Res. 08381-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Order to join SINAC and State in precautionary measure for eviction in protected zoneOrden de integrar SINAC y Estado en medida cautelar por desalojo en zona de protección

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08381 - 2024

Fecha de la Resolución: 15 de Noviembre del 2024 a las 16:07

Expediente: 24-005913-1027-CA

Redactado por: José Alvaro López Camacho

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

24-005913-1027-CA - 1




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

 

 N° 2024008381

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con siete minutos del quince de Noviembre del dos mil venticuatro.-

 

 Se conoce FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO apreciada de oficio dentro de medida cautelar presentada por GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, portador de la cédula de identidad número 602330436, y JENNY CORDERO VARELA,  portadora de la cédula de identidad número 204810207, en contra de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.

 

CONSIDERANDO

 

 I.- ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: En la tramitación de la presente causa se aprecia de importancia para la resolución del presente aspecto lo siguiente: a-) Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2024, se interpone solicitud de medida cautelar ante esta jurisdicción en que la parte accionante solicita lo siguiente: "PRETENSIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 1. Que la Municipalidad de Heredia no efectúe el desalojo, demolición y usurpación en contra de la casa de habitación del Sr. Giovanni Espinoza Cubillo y la Sra. Jenny Cordero Varela" (ver imagen 8 del legajo de medida cautelar). Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado el día 20 de setiembre de 2024 de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable. Se trata de una medida cautelar de carácter SUSPENSIVO para que no se ejecute el procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión de bienes demaniales, determinado por resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. En cuanto a la apariencia de buen derecho señala la parte accionante que resulta evidente en el caso concreto. Lo anterior por cuanto, en síntesis, indica la parte accionante en su demanda (ver escrito de demanda visible a imágenes 2 a 13 del expediente principal, así como escrito de solicitud de medida cautelar de imágenes 5 a 9 del legajo de medida cautelar) que la Municipalidad de Heredia inicia contra de los actores un procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión y usurpación de bienes demaniales, bajo la matrícula 270947, que se constituyó como dominio público de la Municipalidad de Heredia por una DONACIÓN que realiza el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) que el accionante califica de nula e ilícita, asimismo, sostiene la parte accionante que ambos actores ostentan el derecho de propiedad sobre los 50.42 metros cuadrados que se pide desalojar puesto que el BANHVI les había otorgada escritura pública desde hace 28 años y se trata de un lote inscrito en el Registro Nacional, por lo que la Municipalidad de Heredia no tiene derecho sobre dicha propiedad. Señala también la parte accionante que no están habitando una zona de protección como se afirma por la municipalidad accionada por cuanto no existe normativa alguna que señala tal zona como de protección forestal y la vegetación existente ha sido plantada por los vecinos de la localidad, por lo que solicita que se declare la nulidad de la conducta administrativa así como la indemnización de los daños y perjuicios causados, así como también se declare y reconozca su derecho sobre los citados 50.42 metros cuadrados, intereses y ambas costas. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego, indica, en síntesis, que debe ponderarse la gravedad del perjuicio que se causa a los accionantes y su nucleo familiar por encima de los intereses defendidos por el accionado. Ofrece como prueba la copia del desalojo (ver imágenes 10 a 25 del legajo de medida cautelar), y en el principal se ofrece la siguiente prueba documental: 1) Certificación de Imágenes de la donación entre la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, GRUPO MUTUAL y BANHVI (imágenes 14 a 25 del expediente principal). 2) Copia del desalojo de la Municipalidad (ver imágenes 26 a 52 del expediente principal y 10 a 25 del legajo de medida cautelar) y 3) Certificación de la propiedad en el Registro de la Propiedad (ver imágenes 53 a 57 del expediente principal).  b-) Por resolución de las catorce  horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, visible a imágenes 26 a 32 del legajo de medida cautelar anticipada, se declaró con lugar la medida cautelar provisionalísima, se otorga la audiencia de ley a la parte accionada, y se dispone la suspensión provisional de los efectos de la conducta administrativa, se dispone en dicha resolución como medida provisional la suspensión de los efectos del acto administrativo resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. Ahí mismo se ORDENA como medida cautelar provisionalísima a la Municipalidad de Heredia accionada el abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto el ejecutar dicho acto administrativo; lo anterior hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar o disponga otra cosa, con el fin de resguardar la tutela judicial cautelar adoptada en la resolución cautelar. c-) Mediante escrito presentado en fecha 10 de setiembre de 2024, visible a imágenes 37 a 49 del legajo de medida cautelar, la parte accionante menciona que si se ejecuta la demolición la pérdida de la casa de habitación sería total dado que quedaría inhabitable, y que la parte en reclamo se trata de un relleno realizado hace más de 20 años porque la casa estaba en peligro de derrumbe por la pendiente y evitar problemas de aguas negras de un condominio, lo que provocó un derrumbre que lavó el relleno. Indica que en su momento se le solicitó a la municipalidad un muro de contención. También señala que la señora accionante tiene padecimiento del corazón y problemas de hipertensión, además de otras condiciones vulnerables  de salud, y que la municipalidad accionada no es el dueño registral del conjunto de la residencia de la Gran Samaria pues el dueño registral es el IMAS, por lo que considera que no corresponde el desalojo por parte de la Municipalidad de Heredia. d-) Mediante memorial de fecha 17 de setiembre de 2024, visible a imágenes 50 a 58 del legajo de medida cautelar, la representación de la Municipalidad de Heredia accionada contesta la gestión de tutela cautelar solicitando su rechazo indicando que no concurren los requisitos para el acogimiento de una medida de tal naturaleza indicando. Luego de realizar un recuento de los antecedente y denominados "hechos" del caso, la municipalidad accionada señala, en síntesis, sobre la denominada apariencia de buen derecho que en este caso se trata de una gestión carente de este presupuesto, pues se trata de la ocupación y disposición ilegítima de un área de 50.42 metros cuadrados de dominio público destinada a zona de protección (refiere al oficio DIP-DT-0328-2023) parte de la finca 4-150475-001 y 4-150475-002, plano catastrado H-084457-1989, ubicado en la urbanización la Gran Samaria en San Francisco de Heredia, por lo que se ordenó el desalojo y demolición por invasión de bienes demaniales, otorgando el debido proceso contemplado en la legislación al efecto, lo cual indica se trata de un deber por tratarse de bienes de dominio público y la municipalidad está facultada para recuperar el dominio de dichos inmuebles a través de la acción administrativa. Señala en este sentido que la demanda se encuentra ayuna de fundamentación y carece de seriedad, indica que no se cuestiona la titularidad sobre el inmueble sino la invasión que se perpetra contra el bien de dominio público 4-27094-000, así como que los actores no aportan prueba para acreditar un derecho para invadir la zona pública. Sobre el peligro en la demora indica la municipalidad que si bien no se requiere plena prueba par su demostración y se contemplan daños no solo actuales sino también potenciales, no basta con el dicho del accionante sino que requiere la evidencia de la magnitud grave del año, de lo cual indica está completamente desprovisto el alegato de la parte actora. Señala que el desalojo o demolición es del área de 50.42 metros cuadrados que se encuentran sobre el bien de dominio público según loa resolución AMH-0803-2024, por lo que no se justifica con prueba idónea este presupuesto. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego señala la municipalidad que en su criterio debe ponderar el interés público tutelado por la municipalidad de recuperar el uso al que fue destinado la zona pública sobre los intereses privados de las partes accionantes de perpetuarse en la invasión de bienes demaniales (zona de protección), por cuanto al no existir un daño que sirva de base para ponderar no es siquiera posible valorar este presupuesto al carecer incluso la gestión de un razonamiento de ponderación de los intereses en juego.  Por lo anterior, la municipalidad accionada solicita que rechace la medida cautelar y se revoque la medida cautelar provisionalísima decretada. Ofrece como prueba el expediente DIP-DT-0328-2023 de la Sección de Control Fiscal y Urbano (ver imágenes 60 a 103 del legajo de medida cautelar). e-) De previo a resolver se le otorga audiencia a la Municipalidad de Heredia de las manifestaciones de la parte actora de fecha 10 de setiembre de 2024, mediante resolución de las diez horas veintinueve minutos del 25 de setiembre de 2024, audiencia que es atendida por el accionado mediante memorial de fecha 01 de octubre de 2024, en que rechaza las afirmaciones realizadas por la parte actora, indicando, en síntesis, que el proceso versa sobre la invasión de los actores sobre un bien de dominio público, y no hay prueba idónea de que la demolición sobre los 50.42 mts cuadrados implicaría que la casa de habitación quedaría inhabitable. Asimismo, indica que no le consta el relleno realizado hace más de 20 años que refieren los actores, así como que los padecimientos de salud de la parte actora no justifican la ocupación de bienes de carácter demanial, asimismo que no se indica por la municipalidad ser la dueña del conjunto habitacional La Gran Samaria y que es falso que la municipalidad no sea la propietaria del bien público (4-270947-000), asimismo que el bien en algún momento estuvo a nombre de distintas entidades financieras en calidad de fiduciarias fue la finca madre del proyecto Urbanización La Gran Samaria debía volver al fideicomitente (BANHVI) y fue traspasado por donación y segregación por el BANHVI a favor de la Municipalidad de Heredia en cumplimiento de la Ley N°4240 de Planificación Urbana, es decir las áreas públicas de la citada urbanización, de manera que la gestión cautelar carece de seriedad por cuanto el gobierno local le corresponde ejecutar los desolojos sobre el bien invadido 4-270947-000, por lo que solicita el rechazo de la medida cautelar. Ofrece como elementos de prueba el oficio ACDE-3627-2002 de la Alcaldía y la escritura N° 79 de las 15:15 horas del 15 de diciembre de 2021 (ver imágenes 111 a 130 del legajo de medida cautelar). f-) La parte accionante realiza nuevas manifestaciones visibles en imágenes 108 a 110 del legajo de medida cautelar, señalando, en síntesis, que la municipalidad no aportó el documento notarial del IMAS que le otorgaba el derecho para efectuar la donación de la Gran Samaria (ubicada en distrito 3 con distinto plano catastrado) a favor de la municipalidad, dada la audiencia de dichas manifestaciones, la municipalidad accionada responde en memorial de fecha 10 de octubre de 2024, visible a imágenes  133 a 137 del legajo de medida cautelar, en que señala nuevamente que no existe prueba en cuanto a que el IMAS fuera el propietario registral de la "Gran Samaria" en algún momento, desconociendo si esto se refiere a la finca madre o las áreas públicas, lo cual señala es indistinto a efectos del desalojo del bien público invadido en este caso que se encuentra a nombre de la municipalidad. Asimismo, señala que no es procedente en esta vía cuestionar los antecedentes registrales del bien inmueble y se han aportado a los autos elementos de prueba que dan cuenta de la existencia del traspaso por parte del fideicomiso. También señala que en la escritura aportada al expediente consta el traspaso generado de la zona a favor de la municipalidad accionada y la parte actora se contradice en sus afirmaciones , así como que la asignación del distrito en la escritura, plano de la finca madre y diseño de sitio resulta intrascendente para el objeto de estas diligencias, puesto que es claro que se trata de la finca madre que dio origen a la urbanización La Gran Samaria, por lo que solicita resolver a la mayor brevedad dada la gran cantidad de escritos presentados por la parte accionante en este caso. Ofrece como prueba los autos. g-) Finalmente, mediante nuevas manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, la parte accionante, en síntesis, insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito que necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide que personeros del SINAC y del MINAE visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen (ver imágenes 141 a 143 del legajo de medida cautelar). h-) Mediante resolución de las catorce horas cero minutos del once de noviembre de 2024, con el fin de continuar con la tramitación de la medida cautelar y debido a lo indicado por la parte actora en memorial de fecha 11 de octubre de 2024, de una eventual integración del ESTADO y del SINAC, se le concede el plazo de tres días hábiles a las partes para que se manifiesten (ver imagen 148 del legajo de medida cautelar). i-) Mediante memorial de fecha 13 de noviembre de 2024, la parte actora indica que está de acuerdo en que se integre al proceso al SINAC para que realice las inspecciones respectivas en la zona e inspeccione la quebrada, asimismo, mediante memorial de fecha 15 de noviembre de 2024 aporta documentación relativa a sesión ordinaria 331-2009 del Concejo Municipal así como documentación sobre un recurso de amparo (ver imágenes 152 a 155 del legajo de medida cautelar, así como documentación visible a imágenes 156 a 198 del mismo legajo de medida cautelar).

 

 II.- DEL OBJETO DEL PROCESO: En la presente causa, bajo el expediente 24-005913-1027-CA, la parte accionante en su memorial de fecha 28 de agosto de 2024 presenta solicitud de medida cautelar en los siguientes términos: "PRETENSIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 1. Que la Municipalidad de Heredia no efectúe el desalojo, demolición y usurpación en contra de la casa de habitación del Sr. Giovanni Espinoza Cubillo y la Sra. Jenny Cordero Varela" (ver imagen 8 del legajo de medida cautelar). Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado el día 20 de setiembre de 2024 de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable. Se trata de una medida cautelar de carácter SUSPENSIVO para que no se ejecute el procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión de bienes demaniales, determinado por resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. Asimismo, mediante nuevas manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, la parte accionante, en síntesis, insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito, también indica que necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide que personeros del SINAC y del MINAE visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen en su gestión (ver imágenes 141 a 143 del legajo de medida cautelar).

 

 III.- ALEGATOS DE LAS PARTES: Mediante resolución de las catorce horas cero minutos del once de noviembre de 2024, con el fin de continuar con la tramitación de la medida cautelar y debido a lo indicado por la parte actora en memorial de fecha 11 de octubre de 2024, de una eventual integración del ESTADO y del SINAC, se le concede el plazo de tres días hábiles a las partes para que se manifiesten (ver imagen 148 del legajo de medida cautelar). Asimismo, tal como se indicó previamente, mediante memorial de fecha 13 de noviembre de 2024, la parte actora indica que está de acuerdo en que se integre al proceso al SINAC para que realice las inspecciones respectivas en la zona e inspeccione la quebrada, y mediante memorial de fecha 15 de noviembre de 2024 aporta documentación relativa a sesión ordinaria 331-2009 del Concejo Municipal así como documentación sobre un recurso de amparo (ver imágenes 152 a 155 del legajo de medida cautelar, así como documentación visible a imágenes 156 a 198 del mismo legajo de medida cautelar).

 

 IV. Interolocutorio (audiencia de manifestaciones y documentación). Tal como se indicó previamente, mediante memorial de fecha 15 de noviembre de 2024 la parte accionante aporta documentación relativa a sesión ordinaria 331-2009 del Concejo Municipal así como documentación sobre un recurso de amparo (ver imágenes 152 a 155 del legajo de medida cautelar, así como documentación visible a imágenes 156 a 198 del mismo legajo de medida cautelar). De dichas manifestaciones y documentación relativas al conflicto que se ventila en esta medida cautelar se le otorga audiencia por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a la contraparte, Municipalidad de Heredia, para lo que tenga a bien manifestar en defensa de sus intereses en acatamiento al debido proceso.

 

 V.- DE LA LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO Y OTRAS FIGURAS PROCESALES DE LAS PARTES: A.- SOBRE LA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Un aspecto esencial dentro de un proceso jurisdiccional, es lo relativo a la determinación de los sujetos que deben intervenir dentro del mismo, lo que se determina teniendo como base la relación jurídica-administrativa subyacente en la litis planteada, esto con el fin de que el Órgano Jurisdiccional pueda hacer un pronunciamiento de fondo que surta sus efectos entre los sujetos que corresponde, en tanto no es posible verter sentencia de fondo fraccionando las relaciones jurídicas materiales o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión debe englobar y obligar a todos los sujetos que son parte de aquella relación. Sobre la necesaria integración de al litis consorcio pasivo ha indicado este Tribunal, entre otros, en el fallo N°1012-2021-T de las diez horas cincuenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, lo siguiente: "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, ha tratado en varias ocasiones el tema, estableciendo que esta figura implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Resolución número 156-F-TC-2008, de 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números 824-2000 de las 16 horas 05 minutos del primero de noviembre de 2000 y 482-2005 de las 10 horas 30 minutos del 07 de julio de 2005). Ha indicado la Sala además, que con esta figura se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) o, por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio pasivo necesario). En cuanto al litis consorcio pasivo necesario, ha indicado además la Sala Primera, que este instituto procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso (Resolución Nº 156-F-TC- 2008, de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números 29-F-TC-2008 de las 14:15 horas del 8 de mayo de 2008, 30-F-TC-2008 de las 14:20 del 8 de mayo de 2008 y Nº 63-A-TC-2008 de las 9:45 horas del 11 de junio del 2008). En otras palabras, será necesaria la integración cuando la relación jurídica involucre a una parte que no está presente en el proceso.- En la especie debe valorarse los supuestos procesales para determinar una posible integración de la litis, por un lado, que responda a un mandato legal, cuya concurrencia de todas las partes está prevista por el mismo ordenamiento jurídico.- Y por otro lado que las pretensiones se orienten a otros sujetos y/o que las relaciones jurídicas subyacentes impliquen que para el dictado de la sentencia sea necesario integrarlos en resguardo del debido proceso y el derecho de defensa, y para evitar indefensiones que generen posibles nulidades de las actuaciones.-" (destacado propio).  Así las cosas, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida,  pues, en caso contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso. [Bajo esta linea de pensamiento se encuentra las sentencias número 29-F-TC-2008, de las catorce horas quince minutos del ocho de mayo; número 30-F-TC-2008, de las catorce horas veinte minutos del ocho de mayo; 63-A-TC-2008, de las nueve y cuarenta y cinco minutos del once de junio y número 156-F-TC-2008, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre, todas dictadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el año dos mil ocho].  

 

 VI.- CASO CONCRETO.Como se indicó anteriormente, con la figura del litis consorcio pasivo necesario, se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto; en este caso concreto mediante manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, en síntesis, la parte accionante insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito, también indica que necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide expresamente que personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del MINAE (Estado) visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen en su gestión (ver imágenes 141 a 143 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, en el tanto la parte actora está pretendiendo en forma expresa una orden de HACER dirigida tanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como al Estado (Ministerio de Ambiente y Energía o MINAE) para que se visite la zona en cuestión en relación con el daño ambiental que alegan, de previo a emitir cualquier pronunciamiento acerca de lo solicitado por la parte actora en criterio de este juzgador procede la integración de la litis con ambos (SINAC y el ESTADO) para que se pronuncien sobre lo solicitado y realicen las manifestaciones que consideren pertinentes en defensa de sus intereses.  El Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que la integración de la Litis puede establecerse como una defensa previa como lo estipula el articulo 66 inciso "f) Falta de integración de la litis consorcio necesario"; o de oficio según lo dispuesto en el nominal 71 inciso 1) , al señalar que "1) El litis consorcio necesario se integrará de oficio o a gestión de parte" [el resaltado no es del original]. En lo que refiere a la potestad de saneamiento del proceso para integrar debidamente la litis, ello es posible a cargo del Juzgador que por turno corresponde; y la misma puede presentarse desde la admisión de la demanda o dentro del proceso en las oportunidades que corresponda, inclusive hasta en casación [En igual sentido, puede consultarse la sentencia número 872-2004, de las quince horas treinta y cinco minutos del seis de octubre del dos mil cuatro, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia]. El fundamento de la litis consorcio, es la protección del derecho fundamental del debido proceso, y el derecho efectivo a la defensa, garantías constitucionales que deriva de los numerales 39 y 41, de donde nadie puede ser privado o afectado en sus derechos sin primero ser oído en el proceso; el contradictorio dentro del proceso es indispensable para que pueda dictarse sentencia de fondo sobre la relación esgrimida dentro del proceso. [Resoluciones números; número 482-2005, de las diez horas treinta minutos del siete de julio del dos mil cinco y número 156-F-TC-2008, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil ocho, todas de la Sala Primera].-  En la especie debe valorarse los supuestos procesales para determinar una posible integración de la litis, por un lado, que responda a un mandato legal, cuya concurrencia de todas las partes está prevista por el mismo ordenamiento jurídico, en el caso en estudio, por la disposición del ordinal 12.3 del CPCA que a la sazón indica: "Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos o intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso".- Y por otro lado, cuando las pretensiones y/o relaciones jurídicas subyacentes hagan necesaria la integración para garantizar el debido proceso y evitar indefensiones que generan nulidades de lo actuado.- Una vez revisados los autos, se aprecia que, como se dijo, las pretensiones de la parte actora se orientan parcialmente a que se disponga respecto del SINAC como también respecto del Estado (MINAE) una orden de hacer, por lo que resulta necesario que se integre a ambas a la litis que nos ocupa de previo a realizar un pronunciamiento sobre lo peticionado, lo anterior en resguardo del debido proceso y el derecho de defensa que le asiste.- En conclusión, se debe integrar el litis consorcio pasivo necesario, y traer al proceso al ESTADO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y así debe declararse.-

 

POR TANTO

 

 Se declara la existencia de una falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria, apreciada de oficio, dentro de la presente medida cautelar presentada por GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, portador de la cédula de identidad número 602330436, y JENNY CORDERO VARELA,  portadora de la cédula de identidad número 204810207, en contra de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Se ordena integrar al proceso al ESTADO (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para que hagan frente a la presente causa.- Deberá la parte actora en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, aportar DOS juegos completos de copias del expediente, y una dirección para notificar a las personas que se integran, bajo el apercibimiento de no atender futuras gestiones hasta tanto no se cumpla con lo aquí dispuesto.- Contra lo resuelto proceden las acciones prescritas por el CPCA.- NOTIFÍQUESE. Dr. José Alvaro López Camacho. Juez Tramitador. JLOPEZCAM

 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 24-005913-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:40:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario, apreciada de oficio within a precautionary measure filed by GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, holder of identity card number 602330436, and JENNY CORDERO VARELA, holder of identity card number 204810207, against the MUNICIPALITY OF HEREDIA, is hereby acknowledged.

CONSIDERING

I.- IMPORTANT PROCEDURAL ACTS: In the processing of this case, the following is deemed important for the resolution of this aspect: a-) By brief filed on August 28, 2024, a request for a precautionary measure is filed before this jurisdiction, in which the petitioner requests the following: "CLAIM OF THE PRECAUTIONARY MEASURES: 1. That the Municipality of Heredia not carry out the eviction, demolition, and usurpation against the dwelling house of Mr. Giovanni Espinoza Cubillo and Mrs. Jenny Cordero Varela" (see image 8 of the precautionary measure file). The petitioner states, in summary, that with the eviction and demolition, the property would become uninhabitable and the plaintiffs lack the financial means to rent a home or make renovations to the house. Likewise, it indicates that the eviction is about to be executed on September 20, 2024, so there is an imminent risk of serious damage to the home, which would become uninhabitable. This is a SUSPENSIVE precautionary measure so that the administrative eviction and demolition procedure for invasion of public domain assets, determined by resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours and seven minutes on August 19, 2024, is not executed. Regarding the appearance of good law (apariencia de buen derecho), the petitioner indicates that it is evident in this specific case. The foregoing because, in summary, the petitioner states in its complaint (see complaint brief visible in images 2 to 13 of the main file, as well as the precautionary measure request brief in images 5 to 9 of the precautionary measure file) that the Municipality of Heredia initiated against the plaintiffs an administrative eviction and demolition procedure for invasion and usurpation of public domain assets, under registration number 270947, which was constituted as public domain of the Municipality of Heredia through a DONATION made by the MORTGAGE HOUSING BANK (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, BANHVI) that the petitioner qualifies as null and illicit; likewise, the petitioner maintains that both plaintiffs hold the right of ownership over the 50.42 square meters requested to be evicted, since the BANHVI had granted them a public deed 28 years ago and it is a lot registered in the National Registry, so the Municipality of Heredia has no right over said property. The petitioner also points out that they are not occupying a protection zone as stated by the respondent municipality because there is no regulation that designates such zone as a forest protection area and the existing vegetation has been planted by the residents of the locality, therefore requesting that the nullity of the administrative conduct be declared, as well as compensation for the damages caused, and that their right over the aforementioned 50.42 square meters, interest, and both costs be declared and recognized. Finally, regarding the weighing of interests at stake (ponderación de intereses en juego), it indicates, in summary, that the severity of the harm caused to the plaintiffs and their family nucleus must be weighed above the interests defended by the respondent. It offers as evidence the copy of the eviction (see images 10 to 25 of the precautionary measure file), and in the main file, the following documentary evidence is offered: 1) Certification of Images of the donation between the MUNICIPALITY OF HEREDIA, GRUPO MUTUAL, and BANHVI (images 14 to 25 of the main file). 2) Copy of the eviction by the Municipality (see images 26 to 52 of the main file and 10 to 25 of the precautionary measure file) and 3) Certification of the property in the Property Registry (see images 53 to 57 of the main file). b-) By resolution issued at fourteen hours thirty-five minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-four, visible in images 26 to 32 of the early precautionary measure file, the extremely provisional precautionary measure was granted, the legal hearing is granted to the respondent, and the provisional suspension of the effects of the administrative conduct is ordered; said resolution orders as a provisional measure the suspension of the effects of the administrative act resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours and seven minutes on August 19, 2024. In that same resolution, the respondent Municipality of Heredia is ORDERED as an extremely provisional precautionary measure to refrain from carrying out any conduct that, directly or indirectly, may have the effect of executing said administrative act; the foregoing until this authority has greater elements of judgment to definitively resolve the request for a precautionary measure or orders otherwise, in order to safeguard the precautionary judicial protection adopted in the precautionary resolution. c-) By brief filed on September 10, 2024, visible in images 37 to 49 of the precautionary measure file, the petitioner mentions that if the demolition is executed, the loss of the dwelling house would be total since it would become uninhabitable, and that the portion in dispute is a fill (relleno) carried out more than 20 years ago because the house was in danger of collapse due to the slope and to prevent blackwater problems from a condominium, which caused a landslide that washed away the fill. It indicates that at the time, a retaining wall was requested from the municipality. It also points out that the female plaintiff suffers from a heart condition and hypertension problems, in addition to other vulnerable health conditions, and that the respondent municipality is not the registered owner of the La Gran Samaria residential complex because the registered owner is the IMAS, therefore it considers that the eviction by the Municipality of Heredia is not appropriate. d-) By brief dated September 17, 2024, visible in images 50 to 58 of the precautionary measure file, the representative of the respondent Municipality of Heredia responds to the precautionary protection request, seeking its rejection by indicating that the requirements for granting a measure of such nature are not met. After recounting the background and so-called "facts" of the case, the respondent municipality states, in summary, regarding the so-called appearance of good law (apariencia de buen derecho) that in this case it is a proceeding lacking this prerequisite, since it concerns the occupation and illegitimate disposal of a 50.42 square meter area of public domain designated as a protection zone (refers to official communication DIP-DT-0328-2023) part of property 4-150475-001 and 4-150475-002, cadastral map H-084457-1989, located in the La Gran Samaria urbanization in San Francisco de Heredia, so the eviction and demolition for invasion of public domain assets was ordered, granting the due process contemplated in the relevant legislation, which it indicates is a duty because these are public domain assets and the municipality is empowered to recover the domain of said properties through administrative action. It points out in this regard that the complaint is devoid of substantiation and lacks seriousness, indicating that the ownership of the property is not questioned but rather the invasion perpetrated against the public domain asset 4-27094-000, and that the plaintiffs do not provide evidence to prove a right to invade the public zone. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), the municipality indicates that although full evidence is not required for its demonstration and not only current but also potential damages are contemplated, the plaintiff's statement is not enough; rather, evidence of the serious magnitude of the harm is required, which it indicates is completely lacking in the petitioner's allegation. It points out that the eviction or demolition is of the 50.42 square meter area located on the public domain asset according to resolution AMH-0803-2024, so this prerequisite is not justified with suitable evidence. Finally, regarding the weighing of interests at stake (ponderación de intereses en juego), the municipality points out that in its opinion, the public interest protected by the municipality of recovering the use for which the public zone was intended must be weighed against the private interests of the plaintiffs in perpetuating the invasion of public domain assets (protection zone), since in the absence of harm to serve as a basis for weighing, it is not even possible to assess this prerequisite, as the proceeding even lacks a reasoning for weighing the interests at stake. For the foregoing reasons, the respondent municipality requests that the precautionary measure be rejected and the extremely provisional precautionary measure decreed be revoked. It offers as evidence file DIP-DT-0328-2023 from the Fiscal and Urban Control Section (see images 60 to 103 of the precautionary measure file). e-) Prior to ruling, a hearing is granted to the Municipality of Heredia regarding the petitioner's statements dated September 10, 2024, by resolution issued at ten hours twenty-nine minutes on September 25, 2024, a hearing that is addressed by the respondent through a brief dated October 1, 2024, in which it rejects the statements made by the petitioner, indicating, in summary, that the process concerns the plaintiffs' invasion of a public domain asset, and there is no suitable evidence that the demolition of the 50.42 square meters would render the dwelling house uninhabitable. Likewise, it indicates that it cannot attest to the fill claimed by the plaintiffs to have been carried out more than 20 years ago, and that the plaintiffs' health conditions do not justify the occupation of public domain assets; it also states that the municipality does not claim to be the owner of the La Gran Samaria housing complex and that it is false that the municipality is not the owner of the public asset (4-270947-000); likewise, that the asset that at some point was in the name of various financial entities as trustees was the parent property of the La Gran Samaria Urbanization project and was to revert to the trustor (BANHVI) and was transferred by donation and segregation (segregación) by the BANHVI to the Municipality of Heredia in compliance with Urban Planning Law No. 4240, that is, the public areas of said urbanization, so the precautionary proceeding lacks seriousness because it is the local government's responsibility to execute the evictions on the invaded asset 4-270947-000, for which it requests the rejection of the precautionary measure. It offers as evidence official communication ACDE-3627-2002 from the Mayor's Office and Deed No. 79 of 3:15 p.m. on December 15, 2021 (see images 111 to 130 of the precautionary measure file). f-) The petitioner makes new statements visible in images 108 to 110 of the precautionary measure file, pointing out, in summary, that the municipality did not provide the notarial document from the IMAS that granted it the right to carry out the donation of La Gran Samaria (located in district 3 with a different cadastral map) in favor of the municipality; given the hearing of said statements, the respondent municipality responds in a brief dated October 10, 2024, visible in images 133 to 137 of the precautionary measure file, in which it again points out that there is no proof that the IMAS was the registered owner of "La Gran Samaria" at any time, not knowing if this refers to the parent property or the public areas, which it indicates is irrelevant for the purposes of the eviction of the public asset invaded in this case that is in the name of the municipality. Likewise, it points out that it is not appropriate in this venue to question the registry history of the property and that evidentiary elements have been provided to the record that demonstrate the existence of the transfer by the trust. It also points out that the deed provided in the file records the transfer of the zone generated in favor of the respondent municipality and the petitioner contradicts themselves in their statements, and that the assignment of the district in the deed, map of the parent property, and site design is immaterial for the purpose of these proceedings, since it is clear that it is the parent property that gave rise to the La Gran Samaria urbanization, so it requests a ruling as soon as possible given the large number of briefs filed by the petitioner in this case. It offers the record as evidence. g-) Finally, through new statements dated October 11, 2024, the petitioner, in summary, insists on their position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling, blackwater is being diverted into the Aries stream and it is a natural reserve, so the cadastral map indicated by the municipality is illicit because it needed permission from SINAC as it is a protection zone, and as a petition requests that officials from SINAC and MINAE visit the zone and verify the environmental damage they allege (see images 141 to 143 of the precautionary measure file). h-) By resolution issued at fourteen hours zero minutes on November eleven, 2024, in order to continue with the processing of the precautionary measure and due to what was indicated by the petitioner in the brief dated October 11, 2024, regarding a potential joinder of the STATE and SINAC, a period of three business days is granted to the parties to speak out (see image 148 of the precautionary measure file). i-) By brief dated November 13, 2024, the petitioner indicates that they agree that SINAC be joined to the process so that it can conduct the respective inspections in the area and inspect the stream; likewise, by brief dated November 15, 2024, it provides documentation related to ordinary session 331-2009 of the Municipal Council as well as documentation regarding an amparo appeal (see images 152 to 155 of the precautionary measure file, as well as documentation visible in images 156 to 198 of the same precautionary measure file).

II.- SUBJECT MATTER OF THE PROCESS: In the present case, under file 24-005913-1027-CA, the petitioner, in their brief dated August 28, 2024, files a request for a precautionary measure in the following terms: "CLAIM OF THE PRECAUTIONARY MEASURES: 1. That the Municipality of Heredia not carry out the eviction, demolition, and usurpation against the dwelling house of Mr. Giovanni Espinoza Cubillo and Mrs. Jenny Cordero Varela" (see image 8 of the precautionary measure file). The petitioner states, in summary, that with the eviction and demolition, the property would become uninhabitable and the plaintiffs lack the financial means to rent a home or make renovations to the house. Likewise, it indicates that the eviction is about to be executed on September 20, 2024, so there is an imminent risk of serious damage to the home, which would become uninhabitable. This is a SUSPENSIVE precautionary measure so that the administrative eviction and demolition procedure for invasion of public domain assets, determined by resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours and seven minutes on August 19, 2024, is not executed. Likewise, through new statements dated October 11, 2024, the petitioner, in summary, insists on their position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling, blackwater is being diverted into the Aries stream and it is a natural reserve, so the cadastral map indicated by the municipality is illicit; it also indicates that it needed permission from SINAC as it is a protection zone, and as a petition requests that officials from SINAC and MINAE visit the zone and verify the environmental damage they allege in their proceeding (see images 141 to 143 of the precautionary measure file).

III.- PARTIES' ALLEGATIONS: By resolution issued at fourteen hours zero minutes on November eleven, 2024, in order to continue with the processing of the precautionary measure and due to what was indicated by the petitioner in the brief dated October 11, 2024, regarding a potential joinder of the STATE and SINAC, a period of three business days is granted to the parties to speak out (see image 148 of the precautionary measure file). Likewise, as previously indicated, by brief dated November 13, 2024, the petitioner indicates that they agree that SINAC be joined to the process so that it can conduct the respective inspections in the area and inspect the stream, and by brief dated November 15, 2024, it provides documentation related to ordinary session 331-2009 of the Municipal Council as well as documentation regarding an amparo appeal (see images 152 to 155 of the precautionary measure file, as well as documentation visible in images 156 to 198 of the same precautionary measure file).

IV. Interlocutory order (hearing of statements and documentation). As previously indicated, by brief dated November 15, 2024, the petitioner provides documentation related to ordinary session 331-2009 of the Municipal Council as well as documentation regarding an amparo appeal (see images 152 to 155 of the precautionary measure file, as well as documentation visible in images 156 to 198 of the same precautionary measure file). Regarding these statements and documentation related to the conflict being addressed in this precautionary measure, the counterparty, Municipality of Heredia, is granted a hearing for a period of THREE BUSINESS DAYS, so that it may state what it deems appropriate in defense of its interests, in compliance with due process.

V.- ON THE NECESSARY JOINDER OF DEFENDANTS (LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO) AND OTHER PROCEDURAL PARTY CONFIGURATIONS: A.- ON THE NECESSARY JOINDER OF DEFENDANTS (LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO). An essential aspect within a jurisdictional process is the determination of the subjects who must intervene in it, which is determined based on the underlying administrative-legal relationship in the dispute raised, so that the Court can issue a ruling on the merits that produces its effects among the corresponding subjects, since it is not possible to issue a judgment on the merits by fragmenting the material legal relationships or qualifying them only in relation to some of their subjects, as the decision must encompass and bind all subjects who are part of that relationship. Regarding the necessary joinder (litis consorcio necesario), this Court has indicated, among others, in ruling No. 1012-2021-T of ten hours fifty-five minutes on July thirty, two thousand twenty-one, the following: "The First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Court of Cassation for Contentious-Administrative matters, has addressed this issue on several occasions, establishing that this figure implies the existence of material legal relationships regarding which it is not possible to rule by fragmenting them or qualifying them only in relation to some of their subjects, as the decision encompasses and binds all of them. The presence of all subjects is indispensable for the procedural relationship to be complete and for it to be possible to decide on the merits in the judgment (Resolution number 156-F-TC-2008, of 8:45 a.m. on November 7, citing resolutions numbers 824-2000 of 4:05 p.m. on November first, 2000, and 482-2005 of 10:30 a.m. on July 7, 2005). The Chamber has also indicated that this figure seeks to guarantee participation and defense in the process for all subjects whose substantial legal sphere will be affected by the final resolution of the matter, either because the claim must be filed by a group of subjects, holders of the subjective interest whose protection or recognition is claimed (active necessary joinder, litis consorcio activo necesario) or because it must inevitably be directed against them (passive necessary joinder, litis consorcio pasivo necesario). Regarding the passive necessary joinder (litis consorcio pasivo necesario), the First Chamber has further indicated that this institution seeks to guarantee the correct constitution of the procedural contradictory, since given that the substantial relationship is indivisible, it is indispensable, concerning the defendant party, for all subjects responsible for countering the claim asserted to appear in the process. Hence, the importance of properly joining the litis consorcio derives, since, otherwise, the merits of the matter cannot be heard and the judgment cannot rule regarding the substantial legal situation debated in the process, as it cannot affect or harm someone who has not been a party with the necessary compliance with due process (Resolution No. 156-F-TC-200精湛, of 8:45 a.m. on November 7, citing resolutions numbers 29-F-TC-2008 of 2:15 p.m. on May 8, 2008, 30-F-TC-2008 of 2:20 p.m. on May 8, 2008, and No. 63-A-TC-2008 of 9:45 a.m. on June 11, 2008). In other words, joinder will be necessary when the legal relationship involves a party that is not present in the process. In this case, the procedural assumptions must be evaluated to determine a potential joinder of the litis, on the one hand, one that responds to a legal mandate, whose concurrence of all parties is provided for by the same legal system. And on the other hand, that the claims are directed at other subjects and/or that the underlying legal relationships imply that for the judgment to be issued it is necessary to join them in safeguarding due process and the right of defense, and to avoid defenselessness that may generate possible nullities of the proceedings." (own emphasis). Thus, concerning the defendant party, it is indispensable that all subjects responsible for countering the claim asserted appear in the process, since otherwise, the merits of the matter cannot be heard and the judgment cannot rule regarding the substantial legal situation debated in the process, as it cannot affect or harm someone who has not been a party with the necessary compliance with due process. [Under this line of thought are judgments number 29-F-TC-2008, of two fifteen p.m. on May eight; number 30-F-TC-2008, of two twenty p.m. on May eight; 63-A-TC-2008, of nine forty-five a.m. on June eleven; and number 156-F-TC-2008, of eight forty-five a.m. on November seven, all issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the year two thousand eight].

VI.- SPECIFIC CASE. As previously indicated, the figure of the passive necessary joinder (litis consorcio pasivo necesario) seeks to guarantee participation and defense in the process for all subjects whose substantial legal sphere will be affected by the final resolution of the matter; in this specific case, through statements dated October 11, 2024, in summary, the petitioner insists on their position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling, blackwater is being diverted into the Aries stream and it is a natural reserve, so the cadastral map indicated by the municipality is illicit; it also indicates that it needed permission from SINAC as it is a protection zone, and as a petition, it expressly requests that officials from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and MINAE (State) visit the zone and verify the environmental damage they allege in their proceeding (see images 141 to 143 of the precautionary measure file). Now, insofar as the petitioner is expressly seeking an ORDER TO DO (orden de HACER) directed at both the National System of Conservation Areas (SINAC) and the State (Ministry of Environment and Energy or MINAE) to have them visit the zone in question in relation to the environmental damage they allege, before issuing any ruling on what was requested by the petitioner, in the opinion of this judge, the joinder of the litis with both (SINAC and the STATE) is appropriate so that they may rule on what was requested and make the statements they deem pertinent in defense of their interests. The Contentious-Administrative Procedural Code provides that joinder (integración de la litis) may be raised as a preliminary defense as stipulated in article 66, subsection "f) Failure to join the necessary joinder (Falta de integración de la litis consorcio necesario)"; or sua sponte (de oficio) according to the provisions of numeral 71, subsection 1), which states that "1) The necessary joinder (litis consorcio necesario) shall be joined sua sponte (de oficio) or at the request of a party" [emphasis not in original]. Regarding the power to sanitize the process to properly join the litis, this is possible at the charge of the Judge assigned by rotation; and it can occur from the admission of the complaint or within the process at the appropriate opportunities, even up to cassation [In the same sense, judgment number 872-2004, of three thirty-five p.m. on October six, two thousand four, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice can be consulted]. The foundation of the litis consorcio is the protection of the fundamental right of due process, and the effective right to defense, constitutional guarantees derived from numerals 39 and 41, according to which no one can be deprived of or affected in their rights without first being heard in the process; the contradictory within the process is indispensable for a judgment on the merits to be issued regarding the relationship asserted within the process. [Resolutions numbers 482-2005, of ten thirty a.m. on July seven, two thousand five, and number 156-F-TC-2008, of eight forty-five a.m. on November seven, two thousand eight, all from the First Chamber]. In this case, the procedural assumptions must be evaluated to determine a potential joinder of the litis; on the one hand, one that responds to a legal mandate, whose concurrence of all parties is provided for by the same legal system; in the case under study, by the provision of ordinal 12.3 of the CPCA which states: "Individuals or legal entities that have derived rights or legitimate interests from the administrative conduct that is the object of the process." And on the other hand, when the claims and/or underlying legal relationships make joinder necessary to guarantee due process and avoid defenselessness that generates nullities of the proceedings. Once the record has been reviewed, it is observed that, as stated, the petitioner's claims are partially directed at ordering an order to do against both SINAC and the State (MINAE), so it is necessary to join both entities to the litis at hand before issuing a ruling on what was requested, the foregoing in safeguarding due process and the right of defense that assists them. In conclusion, the passive necessary joinder (litis consorcio pasivo necesario) must be joined, and the STATE and the National System of Conservation Areas (SINAC) must be brought into the process, and it must be so declared.

THEREFORE

The existence of a failure to join the necessary joinder of defendants (falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria), observed sua sponte (apreciada de oficio), is declared within this precautionary measure filed by GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, holder of identity card number 602330436, and JENNY CORDERO VARELA, holder of identity card number 204810207, against the MUNICIPALITY OF HEREDIA. The joinder of the STATE (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC) to the process is ordered, so that they may address this case. The petitioner must, within THREE BUSINESS DAYS, provide TWO complete sets of copies of the file, and an address to notify the persons being joined, with the warning that future proceedings will not be addressed until this order is complied with. The remedies prescribed by the CPCA may be filed against this decision. NOTIFY. Dr. José Alvaro López Camacho. Processing Judge. JLOPEZCAM

Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:40:22.

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