Res. 08290-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of permit for pumping station in Playa Blanca public zoneRechazo de permiso para estación de bombeo en zona pública de Playa Blanca

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08290 - 2024

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2024 a las 13:53

Expediente: 22-002625-1027-CA

Redactado por: Yetty Hernàndez Orias

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

22-002625-1027-CA - 2




PROCESO:

	

JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)




ACTOR/A:

	

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS LEONAMAR




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

 

 N° 2024008290

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del catorce de Noviembre del dos mil veinticuatro.-

 

  Conoce este Tribunal, como CONTRALOR NO JERÁRQUICO DE LEGALIDAD, del recurso de apelación interpuesto por ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALTOS DE LEONAMAR, CONDOMINIO ALTOS DE LEONAMAR, representados por el señor ABEL CHAVES TRIGUEROS, mayor, casado, administrador, portador de la cédula de identidad 2-0259-0468, en contra de lo dispuesto por el artículo VI de la sesión ordinaria N.° 85 del 13 de diciembre del 2021 emitida por la Alcaldía Municipal de Garabito.

Redacta la Jueza Hernández Orias;

CONSIDERANDO

I.-ANTECEDENTES: De importancia para la resolución del presente asunto se tiene como acreditado lo siguiente: 1) Que la parte actora gestiona ante la Municipalidad accionada "Proyecto de Estación de Bombeo en Playa Blanca, ubicado dentro de la Zona Pública, entre mojones M467 y M468" (hecho no controvertido, visible a folio 17 del expediente judicial digital); 2) Que la accionada en sesión ordinaria N.° 78 del 25 de octubre del 2021, dado que el proyecto propuesto se localiza en zona marítimo terrestre, remite el proyecto a Instituto Costarricense de Turismo con la finalidad de que proceda a brindar criterio técnico-legal al respecto (visible a folio 20 del expediente judicial digital); 3) Que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria N.° 6196-2021 del 30 de noviembre del 2021 dispone en síntesis que no se justifica la instalación de una caseta de bombeo de agua parte bajo tierra y parte expuesta en la zona pública de Playa Blanca, ni tampoco las especificaciones relativas a las instalaciones, condiciones ni usos se ajustan a la normativa aplicable. (visible de folio 23 a 28 del expediente judicial digital); 4) Que el Departamento de Servicios Técnicos de la Municipalidad de Garabito, mediante oficio ST-ZMT-2021-386-JACH de fecha 7 de diciembre del 2021 indica que no existe justificación para la colocación de la caseta de cita y que su colocación implicaría una alteración de la zona, no se cuenta con viabilidad ambiental por parte de la SETENA y que no se encuentra prevista dentro de las excepciones de la normativa. (visible de folio 29 a folio 35 del expediente judicial digital); 5) Que el Concejo Municipal mediante sesión ordinaria N.° 85 del 13 de diciembre del 2021 dispone el rechazo de la gestión promovida por la parte actora en los siguientes términos: "la NO APROBACIÓN para llevar a cabo el Proyecto de Estación de Bombeo en Playa Blanca, distrito segundo de Tárcoles, Garabito de Puntarenas, ubicado dentro de la ZONA PÚBLICA (50 METROS) para la construcción de Caseta que facilite la interconexión del acueducto de Quebrada Ganado y el Condominio Altos de Leonamar, esto por cuanto no está contemplado en las excepciones del artículo 18 de la Ley 6043, así como también las estructuras que actualmente se encuentran ocupando la ZONA PÚBLICA se encuentran en litigio y no es conveniente otorgar un permiso para que se realicen obras nuevas, además los beneficiarios van a ser personas privadas y no la colectividad provocaría un impacto ambiental, así como también no se cuenta con la vialidad ambiental"(visible a folio 36 del expediente judicial digital); 6) Que mediante escrito de fecha 22 de diciembre del 2021 la parte actora presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra lo dispuesto por la accionada (visible de folio 92 a 97 del expediente judicial digital); 7) Que el Concejo Municipal de Garabito, mediante resolución de las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del 7 de abril del 2022 dispuso el rechazo del recurso de revocatoria y elevó el recurso de apelación ante este Tribunal (visible de folio 41 a 56 del expediente judicial digital).

II.- OBJETO DEL RECURSO: Indica la representación de la actora, en síntesis, que el Concejo Municipal no se encontraba facultado para emitir criterio ya que para la aprobación de los estudios técnicos hidráulicos de los sistemas de abastecimiento de agua potable por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se debe cumplir con un sin número de procesos técnicos, legales y administrativos y que cada proyecto implica un análisis exhaustivo que conlleva estudios topográficos, hidráulicos previos a su aprobación institucional, no siendo correcto que no existe justificación para cada obra de infraestructura propuesta. Alega que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre se hace referencia a la excepcionalidad al corresponder la tubería a una comunidad sometida mediante régimen de condominio donde además se incluye el sistema de bombeo para impulsar el agua, equipo eléctrico y banco de tranformadores y que el numeral 50 de la Constitución Política garantiza el acceso al agua potable y que el proyecto constituye infraestructura pública construida por una empresa privada y operada por un ente estatal. Expone que se indica erróneamente que no se posee viabilidad ambiental del proyecto, pero que para obtenerlo se requiere el visto bueno de la Municipalidad accionada previamente a la gestión de licencia ambiental y a la obtención de los permisos de construcción. Solicita la estimación del recurso. (visible de folio 92 a 97 del expediente judicial digital).

III.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN ESTA SEDE: De previo a analizar los agravios del recurrente, se considera vital desarrollar que la función que ejerce este Tribunal en materia municipal en control no jerárquico, se encuentra limitada a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual "El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso".  Consecuentemente la expresión de agravios resulta vital para el conocimiento de las impugnaciones en esta sede, toda vez que con base en ellos el Contralor no Jerárquico, a quien corresponde conocer del recurso pueda analizar si cabe anular o modificar lo resuelto. En este orden se revisa lo dispuesto por el inferior, según los argumentos de la parte apelante que combatan los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales se cimienta la resolución objeto de recurso. Resulta indispensable, para poder efectuar esa labor de control, que los argumentos vertidos por el inferior, en los cuales hace descansar fáctica y jurídicamente su resolución, sean atacados de manera concreta por el recurrente.

IV.- DE LA DEMANIALIDAD DE LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE Y SU RÉGIMEN JURÍDICO.- Por el tema de fondo en el cuestionamiento de la actuación impugnada, previo a su análisis, se debe tener claridad en la precisión de la definición del concepto de la zona marítimo terrestre, cuyo régimen encuentra asidero jurídico en la Ley N.° 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, dado el calificativo histórico relativo a bienes de naturaleza demanial (dominical, demanio o de dominio público) que le hace acreedora de todas las características de la demanialidad, sea, su inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, así como la sujeción al poder de policía en lo relativo a su uso y aprovechamiento. De la normativa citada se evidencia que de la franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas es definida como parte de la zona marítimo terrestre (artículo 9). En virtud de lo anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política, la zona marítimo terrestre adquiere la condición de bien demanial de la Nación, consideración que es reforzada por el artículo 3.1 de la Ley de Aguas que dispone:  "Artículo 3.- Son igualmente de propiedad nacional: I.-  Las playas y zonas marítimas" y el artículo 1° de la Ley de la Zona marítimo terrestre, en tanto dispone textualmente: "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta Ley." En igual sentido, se pronunció la Sala Constitucional en sentencia número 2000-10466 y 2002-3821; así como la Sección Tercera del Tribunal Contencioso, en funciones de jerarca administrativo, en resolución número 128-2001, de las ocho horas del dieciséis de febrero del dos mil uno: "VI.- Correlativamente a lo dicho, la zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección es obligación del Estado y sus instituciones –incluidas por supuesto las Municipalidades correspondientes- e incluso de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de la Ley No. 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre." Determinada la especial afectación de la zona marítimo-terrestre, interesa ahora saber con precisión, qué bienes o áreas comprende este régimen especial de tutela jurídica. Y es la misma Ley número 6043, la que en su artículo 9 nos lo indica: "... la franja de los doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar al descubierto en la marea baja. Para los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o leyes especiales."

La zona marítimo terrestre está divida en dos zonas: la pública, que comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las ríos y esteros permanentes, hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas; y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros. (artículo 10 Ley N.° 6043). Conviene recordar que la zona pública ha sido destinada para el libre uso, acceso y tránsito de todos; de manera que es nula todo permiso o concesión, así como el cobro del canon respectivo que se ubique en la zona pública de la zona marítimo terrestre, salvo aquellas que tengan un fin público, tales como la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o artesanales, de obras  portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares. (artículo 18 de la Ley 6043) cuya ubicación cerca del mar es indispensable para su debido funcionamiento. En todo caso, deben contar con las debidas autorizaciones del MOPT, INVU, ICT y la respectiva municipalidad, atendiendo, en todo caso y en todo momento. (en este sentido se pronunció la Sección Tercera de éste Tribunal, mediante resolución N.°  4163 de las quince horas quince minutos del cinco de noviembre del dos mil diez). Asimismo, tratándose del recurso natural contenido en la zona pública, se advierte que tampoco se puede explotar la flora y la fauna, cortar árboles o extraer productos de la costa, si no es con la debida autorización -permiso o concesión-, en este caso, de las autoridades correspondientes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, corresponde a las respectivas municipalidades el facilitamiento del acceso de las playas para el disfrute y tránsito de las personas, de manera que el gobierno local debe impedir cualquier acción limitativa que impida este libre acceso a las playas. Conforme al artículo 39 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sólo es posible otorgarse concesiones en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, a cargo de las municipalidades (artículo 40 de la citada Ley); salvo en los supuestos en que exista un área silvestre protegida -reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales- que conforme a los artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, están bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO: En la especie, los argumentos deducidos por la parte apelante, aunque respetables, no resultan compartidos, por cuanto los integrantes de este Tribunal consideran que la Municipalidad recurrida ha resuelto conforme a derecho; de la revisión de los autos se desprende que la parte actora gestiona ante la Municipalidad accionada "Proyecto de Estación de Bombeo en Playa Blanca" ubicado dentro de la Zona Pública, entre mojones M467 y M468" (hecho no controvertido, visible a folio 17 del expediente judicial digital) siendo que la accionada en sesión ordinaria N.° 78 del 25 de octubre del 2021 remite el proyecto a Instituto Costarricense de Turismo con la finalidad de que proceda a brindar criterio técnico-legal al respecto (visible a folio 20 del expediente judicial digital) ante lo cual la Junta Directiva de dicha institución, mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria N.° 6196-2021 del 30 de noviembre del 2021 dispone en síntesis que no se justifica la instalación de una caseta de bombeo de agua parte bajo tierra y parte expuesta en la zona pública de Playa Blanca, ni tampoco las especificaciones relativas a las instalaciones, condiciones ni usos se ajustan a la normativa aplicable. (visible de folio 23 a 28 del expediente judicial digital). Posteriormente, el Departamento de Servicios Técnicos de la Municipalidad de Garabito, mediante oficio ST-ZMT-2021-386-JACH de fecha 7 de diciembre del 2021 expone que no existe justificación para la colocación de la caseta de cita y que su colocación implicaría una alteración de la zona, que no se cuenta con viabilidad ambiental por parte de la SETENA y que no se encuentra prevista dentro de las excepciones de la normativa. (visible de folio 29 a folio 35 del expediente judicial digital) con fundamento en lo anterior se rechaza la gestión del actor que da inicio a la cadena recursiva que se conoce. Con el recuento de los elementos que constan en el presente asunto el Tribunal aprecia que el proyecto rechazado pretende "dotar de conexión alcantarillada" a un proyecto de naturaleza privada denominado "Condominio Altos de Leonamar" mismo que posee 383 abonados y que fue construido hace más de 15 años, que se ha suministrado agua mediante el sistema de Ecoservicios (oficio GSD-UEN-GAR-2021-02124 de fecha 18 de mayo del 2021 emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) es decir, a la fecha y desde hace 15 años cuentan con acceso al líquido vital. La situación en disputa se circunscribe a la construcción y colocación de la "estación de bomba" en zona pública de la zona marítimo terrestre, que como se ha indicado ha sido destinada para el libre uso, acceso y tránsito, siendo nulo todo permiso o concesión, así como el cobro del canon respectivo que se ubique en dichas coordenadas geográficas. Salvo las excepciones descritas en el numeral 18 de la Ley N.° 6043, como se indicó, la parte actora alega que el proyecto se encuentra inmerso en dicha excepción, no obstante el Tribunal, luego de una revisión integral del expediente, concluye que no existe prueba técnica que fundamente que el lugar de la zona pública donde se propone el desarrollo constructivo de la obra sea la única vía para dotar de agua potable a la comunidad, por lo cual no es posible determinar que le ampare la excepción normativa. Ciertamente, el desarrollo de la obra pretende dotar de agua a un sector privado que se encuentra inmerso en la colectividad, como se ha brindado acceso a múltiples proyectos habitacionales a lo largo y ancho de país y el Tribunal no discute el derecho humano de acceso al agua, no obstante, dada la particularidad normativa a la cual se ha hecho referencia, que no puede ser obviada en la especie el agravio es improcedente, debiendo la parte atenerse a lo resuelto. En consecuencia las actuaciones administrativas se aprecian sin vicio alguno, de modo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, la resolución impugnada debe ser confirmada y, al no haber ulterior recurso, se ha de dar por agotada la vía administrativa.

VI.- DE LA COPIA DEL EXPEDIENTE Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS: Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirma la resolución apelada y se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. Yetty Hernández Orias, Rodrigo Huertas Durán, Luis Arturo Polinaris Vives. Jueces Área Jerarquía Impropia.

 

	


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YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-002625-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Resolución Nº 08290 - 2024

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2024 a las 13:53

Expediente: 22-002625-1027-CA

Redactado por: Yetty Hernàndez Orias

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Texto de la resolución

EXPEDIENTE:

22-002625-1027-CA - 2

PROCESO:

JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)

ACTOR/A:

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS LEONAMAR

DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

 N° 2024008290

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours fifty-three minutes of the fourteenth of November of two thousand twenty-four.-

 This Tribunal, acting as NON-HIERARCHICAL CONTROLLER OF LEGALITY, hears the appeal filed by ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALTOS DE LEONAMAR, CONDOMINIO ALTOS DE LEONAMAR, represented by Mr. ABEL CHAVES TRIGUEROS, of legal age, married, administrator, bearer of identity card 2-0259-0468, against the provisions of article VI of ordinary session No. 85 of December 13, 2021, issued by the Alcaldía Municipal de Garabito.

Judge Hernández Orias drafts;

CONSIDERING

I.-BACKGROUND: Of importance for the resolution of this matter, the following is considered accredited: 1) That the plaintiff manages before the respondent Municipality the "Playa Blanca Pumping Station Project, located within the Zona Pública, between markers M467 and M468" (undisputed fact, visible at folio 17 of the digital judicial file); 2) That the respondent, in ordinary session No. 78 of October 25, 2021, given that the proposed project is located in the maritime-terrestrial zone, referred the project to the Instituto Costarricense de Turismo for the purpose of providing a technical-legal opinion on the matter (visible at folio 20 of the digital judicial file); 3) That the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo, through an agreement taken in ordinary session No. 6196-2021 of November 30, 2021, essentially ordered that the installation of a water pumping booth, part underground and part exposed, in the zona pública of Playa Blanca is not justified, nor do the specifications relating to the installations, conditions, or uses conform to the applicable regulations. (visible from folio 23 to 28 of the digital judicial file); 4) That the Department of Technical Services of the Municipalidad de Garabito, through official letter ST-ZMT-2021-386-JACH dated December 7, 2021, indicates that there is no justification for the placement of the cited booth and that its placement would imply an alteration of the zone, that there is no environmental viability from SETENA, and that it is not provided for within the exceptions of the regulations. (visible from folio 29 to folio 35 of the digital judicial file); 5) That the Concejo Municipal, through ordinary session No. 85 of December 13, 2021, ordered the rejection of the request promoted by the plaintiff in the following terms: "the NON-APPROVAL to carry out the Playa Blanca Pumping Station Project, second district of Tárcoles, Garabito de Puntarenas, located within the ZONA PÚBLICA (50 METERS) for the construction of a Booth to facilitate the interconnection of the Quebrada Ganado aqueduct and the Condominio Altos de Leonamar, this because it is not contemplated in the exceptions of article 18 of Ley 6043, as well as the structures that currently occupy the ZONA PÚBLICA are in litigation and it is not advisable to grant a permit for new works to be carried out, in addition the beneficiaries will be private persons and not the community, it would cause an environmental impact, as well as there being no environmental viability" (visible at folio 36 of the digital judicial file); 6) That through a writ dated December 22, 2021, the plaintiff filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal against the provisions of the respondent (visible from folio 92 to 97 of the digital judicial file); 7) That the Concejo Municipal de Garabito, through a resolution at seventeen hours fifty-five minutes of April 7, 2022, ordered the rejection of the motion for reconsideration and elevated the appeal to this Tribunal (visible from folio 41 to 56 of the digital judicial file).

II.- SUBJECT OF THE APPEAL: The plaintiff's representation indicates, in summary, that the Concejo Municipal was not empowered to issue an opinion since the approval of hydraulic technical studies for drinking water supply systems by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requires compliance with numerous technical, legal, and administrative processes and that each project implies an exhaustive analysis that entails topographic and hydraulic studies prior to its institutional approval, it not being correct that there is no justification for each proposed infrastructure work. It alleges that, in accordance with the provisions of numeral 18 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, reference is made to the exceptionality as the piping corresponds to a community subject to a condominium regime where the pumping system to propel the water, electrical equipment, and transformer bank are also included, and that numeral 50 of the Constitución Política guarantees access to drinking water and that the project constitutes public infrastructure built by a private company and operated by a state entity. It states that it is erroneously indicated that the project lacks environmental viability, but that to obtain it, the approval of the respondent Municipality is required prior to the environmental license (licencia ambiental) management and obtaining construction permits. It requests the appeal be granted. (visible from folio 92 to 97 of the digital judicial file).

III.- JURISDICTION OF THE TRIBUNAL IN THIS VENUE: Before analyzing the appellant's grievances, it is considered vital to explain that the function exercised by this Tribunal in municipal matters in non-hierarchical control is limited to that established in article 181 of the Ley General de la Administración Pública, according to which "The non-hierarchical controller may review only the legality of the act and by virtue of an administrative appeal, and shall decide within the limits of the claims and questions of fact raised by the appellant, but may apply a rule not invoked in the appeal." Consequently, the expression of grievances is vital for the knowledge of the challenges in this venue, since based on them the Non-Hierarchical Controller, who is responsible for hearing the appeal, can analyze whether it is appropriate to annul or modify what was resolved. In this order, the provisions of the lower body are reviewed, according to the arguments of the appealing party that challenge the factual and legal foundations on which the resolution subject to appeal is based. To carry out this control function, it is essential that the arguments presented by the lower body, on which its resolution rests factually and legally, be specifically challenged by the appellant.

IV.- ON THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE AND ITS LEGAL REGIME.- Given the substantive issue in questioning the challenged action, prior to its analysis, clarity must be had regarding the definition of the concept of the maritime-terrestrial zone, whose regime finds legal basis in Ley N.° 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, given the historical classification relating to goods of a public domain (demanial) nature (dominical, demanio or de dominio público) that makes it deserving of all the characteristics of public domain (demanialidad), that is, its inalienability, imprescriptibility, unattachability, as well as subjection to police power in relation to its use and exploitation. From the cited regulations, it is evident that the strip of 200 meters from the ordinary high-water mark along both coasts is defined as part of the maritime-terrestrial zone (article 9). By virtue of the foregoing and pursuant to the provisions of article 6 of the Constitución Política, the maritime-terrestrial zone acquires the condition of a public domain (demanial) good of the Nation, a consideration reinforced by article 3.1 of the Ley de Aguas which provides: "Article 3.- The following are equally national property: I.- The beaches and maritime zones" and article 1° of the Ley de la Zona marítimo terrestre, insofar as it textually provides: "The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this Law." In the same sense, the Sala Constitucional ruled in judgments number 2000-10466 and 2002-3821; as did the Third Section of the Tribunal Contencioso, in functions of administrative superior, in resolution number 128-2001, of eight hours on February sixteenth, two thousand one: "VI.- Correlatively to what has been said, the maritime-terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection is an obligation of the State and its institutions—including of course the corresponding Municipalities—and even of all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of Ley No. 6043 on the Zona Marítimo Terrestre." Having determined the special affectation of the maritime-terrestrial zone, it is now of interest to know precisely which goods or areas this special legal protection regime comprises. And it is Ley number 6043 itself, which in its article 9 tells us: "... the strip of two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide. For legal purposes, the maritime-terrestrial zone includes islands, islets, and maritime rocks, as well as all land or natural formation that protrudes above ocean level within the territorial sea of the Republic. Isla del Coco is excepted, which will be under the direct domain and possession of the State, and those other islands whose domain or administration is determined in this law or special laws."

The maritime-terrestrial zone is divided into two zones: the public zone, which comprises the strip fifty meters wide, counted from the ordinary high-water mark, composed of the littoral, shore, or coast of the sea that extends along permanent rivers and estuaries, up to where these are sensibly affected by the tides and present defined marine characteristics; and the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters. (article 10 Ley N.° 6043). It is appropriate to remember that the public zone has been destined for the free use, access, and transit of all; so that any permit or concession, as well as the collection of the respective fee, located in the public zone of the maritime-terrestrial zone is null and void, except for those that have a public purpose, such as the construction of industrial plants, sport or artisanal fishing facilities, port works, mariculture programs, or other similar establishments or facilities (article 18 of Ley 6043) whose location near the sea is essential for their proper functioning. In any case, they must have the due authorizations from the MOPT, INVU, ICT, and the respective municipality, attending, in any case and at all times. (in this sense, the Third Section of this Tribunal ruled, through resolution No. 4163 of fifteen hours fifteen minutes of November fifth, two thousand ten). Likewise, regarding the natural resource contained in the public zone, it is warned that neither can flora and fauna be exploited, nor trees cut, nor products extracted from the coast, except with the due authorization—permit or concession—, in this case, from the corresponding authorities, pursuant to the provisions of article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. Furthermore, it corresponds to the respective municipalities to facilitate access to the beaches for the enjoyment and transit of persons, so that the local government must prevent any limiting action that impedes this free access to the beaches. According to article 39 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, it is only possible to grant concessions in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, under the responsibility of the municipalities (article 40 of the cited Law); except in cases where there is a protected wilderness area—forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, natural monuments—which, according to articles 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, are under the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía.

V.- ON THE SPECIFIC CASE: In the case at hand, the arguments deduced by the appealing party, although respectable, are not shared, as the members of this Tribunal consider that the respondent Municipality has resolved in accordance with the law; from the review of the case file it is clear that the plaintiff manages before the respondent Municipality the "Playa Blanca Pumping Station Project" located within the Zona Pública, between markers M467 and M468" (undisputed fact, visible at folio 17 of the digital judicial file), being that the respondent, in ordinary session No. 78 of October 25, 2021, referred the project to the Instituto Costarricense de Turismo for the purpose of providing a technical-legal opinion on the matter (visible at folio 20 of the digital judicial file), before which the Board of Directors of said institution, through an agreement taken in ordinary session No. 6196-2021 of November 30, 2021, essentially ordered that the installation of a water pumping booth, part underground and part exposed, in the zona pública of Playa Blanca is not justified, nor do the specifications relating to the installations, conditions, or uses conform to the applicable regulations. (visible from folio 23 to 28 of the digital judicial file). Subsequently, the Department of Technical Services of the Municipalidad de Garabito, through official letter ST-ZMT-2021-386-JACH dated December 7, 2021, states that there is no justification for the placement of the cited booth and that its placement would imply an alteration of the zone, that there is no environmental viability from SETENA, and that it is not provided for within the exceptions of the regulations. (visible from folio 29 to folio 35 of the digital judicial file), based on the foregoing, the plaintiff's request is rejected, initiating the known recursive chain. With the recounting of the elements contained in the present matter, the Tribunal appreciates that the rejected project seeks to "provide sewerage connection" to a project of a private nature called "Condominio Altos de Leonamar," which has 383 subscribers and was built more than 15 years ago, and which has been supplied with water through the Ecoservicios system (official letter GSD-UEN-GAR-2021-02124 dated May 18, 2021, issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), that is, to date and for 15 years, they have had access to the vital liquid. The situation in dispute is limited to the construction and placement of the "pumping station" in the public zone of the maritime-terrestrial zone, which, as indicated, has been destined for free use, access, and transit, any permit or concession, as well as the collection of the respective fee, located in those geographic coordinates being null and void. Except for the exceptions described in numeral 18 of Ley N.° 6043, as indicated, the plaintiff alleges that the project is immersed in said exception; however, the Tribunal, after a comprehensive review of the file, concludes that there is no technical evidence to support that the place in the public zone where the construction development of the work is proposed is the only way to provide drinking water to the community, so it is not possible to determine that the regulatory exception protects it. Certainly, the development of the work intends to provide water to a private sector that is immersed in the community, just as access has been provided to multiple housing projects throughout the length and breadth of the country, and the Tribunal does not dispute the human right of access to water; however, given the regulatory particularity to which reference has been made, which cannot be ignored in the case, the grievance is unfounded, the party having to abide by what was resolved. Consequently, the administrative actions are appreciated without any defect, so that the filed appeal must be declared without merit, the challenged resolution must be confirmed, and, as there is no further appeal, the administrative remedy is to be considered exhausted.

VI.- ON THE COPY OF THE FILE AND RETURN OF DOCUMENTS: Having processed this venue electronically, it is available to the parties to obtain a comprehensive copy containing both the administrative file sent by the Municipal Corporation and all the documents comprising this appeal, for which they must provide the electronic storage device (USB drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation (plans, photographs, reports, etc.) was submitted that remains in the custody of the Office, the party who provided it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of article 12 of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO

The appeal filed is declared without merit, the appealed resolution is confirmed, and the administrative remedy is considered exhausted. NOTIFÍQUESE. Yetty Hernández Orias, Rodrigo Huertas Durán, Luis Arturo Polinaris Vives. Judges, Jerarquía Impropia Area.

EXP: 22-002625-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República