el artículo 3 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, dispone que: “(…) El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal (…)”. Justamente como parte de esas potestades de autogobernanza administrativa en su territorio, reconocida tanto a nivel constitucional como legal, la Municipalidad de Desamparados emitió desde el año 2012, una norma reglamentaria que viniera a regular los procedimientos para poder obtener las respectivas licencias -de construcción y comercial- en materia de telecomunicaciones, con el propósito de regular las condiciones de ubicación, construcción e instalación de las torres, bien fueran fijas o móviles. Para tales efectos, en el recién transcrito inciso i) del ordinal 17 de la norma reglamentaria municipal, se estableció el deber del solicitante, de presentar, entre otros documentos, la Viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA). Lo anterior deriva precisamente de la labor de coordinación que debe existir, pese a su autonomía, entre las municipalidades y los demás entes públicos, acorde con la especificidad y tecnicismo si se quiere de cada competencia pública, lo cual ha sido desde vieja data desarrollado por la propia Sala Constitucional en aras de atender los intereses públicos y prestar cumplidamente los servicios locales. Así por ejemplo, en la muy conocida sentencia 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, donde se señaló: “No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino gradual o variable; pero en todo caso, como lo ha expresado la jurisprudencia antes citada, corresponderá en última instancia al juez decidir si los criterios de distinción se conforman o no con el dimensionamiento constitucional. Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias”. [las comillas iniciales y finales, así como la letra cursiva es añadida]. Tomando en consideración lo anterior, esta Cámara ha de agregar, que no encuentra disposición normativa alguna que le sustraiga la competencia de regulación y control urbano-local a las municipalidades en su respectiva circunscripción territorial, pues ni en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 del 04 de junio del 2008, ni en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones N° 8660 del 08 de agosto del 2008, se ha insertado disposición alguna en tal sentido, lo cual, en nuestra consideración, podría atentar incluso contra el postulado constitucional del artículo 169, que claramente ha establecido y delegado en las municipalidades de cada cantón la potestad de la ordenación y fiscalización urbana local. Por consiguiente, y contrario a lo argüido por la representación de la parte actora, este Tribunal no encuentra ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el requerimiento que le hiciera la Municipalidad a la empresa solicitante, pues a pesar de su descontento con lo prevenido y resuelto a la postre respecto a su gestión bajo el trámite número 15494-2017, ningún vacío normativo existe, pues el requisito que se ha echado de menos en sede administrativa y que ni siquiera en esta instancia judicial ha demostrado la accionante haber gestionado ante la SETENA, se encuentra amparado en una norma reglamentaria que tampoco ha sido impugnada, por lo que el reproche aducido se rechaza. Es importante abonar aquí, como bien lo expuso la representación municipal, que la parte actora se ha limitado a indicar que en otros casos se les ha denegado por parte de la SETENA las solicitudes de Estudio de Diagnóstico Ambiental, estimando por ende que se repetiría en este caso tal denegatoria; ante esto, ha solicitado que se le elimine para el caso específico el aval que debe ser otorgado por otra entidad, en lo que concierne al trámite rechazado bajo la resolución del Proceso de Control Urbano N° R-CU-519-17 del 29 de setiembre del 2017, cosa con la cual este Tribunal jamás podría estar de acuerdo y mucho menos respaldar, pues la tesis expuesta y la petición de la actora en tal sentido resultan totalmente infundadas. Por último, llama la atención de esta Integración, que la parte actora pretende imputarle a la Municipalidad de Desamparados su propia desidia y transgresión al ordenamiento jurídico, al afirmar que no es posible solicitar un requisito retroactivamente, pues esto implicaría la desaplicación del artículo 93 de la Ley de Construcciones, y que con ello se le impide a la interesada poner a derecho su obra. Tal afirmación, en criterio de quienes suscribimos esta sentencia, sería como avalar que cualquier persona, sea esta física o jurídica, actúe a contrapelo del bloque de legalidad y luego intente ponerse a derecho, pues como reza el adagio popular “más vale pedir perdón que pedir permiso”, lo cual, bajo el ámbito del Derecho resulta inaceptable, y menos aún en tratándose de la Administración Pública, que en todo caso debe actuar sujeta al principio de legalidad -de rango constitucional y legal-, el mismo que la parte actora ha alegado como violentado. Dicha teoría, lejos de compartirla este Colegio de Jueces, la rechazamos enfáticamente, debiendo decir además, que jamás podríamos cohonestar una petición tendiente al quebrantamiento del bloque de juridicidad como lo pretende la representación actora. En consecuencia y por todo lo expuesto, se rechaza lo alegado en este apartado.

(iii) Imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el jerarca impropio municipal: tocante a este punto, manifestó la actora la imposibilidad de cumplir en el caso concreto lo que le había ordenado el jerarca impropio municipal, en el sentido de presentar un estudio de diagnóstico ambiental, EDA, requisito para obtener el permiso de construcción, aduciendo que solicitaron el EDA a la SETENA, pero que esta entidad les resolvió que el EDA estuvo vigente por última vez del año 2001 al 2004; es decir, en la actualidad el Estudio de Diagnóstico Ambiental no existe, por lo que no puede ser emitido por SETENA. Así las cosas, dijo, que si no se desaplica el Reglamento de la Municipalidad de Desamparados a este caso concreto, la sentencia que se dicte sería de imposible ejecución porque nunca se podría obtener el permiso de construcción que permite reponer el artículo 93 de la Ley de Construcciones.

> Criterio del Tribunal: con el fin de no ahondar en repeticiones innecesarias, nos remitimos a lo dicho en el aparte precedente respecto a la improcedencia del argumento de la empresa actora de desaplicar el reglamento para este caso concreto. Ahora bien, en lo tocante a la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el jerarca impropio municipal, valga recordar que, tal y como lo evidenciamos en el hecho probado número 7) que da soporte a esta sentencia, la otrora Sección Tercera de este Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en funciones de contralor no jerárquico municipal, de manera sumamente clara consignó como hecho no probado en la resolución número 455-2018 de las 09:25 horas del 26 de setiembre del 2018 lo siguiente: “Que la empresa Continental Towers Costa Rica S.A. (sic) solicitara el otorgamiento de la viabilidad ambiental ante SETENA, para la construcción de la Torre de Telecomunicaciones en el inmueble 1-00023087-001” [las comillas y letra cursiva son añadidas]. Véase entonces, que como también lo destacó la representación municipal, para el caso concreto que aquí nos ocupa, la empresa actora no gestionó siquiera trámite alguno ante la SETENA para obtener el aval ambiental, por lo que cualquier incumplimiento de lo dispuesto por el jerarca impropio municipal, tuvo como origen la propia indolencia de quien ahora acude a estrados judiciales. Por otro lado, es importante resaltar también lo que manifestó en el considerando sobre el fondo, el citado jerarca impropio, al señalar como aspecto de relevancia que: “(…) Para el caso de las torres de telecomunicaciones a ser instaladas en el Cantón de Desamparados, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N° 31849-MlNAE-S-MOPT-MAG-MEIC y Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 de 8 de Marzo de 2011, establecen en sus ordinales 9 bis y 17, respectivamente el requisito de la viabilidad ambiental para el otorgamiento de la licencia constructiva al edificar una torre en el Cantón. (…) / En consecuencia, el Gobierno Local, no puede dispensar de un requisito técnico, como la viabilidad ambiental debidamente emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la construcción de una torre de telecomunicaciones, a la empresa Continental Towers S.A. (sic) por más interpretación positiva o subjetiva del (sic) 93 de la Ley de Construcciones. (…) / Es criterio de esta Cámara que el derecho que se desprende del citado ordinal es únicamente a la posibilidad de presentar y tramitar la obtención de la licencia no así a su resultado positivo, ergo la edificación ilegal (sin licencia) no modifica o exonera en modo alguno del cumplimiento del listado de requisitos o circunstancias jurídicas que se deben acreditar para la obtención del permiso constructivo (…)”. [las comillas y cursiva son agregadas]. Del anterior extracto de la resolución de alzada, se colige de manera diáfana, que el contralor municipal no jerárquico le explicó a la empresa recurrente de entonces, cuál era el procedimiento que debía seguir para poder obtener un resultado positivo a su gestión, más nunca dijo, como lo mal interpreta la actora, que el Gobierno Local estuviera obligado a aplicar el numeral 93 de la Ley de Construcciones para poner a derecho una obra constructiva sin el cumplimiento de un requisito esencial contenido en una norma reglamentaria vigente y válida. Incluso, en dicha resolución, le explicó la imposibilidad de acceder a lo pretendido bajo el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos con origen en las máximas constitucionales de legalidad e igualdad, contenidas en los artículos 11 y 33 de la Constitución Política, así como en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública, rechazando el recurso incoado en su momento, confirmando la resolución AM-003-18 de la Alcaldía Municipal y dando por agotada la vía administrativa. Así las cosas, claramente se deduce, que ni en sede municipal ni en la instancia de alzada administrativa, se le ha indicado a la empresa actora que pueden obviarse los requisitos para el caso específico del requerimiento de la gestionante, toda vez que en todo momento se le insistió en la necesidad de cumplir con los requerimientos ambientales ante la SETENA, como requisito esencial para obtener el permiso de construcción, lo que conlleva a rechazar también el alegato examinado en este apartado pues no encuentra asidero jurídico alguno. Consecuentemente con lo expuesto, las resoluciones impugnadas por la parte actora en esta litis las encuentra este Tribunal ajustadas a derecho y al mérito de los autos, sin que exista motivo alguno para disponer nulidad de ningún acto administrativo, por lo que se rechaza la pretensión principal y básica de corte anulatorio. Por su parte, en lo tocante a la petición de que se le ordene a la Municipalidad abstenerse de incurrir en actos tendientes a ejercer sus competencias legales, como en este caso, una eventual demolición de la torre, la misma deviene en improcedente, pues no podría este órgano jurisdiccional impedir a la Administración actuar conforme lo prescribe el ordenamiento jurídico, máxime cuando se ha demostrado en esta sentencia, que no ha existido ninguna ilegalidad como se acusó. Tampoco podría este Tribunal, tal y como lo requiere la demandante, ordenar que se le otorgue el permiso de construcción a la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L. al amparo del artículo 93 de la Ley de Construcciones a efecto de que se le permita mantener la torre, pues eso sería sustituir la voluntad de la Administración, aspecto vedado a esta autoridad. Finalmente, en lo que concierne a la petitoria de índole pecuniaria, al resultar dependiente y ligada al requerimiento anulatorio medular, al amparo del principio conocido “accesorium sequitur principale”, sea que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, al rechazarse la nulidad peticionada también ha de denegarse cualquier intento de reparación patrimonial realizado por la compañía actora, por lo que es criterio de este Tribunal, que la única solución posible a la demanda que aquí se ha conocido es declararla sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se dispone.

VII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES. La representación de la Municipalidad demandada interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual. En lo tocante a esta última valga decir, que siendo que el aspecto sometido a análisis no ha sido resuelto antes por ningún órgano jurisdiccional, ni las resoluciones combatidas han pasado con antelación el filtro de legalidad, persiste el interés actual de que sea resuelto el punto, por lo que la defensa alegada se rechaza. En cuanto a la excepción de falta de derecho, por lo que se ha explicado en el considerando precedente, la misma ha de acogerse, en virtud de la improcedencia de lo peticionado por la parte actora.

VIII.- SOBRE LAS COSTAS. Conforme a lo normado en el ordinal 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo las costas procesales y personales se imponen a la parte vencida por el solo hecho de serlo y la dispensa de tal condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En el caso analizado es criterio de esta Integración, que no existe un motivo válido para variar la premisa, por lo que procede realizar la condenatoria al pago de ambas costas a la parte actora perdidosa, lo que habrá de dilucidarse en etapa de ejecución de sentencia.

POR TANTO

Se rechaza la defensa de falta de interés actual y se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la Municipalidad de Desamparados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L. Se condena a la parte actora vencida al pago de ambas costas, a liquidar en vía de ejecución. NOTIFÍQUESE.-

Francisco Hidalgo Rueda

Karla Madriz Martínez          Gustavo Irías Obando

 

 




- Código Verificador -
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XXDTMY47HDW861



 

Documento firmado por:

FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A
GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A
KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-006535-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA**, at eight hours and forty-four minutes on the thirty-first of May of two thousand twenty-four.-

**ORDINARY PROCEEDINGS** filed by the company CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA S.R.L., legal entity identification number 3-102-597879, represented by Mr. Federico Lorenzana Rodríguez, of legal age, married, Economist, of Guatemalan nationality, resident of Escazú, passport of his country of origin number 245563156, in his capacity as manager with powers of generalissimo attorney-in-fact and judicial and extrajudicial representative, against the MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, represented at the time of the action filed by Mr. Gilberth Jiménez Siles, of legal age, married, Business Administrator, resident of Desamparados, with identity card number 1-0720-0958, former Municipal Mayor, with powers of generalissimo attorney-in-fact without limit of sum. The attorneys Fabián Volio Echeverría, professional ID number 3425, and Randall Escalante Gutiérrez, bar association number 11210, appear as special judicial attorneys for the parties, respectively.

**CONSIDERANDO**

**I.- PRELIMINARY ASPECTS.** As part of the procedural history, the following is noted:

1) By means of a complaint filed on September 30 and subsequent reformulation on October 16, both in 2019, at the Court's request, the plaintiff appeared to file ordinary proceedings, requesting the following substantive claims: “1. The complaint be declared with merit. 2. The absolute nullity of the following acts be declared, and consequently, they be annulled from the legal system (sic): a. Resolution No. R-CU-519-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit. b. Resolution No. UCU-REV-027-2017 of 09:40 hours on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit. c. Resolution No. AM-003-18 of 12:35 hours on January 12, 2018, issued by the Municipal Mayor's Office. d. Resolution No. AM-032-18 of 15:10 hours on March 19, 2018, issued by the Municipal Mayor's Office. e. Judgment No. 455-2018 of 09:25 hours on September 26, 2018, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Third Section, which acted as improper hierarchical superior in the administrative procedure. 3. Continental Towers be allowed to submit the Environmental Diagnosis Study from SETENA, thereby bringing the construction of the telecommunications tower on property No. 1-23087 into legal compliance [this was later dispensed with]. 4. The Municipalidad de Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower. 5. The Municipalidad de Desamparados be ordered to pay damages and lost profits and both sets of costs of this action.” Subsequently, upon the Court's requirement, it justified that the damages originate from the demolition of the tower caused by the Municipality's illegal conduct in preventing it from bringing the construction into legal compliance, estimating them at the sum of $250,304.00, and the lost profits, consisting of statutory interest, at the sum of ¢5,000,000.00. [see images 2-21 and 31-33 of the digitized judicial file]

2) By brief filed on December 12, 2019, the legal representative of the Municipalidad de Desamparados answered the complaint negatively, filing the defenses of lack of right and lack of current interest, requesting that the action be declared without merit and ordering the plaintiff to pay both sets of costs. [on record in images 43-49 ibidem]

3) On February 24, 2021, the Preliminary Hearing established in Article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo began, in which neither party alleged remedial aspects. When referring to the claims, the plaintiff's attorney introduced a new claim alleging new facts, for which reason the assigned Procedural Judge decided to suspend the proceeding, so that the amendment could be submitted in writing. [as recorded in images 95-97 and in the hearing recording]

4) By brief filed on November 18, 2021, the representation of the plaintiff company made its new allegations, introducing the following claims: “(…) 2. The disapplication for the specific case of Article 17. i) of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, be ordered, and in its place Article 93 of the Ley de Construcciones de Costa Rica be directly applied, with the objective of facilitating the obtaining of a construction license; this being a norm of superior hierarchy to the municipal regulation (…). 4. The Municipalidad de Desamparados be ordered to grant the construction permit to the plaintiff company, Continental Towers Costa Rica, S.A. (sic) in accordance with Article 93 of the current Ley de Construcciones. 5. The Municipalidad de Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower.” [see images 101-106 of the judicial file]

5) By brief filed on January 17, 2022, the municipal representation opposed the amendment made and requested its rejection, objecting to the facts and claims deduced. [on record in images 138-142 of the judicial file]

6) By resolution of 14:25 hours on April 29, 2022, the assigned Procedural Judge admitted the amendment to the complaint that had been made and again summoned the parties for the continuation of the Preliminary Hearing. [see images 145-146 of the judicial file]

7) On September 7, 2022, the Preliminary Hearing was held, where neither party alleged remedial aspects and the claims of the process were established. There were no preliminary defenses to resolve, the disputed facts of the process were established, only documentary evidence was admitted, and the process was declared one of pure law, with the procedural judge ordering the parties to submit written conclusions. [as recorded in images 175-178 of the judicial file and in the hearing recording]

8) By briefs filed on the 8th and 9th, both in September 2022, the representations of the plaintiff and the defendant Municipality proceeded to issue their conclusions. [see in this regard images 159-174 and 179-197 of the judicial file]

9) In accordance with the process of implementing the redesign of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda proposed by the Planning Directorate of the Judicial Branch and approved by the Consejo Superior, according to agreements numbers XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, as well as agreement number 12.VI.2023 of July 27, 2023, of the Comisión de la Contencioso Administrativo, criteria were determined for the distribution of the caseload of processes pending judgment, both of pure law and oral and public trial, according to which the Court's Coordination executed the reassignment of a large number of files to each judge at the same time for the purpose of equalizing workloads. Thus, the undersigned Judge Hidalgo Rueda, a member of the Collegiate Court of Team Seven, was entrusted with the present case for the issuance of the judgment, attending to the priority and seniority criteria established by the Consejo Superior.

10) After deliberation and by unanimity of the members of the Court, Judge Hidalgo Rueda drafts, with the affirmative vote of Judges Madriz Martínez and Irías Obando, without observing any defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness for the parties.

**II.- ON THE PROVEN FACTS.** The analysis of the documentary evidence provided by the parties allows the following facts to be deemed accredited:

1) That on September 12, 2017, the company Continental Towers Costa Rica S.R.L., initiated proceedings before the Local Government of Desamparados, with the purpose of obtaining a permit for the installation of a telecommunications tower on property number 1-23087-000, which was assigned processing number 15494-2017 [see folios 3-4 of the administrative file].

2) That through resolution R-CU-519-17 of September 29, 2017, the Urban Control Unit of the City Council rejected the application made by the company, due to the absence of requirements in accordance with the stipulations of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, indicating that it needed to comply with the following: Authorization and copy of the identity card of the owners of rights 002-003-004-005-006-007-008. Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) from SETENA (…). [see folios 5-8 of the administrative file].

3) That by brief filed on October 9, 2017, the representation of the applicant company filed an appeal for reversal with a subsidiary appeal against the denial to grant the construction permit, stating that the Municipality could not apply a regulatory norm to deny it approval for an already-built work and arguing that Article 93 of the Ley de Construcciones should be applied, which allows obtaining a construction permit for a built work in order to come into legal compliance [on record on folios 10-14 of the administrative file].

4) That through resolution UCU REV 027-2017 of 09:40 hours on November 14, 2017, the Urban Control Unit declared the filed reversal without merit, indicating to the appellant the impossibility of approving a permit due to the absence of a requirement established in the Municipal Regulation referring to telecommunications infrastructure. Given this, and given the concomitant appeal, the proceedings were elevated to the Municipal Mayor's Office, an office which, through resolution number AM-003-18 of 12:35 hours on January 12, 2018, explained to the challenger that, while it is true the Ley de Construcciones in its Articles 93 and 94 grants the urban violator the possibility of bringing a work into legal compliance, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was a regulatory requirement duly published since 2011 for telecommunications towers built in the canton of Desamparados, which could not be ignored. For this reason, it rejected the appeal invoked [see in this regard folios 16-18 and 25-31 of the administrative file].

5) That disagreeing with what was resolved by the Municipal Mayor's Office, on January 22, 2018, the representation of the company Continental Towers filed an appeal for reversal with a subsidiary appeal, stating that the principle of normative hierarchy must be respected, so the Ley de Construcciones prevailed over the Municipal Regulation, which implied that the construction permit for the tower should be granted [recorded on folios 40-45 of the administrative file].

6) That by means of resolution AM-032-18 of 15:10 hours on March 19, 2018, the Municipal Mayor's Office rejected the appeal for reversal filed, considering that the appellant did not make new arguments and that what was resolved by the Corporation was in accordance with law, in application of the principle of legality [on record on folios 47-50 of the administrative file].

7) That through resolution number 455-2018 of 09:25 hours on September 26, 2018, the Third Section of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hearing the appeal on appeal as improper municipal hierarchical superior, within its section of unproven facts, recorded: “That the company Continental Towers Costa Rica S.A. (sic) requested the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA, for the construction of the Telecommunications Tower on property 1-00023087-001” [the quotation marks are added]. For its part, in the considerando on the merits, it indicated the following of relevance: “(…) For the case of telecommunications towers to be installed in the Canton of Desamparados, the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) No. 31849-MlNAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, establish in their articles 9 bis and 17, respectively, the requirement of environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the granting of the construction license when building a tower in the Canton. (…) / Consequently, the Local Government cannot dispense with a technical requirement, such as the environmental feasibility (viabilidad ambiental) duly issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) for the construction of a telecommunications tower, for the company Continental Towers S.A. (sic) no matter what positive or subjective interpretation of Article 93 of the Ley de Construcciones is made, because in light of the principle of singular non-derogability of regulations originating in the constitutional maxims of legality and equality (Articles 11 and 33 of the Constitución Política), and more specifically in article 13 of the Ley General de la Administración Pública No. 6227, which literally states: '1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative order, and to the supplementary private law thereto, without being able to derogate or disapply them for specific cases. 2. The previous rule shall also apply in relation to regulations, whether they come from the same authority, or whether they come from another competent superior or inferior authority.' Additionally, given that the main axis of the grievance presented by the legal advisor of the appealing company revolves around the interpretation of article 93 of Law No. 833, it is considered important to transcribe it: 'Article 93.- When a building or construction or installation has been completed without a license or a project approved by the Municipality and without the latter having been notified of the completion of the work, an investigation shall be initiated, setting the owner a non-extendable period of thirty (30) days, to comply with the provisions of this Law and Regulation, presenting the project, license application, etc.' (The highlighting is our own). It is the criterion of this Chamber that the right arising from the cited article is solely the possibility of submitting and processing the license application, not its positive result, ergo the illegal building (without a license) does not modify or exonerate in any way from compliance with the list of requirements or legal circumstances that must be accredited for obtaining the construction permit. To accept the appellant's argument would be to recognize that a building erected illicitly would never affect the environment, simply by the fact of existing; without a doubt, this is a fallacy and it must be subject to environmental assessment (valoración ambiental) and the requirements provided by the legal system must be applied without exception and without any privilege whatsoever (…)”. In the operative part, it was summarized that the appeal filed was declared without merit, resolution AM-003-18 issued by the Municipal Mayor's Office was confirmed, and the exhaustion of the administrative channel was declared [the highlighting in the text is in the resolution; the initial and final quotation marks are supplied; see folios 54-60 of the administrative file].

8) That by brief filed before the Mayor's Office of the Municipalidad de Desamparados on August 16, 2019, the judicial representation of the firm Continental Towers requested reconsideration of the resolutions issued and a change of the criteria held, considering them contrary to law, requesting that it be allowed to submit an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) and that it be granted the construction permit ex post to comply with the provisions of Article 93 of the Ley de Construcciones [see folios 63-65 of the administrative file].

9) That through official letter AMAJ-589-2019 dated October 17, 2019, Attorney Randall Escalante Gutiérrez, Legal Advisor of the Municipal Corporation, indicated to Architect Gustavo Zeledón Céspedes, Urban Control Coordinator and in relation to the last request made by the company, the following of interest: “(…) Finally, it must be indicated that the approval of the environmental diagnosis studies (estudios de diagnostico [sic] ambiental) processed by Continental Towers SRL is the sole responsibility of SETENA, however, in the event that this environmental body, for reasons within its own competence, does not approve them, once such rejections become final, the sanctioning procedures initiated against that legal entity must be continued, for having built the towers without the respective municipal construction license (…)” [on record on folios 69-75 of the administrative file].

10) That through official letter DT-CU-676-2019 of October 31, 2019, the aforementioned Urban Control Coordinator of the Municipalidad de Desamparados communicated to the representation of the applicant company the municipal legal criterion, regarding the possibility of processing the environmental diagnosis study (estudio de diagnóstico ambiental) before SETENA [recorded on folio 77 of the administrative file].

**III.- ON THE UNPROVEN FACTS.** Of such nature, due to the absence of evidentiary support in the record, the following facts are deemed unproven:

1) That the company Continental Towers Costa Rica S.R.L., had made a concrete application before SETENA, for the purpose of obtaining the environmental endorsement (aval ambiental) of said entity for the installation of the communication tower concerning the property of Partido de San José No. 1-23087-000 [not evidenced].

2) That at the time of the issuance of this judgment, the Municipalidad de Desamparados had issued any administrative act tending to the demolition of the tower that is the subject of the process at hand, that generates damage and/or harm to the plaintiff company [devoid of proof].

**IV.- ON THE ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.** By way of summary and without prejudice to the integral reading of the complaint that this Court has performed, the representative of the plaintiff narrated that the company Continental Towers Costa Rica S.R.L., is dedicated to the installation of infrastructure for the provision of telecommunications services, among other commercial activities, and that in order to obtain the construction permit for a telecommunications tower on property No. 1-23087, it made an application before the Municipalidad de Desamparados that was rejected by the Planning Unit through resolution No. R-CU-519-17, based on Article 17 of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, published in La Gaceta No. 47 of March 8, 2011. According to the plaintiff, it filed an appeal for reversal and appeal against said resolution on October 9, 2017, alleging the non-application of Article 93 of the Ley de Construcciones, which allows obtaining construction permits for completed works; however, the Urban Control Unit, through resolution No. UCU-REV-027-2017 of 09:40 hours on November 14, 2017, rejected the appeal for reversal and elevated the case to the Mayor's Office. In response, it added, through a brief dated November 23, 2017, the annulment of the Planning Unit's resolution was requested for being contrary to law, but the Municipal Mayor's Office, in response to the appeal filed, rejected the appeal through resolution No. AM-003-18 of 12:35 hours on January 12, 2018. As it was a final act, it continued to state, in accordance with the Código Municipal, an appeal for reversal with a subsidiary appeal was filed on January 22, 2018, insisting on the arguments of Article 93 of the Ley de Construcciones and the interpretation of the law according to the principle of hierarchy of norms enshrined in Article 6 of the Ley General de la Administración Pública. However, it said, the Municipal Mayor's Office rejected the appeal for reversal through resolution No. AM-032-18 of 15:10 hours on March 19, 2018, maintaining the thesis of resolution No. R-CU-519-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit, proceeding to elevate the matter to the Third Section of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda to hear it in its capacity as Improper Hierarchical Superior in accordance with Article 166 of the Código Municipal, which, acting as an appellate administrative body, issued judgment No. 455-2019 of 09:25 hours on September 26, 2018, in which it declared the appeal without merit and exhausted the administrative channel. Within its legal considerations, the plaintiff's representation invoked that the Ley de Construcciones No. 833 of November 2, 1949, is the norm of highest hierarchy applicable to this case, being a law enacted by the Legislative Assembly and special regarding the matter, so the norms applicable to the administrative procedure that must be followed in the event of a building carried out without the corresponding municipal construction permit are Articles 93 through 96 of said legal body, with the first cited article empowering and allowing the administered party to bring into legal compliance works already built without a permit, establishing that it can "come into legal compliance" by requesting said permit and complying with all the requirements established for that purpose, in this case, requirements imposed by the municipal regulations, as the local entities are competent to grant said permit. It maintained that the Municipality, through Regulation No. 9 of February 8, 2011, called Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, regulates the requirements in its Article 17, among which is subsection i) which stipulates: The Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) granted by the Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET). In the plaintiff's opinion, the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) requirement is a preliminary assessment (evaluación preliminar) that, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente and the Regulations of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, is fulfilled before the construction of a property. Thus, it is a requirement that is impossible to fulfill for the construction permit for an already built work as provided for in Article 93 cited above, as there is a material and legal impossibility of compliance, so the Municipality cannot request that requirement, since the tower is already built, and it is not possible to request a requirement retroactively, which would simultaneously imply the disapplication of the referenced Article 93. The plaintiff reiterated that the Municipality has requested an impossible requirement and has reneged on its duty to apply that Article 93 of the Ley de Construcciones. This thesis is absolutely contrary to the Law and cannot constitute an impossibility against the interested party to "bring into legal compliance" its work, nor be ignored by any public administration of the country. Furthermore, it added, there is the general principle of law that states "no one is obligated to the impossible," so the Municipality is turning that Article 93 of the Ley de Construcciones into a dead letter, by virtue of illegal conduct. It also elaborated that the municipal position is contrary to the principle of legality enshrined in constitutional article 11 and the Ley General de la Administración Pública, besides the fact that Article 6 of this last cited legal body establishes the hierarchy of the sources of the legal order, with the law being above regulations. Thus, it pointed out, the Municipality intends for what a regulation of a decentralized entity establishes to prevail over what a duly enacted Law of the Republic establishes, and it stated this on repeated occasions, as was the case of resolution No. AM-003-18 of 12:35 hours on January 12, 2018, in which the Municipal Mayor's Office, hearing the case on appeal, said: "Regarding the environmental feasibility (viabilidad ambiental), it must be indicated that it is a requirement stipulated in Article 17 of the Reglamento de lo Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, for telecommunications towers built in the canton of Desamparados, which is why it is an indispensable requirement that cannot be ignored, even despite the fact that the Ley de Construcciones in its Articles 93 and 94 grants the urban violator the opportunity to bring a work into legal compliance" [the bolding is in the complaint]. In response, the plaintiff firm censured that the Municipality gave little importance to complying with the legal mandate and its regulations did not follow what the Ley de Construcciones establishes, so a legal vacuum exists, but the truth of the matter is that it cannot be concluded that this vacuum eliminates the right that the higher-ranking norm grants to the administered party. In another vein, it outlined that in cases similar to the one heard here, where the same parties appeared, the Third Section of the Court partially declared the appeals filed and annulled the municipal resolutions, in which, it said, the arguments of Continental Towers were admitted, which until now has insisted that it is not possible to comply ex post with the requirements that the Municipality has demanded from the company regarding Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) as it is a different fact and an impossible requirement, seeking to comply with Article 23 of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. It added that, according to what was indicated by the improper municipal hierarchical superior, the plaintiff must be allowed to submit the Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) referred to by its acronym EDA for this tower and then proceed to grant the construction permit referred to in Article 93 of the Ley de Construcciones. Based on the foregoing, it requested that the complaint be declared with merit in all its aspects, in accordance with the claims invoked and the compensation for damages and lost profits in favor of the plaintiff for the demolition of the tower, along with the order of costs against the opposing party. Subsequently, in the introduction of new facts, the plaintiff company stated the impossibility of complying in the specific case with what the improper municipal hierarchical superior had ordered, in the sense of presenting an environmental diagnosis study, EDA, a requirement to obtain the construction permit, arguing that they requested the EDA from SETENA, but this entity resolved that the EDA was last in force from 2001 to 2004; that is, at present the Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) does not exist, therefore it cannot be issued by SETENA. The plaintiff indicated that it appealed the decision and through resolution 0982-2020-SETENA the appeal for reversal was rejected and through resolution 0239-2020-MINAE the appeal was rejected, ordering the archiving of the file due to the indication of non-compliance with requirements. Having stated this, the plaintiff added that if the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados is not disapplied in this specific case, the judgment issued in this case would be impossible to execute because the construction permit that Article 93 of the Ley de Construcciones allows to be reinstated could never be obtained.

**V.- ON THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANT.** In summary, the representation of the Commune began by admitting the factual circumstances set forth by the plaintiff. However, it pointed out that the interpretation intended to be given to the Ley de Construcciones cannot be accepted, as a construction license lacking construction requirements cannot be granted, such as the environmental feasibility (viabilidad ambiental) in the case of telecommunications towers, as indicated in resolution UCU-REV-027-2017 of 09:40 hours on November 14, 2017. On the other hand, it denied that the cited resolution is contrary to law, as set forth in the Municipal Mayor's Office resolution AM-003-18 of 12:35 hours on January 12, 2018.

In that regard, it raised the objection of lack of right, stating that the Municipality has not acted contrary to the legal system nor caused any damage or harm under the terms set forth in the complaint, because if a detailed review is made of the administrative resolution of the Urban Control Process of the Municipality of Desamparados No. R-CU-519-17, at no time is it causing damage, much less ordering the destruction of any telecommunications tower; it simply rejected the permit requested due to the lack of the corresponding environmental feasibility (viabilidad ambiental), which is a requirement established in Article 17 of the Regulations of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones). It further argued that, although the sanctioning procedure regulated in Articles 93 to 96 of the Construction Law (Ley de Construcciones) allows works built without a municipal license to be regularized and brought into compliance, the fact of the matter is that for a construction license to be approved, it must meet each and every one of the requirements for that purpose. This is precisely the legal situation that was mentioned, developed, and defended in the resolutions that the plaintiff seeks to annul, namely: UCU-REV-027-2017 dated November 14, 2017, AM-003-18 dated January 12, 2018, AM-032-18 dated March 19, 2018, and the resolution of the Third Section of the Administrative Appeals Tribunal No. 455-2018 at 09:25 hours on September 26, 2018. In the case of this last resolution, it said, the Section of the Administrative Appeals Tribunal developed the reasons why buildings constructed without a municipal license, in order to be brought into compliance, must meet the presentation of requirements. It added that, although that improper hierarch, in judgments 334-2019 at 14:40 hours on June 27, 2019, and 368-2019 at 14:00 hours on July 26, 2019, by which it resolved other appeals related to the rejection of construction permits for the plaintiff for other telecommunications towers built without a municipal license and which also do not meet the environmental feasibility (viabilidad ambiental) requirement, apparently changed or evolved its criteria in relation to that argued in judgment 455-2018, the fact of the matter is that this Section at no time, in such resolutions, has indicated that in the case of processing construction permits for works built without a license, the presentation of requirements should be overlooked. What that improper hierarch did, in relation to the missing environmental feasibility (viabilidad ambiental) requirement, was to develop its own criterion to the effect that such a requirement be supplied by processing a Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) before SETENA, ordering the municipal administration, in those specific cases, to give that opportunity to the company Continental Towers. Given that, it continued recounting, on August 16, 2019, the aforementioned company filed a request to also apply to permit R-CU-519-17 what was indicated by the improper hierarch. In that regard, Architect Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinator of the Urban Control Process, by official letter DT-CU-559-2019 dated September 6, consulted the Legal Advisory Process as to whether that request was valid. For his part, Attorney Randall Escalante Gutiérrez, from the Legal Advisory Process, by official letter AMAJ-589-2019 dated October 17, 2019, stated that it was feasible for what was indicated in the referenced judgments to be extended to the case of construction permit R-CU-519-17 and for the company Continental Towers to be allowed to process an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) before SETENA for the telecommunications tower subject to that construction license proceeding. On that matter, Architect Zeledón, by official letter DT-CU-676-2019 dated October 31 and notified to the designated address on November 1, 2019, communicated to the company that it was feasible for the case of that telecommunications tower subject to that construction license to also be allowed to process an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) before SETENA. However, the Municipality clarified, it has never been ordered that the plaintiff need not present all the requirements. On the other hand, the Municipality alleged a lack of current interest, since opportunities have been provided to the company to process the missing requirements and its efforts have been addressed, without at any time ordering the demolition of the tower, so there can be no damage or harm, as claimed in this litigation. According to what it said, it has been demonstrated that the municipal administration acceded to the plaintiff's claim to be able to carry out the environmental diagnostic study procedure before SETENA for the tower subject to permit R-CU-519-17, which implies a loss of current interest not only for that claim but for all the others. As a result of the foregoing, it deemed the filing of this complaint premature and requested its rejection in all its aspects, with an award of costs against the plaintiff. Finally, when referring to the amendment of the complaint, the Municipal Corporation expressed its opposition, since, as it set forth, what the plaintiff did was state that in a case similar to the one discussed in this proceeding, SETENA resolved to deny the request for an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental), a rejection that would be repeated for the claim sought in this complaint to order the presentation of an Environmental Diagnostic Study (EDA) to obtain environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the telecommunications tower in question, citing resolutions 0495-2020-SETENA and 0239-2020-MINAE respectively, of which a transcription was made and by which the possibility of obtaining the EDA in that similar case was denied, so the plaintiff considered that SETENA's position would be repeated in the case of the telecommunications tower subject to this proceeding and by virtue of that, they eliminated the original requirement and established a new claim consisting of the annulment of subsection i) of Article 17 of the Regulations of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad da Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones). In that sense, the municipal representation pointed out that the new fact must be inadmissible, since, as the plaintiff set forth, what was resolved by SETENA and MINAE in the indicated resolutions was not issued within a request for an EDA related to the rejection of the construction permit related to the resolution of the Urban Control Process No. R-CU-519-17 of September 29, 2017. Therefore, it added, the plaintiff does not establish a necessary causal link between what was resolved in resolutions 0495-2020-SETENA and 0239-2020-MINAE and the license request for the telecommunications tower rejected in resolution No. R-CU-519-2017. Finally, it argued that subsection i) of Article 17 of the aforementioned regulations of the Municipality of Desamparados is not contrary to law and therefore does not present any defect of absolute nullity. In the first place, that requirement is not arbitrary, since it was required in that municipal regulation since its publication in La Gaceta No. 47 of March 8, 2011, and prior to it, it existed, since SETENA established it in resolutions numbers 02031-2009 at 09:00 hours on August 26, 2009, on the Installation of Telecommunications Towers for the Advanced Mobile System 3G (SMA-SG) and its modification in resolution 0123-2010 at 08:00 hours on January 20, 2010; furthermore, Decree No. 36159 of May 10, 2010, called "Standards (Normas), standards and competencies of public entities for the coordinated and expedited approval required for the installation or expansion of telecommunications networks," in its Article 8 reiterated to SETENA the competence to process environmental feasibility (viabilidad ambiental) requests regarding the installation and expansion of telecommunications networks. Even after the publication of the municipal regulation, the aforementioned SETENA resolutions and Executive Decree No. 36159, Executive Decree No. 37803 of June 25, 2013, was enacted, adding, among others, Art. 9 bis to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC General Regulations on the Environmental Assessment Procedure (Reglamento General sobre Procedimiento de Evaluación Ambiental), an article that regulates the environmental assessment document for telecommunications tower installation projects by SETENA. Consequently, the defendant Local Government stated that subsection i) of Article 17 of the Regulations of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad da Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones) is not illegal nor does it entail any nullity, as it is the reiteration of a requirement established in the legal system, which even predates the local regulation. Moreover, the requirement of said requirement by virtue of the provisions of Article 93 of the Construction Law (Ley de Construcciones) cannot disappear, as the plaintiff erroneously interprets, because although the reference provision allows an offender to bring a work built without the respective construction license into compliance, they must comply with the regulatory requirements, since otherwise, it would imply a breach of the principle of legality that governs the formal and material activity of the Public Administration. For all the foregoing, it requested the rejection of the complaint in all its aspects and an award of both costs against the plaintiff.

VI.- ON THE IMPROPRIETY OF THE COMPLAINT FILED. As a starting point, it is worth mentioning that the crux of this matter is limited to determining whether the acts issued by the Municipality of Desamparados, confirmed by the former Third Section of this Administrative and Civil Treasury Tribunal, acting as an improper municipal hierarch, are in accordance with the law, or if, on the contrary, they are inconsistent with the legal system, by denying a construction permit requested by the company Continental Towers Costa Rica S.R.L. Bearing in mind the foregoing, this Panel must indicate that, despite the tautology used by the plaintiff's representation in its complaint, three core aspects can be inferred that it has defended in order for its claims to be granted, which, as will be explained below, are not shared by this jurisdictional body, which ultimately will lead to the rejection of the action in all its aspects.

(i) Prevalence of the Construction Law (Ley de Construcciones) No. 833 of November 2, 1949, over the Regulations of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones): in this regard, the plaintiff's legal representative alleged that the cited law is the highest-ranking norm applicable to this case and that its Articles 93 to 96 empower the administered party to bring works already built without a permit into compliance, establishing that they can be brought into compliance by requesting said permit and meeting all the requirements established for that purpose, in this case, requirements imposed by municipal regulations, as the local entities are the competent ones to grant it.

> Court's Criteria: by virtue of what was alleged by the plaintiff, it is imperative to transcribe the invoked legal provisions of the Construction Law (Ley de Construcciones) No. 833, in order to be able to express our criteria. Article 93.- "When a building or construction or installation has been completed without a license nor project approved by the Municipality and without notice of the completion of the work having been given to it, an investigation shall be initiated, setting the owner a non-extendable term of thirty (30) days to comply with the provisions of this Law and Regulations, by presenting the project, license application, etc." [emphasis supplied]. Article 94.- "If after the set term has passed, the owner has not complied with the previous order, a new investigation shall be initiated, which shall be in accordance with the article on Refusal and a final term shall be set, hearing the interested party." Article 95.- "If the owner presents the respective project and once it is accepted, the Municipality shall verify if the work has been executed in accordance with it and if both meet the requirements demanded by this Law and its Regulations, subjecting it to the necessary tests." Article 96.- "If the project is not presented or the ordered modifications are not made, the Municipality shall order the destruction of the defective parts or shall do so at the owner's expense. In no case shall it authorize the use of the construction and if it is in use, it shall impose a fine for this cause and shall order its eviction and closure." [the underlining is added]. Having set forth the foregoing normative postulates, the first thing this Chamber must highlight is that these are assumptions of indulgence or opportunities established by the legislator for a non-compliant administered party to come into compliance when they have begun a construction work outside the law, which means that the application of these rules is not and should not be usual, as they are of an exceptional nature. More clearly, what the Construction Law (Ley de Construcciones) allows in its Article 93 transcribed above is to obtain a permit and regularize what was improperly demonstrated, provided it can be brought into legal compliance. Now then, the competence provided by mandate of law to oversee construction works erected irregularly, whether permanently or temporarily, within each territorial jurisdiction is the responsibility of the municipalities, in association, of course, with the other public entities that may correspond, e.g., Ministry of Health, ICE, CNFL, Water and Sewers (Acueductos y Alcantarillados), or SETENA as in the case at hand. For this purpose, precisely, the legislator has provided the procedure outlined above in the Construction Law (Ley de Construcciones), in all cases where it is feasible to bring the situation into compliance, because doing otherwise would be allowing the transgression of the legal system. However, like any regulatory norm, the one issued by the Municipality of Desamparados and which the plaintiff brands as contrary to law by contradicting the cited law, in this Court's criteria, comes to complement a matter that, due to its novelty—remember that the Construction Law (Ley de Construcciones) was issued almost 75 years ago—had no regulation regarding telecommunications towers, since at the date of its enactment, the technological development we experience today was unthinkable. Therefore, the so-called "Regulations of the Municipality of Desamparados for the location and granting of municipal licenses for telecommunications infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones)", published in La Gaceta No. 29 of February 9, 2012, for what is relevant here, provided in its Article 6: "The Municipality is responsible for: a) Issuing the necessary measures for compliance with this regulation so that, in the case of fixed or mobile towers, every construction, installation and/or modification of telecommunications construction works meets the technical, safety, conservation, and integration conditions to the urban-environmental context of the canton (…). d) Regulating, granting, registering, inspecting, denying, annulling, and exercising any sanctioning power in relation to municipal licenses. e) Ordering the closure and demolition of works and installations in case of non-compliance with the provisions of this Regulation." [emphasis supplied]. For its part, in section 17 of said regulatory norm, it was stated that: "To obtain the construction license, the following documents must be submitted: (…) i) The environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Nacional Técnica Ambiental, SETENA-MINAET)." [the highlighting is ours]. Note then, that certainly as the plaintiff asserts, by the principle of normative hierarchy, the Construction Law (Ley de Construcciones) No. 833 of November 2, 1949, is above the Municipal Regulation enacted in 2012. However, we are not, in this case, facing a case of legal antinomy, since, as explained, said norms are neither contradictory nor mutually exclusive. Therefore, it is not true, as it has not been thus evidenced from the study of the case file, that the Municipality of Desamparados is preventing the plaintiff company from coming into compliance or nullifying the content of the law, because what is recorded in the challenged resolutions is that the local entity made repeated warnings to it to bring proceeding 15494-2017 into compliance and it did not do so. This is evident from the proven facts that support this judgment, since, by way of example, in resolution R-CU-519-17 of September 29, 2017, the Urban Control Unit of the City Council rejected the request made by the company Continental Towers Costa Rica S.R.L., due to the lack of two requirements, one of them being precisely the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA. Subsequently, following the challenge by the managing company, resolution UCU REV 027-2017 at 09:40 hours on November 14, 2017, was issued, by which the Urban Control Unit declared the filed appeal for revocation without merit, again indicating to the company that it was not possible to approve the permit due to the lack of a requirement established in the Municipal Regulation concerning telecommunications infrastructure. Such criteria was also later endorsed by the Mayor's Office, which in its resolution number AM-003-18 at 12:35 hours on January 12, 2018, explained to the challenger that, although it is true that the Construction Law (Ley de Construcciones) in its Articles 93 and 94 grant the urban offender the possibility of bringing a work into compliance, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was a regulatory requirement duly approved since 2011 for telecommunications towers built in the canton of Desamparados, which could not be overlooked. And finally, the Third Section of the Administrative and Civil Treasury Tribunal, acting at the time as an improper hierarch, in its resolution number 455-2018 at 09:25 hours on September 26, 2018, made the dissatisfied company see the following of relevance: "(…) For the case of telecommunications towers to be installed in the Canton of Desamparados, the General Regulations on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA) No. 31849-MlNAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Regulations of the Municipality of Desamparados for the location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, establish in their sections 9 bis and 17, respectively, the requirement of environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the granting of the construction license when erecting a tower in the Canton. (…) / Consequently, the Local Government cannot dispense with a technical requirement, such as the environmental feasibility (viabilidad ambiental) duly issued by the National Technical Environmental Secretariat (SETENA) for the construction of a telecommunications tower, to the company Continental Towers S.A. (sic) regardless of any positive or subjective interpretation of (sic) 93 of the Construction Law (Ley de Construcciones) (…)." [emphasis added]. Thus, this Court clearly understands from what has been stated that, contrary to the criterion held by the plaintiff's representation, and although a construction work can indeed be brought into compliance, even after having started irregularly, this will only be exceptionally, and always provided that the technical, legal, and/or regulatory conditions allow it. That is, in agreement with what the plaintiff's attorney says, the Construction Law (Ley de Construcciones) is indeed above the Municipal Regulation, the latter being a complement to the legal text, precisely to fill possible existing gaps in the matter, so that provided it is feasible to bring a construction work into compliance, the Municipal Corporation must allow it, following the procedure of Articles 93 et seq. of Law No. 833; however, it has been evidenced in the case file that this is not the case, so allowing the contrary would be going against the principles of legality, equity, justice, and legal certainty, since it is the criteria of this Chamber that a person or company cannot infringe the law and be rewarded for it, endorsing the non-compliance with regulations for their own benefit. Consequently, we consider that the Municipality of Desamparados has done well in denying a permit to the plaintiff company whose proceeding has not met all the regulatory requirements for the installation of the telecommunications tower subject to this judicial dispute, rendering any reproach of legality in that sense improper.

(ii) Illegality of the municipal stance because no one is obliged to do the impossible: on the subject, it pointed out that there is a material and legal impossibility to comply with what is established in Article 17 subsection l) of the Regulations of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones) regarding the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA. Furthermore, it stated that the environmental feasibility (Viabilidad Ambiental) requirement is a preliminary assessment that, in accordance with the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and the Regulations of the National Technical Environmental Secretariat, is fulfilled before the construction of a property, it not being possible to request a requirement retroactively, as this would imply the non-application of Article 93 of the Construction Law (Ley de Construcciones), preventing the interested party from bringing their work into compliance. In its criterion, there is a legal vacuum and the Municipality did not give the company the opportunity to rectify the procedure, placing its regulation first and violating the principle of legality.

> Court's Criteria: regarding the reproach made, after exhaustively analyzing the argument of the plaintiff firm and the evidence provided in the case file, the first thing this Chamber must highlight is that, as outlined in the second proven fact of this judgment, there is not even any record that the plaintiff company filed any action before SETENA in order to at least attempt to fully comply with what was warned by the Municipality of Desamparados. And the requirement made by the City Council is not arbitrary or illegal, but is precisely supported by the local regulations that govern the installation of telecommunications towers. In this regard, as we outlined in the previous section, the Regulations of the Municipality of Desamparados for the location and granting of municipal licenses for telecommunications infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones), published in La Gaceta No. 29 of February 9, 2012, provides in its Article 1 the following: "This Regulation aims to establish the procedures to opt for Municipal Construction and Commercial Licenses in telecommunications, as well as to regulate the conditions of location, construction, and installation of telecommunications construction works, in protection of the urban-environmental space." For its part, section 6 regulates the following of interest to the case: "The Municipality is responsible for: a) Issuing the necessary measures for compliance with this regulation so that, in the case of fixed or mobile towers, every construction, installation and/or modification of telecommunications construction works meets the technical, safety, conservation, and integration conditions to the urban-environmental context of the canton (…). d) Regulating, granting, registering, inspecting, denying, annulling, and exercising any sanctioning power in relation to municipal licenses. e) Ordering the closure and demolition of works and installations in case of non-compliance with the provisions of this Regulation." In turn, Article 17 of said regulatory norm establishes: "To obtain the construction license, the following documents must be submitted: (…) i) The environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by the National Technical Environmental Secretariat (SETENA-MINAET)." In the sanctions section, section 24 prescribes the following: "The Municipality is empowered to impose sanctions for infractions of this Regulation by itself, or jointly with other Institutions. These sanctions include fines, suspension, closure, and demolition of what was built without authorization, in accordance with the provisions of the current legislation." [the underlining in the articles is added]. It cannot be lost sight of that, in accordance with the provisions of Article 169 of the Political Constitution: "The administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government (...)", a norm that was likewise later developed by the ordinary legislator, and in attention to that, Article 3 of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, provides that: "(…) The government and administration of cantonal interests and services shall be in charge of the municipal government (…)." Precisely as part of those powers of administrative self-governance in its territory, recognized both at the constitutional and legal levels, the Municipality of Desamparados issued, since 2012, a regulatory norm to regulate the procedures to obtain the respective licenses—construction and commercial—in the field of telecommunications, with the purpose of regulating the conditions of location, construction, and installation of towers, whether fixed or mobile. For these purposes, in the just transcribed subsection i) of section 17 of the municipal regulatory norm, the applicant's duty was established to submit, among other documents, the environmental feasibility (Viabilidad Ambiental) granted by the National Technical Environmental Secretariat (SETENA). The foregoing derives precisely from the coordination work that must exist, despite its autonomy, between municipalities and other public entities, in accordance with the specificity and technical nature, if you will, of each public competence, which has been developed since long ago by the Constitutional Chamber itself in order to attend to public interests and provide local services fully. Thus, for example, in the well-known judgment 5445-99 at 14:30 hours on July 14, 1999, where it was stated: "A conflict cannot, therefore, be created by antagonism or protagonism between the matter that comprises the general purpose of 'local interests and services' and the 'national' or 'state' public interests and services, intrinsically different from one another, but which in reality are called to coexist; and this is so, because both types of interest can be, eventually, intermingled and rather, it is frequent that, depending on the economic and organizational capacity of local governments, their own limitations lead to expanding the circle of those that appear as national or state, which shows that the distinction should not be immutable, but gradual or variable; but in any case, as the jurisprudence cited above has expressed, it will ultimately correspond to the judge to decide whether the criteria of distinction conform or not to the constitutional dimensioning. Once the material competence of the municipality in a determined territorial circumscription is defined, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; therefore, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; from which it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent required by the circumstances." [the initial and final quotation marks, as well as the italicized text, are added]. Taking the foregoing into consideration, this Chamber must add that it finds no regulatory provision that removes the competence of urban-local regulation and control from the municipalities in their respective territorial circumscription, since neither in the General Telecommunications Law (Ley General de Telecomunicaciones) No. 8642 of June 4, 2008, nor in the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) No. 8660 of August 8, 2008, has any provision in that sense been inserted, which, in our consideration, could even violate the constitutional postulate of Article 169, which has clearly established and delegated in the municipalities of each canton the power of local urban planning and oversight. Consequently, and contrary to what was argued by the plaintiff's representation, this Court finds no illegality or arbitrariness in the requirement made by the Municipality to the requesting company, because despite its discontent with what was indicated and ultimately resolved regarding its action under proceeding number 15494-2017, no regulatory vacuum exists, since the requirement that was found lacking in the administrative venue and whose processing before SETENA the plaintiff has not even demonstrated having undertaken in this judicial instance, is protected by a regulatory norm that has also not been challenged, so the alleged reproach is rejected.

It is important to note here, as the municipal representation well stated, that the plaintiff has limited itself to indicating that in other cases SETENA has denied their requests for an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental), therefore estimating that such a denial would be repeated in this case; in light of this, it has requested that the endorsement that must be granted by another entity be eliminated for the specific case, regarding the procedure rejected under resolution of the Urban Control Process (Proceso de Control Urbano) No. R-CU-519-17 of September 29, 2017, something with which this Court could never agree, much less endorse, since the thesis presented and the plaintiff's request in that regard are completely unfounded. Finally, it draws the attention of this Panel that the plaintiff intends to impute its own negligence and transgression of the legal system to the Municipality of Desamparados, by affirming that it is not possible to request a requirement retroactively, as this would imply the non-application of Article 93 of the Construction Law (Ley de Construcciones), and that this prevents the interested party from bringing its work into compliance with the law. Such an affirmation, in the opinion of those of us who subscribe to this judgment, would be equivalent to endorsing that any person, whether natural or legal, act against the legal framework and then attempt to come into compliance, for as the popular adage goes "it is better to ask for forgiveness than to ask for permission," which, under the scope of Law, is unacceptable, and even less so when dealing with the Public Administration, which in any case must act subject to the principle of legality—of constitutional and legal rank—the very one the plaintiff has alleged as violated. Far from sharing this theory, this Panel of Judges emphatically rejects it, and we must also state that we could never condone a petition aimed at the breach of the legal framework as the plaintiff's representation intends. Consequently, and for all the foregoing, the arguments made in this section are rejected.

(iii) Impossibility of complying with what was ordered by the improper municipal superior: regarding this point, the plaintiff stated the impossibility of complying in the specific case with what the improper municipal superior had ordered them, in the sense of presenting an environmental diagnostic study (estudio de diagnóstico ambiental, EDA), a requirement to obtain the construction permit (permiso de construcción), arguing that they requested the EDA from SETENA, but that this entity resolved that the EDA was last in force from 2001 to 2004; that is, currently the Environmental Diagnostic Study does not exist, and therefore it cannot be issued by SETENA. Thus, it said that if the Regulation of the Municipality of Desamparados is not disapplied to this specific case, the judgment issued would be impossible to execute because the construction permit that allows for the remediation of Article 93 of the Construction Law could never be obtained.

> Court's Criterion: in order to avoid delving into unnecessary repetitions, we refer to what was said in the preceding section regarding the inadmissibility of the plaintiff company's argument to disapply the regulation for this specific case. Now, regarding the impossibility of complying with what was ordered by the improper municipal superior, it is worth remembering that, as we evidenced in proven fact number 7) that supports this judgment, the former Third Section of this Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), acting as a non-hierarchical municipal comptroller, in a very clear manner recorded as an unproven fact in resolution number 455-2018 at 09:25 hours on September 26, 2018, the following: "That the company Continental Towers Costa Rica S.A. (sic) requested the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) before SETENA, for the construction of the Telecommunications Tower on property 1-00023087-001" [quotation marks and italics are added]. See then, as also highlighted by the municipal representation, that for the specific case before us, the plaintiff company did not even manage any procedure before SETENA to obtain the environmental approval (aval ambiental), so any non-compliance with the provisions of the improper municipal superior originated from the very indolence of the party now appearing in court. On the other hand, it is also important to highlight what the cited improper superior stated in the consideration on the merits, by pointing out as a relevant aspect that: "(...) For the case of telecommunications towers to be installed in the Canton of Desamparados, the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the Regulation of the Municipality of Desamparados for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in Gazette 47 of March 8, 2011, establish in their ordinal numbers 9 bis and 17, respectively, the requirement of environmental feasibility for the granting of the construction license when building a tower in the Canton. (...) / Consequently, the Local Government cannot dispense with a technical requirement, such as the environmental feasibility duly issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) for the construction of a telecommunications tower, to the company Continental Towers S.A. (sic) no matter how positive or subjective an interpretation of Art. 93 of the Construction Law is made. (...) / It is the criterion of this Chamber that the right arising from the cited ordinal number is only to the possibility of presenting and processing the obtaining of the license, not to a positive result thereof, ergo, the illegal construction (without a license) does not modify or exempt in any way from the fulfillment of the list of requirements or legal circumstances that must be accredited for obtaining the construction permit (...)". [quotation marks and italics are added]. From the preceding extract of the appellate resolution, it is clearly inferred that the non-hierarchical municipal comptroller explained to the then-appealing company what the procedure was that it should follow to obtain a positive result for its management, but never said, as the plaintiff misinterprets, that the Local Government was obligated to apply numeral 93 of the Construction Law to bring a construction work into compliance without fulfilling an essential requirement contained in a valid and current regulatory norm. Furthermore, in said resolution, it explained the impossibility of granting what was sought under the principle of singular non-derogability of regulations (inderogabilidad singular de los reglamentos) originating from the constitutional maxims of legality and equality, contained in Articles 11 and 33 of the Political Constitution, as well as in numeral 13 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), rejecting the appeal filed at the time, confirming resolution AM-003-18 of the Municipal Mayoralty, and considering the administrative route exhausted. Thus, it is clearly deduced that neither at the municipal level nor at the administrative appeal instance has the plaintiff company been told that the requirements for the specific case of the petitioner's request may be bypassed, since at all times it was insisted on the need to comply with the environmental requirements before SETENA, as an essential prerequisite to obtain the construction permit, which also leads to rejecting the argument examined in this section as it finds no legal basis whatsoever. Consequently, with what has been stated, the resolutions challenged by the plaintiff in this litigation are found by this Court to be in accordance with the law and the merits of the case file, without there being any reason to order the annulment of any administrative act, so the principal and basic claim of an annulment nature is rejected. For its part, regarding the request to order the Municipality to refrain from engaging in acts tending to exercise its legal competencies, as in this case, a potential demolition of the tower, the same becomes inadmissible, since this jurisdictional body could not prevent the Administration from acting as the legal system prescribes, especially when it has been demonstrated in this judgment that there has been no illegality as alleged. Nor could this Court, as the plaintiff requests, order that the construction permit be granted to the company Continental Towers Costa Rica S.R.L. under the protection of Article 93 of the Construction Law in order to allow it to keep the tower, because that would be substituting the will of the Administration, an aspect forbidden to this authority. Finally, with regard to the petition of a pecuniary nature, as it is dependent on and linked to the core annulment requirement, under the known principle "accesorium sequitur principale", meaning that the accessory follows the fate of the principal, upon rejecting the requested annulment, any attempt at patrimonial reparation made by the plaintiff company must also be denied, so it is the criterion of this Court that the only possible solution to the lawsuit that has been heard here is to declare it without merit in all its aspects, as is indeed ordered.

VII.- REGARDING THE EXCEPTIONS. The representation of the defendant Municipality filed the exceptions of lack of right and lack of current interest. Regarding the latter, it must be said that since the aspect submitted for analysis has not been previously resolved by any jurisdictional body, nor have the contested resolutions previously passed the legality filter, the current interest in having the point resolved persists, so the defense alleged is rejected. As for the exception of lack of right, for what has been explained in the preceding consideration, it must be upheld, by virtue of the inadmissibility of what was petitioned by the plaintiff.

VIII.- ON COSTS. Pursuant to the provisions of ordinal number 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs are imposed on the losing party by the mere fact of being so, and dispensation from such condemnation is only viable when there were, in the Court's judgment, sufficient grounds to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence unknown to the opposing party. In the case analyzed, it is the criterion of this Panel that there is no valid reason to vary the premise, so it is appropriate to issue the condemnation to pay both costs to the losing plaintiff, which shall be determined during the judgment execution stage.

THEREFORE

The defense of lack of current interest is rejected, and the exception of lack of right raised by the Municipality of Desamparados is upheld. Consequently, the lawsuit filed by the company Continental Towers Costa Rica S.R.L. is declared without merit in all its aspects. The losing plaintiff is condemned to pay both costs, to be liquidated during the execution phase. NOTIFY.-

Francisco Hidalgo Rueda

Karla Madriz Martínez         Gustavo Irías Obando