Res. 07675-2024 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V — Double Titling by IDA Constitutes Compensable De Facto ExpropriationDoble titulación por el IDA constituye expropiación de hecho indemnizable

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección V

Resolución Nº 07675 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Octubre del 2024 a las 20:08

Expediente: 08-001193-0161-CA

Redactado por: Sergio Mena García

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

08-001193-0161-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

MOMO DE OCCIDENTE S.A.




DEMANDADO/A:

	

ALONSO GUZMAN CHAVES

 

 N° 2024007675

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las veinte horas con ocho minutos del treinta de Octubre del dos mil venticuatro.-

 

Proceso de conocimiento establecido por la sociedad anónima Momo de Occidente S.A., cédula jurídica 3-101-148715, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Carlos Huertas Barboza, mayor, casado, Licenciado en Contaduría Pública, vecino de San José, cédula de identidad número 104890778, cuyo abogado director es el licenciado José Pablo Badilla Quirós, carné del Colegio de Abogadas y Abogados 27.057; CONTRA: el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), representado por el licenciado Jonathan Jiménez Ruiz, cédula de identidad número 205850669, carné de agremiado 18.943.

 

Resultando

 

1.- Que el 3 de noviembre del 2008, la sociedad accionante formuló la demanda que ha dado origen al presente proceso, ante la jurisdicción contencioso administrativa, según los hechos que expone, el derecho en el que se fundamenta, cuyas pretensiones fueron esbozadas de la siguiente forma: "...PRIMERO: Con fundamento en los hechos expuestos y argumentos jurídicos indicados, solicito que en sentencia se declare: a) La nulidad absoluta de los siguientes acuerdos: A) Acuerdo número 22, adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en sesión ordinaria número 26-2007, celebrada el 13 de agosto del 2007 en virtud del cual rechazó el reclamo administrativo formulado por mi representada; B) Acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en artículo No. 38 de la Sesión Ordinaria 033-2008, celebrada el 22 de setiembre del 2008, en el cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por mi representada contra el citado acuerdo número 22. b) Que mi representada, Momo de Occidente S.A., es la dueña legítima y exclusiva del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Puntarenas bajo el sistema de Folio Real, Matrícula número 22.706-000, y que se describe así: terreno para agricultura, ubicado en el Distrito Potrero Grande, tercero del cantón de Buenos Aires, tercero de la Provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: al norte con límite de proyecto, al sur con Marcelino Santos Zapata, calle pública y Ramón Zapata; al este con Marcelino Santos Zapata, Calle Pública y límite del proyecto; y al oeste con Marco Nájera y Límite del Proyecto, con una medida de 618.889.26 metros cuadrados, plano Catastrado número P-0026582-1975. c) Que son nulos los 16 planos que originaron las segregaciones en cabeza propia por el IDA y que a su vez, por recaer en cosa ajena, esa segregación en cabeza propia realizada por el Instituto de Desarrollo Agrario el 23 de febrero de 1991, mediante escritura otorgada ante los notarios Jorge Manuel Solano Chinchilla y Ana Victoria Mora Mora, mediante la cual se materializó un nuevo Asentamiento Rural denominado FINCA GROMACO, ubicado contiguo al Proyecto COTO BRUS, y de la finca inscrita en el Registro Público Partido de Puntarenas número 18777-000, levantó planos y segregó en cabeza propia, entre otras, las siguientes fincas y planos que deben anularse: Plano catastrado Área Folio Real 1) 419 P-0941832-1991 1ha 4085.55 6-071397-000 2) 420 P-0941772-1991 2ha3133.15 6-071398-000 3) 422 P-0941831-1991 9ha 6459.05 6-071399-000 4) 422A P-0939031-1990 405.31 6-071400-000 5) 4228 P-0936192-1990 518.21 6-0 714 04-0006) 423 P-0939030-1990 2423.27 6-071401-000 7) 424 P-0939029-1990 2412.16 6-071402-000 8) 425 P-0939028-1990 2161.55 6-071403-000 9) 426 P-0939027 -1990 1249.17 6-071405-000 1 O) 427 P-0939036-1990 439.41 6-071406-000 11) 428 P-0939035-1990 1402.07 6-071407-000 12) 429 P-0932301-1990 920.59 6-071408-000 13) 430 P-0940376-1991 5723.68 6-071409-000 14) 431 P-0936191-1990 768.64 6-07141 0-000 15) 432 P-0939037-1990 549.62 6-071411-000 16) 433 P-0939038-1990 2157. 20 6-071412-000 d) Que las parcelas indicadas en el hecho anterior, traslapan con la finca propiedad de mi representada número 22706-000 y, por consiguiente, debe ordenarse al IDA que restituya su posesión a mi representada. e) Que ni el IDA, ni las personas a quienes haya conferido la condición de beneficiarios, tienen derecho alguno sobre el inmueble propiedad de mí representada y, por consiguiente, debe ordenarse su salida inmediata del inmueble. f) Subsidiariamente, de considerar el Despacho la conveniencia social de mantener el nuevo asentamiento rural, incluyendo las parcelas que traslapan con la propiedad de mi representada, solicito se condene al IDA a indemnizar la totalidad de la finca de conformidad con el valor que determine un perito, más intereses hasta su efectivo pago. g) Que se condene al IDA al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada por la privación de la propiedad en referencia y que le han impedido su uso y disfrute, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. h) Que se condene al Instituto demandado al pago de ambas costas de este proceso. SEGUNDO: a) Que se expida mandamiento de la demanda e inmovilización, como medida preventiva, para que se anote sobre los siguientes planos catastrados y fincas inscritas en el Registro de la Propiedad: Plano catastrado Folio Real 1) P-0941832-1991 6-071397-000  2) P-0941772-1991 6-071398-000 3) P-0941831-1991 6-071399-000 4) P-0939031-1990 6-071400-000 5) P-0936192-1990 6-071404-000  6) P-0939030-1990 6-071401-000 7) P-0939029-1990 6-071402-000 8) P-0939028-1990 6-071403-000 9) P-0939027 -1990 6-071405-000 10) P-0939036-1990 6-071406-000 11) P-0939035-1990 6-071407-000 12) P-0932301-1990 6-071408-000 13) P-0940376-1991 6-071409-000 14) P-0936191-1990 6-071410-000 15) P-0939037 -1990 6-071411-000 16)P-0939038-1990 6-071412-000.." (imágenes 134 a 158 del expediente judicial en formato digital). Aclaración de la pretensión: El 19 de agosto del 2009, la parte actor llevó a cabo una aclaración a su pretensión, de la siguiente manera: "...1. Aclaro la pretensión dada en el escrito inicial, en cuanto a que solicito que en sentencia se declare la desinscripción o cancelación de la inscripción en el Registro de los folios reales ahí indicados, y además las cancelaciones de la inscripción en el Catastro Nacional de los Planos citados, los cuales reitero: Todos del Partido de Puntarenas: Folio Real Plano 71397-000 P- 941832-1990 71398-000 P- 941772-1990 71399-000 P- 941831 -1991 71400-000 P- 939031-1990 71401-000 P- 939030-1990 71402-000 P- 930029-1990 71403-000 P- 939028-1900 71404-000 P- 936192-1900 71405-000 P- 939027-1990 71406-000 P- 939036-1990 71407-000 P- 939035-1990 71408-000 P- 932303-1990 71409-000 P- 940376-1991 71410-000 P- 936191-1990 71411-000 P- 939037-1990 71412-000 P- 939038-1990 2. Siendo que lleva razón este juzgador, al indicar que se debe integrar como litis consorcio pasivo necesario a los 16 ocupantes de las fincas antes dichas, manifiesto lo siguiente: Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Agraria, solicito, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Código Procesal Civil, el cual reza en lo que nos interesa:"Para obtener una prórroga es necesario solicitarla antes de que venza el plazo principal, y alegar justa causa", se me conceda un plazo de UN MES a partir de la resolución que lo ordene, por cuanto esta representación deberá realizar un estudio minucioso ante el IDA, o las instancias pertinentes, para determinar e individualizar las parcelas y los poseedores actuales. Siendo que esta información NO es suministrada, por el IDA en el plazo otorgado mediante la resolución de las ocho horas ocho minutos del día siete de agosto del año dos mil nueve, solicito de manera respetuosa se prorrogue este plazo hasta por UN MES, con el fin de recopilar toda la información necesaria de los parcelarios actuales, que ocupan las dieciséis fincas en cuestión. 3. Cobro de Daños y Perjuicios: El motivo concreto que origina el cobro de los daños y perjuicios reclamados en la demanda son los siguientes: 3.1 Privación de la propiedad: con la privación de la propiedad se ha impedido a mi representada el uso y disfrute del bien inmueble en cuestión, as! como cualquier otro beneficio que se puede originar de la libre posesión y disposición del bien, como lo son: Uso y disfrute personal de bien Libre venta del bien Hipoteca o cualquier otra forma de Garantía del bien - Arrendamiento del bien - Y en cualquier otro modo la disposición de la libre propiedad del bien. Para referirme a la estimación específica de los daños ocasionados a mi representada, expreso lo siguiente: Al repartir el IDA todo el frente de la finca que colinda con la única calle de acceso principal, se deja a mi representada sin acceso al resto de la finca, esto ha ocasionado dos graves situaciones: la primera, que no puedo usar o disponer del resto de la finca; y la segunda, que con esta situación el IDA permitió que terceros ingresaran y se adueñaran del resto de la finca, abriendo caminos y trochas que desmejoran e imposibilitan ejercer mis derechos legales sobre la propiedad. A.) La empresa a la que represento, y aquí actora, tiene un proyecto dentro de la finca en conflicto, desde julio del año 2007, el cual consiste en rectificar 96.106 metros cuadrados (ver ante proyecto, titulado como Anexo 1). B). El terreno, donde están ubicadas las 16 parcelas otorgadas ilegalmente por el IDA, no pudieron formar parte del proyecto supra indicado. Así las cosas, en el cuadro adjunto a esta contestación titulado como Anexo 2, demuestro que si el suscrito hubiese desarrollado mi proyecto desde el año 2007, pude haber tenido la posibilidad de vender 273 lotes, para una ganancia de 269.096.800.00 (doscientos sesenta y nueve millones noventa y seis mil ochocientos colones). Manifiesto que estimo el daño ocasionado por este rubro en específico en la suma de ₡32.291.616.00 (treinta y dos millones doscientos noventa y un mil seiscientos dieciséis colones exactos), por año, monto que corresponde a los intereses dejados de percibir, a partir de la ganancia de los lotes no vendidos, al 1% mensual. Este monto deberá calcularse y liquidarse a partir del mes de julio del año 2007, fecha en que inició el proyecto dicho. Manifiesto que para realizar el cálculo de valor del metro cuadrado, se tomó como base el Avalúo del Terreno que consta en autos. En cuanto al tema específico de las 16 parcelas que asignó ilegalmente el IDA, sobre el terreno propiedad de mi patrocinada, manifiesto que, de conformidad con el cuadro titulado como Anexo 3, he dejado de percibir lo siguiente: El total del terreno es de 154.808.63 metros cuadrados, terreno que está debidamente individualizado, y que está dividido en los planos supra indicados. Este terreno tomando en cuenta el valor dado al metro cuadrado por el Peritaje que consta en autos, suma un valor total de: ₡619.234.520 . 00 (seiscientos diecinueve millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos veinte colones exactos), este monto lo ha dejado de percibir mi patrocinada, ya que no he tenido el poder de disposición sobre el terreno para venderlo. Sobre el indicado monto, realicé un cálculo, anual de intereses dejados de percibir, por la suma total de ₡374.308.142.40 (setenta y cuatro millones trescientos ocho mil ciento cuarenta y dos colones con cuarenta céntimos), monto que estimo como daño causado a mi patrocinada anualmente, por este rubro en específico. En resumen, estimo en específico este daño ocasionado a mi representada en la suma de 106.599.758.40 por año, a partir de julio del año 2007, hasta el momento de hacerse efectivo el pago de los mismos, más el interés legal correspondiente. 3.2 Eventual Proceso de Desalojo: Declarado con lugar el presente proceso, tendré que asumir un proceso de Desalojo en contra de los ocupantes actuales de las 16 parcelas, lo que además de ocasionarme un daño moral, como más adelante detallaré, me causa también un daño patrimonial, ya que me veré en la necesidad de afrontar un proceso Judicial o Administrativo de Desalojo, lo cual genera gastos y costas, las cuales estimo en la suma de ₡30.000.000.00 (Treinta millones de colones). 3.3 Daño Moral: Por el solo hecho de no poder disponer del bien en cuestión, el daño moral ocasionado a mi representada consiste en el dolor, la angustia, y la aflicción ocasionados por el hecho de tener una propiedad inmueble, que no puedo disponer. Me vi en la obligación de interponer reclamos administrativos ante el IDA, realizar una serie de gastos en levantamiento topográficos, avalúos y visitas al terreno con el fin de demostrar mi titularidad Todas esas acciones perturbatorias (sic9 por parte del IDA, me han ocasionado una serie de daños, tanto morales como materiales. En primer término, se me ha ocasionado un daño moral inmenso, tanto objetivo como subjetivo, pues por casi 3 años he tenido que acudir a distintas instancias administrativas y ahora judiciales en defensa de mi propiedad, lo cual me ha ocasionado angustia, preocupación, desvelos, miedo a perder mi propiedad (daño moral subjetivo), y ha sembrado dudas entre los pobladores de las comunidad del Alto Sábalo de Biolley, Potrero Grande, Buenos Aires de Puntarenas, al cuestionar mi derecho de posesión sobre el inmueble objeto de esta litis, lo cual ha perjudicado mi honor, respeto y honra (daño moral objetivo). Se me ha causado una modificación en mi estado de ánimo, que se ha traducido en un modo de estar diferente de aquél en que me hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, ya que anímicamente ha sido perjudicial. Por otra parte, he sufrido un perjuicio en mi psiquis, transgrediendo así mis derechos personalísimos, pues siento agraviada mi dignidad, mi honorabilidad, y sosiego, ya que nunca he sido una persona que pretenda lesionar o lastimar a otras, y con el presente proceso, en el mejor de los casos, y se otorgue lo aquí solicitado, me afecta psicológicamente, el pensar que varias familias que habitan actualmente las 16 parcelas en cuestión, se puedan quedar sin vivienda. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, tienen la posibilidad de quedar desvalidos, sin un lugar dónde vivir, el solo hecho de pensar en esto, me causa un gran dolor emocional, ya que cómo indiqué anteriormente, nunca he sido una persona capaz de causar daño a otro, y aunque claramente tengo definido en mi intelecto que NO ES MI CULPA lo que está ocurriendo, no puedo dejar de pensar en todas estas personas, y lo que van a sentir con respecto a mi persona después de concluido este proceso. Señor Juez, como lo demostraré a lo largo de este proceso, he sido una persona benévola en la comunidad, dónde están ocurriendo estos hechos, puedo demostrar que a título benéfico doné el terreno para la construcción de la Escuela de la localidad, y también doné el terreno necesario para la construcción de la Plaza de Deportes, por tanto, podrá su autoridad entender mi sentir, al saber que una Institución del Gobierno, como lo es el IDA, me ha colocado en una posición incómoda, frente a la mirada atónita de estas personas cuándo les indique que tienen que salir del terreno que por ley me pertenece. Tales daños los estimo de la siguiente manera: a) Por daño moral subjetivo: la suma de 90 millones de colones. b) Por daño moral objetivo: la suma de 20 millones de colones. Tómese en consideración, que el daño moral es subjetivo, y va en proporción directa con la parte afectiva del ser humano; es decir el grado de reacción ante las mismas circunstancias puede acarrear diferentes estados psicológicos dependiendo del sujeto, puede que a una persona le ofenda lo que a otra no. Los derechos que se protegen al implementarse la figura del daño moral son aquellos que protegen la paz, integridad, honorabilidad, y la salud mental y espiritual. 3.4 ESTIMACIÓN TOTAL DE DAÑOS Y PERJUICIOS: Estimo la totalidad de los Daños y Perjuicios ocasionados a mi persona en la suma de 353.199.516.80 (Trescientos cincuenta y tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis colones con ochenta céntimos), más el interés legal correspondiente, desde la fecha de su otorgamiento hasta la fecha del pago efectivo del mismo. Asimismo, solicito que al monto otorgado por daños y perjuicios, se le sume el valor adquisitivo por el valor del dinero en el tiempo..." (imágenes 197 a 204 del expediente judicial digital). Ampliación de la demanda y pretensión: El 24 de noviembre del 2009, la entidad jurídica accionante amplió su demanda y pretensión, en contra  de: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata,  Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Víctor Manuel Arredondo Bejarano y el Estado (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes), con las siguientes pretensiones: "...Solicito que en Sentencia se declare con lugar todos y cada uno de los extremos solicitados como pretensión en el escrito inicial de este proceso, y en cuanto a los parcelarios poseedores, aquí demandados, solicito que en sentencia se declare: a) Que desocupen la finca, propiedad de mi patrocinada, supra indicada, la cual han venido poseyendo de forma irregular e ilegal. b) Manifiesto en forma expresa que no tengo interés en cobrar a los ocupantes parcelarios, en su carácter de tales, ningún rubro por concepto de daños y perjuicios, ni costas de este proceso. e) Solicito se condene al Instituto de Desarrollo Agrario, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, así como ambas costas de este proceso. d) ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PREJUICIOS: reitero que este rubro lo cobro únicamente en cuanto al Instituto de Desarrollo Agrario, el cual ya había liquidado y justificado debidamente, en un escrito anterior, por la suma de ₡353.199.516.80 (Trescientos cincuenta y tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis mil quinientos dieciséis colones con ochenta céntimos), más el interés legal correspondiente, desde la fecha de su otorgamiento hasta la fecha del pago efectivo del mismo. Asimismo, solicito que al monto otorgado por daños y perjuicios se le sume el valor adquisitivo por el valor del dinero en el tiempo..." (imágenes 261 a 282 del expediente judicial). Luego, el día 12 de enero del 2012, la sociedad demandante amplió su demanda contra ICODER y JUNTA DE EDUCACIÓN DE SÁBALO, de la siguiente manera: "...Solicito que en Sentencia se declare con lugar todos y cada uno de los extremos solicitados como pretensión en el escrito inicial de este proceso, y en cuanto a los parcelarios poseedores, aquí demandados, solicito que en sentencia se declare: a) Que desocupen la finca, propiedad de mi patrocinada, supra indicada, la cual han venido poseyendo de forma irregular e ilegal. b) Manifiesto en forma expresa que no tengo interés en cobrar a los ocupantes parcelarios, en su carácter de tales, ningún rubro por concepto de daños y perjuicios, ni costas de este proceso. e) Solicito se condene al Instituto de Desarrollo Agrario, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, así como ambas costas de este proceso. d) ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PREJUICIOS: reitero que este rubro lo cobro únicamente en cuanto al Instituto de Desarrollo Agrario, el cual ya había liquidado y justificado debidamente, en un escrito anterior, por la suma de ₡353.199.516.80 (Trescientos cincuenta y tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis mil quinientos dieciséis colones con ochenta céntimos), más el interés legal correspondiente, desde la fecha de su otorgamiento hasta la fecha del pago efectivo del mismo. Asimismo, solicito que al monto otorgado por daños y perjuicios se le sume el valor adquisitivo por el valor del dinero en el tiempo..." (imágenes 649 a 669 del expediente judicial). Posteriormente, el 20 de abril del 2015, amplió su demanda contra Luis Fernando Rodríguez Barrantes: "...Solicito que en Sentencia se declare con lugar todos y cada uno de los extremos solicitados como pretensión en el escrito inicial de este proceso, y en cuanto a los parcelarios poseedores, aquí demandados, solicito que en sentencia se declare: a) Que desocupen la finca, propiedad de mi patrocinada, supra indicada, la cual han venido poseyendo de forma irregular e ilegal. b) Manifiesto en forma expresa que no tengo interés en cobrar a los ocupantes parcelarios, en su carácter de tales, ningún rubro por concepto de daños y perjuicios, ni costas de este proceso. e) Solicito se condene al Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, así como ambas costas de este proceso. d) ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PREJUICIOS: reitero que este rubro lo cobro únicamente en cuanto al Instituto de Desarrollo Agrario, el cual ya había liquidado y justificado debidamente, en un escrito anterior, por la suma de ₡353.199. 516.80 (Trescientos cincuenta y tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis mil quinientos dieciséis colones con ochenta céntimos), más el interés legal correspondiente, desde la fecha de su otorgamiento hasta la fecha del pago efectivo del mismo. Asimismo, solicito que al monto otorgado por daños y perjuicios se le sume el valor adquisitivo por el valor del dinero en el tiempo. ..."  (imágenes 871 a 891 del expediente judicial digital). El 4 de marzo del 2019 presentó desistimiento parcial de sus pretensiones reivindicatorias, en los siguientes términos: "...En razón de la infinidad de personas que ocupan el inmueble propiedad de mi representada, de las cuales muchas son desconocidas por el suscrito, y con la finalidad de obtener tutela judicial efectiva al tenor del artículo 41 de la Carta Magna, mi mandante desiste de los extremos reivindicatorios y conserva únicamente el régimen indemnizatorio contra el Instituto de Desarrollo Rural. Aunado a lo anterior, es importante indicar que mi representada no desea ocasionar un colapso social con un posible desalojo de las personas que invaden el terreno por el actuar deficiente del INDER. En ese orden de ideas, al tratarse de una demanda indemnizatoria únicamente enarbolada contra el INDER, lo pertinente es seguir tramitando este proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por haber un decaimiento sobrevenida de la competencia de esta jurisdicción. En concreto el proceso versará únicamente sobre la indemnización adeudada, por un funcionamiento anormal de la Administración en los términos de los artículos 190 y siguientes de la LGAP, no sobre la posesión o titularidad del bien. Así las cosas, téngase por desistida la demanda en cuanto a la pretensión del proceso, ordénese el desistimiento sin especial condenatoria en costas, continúese el proceso, tan solo en contra del INDER, y remítanse los autos al Tribunal Contencioso Administrativo, por haber perdido competencia objetiva este órgano..." (imágenes 1572 a 1573 del expediente judicial digital). Aclaración de pretensiones el 27 de octubre del 2022: "...Tal y como consta en autos, se desistió parcialmente de las pretensiones enarboladas inicialmente en el escrito de demanda, puntualmente, se desistió de la solicitud reivindicatoria y se conservó únicamente la indemnizatoria por ese despojo de la propiedad por parte del demandado. En ese orden de ideas, elenco pretensional quedaría de la siguiente manera: “Con fundamento en los hechos expuestos y argumentos jurídicos indicados, solicito que en sentencia se declare: 1. La nulidad absoluta de los siguientes acuerdos: A) Acuerdo número 22, adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en sesión ordinaria número 26-2007, celebrada el 13 de agosto del 2007 en virtud del cual rechazó el reclamo administrativo formulado por mi representada; B) Acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en artículo No. 38 de la Sesión Ordinaria 033-2008, celebrada el 22 de setiembre del 2008, en el cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por mi representada contra el citado acuerdo número 22. 2. Que mi representada, Momo de Occidente S.A., es la dueña legítima y exclusiva del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Puntarenas bajo el sistema de Folio Real, Matrícula número 22706-000, y que se describe así: terreno para agricultura, ubicado en el Distrito Potrero Grande, tercero del cantón de Buenos Aires, tercero de la provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: al norte con límite de proyecto, al sur con Marcelino Santos Zapata, calle pública y Ramón Zapata; al este con Marcelino Santos Zapata, Calle Pública y límite del proyecto; y al oeste con Marco Nájera y Límite del Proyecto, con una medida de 618.889.26 metros cuadrados, plano Catastrado número P-0026582-1975. 3. En un actuar ilegal se generaron segregaciones traslapadas con la propiedad de Momo de Occidente S.A, lo cual generaron un despojo total de la propiedad. 4. Solicito se condene al INDER a indemnizar la totalidad de la finca despojada con su actuar ilegal, de conformidad con el valor que determine un perito, más intereses hasta su efectivo pago. 5. Que se condene al INDER al pago de los daños y perjuicios en abstracto, los cuales se liquidaran en etapa de ejecución de sentencia. 6. Que se condene al INDER al pago de ambas costas de este proceso..."  (imágenes 1693 a 1694 del expediente judicial digital). En la audiencia preliminar del 23 de octubre del 2023, se ajustaron las pretensiones de la siguiente manera: "...13:55 La Jueza indica que la pretensión se encuentra visible a imágenes 1693 y 1694 del expediente judicial. Seguidamente, el representante de la parte actora manifiesta que desiste de la pretensión #1, manteniendo incólumes las restantes pretensiones. 13:57 El representante del INDER manifiesta que no tiene oposición con respecto al desistimiento de la pretensión #1, no obstante, solicita que se aclare la pretensión

#5. 13:58 La Jueza procede a realizar la fundamentación correspondiente e indica que en virtud de que este asunto pasó a ser un proceso civil de hacienda la pretensión 14:02 Se concede la palabra al representante de la parte actora. 14:03 La Jueza realiza la fundamentación respectiva y decide declarar sin lugar el recurso planteado. En este orden, procede a fijar el objeto del proceso en los términos indicados en el memorial visible a imágenes 1693 y 1694 del expediente judicial, tomando en consideración el desistimiento planteado en esta audiencia..." (imágenes 1786 a 1794 del expediente judicial en formato digital). En el juicio oral y público, celebrado el 3 de octubre del 2024, las pretensiones fueron leídas a las partes y confirmadas por éstas (ver minuta en imágenes 1875 a 1881 del expediente judicial y soporte audiovisual).

 

2.- Que el 24 de noviembre del 2008, la persona juzgadora de trámite contenciosa, de oficio apreció la incompetencia y concedió audiencia a las partes (imágenes 161 a 162 del expediente judicial).

 

3.- Que el 27 de febrero del 2009, la jueza de la fase preliminar decretó la incompetencia (imágenes 171 a 176 del expediente judicial digital).

 

4.- Que el 1 de junio del 2009, Juzgado Agrario de la Zona Sur se declaró incompetente (imagen 180 del expediente judicial en formato digital).

 

5.- Que el 26 de junio del 2009, mediante la resolución 468-C-09, de las catorce horas diez minutos, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, remitió el asunto al  Juzgado Agrario de Pérez Zeledón (imágenes 185 a 187 del expediente judicial en formato digital).

 

6.- Que el 7 de agosto del 2009, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón se arrogó la tramitación de la causa hasta su fenecimiento e integró a los ocupantes del predio en la litis (imágenes 195 a 196 del expediente judicial digital).

 

7.- Que el 19 de agosto de 2009, la parte actora aclaró y amplió la pretensión, como se reseñó en el resultando primero de este fallo (imágenes  197 a 204 del expediente judicial en formato digital).

 

8.- Que el 22 de setiembre del 2009, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón le concedió a la sociedad demandante plazo para integrar litis consorcio (imagen 217 del expediente judicial digital).

 

9.- Que el 4 de noviembre del 2009, la parte actora indicó los nombres de los demandados, que debían integrar la litis a saber: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata,  Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, y Víctor Manuel Arredondo Bejarano (imágenes 220 a 228 del expediente judicial en formato digital).

 

10.- Que el 19 de noviembre del 2009, Juzgado Agrario de Pérez Zeledón le previno a la entidad demandante ampliar demanda para cada una de las personas que había indicado, eran los ocupantes del terreno en cuestión (imagen 260 del expediente judicial digital).

 

11.- Que el 24 de noviembre del 2009, la sociedad accionante amplió pretensiones contra: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Víctor Manuel Arredondo Bejarano y el Estado (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes), como se explica en el resultando primero de esta resolución (imágenes 261 a 282 del expediente judicial digital).

 

12.- Que el 15 de febrero 2010, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón tuvo por establecido proceso contra el INDER, el Estado, Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata y Víctor Manuel Arredondo Bejarano (imágenes 286 a 294 del expediente judicial).

 

13.- Que el 29 de abril del 2010, contestaron la demanda Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Alonso Guzmán Chaves e interpusieron las defensas de prescripción, falta de la integración en la litis de cuarenta parceleros más, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de derecho (imágenes 309 a 314 del expediente judicial digital). También, Domingo Santos Zapata contestó la demanda (imágenes 338 a 341 del expediente digital). De igual modo,  Alonso Guzmán Chaves presentó contrademanda (imágenes 344 a 347 del expediente judicial digital).

 

14.- Que el 30 de abril del 2010, el Estado contestó la demanda e interpuso la defensa de falta de integración de la litis por parte del ICODER y de la Junta Administrativa de la Escuela de Sábalo), falta legitimación ad causam pasiva y falta de derecho (imágenes 315 a 325 del expediente judicial digital).

 

15.- Que el 5 de mayo del 2010, el INDER contestó la demanda en forma negativa e interpuso las defensas de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, así como expresión arcaica de "sine actione agit". (imágenes 389 a 401 del expediente judicial). A la vez, interpuso contrademanda en contra de Momo de Occidente S.A, con las siguientes pretensiones: "...Solicito que en sentencia se declare lo siguiente: Principal: a- Se declare que el Instituto de Desarrollo Agrario es el único propietario con posesión mediata del inmueble de marras y que ha operado a mi favor la prescripción positiva sobre la finca inscrita a nombre de la actora. b- Se ordena la cancelación en el Registro Público de la Finca de Puntarenas con matrícula de Folio Real número 22.706-000, que aparece a nombre de la actora. Por existir doble inscripción. c- Se condene a la actora a pagar a mi representada todos los daños y perjuicios ocasionados por su actuar en relación con la finca de Puntarenas número 22.706-000. d- Se condene a la contrademandada, Momo de Occidente S.A., al pago de ambas costas del proceso..." (imágenes 516 a 520 del expediente judicial en formato digital). En la audiencia preliminar del 23 de octubre del 2023, las pretensiones de la contrademanda, se fijaron de la siguiente manera: "...15:34 La Jueza indica que la pretensión se encuentra visible a imágenes 519 y 520 del expediente judicial. Seguidamente, el representante de la parte reconventora ajusta la pretensión en el siguiente sentido: en la pretensión a) Se declare que el Instituto de Desarrollo Agrario, ahora INDER, es el único propietario con posesión mediata del inmueble de marras, que es el que se indica con la escritura realizada N° 5 del Tomo IV del protocolo de la notaria Ana Victoria Mora Mora otorgada a las dieciséis horas del 15 de junio de 1980 y el folio real número 22706-000 y que ha operado a mi favor la prescripción positiva sobre la finca inscrita a nombre de la actora y en la pretensión d) se adiciona el pago de los intereses legales que se generen hasta su efectivo pago. 15:37 El representante de la parte reconvenida solicita que la pretensión c) sea aclarada. 15:38 El representante del INDER manifiesta que desiste de la pretensión c), únicamente quedarían las pretensiones a), b) y d). 15:39 La Jueza procede  a fijar el objeto del proceso en los términos indicados en la contrademanda, con el ajuste realizado en esta audiencia y tomando en consideración el desistimiento de la pretensión c) planteado..." (soporte audiovisual e imágenes 1786 a 1794 del expediente judicial)

 

16.- Que el 6 de mayo del 2006, Valeria Villanueva Vega, Juan Gerardo Díaz Vega, Marcelino Santos Zapata, Mireya Zapata Zapata y Arcenio Santos Zapata contestaron la demanda e interpusieron reconvención (imágenes 548  a 558 del expediente judicial digital).

 

17.- Que el 8 de setiembre del 2010, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, tuvo por contestadas las demandas de Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Valeria Villanueva Vega, Juan Gerardo Diaz Vega, Marcelino Santos Zapata, Mireya Zapata Zapata y Arcenio Santos Zapata, así como la del Estado y la del INDER en tiempo y forma (imagen 572 del expediente judicial digital).

 

18.- Que el 11 de setiembre del 2010, la sociedad demandante se refirió a la  contestación de la demanda del INDER (imágenes  574 a 581 de expediente judicial digital). De igual modo, contestó negativamente la reconvención e interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa. Alegó la "sine actione agit" (imágenes 602 a 607 del expediente judicial digital).

 

20.- Que el 4 marzo 2011, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, previno a la accionante, toda vez que faltaba integrar en la litis al ICODER y la Junta de Educación de Sábalo (imagen 622 del expediente judicial digital).

 

21.- Que el 29 de marzo del 2011, la entidad mercantil accionante presentó un escrito indicando que la integración de la litis se había dado, toda vez que fue notificado el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, por lo que resultaba innecesario traer al proceso al ICODER o a la Junta de Educación (imágenes 624 a 628 del expediente judicial digital).

 

22.- Que el 14 de junio del 2011, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón previno a Momo de Occidente S.A., para que indicara el nombre de los dieciséis parceleros demandados que ocupaban el inmueble (imagen 632 del expediente judicial digital).

 

23.- Que el 27 de junio 2011, la sociedad demandante le informó al Juzgado Agrario de Pérez Zeledón que no conocía ningún otro poseedor del inmueble (imágenes  634 a 636 del expediente judicial).

 

24.- Que el 6 de diciembre del 2011, Juzgado Agrario de Pérez Zeledón rechazó la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva interpuesta por el Estado, de igual modo denegó la de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario interpuestas por Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata e INDER. Además, reservó para el dictado de la sentencia, la resolución de la defensa de prescripción, interpuesta por las partes mencionadas anteriormente. Finalmente, ordenó integrar a Sindy Navarro Cruz (imagen 638 del expediente judicial).

 

25.- Que el 12 de enero del 2012, la accionante amplió su demanda contra el ICODER, la Junta Educación de Sábalo y de Sindy Navarro Cruz (imágenes 646 a 692 del expediente judicial digital).

 

26.-Que el 23 de abril del 2012, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón concedió el traslado la demanda al ICODER, a la Junta de Educación de la Escuela de Sábalo y a Sindy Navarro Cruz (imágenes 710 a 711 del expediente judicial).

 

27.- Que el 5 de junio del 2012, la Escuela de Sábalo se apersonó al proceso (imágenes 730 a 733 del expediente judicial digital).

 

28.- Que el 13 de junio del 2012, Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, reservó referirse al apersonamiento y manifestaciones de la Junta de Educación de la Escuela de Sábalo en la que llevó a cabo algunas manifestaciones sin contestar la demanda (imagen  737 del expediente judicial).

 

29.- Que el 6 de junio del 2012, el ICODER contestó en forma negativa la demanda e interpuso la defensa de prescripción (imágenes 739 a 741 del expediente judicial en formato digital).

 

30.- Que el 13 de diciembre del 2012, se apersonó como tercero interesado Luis Fernando Rodríguez Barrantes (imagen 763 a 764 del expediente judicial digital).

 

31.- Que el 17 de diciembre del 2012, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón tuvo por apersonado a Luis Fernando Rodríguez Barrantes como tercero interesado (imagen 769 del expediente judicial digital).

 

32.- Que el 8 de enero del 2015, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón declaró rebelde a Sindy Navarro Cruz (imagen 803 del expediente judicial digital).

 

33.- Que el 18 de enero del 2015, la entidad jurídica actora se refirió a la contestación del ICODER, así como a las reconvenciones de Domingo Santos Zapata, Alonso Guzmán Chaves, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Juan Díaz Vega, Marcelino Santos Zapata y Arecenio Santos Zapta (imágenes 825 a 837 del expediente judicial digital).

 

34.- Que el 25 de marzo del 2015, Juzgado Agrario de Pérez Zeledón tuvo por contestada afirmativamente la demanda por parte de la Junta de Educación de la Escuela de Sábalo (imagen 866 del expediente judicial digital).

 

35.- Que el 20 de abril del 2015, la sociedad accionante, Momo de Occidente demandó a Luis Fernando Rodríguez Barrantes (imágenes 893 a 913 del expediente judicial digital).

 

36.- Que el 4 de mayo de 2015, el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, concedió el traslado de la demanda a Luis Fernando Rodríguez Barrantes (imagen 915 del expediente judicial digital).

 

37.- Que el 9 de junio del 2015, Luis Fernando Rodríguez Barrantes contestó la  demanda en su contra (imágenes 936 a 941 del expediente judicial digital).

 

38.- Que el 11 de junio del 2015, Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, con vista de la nueva circular referente a la competencia territorial, trasladó el asunto al Juzgado Agrario de Buenos Aires (imagen 941 del expediente judicial digital).

 

39.- Que el 12 de agosto del 2015, Juzgado Agrario de Buenos Aires se arrogó el conocimiento de la causa (imagen 948 del expediente judicial digital).

 

40.- Que el 9 de noviembre de 2015, el Juez del Juzgado Agrario de Buenos Aires se inhibió para conocer el proceso (imagen 971 del expediente judicial digital).

 

41.- Que el 14 de enero del 2016, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante el voto 13-C-16,  dirimió el conflicto e indicó que el competente era el Juzgado Agrario de Buenos Aires (imágenes 983 a 988 del expediente judicial digital).

 

42.- Que el 2 de octubre del 2018, Juzgado Agrario Buenos Aires, convocó a audiencia en el lugar de los hechos (imagen 1470 del expediente judicial digital).

 

43.- Que el 15 de enero del 2019, Juzgado Agrario de Buenos Aires ordenó excluir al Estado del proceso (imagen 1553 del expediente judicial).

 

44.- Que el 17 de enero del 2019, se inició la audiencia señalada en el Carmen de Biolley, de Buenos Aires de Puntarenas, no obstante fue suspendida para integrar la litis con otros ocupantes más (imagen 1555 del expediente judicial digital).

 

45.- Que el 4 de marzo del 2019, la sociedad actora presentó desistimiento de su pretensión reivindicatoria, en los siguientes términos: "...En razón de la infinidad de personas que ocupan el inmueble propiedad de mi representada, de las cuales muchas son desconocidas por el suscrito, y con la finalidad de obtener tutela judicial efectiva al tenor del artículo 41 de la Carta Magna, mi mandante desiste de los extremos reivindicatorios y conserva únicamente el régimen indemnizatorio contra el Instituto de Desarrollo Rural. Aunado a lo anterior, es importante indicar que mi representada no desea ocasionar un colapso social con un posible desalojo de las personas que invaden el terreno por el actuar deficiente del INDER. En ese orden de ideas, al tratarse de una demanda indemnizatoria únicamente enarbolada contra el INDER, lo pertinente es seguir tramitando este proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por haber un decaimiento sobrevenida de la competencia de esta jurisdicción. En concreto el proceso versará únicamente sobre la indemnización adeudada, por un funcionamiento anormal de la Administración en los términos de los artículos 190 y siguientes de la LGAP, no sobre la posesión o titularidad del bien. Así las cosas, téngase por desistida la demanda en cuanto a la pretensión del proceso, ordénese el desistimiento sin especial condenatoria en costas, continúese el proceso, tan solo en contra del INDER, y remítanse los autos al Tribunal Contencioso Administrativo, por haber perdido competencia objetiva este órgano..." (imagen 1572 del expediente judicial digital).

 

46.- Que el 18 de marzo del 2019, el Juzgado Agrario de Buenos Aires, confirió audiencia a los demandados sobre la solicitud de desistimiento formulada por la sociedad actora (imagen 1574 del expediente judicial digital).

 

47.- Que el 22 de marzo del 2019, el INDER se opuso al desistimiento que presentó la entidad jurídica privada accionante (imágenes 1587 a 1588 del expediente judicial).

 

48.- Que el 18 de junio del 2019, el Juzgado Agrario de Buenos Aires, en relación con el desistimiento de la demanda resolvió: "...Por parte del actor Momo de Occidente S.A se tiene por desistida la demanda, en consecuencia se da por terminado el presente asunto y se ordena se archivo. Sáquese del libro de entradas que para los efectos lleva este despacho. Se condena a la parte actora a las costas; los daños y perjuicios ocasionados a las partes contrarias con dicho desistimiento..." (imagen 1595 del expediente judicial).

 

49.- Que el 21 de junio del 2019, el actor presentó recurso en contra de la resolución de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se acogió su desistimiento, se archivó la causa y se le condenó en costas (imagen 1596 del expediente judicial en formato digital).

 

50.- Que el 23 de agosto del 2019, mediante la resolución de las siete horas cinco minutos, el Juzgado Agrario de Buenos Aires resolvió lo siguiente: "...Se revoca la resolución de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, y en su lugar se resuelve: conforme lo solicita la parte actora, en su escrito de fecha veintiuno de junio del presente año, se desiste de la pretensión reivindicatoria establecida en la demanda inicial. Continúese con los procedimientos en cuanto a la pretensión indemnizatoria contra el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), desistiendo en contra de los demandados restantes. Asimismo, se mantiene la condenatoria de costas, daños y perjuicios ocasionados a las partes contrarias con dicho desistimiento..." (lo destacado no es del original, imagen 1615 del expediente judicial).

 

51.- Que el 6 de diciembre del 2019, Juzgado Agrario de Buenos Aires presentó inhibitoria para conocer del asunto, con motivo del desistimiento de las pretensiones reivindicatorias agrarias, al quedar únicamente el INDER como demandado y reconventor y por tratarse de un asunto civil de hacienda de responsabilidad (imagen  1628 del expediente judicial).

 

52.- Que el 5 de mayo del 2020, Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, mediante el voto n° 401-C-20, aprobó la inhibitoria y envió el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa (imagen 1649 a 1653 del expediente judicial).

 

53.- Que el 31 mayo 2022, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución 001292-C-S1-2022, declaró que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (imágenes 1676 a 1679 del expediente judicial digital).

 

54.- Que el 4 octubre 2022, jueza trámite contencioso previno a Momo de Occidente S.A., aclarara cuáles eran las pretensiones del proceso (imagen 1690 del expediente judicial digital).

 

55.- Que el 27 de octubre del 2022, la parte actora aclaró pretensiones ante solicitud de la jueza de trámite del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: "...Tal y como consta en autos, se desistió parcialmente de las pretensiones enarboladas inicialmente en el escrito de demanda, puntualmente, se desistió de la solicitud reivindicatoria y se conservó únicamente la indemnizatoria por ese despojo de la propiedad por parte del demandado. En ese orden de ideas, elenco pretensional quedaría de la siguiente manera: “Con fundamento en los hechos expuestos y argumentos jurídicos indicados, solicito que en sentencia se declare: 1. La nulidad absoluta de los siguientes acuerdos: A) Acuerdo número 22, adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en sesión ordinaria número 26-2007, celebrada el 13 de agosto del 2007 en virtud del cual rechazó el reclamo administrativo formulado por mi representada; B) Acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en artículo No. 38 de la Sesión Ordinaria 033-2008, celebrada el 22 de setiembre del 2008, en el cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por mi representada contra el citado acuerdo número 22. 2. Que mi representada, Momo de Occidente S.A., es la dueña legítima y exclusiva del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Puntarenas bajo el sistema de Folio Real, Matrícula número 22706-000, y que se describe así: terreno para agricultura, ubicado en el Distrito Potrero Grande, tercero del cantón de Buenos Aires, tercero de la provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: al norte con límite de proyecto, al sur con Marcelino Santos Zapata, calle pública y Ramón Zapata; al este con Marcelino Santos Zapata, Calle Pública y límite del proyecto; y al oeste con Marco Nájera y Límite del Proyecto, con una medida de 618.889.26 metros cuadrados, plano Catastrado número P-0026582-1975. 3. En un actuar ilegal se generaron segregaciones traslapadas con la propiedad de Momo de Occidente S.A, lo cual generaron un despojo total de la propiedad. 4. Solicito se condene al INDER a indemnizar la totalidad de la finca despojada con su actuar ilegal, de conformidad con el valor que determine un perito, más intereses hasta su efectivo pago. 5. Que se condene al INDER al pago de los daños y perjuicios en abstracto, los cuales se liquidaran en etapa de ejecución de sentencia. 6. Que se condene al INDER al pago de ambas costas de este proceso..." (imágenes 1693 a 1694 del expediente judicial).

 

56.- Que el 9 de enero del 2023, mediante resolución de las diez horas treinta y cuatro minutos, la persona juzgadora de la etapa preliminar, resolvió lo siguiente: "...En virtud del desistimiento ya resuelto en autos y la aclaración de pretensiones realizada por la parte accionante en fecha 27 de octubre del año 2022, se les solicita a los reconventores Domingo Santos Zapata, Alonso Guzmán Chaves, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Marcelino Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata y Juan Gerardo Díaz Vega que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES manifiesten en forma expresa si desean continuar con las contrademandas planteadas...." (imagen 1698 del expediente judicial). Ese mismo día, mediante resolución de las once horas veintisiete minutos, resolvió lo siguiente: "...Entendiendo que la demanda únicamente se dirige contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), de acuerdo a las resoluciones dictadas a las catorce horas y cincuenta y tres minutos del dieciocho de junio del año dos mil diecinueve y siete horas y cinco minutos del veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve, aunado a lo resuelto por la Sala Primera mediante resolución N° 1292-C-S1-2022 de las nueve horas y veintiún minutos del treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, teniendo claridad de las pretensiones de la demanda, de conformidad con el artículo 95 del Código Procesal Contencioso Administrativo se concede audiencia al INDER por el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para que se refiera al respecto... (imagen 1700 del expediente judicial).

 

57.- Que el 1 de febrero del 2023, el INDER se refirió a la oposición de la reconvención (imágenes 1718 a 1721 del expediente judicial).

 

58.- Que el 3 de febrero del 2024, el INDER se pronunció en relación con el ajuste de pretensiones que realizó la sociedad demandante (imágenes 1732 a 1740 del expediente judicial).

 

59.- Que el 16 de junio del 2023, mediante resolución de las doce horas dieciséis minutos, resolvió lo siguiente: "...Visto el escrito de fecha 30 de enero del año en curso suscrito por la Defensora Pública Licda. Nubia Miranda Pérez, se le previene que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES aporte la solicitud de desistimiento de la contrademanda de conformidad con el artículo 113.1 del Código Procesal contencioso Administrativo debidamente firmada por los contrademandantes Domingo Santos Zapata y Alonso Guzmán Chaves. Lo anterior, bajo apercibimiento de no atender futuras gestiones…" (imagen 1743 del expediente judicial). Ese mismo día, mediante resolución de las doce horas treinta minutos se resolvió lo siguiente: "...Con respecto a los memoriales de fechas 14 de enero del 2020 y 20 de abril del presente año, en los cuales se solicita ejecución de sentencia, conforme lo disponen los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, se remiten los autos al área de Ejecución de este Tribunal para lo que corresponda…" (imagen 1744 del expediente judicial).

 

60.- Que el 28 de julio del 2023, mediante resolución de las trece horas cuarenta minutos, mediante resolución 1038-2023, la jueza tramitadora resolvió lo siguiente: "...Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con el artículo 113 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se acoge la solicitud de desistimiento de las reconvenciones interpuestas por Domingo Santos Zapata y Alonso Guzmán Chaves. Se resuelve sin especial condenatoria en costas…" (imágenes 1758 a 1760 del expediente judicial).

 

61.- Que el 15 de agosto del 2023, mediante resolución de las ocho horas cinco minutos, la jueza de trámite resolvió: "...De una revisión minuciosa de la "reconvención" planteada por Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Marcelino Santos Zapata, Domingo Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega y Arcenio Santos Zapata (ver imágenes 551 y siguientes del expediente judicial), se desprende que se interpuso únicamente contra el Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER) y no contra MOMO DE OCCIDENTE S.A., por lo anterior, se anula parcialmente la resolución de las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del ocho de enero del año dos mil quince, sólo en cuanto tuvo por interpuesta la reconvención y emplaza a Momo de Occidente S.A. (ver imagen 806 del expediente judicial), quien -se reitera- es el actor en este asunto. Ahora bien, siendo que no existe conexidad entre la demanda y la contrademanda indicada, en los términos del artículo 7.3 y 38.1 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en esta jurisdicción en virtud del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo; procedan los accionantes indicados, si es su interés, a presentar proceso independiente, consideren que el escrito de demanda debe contemplar las formalidades que establece el artículo 58 Código Procesal Contencioso Administrativo (demanda a la que se le asignará un número de expediente diferente). En consecuencia de lo anterior, no se continuará con el trámite del escrito denominado "reconvención", por lo ordenado en esta resolución…" (imágenes 1766 a 1767 del expediente judicial).

 

62.- Que el 23 de octubre del 2023, se celebró la audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en sistema digital, en la que se fijaron las pretensiones, conforme se reseñó en el resultando primero de este fallo, así como en el quince. En esa oportunidad se analizaron aspectos de saneamiento, se aclararon las pretensiones, se dispusieron los hechos controvertidos y se procedió a la admisión tanto de la prueba documental como la confesional y testimonial (soporte audiovisual e imágenes 1786 a 1794 del expediente judicial).

 

63.- Que el 3 de noviembre del 2023, el asunto fue turnado a la Sección Quinta del Tribunal (imagen 1795 del expediente judicial digital).

64.- Que el 9 de febrero del 2024, con motivo del acomodo de agendas que debió llevar a cabo el Tribunal, a raíz del Rediseño, se llevó a cabo el señalamiento a juicio para los días 3, 16 y 17 de octubre del 2024 (imágenes 1709 a 1802 del expediente judicial digital).

 

65.- Que el 11 de setiembre del 2024, el Tribunal realizó el recordatorio del juicio para celebrarse los días 3, 16 y 17 de octubre del 2024 (imágenes 1823 a 1829 del expediente judicial digital). 

 

66.- Que el 3 de octubre del 2024, se celebró el juicio oral y público. El Tribunal rechazó la declaración de Margarita Elizondo Jiménez, ofrecida como prueba para mejor resolver y admitió la sustitución del testigo Alonso Guzmán Chaves por Domingo Santos Zapata. Las conclusiones se dejaron para que las partes las hicieran por escrito (soporte audiovisual e imágenes 1875 a 1881 del expediente judicial en formato digital). 

 

67.- En el proceso ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 82.1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, previa deliberación de rigor y por unanimidad.

 

Redacta el juez Mena García con el voto afirmativo de la juzgadora Sánchez Navarro y del juzgador Giusti Soto;

 

Considerando

 

I.- Hechos probados (útiles para resolver el caso). 1) Que el 19 de mayo de 1976, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), segregó de su finca 18.777 una finca que vendió por la suma de mil seiscientos cinco colones al señor Jacinto Sequeira García, con el número 22.706, con una medida de sesenta y dos hectáreas, dos mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en el distrito tercero, cantón tercero, de la Provincia de Puntarenas  (imagen 53 del expediente administrativo aportado por el INDER en formato digital PDF, con el nombre de "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 2) Que el 15 de junio de 1980, mediante escritura pública número cinco, ante la Notaria Ana Victoria Mora Mora y el Notario Jorge Manuel Solano Chinchilla, el señor Osborne Lamoree Duesing, le traspasó en venta, al ITCO un inmueble sin inscribir denominado "Finca Colorado", ubicado en el distrito tres, cantón tercero de la Provincia de Puntarenas, compuesto por catorce lotes y fincas, que en el terreno formaban una sola unidad, que era terreno para la agricultura con potreros y montaña, con algunas construcciones, con una medida de tres mil ciento cuarenta y nueve hectáreas ocho mil quinientos ochenta y seis metros noventa y seis decímetros cuadrados, por el precio de cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis colones con ochenta y cinco céntimos (imágenes 501 a 508 del expediente judicial en formato digital). 3) Que el 6 de diciembre de 1983, Jacinto Sequeira García, le vendió la finca número 22706 a la Sociedad Parcelas y Lotes Agrícolas de Costa Rica S.A., representada por Carlos Guillermo Liebhaber Villanueva (imagen 53 del expediente administrativo aportado por el INDER en formato digital PDF, con el nombre de "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 4) Que el 17 de noviembre de 1989, Carlos Guillermo Liebhaber Villanueva, le vendió la finca la número 22706 a Wilson Soto Mora (imágenes 66 a 73 del expediente administrativo aportado por el INDER en formato digital PDF, con el nombre de "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 5) Que el 4 de febrero de 1991, en el artículo VI de la sesión 10-91 de la Junta Directiva del IDA, se aprobó la segregación, y adjudicación de 289 parcelas que corresponde a la entrega número 1 del asentamiento Gromaco (imágenes 447 a 448 y 449 a 466 del expediente judicial en formato digital). 6) Que el 6 de agosto del 2003, ante el Notario Juan Carlos Castillo Quirós, el señor Wilson Soto Mora, le vendió a Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A), la finca 22706-000 (imágenes 117 a 118 del expediente administrativo aportado por el INDER en formato digital PDF, con el nombre de "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 7) Que el 11 de junio del 2007, al ser las catorce horas, compareció ante la Notaria Cinthia Villalobos Miranda el señor Carlos Huertas Barboza en su doble condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A) y de Momo de Occidente S.A.; mediante la escritura pública 399 la primera sociedad, vendió a la segunda, por la suma de ₡500.000 (quinientos mil colones), la finca inscrita bajo el sistema de folio real 22706-000, de la Provincia de Puntarenas, que se describe de la siguiente manera: con naturaleza de terreno para agricultura, situado en el distrito tres, Potrero Grande, Cantón de Buenos Aires; limita al norte con límite de proyecto; al sur con Marcelino Santos Zapata, calle pública y límite del proyecto; al oeste con Marco Nájera y límite de proyecto; con una medida de seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve metros con veintiséis decímetros cuadrados (618.889,26), plano catastrado P-0026582-1975  (imágenes 586 a 589 del expediente judicial en formato digital). Desde el momento de la adquisición de la finca 22706-000, la sociedad accionante no ha entrado en posesión del bien inmueble, tampoco ha realizado ninguna obra de infraestructura. A la vez, el señor Carlos Huertas Barboza, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad actora, conocía que el terreno se encontraba ocupado por personas particulares desde antes de mil novecientos y hasta la fecha en la que rindió su declaración confesional (escuchar declaración confesional bajo juramento, del representante de Momo de Occidente S.A., Carlos Huertas Barboza en soporte audiovisual del juicio oral y público). 8) Que el 29 de junio del 2007, el Registro Público de la Propiedad Inmueble inscribió traspaso de la finca  22706-000 del Partido de Puntarenas a nombre de la sociedad accionante (imágenes 6 y 589 del expediente judicial en formato digital). 9) Que el 6 de julio del 2007, la sociedad accionante requirió al IDA la devolución de su propiedad bajo el folio real del Partido de Puntarenas 22706-000, que fue dividida en parcelas a nombre de dicha institución (imágenes 3 a 7 del expediente administrativo en formato digital, archivo PDF, denominado: "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 10) Que el 13 de agosto del 2007, la Junta Directiva del IDA rechazó el reclamo de Momo de Occidente S.A., mediante el cual reclamaba la devolución de su propiedad, bajo el folio real 6-22706-000, que fue dividido en parcelas por parte de dicha institución (imagen 9  y 382 del expediente judicial en formato digital aportado por la parte actora). 11) Que sin poder precisar fecha exacta, pero en setiembre del 2008, el ingeniero Manuel Ledezma Cordero, a solicitud de la sociedad accionante realizó un "informe de avalúo". En el apartado de "Antecedentes y Objetivo del Peritaje" indicó:"...Conforme a la solicitud verbal del Lic. Carlos Huertas Barboza, cédula 1-0489-0778 y en calidad de Representante de Momo de Occidente Sociedad Anónima, Ced. Jur. 3-101-148715 se me contrato como profesional independiente para estimar el valor de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el Folio Real6-022706-000 y definida según el plano Catastrado P-026582-1975. Conforme al reclamo administrativo ante el IDA bajo el expediente de referencia 10.03.08 presentada por el Lic. Carlos Huertas Barboza el pasado 06 de julio del 2007 se contó con información referente a la historia reciente de la finca. La finca, actualmente, se encuentra ocupada por parceleros. Muchos de ellos fueron beneficiados al desarrollarse un proyecto de parcelación ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Se inscribieron planos Catastrados que se traslapan con el plano de la finca objeto de estudio. Los parceleros han realizado mejoras en los terrenos que se les asignó (cultivos, casas de habitación, etc.). Dentro de la finca, además, se localizan: (VER CROQUIS N°2). 1- Un terreno en donde se ubica La Escuela de Alto Sábalo. 2- Un terreno para la plaza de Deportes. 3- Una calle que bordea la plaza de deportes. 4- Una calle que comunica al poblado de Linda Vista. A solicitud del interesado no se tomarán en cuenta las mejoras que han realizado los parceleros en los terrenos que se les asignó. Sin embargo, para realizar una valoración actual es indispensable que se consideren los cambios que ha sufrido la finca (Escuela, plaza, apertura de calles, electrificación, suministro de agua potable, etc.) ya que estos sucesos se han consolidado en el tiempo y revertidos es prácticamente imposible. Por las razones antes citadas la valoración de la finca se realizará excluyendo del área total las áreas de las calles, la plaza y la escuela. Además se estimará el valor de los terrenos catastrados y entregados a parceleros por parle del IDA...". En el apartado "Estimación de Áreas" se señala lo siguiente: "...a- El Plano catastrado de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas 022706-000, número P-26582-75 muestra un área de 622,284.00 m2. Ya que el plano no cuenta con derrotero se utilizó la escala para aproximar las dimensiones y se trabajó el plano digitalmente hasta alcanzar una exactitud de 622,285m2. de área. En el CROQUIS N°1 se muestran las dimensiones utilizadas para realizar los cálculos. b-El CROQUIS N°3 muestra las áreas consideradas y su ubicación. Para calcular el área de la calle se estimó su longitud y se le dio un ancho de 14 metros, que es la dimensión establecida para los caminos vecinales. En resumen:

TABLA 1

DETALLE

	

CATASTRO

	

AREA (sic) m2

	

 




FINCA

	

P-26582-75

	

622.284

	

 




 

	

 

	

Suma

	

622 285




ESCUELA

	

6-1075012-2006

	

3.394.74

	

 




PLAZA

	

P-940376-91

	

5 723.68

	

 




CALLE DE LA PLAZA

	

 

	

2 240

	

 




CALLE

	

 

	

17052

	

 




 

	

 

	

Suma

	

28.410.42

Las dimensiones de la calle alrededor de la plaza están dadas en el plano de la plaza de deportes. Al restar el área del terreno de la escuela (3394.74) al área del plano de la finca (622.284) nos da como resultado 618,889.26 m2 que es área que actualmente consta en el Registro de la Propiedad (Ver estudio de registro). En ese mismo acápite en la Tabla 5 se describen las parcelas, los planos y las áreas de las fincas que fueron catastradas por el IDA en ese entonces, ocupados por los parceleros y que traslapan con la finca 22706-000, a saber: " ...TABLA 5

 

	

PARCELA

	

PLANO CATASTRADO

	

ÁREA m2




1

	

419

	

6-0941832-1991

	

14085.55




2

	

420

	

6-0941772-1991

	

23133.15




3

	

422

	

6-0941831-1991

	

96459.05




4

	

422A

	

6-939031-1990

	

405.31




5

	

422B

	

6-0936192-1990

	

518.21




6

	

 423

	

6-0939030-1990

	

2423.27




7

	

424

	

6-0939029-1990

	

2412.16




8

	

426

	

6-0939027-1990

	

1249.17




9

	

427

	

6-0939036-1990

	

439.41




10

	

428

	

6-0939035-1990

	

1.402.07




11

	

429

	

6-0932301-1990

	

920.59




12

	

431

	

6-0936191-1990

	

768.64




13

	

432

	

6-093 903 7-1990

	

549.62




14

	

433

	

6-0939038-1990

	

2157.20




 

	

 

	

SUMA

	

146,923.40

..." (lo destacado no es del original, imágenes 104 a 134 del expediente judicial en formato digital). Que es a partir de la emisión del informe del ingeniero que el señor Carlos Huertas Barboza, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad demandante, conoció la existencia de un traslape en la propiedad (escuchar declaración confesional bajo juramento, del representante de Momo de Occidente S.A., en soporte audiovisual del juicio oral y público). 12) Que el 22 de setiembre del 2008, la Junta Directiva del IDA, rechazó recurso de reconsideración del actor, que rechazó su reclamo administrativo relacionado con la propiedad 22706-000 (imágenes 384 a 387 del expediente administrativo en formato digital PDF). 13) Que el 10 de diciembre del 2009, mediante el memorando con el número de oficio DECA 597-2009, el Departamento de Escrituración y Control Agrario, dirigido a la Asesora Legal de la Región Brunca,  en relación con el asentamiento campesino Gromaco indicó lo siguiente: "...de acuerdo a la información que se ha podido consultar, la Finca que corresponde al Asentamiento Campesino conocido como GROMACO, fue adquirida mediante Decreto de Expropiación número 10.861-G, de fecha 30 de octubre de 1979, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 228 de fecha 4 de diciembre de 1979. La compra de esta finca refiere a terreno sin inscribir, misma que tiene fecha de otorgamiento 15 de junio de 1980, escritura número cinco, visible al folio cinco vuelto del tomo cuarto del Protocolo de la notaria Ana Victoria Mora Mora. En relación a si el Instituto planificó y desarrolló este Asentamiento, se debe de señalar que el Instituto lo que hizo fue legalizar la tenencia de la Tierra de aquellos invasores de la finca en cuestión, por lo cual no existió según se ha investigado, estudios de selección, distribución de parcelas, rifas, etc. Como información adicional, y que puede servir de referencia para atender la demanda que planteó la Sociedad Momo de Occidente S.A., se adjunta a este oficio lo siguiente: copia del acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo número VI, de la sesión número 10-91, celebrada el día 4 de febrero de 1991, mismo que corresponde a la entrega número 1, del Asentamiento GROMACO, en donde se aprueba la adjudicación, segregación y traspaso de 289 parcelas. Parte del Informe Pericial de mejoras de la finca Gromaco S.A., elaborado por el lng. Agrónomo, Amado Sánchez Esquivel, de la Sección de Avalúos del Instituto, en donde señala sobre la ocupación que se dio por parte de los invasores de esta finca. (Ese informe completo se encuentra en Departamento de Formación y Desarrollo de Asentamientos). Copia de montaje elaborado por el Área de Topografía de este Instituto, en donde su ubica el plano catastrado número P-26582-1975, mismo que corresponde a la finca número 22706-000, propiedad de la Sociedad Momo de Occidente S.A., así como parcelas que midió y escrituro el Instituto. Copia de ficha en donde se detalla el historial de la Finca Gromaco. Copia de parte de los mapas catastrales números 59 y 60 del Proyecto Coto Brus, que se localizan en el Catastro Nacional, en donde se ubica la parcela número 32-2. Copia de historial que corresponde a la parcela número 34-1, en donde se consigna que es finca inscrita, sistema de folio real, partido de Puntarenas, matrícula número 22706-000, a nombre de Sequeira García Jacinto. Así mismo le señalo que en el Departamento de Formación y Desarrollo de Asentamientos, se encuentra expediente de compra de esta finca, en donde se localizan mapeos que pueden ser de utilidad para lo solicitado..."  (imágenes 447 a 448 del expediente judicial en formato digital). 14) Que el 3 de octubre del 2024, en el juicio oral y público, en su declaración bajo juramento, el testigo Domingo Santos Zapata, ofrecido por el INDER, le dijo al Tribunal que la finca que se encuentra a nombre de la sociedad accionante Momo de Occidente S.A., es la misma que estuvo a nombre del señor Jacinto Sequeira García. A la vez mencionó que en el lugar la sociedad accionante no desarrolló ningún levantamiento de infraestructura. Por su parte, el testigo funcionario, ofrecido por el INDER, Alexis Gerardo Mora Vega, bajo la fe de juramento, mencionó que participó en el censo del año dos mil diecisiete que abarcó toda este asentamiento denominado Gromaco. Expresamente señaló que el Alto de Sábalo, donde se ubica la finca de la sociedad actora estuvo incluido dentro del censo. Indicó que en el estudio se pudo determinar que había familias con más de cuarenta años de ocupación y otras con posesiones más recientes, ya sea porque habían quedado en las tierras de sus progenitores, o compraron a antiguos dueños. Mencionó que la sociedad actora no llevó a cabo levantamiento de infraestructuras en el predio en cuestión. Además confirmó, que la finca de la sociedad accionante fue parte de lo que el ITCO adquirió en el año mil novecientos ochenta, como un todo, denominado Finca Gromaco. Explicó que a lo interno del INDER, existen levantamientos topográficos, basados en la hoja cartográfica Coto Brus, donde se ubica el de la Finca Gromaco (escuchar el soporte audiovisual del juicio oral y público). 15) Que la sociedad accionante es propietaria de un bien inmueble bajo el número de folio real 22706-000, ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón tercero: Buenos Aires, Distrito tres: Potrero Grande, con una medida de seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve metros con veintiséis decímetros cuadrados, plano catastrado P-0026582-1975 (imágenes 6, 4, 1139, 1151, 1182 y 1230 del expediente judicial en formato digital e imágenes 13, 46 y 139 del expediente administrativo aportado en formato digital PDF, denominado: "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

 

II.- Hechos no probados (necesarios para la causa). (no existen).

 

III.- Argumentos de las partes. A modo de síntesis y sin perjuicio del amplio desarrollo que se hará en los considerandos que siguen, el presente proceso tuvo sus orígenes en sede agraria, con varias pretensiones reivindicatorias, declarativas e indemnizatorias. Sin embargo, al final se redujo a un asunto en el que la sociedad actora pretende que se declare como legítima propietaria de un bien inmueble, que, pese a que cuenta con un título inscrito en el Registro Público de la Propiedad, el instituto accionado dispuso de dicho terreno, en el marco de un proyecto denominado Finca Gromaco, por lo que solicita ser indemnizada. Por su parte el Instituto accionado, se considera poseedor mediato de la finca y según explica, lo que realizó fue segregaciones en cabeza propia de las fincas que se agrupaban en el proyecto mencionado para ayudar a los ocupantes del lugar. Arguye que la sociedad accionante nunca ha ejercido la posesión en el predio en cuestión, ni ha levantado infraestructura.

 

IV.- Objeto del Proceso. Pese a que el proceso que nos ocupa nació y se desarrolló en la sede agraria, dadas las pretensiones reivindicatorias y anulatorias, con multiplicidad de partes, al final las pretensiones se redujeron al punto de que se mantienen solamente las declaratorias e indemnizatorias, trasladadas a esta sede contencioso-administrativa.

 

V.- Sobre el caso concreto. A) DEMANDA. 1) Teoría del caso de la parte actora. i) Hechos. Indica que en la década de los setentas, el antiguo Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), hoy día Instituto de Desarrollo Rural (INDER) desarrolló un proyecto de Asentamiento Agrario y distribución de tierras en la zona sur del país denominado Coto Brus 59, concretamente sobre la finca, propiedad del ITCO, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 18777-000. Manifiesta que el diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y seis, mediante escritura pública el ITCO segregó y vendió de la finca de su propiedad número 18777-000, al señor Jacinto Sequeira García, la parcela número 34, que se ajusta al plano Catastrado número P-0026582-1975. Señala que esta segregación dio origen a la finca del Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 22706-000, que actualmente pertenece a la sociedad accionante. Según explica, el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el señor Jacinto Sequeira García, vendió la finca en referencia a la sociedad Parcelas y Lotes Agrícolas de Costa Rica Sociedad Anónima. Luego en el orden cronológico que explica, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos el notario público testimonió las piezas correspondientes del proceso ejecutivo seguido ante el Juzgado Civil de Pérez Zeledón, que culminó con el remate de la propiedad en cuestión, la cual fue adjudicada al acreedor Wilson Soto Mora. Seguidamente, el seis de agosto del dos mil tres, ante Notario Público, Wilson Soto Mora vendió la finca número 22706-000 a la empresa Compañía Sonno Dorato S.A. Añade que esta última empresa en noviembre del dos mil seis, mediante escritura otorgada ante Notario Público  la Compañía Sonno Dorato S.A., segregó un lote de 3.394.74 metros cuadrados y lo vendió al señor Marcelino Santos Zapata, lote que actualmente es propiedad de la Junta de Educación de la Escuela Sábalo Buenos Aires y en el cual se ubica la Escuela del lugar, venta que dio origen a la finca del Partido de Puntarenas folio real matrícula número 149717-000. Según relata, el once de junio del dos mil siete, mediante escritura pública, la Compañía Sonno Dorato S.A. le vendió Momo de Occidente S.A. la finca número 22706-000,  la cual, arguye, se encuentra debidamente inscrita con una medida de seiscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y nueve metros con veintiséis decímetros cuadrados. De igual modo, reseña que el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y uno, en escritura pública, el IDA, materializó un nuevo Asentamiento Rural denominado Finca Gromaco, ubicado contiguo al Proyecto Coto Brus y de la finca inscrita en el Registro Público Partido de Puntarenas número 18777-000, levantó planos y segregó en cabeza propia, varias parcelas. Aduce que las parcelas mencionadas traslapan con la finca de su propiedad folio real número 22706-000, por la cual, al día de hoy, pese a que fueron segregadas en cabeza propia, el INDER no ha podido traspasarlas a los beneficiarios. Según explica, en el año dos mil siete presentó un reclamo administrativo ante el INDER, mediante el cual solicitó la devolución de la finca en referencia o, en su defecto, una compensación económica de acuerdo con lo que un perito determinara. Su gestión fue trasladada a la Región Brunca, para que analizara y emitiera el criterio correspondiente. Menciona que en julio del dos mil siete su petición fue rechazada por parte de la asesora legal de la sede regional mencionada, quien recomendó a la Junta Directiva del ente accionado, rechazar su solicitud. En el orden cronológico que lleva la parte accionante de su reclamo administrativo, reseña que el trece de agosto del dos mil siete, con fundamento en la recomendación de la asesoría legal de la región brunca, su gestión no fue atendida. Según narra, la misma suerte corrió el recurso de reconsideración que presentó, toda vez que fue rechazado. ii) Argumentos. Señala que en el año mil novecientos setenta y seis el ITCO, en el desarrollo del asentamiento rural denominado Coto Brus 59, segregó y vendió una finca al señor Jacinto Sequiera García, la parcela 34, que dio origen a la finca del Partido de Puntarenas folio real 22706-000, que le pertenece en la actualidad. Con posterioridad, en el año mil novecientos noventa y uno, al desarrollar el asentamiento denominado Gromaco, el IDA, segregó nuevamente la propiedad, de las cuales dieciséis traslapan con la finca de la actora. Con fundamento en el canon 45 de la Constitución Política considera que las segregaciones llevadas a cabo por el IDA, resultan nulas, dado que no puede existir un mismo título sobre un mismo bien. Acusa que los traslapes se originaron en un error del IDA que afectó su propiedad, por lo que considera debe ser indemnizado. Arguye que no existe un título traslativo de dominio, por lo que no se podría adquirir el derecho de propiedad, independientemente de los años en los que la persona haya mantenido bajo su posesión la propiedad. Sostiene además, que independientemente de la posesión que haya ejercido el IDA, directamente o a través de las personas a quienes le haya conferido la condición de beneficiarios, es lo cierto que por carecer de título traslativo de dominio, no pueden alegar mejor derecho. Recalca que esas parcelas traslapan con un inmueble debidamente inscrito a nombre de la sociedad actora, no pueden haber adquirido derecho de propiedad alguno sobre ellas. iii) Fundamento jurídico. Artículos 11 y 45 de la Constitución Política; 279 párrafo segundo, 320, 484, 853, 854, 863 del Código Civil; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 141, 144, 148 y siguientes de la Ley de Tierras y Colonización. iv) Prueba material. Certificación de la finca de Puntarenas 22706-000 y su plano P-26582-1975, certificación de los siguientes planos catastrados, correspondientes a las siguientes fincas: P-0941832-1991, 6-071397-000; P-0941772-1991 6-071398-000, P-0941831-1991, 6-071 399-000; P-0939031-1990, 6-071400-000; P-0939030-1990, 6-071401-000; P-0939029-1990, 6-071402-000; P-0939028-1990, 6-071403-000; P-0936192-1990, 6-071404-000; P-0939027 -1990, 6-071405-000; P-0939036-1990, 6-071406-000; P-0939035-1990, 6-071407-000; P-0932301-1990, 6-071408-000; P-0940376-1991, 6-071409-000; P-0936191-1990, 6-071410-000; P-0939037-1990, 6-071411-000; P-0939038-1990, 6-071412-000; certificación del plano P-1075012-2006, certificación de personería del IDA; Copia certificada del expediente administrativo constante en el IDA. Testimonial de Marcelino Santos Zapata. B) Teoría del caso de la parte demandada. i) Hechos. Sostiene que en la década de los años setenta, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) tenía proyectos de titulación, donde se legalizaba a los ocupantes de terrenos ubicados en la reservas nacionales, que no eran asentamientos, por lo que no se regían por la Ley de Tierras y Colonización, que indicaba debían hacerse estudios previos para adquirir propiedades donde se fueran a crear los mismos. Siendo que, dentro de dichos proyectos se encontraba la finca de Puntarenas objeto del proceso. Reconoce como cierto que el ITCO segregó y vendió de la finca de su propiedad 18777-000,  al señor Jacinto Sequeira la parcela 34, que dio origen a la finca matrícula folio real 22706-000. Señala que el IDA segregó en cabeza propia los inmuebles que se describen en los planos citados, referidos por la parte accionante que fueron inscritos en el Registro Público. Según explica, no es cierto, como lo sostiene la sociedad demandante que el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y uno, se materializó un nuevo asentamiento campesino denominado Finca Gromaco. Siendo lo correcto, que la finca que corresponde al asentamiento campesino conocido como Gromaco, fue adquirida mediante Decreto de Expropiación número 10.861-G, de fecha treinta de octubre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en La Gaceta número 228 del 4 de diciembre de 1979. Menciona que en junio de mil novecientos ochenta, se realizó el traspaso del inmueble, que era terreno sin inscribir, con un área de tres mil ciento cuarenta y nueve hectáreas ocho mil quinientos ochenta y seis metros con noventa y seis metros, se adquirió de manos del señor Osborne Lamoree Duesing, a quien se le canceló la suma de cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis colones con ochenta y cinco céntimos. Afirma que el INDER no planificó ni desarrolló este asentamiento, más bien, según su criterio, lo que hizo fue legalizar la tenencia de la Tierra de los invasores de la finca, por lo cual nunca existieron estudios de selección, distribución de parcelas, rifas, etc. Puntualiza que cuando la finca se adquirió, el terreno estaba invadido por familias, con ocupaciones en todo el inmueble. Explica que en los años de mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, se llevó a cabo un censo, donde se encontraron seiscientas veintiséis familias ocupantes del asentamiento Gromaco, quienes eran poseedores de predios de diferentes áreas, desde lotes hasta fincas pequeñas, medianas y grandes. Según narra, a partir del año mil novecientos noventa y uno, se llevó a cabo la firma de trescientas sesenta y dos escrituras, quedando pendientes doscientos sesenta y cuatro predios por titular. No obstante, esa cantidad ha variado en el tiempo, por cuanto los mismos ocupantes han hecho segregaciones y han vendido a otros. Reconoce la existencia de una ocupación mediata del IDA, toda vez que los ocupantes reconocen que el propietario de la Finca Gromaco es el IDA y es ante esta entidad que piden se les otorgue el título de propiedad de los terrenos que ellos tienen. Admite que el terreno que la sociedad actora reclama, se encuentra dentro de las tres mil ciento cuarenta y nueve hectáreas ocho mil quinientos ochenta y seis metros con noventa y seis decímetros cuadrados que el IDA adquirió el quince de junio de mil novecientos ochenta, por parte del señor Osborne Lamoree Duesing. Indica que actualmente en el terreno en cuestión existen más de cuarenta ocupantes. Menciona además, que el IDA segregó en cabeza propia los terrenos descritos en los planos en cuestión y no los traspasó a particulares debido a diversos inconvenientes que se suscitaron con los ocupantes, quienes en su mayoría aducían que el IDA tenía que otorgarles la escritura de los terrenos en forma gratuita, a pesar que el Instituto les cobraba una cantidad de dinero relativamente baja, aproximadamente 14.000,00 por hectárea, más los costos de topografía y notariado, el IDA procedió como acción inmediata a individualizar todos los planos que no generaron título de propiedad a nombre de las familias ocupantes. Reitera que no ha declarado beneficiarios a los ocupantes de los predios de marras, ni había estado aplicando las reglas para un Asentamiento campesino. Recalca, que no planificó ni desarrolló este Asentamiento, lo que hizo fue legalizar la tenencia de la Tierra de aquellos invasores de la finca, por lo que no existió estudios de selección, distribución de parcelas, rifas, etc. Rememora que cuando la finca se adquirió en el año mil novecientos ochenta, el terreno estaba invadido por familias con ocupaciones en el cien por ciento del inmueble. Indica además, que no ha realizado el traspaso de los terrenos que reclama la actora, es que existen más ocupantes de los que indica el censo de mil novecientos ochenta y nueve, por cuanto los ocupantes han vendido parte o todo de los predios que ocupaban en ese entonces y los planos en su gran mayoría no aplican. Finalmente, menciona que, actualmente existen más de cuarenta ocupantes de los terrenos en igualdad cantidad de predios. ii) Argumentos. La entidad autónoma accionada sostiene que es un adquirente de buena fe de los terrenos mencionados y, lo que buscó fue una solución para la demanda de dichos predios por parte de familias campesinas que se ubicaban en la finca Gromaco, abarcando un cien por ciento del inmueble. Precisa que la jurisprudencia ha sido reiterada, en el sentido que quien tiene el derecho de prevalencia es aquel propietario que demuestre la posesión, siendo que la actora y sus antecesores transmitentes nunca han ejercido la posesión, pues es el IDA quien tiene la posesión mediata. iii) Fundamento jurídico. Artículos 1, 3, 12, 49 y siguientes de La Ley de Tierras y Colonización n.° 2825; artículos 2, 22, 26 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Agraria; 21, 22, 264, 265, 266, 267, 277 al 286, 295, 316, 320, 450, 451, 480, 850 al 867, 1070 y 1074 del Código Civil en concordancia con la materia agraria; artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. iv) Prueba material. Oficio OSSI-550-2009, de fecha 23 de Noviembre de 2009, emitido por el Técnico William Mora Granados, Oficina Subregional de San Isidro. Oficio DECA-597-2009, de fecha 10 de diciembre de 2009, emitido el Departamento Escrituración y Control Agrario, por el Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero. Certificación de Acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Artículo 6, Sesión 10-91, celebrada el 4 de febrero de 1991, parte del Informe Pericial de mejoras de la Finca Gromaco S.A, además de la ficha donde se detalla el historial de la finca mencionada, una lista de poseedores que se realizó entre junio y julio de 1989. Copia de la Escritura número cinco, del Tomo cuarto del Protocolo de la Notario Ana Victoria Mora Mora, otorgada a las 16:00 horas del quince de junio de 1980. Confesional de Carlos Huertas Barboza. Declaración testimonial de Juan Diego Barrantes Cordero y Alonso Chaves Guzmán. B) RECONVENCIÓN. Con la finalidad de no reiterar, se remite al apartado anterior, toda vez, que los hechos, argumentos, fundamento jurídico de la contrademanda y su contestación, gira en torno a los mismos aspectos alegados ya reseñados.  Criterio del Tribunal. A) DEMANDA. Como ha sido expuesto ampliamente con anterioridad, la sociedad accionante acusa el despojo del inmueble (folio real 22706-000), de su propiedad, que califica de ilegal, que sufrió con motivo de fraccionamientos o segregaciones en cabeza propia que llevó a cabo la institución autónoma accionada, en favor de poseedores e invasores de un asentamiento campesino conocido como Finca Gromaco. Su reclamo se ampara básicamente en lo que dispone el canon 45 de la Constitución Política. El INDER, defiende su teoría del caso, al considerar que las parcelas objeto del proceso, fueron segregadas por el IDA en mil novecientos noventa y uno; sin embargo, sostiene que estaban siendo ocupadas desde antes de mil novecientos ochenta, que fue el año en el que adquirió la finca Gromaco. Extraña que después de veintiséis años de adquirido el inmueble y de estar en posesión de particulares, la sociedad demandante haga un reclamo en un primer estadio en sede administrativa y luego en la judicial, al considerar que la función social de la tierra la han realizado terceros, no propietarios de los terrenos. Sostiene que, al caso aplica no sólo la publicidad registral, sino la prescripción positiva, porque los poseedores tienen más de diez años de ocupar y trabajar las parcelas mencionadas, por lo que su buena fe se presume, además de que su posesión ha sido pública, pacífica e ininterrumpida por más de veintiséis años. La entidad jurídica accionante combate estos argumentos con sustento en el artículo 853 del Código Civil. Para resolver la presente causa, en orden a los argumentos y sus refutaciones, es menester citar lo que dispone el numeral 45 de la Constitución Política, en tal sentido señala: "... ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social..." La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un amplio desarrollo jurisprudencial, en lo concerniente al Derecho de Propiedad, consagrado en el artículo citado. En lo concerniente al párrafo primero de este numeral, ha derivado cuatro elementos determinantes para su análisis y comprensión, que vale la pena citar, en aras de dar una solución jurídica al caso que nos ocupa, al respecto a indicado: "...a.- que el concepto de la propiedad ha evolucionado, de manera que de una concepción absoluta e irrestricta, basada en la concepción ideológica liberal, se pasa a una que se inspira en valores sociales y cristianos, al incorporársele el concepto de la función social de la propiedad, de manera que ésta se convierte en una "propiedad-función", que consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible; b.- que el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto, toda vez que la Asamblea Legislativa puede imponer limitaciones a la propiedad por motivos de interés social, mediante ley aprobada mediante votación calificada (dos tercios de la totalidad de sus miembros, sea, por treinta y ocho votos afirmativos); c.- que las limitaciones que se imponen a la propiedad definen el contenido del derecho de propiedad en sí y su ejercicio, por lo que en principio, no son indemnizables, salvo cuando hagan nugatorio el derecho, es decir, cuando la limitación sea de tal severidad que produzca tres efectos identificables: un daño especial, o lo que lo mismo, anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho; opera desigualmente frente a otros propietarios fuera de la zona afectada (daño individualizable); y el daño es evaluable económicamente. Para establecer el carácter indemnizable de la limitación, debe estarse a su naturaleza, y al grado de sacrificio que debe sufrir el propietario; y d.- las limitaciones a la propiedad están sustentadas en el principio de solidaridad, de manera que tienen por objeto principal el uso racional de la propiedad para beneficiar a la sociedad en general, motivo por el que están ordenadas a los siguientes principios: deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo; debe escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en menor medida el derecho protegido; la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro del objetivo; y la restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional. Constituyen ejemplos de estas limitaciones las establecidas como reglas generales en el Código Civil, respecto de la propiedad urbana, las incorporadas en la legislación de salud por motivos de seguridad y salubridad, las regulaciones de protección de los bosques y las bellezas naturales, y por supuesto, las pertinentes a la protección del patrimonio cultural, entre las que se incluye el patrimonio arqueológico y el histórico-arquitectónico..." En lo concerniente al párrafo segundo del artículo, referente a las limitaciones de interés social, ha derivado los siguientes principios que resulta también importante citar: "...a.- Son válidas únicamente en tanto se respete el uso natural del bien inmueble, de manera que se mantenga como identidad productible o valor económico, de modo que el propietario pueda ejercer los atributos esenciales de la propiedad, salvo -claro está-, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Corolario de lo anterior, son constitucionalmente legítimas las limitaciones de la propiedad a condición de que el propietario pueda explotar normalmente el bien, de decir, que mantenga su valor económico y social en el mercado; en virtud de lo cual, son expropiatorias, y por lo tanto, indemnizables las limitaciones que impiden el "uso comercial de la propiedad", porque se constituyen en una expropiación de hecho. De esta suerte, es ilegítima la afectación a los atributos esenciales de la propiedad, que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, que hacen desaparecer la naturaleza del bien o imposible el uso de la cosa, por convertirse en verdaderas expropiaciones (sentencias número 979-91, 5893-95, 2345-96, y 4605-96, todas supra citadas); b.- La limitación debe ser de carácter general, es decir, afectar a una generalidad de personas, lo cual implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas, se equiparan a verdaderas expropiaciones (sentencia número 0796-91); c.- Se deben establecer mediante ley aprobada con votación calificada, esto es con el visto bueno de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa (treinta y ocho votos), lo cual debe verse como un requisito esencial, y no meramente formal, toda vez que es a través de las limitaciones de interés social que se va definiendo el verdadero contenido del derecho de propiedad, de donde, la votación calificada se constituye en elemento sustancial que consigna el grado (nivel) del consenso de los legisladores en esta materia; d.- El elemento que define la constitucionalidad (o legitimidad) de la limitación es su naturaleza, es decir, que dependerá del grado de sacrificio que se pretende imponer al propietario, de donde, si éste es atípico o anormal, por imposibilitar el goce pleno del derecho, la medida se convierte en expropiatoria, y por lo tanto es indemnizable; e.- La limitación resulta legítima únicamente cuando es necesaria para hacer posible "la vigencia de los valores democráticos y constitucionales"; de manera que, además de útil, debe ser necesaria, razonable u oportuna, y debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente, y por ende, excepcional; por lo cual, deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo. La razonabilidad de la limitación se traduce en su adecuación al fin y al interés (valor) que la justifica; y, f.- Las limitaciones no son indemnizables en tanto no implican desmembramientos que hagan desaparecer el derecho; la cual está prevista únicamente para hacerle frente a la pérdida de la propiedad (expropiación). Sí implican una carga o deber jurídico, en el sentido estricto, que se traduce en un hacer, o no hacer, o el permitir la intromisión de los poderes públicos (Estado) con fines públicos..." (entre otras ver las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 00796-91, 05097-93, 027006-95, 02345-96, 04205-96 y 2004-05725). Conforme a los hechos que se tienen acreditados dentro de esta causa, la sociedad actora ostenta un derecho real, sobre un bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble bajo el folio real de la Provincia de Puntarenas número 22706-000. La prueba que ha sido allegada a los autos permite dar seguimiento temporal a esta matriculación, cuyos orígenes se remontan al diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y seis, cuando el antiguo Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), segregó y vendió la finca veintidós mil setecientos seis al señor Jacinto Sequeira García, por un precio de mil seiscientos colones y con una medida de sesenta y dos hectáreas, dos mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados (hecho probado n.° 1). De igual modo, los elementos probatorios que obran en el expediente permiten dar seguimiento a los distintos movimientos traslativos del dominio que se produjeron en el transcurso del tiempo y que desembocaron con la adquisición por parte de la sociedad actora el once de junio del dos mil siete, la finca 22706-000, al adquirirla por la suma de ₡500.000 (quinientos mil colones), de una sociedad denominada Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A)  (ver hechos probados n.° 3, 4, 6 y 7). Incluso, el relato de las circunstancias e incidencias que rodearon la tenencia de las tierras de la zona bajo examen, que llevó a cabo el testigo Domingo Santos Zapata, ofrecido por la entidad demandada, evocó la existencia de este título de propiedad del señor Jacinto Sequeira García y fue muy claro en indicar que este corresponde al predio del que es dueño hoy día la sociedad accionante (hecho probado n.°14). Con fundamento en la prueba material analizada, para el Tribunal resulta indubitable la legitimidad del título que reclama el accionante, no sólo porque es posible dar el seguimiento temporal del traslado del dominio de este, sino porque se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, amparado, definitivamente, por el canon 45 de la Constitución Política. A la vez, el elenco probatorio, permite visibilizar otra situación, en el horizonte de acontecimientos que se desarrollaron en forma paralela a la secuencia de traslados del dominio del bien en cuestión, que se ubica temporalmente el quince de junio de mil novecientos ochenta, cuando el señor Osborne Lamoree Duesing, le vendió al ITCO un inmueble sin inscribir denominado "Finca Colorado",  con una medida de tres mil ciento cuarenta y nueve hectáreas ocho mil quinientos ochenta y seis metros noventa y seis decímetros cuadrados, por el precio de cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis colones con ochenta y cinco céntimos (hecho probado n.° 2). Este movimiento registral se vincula con el acuerdo del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y uno, cuando la Junta Directiva del IDA de ese entonces, en el artículo VI, de la sesión 10-91, aprobó la segregación y adjudicación de 289 parcelas, correspondientes a la entrega número 1 del asentamiento Gromaco (hecho probado n.° 5). Con lo anterior, bajo la tesitura de la parte accionada, fue en este momento en el que legalizó la tenencia de la tierra de los invasores de la finca. Al respecto, considera que ejercía una ocupación mediata sobre la Finca Gromaco, toda vez que los ocupantes lo consideraban como propietario y le solicitaban el título de propiedad, que intentó otorgar al llevar a cabo el fraccionamiento o segregación en cabeza propia a favor de los petentes. Precisamente, como lo reconoce la parte demandada, el terreno que la actora reclama se encuentra dentro de las tres mil ciento cuarenta y nueve hectáreas ocho mil quinientos ochenta y seis metros con noventa y seis decímetros cuadrados que el IDA adquirió el quince de junio de mil novecientos ochenta del señor Osborne Lamoree Duesing (hecho probado n.°2 y n.° 13). Lo expuesto con anterioridad, pone en evidencia no sólo una situación de una entrega de parcelas por parte del IDA, en ese entonces que pertenecían al inmueble 22706-000, del que es dueña la parte accionante, sino un traslape entre estas propiedades. El informe que realizó el ingeniero Manuel A. Ledezma Cordero, para la sociedad accionante, confirma y precisa con mayor exactitud esta situación, al señalar que:"...La finca, actualmente, se encuentra ocupada por parceleros. Muchos de ellos fueron beneficiados al desarrollarse un proyecto de parcelación ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Se inscribieron planos Catastrados que se traslapan con el plano de la finca objeto de estudio. Los parceleros han realizado mejoras en los terrenos que se les asignó (cultivos, casas de habitación, etc.)..." (lo destacado no es del original, hecho probado n.°3). De igual modo, el informe describe las fincas, planos, medidas y propietarios a los que les fueron asignados dichos terrenos dentro de la propiedad de la sociedad accionante. Los argumentos para combatir la teoría del caso de la sociedad demandante no son de recibo, en primer lugar por lo expuesto, sobre la legitimidad del título que ostenta la parte actora, no sólo porque es constatable la cadena de movimientos traslativos del dominio, sino porque siempre ha sido al amparo del Registro de la Propiedad Inmueble. Por otro lado, el origen de este título es anterior, a la adquisición que realizó el quince de junio de mil novecientos ochenta el IDA de la Finca Colorado. No se puede perder de vista, que fue el mismo ITCO, el que primero segregó y vendió al señor Jacinto Sequeira García la propiedad en cuestión, sino que después volvió a fraccionar y otorgar la misma propiedad a otros ocupantes. El testigo funcionario ofrecido por la entidad accionada, Alexis Gerardo Mora Vega, de profesión ingeniero agrónomo, destacado en labores de la parte agraria, escrituración de tierras, estudios de parcelas, etc., quien actualmente labora en la oficina territorial de San Isidro, donde se dedica a tramitar las escrituras de la Finca Gromaco, mencionó que participó en el censo del año dos mil diecisiete que abarcó todo este asentamiento. Expresamente mencionó que el Alto de Sábalo, donde se ubica parte de la finca de la sociedad actora, estuvo incluido dentro del censo. Indicó que en el estudio se pudo determinar que había familias con más de cuarenta años de ocupación y otras con posesiones más recientes, que habían quedado en las tierras de sus progenitores o compraron a antiguos dueños. Mencionó que la sociedad actora no llevó a cabo levantamiento de infraestructuras en el predio en cuestión. Además confirmó, que la finca de la sociedad accionante fue parte de lo que el ITCO adquirió en el año mil novecientos ochenta, como un todo, denominado Finca Gromaco. Explicó que a lo interno del INDER, existen levantamientos topográficos, basados en la hoja cartográfica Coto Brus, donde se ubican los asentamientos, como lo es el de la Finca Gromaco (hecho probado n.° 14). Este testimonio resulta clave para el Tribunal, para comprender la magnitud del error en el que cayó el ITCO en su momento, toda vez que fue la institución que en dos ocasiones segregó y trasladó fincas y parcelas sobre el mismo terreno, como ocurrió en el caso bajo examen. La entidad cometió un yerro, siendo la encargada de otorgar parcelas y fincas a los poseedores, pues era la que con mayor claridad conocía los alcances de los terrenos, así como los títulos que había otorgado, no obstante incurrió en la doble titulación, que perjudica hoy día a la entidad jurídica accionante. Por otro lado, tampoco resulta atendible el argumento basado en el canon 853 del Código Civil, pues existió un error en la asignación de parcelas, que si bien trasladó el dominio, lo hizo sobre una finca que ya existía, por lo que no puede generar derecho alguno. De igual modo, no es de recibo el argumento encaminado a cuestionar que el accionante no ha poseído el bien inmueble, pues en sede administrativa y jurisdiccional ha venido a ejercer otros derechos propios del dominio, como lo son la defensa, exclusión, restitución e indemnización (artículo 264 del Código Civil). Por otro lado, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, citada ut supra, la interpretación que lleva a cabo la parte accionada sobre la función social de la propiedad, resulta contraria a lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política. Lo anterior en virtud que, bajo su tesitura, se estaría extinguiendo el derecho que ostenta la parte accionante en favor de los ocupantes o parceleros en perjuicio de la sociedad actora, al no recibir ningún tipo de indemnización o compensación por la situación dicha. Cuando una situación como esta ocurre, el derecho de propiedad, su uso real y su disfrute, se ve menoscabado a un punto tal que impide ejercicio, en atención del principio de ese interés social, se transforma en una expropiación de hecho o forzada. En el considerando que sigue, con el número VI, del presente fallo, se desarrollará de forma puntual la forma en la que serán acogidas o rechazadas las pretensiones, así como la indemnización que se le debe reconocer a la parte accionante, como motivo de lo expuesto con respecto al despojo que sufrió de su derecho. B) RECONVENCIÓN. La acción y contrademanda en esta causa, representan la cara de una misma moneda, de la que deriva una relación recíproca. Para no reiterar, al resultar inadmisibles los argumentos y prueba, en los que se fundamenta el INDER en su contestación de demanda, la reconvención debe ser rechazada, pues son los mismos para dar sustento a sus pretensiones de contrademanda.

 

VI.- Sobre las pretensiones. A) DEMANDA. Tal y como ha sido expuesto, las pretensiones de este proceso se redujeron considerablemente, pasando de un proceso de naturaleza reivindicatoria y anulatoria agraria, a indemnizatoria y declaratoria en sede contenciosa. Al efecto se remite al resultando primero de esta sentencia. Dada esta situación se hará referencia únicamente a las pretensiones remanentes. i) Pretensiones declarativas. La parte accionante pide que se declare que: "...mi representada, Momo de Occidente S.A., es la dueña legítima y exclusiva del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Puntarenas bajo el sistema de Folio Real, Matrícula número 22706-000, y que se describe así: terreno para agricultura, ubicado en el Distrito Potrero Grande, tercero del cantón de Buenos Aires, tercero de la provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: al norte con límite de proyecto, al sur con Marcelino Santos Zapata, calle pública y Ramón Zapata; al este con Marcelino Santos Zapata, Calle Pública y límite del proyecto; y al oeste con Marco Nájera y Límite del Proyecto, con una medida de 618.889.26 metros cuadrados, plano Catastrado número P-0026582-1975..." De igual modo, requiere  sea declarado que: "...En un actuar ilegal se generaron segregaciones traslapadas con la propiedad de Momo de Occidente S.A, lo cual generaron un despojo total de la propiedad..."  Conforme se expuso en el considerando anterior con el número V, estas dos pretensiones deben ser estimadas, toda vez que conforme a los elementos probatorios que obran en los autos, a tenor del canon 45 de la Constitución Política, la actora es legítima propietaria de la finca bajo el número de folio real matrícula 22706-000, que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad (hecho probado n.° 15). A la vez, el otorgamiento de títulos sobre una propiedad que el mismo ITCO ya había segregado y vendido, produjo el despojo que se alega. ii) Pretensión indemnizatoria. a) Sobre el valor de la propiedad. La sociedad actora requiere lo siguiente: "...Solicito se condene al INDER a indemnizar la totalidad de la finca despojada con su actuar ilegal, de conformidad con el valor que determine un perito, más intereses hasta su efectivo pago..." Esta pretensión debe ser estimada, bajo el entendido, de que lo ocurrido en el caso bajo análisis es una suerte de expropiación de hecho, que merece una indemnización. Por no tener en este momento los parámetros necesarios, la condenatoria se hace en abstracto, conforme lo dispone el canon 122 m) inciso iii) del CPCA. Al efecto, en la fase de ejecución de sentencia, debe ser nombrado un perito, de las listas del Poder Judicial, experto en valuación de terrenos como el del caso bajo examen, que determine el valor real del inmueble teniendo en cuenta las tasaciones fiscales asignadas, así como los que tiene la Municipalidad de Buenos Aires. Determinada la suma, corren los intereses a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Finalmente, una vez que la entidad demandada cancele las sumas mencionadas, deberán comparecer ambas partes ante la Notaría del Estado, con la finalidad de que sea traspasado el bien inmueble a nombre del INDER. Luego de que se traslade el dominio de este bien inmueble a la Institución, deberá hacer los ajustes que correspondan con respecto a la doble inmatriculación, respetando los derechos administrativos adquiridos por los beneficiarios y ocupantes, ello en aplicación de la función social del uso de la propiedad. b) Sobre los daños y perjuicios. Dentro del esquema indemnizatorio que esboza la parte actora pide que: "...Que se condene al INDER al pago de los daños y perjuicios en abstracto, los cuales se liquidaran en etapa de ejecución de sentencia..." Sobre esta pretensión, se debe indicar que su formulación se realiza en términos muy genéricos, contrario a lo establecido en el CPCA para su alegación, sin un desglose que permita diferenciar lo que ya fue reconocido en el acápite anterior, o que acredite la existencia de algún tipo de mejora en el terreno realizada por la accionante. Es un hecho demostrado, que la sociedad actora nunca ejerció la posesión de la finca ni llevó a cabo levantamientos de infraestructura. Esto lo confirmó bajo juramento al responder las preguntas del interrogatorio de la prueba confesional el apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad demandante. También lo confirmó el testigo Domingo Santos Zapata y el testigo funcionario Alexis Gerardo Mora Vega (hechos probados n.° 11 y n.° 14). La única referencia que hace a estos daños y perjuicios que pide, son por el despojo que sufrió, rubro que ya fue indemnizado y reconocido, como una expropiación de hecho, como se expuso en el punto anterior. Por lo expuesto debe ser rechazado este extremo, al no encontrarse acreditada la existencia de mejoras u otro tipo de menoscabo en perjuicio de la sociedad Momo de Occidente S.A. iii) Costas. La accionante solicita "...Que se condene al INDER al pago de ambas costas de este proceso..." Sobre el particular, se hará referencia en el considerando VIII de esta resolución. B) RECONVENCIÓN. De acuerdo con lo que ha sido expuesto en el considerando anterior, con el número V, de este fallo, ninguna de las pretensiones de la reconvención puede ser acogida.

 

VII.- Sobre las excepciones. A) DEMANDA. a) Previas. i) Litis consorcio pasivo necesario. Fue resuelta mediante auto sentencia 160-AS-2011, del seis de diciembre del dos mil once, como se reseña en el resultando n.° 24. b) Fondo. ii) Prescripción. Reservada para el fondo, según lo resuelto en el auto sentencia 160-AS-2011, del seis de diciembre del dos mil once, como se reseña en el resultando n.° 24. El INDER alega que ya han pasado más de treinta años que el Instituto de Desarrollo Agrario posee esos terrenos en forma mediata, por lo que se le acabó el tiempo para reclamar a cualquier propietario registral común, porque la posesión es de buena fe. Criterio del Tribunal. Conforme ha sido expuesto en el considerando V de esta resolución, el derecho real sobre el bien inmueble persiste al día de hoy, a través de un título registral, que se ha mantenido en el tiempo desde el diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y seis, cuando el ITCO, segregó y vendió la finca 22706-000 al señor Jacinto Sequeira García. Esta adquisición inicial se ha mantenido en el tiempo a través de varios traslados del dominio, que finalmente fue obtenida en el año dos mil siete por parte de la sociedad demandante. De frente a un título de esta naturaleza y a lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política, el derecho de propiedad de la parte actora no puede caducar en los términos que indica el INDER, al sostener la existencia de una supuesta "posesión mediata" y de"buena fe", por parte de los que han sido ocupantes del terreno. Mucho menos en un caso como este, donde se encuentra demostrada la existencia de un error evidente, pues el mismo otrora ITCO segregó la misma porción de tierra de la Finca Gromaco, en dos ocasiones, en distintos momentos históricos, la primera, como ya se mencionó en el año mil novecientos setenta y seis, luego en mil novecientos ochenta. A la vez, la Finca Gromaco, ha sido un proyecto que conoce bien, pues hasta levantamientos topográficos internos ha llevado a cabo, sin perjuicio de lo anterior, cometió el error antes mencionado, en perjuicio del derecho de propiedad de la parte accionante. ii) Falta de legitimación ad causam activa y pasiva. La defensa debe ser rechazada, toda vez que, conforme a los elementos probatorios analizados, la relación jurídico material procesal es palpable. La situación que ha sido analizada, en la que el INDER ha tenido injerencia directa en la adquisición de la Finca Gromaco y la forma en la que ha segregado y vendido parcelas, la vincula directamente con el caso de la sociedad actora, quien es dueña de un bien inmueble que se encuentra dentro del proyecto y fue segregado y vendido en varias ocasiones por el ITCO. Conforme lo dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo, la entidad jurídica privada se encuentra en la posibilidad de ser la parte activa dentro del proceso y el INDER, como la pasiva.  ii) Falta de derecho. Conforme a lo que se expone en los considerandos precedentes, con los números V y VI, debe ser acogida parcialmente la defensa de falta de derecho, en lo no contemplado en el considerando anterior. iii) Expresión "sine actione agit". En cuanto a esta arcaica expresión genérica que no constituye una excepción en sentido técnico, por no estar contemplada dentro del CPCA, por ende, carece de efecto jurídico alguno, procede su rechazo. Es menester indicar que el CPCA vigente desde el año dos mil ocho, no sólo no contempló la locución dicha como defensa, sino que obligó a quien se opone a una demanda, fundamentar cada una de sus negativas, para no dejar en trivial discordancia, el derecho de réplica ejercitado al contestar la acción. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia número 317-F-S1-2008 de las nueve horas diez minutos del dos de mayo del año dos mil ocho, ha señalado: "...XXIII.- (...) En torno a la expresión genérica "sine actione agit", a la luz de lo señalado por la doctrina procesalista, en la actualidad, no configura defensa alguna. Tuvo su origen y fundamento en el derecho romano, principalmente en el segundo período del Derecho Formulario, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Pretor le otorgaba la fórmula-acción. Hacía referencia a la inexistencia de esa "fórmula" para acudir ante el Pretor. Este sistema arcaico de acceso a la justicia fue superado. Por lo tanto, no sólo por razones históricas, sino también constitucionales, resulta inoponible e inaceptable. Además, tal expresión no comprende las defensas de falta de derecho, de interés, y de legitimación, como se ha querido establecer. La defensa "sine actione agit" tuvo una finalidad propia, con ella nunca se atacó el derecho material, lo cual sí hacen las tres indicadas excepciones. Lo que se combatía con ella, se reitera, era la válida constitución de la relación procesal..."  B) RECONVENCIÓN. Fondo. i) Falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Para no reiterar, esta defensa debe ser rechazada, con base en los mismos argumentos expuestos en el acápite anterior, dado que existe una relación jurídico material procesal entre ambas partes, que las vincula dentro del proceso, lo que permite al INDER presentar su reconvención y a la sociedad accionante ser parte pasiva de esa relación, como contrademandada. ii) Falta de derecho. De acuerdo con lo expuesto en los considerandos V y VI de este fallo, debe ser rechazada. iii) Expresión "sine actione agit". Con la finalidad de no repetir, téngase en cuenta lo expuesto sobre esta expresión arcaica, que técnicamente no corresponde a una excepción en materia contencioso administrativa, al no estar contemplada dentro del CPCA, como excepción.

VIII.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es procedente cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie. La dispensa del pago de costas no opera en la presente causa, pues no se tienen acreditados los motivos de exoneración antes mencionados, motivo por el cual la parte demandada debe cancelar a la actora ambas costas, que se liquidarán en fase de ejecución de sentencia.

 

Por tanto

 

A) DEMANDA. Se rechazan las defensas de prescripción y falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se rechaza la arcaica expresión "sine actione agit". Se acoge parcialmente la de falta de derecho, en consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda, en lo no dicho expresamente, entiéndase denegado. Se condena al INDER a pagar a la actora, el valor de la finca matrícula 22706-000, cuyo monto será establecido en la fase de ejecución de sentencia. Se reconocen intereses legales a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. Los réditos serán determinados en la etapa de ejecución. Canceladas las sumas mencionadas, ambas partes deberán comparecer ante la Notaría del Estado, con la finalidad de que sea traspasado el bien inmueble Folio Real 22706-000, propiedad de la parte accionante a nombre del INDER. Una vez que se traslade el dominio de este bien inmueble al INDER, dicha entidad autónoma, deberá hacer los ajustes que correspondan con respecto a la doble inmatriculación, respetando los derechos administrativos adquiridos por los beneficiarios y ocupantes, en aplicación de la función social del uso de la tierra. B) RECONVENCIÓN. Se rechaza la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se acoge la falta de derecho. Se rechaza la expresión “sine actione agit”. En consecuencia, se declara sin lugar  en todos sus extremos la reconvención del INDER. C) COSTAS. Se condena al INDER al pago de ambas costas a favor de la parte actora.

 

Sergio Mena García

 

Ileana Sánchez Navarro                                      Juan Luis Giusti Soto

 

 



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

SERGIO MENA GARCIA, JUEZ/A DECISOR/A
ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A
JUAN LUIS GIUSTI SOTO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 08-001193-0161-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:29:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Tribunal Contencioso Administrativo, Section V**

**Resolution No. 07675 - 2024**

**Date of Resolution:** October 30, 2024, at 20:08

**Case File:** 08-001193-0161-CA

**Drafted by:** Sergio Mena García

**Type of Matter:** Ordinary Proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


**Text of the resolution**

**CASE FILE:**

08-001193-0161-CA - 2

**PROCEEDING:**

ORDINARY PROCEEDING

**PLAINTIFF:**

MOMO DE OCCIDENTE S.A.

**DEFENDANT:**

ALONSO GUZMAN CHAVES

**N° 2024007675**

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECTION FIVE, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twenty hours and eight minutes on the thirtieth of October, two thousand twenty-four.-

Ordinary proceeding filed by the corporation Momo de Occidente S.A., legal identification number 3-101-148715, represented by its general agent without limitation of amount, Carlos Huertas Barboza, of legal age, married, Licensed Public Accountant, resident of San José, identification number 104890778, whose legal counsel is Mr. José Pablo Badilla Quirós, Costa Rican Bar Association number 27,057; AGAINST: the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), represented by Mr. Jonathan Jiménez Ruiz, identification number 205850669, Bar Association number 18,943.

**Resultando**

**1.-** On November 3, 2008, the plaintiff corporation filed the complaint that gave rise to this proceeding before the contentious-administrative jurisdiction, according to the facts it sets forth, the law on which it is based, and whose claims were outlined as follows: "...FIRST: Based on the facts stated and legal arguments indicated, I request that the judgment declare: a) The absolute nullity of the following resolutions: A) Resolution number 22, adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario in ordinary session number 26-2007, held on August 13, 2007, by virtue of which it denied the administrative claim filed by my represented party; B) Resolution taken by the Board of Directors of the IDA, in Article No. 38 of Ordinary Session 033-2008, held on September 22, 2008, in which the motion for reconsideration filed by my represented party against the aforementioned resolution number 22 was denied. b) That my represented party, Momo de Occidente S.A., is the legitimate and exclusive owner of the real property registered in the Public Property Registry, District of Puntarenas, under the Folio Real system, Title number 22,706-000, described as follows: agricultural land, located in the District of Potrero Grande, third of the canton of Buenos Aires, third of the Province of Puntarenas, with the following boundaries: north with project boundary, south with Marcelino Santos Zapata, public street, and Ramón Zapata; east with Marcelino Santos Zapata, Public Street, and project boundary; and west with Marco Nájera and Project Boundary, measuring 618,889.26 square meters, Cadastral Plan number P-0026582-1975. c) That the 16 plans that originated the segregations in its own name by the IDA are null and void, and that, in turn, because they fall on another person's property, that segregation in its own name carried out by the Instituto de Desarrollo Agrario on February 23, 1991, by means of a deed granted before the notaries Jorge Manuel Solano Chinchilla and Ana Victoria Mora Mora, by means of which a new Rural Settlement called FINCA GROMACO was established, located adjacent to the COTO BRUS Project, and from the property registered in the Public Registry, District of Puntarenas, number 18777-000, it drew up plans and carried out segregations in its own name, among others, the following properties and plans that must be annulled: Cadastral Plan Area Folio Real 1) 419 P-0941832-1991 1ha 4085.55 6-071397-000 2) 420 P-0941772-1991 2ha3133.15 6-071398-000 3) 422 P-0941831-1991 9ha 6459.05 6-071399-000 4) 422A P-0939031-1990 405.31 6-071400-000 5) 4228 P-0936192-1990 518.21 6-0 714 04-0006) 423 P-0939030-1990 2423.27 6-071401-000 7) 424 P-0939029-1990 2412.16 6-071402-000 8) 425 P-0939028-1990 2161.55 6-071403-000 9) 426 P-0939027 -1990 1249.17 6-071405-000 1 O) 427 P-0939036-1990 439.41 6-071406-000 11) 428 P-0939035-1990 1402.07 6-071407-000 12) 429 P-0932301-1990 920.59 6-071408-000 13) 430 P-0940376-1991 5723.68 6-071409-000 14) 431 P-0936191-1990 768.64 6-07141 0-000 15) 432 P-0939037-1990 549.62 6-071411-000 16) 433 P-0939038-1990 2157. 20 6-071412-000 d) That the parcels indicated in the preceding fact overlap with the property of my represented party number 22706-000 and, consequently, the IDA must be ordered to restore possession thereof to my represented party. e) That neither the IDA, nor the persons to whom it has granted beneficiary status, have any right over the real property owned by my represented party and, consequently, their immediate eviction from the real property must be ordered. f) In the alternative, should the Court consider the social advisability of maintaining the new rural settlement, including the parcels that overlap with the property of my represented party, I request that the IDA be ordered to compensate for the entire property in accordance with the value determined by an expert appraiser (perito), plus interest until its effective payment. g) That the IDA be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to my represented party due to the deprivation of the property in question, which have prevented its use and enjoyment, and which shall be liquidated in the enforcement of judgment stage. h) That the defendant Institute be ordered to pay the costs of both sides of this proceeding. SECOND: a) That an order for the complaint and immobilization (mandamiento de la demanda e inmovilización) be issued, as a preventive measure, so that it is annotated against the following cadastral plans and properties registered in the Property Registry: Cadastral Plan Folio Real 1) P-0941832-1991 6-071397-000  2) P-0941772-1991 6-071398-000 3) P-0941831-1991 6-071399-000 4) P-0939031-1990 6-071400-000 5) P-0936192-1990 6-071404-000  6) P-0939030-1990 6-071401-000 7) P-0939029-1990 6-071402-000 8) P-0939028-1990 6-071403-000 9) P-0939027 -1990 6-071405-000 10) P-0939036-1990 6-071406-000 11) P-0939035-1990 6-071407-000 12) P-0932301-1990 6-071408-000 13) P-0940376-1991 6-071409-000 14) P-0936191-1990 6-071410-000 15) P-0939037 -1990 6-071411-000 16)P-0939038-1990 6-071412-000.." (images 134 to 158 of the digital judicial file). Clarification of the claim: On August 19, 2009, the plaintiff clarified its claim as follows: "...1. I clarify the claim set forth in the initial pleading, insofar as I request that the judgment declare the deregistration or cancellation of the registration of the folios reales indicated therein with the Registry, and additionally the cancellation of the registration with the National Cadastre of the cited Plans, which I reiterate: All from the District of Puntarenas: Folio Real Plan 71397-000 P- 941832-1990 71398-000 P- 941772-1990 71399-000 P- 941831 -1991 71400-000 P- 939031-1990 71401-000 P- 939030-1990 71402-000 P- 930029-1990 71403-000 P- 939028-1900 71404-000 P- 936192-1900 71405-000 P- 939027-1990 71406-000 P- 939036-1990 71407-000 P- 939035-1990 71408-000 P- 932303-1990 71409-000 P- 940376-1991 71410-000 P- 936191-1990 71411-000 P- 939037-1990 71412-000 P- 939038-1990 2. Given that this judge is correct in indicating that the 16 occupants of the aforementioned properties must be joined as necessary passive litis consortium, I state the following: In order to comply with the provisions of article 38 of the Ley de Jurisdicción Agraria, I request, in accordance with the provisions of article 143 of the Código Procesal Civil, which states in the relevant part: "To obtain an extension, it is necessary to request it before the principal term expires, and to allege just cause," that I be granted a term of ONE MONTH from the order resolving this, because this representation must conduct a meticulous study before the IDA, or the pertinent bodies, to determine and identify the parcels and the current possessors. Given that this information is NOT provided by the IDA within the term granted by the resolution of eight hours eight minutes of August seventh of the year two thousand nine, I respectfully request that this term be extended for up to ONE MONTH, in order to gather all the necessary information regarding the current parcel holders (parcelarios) who occupy the sixteen properties in question. 3. Claim for Damages (Daños y Perjuicios): The specific reason giving rise to the claim for damages sought in the complaint is as follows: 3.1 Deprivation of property: the deprivation of property has prevented my represented party from using and enjoying the real property in question, as well as any other benefit that may arise from free possession and disposal of the property, such as: Personal use and enjoyment of the property Free sale of the property Mortgage or any other form of Guarantee of the property - Lease of the property - And in any other manner the disposal of the free ownership of the property. Regarding the specific estimation of the damages caused to my represented party, I state the following: By the IDA distributing the entire front of the property that borders the only main access road, my represented party is left without access to the rest of the property, this has caused two serious situations: first, that I cannot use or dispose of the rest of the property; and second, that with this situation the IDA allowed third parties to enter and take over the rest of the property, opening roads and trails that impair and make it impossible to exercise my legal rights over the property. A.) The company I represent, and plaintiff herein, has a project within the property in dispute, since July 2007, which consists of rectifying 96,106 square meters (see preliminary project, titled as Anexo 1). B). The land, where the 16 parcels illegally granted by the IDA are located, could not form part of the aforementioned project. Thus, in the table attached to this response titled as Anexo 2, I demonstrate that if the undersigned had developed my project since the year 2007, I could have had the possibility of selling 273 lots, for a profit of 269,096,800.00 (two hundred sixty-nine million ninety-six thousand eight hundred colones). I state that I estimate the damage caused by this specific item in the amount of ₡32,291,616.00 (thirty-two million two hundred ninety-one thousand six hundred sixteen exact colones), per year, an amount that corresponds to the interest lost, based on the profit from the unsold lots, at 1% monthly. This amount must be calculated and liquidated starting from the month of July 2007, the date on which the said project began. I state that to calculate the value per square meter, the Land Appraisal that appears in the record was taken as a basis. Regarding the specific issue of the 16 parcels that the IDA illegally assigned, on the land owned by my client, I state that, in accordance with the table titled as Anexo 3, I have failed to receive the following: The total land area is 154,808.63 square meters, land that is duly identified, and which is divided into the plans indicated above. This land, taking into account the value per square meter given by the Expert Appraisal that appears in the record, totals: ₡619,234,520.00 (six hundred nineteen million two hundred thirty-four thousand five hundred twenty exact colones), this amount has been lost by my client, as I have not had the power of disposal over the land to sell it. Based on the indicated amount, I made an annual calculation of the interest lost, in the total sum of ₡374,308,142.40 (seventy-four million three hundred eight thousand one hundred forty-two colones with forty céntimos), an amount that I estimate as the damage caused to my client annually, for this specific item. In summary, I estimate this specific damage caused to my represented party in the amount of 106,599,758.40 per year, starting from July 2007, until the time their payment is made effective, plus the corresponding legal interest. 3.2 Potential Eviction Proceeding: If this proceeding is granted, I will have to undertake an Eviction Proceeding against the current occupants of the 16 parcels, which in addition to causing me moral damage, as I will detail below, also causes me pecuniary damage, as I will find myself in the need of facing a Judicial or Administrative Eviction Proceeding, which generates expenses and costs, which I estimate in the amount of ₡30,000,000.00 (Thirty million colones). 3.3 Moral Damage: By the mere fact of not being able to dispose of the property in question, the moral damage caused to my represented party consists of the pain, anguish, and affliction caused by having a real property that I cannot dispose of. I was obligated to file administrative claims before the IDA, to incur a series of expenses for topographic surveys, appraisals, and visits to the land in order to prove my ownership. All these disturbing actions by the IDA have caused me a series of damages, both moral and material. First, I have suffered immense moral damage, both objective and subjective, since for almost 3 years I have had to appear before various administrative bodies and now judicial ones in defense of my property, which has caused me anguish, worry, sleeplessness, and fear of losing my property (subjective moral damage), and has sown doubts among the residents of the communities of Alto Sábalo de Biolley, Potrero Grande, Buenos Aires de Puntarenas, by questioning my right of possession over the real property subject of this dispute, which has harmed my honor, respect, and good name (objective moral damage). A change in my mood has been caused, which has translated into a way of being different from that in which I found myself before the act, as a consequence thereof, since it has been emotionally harmful. On the other hand, I have suffered harm to my psyche, thus violating my personal rights, as I feel my dignity, my honorability, and peace of mind have been injured, since I have never been a person who intends to harm or hurt others, and with this proceeding, in the best of cases, and if what is requested here is granted, it affects me psychologically to think that several families currently living on the 16 parcels in question could be left homeless. Children, young people, adults, and the elderly may be left destitute, without a place to live; the mere fact of thinking about this causes me great emotional pain, since as I indicated before, I have never been a person capable of causing harm to another, and although I clearly have it clear in my mind that IT IS NOT MY FAULT what is happening, I cannot stop thinking about all these people, and what they will feel towards me after this proceeding is concluded. Your Honor, as I will demonstrate throughout this proceeding, I have been a benevolent person in the community where these events are occurring; I can demonstrate that I charitably donated the land for the construction of the local School, and I also donated the necessary land for the construction of the Sports Plaza, therefore, Your Honor may understand my feelings, knowing that a Government Institution, such as the IDA, has placed me in an uncomfortable position, before the astonished gaze of these people when I indicate to them that they must vacate the land that legally belongs to me. Such damages are estimated as follows: a) For subjective moral damage: the sum of 90 million colones. b) For objective moral damage: the sum of 20 million colones. It shall be taken into consideration that moral damage is subjective and is directly proportional to the affective aspect of the human being; that is, the degree of reaction to the same circumstances can cause different psychological states depending on the subject; what offends one person may not offend another. The rights protected by implementing the concept of moral damage are those that protect peace, integrity, honorability, and mental and spiritual health. 3.4 TOTAL ESTIMATION OF DAMAGES (DAÑOS Y PERJUICIOS): I estimate the totality of the Damages caused to my person in the sum of 353,199,516.80 (Three hundred fifty-three million one hundred ninety-nine thousand five hundred sixteen colones with eighty céntimos), plus the corresponding legal interest, from the date they were granted until the date of their effective payment. Likewise, I request that the amount awarded for damages be increased by the adjustment for the time value of money..." (images 197 to 204 of the digital judicial file). Amendment to the complaint and claim: On November 24, 2009, the plaintiff legal entity amended its complaint and claim against: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Víctor Manuel Arredondo Bejarano, and the State (Ministry of Culture, Youth and Sports), with the following claims: "...I request that the Judgment grant each and every one of the points requested as claims in the initial pleading of this proceeding, and regarding the possessor parcel holders, named as defendants herein, I request that the judgment declare: a) That they vacate the property owned by my client, indicated above, which they have been possessing irregularly and illegally. b) I expressly state that I have no interest in collecting from the occupant parcel holders, in their capacity as such, any item for damages (daños y perjuicios), nor the costs of this proceeding. e) I request that the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to pay the damages caused to my represented party, as well as the costs of both sides of this proceeding. d) ESTIMATION OF DAMAGES (DAÑOS Y PREJUICIOS): I reiterate that I claim this item only against the Instituto de Desarrollo Agrario, which I had already liquidated and duly justified in a previous pleading, for the sum of ₡353,199,516.80 (Three hundred fifty-three million one hundred ninety-nine thousand five hundred sixteen thousand five hundred sixteen colones with eighty céntimos), plus the corresponding legal interest, from the date they were granted until the date of their effective payment. Likewise, I request that the amount awarded for damages be increased by the adjustment for the time value of money..." (images 261 to 282 of the judicial file). Then, on January 12, 2012, the plaintiff corporation amended its complaint against ICODER and JUNTA DE EDUCACIÓN DE SÁBALO, as follows: "...I request that the Judgment grant each and every one of the points requested as claims in the initial pleading of this proceeding, and regarding the possessor parcel holders, named as defendants herein, I request that the judgment declare: a) That they vacate the property owned by my client, indicated above, which they have been possessing irregularly and illegally. b) I expressly state that I have no interest in collecting from the occupant parcel holders, in their capacity as such, any item for damages (daños y perjuicios), nor the costs of this proceeding. e) I request that the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to pay the damages caused to my represented party, as well as the costs of both sides of this proceeding. d) ESTIMATION OF DAMAGES (DAÑOS Y PREJUICIOS): I reiterate that I claim this item only against the Instituto de Desarrollo Agrario, which I had already liquidated and duly justified in a previous pleading, for the sum of ₡353,199,516.80 (Three hundred fifty-three million one hundred nineteen thousand five hundred sixteen thousand five hundred sixteen colones with eighty céntimos), plus the corresponding legal interest, from the date they were granted until the date of their effective payment. Likewise, I request that the amount awarded for damages be increased by the adjustment for the time value of money..." (images 649 to 669 of the judicial file). Subsequently, on April 20, 2015, it amended its complaint against Luis Fernando Rodríguez Barrantes: "...I request that the Judgment grant each and every one of the points requested as claims in the initial pleading of this proceeding, and regarding the possessor parcel holders, named as defendants herein, I request that the judgment declare: a) That they vacate the property owned by my client, indicated above, which they have been possessing irregularly and illegally. b) I expressly state that I have no interest in collecting from the occupant parcel holders, in their capacity as such, any item for damages (daños y perjuicios), nor the costs of this proceeding. e) I request that the Instituto de Desarrollo Agrario, now INDER, be ordered to pay the damages caused to my represented party, as well as the costs of both sides of this proceeding. d) ESTIMATION OF DAMAGES (DAÑOS Y PREJUICIOS): I reiterate that I claim this item only against the Instituto de Desarrollo Agrario, which I had already liquidated and duly justified in a previous pleading, for the sum of ₡353,199. 516.80 (Three hundred fifty-three million one hundred ninety-nine thousand five hundred sixteen thousand five hundred sixteen colones with eighty céntimos), plus the corresponding legal interest, from the date they were granted until the date of their effective payment. Likewise, I request that the amount awarded for damages be increased by the adjustment for the time value of money. ..." (images 871 to 891 of the digital judicial file). On March 4, 2019, it filed a partial withdrawal (desistimiento) of its reivindicatory claims, in the following terms: "...Given the countless number of persons occupying the real property owned by my represented party, many of whom are unknown to the undersigned, and with the aim of obtaining effective judicial protection under article 41 of the Magna Carta, my client withdraws from the reivindicatory points and retains only the compensation regime against the Instituto de Desarrollo Rural. In addition to the foregoing, it is important to indicate that my represented party does not wish to cause social collapse with a possible eviction of the persons invading the land due to INDER's deficient actions. In that vein, as it is a claim solely for compensation brought against INDER, the pertinent course is to continue processing this proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, as there has been a supervening loss of this jurisdiction's competence. Specifically, the proceeding will deal solely with the compensation owed, due to an abnormal functioning of the Administration under the terms of articles 190 and following of the LGAP, not over the possession or ownership of the property. Thus, let the complaint be deemed withdrawn with respect to the claim of the proceeding, order the withdrawal without special order as to costs, continue the proceeding solely against INDER, and forward the record to the Tribunal Contencioso Administrativo, since this body has lost objective competence..." (images 1572 to 1573 of the digital judicial file). Clarification of claims on October 27, 2022: "...As stated in the record, a partial withdrawal was made from the claims initially set forth in the complaint pleading; specifically, the reivindicatory request was withdrawn and only the compensation claim for that dispossession of property by the defendant was retained. In that vein, the set of claims would be as follows: “Based on the facts stated and legal arguments indicated, I request that the judgment declare: 1. The absolute nullity of the following resolutions: A) Resolution number 22, adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario in ordinary session number 26-2007, held on August 13, 2007, by virtue of which it denied the administrative claim filed by my represented party; B) Resolution taken by the Board of Directors of the IDA, in Article No. 38 of Ordinary Session 033-2008, held on September 22, 2008, in which the motion for reconsideration filed by my represented party against the aforementioned resolution number 22 was denied. 2. That my represented party, Momo de Occidente S.A., is the legitimate and exclusive owner of the real property registered in the Public Property Registry, District of Puntarenas, under the Folio Real system, Title number 22706-000, described as follows: agricultural land, located in the District of Potrero Grande, third of the canton of Buenos Aires, third of the province of Puntarenas, with the following boundaries: north with project boundary, south with Marcelino Santos Zapata, public street, and Ramón Zapata; east with Marcelino Santos Zapata, Public Street, and project boundary; and west with Marco Nájera and Project Boundary, measuring 618,889.26 square meters, Cadastral Plan number P-0026582-1975. 3. Through an illegal act, overlapped segregations were generated on the property of Momo de Occidente S.A., which caused a total dispossession of the property. 4. I request that INDER be ordered to compensate for the entirety of the property dispossessed through its illegal act, in accordance with the value determined by an expert appraiser (perito), plus interest until its effective payment. 5. That INDER be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) in the abstract, which will be liquidated in the enforcement of judgment stage. 6. That INDER be ordered to pay the costs of both sides of this proceeding..." (images 1693 to 1694 of the digital judicial file). At the preliminary hearing on October 23, 2023, the claims were adjusted as follows: "...13:55 The Judge indicates that the claim can be found at images 1693 and 1694 of the judicial file. Next, the representative of the plaintiff states that he withdraws claim #1, keeping the remaining claims intact. 13:57 INDER's representative states that he has no opposition regarding the withdrawal of claim #1, however, he requests that claim

#5 be clarified. 13:58 The Judge proceeds to provide the corresponding reasoning and indicates that by virtue of the fact that this matter became a civil treasury proceeding, the claim 14:02 The floor is given to the representative of the plaintiff. 14:03 The Judge provides the respective reasoning and decides to deny the appeal filed. In this vein, she proceeds to define the subject matter of the proceedings in the terms indicated in the brief visible at images 1693 and 1694 of the judicial file, taking into consideration the withdrawal set forth at this hearing..." (images 1786 to 1794 of the judicial file in digital format).

In the oral and public trial held on October 3, 2024, the claims were read to the parties and confirmed by them (see minutes in images 1875 to 1881 of the judicial file and audiovisual support).

2.- That on November 24, 2008, the judge handling the contentious proceeding, on the court's own motion, noted the lack of jurisdiction and granted a hearing to the parties (images 161 to 162 of the judicial file).

3.- That on February 27, 2009, the judge of the preliminary phase declared the lack of jurisdiction (images 171 to 176 of the digital judicial file).

4.- That on June 1, 2009, the Agrarian Court of the Southern Zone declared itself without jurisdiction (image 180 of the judicial file in digital format).

5.- That on June 26, 2009, through resolution 468-C-09, at fourteen hours ten minutes, the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José referred the matter to the Agrarian Court of Pérez Zeledón (images 185 to 187 of the judicial file in digital format).

6.- That on August 7, 2009, the Agrarian Court of Pérez Zeledón assumed jurisdiction over the proceeding until its conclusion and joined the occupants of the property to the litigation (images 195 to 196 of the digital judicial file).

7.- That on August 19, 2009, the plaintiff clarified and expanded the claim, as was set forth in the first resultando of this ruling (images 197 to 204 of the judicial file in digital format).

8.- That on September 22, 2009, the Agrarian Court of Pérez Zeledón granted the plaintiff company a time period to join the necessary joinder of parties (image 217 of the digital judicial file).

9.- That on November 4, 2009, the plaintiff indicated the names of the defendants who were to be joined in the litigation, namely: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, and Víctor Manuel Arredondo Bejarano (images 220 to 228 of the judicial file in digital format).

10.- That on November 19, 2009, the Agrarian Court of Pérez Zeledón cautioned the plaintiff entity to expand the complaint against each of the persons it had indicated were the occupants of the property in question (image 260 of the digital judicial file).

11.- That on November 24, 2009, the plaintiff company expanded its claims against: Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Víctor Manuel Arredondo Bejarano, and the State (Ministry of Culture, Youth, and Sports), as explained in the first resultando of this resolution (images 261 to 282 of the digital judicial file).

12.- That on February 15, 2010, the Agrarian Court of Pérez Zeledón deemed the proceeding established against INDER, the State, Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, Marcelino Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, and Víctor Manuel Arredondo Bejarano (images 286 to 294 of the judicial file).

13.- That on April 29, 2010, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, and Alonso Guzmán Chaves answered the complaint and raised the defenses of statute of limitations (prescripción), failure to join forty additional parcel holders in the litigation, lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), and lack of right (images 309 to 314 of the digital judicial file). Also, Domingo Santos Zapata answered the complaint (images 338 to 341 of the digital file). Likewise, Alonso Guzmán Chaves filed a counterclaim (images 344 to 347 of the digital judicial file).

14.- That on April 30, 2010, the State answered the complaint and raised the defense of failure to join ICODER and the Administrative Board of the Sábalo School in the litigation, lack of passive standing (legitimación ad causam pasiva), and lack of right (images 315 to 325 of the digital judicial file).

15.- That on May 5, 2010, INDER answered the complaint in the negative and raised the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of right, lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), failure to join the necessary passive joinder of parties, as well as the archaic expression "sine actione agit" (images 389 to 401 of the judicial file). At the same time, it filed a counterclaim against Momo de Occidente S.A., with the following claims: "...I request that the judgment declare the following: Principal: a- That it be declared that the Institute of Agrarian Development is the sole owner with mediate possession of the property in question and that positive prescription has operated in my favor over the farm registered in the name of the plaintiff. b- That the cancellation be ordered in the Public Registry of the Puntarenas Farm with Real Folio registration number 22.706-000, which appears in the name of the plaintiff, due to double registration. c- That the plaintiff be ordered to pay my represented party all damages and losses caused by its actions in relation to the Puntarenas farm number 22.706-000. d- That the counter-defendant, Momo de Occidente S.A., be ordered to pay both sets of costs of the proceeding..." (images 516 to 520 of the judicial file in digital format). In the preliminary hearing of October 23, 2023, the claims of the counterclaim were fixed as follows: "...15:34 The Judge indicates that the claim is visible at images 519 and 520 of the judicial file. Subsequently, the representative of the counterclaimant adjusts the claim as follows: in claim a) That it be declared that the Institute of Agrarian Development, now INDER, is the sole owner with mediate possession of the property in question, which is the one indicated by public deed No. 5 of Volume IV of the protocol of Notary Ana Victoria Mora Mora executed at sixteen hours on June 15, 1980, and real folio number 22706-000, and that positive prescription has operated in my favor over the farm registered in the name of the plaintiff, and in claim d) the payment of legal interest generated until its effective payment is added. 15:37 The representative of the counter-defendant requests that claim c) be clarified. 15:38 The representative of INDER states that he withdraws claim c); only claims a), b), and d) would remain. 15:39 The Judge proceeds to fix the subject matter of the proceeding in the terms indicated in the counterclaim, with the adjustment made in this hearing and taking into consideration the withdrawal of claim c) as proposed..." (audiovisual support and images 1786 to 1794 of the judicial file).

16.- That on May 6, 2006, Valeria Villanueva Vega, Juan Gerardo Díaz Vega, Marcelino Santos Zapata, Mireya Zapata Zapata, and Arcenio Santos Zapata answered the complaint and filed a counterclaim (images 548 to 558 of the digital judicial file).

17.- That on September 8, 2010, the Agrarian Court of Pérez Zeledón deemed the answers to the complaint by Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, Valeria Villanueva Vega, Juan Gerardo Diaz Vega, Marcelino Santos Zapata, Mireya Zapata Zapata, and Arcenio Santos Zapata, as well as that of the State and INDER, to have been filed in a timely manner and proper form (image 572 of the digital judicial file).

18.- That on September 11, 2010, the plaintiff company responded to INDER's answer to the complaint (images 574 to 581 of the digital judicial file). Likewise, it answered the counterclaim in the negative and raised the defenses of lack of right and lack of active standing (legitimación ad causam activa). It alleged "sine actione agit" (images 602 to 607 of the digital judicial file).

20.- That on March 4, 2011, the Agrarian Court of Pérez Zeledón cautioned the plaintiff, since it was still necessary to join ICODER and the Sábalo Education Board to the litigation (image 622 of the digital judicial file).

21.- That on March 29, 2011, the plaintiff commercial entity filed a brief indicating that the joinder of parties had already occurred because the Ministry of Culture, Youth, and Sports had been notified, making it unnecessary to bring ICODER or the Education Board into the proceeding (images 624 to 628 of the digital judicial file).

22.- That on June 14, 2011, the Agrarian Court of Pérez Zeledón cautioned Momo de Occidente S.A. to indicate the name of the sixteen defendant parcel holders who occupied the property (image 632 of the digital judicial file).

23.- That on June 27, 2011, the plaintiff company informed the Agrarian Court of Pérez Zeledón that it knew of no other possessor of the property (images 634 to 636 of the judicial file).

24.- That on December 6, 2011, the Agrarian Court of Pérez Zeledón rejected the defense of lack of passive standing (legitimación ad causam pasiva) raised by the State, and likewise denied the defense of failure to join the necessary passive joinder of parties raised by Alonso Guzmán Chaves, Guillermo Navarro Carranza, Domingo Santos Zapata, and INDER. In addition, it reserved ruling on the defense of statute of limitations (prescripción) raised by the aforementioned parties for the issuance of the judgment. Finally, it ordered the joinder of Sindy Navarro Cruz (image 638 of the judicial file).

25.- That on January 12, 2012, the plaintiff expanded its complaint against ICODER, the Sábalo Education Board, and Sindy Navarro Cruz (images 646 to 692 of the digital judicial file).

26.- That on April 23, 2012, the Agrarian Court of Pérez Zeledón granted service of the complaint to ICODER, the Education Board of the Sábalo School, and Sindy Navarro Cruz (images 710 to 711 of the judicial file).

27.- That on June 5, 2012, the Sábalo School appeared in the proceeding (images 730 to 733 of the digital judicial file).

28.- That on June 13, 2012, the Agrarian Court of Pérez Zeledón reserved ruling on the appearance and statements of the Education Board of the Sábalo School, in which it made some statements without answering the complaint (image 737 of the judicial file).

29.- That on June 6, 2012, ICODER answered the complaint in the negative and raised the defense of statute of limitations (prescripción) (images 739 to 741 of the judicial file in digital format).

30.- That on December 13, 2012, Luis Fernando Rodríguez Barrantes appeared as an interested third party (images 763 to 764 of the digital judicial file).

31.- That on December 17, 2012, the Agrarian Court of Pérez Zeledón accepted the appearance of Luis Fernando Rodríguez Barrantes as an interested third party (image 769 of the digital judicial file).

32.- That on January 8, 2015, the Agrarian Court of Pérez Zeledón declared Sindy Navarro Cruz in default (rebelde) (image 803 of the digital judicial file).

33.- That on January 18, 2015, the plaintiff legal entity responded to ICODER's answer, as well as to the counterclaims of Domingo Santos Zapata, Alonso Guzmán Chaves, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Juan Díaz Vega, Marcelino Santos Zapata, and Arecenio Santos Zapta (images 825 to 837 of the digital judicial file).

34.- That on March 25, 2015, the Agrarian Court of Pérez Zeledón deemed the complaint to have been answered affirmatively by the Education Board of the Sábalo School (image 866 of the digital judicial file).

35.- That on April 20, 2015, the plaintiff company, Momo de Occidente, sued Luis Fernando Rodríguez Barrantes (images 893 to 913 of the digital judicial file).

36.- That on May 4, 2015, the Agrarian Court of Pérez Zeledón granted service of the complaint to Luis Fernando Rodríguez Barrantes (image 915 of the digital judicial file).

37.- That on June 9, 2015, Luis Fernando Rodríguez Barrantes answered the complaint against him (images 936 to 941 of the digital judicial file).

38.- That on June 11, 2015, the Agrarian Court of Pérez Zeledón, in view of the new circular regarding territorial jurisdiction, transferred the matter to the Agrarian Court of Buenos Aires (image 941 of the digital judicial file).

39.- That on August 12, 2015, the Agrarian Court of Buenos Aires assumed jurisdiction over the case (image 948 of the digital judicial file).

40.- That on November 9, 2015, the Judge of the Agrarian Court of Buenos Aires recused himself from hearing the proceeding (image 971 of the digital judicial file).

41.- That on January 14, 2016, the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, through vote 13-C-16, resolved the conflict and indicated that the competent court was the Agrarian Court of Buenos Aires (images 983 to 988 of the digital judicial file).

42.- That on October 2, 2018, the Agrarian Court of Buenos Aires scheduled an on-site hearing (audiencia en el lugar de los hechos) (image 1470 of the digital judicial file).

43.- That on January 15, 2019, the Agrarian Court of Buenos Aires ordered the exclusion of the State from the proceeding (image 1553 of the judicial file).

44.- That on January 17, 2019, the scheduled hearing began in Carmen de Biolley, Buenos Aires de Puntarenas; however, it was suspended in order to join other occupants to the litigation (image 1555 of the digital judicial file).

45.- That on March 4, 2019, the plaintiff company filed a withdrawal (desistimiento) of its reivindicatory claim, in the following terms: "...Due to the countless number of persons occupying the property owned by my represented party, many of whom are unknown to the undersigned, and in order to obtain effective judicial protection pursuant to Article 41 of the Magna Carta, my principal withdraws the reivindicatory claims and preserves only the indemnification regime against the Institute of Rural Development. In addition to the foregoing, it is important to indicate that my represented party does not wish to cause a social collapse with a possible eviction of the persons invading the land due to the deficient actions of INDER. In this vein, since it is an indemnification claim solely asserted against INDER, the appropriate course is to continue processing this proceeding before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, due to a supervening loss of jurisdiction of this court. Specifically, the proceeding will solely concern the indemnification owed, due to an abnormal functioning of the Administration under the terms of Articles 190 and following of the LGAP, and not regarding the possession or ownership of the property. Therefore, let the complaint be deemed withdrawn with respect to the claim of the proceeding, order the withdrawal without special award of costs, continue the proceeding solely against INDER, and refer the case file to the Contentious-Administrative Tribunal, as this body has lost objective jurisdiction..." (image 1572 of the digital judicial file).

46.- That on March 18, 2019, the Agrarian Court of Buenos Aires granted a hearing to the defendants regarding the request for withdrawal (desistimiento) filed by the plaintiff company (image 1574 of the digital judicial file).

47.- That on March 22, 2019, INDER opposed the withdrawal (desistimiento) filed by the plaintiff private legal entity (images 1587 to 1588 of the judicial file).

48.- That on June 18, 2019, the Agrarian Court of Buenos Aires, regarding the withdrawal (desistimiento) of the complaint, resolved: "...The withdrawal of the complaint by the plaintiff Momo de Occidente S.A. is accepted; consequently, the present matter is terminated and its archiving is ordered. Remove it from the docket book kept for these purposes by this court. The plaintiff is ordered to pay costs; the damages and losses caused to the opposing parties by said withdrawal..." (image 1595 of the judicial file).

49.- That on June 21, 2019, the plaintiff filed an appeal against the resolution of fourteen hours and fifty-three minutes of June eighteenth, two thousand nineteen, by which its withdrawal (desistimiento) was granted, the case was archived, and it was ordered to pay costs (image 1596 of the judicial file in digital format).

50.- That on August 23, 2019, through the resolution of seven hours five minutes, the Agrarian Court of Buenos Aires resolved the following: "...The resolution of fourteen hours and fifty-three minutes of June eighteenth, two thousand nineteen, is revoked, and in its place it is resolved: as requested by the plaintiff in its brief dated June twenty-first of this year, it withdraws the reivindicatory claim set forth in the initial complaint. Continue with the proceedings regarding the indemnification claim against the National Institute of Rural Development (INDER), withdrawing against the remaining defendants. Likewise, the award of costs, damages, and losses caused to the opposing parties by said withdrawal is maintained..." (the highlighting is not from the original, image 1615 of the judicial file).

51.- That on December 6, 2019, the Agrarian Court of Buenos Aires filed a motion to decline jurisdiction (inhibitoria) to hear the matter, due to the withdrawal (desistimiento) of the agrarian reivindicatory claims, leaving only INDER as defendant and counterclaimant, and because it involved a civil treasury liability matter (image 1628 of the judicial file).

52.- That on May 5, 2020, the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit, through vote No. 401-C-20, approved the motion to decline jurisdiction (inhibitoria) and sent the matter to the contentious-administrative jurisdiction (images 1649 to 1653 of the judicial file).

53.- That on May 31, 2022, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, through resolution 001292-C-S1-2022, declared that jurisdiction over the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (images 1676 to 1679 of the digital judicial file).

54.- That on October 4, 2022, the judge handling the contentious proceeding cautioned Momo de Occidente S.A. to clarify what the claims of the proceeding were (image 1690 of the digital judicial file).

55.- That on October 27, 2022, the plaintiff clarified its claims at the request of the judge handling the proceeding of the Contentious-Administrative Tribunal, in the following terms: "...As evidenced in the case file, a partial withdrawal (desistimiento) was made of the claims initially raised in the complaint brief; specifically, the reivindicatory request was withdrawn and only the indemnification claim for that dispossession of the property by the defendant was preserved. In this vein, the set of claims would be as follows: “Based on the facts presented and the legal arguments indicated, I request that the judgment declare: 1. The absolute nullity of the following agreements: A) Agreement number 22, adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development in ordinary session number 26-2007, held on August 13, 2007, by virtue of which it rejected the administrative claim filed by my represented party; B) Agreement adopted by the Board of Directors of the IDA, in Article No. 38 of Ordinary Session 033-2008, held on September 22, 2008, in which the motion for reconsideration filed by my represented party against the cited agreement number 22 was rejected. 2. That my represented party, Momo de Occidente S.A., is the legitimate and exclusive owner of the property registered in the Public Property Registry, Registry of Puntarenas under the Real Folio system, Registration Number 22706-000, and which is described as follows: land for agriculture, located in the Potrero Grande District, third of the canton of Buenos Aires, third of the province of Puntarenas, with the following boundaries: to the north with project limit, to the south with Marcelino Santos Zapata, public road, and Ramón Zapata; to the east with Marcelino Santos Zapata, Public Road, and project limit; and to the west with Marco Nájera and Project Limit, with an area of 618,889.26 square meters, Cadastral Plan number P-0026582-1975. 3. That through illegal action, overlapping segregations were generated with the property of Momo de Occidente S.A., which caused a total dispossession of the property. 4. I request that INDER be ordered to indemnify the entirety of the dispossessed farm for its illegal action, in accordance with the value determined by an expert, plus interest until its effective payment. 5. That INDER be ordered to pay damages and losses in the abstract (daños y perjuicios en abstracto), which shall be liquidated in the judgment enforcement stage. 6. That INDER be ordered to pay both sets of costs of this proceeding..." (images 1693 to 1694 of the judicial file).

56.- That on January 9, 2023, through the resolution of ten hours thirty-four minutes, the judge of the preliminary stage resolved the following: "...By virtue of the withdrawal (desistimiento) already resolved in the case file and the clarification of claims made by the plaintiff on October 27, 2022, the counterclaimants Domingo Santos Zapata, Alonso Guzmán Chaves, Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Marcelino Santos Zapata, Arcenio Santos Zapata, and Juan Gerardo Díaz Vega are requested to expressly state within a period of THREE BUSINESS DAYS whether they wish to continue with the counterclaims filed...." (image 1698 of the judicial file). That same day, through the resolution of eleven hours twenty-seven minutes, it resolved the following: "...Understanding that the complaint is directed solely against the Institute of Rural Development (INDER), according to the resolutions issued at fourteen hours fifty-three minutes on June eighteenth, two thousand nineteen, and at seven hours five minutes on August twenty-third, two thousand nineteen, coupled with the ruling by the First Chamber through resolution No. 1292-C-S1-2022 at nine hours twenty-one minutes on May thirty-first, two thousand twenty-two, having clarity on the claims of the complaint, in accordance with Article 95 of the Contentious-Administrative Procedure Code, a hearing is granted to INDER for a period of FIVE BUSINESS DAYS to respond thereto..." (image 1700 of the judicial file).

57.- That on February 1, 2023, INDER responded regarding the opposition to the counterclaim (images 1718 to 1721 of the judicial file).

58.- That on February 3, 2024, INDER made a statement regarding the adjustment of claims made by the plaintiff company (images 1732 to 1740 of the judicial file).

59.- That on June 16, 2023, through the resolution of twelve hours sixteen minutes, it resolved the following: "...Having reviewed the brief dated January 30 of the current year signed by the Public Defender, Attorney Nubia Miranda Pérez, she is cautioned to provide, within a period of THREE BUSINESS DAYS, the request for withdrawal (desistimiento) of the counterclaim in accordance with Article 113.1 of the Contentious-Administrative Procedure Code, duly signed by the counterclaimants Domingo Santos Zapata and Alonso Guzmán Chaves. The foregoing, under warning of not addressing future requests…" (image 1743 of the judicial file). That same day, through the resolution of twelve hours thirty minutes, the following was resolved: "...Regarding the memorials dated January 14, 2020, and April 20 of the current year, in which enforcement of judgment is requested, as provided by Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code, the case file is referred to the Enforcement area of this Tribunal for appropriate action…" (image 1744 of the judicial file).

60.- That on July 28, 2023, through resolution of thirteen hours forty minutes, through resolution 1038-2023, the handling judge resolved the following: "...Based on the foregoing and in accordance with Article 113 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the request for withdrawal (desistimiento) of the counterclaims filed by Domingo Santos Zapata and Alonso Guzmán Chaves is granted. It is resolved without special award of costs…" (images 1758 to 1760 of the judicial file).

61.- That on August 15, 2023, through the resolution of eight hours five minutes, the handling judge resolved: "...From a meticulous review of the 'counterclaim' filed by Valeria Villanueva Vega, Mireya Zapata Zapata, Marcelino Santos Zapata, Domingo Santos Zapata, Juan Gerardo Díaz Vega, and Arcenio Santos Zapata (see images 551 and following of the judicial file), it is evident that it was filed solely against the Institute of Agrarian Development (now INDER) and not against MOMO DE OCCIDENTE S.A.; therefore, the resolution of nine hours forty-eight minutes of January eighth, two thousand fifteen, is partially annulled, only insofar as it deemed the counterclaim filed and summoned Momo de Occidente S.A. (see image 806 of the judicial file), who - it is reiterated - is the plaintiff in this matter. Now, given that there is no connection between the complaint and the indicated counterclaim, under the terms of Articles 7.3 and 38.1 of the Civil Procedure Code, supplementary applicable in this jurisdiction by virtue of numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code; let the indicated plaintiffs, if it is of their interest, file an independent proceeding, considering that the complaint brief must meet the formalities established by Article 58 of the Contentious-Administrative Procedure Code (a complaint to which a different case file number will be assigned). As a consequence of the foregoing, the processing of the brief denominated 'counterclaim' will not continue, as ordered in this resolution…" (images 1766 to 1767 of the judicial file).

62.- That on October 23, 2023, the preliminary hearing established in article 90 of the Contentious-Administrative Procedure Code was held, which is recorded in the digital system, in which the claims were fixed, as set forth in the first resultando of this ruling, as well as in the fifteenth. At that time, procedural cleansing (saneamiento) aspects were analyzed, the claims were clarified, the disputed facts were established, and the admission of both documentary, confessional, and testimonial evidence was ordered (audiovisual support and images 1786 to 1794 of the judicial file).

63.- That on November 3, 2023, the matter was assigned to the Fifth Section of the Tribunal (image 1795 of the digital judicial file).

64.- That on February 9, 2024, due to the schedule adjustments the Tribunal had to make as a result of the Redesign, the trial was scheduled for October 3, 16, and 17, 2024 (images 1709 to 1802 of the digital judicial file).

65.- That on September 11, 2024, the Tribunal sent the trial reminder to be held on October 3, 16, and 17, 2024 (images 1823 to 1829 of the digital judicial file).

66.- That on October 3, 2024, the oral and public trial was held. The Tribunal rejected the statement of Margarita Elizondo Jiménez, offered as evidence for better resolution, and admitted the substitution of witness Alonso Guzmán Chaves for Domingo Santos Zapata. The conclusions were left for the parties to make in writing (audiovisual support and images 1875 to 1881 of the judicial file in digital format).

67.- In the proceeding before this Tribunal, no nullities have been observed that must be corrected or that cause defenselessness, and the judgment is issued within the time period established in Article 111, subsection 1) of the Contentious-Administrative Procedure Code and Article 82.1 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, following rigorous deliberation and unanimously.

Drafted by Judge Mena García with the affirmative vote of Judge Sánchez Navarro and Judge Giusti Soto;

Considering

I.- Proven facts (useful for resolving the case). 1) That on May 19, 1976, the Institute of Lands and Colonization (ITCO), segregated from its farm 18,777 a farm that it sold for the sum of one thousand six hundred five colones to Mr. Jacinto Sequeira García, with number 22,706, with an area of sixty-two hectares, two thousand two hundred eighty-four square meters, located in the third district, third canton, of the Province of Puntarenas (image 53 of the administrative file provided by INDER in digital PDF format, named "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023"). 2) That on June 15, 1980, through public deed number five, before Notary Ana Victoria Mora Mora and Notary Jorge Manuel Solano Chinchilla, Mr. Osborne Lamoree Duesing transferred by sale, to ITCO, an unregistered property denominated "Finca Colorado", located in district three, third canton of the Province of Puntarenas, composed of fourteen lots and farms, which on the ground formed a single unit, which was land for agriculture with pastures and mountain, with some constructions, with an area of three thousand one hundred forty-nine hectares, eight thousand five hundred eighty-six square meters, and ninety-six square decimeters, for the price of four million nine hundred eighty-eight thousand four hundred ninety-six colones and eighty-five centimos (images 501 to 508 of the judicial file in digital format).

3) That on December 6, 1983, Jacinto Sequeira García sold farm number 22706 to Sociedad Parcelas y Lotes Agrícolas de Costa Rica S.A., represented by Carlos Guillermo Liebhaber Villanueva (image 53 of the administrative file provided by INDER in digital PDF format, named "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

4) That on November 17, 1989, Carlos Guillermo Liebhaber Villanueva sold farm number 22706 to Wilson Soto Mora (images 66 to 73 of the administrative file provided by INDER in digital PDF format, named "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

5) That on February 4, 1991, in Article VI of Session 10-91 of the Board of Directors of IDA, the segregation (segregación) and adjudication (adjudicación) of 289 parcels (parcelas) was approved, corresponding to delivery number 1 of the Gromaco settlement (asentamiento) (images 447 to 448 and 449 to 466 of the judicial file in digital format).

6) That on August 6, 2003, before Notary Public Juan Carlos Castillo Quirós, Mr. Wilson Soto Mora sold farm 22706-000 to Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A) (images 117 to 118 of the administrative file provided by INDER in digital PDF format, named "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

7) That on June 11, 2007, at two o'clock in the afternoon, Mr. Carlos Huertas Barboza appeared before Notary Public Cinthia Villalobos Miranda in his dual capacity as general attorney-in-fact without limit of amount (apoderado generalísimo sin límite de suma) of the companies Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A) and Momo de Occidente S.A.; through public deed 399, the first company sold to the second, for the sum of ₡500,000 (five hundred thousand colones), the farm registered under the real folio system (sistema de folio real) 22706-000, of the Province of Puntarenas, described as follows: with nature of land for agriculture, located in district three, Potrero Grande, Canton of Buenos Aires; bounded on the north by the project boundary; on the south by Marcelino Santos Zapata, a public road, and the project boundary; on the west by Marco Nájera and the project boundary; with a measurement of six hundred eighteen thousand eight hundred eighty-nine square meters and twenty-six square decimeters (618,889.26), cadastral plan (plano catastrado) P-0026582-1975 (images 586 to 589 of the judicial file in digital format). From the moment of acquisition of farm 22706-000, the plaintiff company has not entered into possession of the real property, nor has it carried out any infrastructure works. At the same time, Mr. Carlos Huertas Barboza, general attorney-in-fact without limit of amount of the plaintiff company, knew that the land had been occupied by private individuals since before nineteen hundred and up to the date on which he gave his confessional statement (escuchar declaración confesional bajo juramento, del representante de Momo de Occidente S.A., Carlos Huertas Barboza en soporte audiovisual del juicio oral y público).

8) That on June 29, 2007, the Public Registry of Real Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble) registered the transfer of farm 22706-000 of the Party of Puntarenas in the name of the plaintiff company (images 6 and 589 of the judicial file in digital format).

9) That on July 6, 2007, the plaintiff company requested from IDA the return of its property under real folio 22706-000 of the Party of Puntarenas, which had been divided into parcels in the name of said institution (images 3 to 7 of the administrative file in digital format, PDF file, named: "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

10) That on August 13, 2007, the Board of Directors of IDA rejected the claim of Momo de Occidente S.A., through which it demanded the return of its property, under real folio 6-22706-000, which had been divided into parcels by said institution (image 9 and 382 of the judicial file in digital format provided by the plaintiff).

11) That without being able to specify an exact date, but in September 2008, engineer Manuel Ledezma Cordero, at the request of the plaintiff company, prepared an "appraisal report (informe de avalúo)". In the section "Background and Purpose of the Expert Report" he stated: "...Pursuant to the verbal request of Lic. Carlos Huertas Barboza, ID number 1-0489-0778, in his capacity as Representative of Momo de Occidente Sociedad Anónima, Legal ID 3-101-148715, I was hired as an independent professional to estimate the value of the farm registered in the Property Registry under Real Folio 6-022706-000 and defined according to Cadastral Plan P-026582-1975. In accordance with the administrative claim before IDA under reference file 10.03.08 filed by Lic. Carlos Huertas Barboza on July 6, 2007, information regarding the recent history of the farm was available. The farm is currently occupied by parcel holders (parceleros). Many of them were benefited when a subdivision project (proyecto de parcelación) was developed, executed by the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA). Cadastral plans were registered that overlap with the plan of the farm under study. The parcel holders have made improvements on the lands assigned to them (crops, dwelling houses, etc.). Within the farm, the following are also located: (SEE SKETCH No. 2). 1- A plot of land where the Alto Sábalo School is located. 2- A plot of land for the sports field. 3- A road bordering the sports field. 4- A road connecting to the town of Linda Vista. At the request of the interested party, the improvements made by the parcel holders on the lands assigned to them will not be taken into account. However, to carry out a current valuation, it is essential to consider the changes the farm has undergone (school, sports field, opening of roads, electrification, potable water supply, etc.) since these events have become consolidated over time and reversing them is practically impossible. For the aforementioned reasons, the valuation of the farm will be carried out excluding from the total area the areas of the roads, the sports field, and the school. In addition, the value of the lands cadastrally surveyed and delivered to parcel holders by IDA will be estimated...". In the "Area Estimation" section, the following is noted: "...a- The cadastral plan of the farm registered in the Party of Puntarenas 022706-000, number P-26582-75, shows an area of 622,284.00 m2. Since the plan does not have a survey description (derrotero), the scale was used to approximate the dimensions and the plan was worked on digitally until reaching an accuracy of 622,285 m2 of area. SKETCH No. 1 shows the dimensions used to perform the calculations. b- SKETCH No. 3 shows the areas considered and their location. To calculate the area of the road, its length was estimated and a width of 14 meters was assigned, which is the dimension established for local roads. In summary:

TABLE 1

DETAIL

CATASTRO

AREA (sic) m2

FARM

P-26582-75

622.284

Sum

622 285

SCHOOL

6-1075012-2006

3,394.74

SPORTS FIELD

P-940376-91

5,723.68

SPORTS FIELD ROAD

2,240

ROAD

17,052

Sum

28,410.42

The dimensions of the road around the sports field are given in the sports field plan. Subtracting the school land area (3,394.74) from the farm plan area (622,284) results in 618,889.26 m2, which is the area currently recorded in the Property Registry (See registry study). In that same subsection, Table 5 describes the parcels, the plans, and the areas of the farms that were cadastrally surveyed by IDA at that time, occupied by parcel holders, and that overlap with farm 22706-000, namely: "...TABLE 5

PARCEL

CADASTRAL PLAN

AREA m2

1

419

6-0941832-1991

14,085.55

2

420

6-0941772-1991

23,133.15

3

422

6-0941831-1991

96,459.05

4

422A

6-939031-1990

405.31

5

422B

6-0936192-1990

518.21

6

423

6-0939030-1990

2,423.27

7

424

6-0939029-1990

2,412.16

8

426

6-0939027-1990

1,249.17

9

427

6-0939036-1990

439.41

10

428

6-0939035-1990

1,402.07

11

429

6-0932301-1990

920.59

12

431

6-0936191-1990

768.64

13

432

6-093 903 7-1990

549.62

14

433

6-0939038-1990

2,157.20

SUM

146,923.40

..." (the highlighting is not from the original, images 104 to 134 of the judicial file in digital format). It is from the issuance of the engineer's report that Mr. Carlos Huertas Barboza, in his capacity as general attorney-in-fact without limit of amount of the plaintiff company, learned of the existence of an overlap (traslape) in the property (escuchar declaración confesional bajo juramento, del representante de Momo de Occidente S.A., en soporte audiovisual del juicio oral y público).

12) That on September 22, 2008, the Board of Directors of IDA rejected the plaintiff's motion for reconsideration, which had challenged its administrative claim related to property 22706-000 (images 384 to 387 of the administrative file in digital PDF format).

13) That on December 10, 2009, through memorandum number DECA 597-2009, the Department of Deed Registration and Agrarian Control (Departamento de Escrituración y Control Agrario), addressed to the Legal Advisor of the Brunca Region, in relation to the Gromaco peasant settlement (asentamiento campesino) indicated the following: "...according to the information that has been consulted, the Farm corresponding to the Peasant Settlement known as GROMACO was acquired through Expropriation Decree number 10.861-G, dated October 30, 1979, published in the Official Gazette La Gaceta number 228 dated December 4, 1979. The purchase of this farm refers to unregistered land, the same having a grant date of June 15, 1980, deed number five, visible on folio five verso of volume four of the Protocol of notary Ana Victoria Mora Mora. In relation to whether the Institute planned and developed this Settlement, it must be noted that what the Institute did was to legalize the land tenure (tenencia de la Tierra) of those invaders of the farm in question, for which reason, according to what has been investigated, there were no selection studies, distribution of parcels, raffles, etc. As additional information, and which may serve as a reference to address the lawsuit filed by the Company Momo de Occidente S.A., the following is attached to this official letter: copy of the agreement of the Board of Directors of IDA, Article VI, of Session number 10-91, held on February 4, 1991, which corresponds to delivery number 1, of the GROMACO Settlement, where the adjudication, segregation (segregación), and transfer of 289 parcels is approved. Part of the Expert Appraisal Report (Informe Pericial) on improvements of the Gromaco S.A. farm, prepared by Agricultural Engineer Amado Sánchez Esquivel, of the Appraisal Section of the Institute, where it notes the occupation that occurred by the invaders of this farm. (That complete report is in the Department of Settlement Formation and Development). Copy of an overlay (montaje) prepared by the Topography Area of this Institute, where cadastral plan number P-26582-1975 is located, corresponding to farm number 22706-000, property of the Company Momo de Occidente S.A., as well as parcels that the Institute measured and deeded. Copy of a file detailing the history of the Gromaco Farm. Copy of part of cadastral maps numbers 59 and 60 of the Coto Brus Project, located in the National Cadastre, where parcel number 32-2 is located. Copy of the history corresponding to parcel number 34-1, where it is recorded that it is a registered farm, real folio system, party of Puntarenas, registration number 22706-000, in the name of Sequeira García Jacinto. Likewise, I point out that in the Department of Settlement Formation and Development, there is a purchase file for this farm, where mappings that may be useful for what has been requested are located..." (images 447 to 448 of the judicial file in digital format).

14) That on October 3, 2024, in the oral and public trial, in his sworn testimony, witness Domingo Santos Zapata, offered by INDER, told the Court that the farm registered in the name of the plaintiff company Momo de Occidente S.A., is the same one that was in the name of Mr. Jacinto Sequeira García. At the same time, he mentioned that the plaintiff company did not carry out any infrastructure development in the place. For his part, the official witness offered by INDER, Alexis Gerardo Mora Vega, under oath, mentioned that he participated in the census of the year two thousand seventeen that covered this entire settlement called Gromaco. He expressly stated that Alto de Sábalo, where the plaintiff company's farm is located, was included in the census. He indicated that the study was able to determine that there were families with more than forty years of occupation and others with more recent possessions, either because they had remained on the lands of their parents, or bought from previous owners. He mentioned that the plaintiff company did not carry out infrastructure development on the property in question. He also confirmed that the plaintiff company's farm was part of what ITCO acquired in the year nineteen eighty, as a whole, called Finca Gromaco. He explained that internally within INDER, there are topographic surveys, based on the Coto Brus cartographic sheet, where the Finca Gromaco is located (escuchar el soporte audiovisual del juicio oral y público).

15) That the plaintiff company is the owner of a real property under real folio number 22706-000, located in the Province of Puntarenas, Third Canton: Buenos Aires, District Three: Potrero Grande, with a measurement of six hundred eighteen thousand eight hundred eighty-nine square meters and twenty-six square decimeters, cadastral plan P-0026582-1975 (images 6, 4, 1139, 1151, 1182, and 1230 of the judicial file in digital format and images 13, 46, and 139 of the administrative file provided in digital PDF format, named: "INDER-GG-AF-ADM-CGD-CERT-002-2023").

II.- Facts not proven (necessary for the cause). (none exist).

III.- Arguments of the parties. By way of summary and without prejudice to the extensive development that will be made in the following recitals (considerandos), this proceeding originated in the agrarian venue, with several claims for recovery of possession (reivindicatorias), declaratory, and indemnification. However, in the end it was reduced to a matter in which the plaintiff company seeks a declaration as the legitimate owner of a real property, which, despite having a title registered in the Public Registry of Property, the defendant institute disposed of said land, within the framework of a project called Finca Gromaco, for which reason it requests to be compensated. For its part, the defendant Institute considers itself a mediate possessor (poseedor mediato) of the farm and, as it explains, what it carried out were segregations (segregaciones) in its own name of the farms grouped in the aforementioned project to help the occupants of the place. It argues that the plaintiff company has never exercised possession on the property in question, nor has it built infrastructure.

IV.- Purpose of the Proceeding. Despite the fact that the proceeding at hand originated and developed in the agrarian venue, given the claims for recovery of possession and annulment, with a multiplicity of parties, in the end the claims were reduced to the point that only the declaratory and indemnification claims remain, transferred to this contentious-administrative venue.

V.- Regarding the specific case. A) LAWSUIT. 1) Theory of the case of the plaintiff. i) Facts. It indicates that in the seventies, the former Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización, ITCO), today the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural, INDER), developed an Agrarian Settlement project and land distribution in the southern zone of the country called Coto Brus 59, specifically on the farm, property of ITCO, registered in the Public Registry of Property, Party of Puntarenas, Real Folio Registration number 18777-000. It states that on May 19, 1976, through public deed, ITCO segregated and sold from the farm of its property number 18777-000, to Mr. Jacinto Sequeira García, parcel number 34, which conforms to Cadastral Plan number P-0026582-1975. It points out that this segregation gave rise to the farm of the Party of Puntarenas, Real Folio Registration number 22706-000, which currently belongs to the plaintiff company. As it explains, on December 6, 1983, Mr. Jacinto Sequeira García sold the referenced farm to the company Parcelas y Lotes Agrícolas de Costa Rica Sociedad Anónima. Then, in the chronological order it explains, on March 17, 1992, the notary public authenticated the corresponding documents of the enforcement proceeding (proceso ejecutivo) before the Civil Court of Pérez Zeledón, which culminated in the auction (remate) of the property in question, which was awarded to the creditor Wilson Soto Mora. Subsequently, on August 6, 2003, before a Notary Public, Wilson Soto Mora sold farm number 22706-000 to the company Compañía Sonno Dorato S.A. It adds that this latter company, in November 2006, through deed granted before a Notary Public, Compañía Sonno Dorato S.A., segregated a lot of 3,394.74 square meters and sold it to Mr. Marcelino Santos Zapata, a lot that is currently the property of the Board of Education of the Sábalo Buenos Aires School and on which the local School is located, a sale that gave rise to the farm of the Party of Puntarenas, real folio registration number 149717-000. As it relates, on June 11, 2007, through public deed, Compañía Sonno Dorato S.A. sold to Momo de Occidente S.A. farm number 22706-000, which, it argues, is duly registered with a measurement of six hundred eighteen thousand eight hundred eighty-nine square meters and twenty-six square decimeters. Likewise, it recounts that on February 23, 1991, in a public deed, IDA materialized a new Rural Settlement called Finca Gromaco, located adjacent to the Coto Brus Project and to the farm registered in the Public Registry, Party of Puntarenas, number 18777-000, drew up plans, and segregated in its own name several parcels. It alleges that the mentioned parcels overlap with the farm of its property, real folio number 22706-000, for which reason, to this day, despite having been segregated in its own name, INDER has not been able to transfer them to the beneficiaries. As it explains, in the year two thousand seven, it filed an administrative claim before INDER, through which it requested the return of the referenced farm or, failing that, economic compensation according to what an expert determined. Its petition was forwarded to the Brunca Region for analysis and issuance of the corresponding opinion. It mentions that in July two thousand seven, its petition was rejected by the legal advisor of the mentioned regional office, who recommended the Board of Directors of the defendant entity reject its request. In the chronological order followed by the plaintiff in its administrative claim, it recounts that on August 13, 2007, based on the recommendation of the legal advisory of the Brunca region, its petition was not addressed. As it narrates, the same fate befell the reconsideration motion it filed, as it was rejected. ii) Arguments. It points out that in the year nineteen seventy-six, ITCO, in the development of the rural settlement called Coto Brus 59, segregated and sold a farm to Mr. Jacinto Sequiera García, parcel 34, which gave rise to the farm of the Party of Puntarenas, real folio 22706-000, which currently belongs to it. Subsequently, in the year nineteen ninety-one, when developing the settlement called Gromaco, IDA again segregated the property, of which sixteen overlap with the plaintiff's farm. Based on canon 45 of the Political Constitution, it considers that the segregations carried out by IDA are null and void, since there cannot be the same title over the same property. It accuses that the overlaps originated from an error by IDA that affected its property, for which reason it considers it should be compensated. It argues that there is no title of transfer of ownership (título traslativo de dominio), therefore the right of property could not be acquired, regardless of the years the person has maintained the property under his possession. It also maintains that regardless of the possession that IDA may have exercised, directly or through the persons to whom it may have conferred the status of beneficiaries, the fact is that lacking a title of transfer of ownership, they cannot claim a better right. It emphasizes that those parcels overlap with a real property duly registered in the name of the plaintiff company; they cannot have acquired any right of property over them. iii) Legal basis. Articles 11 and 45 of the Political Constitution; 279 second paragraph, 320, 484, 853, 854, 863 of the Civil Code; 11 of the General Public Administration Law; 141, 144, 148 et seq. of the Land and Colonization Law. iv) Material evidence. Certification of the Puntarenas farm 22706-000 and its plan P-26582-1975, certification of the following cadastral plans, corresponding to the following farms: P-0941832-1991, 6-071397-000; P-0941772-1991 6-071398-000, P-0941831-1991, 6-071 399-000; P-0939031-1990, 6-071400-000; P-0939030-1990, 6-071401-000; P-0939029-1990, 6-071402-000; P-0939028-1990, 6-071403-000; P-0936192-1990, 6-071404-000; P-0939027 -1990, 6-071405-000; P-0939036-1990, 6-071406-000; P-0939035-1990, 6-071407-000; P-0932301-1990, 6-071408-000; P-0940376-1991, 6-071409-000; P-0936191-1990, 6-071410-000; P-0939037-1990, 6-071411-000; P-0939038-1990, 6-071412-000; certification of plan P-1075012-2006, certification of the legal status (personería) of IDA; Certified copy of the administrative file held at IDA. Testimony of Marcelino Santos Zapata. B) Theory of the case of the defendant. i) Facts. It maintains that in the 1970s, the Institute of Lands and Colonization (ITCO) had titling projects, where occupants of lands located in national reserves were legalized, which were not settlements (asentamientos), and therefore were not governed by the Land and Colonization Law, which indicated that prior studies had to be conducted to acquire properties where they were to be created. Given that, within said projects was the Puntarenas farm that is the object of the proceeding. It recognizes as true that ITCO segregated and sold from its property farm 18777-000, to Mr. Jacinto Sequeira parcel 34, which gave rise to farm registration real folio 22706-000. It states that IDA segregated in its own name the real properties described in the cited plans, referred to by the plaintiff, which were registered in the Public Registry. As it explains, it is not true, as the plaintiff company claims, that on February 23, 1991, a new peasant settlement called Finca Gromaco was materialized. The correct fact being that the farm corresponding to the peasant settlement known as Gromaco was acquired through Expropriation Decree number 10.861-G, dated October 30, 1979, published in La Gaceta number 228 of December 4, 1979. It mentions that in June of nineteen eighty, the transfer of the real property was carried out, which was unregistered land, with an area of three thousand one hundred forty-nine hectares, eight thousand five hundred eighty-six square meters and ninety-six decimeters, acquired from Mr. Osborne Lamoree Duesing, to whom the sum of four million nine hundred eighty-eight thousand four hundred ninety-six colones and eighty-five céntimos was paid. It affirms that INDER did not plan or develop this settlement, rather, in its view, what it did was legalize the land tenure of the invaders of the farm, for which reason there were never selection studies, distribution of parcels, raffles, etc. It specifically states that when the farm was acquired, the land was invaded by families, with occupations over the entire real property. It explains that in the years nineteen eighty-nine and nineteen ninety, a census was carried out, where six hundred twenty-six families occupying the Gromaco settlement were found, who were possessors of properties of different areas, from lots (lotes) to small, medium, and large farms. As it narrates, starting in the year nineteen ninety-one, the signing of three hundred sixty-two deeds was carried out, with two hundred sixty-four properties remaining to be titled. However, that number has varied over time, since the occupants themselves have made segregations and have sold to others. It acknowledges the existence of a mediate occupation (ocupación mediata) by IDA, since the occupants recognize that the owner of Finca Gromaco is IDA, and it is before this entity that they request to be granted the title of ownership of the lands they hold. It admits that the land the plaintiff company claims is located within the three thousand one hundred forty-nine hectares, eight thousand five hundred eighty-six square meters and ninety-six square decimeters that IDA acquired on June 15, 1980, from Mr. Osborne Lamoree Duesing. It indicates that currently, on the land in question, there are more than forty occupants. It also mentions that IDA segregated in its own name the lands described in the plans in question and did not transfer them to private individuals due to various inconveniences that arose with the occupants, the majority of whom claimed that IDA had to grant them the deed for the lands free of charge, despite the Institute charging them a relatively low amount of money, approximately 14,000.00 per hectare, plus topography and notary costs; IDA proceeded as an immediate action to individualize all the plans that did not generate a title of ownership in the name of the occupying families. It reiterates that it has not declared beneficiaries to the occupants of the properties in question, nor had it been applying the rules for a peasant settlement. It emphasizes that it did not plan or develop this Settlement; what it did was legalize the land tenure of those invaders of the farm, for which reason there were no selection studies, distribution of parcels, raffles, etc. It recalls that when the farm was acquired in the year nineteen eighty, the land was invaded by families with occupations over one hundred percent of the real property. It also indicates that it has not carried out the transfer of the lands the plaintiff claims because there are more occupants than those indicated in the nineteen eighty-nine census, since the occupants have sold part or all of the properties they occupied at that time, and the plans, for the most part, do not apply. Finally, it mentions that currently, there are more than forty occupants of the lands, in an equal number of properties. ii) Arguments. The defendant autonomous entity maintains that it is an acquirer in good faith (adquirente de buena fe) of the mentioned lands and that what it sought was a solution for the demand for said properties by peasant families who were located on the Finca Gromaco, covering one hundred percent of the real property. It specifies that case law has been reiterated in the sense that the party with the right of prevalence is the owner who demonstrates possession (posesión), given that the plaintiff and its preceding transferors have never exercised possession, as IDA is the one with mediate possession (posesión mediata). iii) Legal basis. Articles 1, 3, 12, 49 et seq. of Law No. 2825 on Land and Colonization; articles 2, 22, 26 et seq. of the Law of Agrarian Jurisdiction; 21, 22, 264, 265, 266, 267, 277 to 286, 295, 316, 320, 450, 451, 480, 850 to 867, 1070, and 1074 of the Civil Code in concordance with agrarian matters; article 5 of the Organic Law of the Judicial Branch. iv) Material evidence. Official letter OSSI-550-2009, dated November 23, 2009, issued by Technician William Mora Granados, San Isidro Subregional Office. Official letter DECA-597-2009, dated December 10, 2009, issued by the Department of Deed Registration and Agrarian Control, by Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero. Certification of Agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Article 6, Session 10-91, held on February 4, 1991, part of the Expert Appraisal Report on improvements of Finca Gromaco S.A, in addition to the file detailing the history of the mentioned farm, a list of possessors made between June and July of 1989. Copy of Deed number five, of Volume Four of the Protocol of Notary Ana Victoria Mora Mora, granted at 16:00 hours on June 15, 1980. Confessional (confesional) of Carlos Huertas Barboza. Testimonial declaration of Juan Diego Barrantes Cordero and Alonso Chaves Guzmán. B) COUNTERCLAIM (RECONVENCIÓN).

To avoid repetition, reference is made to the preceding section, since the facts, arguments, and legal basis of the counterclaim and its response revolve around the same alleged aspects already outlined. Criteria of the Tribunal. A) CLAIM. As has been extensively set forth above, the claimant company accuses the autonomous institution sued of the illegal dispossession of the property (real folio 22706-000) it owns, which it suffered by reason of subdivisions or segregations (fraccionamientos o segregaciones) carried out by the defendant institution on its own behalf in favor of possessors and invaders of a peasant settlement known as Finca Gromaco. Its claim is based fundamentally on the provisions of canon 45 of the Political Constitution. INDER defends its theory of the case, considering that the parcels that are the object of the proceeding were segregated by IDA in nineteen ninety-one; however, it maintains that they had been occupied since before nineteen eighty, which was the year in which it acquired the Gromaco farm. It is strange that twenty-six years after the property was acquired and has been in the possession of private individuals, the claimant company makes a claim first in the administrative venue and then in the judicial one, considering that the social function (función social) of the land has been carried out by third parties, not owners of the land. It maintains that not only registry publicity but also positive prescription applies to the case, because the possessors have occupied and worked the aforementioned parcels for more than ten years, so their good faith is presumed, in addition to the fact that their possession has been public, peaceful, and uninterrupted for more than twenty-six years. The claimant legal entity combats these arguments based on Article 853 of the Civil Code. In order to resolve the present case, with respect to the arguments and their rebuttals, it is necessary to cite what is provided in numeral 45 of the Political Constitution, which states: "... ARTICLE 45.- Property is inviolable; no one may be deprived of their own except for legally proven public interest, with prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal disturbance, it is not indispensable that the compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has concluded. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly, by vote of two-thirds of the total membership, may impose limitations of social interest on property..." The Constitutional Division (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has developed extensive case law regarding the Right of Property, enshrined in the cited article. Regarding the first paragraph of this numeral, it has derived four determining elements for its analysis and understanding, which it is worthwhile to cite in order to provide a legal solution to the case at hand, stating: "...a.- that the concept of property has evolved, such that from an absolute and unrestricted conception based on liberal ideological conception, it moves to one inspired by social and Christian values, by incorporating the concept of the social function (función social) of property, so that it becomes a 'property-function,' which consists of the owner having the power to use the object of ownership to satisfy their own needs, but also having the duty to place it at the service of social needs when such behavior is essential; b.- that the right of property is neither absolute nor unrestricted, since the Legislative Assembly may impose limitations on property for reasons of social interest, by law approved by qualified vote (two-thirds of the total membership, that is, by thirty-eight affirmative votes); c.- that the limitations imposed on property define the content of the right of property itself and its exercise, so that, in principle, they are not compensable (indemnizable), except when they render the right nugatory, that is, when the limitation is of such severity that it produces three identifiable effects: special damage, or what is the same, abnormal damage, inasmuch as the affectation is so serious in relation to the full enjoyment of the right; it operates unequally compared to other owners outside the affected zone (individualizable damage); and the damage is economically assessable. To establish the compensable nature of the limitation, one must consider its nature and the degree of sacrifice the owner must suffer; and d.- limitations on property are based on the principle of solidarity, so that their main object is the rational use of property to benefit society in general, for which reason they are ordered by the following principles: they must be aimed at satisfying an imperative public interest; the option that least restricts the protected right must be chosen among several; the restriction must be proportional to the interest that justifies it and strictly adjusted to achieving the objective; and the restriction must be socially imperative, and therefore exceptional. Examples of these limitations include those established as general rules in the Civil Code regarding urban property, those incorporated into health legislation for safety and public health reasons, the regulations for the protection of forests and natural beauties, and, of course, those pertinent to the protection of cultural heritage, including archaeological and historical-architectural heritage..." Regarding the second paragraph of the article, concerning limitations of social interest, it has derived the following principles, which are also important to cite: "...a.- They are valid only insofar as the natural use (uso natural) of the real property is respected, so that it remains a productive identity or economic value, such that the owner can exercise the essential attributes of property, except – of course – the part or function affected by the limitation imposed by the State. A corollary of the foregoing is that limitations on property are constitutionally legitimate on the condition that the owner can normally exploit the good, that is, that it maintains its economic and social value in the market; by virtue of which, limitations that prevent the "commercial use of property" are expropriatory, and therefore compensable (indemnizable), because they constitute a de facto expropriation. In this manner, affectation of the essential attributes of property is illegitimate; these are those that allow the natural use (uso natural) of the thing within the current socio-economic reality, which make the nature of the good disappear or make use of the thing impossible, thereby becoming true expropriations (judgments number 979-91, 5893-95, 2345-96, and 4605-96, all cited above); b.- The limitation must be of a general character, that is, it must affect a generality of persons, which implies not only its addressee but also the factual premise of its application, since when they become singular or specific, they are equated with true expropriations (judgment number 0796-91); c.- They must be established by law approved by qualified vote, that is, with the approval of two-thirds of the total membership of the Legislative Assembly (thirty-eight votes), which must be seen as an essential requirement, and not merely formal, since it is through limitations of social interest that the true content of the right of property is defined, hence the qualified vote constitutes a substantial element that records the degree (level) of consensus of the legislators on this matter; d.- The element that defines the constitutionality (or legitimacy) of the limitation is its nature, that is, it will depend on the degree of sacrifice intended to be imposed on the owner, such that if this is atypical or abnormal, by making the full enjoyment of the right impossible, the measure becomes expropriatory, and is therefore compensable; e.- The limitation is legitimate only when it is necessary to make possible 'the validity of democratic and constitutional values'; so that, in addition to being useful, it must be necessary, reasonable, or opportune, and must imply the existence of an imperative social need that supports it, and therefore be exceptional; consequently, they must be aimed at satisfying an imperative public interest. The reasonableness of the limitation translates into its suitability to the end and the interest (value) that justifies it; and, f.- Limitations are not compensable insofar as they do not imply dismemberments that cause the right to disappear; compensation is provided only to address the loss of property (expropriation). They do imply a burden or legal duty, in the strict sense, which translates into doing, or not doing, or allowing the intrusion of public authorities (State) for public purposes..." (among others, see the judgments of the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice: 00796-91, 05097-93, 027006-95, 02345-96, 04205-96 and 2004-05725). According to the facts proven in this case, the claimant company holds a real right (derecho real) over a real property that is registered in the Public Registry of Real Property under real folio number 22706-000 of the Province of Puntarenas. The evidence admitted to the case file allows for temporal tracking of this registration, whose origins date back to May nineteenth, nineteen seventy-six, when the former Institute of Lands and Colonization (ITCO) segregated and sold farm twenty-two thousand seven hundred six to Mr. Jacinto Sequeira García, for a price of one thousand six hundred colones and with a measurement of sixty-two hectares, two thousand two hundred eighty-four square meters (proven fact No. 1). Similarly, the evidentiary elements in the case file allow for tracking the various translative movements of ownership (dominio) that occurred over time and culminated in the acquisition by the claimant company on June eleventh, two thousand seven, of farm 22706-000, purchasing it for the sum of ₡500,000 (five hundred thousand colones) from a company called Compagna Sonno Dorato Sociedad Anónima (Compañía Sueño Dorado S.A) (see proven facts No. 3, 4, 6 and 7). Indeed, the account of the circumstances and incidents surrounding the possession of the lands in the area under examination, provided by the witness Domingo Santos Zapata, offered by the defendant entity, evoked the existence of this title of ownership of Mr. Jacinto Sequeira García and was very clear in indicating that it corresponds to the property of which the claimant company is the owner today (proven fact No. 14). Based on the material evidence analyzed, the legitimacy of the title claimed by the claimant is indubitable to the Tribunal, not only because it is possible to temporally track the transfer of its ownership, but also because it is registered in the Public Registry of Real Property, definitively protected by canon 45 of the Political Constitution. At the same time, the body of evidence allows another situation to be visualized, within the horizon of events that developed parallel to the sequence of transfers of ownership of the good in question, which is temporally located on June fifteenth, nineteen eighty, when Mr. Osborne Lamoree Duesing sold to ITCO an unregistered property called "Finca Colorado," with a measurement of three thousand one hundred forty-nine hectares, eight thousand five hundred eighty-six meters, ninety-six square decimeters, for the price of four million nine hundred eighty-eight thousand four hundred ninety-six colones and eighty-five cents (proven fact No. 2). This registry movement is linked to the agreement of February fourth, nineteen ninety-one, when the Board of Directors of IDA at that time, in Article VI of session 10-91, approved the segregation and adjudication of 289 parcels, corresponding to delivery number 1 of the Gromaco settlement (proven fact No. 5). According to the defendant's argument, this was the moment at which it legalized the land tenure of the invaders of the farm. In this regard, it considers that it exercised mediate occupation over Finca Gromaco, since the occupants considered it the owner and requested the title of ownership, which it attempted to grant by carrying out the subdivision (fraccionamiento) or segregation on its own behalf in favor of the petitioners. Precisely, as acknowledged by the defendant, the land claimed by the claimant is located within the three thousand one hundred forty-nine hectares, eight thousand five hundred eighty-six meters, ninety-six square decimeters that IDA acquired on June fifteenth, nineteen eighty from Mr. Osborne Lamoree Duesing (proven facts No. 2 and No. 13). The foregoing highlights not only a situation of a delivery of parcels by IDA, which at that time belonged to property 22706-000, owned by the claimant, but also an overlap between these properties. The report prepared by engineer Manuel A. Ledezma Cordero for the claimant company confirms and specifies this situation with greater accuracy, stating that: "...The farm is currently occupied by parceleros. Many of them were beneficiaries when a parceling project was developed and executed by the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA). Cadastral plans were registered that overlap with the plan of the farm under study. The parceleros have made improvements on the lands assigned to them (crops, dwelling houses, etc.)..." (emphasis added, proven fact No. 13). Similarly, the report describes the farms, plans, measurements, and owners to whom said lands were assigned within the claimant company's property. The arguments to combat the claimant company's theory of the case are not admissible, primarily because of what has been stated regarding the legitimacy of the title held by the claimant, not only because the chain of translative movements of ownership is verifiable, but also because it has always been under the protection of the Registry of Real Property. Furthermore, the origin of this title predates the acquisition made by IDA on June fifteenth, nineteen eighty, of Finca Colorado. It cannot be overlooked that it was ITCO itself that first segregated and sold the property in question to Mr. Jacinto Sequeira García, and then later subdivided and granted the same property to other occupants. The official witness offered by the defendant entity, Alexis Gerardo Mora Vega, an agronomist engineer by profession, assigned to agrarian tasks, land deed formalization, parcel studies, etc., who currently works at the territorial office of San Isidro, where he is engaged in processing the deeds of Finca Gromaco, mentioned that he participated in the census of two thousand seventeen that covered this entire settlement. He expressly mentioned that Alto de Sábalo, where part of the claimant company's farm is located, was included in the census. He indicated that the study was able to determine that there were families with more than forty years of occupation and others with more recent possessions, who had remained on their progenitors' lands or purchased from previous owners. He mentioned that the claimant company did not carry out the construction of infrastructure on the property in question. He also confirmed that the claimant company's farm was part of what ITCO acquired in nineteen eighty, as a whole, called Finca Gromaco. He explained that internally within INDER, there are topographic surveys, based on the Coto Brus cartographic sheet, where the settlements are located, such as Finca Gromaco (proven fact No. 14). This testimony is key for the Tribunal to understand the magnitude of the error into which ITCO fell at the time, since it was the institution that on two occasions segregated and transferred farms and parcels on the same land, as occurred in the case under examination. The entity committed a mistake, being the one responsible for granting parcels and farms to possessors, since it was the one that most clearly knew the scope of the lands, as well as the titles it had granted; nonetheless, it incurred double titling, which today harms the claimant legal entity. On the other hand, the argument based on canon 853 of the Civil Code is also not tenable, because there was an error in the allocation of parcels, which, although it transferred ownership, did so over a farm that already existed, therefore it cannot generate any right. Similarly, the argument aimed at questioning that the claimant has not possessed the property is not admissible, because in the administrative and jurisdictional venues it has come to exercise other rights inherent to ownership, such as defense, exclusion, restitution, and compensation (Article 264 of the Civil Code). Furthermore, based on the case law of the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice, cited ut supra, the interpretation made by the defendant regarding the social function (función social) of property is contrary to the provisions of Article 45 of the Political Constitution. The foregoing by virtue of the fact that, under its reasoning, the right held by the claimant would be extinguished in favor of the occupants or parceleros to the detriment of the claimant company, without receiving any type of compensation (indemnización) or compensation for said situation. When a situation like this occurs, the right of property, its real use and enjoyment, is diminished to such a point that it prevents its exercise; in consideration of the principle of that social interest, it becomes a de facto or forced expropriation. In the following recital, numbered VI, of this judgment, the manner in which the claims will be upheld or rejected will be specifically developed, as well as the compensation to be recognized to the claimant, as a result of what has been stated regarding the dispossession it suffered of its right. B) COUNTERCLAIM. The action and counterclaim in this case represent two sides of the same coin, from which a reciprocal relationship derives. To avoid repetition, since the arguments and evidence on which INDER bases its response to the claim are inadmissible, the counterclaim must be rejected, as they are the same to support its counterclaim claims.

VI.- On the claims. A) CLAIM. As has been set forth, the claims in this proceeding were considerably reduced, going from a proceeding of a reivindicatory and annulment agrarian nature to an indemnificatory and declaratory one in the contentious-administrative venue. In this regard, reference is made to resultando first of this judgment. Given this situation, reference will only be made to the remaining claims. i) Declaratory claims. The claimant asks for it to be declared that: "...my represented party, Momo de Occidente S.A., is the legitimate and exclusive owner of the property registered in the Public Registry of Property, District of Puntarenas under the Real Folio system, Registration Number 22706-000, and described as follows: land for agriculture, located in Potrero Grande District, third of the canton of Buenos Aires, third of the province of Puntarenas, with the following boundaries: to the north with project boundary, to the south with Marcelino Santos Zapata, public street and Ramón Zapata; to the east with Marcelino Santos Zapata, Public Street and project boundary; and to the west with Marco Nájera and Project Boundary, with a measurement of 618,889.26 square meters, Cadastral plan number P-0026582-1975..." Likewise, it requests that it be declared that: "...In an illegal act, overlapped segregations were generated with the property of Momo de Occidente S.A., which generated a total dispossession of the property..." As set forth in the preceding recital numbered V, these two claims must be granted, since according to the evidentiary elements in the case file, by virtue of canon 45 of the Political Constitution, the claimant is the legitimate owner of the farm under real folio registration number 22706-000, which is registered in the Public Registry of Property (proven fact No. 15). At the same time, the granting of titles over a property that ITCO itself had already segregated and sold produced the alleged dispossession. ii) Indemnificatory claim. a) On the value of the property. The claimant company requests the following: "...I request that INDER be ordered to compensate the entirety of the farm dispossessed through its illegal act, in accordance with the value determined by an expert, plus interest until its effective payment..." This claim must be granted, under the understanding that what occurred in the case under analysis is a kind of de facto expropriation, which deserves compensation (indemnización). Because the necessary parameters are not available at this moment, the condemnation is made in the abstract, as provided in canon 122 m) subsection iii) of the CPCA (Code of Contentious-Administrative Procedure). To this end, in the sentence execution phase, an expert must be appointed from the lists of the Judicial Branch, an expert in the valuation of lands such as that in the case under examination, to determine the real value of the property taking into account the assigned fiscal appraisals, as well as those held by the Municipality of Buenos Aires. Once the sum is determined, interest shall run from the finality of the judgment until its effective payment. Finally, once the defendant entity pays the mentioned sums, both parties must appear before the State Notary, for the purpose of transferring the property in the name of INDER. After the ownership of this property is transferred to the Institution, it must make the corresponding adjustments regarding the double registration (doble inmatriculación), respecting the administrative rights acquired by the beneficiaries and occupants, in application of the social function (función social) of the use of property. b) On damages and losses (daños y perjuicios). Within the compensatory scheme outlined by the claimant, it asks that: "...INDER be ordered to pay damages and losses in the abstract, which shall be liquidated in the sentence execution phase..." Regarding this claim, it must be indicated that its formulation is made in very generic terms, contrary to the provisions of the CPCA for its pleading, without a breakdown that allows differentiating what has already been recognized in the preceding section, or that accredits the existence of any type of improvement on the land made by the claimant. It is a proven fact that the claimant company never exercised possession of the farm nor carried out the construction of infrastructure. This was confirmed under oath when answering the questions of the interrogatory of the confessional evidence by the unlimited general agent of the claimant company. It was also confirmed by the witness Domingo Santos Zapata and the official witness Alexis Gerardo Mora Vega (proven facts No. 11 and No. 14). The only reference it makes to these damages and losses it requests is due to the dispossession it suffered, an item that was already compensated and recognized as a de facto expropriation, as set forth in the previous point. For the foregoing, this aspect must be rejected, as the existence of improvements or another type of detriment to the detriment of the company Momo de Occidente S.A. is not accredited. iii) Costs. The claimant requests "...That INDER be ordered to pay both costs of this proceeding..." On this matter, reference will be made in recital VIII of this resolution. B) COUNTERCLAIM. In accordance with what has been set forth in the preceding recital, numbered V, of this judgment, none of the claims of the counterclaim can be granted.

VII.- On the exceptions. A) CLAIM. a) Preliminary. i) Necessary passive joinder of parties (Litis consorcio pasivo necesario). This was resolved by interlocutory judgment 160-AS-2011 of December sixth, two thousand eleven, as outlined in resultando No. 24. b) Merits. ii) Prescription. Reserved for the merits, as resolved in interlocutory judgment 160-AS-2011 of December sixth, two thousand eleven, as outlined in resultando No. 24. INDER alleges that more than thirty years have passed since the Agrarian Development Institute possessed those lands in a mediate form, so the time to make a claim against any common registral owner has expired, because the possession is in good faith. Criteria of the Tribunal. As has been set forth in recital V of this resolution, the real right over the property persists to this day, through a registral title, which has been maintained over time since May nineteenth, nineteen seventy-six, when ITCO segregated and sold farm 22706-000 to Mr. Jacinto Sequeira García. This initial acquisition has been maintained over time through several transfers of ownership, which was finally obtained in two thousand seven by the claimant company. In the face of a title of this nature and the provisions of Article 45 of the Political Constitution, the right of property of the claimant cannot expire in the terms indicated by INDER, by asserting the existence of an alleged "mediate possession" and "good faith" on the part of those who have been occupants of the land. Much less in a case like this, where the existence of an evident error has been demonstrated, because the former ITCO itself segregated the same portion of land from Finca Gromaco on two occasions, at different historical moments, the first, as already mentioned, in nineteen seventy-six, then in nineteen eighty. At the same time, Finca Gromaco has been a project that it knows well, as it has even carried out internal topographic surveys; nonetheless, it made the aforementioned error, to the detriment of the right of property of the claimant. ii) Lack of active and passive standing to sue (falta de legitimación ad causam activa y pasiva). The defense must be rejected, since according to the evidentiary elements analyzed, the procedural material legal relationship is palpable. The situation that has been analyzed, in which INDER had direct involvement in the acquisition of Finca Gromaco and the manner in which it has segregated and sold parcels, directly links it to the case of the claimant company, which owns a property located within the project that was segregated and sold on several occasions by ITCO. In accordance with the provisions of the Code of Contentious-Administrative Procedure, the private legal entity is in a position to be the active party in the proceeding and INDER as the passive one. ii) Lack of right (Falta de derecho). In accordance with what is set forth in the preceding recitals, numbers V and VI, the defense of lack of right must be partially upheld, in what was not contemplated in the preceding recital. iii) Expression "sine actione agit". Regarding this archaic generic expression that does not constitute an exception in a technical sense, as it is not contemplated within the CPCA, therefore, it lacks any legal effect, its rejection proceeds. It is necessary to indicate that the CPCA in force since two thousand eight not only did not contemplate said phrase as a defense but also obliged anyone opposing a claim to substantiate each of their denials, so as not to leave the right of reply exercised when answering the action in trivial disagreement. In this regard, the First Division of the Supreme Court of Justice, in judgment number 317-F-S1-2008 of nine hours ten minutes of May second, two thousand eight, held: "...XXIII.- (...) Regarding the generic expression 'sine actione agit,' in light of what is indicated by procedural doctrinal opinion, it currently does not configure any defense. It had its origin and foundation in Roman law, mainly in the second period of Formulary Law, when the plaintiff could only bring the defendant to trial if the Praetor granted the formula-action. It referred to the nonexistence of that 'formula' to appear before the Praetor. This archaic system of access to justice was overcome. Therefore, not only for historical reasons but also constitutional ones, it is inopposable and unacceptable. In addition, this expression does not encompass the defenses of lack of right, lack of interest, and lack of standing, as has been intended to be established. The defense 'sine actione agit' had its own purpose; with it, the material right was never attacked, which the three indicated exceptions do. What was fought with it, it is reiterated, was the valid constitution of the procedural relationship..." B) COUNTERCLAIM. Merits. i) Lack of active and passive standing to sue (falta de legitimación ad causam activa y pasiva). To avoid repetition, this defense must be rejected, based on the same arguments set forth in the preceding section, given that there is a procedural material legal relationship between both parties, which links them within the proceeding, allowing INDER to present its counterclaim and the claimant company to be the passive party of that relationship, as counter-defendant. ii) Lack of right (Falta de derecho). In accordance with what is set forth in recitals V and VI of this judgment, it must be rejected. iii) Expression "sine actione agit".

In order not to be repetitive, take into consideration what was stated regarding this archaic expression, which technically does not correspond to an exception in contentious-administrative matters, as it is not contemplated within the CPCA as an exception.

VIII.- Regarding costs. In accordance with section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this award is only appropriate when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered based on evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the present case. Relief from the payment of costs does not apply in this case, as the aforementioned grounds for exoneration have not been proven; therefore, the defendant must pay both costs to the plaintiff, which shall be settled in the judgment enforcement phase (fase de ejecución de sentencia).

 

Therefore

 

A) CLAIM. The defenses of statute of limitations (prescripción) and lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva) are rejected. The archaic expression "sine actione agit" is rejected. The defense of lack of right is partially upheld; consequently, the claim is partially granted; as to that which is not expressly stated, it shall be understood as denied. INDER is ordered to pay the plaintiff the value of the property, registry number 22706-000, the amount of which shall be determined in the judgment enforcement phase. Legal interest is recognized from the date this judgment becomes final and until its effective payment. The interest shall be determined in the enforcement stage. Once the mentioned sums are paid, both parties must appear before the Notaría del Estado, for the purpose of transferring the real property, Folio Real 22706-000, owned by the plaintiff, to INDER. Once ownership of this real property is transferred to INDER, said autonomous entity must make the corresponding adjustments regarding the double registration (doble inmatriculación), respecting the administrative rights acquired by the beneficiaries and occupants, in application of the social function of land use. B) COUNTERCLAIM. The defense of lack of active and passive standing is rejected. The defense of lack of right is upheld. The expression "sine actione agit" is rejected. Consequently, INDER's counterclaim is dismissed in its entirety. C) COSTS. INDER is ordered to pay both costs in favor of the plaintiff.

 

Sergio Mena García

 

Ileana Sánchez Navarro                                      Juan Luis Giusti Soto

 

 



 

 





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Documento firmado por:

SERGIO MENA GARCIA, JUEZ/A DECISOR/A
ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A
JUAN LUIS GIUSTI SOTO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 08-001193-0161-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:29:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República