Res. 09425-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Environmental Property Limitations Are Non-Compensable and Do Not Constitute ExpropriationLimitaciones ambientales a la propiedad no son indemnizables ni constituyen expropiación

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 09425 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Diciembre del 2024 a las 09:48

Expediente: 20-005426-1027-CA

Redactado por: Carlos José Mejías Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Expropiación
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.
Temas (descriptores): Aguas
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Temas (descriptores): Agua ambiental
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Temas (descriptores): Indemnización por expropiación
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.
Temas (descriptores): Limitaciones a la propiedad
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.
Temas (descriptores): Indemnización al administrado
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Distinción entre expropiación y las limitaciones.
Temas (descriptores): Medio ambiente
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Temas (descriptores): Protección de los recursos naturales
Subtemas:
Limitaciones a la propiedad relacionadas con su función social no son indemnizables.
Sentencias en igual sentido

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

20-005426-1027-CA - 9




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

[Nombre 001]




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 N° 2024009425

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. EQUIPO DE FONDO N° I, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del doce de Diciembre del dos mil veinticuatro.-

 

Proceso de conocimiento interpuesto por la SUCESIÓN DE [Nombre 001], quien en vida tuvo la cédula de identidad 1-12395-0948, y la señora [Nombre 002], portadora de la cédula de identidad número [Valor 001], contadora privada y vecina de Patarrá de Desamparados de San José, en contra de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, representado por el Lic. Randall Escalante Gutiérrez, carnet de colegiado 11210, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), representado por el Lic. Marco Vinicio Arias Alfaro, carnet de colegiado N°20204, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por el Lic. Ari Morales Picado, carnet de colegiado N° 25565 y el ESTADO, representado por la señora Procuradora Elizabeth Li Quirós, carnet de colegiada N° 5804. Interviene en representación de la actora en calidad de apoderado especial judicial, el Lic. Juan Carlos Castro Loría, con el carné profesional 4433.

RESULTANDO

1.- El presente proceso de conocimiento es incoado en fecha 15 de diciembre del 2020, tiene como pretensiones las que se transcriben a continuación, las cuales fueron fijadas en la audiencia preliminar a solicitar que se declare: “1. Se declare que las actuaciones de la Municipalidad de Desamparados, el INVU, el SINAC y el Estado indujeron a error a los actores, para adquirir la finca No.[Valor 002], Plano Catastrado SJ- 0432237-1997 e invertir en su vivienda. 2. Se declare que al no permitirles construir su vivienda allí, producto del artículo 33 de la Ley Forestal y su aplicación por las demandadas se despojó a los actores del valor de dicha propiedad y lo invertido en ella. 3. Se declare que los demandados causaron con sus actuaciones erróneas, con la norma 33 de cita y su aplicación a los actores, daños y perjuicios que deben serles indemnizados. 4. Se condene a los demandados al pago a la parte actora de la suma de ₡49.936.552,00 por costo de la propiedad de cita y sus mejoras, a título de daño material. 5. Se condene a los demandados al pago a la parte actora de la suma de ₡10.210.530,11, por los gastos en agua, electricidad, estudios de ingeniería, medidor, fibra óptica, alquiler, mantenimiento de áreas verdes, servicios profesionales de arquitectura, avalúo, psicología, contaduría y legales a títulos de daño material. 6. Se condene a los demandados al pago a cada uno de los actores de tres millones de colones a título de daño moral subjetivo y dos millones de colones a título de daño psicológico, para un total de ₡10.000.000,00. 7. Se condene a los demandados al pago a la parte actora a título de perjuicios de los gastos en que incurrirá a partir del 1 de noviembre de 2020 en mantenimiento de áreas verdes del lote citado, alquiler de otra vivienda, agua y electricidad y que al 31 de octubre de 2025, se estiman en la suma de ₡14.064.269,11. 8. Se condene a los demandados al pago de indexación e intereses legales sobre las sumas citadas hasta la fecha de efectivo pago. 9. Se condene a los demandados, al pago de las costas de esta acción, con intereses legales a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. 10. Que una vez indemnizados los actores comparecerán ante la Notarla del Estado y traspasarán a éste la finca de No. [Valor 002], para destinarla en un 100% a zona de protección de las nacientes sin nombre descubiertas”. (Imágenes 20, 21 y 360 del expediente judicial digital, así como audio de la audiencia preliminar el SIGAO).

2.- El INVU contesta negativamente la demanda en escrito de fecha 15 de marzo de 2021, invocando las defensas de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. (Imágenes 39-50 del expediente judicial digital).

3.- El SINAC contesta negativamente la demanda en misiva de fecha 18 de marzo de 2021, planteando la defensa de falta de derecho, solicitando la condenatoria de costas. (Imágenes 71-79 del expediente judicial digital).

4.- La representación del Estado, contesta negativamente la demanda en escrito de fecha 5 de abril de 2021 e interpone la defensa de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. Además, solicitó la condena en ambas costas, así como sus intereses hasta su efectivo pago. (Ver imágenes 82-114 del expediente judicial digital).

5.- Por su parte, la representación municipal contesta negativamente en escrito de fecha 5 de abril de 2021 e interpone la defensa de falta de derecho y falta de legitimación pasiva, solicitando la condenatoria en costas. (Imágenes 159-173 del expediente judicial digital).

6.- La parte actora replicó sin prueba adicional en escrito de fecha 22 de abril de 2021. (Imágenes 194-196 del expediente judicial digital).

7.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, fue celebrada en dos ocasiones, los días 1 de julio del año 2022 y 6 de octubre de 2022. En esta última, se ajustan y confirman las pretensiones, se fijan los hechos controvertidos y se admite prueba de tipo documental, testimonial y pericial judicial y privado. (Audios en SIGAO y minutas visibles en imágenes 269-270 y 359-363 del expediente judicial digital).

8.- La parte actora presentó prueba complementaria en escrito de fecha 9 de agosto de 2022, siendo emplazada a las partes de manera interlocutoria con pronunciamiento exclusivamente del INVU en memorial del 22 de agosto de 2022 y del Estado en misiva del 23 de agosto de 2022, solamente oponiéndose. (Imágenes 280-345, 348-349 y 355 del expediente judicial digital).

9.- El juicio oral y público fue realizado los días 12 y 20 de noviembre del 2024 con presencia de todas las partes bajo la modalidad virtual mixta. Se realizó el alegato de apertura, la evacuación probatoria admitida en la audiencia preliminar, con el desistimiento de la prueba ofrecida por el Gobierno Municipal y se rindieron las conclusiones de manera oral. (Imágenes 740-753 del expediente judicial digital).

10.- En fecha 3 de diciembre de 2024, la parte actora presentó prueba para mejor resolver, la cual, después de la audiencia respectiva, fue rechazada por el Estado, en escrito de fecha 11 de diciembre de 2024, sin pronunciamiento de los demás codemandados. (Imágenes 770-776 del expediente judicial digital).

11.- En los procedimientos ante este Tribunal se han cumplido las formalidades de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 98, 100, 101, 104 a 111 del CPCA, art. 60 incisos 1, 4 y 5, art. 79 incisos 4, 5, 6, art. 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (Circular 001-08), arts. 7, 8 incisos b, c y d, arts. 12 incisos a, b, c y d, arts. 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General de Control Interno (N° 8292). Y el acuerdo 3° del acta N° 7 de la Sesión ordinaria del 1° de setiembre de 2023 de la Comisión de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, lo procedente es declarar el presente asunto como MUY COMPLEJO bajo los criterios de cantidad de prueba técnica pericial y documental tanto admitida como para mejor proveer.

Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de las integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta el Juez Mejías Rodríguez, con el voto afirmativo de las juezas Bolaños Salazar y Gómez Chacón.

CONSIDERANDO

I.- SOBRE LA PRUEBA COMPLEMENTARIA OFRECIDA Y DE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: a) La parte actora plantea como prueba complementaria las imágenes 280-345 del expediente judicial digital. Dicho ofrecimiento señala la parte que corresponde a documentos de soporte de la pericia realizada por María Balbina Chaves. A la audiencia otorgada, el INVU señala que la prueba se sumaría a la negativa general de la posición a la actora, mientras que el Estado se opone dado que debían ser documentos que tenían que ser acompañados a la propia pericia conforme el art 44.1 segundo párrafo del CPC y no estar dentro de las excepciones del art. 50 del CPCA. CRITERIO DEL TRIBUNAL: De previo a referirse al ofrecimiento, es necesario traer a colación un elemento dado en la audiencia preliminar del 6 de octubre de 2022, específicamente, la aceptación como prueba en autos de la declaración de María Balbina Chaves Cordero, para referirse al “estudio elaborado” (Imagen 362 del expediente judicial). Ahora bien, si bien el tramitador analizó dicha prueba como parte de un ofrecimiento “testimonial”, del contenido de dicha prueba, así como su admisión, queda claro para este Tribunal que se trató, en realidad, de una pericia privada, y que su admisibilidad fue, justamente, con la finalidad de recibir al perito convencional en juicio, en cumplimiento de los formalismos que en la materia aplican a las diligencias periciales. Ahora, en esa misma línea fue que se recibió la declaración en el juicio oral y público. Consecuentemente, encontramos que, para este supuesto, los documentos son de manera correcta calificados de complementarios encuadrándose en el párrafo 1 inciso c) del art. 50 del CPCA que expresamente señala: “1) Después de la demanda y la contestación, no se admitirán más documentos, salvo: (…) c) Los que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para combatir excepciones del demandado o constituyan una prueba complementaria”. Hemos de recordar que este tipo de elementos de convicción no vienen a aportar elementos novedosos, sino que giran en torno de otros elementos de prueba, los que, en caso de ser admitidos, pueden ser integrados, actualizados o detallados con esta otra prueba, al margen del momento procesal en que sea incorporada. Con ello, no lleva razón la representación del Estado al afirmar que no existe norma habilitante para incorporar esta prueba, dado que se cumplen con estos dos presupuestos: encontramos una prueba previamente admitida, tratándose de una pericia privada (véase CD N° 5) y siendo que la prueba ofrecida no incorpora elementos novedosos sino información que anexa la pericia detallándola (art. 44.3 párrafo segundo del CPC de aplicación supletoria conforme el art. 220 del CPCA), siendo así posible tener una coherencia entre la prueba ofrecida y la previamente admitida, por lo que se admite la prueba complementaria. Advirtiendo que la oposición del INVU es un agravio de fondo que se considerará más adelante. b) En cambio, en la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte actora en escrito de fecha 3 de diciembre de los corrientes, lo que presenta es un permiso de construcción de un inmueble que no es objeto de este proceso, el cual obtuvo – según afirma – a través de una solicitud de información, de la cual se oponen los accionados. En el recordatorio de que este tipo de prueba es de resorte del Tribunal y no para suplir omisiones de las partes, la Cámara de Jueces determina que la prueba ofrecida resulta inconsecuente. Téngase en cuenta que la regularidad o irregularidad de que se otorguen permisos de construcción en la zona, en nada afecta o beneficia a la parte demandante, dado que las condiciones específicas del litigio no abarcan, de manera general, la posibilidad o imposibilidad edilicia de los inmuebles circundantes como para ser incorporado de insumo de convicción al fondo del presente asunto, por lo que se rechaza.

II.- DE LOS HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) En fecha 9 de Febrero de 2013, por medio de oficio OC-116-2013, el SINAC, Área de Conversación Cordillera Volcánica Central, Oficina Cartago se pronuncia sobre una consulta de los vecinos de Quintas Veramont, respecto del numeral 14 del Capítulo Zona de Asentamiento Humano (ZAH) del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, con ocasión de una eventual ampliación de las calles existentes señalando en lo que interesa, lo siguiente: “… efectivamente el Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera, permite el mantenimiento de los caminos existentes, no así su ampliación. Esto en razón de que la categoría de zona protectora, reúne una serie de características…. y que coinciden con la realidad técnica de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera… existen una serie de regulaciones al uso del suelo para garantizar la integridad de las funciones del área protegida. 2. En el caso del desarrollo urbanístico Quintas Veramont la Administración Forestal del Estado, en particular la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio de Ambiente y Energía autorizó el visado de los planos en junio de 1997. En consecuencia, el fraccionamiento de la propiedad, irrespetando el Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE, publicado en La Gaceta N° 95 del 18 de mayo de 1982. 3. Considerando el error en que incurrió la Oficina de Atención al Usuario en 1997 y el informe elaborado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el que recomienda la ampliación de la vía de acceso… se recomienda acatar dicha disposición… para evitar conflictos de intereses futuros: - El Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE continua vigente y debe ser respetado. – Con base en el Decreto citado en el punto anterior el Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera no permite el establecimiento de urbanizaciones, residenciales o similares. Esto en virtud de que este tipo de actividades implicarían fraccionamientos de las propiedades dentro del área protegida. A futuro las construcciones a establecer dentro del desarrollo urbanístico deberán respetar lo establecido para este efecto en el Plan General de Manejo, al igual que el resto de la normativa…” (Imágenes 83-84 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 2) En fecha 11 de octubre del 2013, el SINAC, Área de Conversación Cordillera Volcánica Central, Oficina Cartago se pronuncia sobre la posibilidad de construir aceras en el proyecto Quintas Veramont, señalando que no posee oposición. (Imágenes 85-86 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 3) En fecha 12 de diciembre de 2014, por medio de oficio OC-1122-2014, el SINAC, Área de Conversación Cordillera Volcánica Central, Oficina Cartago se pronuncia respecto del uso conforme de zonificación para construcción de vivienda en el lote del actor [Nombre 001]. En dicho oficio, se señala que se realizó inspección de campo (el día anterior) y se determinó las siguientes circunstancias: “… se valoró: ubicación geográfica, accesos, servidumbres, áreas de protección de ríos, nacientes, colindantes, existencia de linderos, pendientes, naturaleza del terreno, entre otros…”. Señalan que la finca está en la Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC) en Zona de Uso Restringido (ZUR), Subzonas 1 y 2, ya que una parte presenta bosque y otra no y que aplica el Plan General de Manejo de la ZPCC (PGM ZPCC). Se apunta que eventuales construcciones deben ser en la Subzona 2, área libre de bosque, de lo contrario, ha de someterse a los procedimientos y requisitos del art. 19 de la Ley Forestal para la corta de árboles. Se tienen restringidas las actividades de recreación o ecoturismo. Se exige que los materiales y diseño de construcción sean amigables con el ambiente. El manejo de las aguas negras y servidas, deben utilizarse tanques sépticos no convencionales, con prácticas amigables con el ambiente, uso de filtros modernos, sin uso de sustancias químicas como cloro, detergentes o desinfectantes. Ha de exigirse la viabilidad ambiental de SETENA. Después de inspección, se determina que, conforme el PGM ZPCC se permite construcción con una huella no mayor a 150 m2, no más de dos pisos de altura y comunicada por caminos de no más de 3 metros de ancho, otorgándose el visto bueno en estos términos, debiendo solicitar los permisos de construcción en las instancias competentes. (Imágenes 8-10 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en el mismo CD carpeta “prueba 14”). 4) En fecha 30 de junio de 2015, la Municipalidad de Desamparados emite el uso de suelo PPT-C.U.S-H390-2015 siendo solicitado por el actor [Nombre 001] para “vivienda unifamiliar”. Se señala que, conforme al Mapa de Zonificación del Reglamento de Zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial publicado en La Gaceta 243 del 18 de diciembre de 2007, la finca objeto de esta causa se encuentra dentro de la Zona Especial de Protección Forestal (ZEPF), no siendo conforme para segregación de lote, quedando sujeta a los arts. 5 y 6 del Reglamento del Plan GAM (Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE), no siendo posible nuevas urbanizaciones, ni fraccionamientos menores a 5 hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida a régimen forestal, aplicando el tamaño que defina el MAG. La construcción de vivienda es sometida al Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros La Carpintera, publicado en la Gaceta 96 del 18 de mayo de 2012, requiriendo aprobación del SINAC, Área de Conversación Cordillera Volcánica Central, Oficina Cartago, rigiendo el oficio OC-1122-2014 del 12 de diciembre de 2014 del MINAE-SINAC-ACCVC y realizar la gestión de viabilidad ambiental de SETENA. (Imágenes 5-6 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en mismo CD carpeta “prueba 15”). 5) El actor [Nombre 001] adquiere de manera onerosa la matrícula inmobiliaria Partido de San José bajo la identificación [Valor 002], plano catastral [Valor 003], siendo inscrito el bien a su nombre en fecha 5 de noviembre de 2015, misma que obtuvo de Corporación California Pasadena SA. (CD 5, carpeta “prueba 1”, hecho no controvertido). 6) Por medio del trámite PC 022-2016, la Municipalidad de Desamparados otorga permiso de construcción para edificar aceras y cordón de caño sobre zona pública colindante a la matrícula [Valor 002] de 77.53 metros lineales, por un valor de ₡1.200.000, siendo entregada la autorización bajo el número 01236-2016 el día 9 de febrero de 2016. (Archivo “001 8 H MD PC 022-2016.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en el mismo CD carpeta “prueba 16”). 7) Por medio del trámite PC 578-2016 la Municipalidad de Desamparados otorga permiso de construcción para edificar tapia en la matrícula [Valor 002] de 77.53 metros lineales y 1519.06 m2, por un valor de ₡2.000.000, siendo entregada la autorización bajo el número 15152-2016 el día 7 de diciembre de 2016. (Archivo “002 8 H MD PC 578-2016.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en el mismo CD carpeta “prueba 17”). 8) En fecha 19 de octubre de 2018, el señor [Nombre 001] presenta solicitud de permiso de construcción 642-18 ante la Municipalidad de Desamparados bajo el trámite 17602-2018 para la construcción de vivienda en dos plantas de 146 m2, en el inmueble objeto de litigio con un valor de ₡46.060.000, un proyectado de construcción a 6 meses, con financiamiento. Aportando el uso de suelo PPT-C.U.S-H390-2015 y disponibilidad de agua de la ASADA de fecha 4 de octubre de 2018. (Imágenes 2-6, 22 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y planos constructivos en la carpeta “prueba 12”). 9) Por medio de resolución R-CU-642-18 de fecha 8 de noviembre de 2018 la Unidad de Control Urbano y Rural de la Municipalidad de Desamparados rechaza la solicitud de permiso de construcción 642-18 por los siguientes incumplimientos: ausencia de viabilidad ambiental de SETENA, necesidad de tanque séptico no convencional (oficio OC-1122-2014 del SINAC), estudio de estabilidad de taludes y medidas de mitigación firmado por profesional responsable al ser finca con pendiente mayor al 30%. (Imagen 72 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 10) En fecha 14 de noviembre de 2018, por medio de trámite 17449-2018 se autoriza permiso de construcción para cerramiento de patio. (Imagen 71 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 11) Por medio de oficio SETENA-SG-0118-2019, de fecha 23 de enero de 2019, se señala que el proyecto no necesita de viabilidad ambiental en aplicación de la resolución 2373-2016 y 1909-2017 por ser calificado de muy bajo impacto. (Imágenes 79-82 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en mismo CD carpeta “prueba 13”). 12) En fecha 4 de febrero de 2019, el actor [Nombre 001] presenta nuevamente permiso de construcción bajo el trámite 04382-2019, señalando que no ocupa viabilidad ambiental según SETENA, ajustando el modelo de tanque séptico de doble etapa no convencional, y se señala que el inmueble ya cuenta con estabilización de taludes por gavión (Imágenes 75-89 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 13) En fecha 19 de febrero de 2019, por medio de resolución R-CU-642-18 A, la Unidad de Control Urbano y Rural de la Municipalidad de Desamparados rechaza la solicitud de permiso de construcción 642-18 señalando de que debe de esperarse dado que la Unidad de Control y Vigilancia Ambiental de la Municipalidad detecta una posible naciente no registrada, realizándose la consulta ante la Dirección de Aguas del MINAE. (Imagen 90 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 14) Por medio de oficio OSC-122 de fecha 20 de febrero de 2019, el encargado de Control y Protección de la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central, Reserva Biológica Cordillera Volcánica Central del SINAC, comunica a la Municipalidad de Desamparados que se realizó visita en las “Quintas de Veramont” identificándose dos cuerpos de agua coordinándose con la Dirección de Aguas del MINAE para determinar si son nacientes y si poseen área de protección. Señala que dichos cuerpos de agua se encuentran “a orilla de camino y cerca un tanque de captación de cemento”, advirtiéndose de que, en caso de resultar protegido, aplicaría los arts. 33 y 34 de la Ley 7575. (Imagen 93 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 15) En fecha 28 de febrero de 2019, el actor [Nombre 001] plantea recurso de revocatoria, apelación y nulidad en contra la resolución R-CU-642-18 A. (Imágenes 103-104 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 16) Por medio de resolución de UCU-REV-001-2019 de fecha 11 de marzo de 2019,se rechaza el recurso planteado y se confirma la resolución R-CU-642-18 A, pero se aclara que se trata de una suspensión de la tramitación hasta que se aclare el tema de las áreas de protección, siendo ésta una “situación sobrevenida”, aplicación del principio precautorio. (Imágenes 105-106 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 17) Por medio de resolución MD-AM-36-19 del 1 de abril de 2019, se rechaza el recurso de apelación en contra de la resolución R-CU-642-18 A. (Imágenes 110-115 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 18) Por medio de oficio DT-CU-183-2019 de fecha 2 de abril de 2019, el Proceso de Control Urbano y Rural rechaza la petitoria del actor [Nombre 001] de aplicar el silencio positivo al permiso de construcción PC 642-2018 planteado el día anterior. (Imágenes 118-124 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 19) Por medio de oficio DA-UHTPCOSJ-0724-2019 de fecha 9 de abril de 2019, la Dirección de Aguas del MINAE le contesta al SINAC respecto de la inspección sobre cuerpos de agua en el área de la finca en marras, inspección dada el 11 de marzo de 2019 y una segunda el 4 de abril de 2019, la cual fue realizada por un funcionario del MINAE, uno del SINAC y el coactor [Nombre 001]. De relevancia, se lograron identificar dos nacientes sin nombre: la N° 1 entre las coordinadas LNCR latitud 206.500 / longitud 534.029 (CRTM05 Latitud 1091800 / longitud 497709); y la N° 2 entre coordenadas LNCR latitud 206.443 / longitud 534.055 (CRTM05 latitud 1091857 / longitud 497682), poseyendo ambas flujo de agua continua. El estudio tuvo por insumos: Estudio hidrogeológico del 2014 de la UCR sobre la zona protectora La Carpintera, del cual se recopila información sobre las características de la zona en donde están las nacientes estudiadas; así como un estudio aportado por el señor [Nombre 001] de marzo de 2019, extrayendo información litológica e hidrogeológica, las cuales comparten las mismas características por su cercanía. El estudio utilizó la “Guía técnica para realizar dictámenes sobre cuerpos de agua” de la señala Dirección de Aguas. Se concluye que la profundidad del agua está a menos de 5 metros, por lo que puede tener la denominación de naciente de dominio público. Se descartaron como motivos del afloramiento las razones dadas en el estudio del señor [Nombre 001], sobre una posible filtración del tanque de captación y bombeo de la ASADA, así como de producción de aguas residuales del residencial (Imágenes 127-136, 238-247 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” e imágenes 35-44 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9” e imágenes 117-124 del expediente judicial digital). 20) En fecha 1 de mayo de 2019, el señor [Nombre 001] presenta recurso de revocatoria, apelación y nulidad en contra del estudio DA-UHTPCOSJ-0724-2019. (Imágenes 152-161 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 21) Por medio de oficio R-CU-842-18 B de fecha 8 de mayo de 2019, se comunica al actor por parte de la Unidad de Control Urbano y Rural de la Municipalidad que el permiso de construcción PC 642 2018 se rechaza de manera definitiva por estar afecto a la zona de protección de las nacientes sin nombre identificadas y registradas por la Dirección de Aguas del MINAE. (Imagen 137 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 22) El actor presenta recurso de revocatoria, apelación y nulidad en contra de la resolución R-CU-842-18 B el 10 de mayo de 2019. (Imágenes 147-148 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 23) Por medio de resolución UCU REV 003-2019 de fecha 15 de mayo de 2019, la Unidad de Control Urbano y Rural de la Municipalidad rechaza el recurso de revocatoria en contra del acto R-CU-842-18 B. (Imágenes 162-164 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 24) Por medio de resolución MD-AM-66-19 de fecha 4 de junio de 2019, la Alcaldía Municipal rechaza el recurso de apelación en contra del acto R-CU-842-18 B. (Imágenes 167-172 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 25) En fecha 5 de junio de 2019, el señor [Nombre 001] solicita ante el SINAC, Área de Conservación Central, oficina de Cartago, inspección en finca objeto del proceso, para avalar la construcción de vivienda en aplicación de los arts. 19 del decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE y 34 de la Ley Forestal. (Imágenes 4-7 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 26) Por medio de oficio DA-UHTPCOSJ-1277-2019 de fecha 1 de julio de 2019, se amplía el criterio técnico DA-UHTPCOSJ-0724-2019. Se insiste en que el estudio de la UCR fue utilizado para la obtención de información de las características hidrogeológicas de la zona, estudio que había realizado la UCR en el año 2013. Señala que el oficio del SINAC OC-1122-2014 no demerita el estudio técnico realizado por la Dirección dado que este corresponde a una valoración general del “Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de la Carpintera (PGM ZPCC)” que no inhibe el ejercicio competencia de la Dirección de dictaminar cuerpos de agua. Destaca que, en análisis histórico fotográfico se extrae que el área antiguamente era boscosa secundaria (SNIT y Google Earth), reitera la naturaleza permanente de las nacientes, se aclara que no existen registros previos de los alumbramientos, con consulta a los mapas técnicos SINIGIRJ de SENARA, así como búsqueda de dictámenes previos o información histórica del sitio que pudiera ser usado de insumo y reitera el rechazo de los motivos citados por el señor [Nombre 001] sobre la procedencia de las aguas, reiterando que el hecho de que aguas residuales y pluviales contaminen la naciente, ello no implica que ésta sea formada por éstas. (Imágenes 249-259 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo en mismo CD carpeta “prueba 18”). 27) Por medio de oficio DA-UHTPCOSJ-1366-2019 de fecha 8 de julio de 2019, se rechaza de plano los recursos presentados ante la Dirección de Aguas en contra del estudio técnico DA-UHTPCOSJ-0724-2019. (imagen 248 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 28) En fecha 8 de agosto de 2019, el SINAC a través de oficio SINAC-ACC-SIG-031-2019 documenta las resultas de la inspección realizada el 1 de agosto de ese mismo año con presencia de funcionarios del SINAC, Dirección de Aguas, Municipalidad y la acá actora. Se concluye que el alineamiento le corresponde al INVU, se requiere criterio técnico de la Dirección de Aguas, y que debe aplicarse provisionalmente la protección del art. 11 de la ley 7788 y 33 de la ley 7575. (Imágenes 60-70 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 29) Por medio de oficio DT-CU-579-2019 de fecha 17 de setiembre de 2019, el Proceso de Control Urbano y Rural le señala al señor [Nombre 001], que no existe problema con el otorgamiento y ejecución del permiso de construcción PC 028-2019 dado que este es previo a la primera noticia de la existencia de nacientes, además de que la obra no es incompatible con el art. 33 de la Ley Forestal. (Imagen 76 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 30) En el mes de noviembre de 2019, sin precisar fecha exacta, la Comisión Nacional de Emergencias emite valoración técnica del terreno CNE-UIAR-INF-1000-2019, señalando en lo que interesa que “Por parte de la CNE, establece que no existe ningún tipo de impedimento para la continuidad de la tramitología ante las demás instituciones”, refiriéndose al proyecto del señor [Nombre 001]. (Imágenes 146-149 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9” y archivo “00 Prueba 11.pdf” en el mismo CD carpeta “prueba 11”). 31) En fecha 12 de noviembre de 2019, se emite el oficio DA-UHTPCOSJ-2450-2019, se emite nuevo criterio técnico producto de nueva inspección a solicitud de la Defensoría de los Habitantes dada el 1 de noviembre de 2019 para revalorar la naciente sin nombre N° 2, observándose variaciones en las dimensiones de ésta, pero manteniéndose su flujo en el tiempo. Se encontraron tres nacimientos sin nombre (3, 4 y 5) de manera intermitente, se hicieron prácticas de flujo con marcadores fluorescentes, comparación con visitas marzo, abril, 1 de agosto y 1 de noviembre de 2019.  (Imágenes 261-277 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” e imágenes 129-146 del expediente judicial digital). 32) En fecha 5 de diciembre de 2019, se emite el oficio SINAC-ACC-PNE-182-2019 en el cual resume los hallazgos encontrados después de la visita al área en litigio el 1 de agosto de 2019 en conjunto con la Dirección de Aguas. Concluye que debe apegarse a lo que dicha Dirección disponga, y aplicarse en principio precautorio el art. 33 de la ley 7575 sobre el área de protección de 100 mts alrededor de las nacientes referidas en el criterio oficio DA-UHTPCOSJ-0724-2019. (Imágenes 101-106 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 33) Por medio de gestión del 18 de febrero de 2020, el señor [Nombre 001] le solicita al SINAC mantener el visto bueno para la construcción de la vivienda unifamiliar que pretende en su finca. (Imágenes 133-138 del archivo “001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf” en CD 5 carpeta “prueba 9”). 34) Por medio del oficio el oficio MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 del 6 de marzo de 2020, la Dirección de Aguas reinspecciona el 10 de febrero de 2020, para dictaminar los cuerpos de agua alrededores de la finca objeto de litigio. Se confirman dos nacientes permanentes, tres nacientes intermitentes y tres quebradas (Imágenes 279-288 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” e imágenes 56-65 del expediente judicial digital). 35) Por medio de oficio SINAC-ACC-0475-2020 de fecha 27 de marzo de 2020, la Dirección Regional del Área de Conservación Central del SINAC, reitera que, además de los estudios técnicos de fuentes de agua protegidas MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 que contemplan dos nacientes, dos nacientes intermitentes y tres quebradas, la propiedad en discusión en este proceso se encuentra dentro de Área Silvestre Protegida “Zona Protectora Cerros de la Carpintera” creada en 1976 por el decreto 6112-A y sus modificaciones (decreto 29278-MINAE del 2001). Apunta que el alineamiento corresponde al INVU. (Imágenes 191-192 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8”). 36) En fecha 27 de marzo de 2020, la Defensoría de los Habitantes emite criterio sobre la situación del señor [Nombre 001], ello a través del oficio 03683-2020-DHR recomendando que las instituciones competentes coordinen para analizar “posibles soluciones ajustadas a la normativa jurídica correspondiente” y a mantener al denunciante informado. (archivo “10 2020 mar 27 defensoria 03683-2020-DHR-GA-285570-2019-SI.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 10”). 37) En fecha 12 de agosto de 2020, el señor [Nombre 001] solicita ante el INVU el alineamiento Fluvial sobre la finca en litigio. (Imágenes 52-55 del expediente judicial digital). 38) En fecha 13 de agosto de 2020 Juan Jorge Delgado Cervantes, funcionario del Departamento de Urbanismo, Unidad de Fiscalización, INVU emite el alineamiento de cause fluvial o naciente AL-00101-V, señalando un retiro de 15 metros desde el borde del cause de quebradas y 100 metros de radio horizontales por naciente permanente no captada según el oficio MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 del 6 de marzo de 2020. (Archivo “001 H INVU AL-00101-V.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 7”). 39) Por medio de oficio DU-UFIS-083-2020 de fecha 2 de setiembre de 2020, la Unidad de Fiscalización y el Jefe del Departamento de Urbanismo del INVU señalan que al señor [Nombre 001] que el alineamiento AL-00101-V no incluye la demarcación de la zona de protección, dado que ello es competencia municipal o del MINAE y que la determinación a si la finca está total o parcialmente dentro de dicho radio es competencia de esas autoridades. (Archivo “002 H INVU DU-UFIS-083-2019 Unidad fiscalización aclaración al. fluvial AL-00101-V.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 7” e imágenes 68-69 del expediente judicial digital). 40) Por medio de oficio DT-CU-391-2020 de fecha 9 de setiembre de 2020, el Proceso de Control Urbano y Rural de la Municipalidad de Desamparados, emite una delimitación gráfica de las áreas de protección teniendo como insumos el informe del MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 del 6 de marzo de 2020. (Imágenes 357-358 del archivo “003 8 H MD PC 642-2018.pdf” en CD 5 carpeta “prueba 8” y archivo “004 8 H DT-CU-391-2018.pdf” en CD 5 carpeta). 41) En juicio oral y público se recibió la deposición de Luis Rodolfo Gabelman Serrano: Contador público autorizado (CPA) desde 1985, administrador de negocios desde 1985, trabajos como este desde 1986 como perito del Poder Judicial. La documentación utilizada fue la incorporada a los autos, solamente solicitó adicionalmente comprobantes de desembolso e inversiones en el inmueble, conforme el 44.3 del CPC. Explica que el objeto de estudio fue la revisión de un reporte que hizo una profesional que incluía los desembolsos de una causa de habitación, se revisó y se emitió la opinión externa, se detallaron los desembolsos, los egresos e inversiones de cada uno de los justificantes incorporados al expediente de manera detallada en el anexo del informe pericial (págs. 4-6), en cuanto a la numeración se verificó, la fecha y el monto. En conclusiones coincide con cierta limitación que el mismo informe indica en la vinculación de esos desembolsos con el proceso normal de construir una casa de habitación como lo era el proyecto de los actores, determinando montos similares con el informe de la otra profesional entre el período 2016-2020, salvo algunos montos que excluyó por falta de razonabilidad, pero en general, las cifras fueron similares, no se califica nada sobre la procedencia o no del desembolso. En preguntas de la parte actora, aclara que hizo una visita de campo, la atendió la actora en el inmueble, no estaba construido, estaba en zacate con algunas construcciones (muros, verjas) está en la página 2. Aclara que el monto es lo que verifica, no si el monto “es correcto o no”, por ejemplo, los documentos dicen que el muro vale 3 millones, y se verifican los montos, pero no si éstos son “correctos o no”. En la pág. 2, rechaza algunos gastos por formalidades, pero tienen “comprobantes alternativos” para la calificación de egresos, como “recibos y declaraciones juradas”. (Audio y video en SIGAO, pericia a imágenes 471-476 del expediente judicial digital). 42) Posteriormente, se recibe la deposición de María Chaves Cordero, contadora desde el 2001, contadora privada desde 1985. Ha realizado un peritaje similar en materia laboral. Explica que lo contrató el actor para certificarle gastos incurridos en una propiedad que habían conseguido para construir una vivienda. El trabajo fue estimado sencillo, dado que los actores fueron muy ordenados y específicos, respecto de los gastos que estaban siendo certificados, consumo de agua, electricidad, servicios de abogados, arquitectos, mantenimiento de instalaciones, alquiler que habían pagado cerca del lote adquirido, todo frente a comprobantes entregados por ellos, fue básicamente de compilación, suma, pertinencia del gasto. Explica que habían incurrido en un monto específico de 2015-2020. En preguntas de la parte actora, aclara que fue a partir de agosto de 2015 a octubre de 2020. Apunta que las facturas estaban realizadas sobre la construcción en el proyecto de la actora, específicamente su ubicación, para vincularlos con el proyecto, igual que las declaraciones juradas y los gastos relativos con el proceso que estaban iniciando. Utilizó la circular del 2015 del CPA con estándares de calidad para ese tipo de trabajo. Los insumos cumplían con las formalidades del Código Tributario, aclara que no había la “ley fiscal”, por lo que tienen documentos antes y después de la reforma, como es el caso del “alquiler” que antes eran informales y luego con las facturas, pero que estaban respaldados por el contrato. Igual con las declaraciones juradas del arquitecto, dado que no había necesidad de facturas como después, pero estaba asociado a un permiso del CFIA, que identificaba que era de ese lugar, así como la declaración jurada de Don Alcides, trabajador informal, que daba mantenimiento en el sitio, como se observa en el sitio, por eso se concluyen que los gastos son vinculados. Después de la reforma, ya encontramos facturas con los requisitos del Código Tributario. (Audio y video en SIGAO y pericia en CD 5 carpeta “prueba 4”, así como prueba complementaria a imágenes 280-345 del expediente judicial digital). 43) De seguido, se recibió a Liz Mar García Trejos, psicóloga desde el 2016, con maestría en psicología jurídica en el 2015, con muchos trabajos como éste, sin precisar cuántos. Explica que, para noviembre del 2020, realizó 2 pericias, para determinar si existía daño por parte de la actora y su esposo. Se hicieron evaluaciones forenses psicológicas, para identificar daño, las evaluaciones se hicieron virtuales, precisando que en la metodología se describe las pruebas que se hicieron, entrevista y PAI de rasgos de personalidad y la escala de gravedad de síntoma para trauma, para indicadores de estrés post traumáticos y en qué grado, es la versión forense. En el caso del esposo de la actora, expresa que no había patologías previas, que se documentaran, se diagnosticó un trastorno adaptativo, que es una alteración en la forma de sobrellevar un evento traumático que diferencia de otras personas con el mismo evento, siendo que se sobrepasa lo que otras personas sufren, le cuesta más tiempo superar los eventos traumáticos. Es la etapa previa a la de un estrés postraumático. En el caso de la actora, se descarta que existiera patologías previas o circunstancias que afectaran su capacidad de actuar, identificándose un trastorno depresivo entre leve y moderado. Especifica que el evento es lo que los entrevistados señalan como tal y es la negativa de poder construir su casa. En preguntas de la parte actora, explica que ellas llegaron como cualquier cliente, se hicieron virtuales dado que se hizo durante la pandemia. Los calificativos son el resultado de las pruebas aplicadas para ambos casos, rechaza que sean valoraciones subjetivas. La recomendación dada es general, que se recomienda dar una intervención, que es diferente de terapia, ya que esta última tiene por objetivo de mejora terapéutica, se da en el tiempo, en cambio la intervención es una valoración del estado actual de una persona para decidir qué hacer en ese momento, recomendando una intervención psiquiátrica para el caso del causante, en busca de tratamiento idóneo y en caso de requerir fármacos, recurrir la intervención de un psiquiatra. El evento va a variar dependiendo de la persona, no se trata de la negativa de los permisos, sino que es una frustración al proyecto de vida. Reconoce que los procesos son cansados y tediosos, pero este tipo de proyectos y la importancia que se le da es lo que pesa, siendo para este caso que el actor era su forma de validar su identidad como persona y proveedor de su hogar. Los riesgos de si el trastorno del actor no se trataba tiene implicaciones a nivel de capacidad de capacidad y concentrarse en una actividad, su capacidad de disfrute, y la parte más complicada es que si no se trabaja, sea en terapia o intervenciones, puede desencadenar en un estrés postraumático y un trastorno de la personalidad, dado que es algo que va aumentando la gravedad de las secuelas. Dada la recurrente reexperimentación de los eventos que se dan, en este caso, de sus propios sentimientos, así como la dificultad notable de asumir tareas cotidianas, para convivir, relacionarse con otros. Aclara que el trastorno adaptativo es, en sí mismo, crónico, ya que no va a ser arreglado sin intervención, no desaparece solo en el tiempo. En cuanto a las relaciones interpersonales, fue algo presente en ambos. Para el señor Solís, el tema de la casa era una reafirmación de su identidad, estaba destinado a darle seguridad a su familia, tenía que ver con éxito y progreso (padres y hermanos), la falta de solución próxima se terminó alejando de su grupo familiar, igual que a la actora. Igual en escenarios laborales, ya que se ocupa más tiempo y energía para hacer las mismas tareas. La causalidad con el suicidio no está en posibilidad de determinarla, y aclara que no es especialista en suicidio, pero al menos, en literatura, es recurrente la presencia de una crisis, que hace alterar su capacidad de identificar las consecuencias de sus actos, no son eventos planeados, así como analizar de forma objetiva y racional lo que le está ocurriendo en ese momento. En preguntas del Tribunal, aclara que habían ya seis meses de cuando se dio el proceso o la negativa propiamente, para ese momento, la personalidad que no es estático, habían rasgos de vulnerabilidad, conforme se explica en el punto 5.1 párrafo tercero, se descarta que no hay distorsión de los resultados, siendo una persona preocupada, desesperanzada, incomprendida, y no vía la solución que deseaba y le dedicaba mucho tiempo para tratar “de encontrarle una solución” que “veía la solución” pero no era comprendido y apoyado. (Audio y video en SIGAO y pericias en CD 5 carpeta “prueba 5”). 44) Finalmente, se recibió la declaración de Vilma Patricia Leitón Jiménez, psicóloga clínica y de la salud desde hace 20 años, máster en psicología clínica y de la salud desde hace el 2010, con certificaciones a nivel internacional con diferentes instituciones, perita desde hace 16 años. Pericias de este tipo, unas 6 u 8 para este Tribunal, pero ha hecho para otras jurisdicciones. Explica que se solicitaba valorar la perturbación anímica y psicológica de los actores ante lo sucedido con la compra de la propiedad. Se realizó una evaluación dividida en tres partes: la recopilación de la información (revisión del expediente, contacto con las personas, entrevista, elección y aplicación de pruebas), todo acorde a lo solicitado. La revisión del material es el segundo, con integración y elaboración de resultados y finalmente la elaboración del informe como tal. Aclara que, para el momento de la pericia, solamente se hizo las pruebas de la actora, dado que el actor había fallecido por suicidio. Se realizaron pruebas diagnósticas para clarificar lo que se presentaba, se hizo la revisión de todo el material para dar criterio sobre la evolución de la situación del actor, así como el expediente de la colega anterior, se valoró y con todo ello, se construyó el informe. En el caso de la actora, los hallazgos más relevantes es que presentaba un trastorno depresivo persistente, más prolongada en el tiempo, menos severa, pero con episodios de depresión mayor y ansiedad generalizada, fue un cuadro mixto, con ataques de pánico y con una afectación clara, dado que, cuando llega a la evaluación, es cuando ella habla, no había avisado, del fallecimiento del actor. En el caso de don [Nombre 001], se pidió el acta de defunción para incluirlo, se pidieron los informes realizados previamente, se indaga con la actora la historia, para buscar antecedentes, trastornos preexistentes y buscar un contexto, no se encontró nada relevante, solamente el informe de la colega, donde 7 meses antes fue diagnosticado por el trastorno de adaptación, donde la situación de estrés detona el cuadro de comportamiento posterior, caracterizado por ansiedad, depresión y trastornos conductuales, la persona no llega a adaptarse a la nueva situación. La actora señaló que era un proyecto familiar esencial, como hombre proveedor, que lleva al fatal desenlace. En preguntas del actor, señala que el evento de la propiedad, dado que no es la compra, sino los hechos posteriores lo que lleva al rotundo no, que frustra el proyecto de construir lo que lleva a esa desesperación. Aclara que no lo conoció personalmente, dado que se casan en el 2011, compran en el 2015 e inician los trámites correspondientes, en la municipalidad, hasta llegar a la gran negativa en el 2019, no documentándose problemas de adaptación durante ese lapso. Al dar la noticia que no se puede construir, es donde empieza a haber un deterioro en el funcionamiento de él, según la historia recopilada, a nivel social, laboral, de pareja que es la característica del trastorno de adaptación, con niveles altos de estrés, cortisol, bloqueo de lóbulos frontales que sirven para la toma de decisiones, y que se afectan en la toma de decisiones. Explica que hay modelos psicológicos donde el estrés da alarma, luego resistencia (donde se genera el trastorno de adaptación), ya que la persona no logra adaptarse y luego una fase de agotamiento, que en este caso es el desenlace. Explica que la teoría es sucesiva, pero en la práctica cada persona es diferente, pero para este caso, parece que se desarrolló de esa manera, no es posible hablar de tiempos, pero con la narración de la actora hay indicadores de aislamiento y comportamiento que denota un desmejoramiento de su condición hasta el desenlace. Insiste en que al hacer la evaluación después de él fallecido, acorde a lo que narra la esposa, se notaba aislamiento, depresión, irritabilidad, llanto frecuente, que son indicadores que precedían y que se incrementaron, posteriormente, no se logra identificar otros eventos que no sea el tema de la casa, se buscó, pero no se encontraron en los antecedentes, el proyecto era el centro de la actividad. En el caso de la actora, la afectación del proyecto le afectó su visión de futuro con su esposo e hijo, además había invertido deseos, expectativas, dinero, que se ve truncada con la muerte del esposo, es un evento de no recuperación. La actora degenera en su salud como cefaleas y otros, dado que le toca a ella tener que contener todo el cuadro que presenta su esposo. Para la primera evaluación, habían pasado 7 meses más el tiempo que había presentado los síntomas, así que ella ocupaba un doble soporte, por ella y su esposo, siendo el cuerpo el somatiza el estrés que estaba viviendo, provocando incluso ataques de pánico, niveles altos de cortisol y demás. Comenta que, “si se hubiera” podido hacer la casa, pese a que afirma que “el hubiera no existe”, se supondría que se hubiese continuado con los proyectos personales y de familia. (Audio y video en SIGAO y pericia a imágenes 392-400 y 435-438 del expediente judicial digital). 45) En el segundo día de juicio, se recibió la declaración pericial privada de Pamela María Arias Retana, topógrafa desde el 2014 e ingeniera civil desde 2022. Labora como consultora especialista en expropiaciones, con más de 1500 aproximadamente trabajos de este tipo. Explica que el trabajo realizado fue para hacer un peritaje de valoración de propiedad y mejoras efectuadas, con ocasión de un permiso de construcción que se negó. Se visitó el campo, se analizó los planos constructivos del muro, como mejora civil más importante, se realizó el avalúo con estudio, determinación del valor de metro, así como la tasación de la obra existente en la misma. Se tuvo acceso a planos de catastro, sistemas de registro nacional (SIRI), se revisó los gravámenes de la propiedad, usos de suelo, planos e información aportada por el propietario. Los hallazgos son los precios constatados del lote como de las mejoras, con un monto final de la propiedad más las mejoras realizadas a las mismas, se consideraron particularidades de la propiedad como frente a calle, regularidad de la forma del terreno, así como pendiente. En preguntas de la actora, aclara que la metodología usada fueron varias: el valor de terreno fue el de valor de mercado, con búsqueda de propiedades cercanas en venta, con visitas a éstas para corroborar ubicaciones y regularizaciones, se aplicó factores de homologación de pendientes, regularidad, área, frente a calle, y obtener un valor o precio unitario por metro cuadrado de la propiedad. Para las mejoras se utilizó aspectos como muros y tapias, las tipologías de hacienda (2019) sin depreciación, para determinar el valor de restitución del precio invertido, acometidas eléctricas, ornamentales, para dar un valor. Cada tipología incluye características a usar, que se corroboraron con la visita en campo, y de ahí se extrae el valor de hacienda, multiplicado por metro lineal, como lo dispone la misma metodología de hacienda. Dada la zona, la pendiente y el frente son de peso para el caso concreto, así como el área, son los factores utilizados en la práctica de homologación. El informe incluye presunciones extraordinarias, se habla de que la información de planos de catastro y registro son correctos, aunque se corroboró, se considera que la zonificación y temas como de planes reguladores y demás. Las condiciones socioeconómicas se utilizaron para buscar lotes en sectores similares, acceso a mismos servicios y que se encuentren en la misma categoría, es para que se comparen lotes similares. En contrainterrogatorio, la representación municipal, era de conocimiento el tema de la naciente de agua y su radio de protección, no se considera en el avalúo, lo que se hizo fue tasarlo para restitución. La presencia de radios de protección limita los temas constructivos, afecta el valor para el uso a futuro, todo depende del uso final buscado, no es un factor de disminución de valor, metodológicamente, da un precio menor, pero no es una afectación. En consulta del INVU, no precisa el tipo de naciente que afectaba el terreno, pero no se precisó, lo que conoció es que esa era la causa de discusión con la municipalidad por un permiso previo. La presencia de este tipo de afectaciones no se valora para la restitución, pero si fuese otro tipo de peritaje, como de depreciación del valor de terreno (daño), sí se consideraría. En pregunta del SINAC, la presencia de una zona de protección del cerro se visualiza en el valor de zonificación, se ve en el valor uso de suelo, es algo que se ve en el valor de la zona, y en este caso, se utilizaron lotes sujetos que también están en la misma zona de protección, es una de las características similares que se consideraron. Y que se consideró que se trata de un lote en un Área Silvestre Protegida, señala que lo que impacta es en el permiso de uso de suelo, las áreas edificables, u otros que afecten, por lo que para el trabajo se consideró esa característica. (Audio y video en SIGAO, así como pericia en CD 5 en carpeta “prueba 3”). 46) Y por último, se recibió la declaración pericial judicial de Luis Jonathan González Portuguez, ingeniero topógrafo desde el 2010, perito desde el 2013, ha tenido muchos peritajes en esta sede y agrario de la misma naturaleza. Se hizo un levantamiento topográfico de muros, cordón de caño, costos de infraestructura del muro perimetral frente a calle pública, un talud de gaviones con pendiente, ubicado en una zona como si fuese entrada a un condominio. El objeto era avaluar el terreno, se montó el plano del inmueble y levantamiento de campo. Al frente había terrenos del mismo propietario que vendió, cerca había una Asada. Utilizó una estación total Sokkia X10, sirviendo para hacer el levantamiento del costo, como parte de los costos del muro lineal con verjas, para hacer una verificación de la coherencia de la realidad con el plano, confirmándose la correspondencia entre ambos. El problema fue en los gaviones, dado que eso representó un riesgo de derrumbe, pero quedó subsanado con la estructura de los gaviones. En preguntas de la parte actora, explica que se utilizó los valores de 2011 dado que fue el dato que consideró más crediticio, el más aproximado al 2014, según el metro lineal y el ancho, así como el valor de las verjas. Sí es posible actualizarlo, pero tendría que utilizarse un valor de depreciación de las cosas. No se consideró los cordones de caño, las tuberías, los medidores, dado que está fuera del polígono, pero se consideró en el valor del factor del entorno. Se utilizaron los insumos de zona homogénea y tipología constructiva, por lo que se ubicó el terreno, más la investigación de campo, no precisa la antigüedad de ambas, si no precisa fue uno de 2010, y lo que hizo fue traer a valor presente (2023) ese valor. Utilizó sus insumos privados, así como información encontrada en internet. La metodología de valoración fue basándose en la experiencia de ver los terrenos semejantes al acá discutido, utilizando descripción de campo. La metodología utilizada fue de experiencia en valoración de terrenos parecidos. Aclara que las normas técnicas aplicadas son las referidas a imagen 553, pero insiste que las normas IVSC 2005, pero reitera que fue la experiencia el método más utilizado. No se incluyeron aspectos ornamentales, no se ponderan el valor de plantaciones, sería un perito agrónomo, considera que no está facultado. En preguntas del INVU, en imagen 618 se hace referencia a una naciente, explicando que, el día de la visita, se entera que, en la pendiente frente al terreno, o cerca, había una naciente, un ojo de agua, detalla que no tuvo acceso a la información de la naciente. Explica que, en este tipo de trabajos, se puede llegar a considerar la existencia de una naciente, dado que no impacta en el valor de la naciente, pero sí se llega a tomar en cuenta, aunque no está exigido medir el radio o recurrir a instancias a buscar a la autoridad competente, dado que son ellos los que tienen que calculan el radio y el área que puede llegar a cortar el terreno, pero no se tuvo para este caso. (Audio y video en SIGAO, e informe pericial a imágenes 477-575, 606-637 del expediente judicial digital).

III.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como elementos no demostrados relevantes para este asunto: 1) Que la actora [Nombre 002] sea propietaria o copropietaria del inmueble matrícula de San José [Valor 002], o que la ganancialidad haya sido declarada prematrimonialmente o con ocasión de la sucesión del coactor [Nombre 001]. (No consta prueba en autos). 2) Que la acción de finalización de la vida del actor [Nombre 001] sea imputable causalmente a los demandados. (No consta prueba en autos). 3) Que exista error administrativo en las conductas de los demandados objeto de este proceso. (No consta prueba en autos). 4) Que las conductas objeto de litigio emitidos por los accionados hayan “despojado” a los actores del valor de la propiedad objeto de litigio. (No consta prueba en autos). 5) Que se haya ordenado administrativa o judicialmente la demolición de las obras producto de los permisos de construcción PC-022-2016 y PC-578-2016 o se haya declarado la lesividad de dichos actos, así como los visados que originaron la matrícula inmobiliaria objeto de litigio y que la sucesión actora haya obtenido licencia de construcción para la edificación de gaviones en el inmueble objeto de litigio. (No consta prueba en autos). 6) Que exista registro oficial o extraoficial de las nacientes y cuerpos de agua que afectan la finca objeto de litigio, previo al año 2019. (No consta prueba en autos). 7) Que el desarrollo “Quintas de Veramont” sea producto de un proceso formal de urbanización autorizado por la Municipalidad de Desamparados. (No consta prueba en autos).

IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ACTOR: En resumen, en su demanda y conclusiones, señala que en setiembre de 1997, se origina producto de la segregación de la matrícula del Partido de San José [Valor 006] (Finca Quintas Veramont), la matrícula [Valor 002], ello contando con el visado de SINAC 537-97, situada dentro de la Zona de Protección Cerros de la Carpintera. Para el 2013, en consulta ante el SINAC OC-116-2013, con 12 casas de habitación, 3 en construcción y 20 lotes para construir, marcando la necesidad de contar con un Plan de Manejo, y para el 11 de octubre de 2013, la Municipalidad, pese a lo erróneo visado del desarrollo, no tuvo oposición a la construcción de aceras en el mismo, reiterándose que los futuros desarrollos deben acogerse el Plan General de Manejo de la Zona Protectora. El día 12 de diciembre de 2014, a través de oficio OC-1122-2014, el SINAC realiza un estudio jurídico y de campo sobre zonas de protección de ríos y nacientes y otorga el visto bueno para la construcción de una vivienda de no más de 150m2 y siendo obligatoria la gestión de viabilidad ambiental. Para el año 2015, la Municipalidad de Desamparados, considerando el oficio del SINAC OC-1122-2014, certifica el uso de suelo y reitera la obligatoriedad de la viabilidad ambiental. El actor [Nombre 001] realizó opción de compra el 7 de julio de 2015, pagando un adelanto de 3 millones. Para el 5 de agosto se canceló la suma de ₡93.615 que corresponde a una conexión de medida de agua a la ASADA, servicio que cancela desde entonces. Para el 1 de setiembre se realiza la compra del inmueble cancelando ₡21.400.000, más ₡980.000 de notario, siendo inscrito el 5 de noviembre del mismo año, describiéndose como terreno para construir, sin anotaciones o gravámenes y sin obra alguna. El 25 de enero de 2016, se aprueba por parte del Municipio el permiso A-CU-022-16 para la construcción de acera y cordón de daño de 77,53 mts lineales, con un costo de ₡1.575.000 más ₡350.000 por conexión eléctrica según contrato con el CFIA OC 713368. Después, el 1 de diciembre, también del 2016, la Municipalidad también aprueba el permiso A-CU-578-16 para edificar tapias con rejas y un portón de 13 mts lineales, con un costo de ₡3.725.000, contando desde el 15 de setiembre de ese mismo año con electricidad de la CNFL desde ese momento y en adelante, con un depósito de ₡46.295 para tales fines. A partir de 2017 los actores siembran zacate dulce, palmeras y realizan mantenimiento del terreno, que a octubre de 2020 había implicado un desembolso de ₡1.160.000. Para el 15 de setiembre de 2018 y en adelante, comenzaron a alquilar una casa de habitación cerca del inmueble, cancelando un alquiler de ₡200.000 de mensualidad y un depósito por la misma suma. El 4 de octubre de 2018 reitera la disponibilidad de agua y el 8 del mismo mes el CFIA aprueba planos constructivos para edificar 146m2 con una tasación de ₡46.060.000 según contrato de CFIA OC 843626 y cancelando al arquitecto la suma de ₡2.533.300. El 8 de noviembre de 2018, la municipalidad por resolución R-CU-642-18 rechazó el permiso de construcción a los actores, por falta de viabilidad ambiental, implementación de un tanque séptico, estudio de estabilidad de taludes. Producto de ello, se construyó un muro de gaviones por parte de Eli Marco Amador Abarca con un costo de ₡9.735.000 de mano de obra y materiales más ₡50.000 de estudios de ingeniería a la CNFL para mover una tensora. Para el 23 de enero de 2019 la SETENA a través de oficio SETENA-SG-1118-2019 se afirma que, pese a estar en zona especial de protección forestal, no se requiere la viabilidad ambiental por ser una obra de muy bajo impacto ambiental. Durante ese espacio, se instaló en la propiedad red de fibra óptica cancelando $200 cada uno el 30 de noviembre de 2018 y 10 de enero de 2019, para un total de ₡234.044. El 4 de febrero de 2019 se entregan al municipio las modificaciones con los planos ajustados del CFIA para resello, tanque séptimo requerido, muros de gavión, así como fotos de éstos y respuesta de SETENA, con la finalidad de esperar el permiso de construcción. El 19 de febrero de 2019, la Municipalidad paraliza el trámite de construcción a través del acto R-CU-642-18-A porque existe una naciente pendiente de oficializar por parte de la Dirección de Aguas del MINAE, dado que el SINAC por oficio OSC-122 del 20 de ese mes informó de dos cuerpos de agua. Por oficio DA-UHTPCOSJ-0724-2019 del 9 de abril de 2019, la Dirección de Aguas del MINAE después de inspeccionar los días 11 de marzo y 4 de abril de ese año, determinan por informe técnico que hay dos nacientes de carácter permanente, confirmado por oficio DA-UHTPCOSJ-1669-2019. Con fundamento en ello y en el oficio interno DT-AP-100-19 la Municipalidad rechaza el permiso de construcción a través de la resolución R-CU-642-18 B el 8 de mayo de 2019, al estar el proyecto dentro de la zona de protección de las nacientes, decisión confirmada por resoluciones UCU-REV-003-2019 y MD-AM-66-19. El SINAC por medio de oficio SINAC-ACC-SIG-031-19 indicó que el cuerpo de agua estaba a 37 mts del vértice N° 3 del plano de la finca del demandante, fuera de éste, y dentro de la finca 592647-000 del mismo partido. Por otra parte, por medio de oficio OSC-702 el SINAC reconoce que existe un error de la Administración Forestal del Estado/Oficina de atención al usuario que en 1997 había avalado el fraccionamiento y visado los planos. Según el oficio DT-CU-579-2019, se tramitó como segregación frente a calle pública. En noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Emergencias por oficio CNE-UIAR-INF-1000-2019 señala que no existe impedimento para construir el proyecto del actor. Posteriormente, a petición del actor, la Dirección de Aguas reinspecciona y en oficios DA-UHTPCOSJ-2450-2019 y DA-UHTPCOSJ-2729-2019 se identifican 3 quebradas sin nombre y 2 nacientes adicionales intermitentes. El SINAC señaló en diciembre de 2019 por oficio SINAC-ACC-PNE-182-19 y SINAC-ACC-D-0475-2020 que el alineamiento correspondía al INVU. Para el 2020, se realiza una última inspección de la Dirección de Aguas a petición del actor, emitiéndose el criterio técnico DA-UHTPCOSJ-512-2020, confirmándose un total de 2 nacientes permanentes sin nombre, 3 quebradas y 2 nacientes intermitentes, rechazando el recurso de revocatoria planteado contra el oficio 1277-2019. Explica que el actor denunció ante la Defensoría de los Habitantes, la cual, después de los procedimientos ordena a la Municipalidad, SINAC y Dirección de Aguas buscar una solución ajustada al ordenamiento a través del oficio 3683-2020-DHR. Por medio del oficio SINAC-ACC-OSC-343-2020 se le informa a dicha instancia que se mantendría el rechazo del permiso de construcción y la posición de respetar el área de protección del art. 33 de la Ley Forestal. Para setiembre del 2020, el INVU emite el alineamiento AL-101-V sobre el plano finca de la actora, fijando 15 mts de área de protección sobre quebrada y un radio de 100mts sobre la naciente, remitiendo al municipio para que marcara gráficamente estas afectaciones. El 9 de setiembre de 2020, la Municipalidad a través de oficio DT-CU-391-2020 afirma que la naciente permanente sin nombre 2 genera un área de protección que afecta el 100% de la propiedad del actor. Este cuadro fáctico, afirma la parte actora, provoca responsabilidad en perjuicio de los accionantes al haber inducido a error, dado que se adquirió e invirtió en el inmueble en litigio, siendo despojado el valor del bien y causando daño moral y psicológico al aplicar las demandadas el art. 33 de la Ley Forestal. Reclama en consecuencia ₡25.421.552 del valor del terreno en tierra más ₡24.515.000 en mejoras, para un total de daño material de ₡49.936.552. Además de gastos a octubre de 2020 de agua por ₡196.586,45, electricidad ₡258.935, alquiler de casa por ₡5.000.000, así como gastos profesionales en avalúo, psicología, contaduría pública y legales por ₡626.501,09 para un total de ₡10.210.530,14; además de gastos desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2025, de mantenimiento de áreas verdes, alquiler de otra vivienda, agua y electricidad estimados en ₡14.064.269.11. En igual sentido, afirma que los hechos han afectado anímicamente a los actores, provocando frustración de su proyecto de vivienda, inestabilidad emocional, desesperanza, sentimientos de derrota, frustración y desmotivación, como daño moral subjetivo y daño psicológico por darse, en el caso del actor, un trastorno adaptativo crónico que afecta su funcionamiento personal, social y laboral, mientras que a la actora padece una depresión leve a moderada, según criterios periciales. En su exposición de agravios, explica que existe un doble criterio de imputación, por funcionamiento normal y anormal de las demandadas. En el primer criterio, apunta el “error” desde 1997 del SINAC de permitir los fraccionamientos de Quintas Veramont, no oponerse a la construcción de viviendas, limitándose a referir que tenían que sujetarse al Plan de Manejo de la Zona, ello es ratificado por el SINAC en el 2019 al referirse al error administrativo. Por su parte, el Municipio contribuyó al problema al fraccionar y visar los planos del desarrollo urbanístico como lo reconoce también en el año 2019. En igual sentido, la irregularidad del SINAC en oficio OC-1122-2014 que inspeccionó la zona y otorgó el visto bueno para la construcción de la vivienda, pese a supuestamente haber valorado el área de protección de ríos y nacientes, error arrastrado por el municipio al otorgar el uso de suelo, generando una confianza legítima en ambas instituciones al momento de adquirir el terreno en el 2015, aparejado al otorgamiento de dos permisos de construcción para acera, cordón de caño, tapia, rejas y portón. Esa apariencia es la que hace que los actores le den mantenimiento al predio, sembraran zacate y palmeras, alquilaran en sus alrededores e instalaran fibra óptica y el CFIA aprobase planos constructivos en el 2016 y 2018, se hicieran las correcciones solicitadas en el trámite y se aclarase por qué no se ocupaba SETENA dado el criterio por ella emitido, y sin encontrar oposición de parte de la CNE. Explica que las nacientes eran fáciles de hallar, por lo que existe una contradicción con el oficio OC-1122-2014 que había previamente valorado el área. De ahí el giro inesperado las manifestaciones del SINAC para prevenir actividades en el área y la remisión al INVU para alineamiento definitivo en el 2019 y 2020. Al marcar éste el alineamiento y luego el municipio señalar la afectación al 100% del lote, se confirma que tanto el SINAC como la Municipalidad llevaron erróneamente a creer que los actores podían construir su vivienda configurándose en una palmaria falta de servicio (conducta anormal) generadora de daños y perjuicios. En el segundo criterio, que califica de subsidiario, afirma que el art. 33 de la Ley Forestal genera responsabilidad civil, dado que el radio de protección de la naciente da una pequeña porción de titulares, con una intensidad que provoca la pérdida de la naturaleza registral y el destino como uso de terreno para construir vivienda, impidiendo además, el uso económico de la propiedad, al no poder sembrar, cortar árboles citando el art. 45 Constitucional y el voto 796-1991 de la Sala Constitucional, generando una obligación de expropiar conforme el art. 2 de la ley 7575. En la réplica rechaza la posición del INVU recordando que no es necesario la impugnación de actos administrativos, dado que estamos en presencia de un proceso civil de hacienda. En cuanto a la legitimación invocada de la actora, recuerda que ésta sufrió los efectos de la frustración del proyecto de vivienda provocando el daño moral y psicológico reclamado.

V. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD: En resumen, tanto en la contestación como en conclusiones, señala que el proyecto de construcción de vivienda del actor [Nombre 001] resulta paralizado por el aviso que da el SINAC a través del oficio OSC-122-2019 al Departamento Ambiental del municipio, quien avisa al Control Constructivo, ello por presencia de cuerpos de agua, el cual es finalmente marcado gráficamente por oficio DT-CU-391-2020, después de los estudios técnicos de la Dirección de Aguas DA-UHTPCOSJ-512-2020 y el alineamiento del INVU DU-UFIS-083-2020, por lo que aclara que no es el municipio el que determina la existencia de la naciente ni las longitudes graficadas a petición del actor [Nombre 001]. Invoca la excepción de falta de derecho, rechazando la teoría del caso de los demandantes de que se violentó el principio de confianza legítima. No se identifica concretamente actuaciones u omisiones municipales en el histórico de creación de la matrícula [Valor 002]-000 el cual contaba con visado del SINAC, ni al momento de emitir el uso de suelo del 2015, o los permisos de construcción A-CU-22-216 y A-CU-578-16. No es sino hasta el momento de estudiar el permiso A-CU-642-18 que el rechazo se da por razones ajenas y fuera del control del municipio de naturaleza sobrevenida que es la determinación de cuerpos de agua de dominio público que afectaron al inmueble. Contrario a lo afirmado por la parte recurrente, se actuó de manera diligente ante el aviso del SINAC suspendiendo el trámite en consecuencia del principio precautorio e indubio pro natura, lo cual fue debidamente informado al accionante [Nombre 001], siendo necesario la intervención del órgano competente para determinar la presencia de los cuerpos de agua y los radios de protección conforme el art. 33 de la Ley Forestal, siendo ésta la conducta administrativa esperable y ajustada a derecho. Insiste que al momento de emitir tanto el uso de suelo, como los dos permisos de construcción de aceras, cunetas, tapia y portón, no existía impedimento para su aprobación. La Municipalidad cuenta con un Plan Regulador Parcial, incluyendo el área de Quebrada Honda del Cerro de la Carpintera, siguiendo los lineamientos del plan GAM, en su reforma de 1997, siendo catalogada de Área de Protección Forestal del Plan GAM, creada en el año 1976. Dicho plan regulador dispone, generalmente, una vivienda por finca, pero para el caso concreto, al encontrarse la naciente, impedía la construcción de la vivienda a finales de 2018, que se desconocía previamente (no lo acreditó la parte actora que la municipalidad tuviese el conocimiento de la naciente para los usos de suelo, y permisos de construcción), sino fue hasta que el SINAC informa el 20 de febrero de 2019. La finca es posible de explotación, pero de uso forestal. Invoca los votos 2019-010962, contenido en 2021-020271 de Sala Constitucional que señalan que el uso de suelo no es vinculante para el permiso de construcción, dado el cambio de información entre la emisión del uso y otras actuaciones posteriores, no siendo necesario anular el uso o ir a lesividad. En cuanto al agravio de la responsabilidad por conducta lícita, señala que no se enmarca en los presupuestos del art. 194 de la LGAP, en especial la ausencia de la cantidad limitada de afectados, ya que la norma aplica para todos los dueños en igualdad de condiciones, no siendo una expropiación, sino una limitación no indemnizable, invocando el voto 4205-96 de la Sala Constitucional.  Reclama una falta de legitimación pasiva, ya que el rechazo del permiso de construcción CU-642-18 se origina en el art. 33 de la Ley Forestal, emanada del Estado – Legislador, no de una actuación municipal y, en todo caso, el aviso de la situación proviene del SINAC a través de su oficio OSC-122, actuando el municipio de manera consecuente con tal información. Reclama una falta de legitimación activa, respecto de la coactora [Nombre 002], dado que no es titular del inmueble, ni posee derecho o interés legítimo en el objeto de este proceso, tampoco es desarrollado por la actora un análisis de causalidad entre los hechos, pretensiones y la coactora. En cuanto a los daños reclamados remarca la inconsistencia entre el valor supuesto de compra y el registrado en la matrícula inmobiliaria, así como las diferencias entre el permiso de construcción de la acera y cordón de caño, la tapia, portón y lo supuestamente cancelado en la mano de obra, rechazando el aporte de prueba idónea. Solicita la condena de costas del proceso.

VI. SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL INVU: En resumen, tanto en la contestación como en conclusiones, expone que su responsabilidad se limita a la emisión del alineamiento fluvial sobre la nacientes permanentes no captadas y quebradas AL-00101-V, se trata de un ejercicio de competencia por Ley forestal arts. 33 incisos a, b y 34. Señala que las nacientes intermitentes no son competencia del INVU sino del municipio o el MINAE conforme el art. 149 de la Ley de Aguas, de ahí que, la graficación del alineamiento fue remitido el actor [Nombre 001] al municipio para lo correspondiente. El alineamiento no define si puede o no construir, eso es competencia municipal. De hecho, el levantamiento concreto gráfico lo hizo la municipalidad, no el INVU. Afirma no existir causalidad entre los daños y la conducta que reclama remarcando que el INVU no participa del proceso de compra ni negociación de adquisición del inmueble, ni de las construcciones o gastos que realizó el actor. Además de no acreditar algún vicio en el contenido del alineamiento otorgado. Mientras que, conforme la segunda posición de la teoría del caso del actor, no están los supuestos para responsabilidad por conducta lícita. Invoca la defensa de falta de derecho, así como la de falta de legitimación ad causam pasiva respecto de los gastos que pretende reivindicar y que el rechazo de construcción por limitación fue emanado por otra entidad. Solicita el cobro de costas.

VII. SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL SINAC: En resumen, tanto en la contestación como en conclusiones, señala que forma parte de este proceso por dos actos, uno del 2013 y otro del 2014, siendo actos emitidos dentro del marco de sus competencias conforme la Ley Forestal. Afirma no hay causalidad de los daños con su representada. Nunca se le ha dicho que "no se puede aprovechar la propiedad", no es una supresión de la actividad del inmueble (voto 199-F-S1-2010 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y voto 4205-96 de la Sala Constitucional), pero su uso es regulado conforme el plan de manejo implementado en el 2012, no aplicando una indemnización por expropiación y apuntando que el actor siempre ha tenido acompañamiento técnico, con prevenciones al Municipio. La parte actora intenta vincularlo con una decisión personal y subjetiva de compra. Señala que el visado del SINAC del 1997, y los OSC 2013 y 2014 no se refieren a la finca en concreto, sino a un tema de caminos en el área de conservación. El error al que se refiere del visado de 1997 tiene que ver con el fraccionamiento, no al tema de protección hídrica, y en todo caso, no es una garantía de construcción dado que ello corresponde a otros entes competentes. Conforme el voto 9221-2019 de la Sala Constitucional, corresponde a la Dirección de Aguas reconocer cuerpos de agua al amparo de la Ley de Aguas desde 1942. Apunta que no están los supuestos para responsabilidad por conducta lícita. Invoca la falta de derecho y solicita el cobro de costas y sus intereses.

VIII. SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO: En resumen, tanto en la contestación como en conclusiones, señala que no hay legitimación pasiva del Estado para estar demandado en el proceso, dada la personería del SINAC, así como la falta de derecho sobre la acción. No se acredita funcionamiento anormal de las instituciones codemandadas y de hecho, no se precisa conducta formal o material del Estado en específico que sea calificada de anormal. Lo actuado se realizó en el marco de las atribuciones legales y constitucionales de ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el uso efectivo del principio precautorio (voto 2006-171216 de la Sala Constitucional) descartándose el agravio de violación al principio de confianza legítima. Para el momento de la compra, no existían registros de las nacientes que se identificaron en el 2019-2020, momento en que nace la limitación ante el registro oficial de éstas (voto 199-2010 de la Sala Primera) y, de hecho, desde el 2013 y 2014 se sabía que la finca en litigio estaba en Zona de Protección, aspecto que los accionantes conocieron de previo a adquirir el inmueble a través del uso de suelo. El registro o estudio de la UCR no sustituye el ejercicio de la competencia excluida de la Dirección de Aguas. No hay causalidad de los daños hacían los accionados, en especial al Estado. Son limitaciones no indemnizables como los señalados en el voto 199-2010 Sala Primera y 4205-1996 de Sala Constitucional. Considera que, de generarse la obligación indemnizatoria, operarían las causales eximentes de responsabilidad de fuerza mayor, por el surgimiento de nacientes y quebradas a través de los años, así como culpa de la víctima, dado que los actores adquirieron en zona protegida, con limitaciones al derecho de propiedad de carácter ambiental, tal y como sucedió, además del hecho de un tercero, dado que no fue el Estado el que le vendió el terreno a los demandantes, tratándose en el mejor de los casos de un vicio oculto que debe verse en sede civil. Respecto de la prueba evacuada en juicio, hay contradicciones entre Chaves y Gabelman, el segundo demerita el primero. En el caso de las pruebas psicológicas, la judicial es una referencia sobre el primero privado, siendo que el estudio de Vilma no es contundente. No es posible imputar el desenlace del actor a las actuaciones en juicio, y la afectación de la actora es por la muerte de su esposo, de manera sobrevenida e indirecta, provocado el fallecimiento de éste, y no puede ser trasladado a los demandados, careciendo de causalidad todos los daños invocados hacia los accionados, así como la antijuridicidad base. El perito topógrafo judicial es subjetivo y sin fundamento. Tampoco hay responsabilidad por conducta lícita, ya que las limitaciones de esta naturaleza no cumplen con el 194 LGAP y en todo caso, de existir esta responsabilidad, la norma del 194.2 LGAP no permite el reconocimiento de perjuicios. Invoca la falta de derecho y solicita la condena en costas a cargo de la parte actora.

IX. DELIMITACIONES DEL OBJETO DE LITIGIO. ACCIÓN FÁCTICA CONJUNTA, RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. ANÁLISIS DE OFICIO DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y SOBRE LAS DEFENSAS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA INVOCADAS: El Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) vino a realizar una modificación del paradigma del control jurisdiccional de la actividad administrativa de muchas formas, siendo una de ellas, la validación del cuestionamiento de grupos asociativos formales e informales de personas, cuando éstas tengan un interés común de que determinada conducta o conductas formales o materiales de la Administración sean sometidas al escrutinio del juez de lo contencioso. Ello se vuelve particularmente relevante cuando la conducta se trata de un acto de alcance general o cuando ésta afecta a un grupo o colectividad de sujetos. Lo dicho anteriormente se puede observar en la forma en cómo se redactó el art. 9 del CPCA cuando señala: “ARTÍCULO 9.- Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, además de los sujetos que la ostenten de conformidad con la legislación común: (…) b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas…”. Como puede verse, la idea fue la de permitir que una colectividad, finita o no de sujetos puedan accionar en tanto se vean afectados. Esta es la razón por la cual, en este caso concreto, resulta fiable que el titular de un inmueble (ergo, quien ostenta un derecho real inmobiliario) reclame una afectación al ejercicio efectivo de su derecho y que sea acompañado por su cónyuge la cual no posee derecho real alguno, al menos no declarado. La composición hipotética del haber ganancial no declarado, así como la ausencia de elementos de liquidación ganancial, hacen que la esposa del dueño registral tenga, al menos, un interés legítimo para cuestionar en este asunto las mismas actuaciones que su esposo. Ahora bien, ello en nada se demerita ante el fallecimiento sobrevenido del accionante y la sucesión procesal a través de la mortual de éste, quien a través del albacea continúa con los autos hasta el momento de la emisión de este fallo. No obstante lo dicho hasta el momento, sí es importante remarcar que, pese a la habilitación general del art. 9, se acompaña una restricción de impacto directo en algunas de las pretensiones de los autos, y que obliga a la Cámara de Jueces a realizar un análisis oficioso de la Legitimación Activa de ambos actores. En el caso del señor [Nombre 001], hoy representado por su sucesión, es claro que la condición de titular inmobiliario le permite, en aplicación de lo que dispone el art. 264 del Código Civil (CC), particularmente los incisos 4° y 5° que contemplas las atribuciones de dominio de defensa, exclusión, restitución e indemnización, ostentando con ello la legitimación activa de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, las cuales se analizarán infra, respecto de su viabilidad jurídica. En cambio, con la coaccionante [Nombre 002] ésta no goza directamente del señalado art. 264 CC al no tener relación de dominio declarada, sino una relación potencial indirecta, ante el fenómeno de la ganancialidad, la cual, se insiste, no ha sido declarada o al menos demostrada en autos. Consecuencia de lo anterior, a ella ha de aplicársele el art. 9.b in fine CPCA que afirma: “…Para el reclamo de daños y perjuicios en los supuestos de este apartado, será necesario comprobar la titularidad de la situación jurídica lesionada de quien demanda. Igual regla se aplicará para los supuestos contenidos en los apartados c) y d) del artículo 10 de este Código” (resaltado es nuestro). Así, dada las circunstancias de la relación de la actora Cordero con los hechos, el Tribunal determina que sí tendría legitimación por interés legítimo (ganancialidad potencial) con la pretensión primera, segunda, tercera y en parte las pretensiones quinta, sexta y octava, ellos en tanto se interpreta pro actione que dichos pedimentos se limitan, exclusivamente, a la acá demandante, en cambio, carecería de legitimación dado que se trata de una situación de aparente lesión patrimonial directa la contenida en las pretensiones cuarta, quinta, sexta, sétima, octava y décima, en lo referente a daños materiales, perjuicios asociados al inmueble cuya legitimación recae exclusivamente en la sucesión [Nombre 001], como haber sucesorio, dado que la parte actora [Nombre 002] no demostró con prueba idónea cómo contribuyó a los gastos que reclama, sino que la prueba obrante en autos, en específico la propia pericia de contaduría aportada por los accionantes, su prueba complementaria admitida por el considerando primero de esta sentencia y las declaraciones juradas utilizadas por éstos que se ven en el CD 5 carpeta N° 1 refiere a las acciones inmobiliarias del titular del bien, sin que se haya realizado la correcta diferenciación en la demanda entre cada uno de las partes que accionan. Así, por accesión la Cámara presume que los presuntos gastos que se reclaman en esas pretensiones son derivaciones del derecho indemnizatorio al que se refiere el inciso 4 del art. 264 del CC, sin que sea esta sede la competente para que declare en sentencia la ganancialidad de tales rubros (tanto ganancialidad positiva como negativa), no pudiendo reconocer la legitimación activa de la actora Cordero en los términos señalados. Así las cosas, sobre la coactora se aprecia de oficio parcialmente una falta de legitimación activa respecto de las pretensiones cuarta, quinta, sexta, sétima, octava y décima, en lo referente a daños materiales y perjuicios asociados al inmueble. En el caso del Estado, el agravio de legitimación pasiva ha de rechazarse por un doble motivo, el primero, es que, pese a la posición referenciada a la capacidad jurídica del SINAC, el art. 12.2 del CPCA dispuso de manera imperativa la incorporación del ente al cual el órgano con personalidad propia pertenece, al margen de si éste tuvo o no participación en las actuaciones del órgano persona y su capacidad para asumir de manera hipotéticamente independiente la acción, tratándose de una norma no dispositiva que implica la integración Estatal a los autos. Empero, más allá de lo dicho, es que existe una pretensión literal que, por sí sola, está dirigida al Estado, lo que fuerza a que sea parte de este proceso, siendo ella la pretensión décima, mientras que las pretensiones primera y tercera a novena coloca al Estado, en conjunto con los demás accionados como el destinatario de dichas pretensiones para el nacimiento de obligaciones indemnizatorias. Ahora bien, respecto de las defensas de falta de legitimación pasiva tanto del INVU como de la Municipalidad accionadas, se tratan de agravios de falta de derecho, en tanto apuntan a que la reclamación de las pretensiones no le es oponible, aspecto que se valorará infra, por lo que, en términos de legitimación pasiva, al existir pretensiones en contra de cada uno de estos demandados, la configuración pasiva se encuentra correctamente encausada, por lo que ha de rechazarse.

X. SOBRE EL ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: De previo a analizar el fondo del asunto, considera esta Cámara necesario hacer un rápido recordatorio de los elementos generales de responsabilidad civil extracontractual en materia administrativa: Si bien la Ley General de Administración Pública (LGAP) a partir de su artículo 190 y siguientes ha sido catalogada doctrinariamente como objetiva, en realidad se trata de un sistema de responsabilidad basada en criterios objetivados, donde la conducta del sujeto del modelo clásico de imputación de acción (dolo y culpa) es sustituido por la caracterización fenomenológica del comportamiento de la Administración en criterios de funcionalidad y legalidad, siendo ellos los criterios de función normal y anormal y conducta lícita e ilícita. Así, el ejercicio o análisis de reproche para la generación de una obligación indemnizatoria se configura en dos grandes etapas: una fáctica y otra jurídica. En la primera, el reclamante debe acreditar la existencia de una conducta de determinado sujeto (responsable, legitimación pasiva), el cual es usualmente la Administración ya sea directamente a través de alguno de sus funcionarios o a través de un tercero de cuya acción le es imputable (un concesionario, por ejemplo). Es a dicha conducta, que ha de acreditarse en modo, tiempo y lugar que ha de aplicársele alguno de los criterios de imputación señalados (conducta normal o anormal, lícita o ilícita, que da origen al requisito de la antijuridicidad base), conducta que debe acreditarse que sea capaz de producir (causalidad) determinado tipo de lesión (daño en todas sus acepciones, perjuicio o pérdida de chance) y en específico, determinado resultado concreto, el cual debe cumplir con las características de ser cierto, demostrable, evaluable, individualizable y actual, en perjuicio de una víctima, quien sería la titular de la reclamación (legitimación activa). Superada esta etapa, pasaría a la segunda donde el responsable asume el rol de deudor, la víctima el rol del acreedor, los cuales se vinculan obligacionalmente a través de una prestación, en la cual se ha de acreditar la coherencia entre la reparación o indemnización de la lesión y lo solicitado en las pretensiones. Dicho lo anterior, hemos de considerar que la demanda propone dos líneas de agravios con un criterio imputativo de responsabilidad cada una, por un lado, el agravio de funcionamiento anormal, en el cual la parte actora invoca un supuesto error desde 1997 en Quintas Veramont manifestado por el visado del SINAC y el fraccionamiento autorizado por el municipio; un supuesto error en la emisión del uso de suelo de la finca de la sucesión actora dado por el SINAC, la incorrecta inspección para emitir tal acto al no identificar las nacientes “de fácil hallazgo” y preexistencia del estudio de la UCR; así como los dos permisos de construcción municipales, todos los cuales se amalgaman en un agravio general de inducción de error de adquirir el inmueble, la apariencia falsa de poder construir que infringe el principio de confianza legítima. Así como un segundo agravio, de responsabilidad por funcionamiento lícito, que busca la declaración de un deber indemnizatorio, por la imposibilidad de explotación habitacional del inmueble y aparente vaciamiento de dominio sobre la finca de marras. Agravios que en la acción no son expresamente vinculados a las pretensiones, no obstante, en un principio pro actione, entiende este Tribunal Colegiado que el agravio de funcionamiento anormal engloba las pretensiones primera y tercera; el agravio de funcionamiento normal refiere a la pretensión décima, y los pedimentos indemnizatorios de ambos agravios serían las pretensiones segunda, cuarta, quinta, sexta, sétima y octava. Es sobre estos ejes que la Cámara hará pronunciamiento, no sin antes abordar de primero, la exclusión de reclamaciones de manifiesta improcedencia. X.1 La exclusión de daños reclamados no directos y jurídicamente no indemnizables: Del análisis de la prueba obrante en autos, este Tribunal detecta un conjunto de pedimentos que no pueden ampararse en esta sede, ya sea por falta de causalidad, o por no ser jurídicamente viables de indemnización, lo que permite su rechazo de plano, por los motivos que de inmediato se detallan, veamos. El primer componente refiere a la valoración del daño psicológico y daño moral subjetivo, en parte, tanto de la actora como del hoy de cujus [Nombre 001], que se origina ante la muerte por propia mano de este último. Si bien el único insumo que se refiere a este aspecto es el peritaje psicológico judicial de la profesional Leitón Jiménez, así como en parte la declaración en juicio de la perito García Trejos (hechos probados 43 y 44), se trata de un resultado lesivo no imputable a los accionados, por cuanto éste ha de tener la caracterización que exige el art. 197 de la LGAP al decir “Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente”, lo cual ha de complementarse con el art. 704 del Código Civil, de alcance general en la materia que señala: “En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse” (resaltado es nuestro). Como puede observarse, para cumplir con lo referido en ambos numerales, la acción administrativa ha de causar directamente la muerte, o debe ser un resultado derivado de ésta, pero con la característica forzosa de ser un devenir necesario. Es en este componente que se rompe la causalidad en contra de los accionados. Aún sin tener que remitirnos a actos administrativos concretos, sino manteniéndonos en el discurso general planteado en la demanda y conclusiones de la parte demandante, la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vivienda de los actores no es capaz de producir, necesariamente, el resultado suicidio tratándose, por ende, de uno de los supuestos de exclusión de responsabilidad conforme el art. 190.1 de la LGAP culpa de la víctima. Ahora bien, para mayor abundamiento de razones, aún en un análisis ampliado bajo el criterio no de generador de hecho sino de contribución relevante al resultado, encontramos de igual manera una interrupción de la causalidad que narra la propia perito de parte García Trejos y que detalla en el peritaje realizado (hecho probado 43). En ambas pruebas, la perito es enfática de que el señor [Nombre 001] fue diagnosticado con una psicopatología de trastorno adaptativo crónico, haciendo la expresa recomendación de intervención psiquiátrica, revaloración y acompañamiento, lo cual no consta en autos, mientras que la perito Leitón Jiménez afirma que el suicidio es la culminación de la incapacidad degenerativa que sufrió el actor de no poder administrar la situación objeto de litigio, sin que se acreditase en autos que el actor haya realizado conducta alguna para impedir el deterioro de su condición. Así las cosas, el Tribunal no detecta que las partes hayan conocido la situación psicopatológica del cujus, ni tampoco que hayan realizado acción alguna para, directamente, agravar tal situación, mientras que no se logra acreditar que se haya realizado conducta alguna por parte del actor para impedir la degeneración de su estado, el cual conocía desde que fue diagnosticado por la referida profesional en psicología. Es así como el agravamiento de la condición psicológica del actor que culmina en la muerte de éste no puede ser valorado por esta Cámara como causalmente imputable a los demandados. De manera paralela y consecuente, el agravamiento de la situación de la actora la cual había sido diagnosticada con depresión leve a moderada tampoco puede ser considerada por el Tribunal por las mismas razones, dado que no consta en auto que haya atendido las recomendaciones clínicas, por lo que el devenir de los eventos, incluyendo el impacto psicológico de la muerte de su esposo, son aspectos que no pueden ser valorados como parte de la reclamación que se resuelve en autos. El segundo componente se refiere a parte de los daños materiales que están contenidos en las pretensiones y que desglosamos de seguido. En el caso del servicio de fibra óptica (parte de las pretensiones 5 y 7), posee dos problemas fundamentales: el primero de ellos, es que la prueba que aporta como parte del peritaje económico (imágenes 314-328 del expediente judicial ) se trata de un contrato (el N° 2018000087) a nombre de un tercero que no es ni la sucesión actora ni la coactora (y no consta la cesión o sucesión de dicha relación contractual con el ICE frente a las partes), y por otro lado, se trata de un inmueble sin desarrollo constructivo habitacional, por lo que no se encuentra justificación válida para que sea suministrado con dicho servicio de manera necesaria como para trasladar dichos costos a las demandadas. Por otra parte, está el tema del alquiler (parte de las pretensiones 5 y 7), el cual, conforme a los hechos probados, encontramos que inicia a partir del 15 de setiembre de 2018 (imágenes 282-283 del expediente judicial, parte del peritaje económico), decisión que toman los accionantes sin contar con la construcción de vivienda aprobada, de hecho, esta acción es tomada poco más de un mes antes de que el actor presentase la solicitud de la licencia de construcción (hecho probado 8), ya que ésta es del 19 de octubre del 2018. Así, existe un riesgo y ventura de parte de los demandantes de optar por alquilar sin contar, al menos, con la respectiva licencia de construcción aprobada, que pudiese, en el mejor de los casos, haber generado una expectativa de derecho razonable de tener un inmueble para habitar en determinado plazo, aunque este mismo puede ser afectado por causas completamente ajenas a los demandados (problemas climatológicos, aspectos técnicos en la ejecución de obra, limitaciones financieras, etc.) que no podrían proyectar una fecha cierta de que la parte contase con una vivienda efectiva la cual habitar, pero este no es ese caso, sino que fue, con exclusiva responsabilidad de los demandantes, quienes deciden contratar el alquiler de la vivienda en esas condiciones, no siendo un resultado imputable a los acá accionantes. En cuanto a la reclamación de reintegro por la construcción de acera y cordón de caño (parte de la pretensión 2 y 4) la cual carece de asidero jurídico, por cuanto se trata de una obligación propter rem urbanística que tiene completa desconexión con la utilidad del inmueble, nacida directamente del Código Municipal y que pesa sobre cualquier inmueble que colinde con calle pública, específicamente, para la versión de dicho código vigente para el 2015 (versión 23) el artículo 75 disponía: “De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: (…) d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento”, norma que se ha mantenido en el texto actual de la norma (versión 57) en el art. 83 bis y 84.d, con la diferencia de que, en la actualidad, la acera debe apegarse a lineamientos y diseños municipales y que, en caso de omisión, el municipio puede hacer ésta a costa del propietario. Como puede verse, se trata de una carga real impuesta por el simple hecho de ser propietario, desvinculada totalmente del uso o fin al cual se le vaya a dar al inmueble, rompiendo así la vinculación que pretende los demandantes al tema de la limitación al inmueble. En esa misma línea, también encontramos dentro de la pretensión 2° y 4° la construcción de los gaviones, la cual, conforme a los autos, fue edificada sin contar con la respectiva licencia municipal, lo cual, conforme el art. 195 de la LGAP que señala: “Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso”, provoca que la erogación sobre dicha edificación no sea indemnizable, recordándose que el contar con una licencia constructiva es una exigencia de imperio normativo conforme la Ley de Construcciones (art. 2°). En un sentido similar, el reconocimiento de la construcción del muro, reja y portón (permiso PC-578-2016) en los referidos pedimentos 2° y 4° también carece de una base manifiesta por dos motivos, el primero de ellos, la inconsistencia, tal y como lo apunta el municipio, entre el monto reportado en el permiso de construcción y el efectivamente erogado, dado que la diferencia es sustancial, colocando a una eventual consideración de reintegro exclusivamente sobre el valor declarado de obra, lo contrario, violentaría el art. 195 LGAP citado, dado que el valor en demasía no habría sido avalado por la autoridad de fiscalización urbanística y ni habría cancelado el respectivo rubro de impuesto correlativo. El segundo aspecto, de mayor peso, es el hecho de que la parte solicita el reconocimiento del valor del inmueble como tal, lo que implicaría que, en una proyección indemnizatoria, no sería posible reconocer el valor del muro, verja y portón y a su vez, su valor incorporado al valor total del inmueble (como lo realizan los peritajes de avalúo de los hechos probados 45 y 46), dado que ello implicaría un doble pago, lo que resulta jurídicamente inviable, sobre todo por la manifestación del propio municipio de que la obra no es necesaria de demolerse, dado que no es incompatible con la limitación urbanística de la naciente que se discute en este proceso (hecho probado 29 de esta sentencia). Finalmente, el tema del reintegro por los servicios de agua potable, electricidad y mantenimiento del inmueble (parte de las pretensiones 5 y 7) resultan en igual sentido jurídicamente no viables por tres motivos, el primero de ellos, que se desarrollará a profundidad infra, es que el inmueble no fue vaciado de la posibilidad objetiva de aprovechamiento, por lo que resulta compatible con actividades no habitacionales donde el mantenimiento del inmueble, así como los servicios públicos de agua y eventualmente electricidad, pueden resultar de provecho al propietario; el segundo, es el hecho de que el mantenimiento del inmueble en verde o sin edificar, es una carga urbanística de todo propietario, al margen de que sea o no aprovechado por éste, como lo señala el referido art. 75 del Código Municipal, hoy art. 84, específicamente el inciso b) que señala que es una obligación del propietario “Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición”, por lo que el no desarrollar la vivienda que esperaban los accionantes, no es una justificación jurídicamente válida para desatender la obligación legal de darle mantenimiento al inmueble; y tercero, el hecho de que no existe ninguna obligación o conducta forzosa para que los actores mantengan activos los servicios públicos en general, ya que es una decisión propia de éstos, si conservan o no la continuidad del servicio. Por otra parte, la pretensión del reintegro de gastos de avalúo, contabilidad, legales y psicología (pretensión 5) resulta improcedente como indemnización a título de daño patrimonial, ya que son erogaciones para la preconstitución de prueba del presente proceso, es decir, se canalizarían a través de las costas y no como un daño material, por lo que resulta improcedente su incorporación de esa manera, y en cuanto a su valoración como costas, ha de atenerse a lo que dispone este fallo en considerando infra. Así las cosas, todas estas reclamaciones de orbe patrimonial han de rechazarse, sin necesidad de analizar el fondo del asunto, dada la manifiesta improcedencia de éstos, al margen de lo que se discutirá más adelante. X.2. Sobre los reproches por funcionamiento anormal. La reclamación “civil de hacienda” originada de actos administrativos formales que no se impugnaron: La parte actora engloba en tres aspectos puntuales el agravio de funcionamiento anormal, colocando como hito temporal el momento en que el accionante [Nombre 001] realiza la compra del inmueble. Refiere a tres supuestos “errores”, uno en el visado del SINAC sobre el fraccionamiento en 1997 de Quintas Veramont, el segundo, en el visto bueno del uso de suelo que dio el SINAC y el uso como tal municipal, y el tercero, el otorgamiento de dos permisos de construcción de aceras, cuneta y cerramiento frontal, afirmando que, la presencia de las nacientes (y su consecuente limitación sobre el inmueble) eran de fácil hallazgo, estaban en un estudio de la UCR y que el error es reconocido por el propio SINAC, lo que provocó una confianza legítima para construir la cual se vio posteriormente frustrada, originando los daños que reclama. En contraposición, los accionantes afirman que cada uno se limitó al ejercicio de sus competencias, aplicación del principio precautorio, tutela del ambiente y aplicación de las limitaciones que impone la normativa de la materia, sin que la parte impugne actos concretos o demuestre su ilegalidad, siendo que, en ninguno de los casos, formaron parte directa o indirectamente de la acción de compra del demandante [Nombre 001]. CRITERIO DEL TRIBUNAL: De previo al abordaje de fondo del agravio, es de extrema importancia zanjar una de las discusiones periféricas entre las partes de la litis pero que impactan directamente en el fondo del asunto. Los accionados señalan que la parte actora yerra en su acción al no impugnar concretamente acto administrativo alguno, aspecto refutado por la parte actora señalando que no es necesario dado que este es un caso puro civil de hacienda. Al respecto, lleva razón la parte actora en cuando a que, en procesos judiciales de responsabilidad, parte de los catalogados como civiles de hacienda, no es necesario la impugnación concreta de actuación administrativa alguna, no obstante, yerra en la consecuencia sobre la cual tal premisa supone. Tal y como se explicó supra en la introducción de este considerando, parte de los requisitos de la primera fase del análisis de responsabilidad está en la selección de un criterio de imputación, ello para poder configurar el requisito de la antijuridicidad tanto de la conducta como del resultado dañoso. Es justamente en ese punto que existe un riesgo de la parte que no impugna actos concretos en un proceso civil de hacienda, dado que, si el origen de la antijuridicidad es la irregularidad de una conducta administrativa, la única manera de considerar ésta como fuente generadora de responsabilidad es, justamente, cuestionando la conducta directamente (art. 200 de la LGAP). Lo que ocurre es que, amarrado a esta relación entre supresión del acto para generar responsabilidad civil de hacienda, están las reglas de temporalidad para gestionar la supresión (caducidad en los términos del art. 39 y 40 del CPCA), así como normas de acceso a la sede judicial como el agotamiento preceptivo en materia municipal. Aceptar lo contrario, implicará hacer nugatorio dichos controles de ejercicio de acción jurisdiccional, bajo le pretexto de que se busca solamente la responsabilidad civil de hacienda. Con ello, se genera una relación de presupuesto condicionante de la nulidad o supresión del acto al efecto condicionado de la creación de la obligación indemnizatoria. El no cumplimiento de esta situación impacta directamente en el análisis de responsabilidad, dado que, en caso de que una conducta que se reprocha lesiva devenga de un acto administrativo concreto y éste no es impugnado, la valoración resultante sería a que la afectación no resulta antijurídica dado que proviene de un acto administrativo en firme que no fue cuestionado en tiempo y forma. Razonamiento que resulta de gran relevancia en este asunto como se verá de seguido. En este caso, si bien existe la pretensión tercera que busca la declaratoria de un “error” en actuaciones de los demandados, lo cierto es que se trata de una pretensión genérica e indeterminada, dado que no se llega a precisar cuál de todas las actuaciones relevantes en autos imputa como “actuación errónea” (téngase en cuenta, por ejemplo que en los hechos probados de esta sentencia se contabilizando 29 actos en diferentes momentos de los accionados y para diferentes situaciones fácticas, sin contar con el acto de la Comisión Nacional de Emergencias y la Defensoría de los Habitantes que no forman parte de este asunto). En ese sentido, llevan razón representaciones como la del Estado de reclamar que se genera una imprecisión severa con la demanda al no tener claridad, para poderse defender, de qué pretenden los actores en específico que se declare como conducta irregular, para de ellos desprender un análisis de responsabilidad, forzando a los accionados a tener que suponer qué de todo lo actuado es cuestionado y a tener que realizar un descargo a base de suposiciones, provocando una inversión de carga que obliga a tener que demostrar que todo se hizo correctamente, provocando un claro desequilibrio entre las partes e infringiendo el deber contenido en el art. 36.c, 42.2.a, 42.2.b y 58.1 incisos b, c y d del CPCA, dando motivos suficientes para el rechazo de la pretensión tal y como fue formulada. No obstante, aplicando el principio pro actione, y considerando lo que el representante de la parte actora manifestó en su discurso de apertura y conclusiones el día del juicio oral y público, así como en su teoría del caso, el Tribunal valora los supuestos “errores” señalados por la parte en el visado de Quintas Veramont, el visto bueno del SINAC y uso de suelo municipal, además de los dos permisos de construcción, descartando la presencia de una anormalidad administrativa genérica, que impacte el acto de compra del demandante [Nombre 001]. Para que la tesis del actor fuese plausible, y haciendo una utilización de un análisis ecléctico del agravio, se tenía que contar con elementos de convicción que acreditase que, pese a que la existencia de las nacientes y quebradas son declaradas por la Dirección de Aguas en el año 2019, las autoridades accionadas debieron de alguna manera conocer que la naciente existía, y de ahí el supuesto “error” en otorgar visto bueno, uso de suelo y permisos de construcción para dar una “confianza legítima”. Las accionantes buscan que esa convicción provenga de que las nacientes eran de “fácil hallazgo” y que estaban señaladas en el estudio de la UCR del 2014, aspectos con los cuales no coincide el Tribunal, al tenor de los propios hechos y argumentos de la parte actora. Por un lado, encontramos que la apreciación de que las nacientes eran de “fácil hallazgo” carece de respaldo probatorio, es más, podemos observar de los hechos probados que el propio actor [Nombre 001] presentó su posición técnica de que los cuerpos de agua presentes en el sitio no eran nacientes (hechos probados 19, 20 y 26) e incluso la necesidad de múltiples estudios técnicos para mapear todos los cuerpos de agua en la zona (véase por ejemplo el estudio DA-UHTPCOSJ-2450-2019 en hecho probado 31). Por otro lado, tal y como las autoridades de la Dirección de Agua señalaron en su momento, el estudio de la UCR de 2014 no inventarió cuerpos de agua, sino que realizó un estudio general sobre la zona protectora La Carpintera, del cual se recopila información sobre las características de la zona desde la perspectiva litográfica e hidrogeológica (hecho probado 19). Consecuentemente, no se tiene por acreditado que alguno de los accionados conociera previo al 2019, de la existencia de los cuerpos de agua que generasen limitaciones urbanísticas al predio en litigio. De ahí, que las referidas actuaciones administrativas se emitieron con la información vigente en ese momento, siendo ajustada a derecho. Así las cosas, se descarta en su totalidad el agravio planteado por la parte actora. En otro vértice argumentativo, el supuesto error en el visado de “Quintas Veramont”, tampoco aporta fundamentos para hacer asequible la posición demandante, por cuanto no sólo no se está solicitando la revisión de dicho acto, sino que, en el contexto en cómo se emite esta información, no se extrae la conclusión a la que llegan los actores. Con la alta posibilidad de ser calificado de comentario subjetivo del redactor del oficio OC-116-2013 (hecho probado 1), lo cierto es que tal calificación nunca llega generar un resultado o consecuencia de ninguna naturaleza respecto de la finca objeto de litigio. De los autos se desprende que dicho oficio, contrario a lo que deriva la parte demandante, lo que hace es reconocer una consolidación urbanística del proyecto, dado que se limita a referirse a la posibilidad de ampliación vial en la zona de protección, acto que es después reiterado y complementado por la posibilidad de realizar aceras en el año 2014 ante una consulta municipal, recordando siempre que ha de respetarse el Plan de Manejo de la zona de 2012 y las limitaciones a aplicar sobre los fundos existentes en el lugar (hecho probado 2). Esta consolidación se llega a dar no sólo por la inscripción de la matrícula inmobiliaria que se mantiene hasta el día de hoy, la emisión del visto bueno de uso de suelo en diciembre de 2014 (hecho probado 3) y el uso de suelo municipal en diciembre de 2015 (hecho probado 4), lo cual se materializó en los permisos de construcción PC 022-2016 y PC 578-2016 (hechos probados 6 y 7). La causa eficiente de la imposibilidad de construcción de vivienda unifamiliar no provino del visado de 1997 del proyecto Quintas Veramont o de los actos referidos, sino de la existencia de las nacientes identificadas en el año 2019, careciendo de vinculación ambas conductas. De hecho, ha de recalcarse que el municipio no tramitó dichos visados bajo la figura jurídica de urbanización en los términos de la Ley de Planificación Urbana y el otrora reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, hoy derogado, sino bajo la figura de un fraccionamiento frente a vía pública, actos administrativos que, en este proceso, no están siendo cuestionados o impugnados de ninguna manera. Así las cosas, este reproche también debe ser rechazado. Finalmente, hemos de abordar a si estas actuaciones confeccionan o no, un elemento determinante o esencial en la acción de compra, que la parte señala como originadora de una confianza legítima y, por ende, de un vicio de consentimiento al momento de adquirir onerosamente el bien. A ello, de primero habría que descartar directamente la responsabilidad del INVU, así como el Estado bajo representación del actuar de la Dirección de Aguas, dado que ninguno de ellos tuvo presencia en eventos antes o al momento de adquirir el inmueble en el año 2015, resultando en una evidente falta de legitimación ad causam pasiva. Ahora bien y entrando de manera puntual al agravio, el Tribunal considera que la parte actora omite en señalar cuál es el fundamento para que todos los demandados sean considerados como participantes necesarios de su acción de compra, específicamente, en la forma en cómo se genera su voluntad de comprador (criterio de imputación) para señalar que de manera directa, la conducta administrativa vicie el consentimiento, y se fracture la denominada confianza legítima. Nuestro ordenamiento jurídico tanto civil como comercial, no disponen de normas de orden público que fuercen a ninguno de los demandados a participar durante las tratativas precontractuales o contractuales de adquisición inmobiliaria, con lo que se acredita una falta de derecho en el agravio de los accionantes. Ni el INVU, el SINAC, el Estado o la Municipalidad forman parte del proceso de adquisición inmobiliario objeto de este proceso, sino que se trata de una acción eminentemente entre privados (hecho probado 5), donde no existe una garantía de parte de los entes accionados respecto del contenido de la adquisición del bien inmueble. De hecho, la Ley de Planificación Urbana dispone justamente lo contrario, al señalar el artículo 35: “Quien haya adquirido por compraventa u otro título oneroso una finca o un derecho real sobre un inmueble, y resulte perjudicado por la ineficacia dicha del acto adquisitivo, podrá demandar la rescisión de éste y la reparación civil consiguiente”, norma que fundamenta la acción de rescisión contractual por motivos de vicios ocultos urbanísticos. A ello, como es consecuente, la legitimación pasiva al ser de naturaleza contractual es oponible al vendedor, dada la relatividad convencional, y no sería oponible a los demandados que califican de penitus extranei, es decir, de ajenos a la relación contractual de adquisición inmobiliaria. En todo caso, como se expuso supra, no se determina la existencia de la irregularidad o “error” de los accionados, que fundamenten una infracción al principio de confianza legítima, por lo que el agravio ha de descartarse en su totalidad. Conforme queda acreditado en los autos, la identificación y registro de las nacientes y quebradas se da de manera sobrevenida al momento de la compra del inmueble en conflicto. Consecuencia de ello, es que no se acredita la base antijurídica necesaria para fundamentar la obligación indemnizatoria oponible a todos los demandados, por lo que las reclamaciones patrimoniales de ambos actores han de rechazarse, al no haberse acreditado el reproche de ninguno de los accionados. Con ello, han de negarse en su totalidad las pretensiones 1 y 3 a 8, ya que los daños y perjuicios reclamados no son imputables por falta de derecho a los demandados. X.3. Sobre los reproches por funcionamiento normal. No cumplimiento de requisitos para indemnización. Limitaciones no indemnizables de carácter ambiental. Inexistencia del “despojo” del valor de la propiedad: De manera subsidiaria, la parte actora considera que la limitación urbanística supone una pérdida de valor de su inmueble y una obligación de los demandados de indemnizar el valor de éste. En respuesta, los accionados consideran que no se cumplen los presupuestos del art. 194 LGAP para generar este tipo de responsabilidad y, en todo caso, no cubriría el supuesto de perjuicios. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Para el abordaje de este agravio es necesario tomar en consideración un antecedente relevante: la naturaleza del inmueble, dado que, parte del discurso utilizado en la teoría del caso de la acción gira en torno a referirlo como susceptible de edificación de una vivienda unifamiliar. Al respecto, es la frustración de dicho uso que la parte invoca con su agravio un “despojo” del valor de la propiedad y lo invertido en ella. Ahora bien, es claro que tal posición, parte de un análisis comparativo entre el uso esperado y el uso efectivo, en tanto la diferencia entre uno y otro produzca una disminución de “valor”. A ello, los demandantes parten de la idea de que la naturaleza del bien es un terreno “para construir” ya que así lo indica el Registro Inmobiliario, así como la escritura de compra, tesis que no es compartida por este Tribunal. Desde la perspectiva jurídica, con el advenimiento de las normas de carácter urbanístico, de uso de suelo y ambientales, las cuales dan origen en lo que se conoce en el derecho actual como normativa de ordenamiento territorial, el otrora contenido absoluto al que refiere el enunciado primero del art. 264 del Código Civil, con el emblemático artículo 505 que le otorgaba disponibilidad al propietario inmobiliario sobre la superficie, subsuelo y espacio aéreo fue radicalmente transformado a través de límites y limitaciones donde el dominio privativo se circunscribe a lo que las normas de orden público autorizan. Aspecto que, constitucionalmente, ampara el párrafo primero del art. 45 de la Carta Magna y la basta jurisprudencia de la Sala Constitucional que utiliza la expresión de función social de la propiedad. Ahora, en el caso concreto, el Tribunal determina que la naturaleza del inmueble objeto de litigio no es urbano, dado que se encuentra dentro de la denominada Zona Protectora Cerros de la Carpintera, creada por el decreto 6112-A publicado en la Gaceta 136 del 17 de julio de 1976. Zona que, a partir del año 2007, es incorporada como Zona Especial de Protección Forestal en el Reglamento de Zonificación de Uso de Suelo parte del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados, publicado en la Gaceta 243 y vigente desde el 18 de diciembre de 2007. Por su parte, por medio de la resolución R-SINAC-CONAC-09-2012 el Consejo del SINAC aprobó el Plan General de Manejo de la Zona Protectora dicho, publicado en la Gaceta 96 y vigente desde el 18 de mayo de 2012, mismo que, a posteriori es utilizado como insumo en el visto bueno del SINAC y el certificado de uso de suelo municipal (hechos probados 3 y 4). Como puede observarse, la finca Partido de San José bajo la identificación [Valor 002] nunca ha tenido la calificación de zona residencial o habitacional, como lo pretende hacer ver en su teoría del caso. Se insiste en que ello fue de conocimiento pleno del titular del inmueble al momento de adquirir el inmueble e incluso de manera previa. Ahora bien, determinada la naturaleza del inmueble, encontramos que el uso dominante o predominante lo define el señalado Plan de Manejo para el caso en comentario, encontrándose en la Zona de Uso Restringido subzonas 1 y 2 (hecho probado 3) de la siguiente manera: “ZUR… Se incluyen aquí aquellas áreas de bosque ya sea primario o secundario, en las que aplican las regulaciones que establecen los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo No. 34559-MINAE, las áreas de protección de nacientes y ríos de acuerdo a los Artículos 33 y 34 de la Ley Forestal y el Artículo 31 de la Ley de Aguas, y las zonas de recarga acuífera (Ley de Biodiversidad, articulo 114). Se incluyen además aquellas áreas vulnerables desde el punto de vista geológico (zonas de riesgo) más suelos clases VII y VIII (Ley de Suelos, Decreto Ejecutivo No 23214-MAG-MIRENEM). En el caso de las zonas de recarga acuífera (que son de prioridad para la protección absoluta) se incluirán en la Zona de Uso Restringido con limitantes al uso del suelo. Solo pasarán a protección absoluta en caso de que se expropien o compren a favor del Estado. La ZUR se divide en dos subzonas de acuerdo al uso actual del suelo y la legislación que aplica… En la Sub-Zona 1 se incluyen todas aquellas áreas de bosque primario o secundario, las áreas de protección de nacientes captadas (200 m de radio) y no captadas (100 m de radio), y de márgenes de ríos en terrenos planos (15 m a cada lado) y quebrados (50 m a cada lado), según lo que la Ley estipula para cada caso. Esta subzona se identifica como zona de recarga acuífera y suelos clases VII y VIII de capacidad de uso. Aquellas áreas comprendidas en esta subzona que se encuentren desprovistas de cobertura forestal deberán ser dedicadas a la recuperación o restauración del bosque. Se incluyen las áreas de alta vulnerabilidad a sismos que están cubiertas de bosques… Actividades permitidas… 1. La investigación y educación de manera controlada, de forma que no causen deterioro en la biodiversidad, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Biodiversidad (como permiso de investigación, colecta, otros). 2. La Recreación y el ecoturismo (canopy, senderismo, observación de aves, y similares), que se realicen en una intensidad que no conlleve al deterioro de la biodiversidad, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas. Estas actividades requieren de monitoreo periódico del impacto que estas pueden ejercer sobre la biodiversidad (por ejemplo, en ecosistemas y poblaciones de especies) y los recursos naturales. 3. El aprovechamiento maderable del bosque en propiedad privada, sólo si cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. Los planes de manejo requerirán cumplir con los requisitos de la Administración Forestal del Estado, de acuerdo con el artículo 20 de La Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo No. 34559-MINAE referente al Manejo Forestal Sostenible, y deben contar con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) (Reglamento sobre procedimientos de la SETENA No 25705-MINAE). 4. La reforestación con especies nativas y pioneras para recuperar la cobertura boscosa con fines de conservación. Construcciones e infraestructura. 5. Una vivienda por finca para el uso del propietario o los propietarios y otras construcciones necesarias para el uso o servicio de la finca (Artículo 19 de la Ley Forestal, Decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 6. Construcciones no permanentes vinculadas a actividades de recreación o ecoturismo en fincas de dominio privado no menores a cinco hectáreas. 7. El desarrollo de infraestructura de servicios básicos (sanitarios, tomas de agua) para la atención del turismo, siempre que cuenten con una evaluación técnica del terreno y de su impacto ambiental. Los servicios básicos, en especial servicios sanitarios, deben estar ubicados de tal forma que no representen un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, ni de los suelos, y deben de contar con sistemas de tratamientos de las aguas negras o servidas y un plan de manejo de los residuos sólidos previo aval del Ministerio de salud. Estos servicios deben de contar con un plan de monitoreo de su funcionamiento. 8. Los generadores de residuos de cualquier tipo y los gestores tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. 9. Uso de sistemas de tratamientos, individuales o colectivos, para las aguas negras o servidas que sean ambientalmente amigables, por ejemplo sistemas de tratamiento tipo FAFA, biodepuradores (separación de sólidos y líquidos) y similares que prevengan la contaminación de las aguas subterráneas, superficiales y del suelo. En algunos casos de uso doméstico se podrá considerar la utilización de tanques sépticos no convencionales, llevando a cabo prácticas amigables con el ambiente para el buen funcionamiento de este sistema, garantizando así una vida útil larga, tales como el empleo de microorganismos eficientes, sustancias de limpieza ambientalmente amigables u orgánicas (no utilizar sustancias químicas como cloro, detergentes y desinfectantes). Los tanques modernos disponibles en el país contemplan el uso de filtros. Los sistemas de tratamiento de las aguas negras o servidas deben contar con una evaluación técnica del terreno para su ubicación y permiso de funcionamiento dado por el Ministerio de Salud. El diseño debe superar las limitantes técnicas, de forma que la infraestructura no represente un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, y de los suelos. También tienen competencia en el tema otras instancias como: A y A, SENARA y las municipalidades. 10. Mantenimiento de los caminos existentes, sin que esto conlleve a la ampliación de dichos caminos. Los desechos provenientes del mantenimiento no deben ser dejados dentro de la ZPCC”. Por su parte las ZUR Subzona 2 la define como “…aquellas áreas en donde aplican regulaciones por Ley, pero que actualmente se encuentran desprovistas de bosque. Estas áreas se consideran dentro de la ZUR por ser identificadas como zonas de recarga acuífera y por la predominancia de relieves de altos a muy pronunciados, encontrándose en las categorías VII y VIII de capacidad de uso, correspondientes a terrenos de aptitud forestal y a zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica respectivamente… Actividades permitidas. 1. A corto plazo se mantienen los usos del suelo actuales, pero debido a su importancia como zona de recarga acuífera, la capacidad del uso del suelo (VII y VIII) y la alta vulnerabilidad a procesos de erosión severa, se debe promover en el mediano plazo la transición hacia mejores prácticas productivas (ambientalmente amigables) que coadyuven a la conservación de la biodiversidad, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas. 2. La agricultura ecológica diversificada para autoconsumo en áreas pequeñas dentro de la finca que se identifiquen aptos para esta práctica y no comprometan la conservación de los suelos y las aguas. 3. Los cultivos permanentes de frutales y café, combinados con prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas superficiales y subterráneas. 4. La investigación y educación de manera controlada, de forma que no causen deterioro en la biodiversidad, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Biodiversidad (como permiso de investigación, colecta, otros). 5. La Recreación y el ecoturismo (canopy, senderismo, observación de aves, y similares), que se realicen en una intensidad que no conlleve al deterioro de la biodiversidad, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas. Estas actividades requieren de monitoreo periódico del impacto que estas pueden ejercer sobre la biodiversidad (por ejemplo, en ecosistemas y poblaciones de especies) y los recursos naturales. 6. La reforestación con especies nativas y pioneras para recuperar la cobertura boscosa con fines de conservación. 7. Plantaciones forestales con fines comerciales y su aprovechamiento en terrenos no quebrados, con pendientes menores al 40%, previa evaluación de impacto ambiental y con intensivas prácticas de conservación de suelos y aguas. 8. El aprovechamiento maderable del bosque en propiedad privada, sólo si cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. Los planes de manejo requerirán cumplir con los requisitos de la Administración Forestal del Estado, de acuerdo con el artículo 20 de La Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo No. 34559-MINAE referente al Manejo Forestal Sostenible, y deben contar con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) (Reglamento sobre procedimientos de la SETENA No 25705-MINAE). Este punto se considera para las áreas que se destinen a la recuperación del bosque, que en el futuro puedan ser de interés para la producción de madera. Construcciones e infraestructura. 1. Una vivienda por finca para el uso del propietario o los propietarios y otras construcciones necesarias para el uso o servicio de la finca (Decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 2. Construcciones relacionadas con la actividad agrícola local (Decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 3. Construcciones no permanentes vinculadas a actividades de recreación o ecoturismo en fincas de dominio privado no menores a cinco hectáreas. Construcciones permanentes podrán considerarse si se justifica su importancia para la actividad y previa evaluación del impacto ambiental, permitiéndose solamente si el diseño supera las limitantes técnicas del terreno, que no conlleve a la contaminación visual ni al deterioro del paisaje y no consideré la tala de árboles. 4. El desarrollo de infraestructura de servicios básicos (sanitarios, tomas de agua) para la atención del turismo, siempre que cuenten con una evaluación técnica del terreno y de su impacto ambiental. Los servicios básicos, en especial servicios sanitarios, deben estar ubicados de tal forma que no representen un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, ni de los suelos, y deben de contar con sistemas de tratamientos de las aguas negras o servidas y un plan de manejo de los residuos sólidos. Estos servicios deben de contar con un plan de monitoreo de su funcionamiento. 5. Los generadores de residuos de cualquier tipo y los gestores tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. 6. Uso de sistemas de tratamientos, individuales o colectivos, para las aguas negras o servidas que sean ambientalmente amigables, por ejemplo sistemas de tratamiento tipo FAFA, biodepuradores (separación de sólidos y líquidos) y similares que prevengan la contaminación de las aguas subterráneas superficiales y del suelo. En algunos casos de uso doméstico se podrá considerar la utilización de tanques sépticos no convencionales, llevando a cabo prácticas amigables con el ambiente para el buen funcionamiento de este sistema, garantizando así una vida útil larga, tales como el empleo de microorganismos eficientes, sustancias de limpieza ambientalmente amigables u orgánicas (no utilizar sustancias químicas como cloro, detergentes y desinfectantes). Los tanques modernos disponibles en el país contemplan el uso de filtros. Los sistemas de tratamiento de las aguas negras o servidas deben contar con una evaluación técnica del terreno para su ubicación y permiso de funcionamiento dado por el Ministerio de Salud. El diseño debe superar las limitantes técnicas, de forma que la infraestructura no represente un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, y de los suelos. 7. Mantenimiento de los caminos existentes, sin que esto conlleve a la ampliación de dichos caminos. Los desechos provenientes del mantenimiento no deben ser dejados dentro de la ZPCC”. Por su parte, el referido Plan de Ordenamiento Territorial de Desamparados señala como construcciones posibles en la Zona especial de Protección Forestal “a. Una vivienda por finca para uso del propietario o de los propietarios y otras construcciones necesarias para el uso o servicios de las fincas existentes. b. Relacionadas con la actividad agrícola local. c. Para clubes campestres en terrenos no menores a 5 hectáreas y con la cobertura de edificación no mayor del 10%” (art. 147 del reglamento de zonificación). Así, con la normativa citada podemos concluir que el fin dominante refiere a actividades diferentes a la residencial, empero, de manera accesoria es permitido la construcción de una vivienda para uso del propietario. Con ello, el Tribunal se separa de los peritajes de avalúo inmobiliario, tanto de la perita privada Arias Retana, como del perito judicial González Portuguez para determinar un valor del inmueble dado que se partió de la idea de que se trataba de un fundo residencial con fines constructivos, lo cual, como se ha expuesto, no es el caso del inmueble en litigio. Por otra parte, ha de considerarse también que la naturaleza señalada se ha mantenido en el tiempo, ya sea desde la creación de la zona de protección, el plan de ordenamiento territorial o el plan general de manejo, es consistente de esta condición, siendo extraordinariamente evidente el hecho de que la zona es altamente propensa de tener cuerpos de agua susceptibles de protección, al grado de ser incorporado en la propia definición de la zona. De ahí que el Tribunal rechace de manera categórica la afirmación que realiza la parte actora de que, en este caso, haya sido un evento imprevisto o sorpresa, la aparición de nacientes no registradas posterior a la compra del inmueble. Ello nos lleva a considerar dos aspectos, el primero, que ello era un riesgo conocido y aceptado por el actor [Nombre 001] al momento de la adquisición de su vivienda, lo que genera un severo componente de autopuesta en riesgo y aquiescencia de las condiciones de adquisición; mientras que de segundo tenemos de que estas condiciones que definen el contenido material y efectivo de dominio inmobiliario del actor [Nombre 001] trata no de una condición originaria (que ocurrió al promotor de la acción), sino derivada, que ya existía en el inmueble, siendo posible aplicar el principio latino “Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” ("nadie puede transferir a otro más derecho que el que él mismo tenga" Ulpiano: Digesto 50,17,54), teniendo que soportar el riesgo, los límites y limitaciones que el inmueble poseía al momento de su adquisición. Límites y limitaciones que, dicho sea de paso, no son indemnizables tal y como lo desarrolló este Tribunal en la Sentencia 2024003530 de las 16:03 hrs del 3 de junio de 2024, que al respecto señaló “… En relación con los límites, limitaciones y cargas a la propiedad, los numerales 383 y 384 del Código Civil rezan: “Artículo 383. La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley le impone en favor de los predios vecinos, o por motivo de pública utilidad. Artículo 384. Las obligaciones a causa de utilidad pública se rigen por los reglamentos especiales. También se rigen por leyes especiales las que se refieren al ramo de aguas, aunque se establezcan en interés o beneficio directo de particular”. (El resaltado no corresponde del original). Dentro de las límites, limitaciones o cargas que constitucionalmente son procedentes, son aquellas derivadas del régimen ambiental, como el caso de mérito. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido que existe un régimen de límites y/o limitaciones que, en el tanto no vacíe del contenido del derecho de propiedad, ni que sean desproporcionados o proporcionados no requiere de ser indemnizado, posición que es compartida por esta Cámara de Juzgadores. Ahora bien, al realizar un examen de los argumentos que esgrimen las partes accionantes como fundamento de su reclamo indemnizatorio, y sobre la cual existe controversia entre éstas y la representación del Estado, es respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de las limitaciones ambientales que pesan sobre los bienes inmuebles objeto de la presente causa. Derivando de esta no razonabilidad o desproporcionalidad la parte accionante una responsabilidad del Estado Legislador, que fundamenta su pretensión de que se realicen las diligencias de expropiación, por considerar que se vacía su derecho de propiedad. De forma tal que, esta Cámara de Juzgadores advierte que no existe controversia respecto a que, en la especie las propiedades de los accionantes se encuentran bajo una limitación de carácter ambiental (Ver Hechos Probados N° 10, 12 y 13), sino la divergencia radica en los efectos que éstas tienen sobre el contenido del derecho fundamental de la propiedad privada. En este sentido para este Órgano Jurisdiccional estas limitaciones de orden ambiental deben analizarse desde la función social de la propiedad, y a partir de ahí determinar si lleva razón los actores sobre los extremos pretendidos. Sobre la función social de la propiedad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado de forma extensa este tema, destacando para los fines de dilucidar el caso de mérito, que se deriva del párrafo segundo del numeral 45 de la Norma Fundamental, la posibilidad del legislador por mayoría calificada, de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, como una manera de sopesar la ideología liberal, que proponía la amplia libertad de la iniciativa privada y limitando la acción pública a promover ese espectro de libertad dentro del cual, la propiedad privada tenía un fin exclusivamente visto desde o en favor a su propietario. Tesis que fue dando espacio a teorías más enfocadas en velar por los intereses colectivos, por lo que, los constituyentes valoraron que: “La propiedad es una institución jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica y que evoluciona inexorablemente como las necesidades económicas mismas. Ahora bien, en nuestras sociedades modernas, la necesidad económica a la cual ha venido a responder la propiedad se transforma profundamente: por consiguiente, la propiedad, como institución jurídica, debe transformarse también. La evolución del concepto de la propiedad está determinada también por una interdependencia cada vez más estrecha de los diferentes elementos sociales. De ahí que la propiedad, por decirlo así, se socialice. Esto no significa que llegue a ser colectiva, en el sentido de las doctrinas colectivistas, pero significaba dos cosas: primeramente, que la propiedad individual deja de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social; y, en segundo lugar, que los casos de afectación de riqueza a las colectividades que jurídicamente deben ser protegidas, son cada día más numerosas ...’ (Comentarios del diputado Volio Sancho. Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Tomo I. página 505)”. (Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2007-006581 de las 15:39 horas de fecha 15 de mayo de 2007). De esta manera, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido que esa función social aunque no expresamente estatuida en el numeral 45 constitucional se infiere dicho precepto, determinando que los constituyentes reconocieron que esta función social reviste un carácter universal que se sustenta como parte de la misma existencia de la colectividad, donde se erige “(…) ‘Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables’ (sentencia número 04205-96, supra citada)”. (Ver Resolución N° 2005-004926 de las 11:59 horas del 29 de abril de 2005 de la Sala Constitucional). De suerte que, para este Órgano Jurisdiccional al momento de analizar la razonabilidad o proporcionalidad de una limitación de carácter ambiental, conlleva a realizar una ponderación entre los principios de respecto de la propiedad privada y el interés público o colectivo, que se derivan de los preceptos constitucionales 45 párrafos primero y segundo, 46 y 50. En donde a criterio de esta Cámara de Juzgadores, ante un presunto conflicto entre las dimensiones o alcances del derecho a la propiedad privada individual, debe ceder hacia la búsqueda del interés de la colectividad, lo que, se traduce en la procura y protección ambiental, no solo del entorno meramente natural, sino el urbano-ambiental. En otras palabras, este Tribunal es del criterio, que el marco constitucional vigente en Costa Rica se le ha brindado un mayor peso a la protección del ambiente respecto a la propiedad privada, tomando en consideración que, del derecho fundamental al ambiente sostenible se derivan los derechos fundamentales de la vida y la salud de las personas (incluso las generaciones futuras), y como parte de éste se ha reconocido el derecho al acceso al agua y todos los regímenes de protección de este recurso hídrico. (Sobre el derecho al acceso al agua ver entre otras, las resoluciones N° 2004-12263 de las 14:49 horas de fecha 29 de octubre de 2004 y N° 2011-6949 de las 12:55 horas de fecha 27 de mayo de 2011 emitidas por la Sala Constitucional). En este caso, los accionantes parten de su teoría del caso en sostener que existe una limitación ambiental (interés colectivo) desproporcionada que vacía su derecho de propiedad (interés individual) y que por ende constituye una expropiación de hecho, de donde surge una responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, lo cual se adelanta, no es compartido por esta Cámara Colectiva, conforme a lo que se desarrollará en las siguientes líneas… como se apuntó existe un error de equiparar la imposibilidad de construcción de una vivienda del aprovechamiento como tal de un inmueble, el cual no se agota en la construcción de una vivienda, sino que existen diferentes destinos o provechos que se pueden ejercer como propietario. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “aprovechar” se define como “Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento. Aprovechar la tela, el tiempo, la ocasión”. (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Edición 2023 consultada en: https://dle.rae.es/aprovechar). Por lo que, ese aprovechamiento debe analizarse respecto a todos los derechos que surgen del ser titular de un bien, y como se citó, dentro del ámbito de los diferentes tipos de propiedad que existen, y los destinos de los bienes que están al servicio del ser humano. Al respecto, precisamente el Tribunal Constitucional se ha desarrollado el tema de las diferentes vocaciones de las propiedades, es decir, los destinos y diferentes aprovechamientos de los inmuebles dentro del concepto de la función social, especialmente la ambiental, tema que reviste de interés nacional público, en el sentido de que, del numeral 50 Constitucional se logra derivar el derecho a la salud y a la vida, de forma tal que, la protección del ambiente y del agua, son vitales para lograr una coexistencia armónica de la humanidad. Así la Sala Constitucional en la Resolución N° 2007-006581-2007 de las 15:39 horas de fecha 15 de mayo de 2007 de forma abundante realizó un repaso sobre los diferentes tipos de interés social que son conformes al bloque de constitucional, y que están dejando de lado los accionantes... De esta manera, únicamente se estaría en el supuesto de vaciar el derecho de propiedad, cuando por la conducta del Estado (activa u omisiva) anula la posibilidad del ejercicio de todos y cada uno de las atribuciones o facultades enunciadas, lo cual tampoco ha sido probado por parte de los actores. Si bien, tiene una limitación ambiental y existen cierto tipo de actividades que no pueden ejecutarse en dichos inmuebles, lo cierto del caso es que aún se mantienen las potestades para usufructuar por ejemplo a través de sembradíos, actividades agropecuarias, o comerciales que no conlleven la transformación completa o la edificación de obras permanentes sobre el inmueble, de suerte que, no se logra desprender de los autos que las limitaciones que están contenidas en los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal y 149 de la Ley de Aguas imposibiliten el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que están contenidos dentro del dominio absoluto del bien de su propiedad…”. Es este razonamiento el que aplica de manera idéntica al asunto en marras. Si bien producto de la existencia de una naciente (de varias de hecho), se genera una imposibilidad de construir una vivienda (uso accesorio, no dominante o principal), ello no implica que se haya demeritado la totalidad de usos principales y accesorios que han sido transcritos expresamente en este apartado y que se encuentran vigentes al momento de emitir este fallo y que constituyen el valor jurídico – económico del bien en litigio. Así, llevan razón los accionados al afirmar que resulta inaplicable para el caso en marras la obligación indemnizatoria por funcionamiento normal dado que, como se ha expuesto en detalle, no se acredita una lesión de especial intensidad, dado que se inhabilitó un uso accesorio y no principal del inmueble, y la afectación no se para un grupo limitado de sujetos, sino para todos los que se encuentran en la misma condición fáctica, resultando inaplicable el art. 194 de la LGAP, provocando en consecuencia el rechazo de las pretensiones 2° y 10°. X.4. Corolario. Sobre las pretensiones en concreto y la defensa de falta de derecho: Conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, los agravios generales de responsabilidad por funcionamiento anormal y normal han de rechazarse por una falta de derecho, acogiéndose así la defensa invocada por los demandados en ese sentido. Ante la ausencia de acreditación de los elementos esenciales para la generación de la obligación indemnizatoria (falta de antijuridicidad base y causalidad imputable a los demandados), han de rechazarse las pretensiones en su totalidad y declarar sin lugar la demanda.

XI.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado que motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, por lo que son las costas procesales y personales a cargo de ambas actoras. En ese mismo orden, por haber sido expresamente solicitado, se reconoce intereses legales desde la firmeza de la resolución que las fije y hasta su efectivo pago a favor del Estado y el SINAC.

 

POR TANTO

Se aprecia de oficio parcialmente una falta de legitimación activa respecto de las pretensiones cuarta, quinta, sexta, sétima, octava y décima, en lo referente a daños materiales y perjuicios asociados al inmueble respecto de la coactora [Nombre 002]. Se acoge la defensa de falta de derecho sobre todas las pretensiones. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda interpuesta por la SUCESIÓN DE [Nombre 001] y [Nombre 002], en contra de la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) y el ESTADO. Son ambas costas a cargo de la actora y a favor de todos los demandados. Por haber sido expresamente solicitado, sobre dichos rubro se reconocen intereses legales desde la firmeza de la resolución que las fije y hasta su efectivo pago a favor del Estado y el SINAC. Notifíquese.-

Carlos José Mejías Rodríguez

Claudia Bolaños Salazar    Laura Gómez Chacón

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-005426-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-03-2026 14:05:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Case Type: Ordinary Proceeding
Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Content Type: Majority Vote
Topics (descriptors): Expropriation
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Distinction between expropriation and limitations.
Topics (descriptors): Waters
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Topics (descriptors): Environmental water
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Topics (descriptors): Compensation for expropriation
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Distinction between expropriation and limitations.
Topics (descriptors): Limitations on property
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Distinction between expropriation and limitations.
Topics (descriptors): Compensation to the administered party
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Distinction between expropriation and limitations.
Topics (descriptors): Environment
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
Topics (descriptors): Protection of natural resources
Subtopics:
Limitations on property related to its social function are not compensable.
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Decision with protected data, in accordance with current regulations

Text of the decision

EXPEDIENT:

20-005426-1027-CA - 9

PROCEEDING:

ORDINARY

PLAINTIFF:

[Nombre 001]

DEFENDANT:

THE STATE

No. 2024009425

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. SUBSTANTIVE TEAM No. I, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and forty-eight minutes on the twelfth of December of two thousand twenty-four.-

Ordinary proceeding filed by the ESTATE OF [Nombre 001], who in life held identity card 1-12395-0948, and Mrs. [Nombre 002], holder of identity card number [Valor 001], private accountant and resident of Patarrá de Desamparados de San José, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, represented by Lic. Randall Escalante Gutiérrez, bar association number 11210, the NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM (INVU), represented by Lic. Marco Vinicio Arias Alfaro, bar association number N°20204, the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC), represented by Lic. Ari Morales Picado, bar association number N° 25565 and the STATE, represented by Procuradora Elizabeth Li Quirós, bar association number N° 5804. Lic. Juan Carlos Castro Loría, with professional license 4433, appears representing the plaintiff as special judicial attorney-in-fact.

WHEREAS

1.- This ordinary proceeding was initiated on December 15, 2020, and its claims, as transcribed below, were set forth in the preliminary hearing, requesting that it be declared: "1. That the actions of the Municipality of Desamparados, INVU, SINAC and the State induced the plaintiffs into error, leading them to acquire farm No. [Valor 002], Cadastral Plan SJ- 0432237-1997 and invest in their dwelling. 2. That, by not allowing them to build their dwelling there, as a result of Article 33 of the Forestry Law and its application by the defendants, the plaintiffs were deprived of the value of said property and their investment in it. 3. That the defendants, through their erroneous actions, with the cited norm 33 and its application to the plaintiffs, caused damages and losses that must be compensated to them. 4. That the defendants be ordered to pay the plaintiffs the sum of ₡49,936,552.00 for the cost of the cited property and its improvements, as material damage. 5. That the defendants be ordered to pay the plaintiffs the sum of ₡10,210,530.11, for expenses in water, electricity, engineering studies, meter, fiber optic, rent, maintenance of green areas, professional architectural services, appraisal, psychology, accounting and legal fees as material damage. 6. That the defendants be ordered to pay each of the plaintiffs three million colones as subjective moral damage and two million colones as psychological damage, for a total of ₡10,000,000.00. 7. That the defendants be ordered to pay the plaintiffs, as damages, the expenses they will incur as of November 1, 2020, in maintenance of green areas of the cited lot, rent of another dwelling, water and electricity, and which as of October 31, 2025, are estimated at the sum of ₡14,064,269.11. 8. That the defendants be ordered to pay indexation and legal interest on the cited sums until the date of effective payment. 9. That the defendants be ordered to pay the costs of this action, with legal interest from the finality of the judgment until its effective payment. 10. That once the plaintiffs are compensated, they will appear before the Notary of the State and transfer to it farm No. [Valor 002], to allocate it 100% as a protection zone for the unnamed discovered springs (nacientes)." (Images 20, 21 and 360 of the digital judicial file, as well as audio of the preliminary hearing in SIGAO).

2.- INVU answered the complaint negatively in a brief dated March 15, 2021, invoking the defenses of lack of right and lack of passive standing. (Images 39-50 of the digital judicial file).

3.- SINAC answered the complaint negatively in a letter dated March 18, 2021, raising the defense of lack of right, and requesting an award of costs. (Images 71-79 of the digital judicial file).

4.- The representation of the State answered the complaint negatively in a brief dated April 5, 2021, and raised the defenses of lack of right and lack of passive standing. Additionally, it requested an award of both costs, as well as their interest until effective payment. (See images 82-114 of the digital judicial file).

5.- For its part, the municipal representation answered negatively in a brief dated April 5, 2021, and raised the defenses of lack of right and lack of passive standing, requesting an award of costs. (Images 159-173 of the digital judicial file).

6.- The plaintiff replied without additional evidence in a brief dated April 22, 2021. (Images 194-196 of the digital judicial file).

7.- The preliminary hearing established in article 90 of the Contentious-Administrative Procedural Code was held on two occasions, on July 1, 2022, and October 6, 2022. In the latter, the claims were adjusted and confirmed, the disputed facts were set, and documentary, testimonial and judicial and private expert evidence was admitted. (Audios in SIGAO and minutes visible in images 269-270 and 359-363 of the digital judicial file).

8.- The plaintiff presented supplementary evidence in a brief dated August 9, 2022, with the parties being summoned in an interlocutory manner, with a pronouncement exclusively from INVU in a memorial dated August 22, 2022, and from the State in a letter dated August 23, 2022, solely opposing it. (Images 280-345, 348-349 and 355 of the digital judicial file).

9.- The oral and public trial was held on November 12 and 20, 2024, with the presence of all parties under the mixed virtual modality. The opening statement, the evidentiary hearing admitted in the preliminary hearing (with the withdrawal of the evidence offered by the Municipal Government), were carried out, and the conclusions were rendered orally. (Images 740-753 of the digital judicial file).

10.- On December 3, 2024, the plaintiff presented evidence for better resolution, which, after the respective hearing, was rejected by the State in a brief dated December 11, 2024, without a pronouncement from the other co-defendants. (Images 770-776 of the digital judicial file).

11.- In the proceedings before this Court, the legal formalities have been complied with and no nullities are observed that need to be remedied or that cause defenselessness. In accordance with the provisions of arts. 98, 100, 101, 104 to 111 of the CPCA, art. 60 subsections 1, 4 and 5, art. 79 subsections 4, 5, 6, art. 82 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction (Circular 001-08), arts. 7, 8 subsections b, c and d, arts. 12 subsections a, b, c and d, arts. 13, 14, 15, 16 and 17 of the General Law of Internal Control (No. 8292). And agreement 3° of minute No. 7 of the Ordinary Session of September 1, 2023, of the Commission of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, it is appropriate to declare this matter as VERY COMPLEX under the criteria of the quantity of technical expert and documentary evidence both admitted and for better provision.

This judgment is issued within the legal term, unanimously and after deliberation of the members of the Court, without observing any grounds capable of invalidating what has been acted upon. Judge Mejías Rodríguez writes, with the affirmative vote of Judges Bolaños Salazar and Gómez Chacón.

CONSIDERING

I.- ON THE SUPPLEMENTARY EVIDENCE OFFERED AND THE EVIDENCE FOR BETTER PROVISION: a) The plaintiff raises as supplementary evidence images 280-345 of the digital judicial file. The party states that said offering corresponds to supporting documents for the expertise conducted by María Balbina Chaves. At the hearing granted, INVU states that the evidence would add to the general negative position toward the plaintiff, while the State opposes it given that they should be documents that had to be attached to the expertise itself in accordance with art. 44.1 second paragraph of the CPC and not fall within the exceptions of art. 50 of the CPCA. CRITERION OF THE COURT: Before referring to the offering, it is necessary to bring up an element given in the preliminary hearing of October 6, 2022, specifically, the acceptance as evidence in the proceedings of the declaration of María Balbina Chaves Cordero, to refer to the "study prepared" (Image 362 of the judicial file). Now, although the case manager analyzed said evidence as part of a "testimonial" offering, from the content of said evidence, as well as its admission, it is clear to this Court that it was, in reality, a private expert report, and that its admissibility was, precisely, for the purpose of receiving the conventional expert in trial, in compliance with the formalities that apply in this matter to expert proceedings. Now, it was along those same lines that the declaration was received in the oral and public trial. Consequently, we find that, in this case, the documents are correctly classified as supplementary, fitting into paragraph 1 subsection c) of art. 50 of the CPCA, which expressly states: "1) After the complaint and the answer, no further documents shall be admitted, except: (...) c) Those that, not being the basis of the complaint, serve to counter exceptions of the defendant or constitute supplementary evidence." We must remember that this type of evidentiary elements do not provide new elements, but rather revolve around other elements of evidence, which, if admitted, can be integrated, updated, or detailed with this other evidence, regardless of the procedural moment in which it is incorporated. Thus, the State's representation is incorrect in asserting that there is no enabling norm to incorporate this evidence, given that these two premises are met: we find evidence previously admitted, it being a private expert report (see CD No. 5), and the evidence offered does not incorporate new elements but rather information that annexes the expertise detailing it (art. 44.3 second paragraph of the CPC of supplementary application pursuant to art. 220 of the CPCA), thus making it possible to have coherence between the evidence offered and that previously admitted; therefore, the supplementary evidence is admitted. Noting that INVU's opposition is a substantive grievance that will be considered later. b) In contrast, in the evidence for better resolution offered by the plaintiff in a brief dated December 3 of the current year, what is presented is a construction permit for a property that is not the object of this proceeding, which he obtained—as he asserts—through a request for information, to which the defendants object. Bearing in mind that this type of evidence is at the discretion of the Court and not to remedy omissions of the parties, the Chamber of Judges determines that the evidence offered is inconsequential. It must be taken into account that the regularity or irregularity of whether construction permits are granted in the area in no way affects or benefits the plaintiff, given that the specific conditions of the litigation do not encompass, in a general manner, the building possibility or impossibility of the surrounding properties so as to be incorporated as a compelling input into the merits of this matter; therefore, it is rejected.

II.- ON THE PROVEN FACTS: Of importance for the resolution of this matter, the following is considered duly accredited: 1) On February 9, 2013, through official communication OC-116-2013, SINAC, Cordillera Volcánica Central Conservation Area, Cartago Office, issued a pronouncement on a query from the residents of Quintas Veramont, regarding numeral 14 of the Human Settlement Zone (ZAH) Chapter of the General Management Plan of the Cerros de La Carpintera Protected Zone, on the occasion of a possible widening of existing roads, stating, in what is relevant, the following: "... indeed, the General Management Plan of the Cerros de La Carpintera Protected Zone permits the maintenance of existing roads, but not their widening. This is because the protected zone category meets a series of characteristics... and which coincide with the technical reality of the Cerros de La Carpintera Protected Zone... there are a series of regulations on land use to guarantee the integrity of the functions of the protected area. 2. In the case of the Quintas Veramont urban development, the State Forest Administration, particularly the User Service Office of the Ministry of Environment and Energy, authorized the approval of the plans in June 1997. Consequently, the subdivision (fraccionamiento) of the property, disrespecting Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, published in La Gaceta No. 95 of May 18, 1982. 3. Considering the error made by the User Service Office in 1997 and the report prepared by the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, which recommends the widening of the access road... it is recommended to comply with said provision... to avoid future conflicts of interest: - Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE remains in force and must be respected. – Based on the Decree cited in the previous point, the General Management Plan of the Cerros de la Carpintera Protected Zone does not permit the establishment of developments, housing estates or similar. This is because these types of activities would imply subdivisions (fraccionamientos) of the properties within the protected area. In the future, constructions to be established within the urban development must respect what is established for this purpose in the General Management Plan, as well as the rest of the regulations..." (Images 83-84 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf" in CD 5 folder "prueba 9"). 2) On October 11, 2013, SINAC, Cordillera Volcánica Central Conservation Area, Cartago Office, issued a pronouncement on the possibility of building sidewalks in the Quintas Veramont project, stating that it has no opposition. (Images 85-86 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf" in CD 5 folder "prueba 9"). 3) On December 12, 2014, through official communication OC-1122-2014, SINAC, Cordillera Volcánica Central Conservation Area, Cartago Office, issued a pronouncement regarding the compliant use of zoning for the construction of a dwelling on the lot of plaintiff [Nombre 001]. In said communication, it is stated that a field inspection was conducted (the previous day) and the following circumstances were determined: "... the following were assessed: geographical location, access, easements (servidumbres), protection areas for rivers, springs (nacientes), neighbors, existence of boundaries, slopes, nature of the land, among others...". They indicate that the farm is in the Cerros de La Carpintera Protected Zone (ZPCC) in a Restricted Use Zone (ZUR), Subzones 1 and 2, since one part has forest and another does not, and that the General Management Plan of the ZPCC (PGM ZPCC) applies. It is noted that any constructions must be in Subzone 2, an area free of forest; otherwise, it must be subject to the procedures and requirements of art. 19 of the Forest Law for tree cutting. Recreation or ecotourism activities are restricted. It is required that construction materials and design be environmentally friendly. For the management of black and gray water, non-conventional septic tanks must be used, with environmentally friendly practices, use of modern filters, without the use of chemical substances such as chlorine, detergents or disinfectants. The environmental feasibility of SETENA must be required. After inspection, it is determined that, according to the PGM ZPCC, construction is permitted with a footprint no larger than 150 m2, no more than two stories high, and connected by roads no wider than 3 meters, granting approval in these terms, and the construction permits must be requested from the competent authorities. (Images 8-10 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and file in the same CD folder "prueba 14"). 4) On June 30, 2015, the Municipality of Desamparados issued land-use (uso de suelo) authorization PPT-C.U.S-H390-2015, requested by plaintiff [Nombre 001] for a "single-family dwelling." It is stated that, according to the Zoning Map of the Zoning Regulation of the Territorial Management Plan published in La Gaceta 243 of December 18, 2007, the farm subject to this case is within the Special Forest Protection Zone (ZEPF), and is not compliant for segregation of lot, being subject to arts. 5 and 6 of the Regulation of the GAM Plan (Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE), and new developments, nor subdivisions (fraccionamientos) smaller than 5 hectares, are not possible, unless the property is subjected to a forest regime, applying the size defined by the MAG. The construction of the dwelling is subject to the General Management Plan of the Cerros La Carpintera Protected Zone, published in La Gaceta 96 of May 18, 2012, requiring approval from SINAC, Cordillera Volcánica Central Conservation Area, Cartago Office, governed by official communication OC-1122-2014 of December 12, 2014, from MINAE-SINAC-ACCVC, and to obtain the environmental feasibility from SETENA. (Images 5-6 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and file in the same CD folder "prueba 15"). 5) Plaintiff [Nombre 001] acquired for value the real estate registration number of the San José district under identification [Valor 002], cadastral plan [Valor 003], the property being registered in his name on November 5, 2015, which he obtained from Corporación California Pasadena SA. (CD 5, folder "prueba 1", fact not disputed). 6) Through proceeding PC 022-2016, the Municipality of Desamparados granted a construction permit to build sidewalks and curb and gutter on a public area adjacent to registration number [Valor 002], measuring 77.53 linear meters, for a value of ₡1,200,000, with the authorization being issued under number 01236-2016 on February 9, 2016. (File "001 8 H MD PC 022-2016.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and file in the same CD folder "prueba 16"). 7) Through proceeding PC 578-2016, the Municipality of Desamparados granted a construction permit to build a wall on registration number [Valor 002], measuring 77.53 linear meters and 1519.06 m2, for a value of ₡2,000,000, with the authorization being issued under number 15152-2016 on December 7, 2016. (File "002 8 H MD PC 578-2016.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and file in the same CD folder "prueba 17"). 8) On October 19, 2018, Mr. [Nombre 001] filed construction permit application 642-18 before the Municipality of Desamparados under proceeding 17602-2018 for the construction of a two-story dwelling of 146 m2, on the property subject to litigation, with a value of ₡46,060,000, a projected construction time of 6 months, with financing. Providing the land-use (uso de suelo) authorization PPT-C.U.S-H390-2015 and water availability from the ASADA dated October 4, 2018. (Images 2-6, 22 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and construction plans in folder "prueba 12"). 9) Through resolution R-CU-642-18 dated November 8, 2018, the Urban and Rural Control Unit of the Municipality of Desamparados rejected construction permit application 642-18 for the following non-compliances: lack of environmental feasibility from SETENA, need for a non-conventional septic tank (official communication OC-1122-2014 from SINAC), slope stability study and mitigation measures signed by a responsible professional, as the farm has a slope greater than 30%. (Image 72 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 10) On November 14, 2018, through proceeding 17449-2018, a construction permit for a patio enclosure was authorized. (Image 71 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 11) Through official communication SETENA-SG-0118-2019, dated January 23, 2019, it is stated that the project does not require environmental feasibility, applying resolutions 2373-2016 and 1909-2017, as it is classified as very low impact. (Images 79-82 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and file in the same CD folder "prueba 13"). 12) On February 4, 2019, plaintiff [Nombre 001] again filed a construction permit under proceeding 04382-2019, stating that he does not need environmental feasibility according to SETENA, adjusting the model to a non-conventional two-stage septic tank, and it is noted that the property already has slope stabilization via gabion (Images 75-89 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 13) On February 19, 2019, through resolution R-CU-642-18 A, the Urban and Rural Control Unit of the Municipality of Desamparados rejected construction permit application 642-18, stating that it must wait because the Municipality's Environmental Control and Surveillance Unit detected a possible unregistered spring (naciente), and a query was made to the Dirección de Aguas of MINAE. (Image 90 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 14) Through official communication OSC-122 dated February 20, 2019, the person in charge of Control and Protection of the Subregional Office of Cartago, Central Conservation Area, Cordillera Volcánica Central Biological Reserve of SINAC, informed the Municipality of Desamparados that a visit was made to "Quintas de Veramont," identifying two bodies of water, coordinating with the Dirección de Aguas of MINAE to determine if they are springs (nacientes) and if they have a protection area. It indicates that said bodies of water are "at the edge of a road and near a cement collection tank," warning that, if they are found to be protected, arts. 33 and 34 of Law 7575 would apply. (Image 93 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 15) On February 28, 2019, plaintiff [Nombre 001] filed a motion for revocation, appeal, and nullity against resolution R-CU-642-18 A. (Images 103-104 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 16) Through resolution UCU-REV-001-2019 dated March 11, 2019, the filed motion was rejected and resolution R-CU-642-18 A was confirmed, but it is clarified that it was a suspension of the proceeding until the issue of the protection areas was clarified, this being a "supervening situation," based on the precautionary principle. (Images 105-106 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 17) Through resolution MD-AM-36-19 of April 1, 2019, the appeal against resolution R-CU-642-18 A was rejected. (Images 110-115 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 18) Through official communication DT-CU-183-2019 dated April 2, 2019, the Urban and Rural Control Process rejected the petition of plaintiff [Nombre 001] to apply positive silence to construction permit PC 642-2018, filed the previous day. (Images 118-124 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 19) Through official communication DA-UHTPCOSJ-0724-2019 dated April 9, 2019, the Dirección de Aguas of MINAE responded to SINAC regarding the inspection of bodies of water in the area of the farm in question, an inspection conducted on March 11, 2019, and a second on April 4, 2019, which was carried out by an official of MINAE, one from SINAC, and co-plaintiff [Nombre 001]. Importantly, two unnamed springs (nacientes) were identified: No. 1 at coordinates LNCR latitude 206.500 / longitude 534.029 (CRTM05 Latitude 1091800 / longitude 497709); and No. 2 at coordinates LNCR latitude 206.443 / longitude 534.055 (CRTM05 latitude 1091857 / longitude 497682), both having continuous water flow. The study drew from the following inputs: the 2014 Hydrogeological study from the UCR on the La Carpintera protected zone, from which information was gathered on the characteristics of the area where the studied springs (nacientes) are located; as well as a study provided by Mr. [Nombre 001] from March 2019, extracting lithological and hydrogeological information, which share the same characteristics due to their proximity. The study used the "Technical guide for issuing expert reports on bodies of water" from said Dirección de Aguas. It is concluded that the water depth is less than 5 meters, thus it may be denominated a public domain spring (naciente). The reasons given in Mr. [Nombre 001]'s study, regarding a possible leakage from the ASADA's collection and pumping tank, as well as from wastewater production from the residential area, were ruled out as reasons for the outcrop (Images 127-136, 238-247 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8" and images 35-44 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf" in CD 5 folder "prueba 9" and images 117-124 of the digital judicial file). 20) On May 1, 2019, Mr. [Nombre 001] filed a motion for revocation, appeal, and nullity against study DA-UHTPCOSJ-0724-2019. (Images 152-161 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 21) Through official communication R-CU-842-18 B dated May 8, 2019, the plaintiff was informed by the Urban and Rural Control Unit of the Municipality that construction permit PC 642 2018 was definitively rejected because it is affected by the protection zone of the unnamed springs (nacientes) identified and registered by the Dirección de Aguas of MINAE. (Image 137 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 22) The plaintiff filed a motion for revocation, appeal, and nullity against resolution R-CU-842-18 B on May 10, 2019. (Images 147-148 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 23) Through resolution UCU REV 003-2019 dated May 15, 2019, the Urban and Rural Control Unit of the Municipality rejected the motion for revocation against act R-CU-842-18 B. (Images 162-164 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 24) Through resolution MD-AM-66-19 dated June 4, 2019, the Municipal Mayor's Office rejected the appeal against act R-CU-842-18 B. (Images 167-172 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" in CD 5 folder "prueba 8"). 25) On June 5, 2019, Mr. [Nombre 001] requested from SINAC, Central Conservation Area, Cartago Office, an inspection of the farm subject to the process, to endorse the construction of a dwelling applying arts. 19 of Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE and 34 of the Forest Law. (Images 4-7 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Nombre 001].pdf" in CD 5 folder "prueba 9"). 26) Through official communication DA-UHTPCOSJ-1277-2019 dated July 1, 2019, technical criterion DA-UHTPCOSJ-0724-2019 was expanded. It is insisted that the UCR study was used to obtain information on the hydrogeological characteristics of the area, a study that the UCR had conducted in 2013.

It states that SINAC official communication OC-1122-2014 does not detract from the technical study carried out by the Directorate given that it corresponds to a general assessment of the "General Management Plan for the Cerros de la Carpintera Protective Zone (Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de la Carpintera, PGM ZPCC)" that does not inhibit the Directorate's exercised authority to issue findings on bodies of water. It highlights that, in the historical photographic analysis, it is extracted that the area was formerly secondary forest cover (cobertura boscosa) (SNIT and Google Earth), reiterates the permanent nature of the springs (nacientes), clarifies that there are no prior records of the water outflows, with consultation of the SINIGIRJ technical maps of SENARA, as well as a search for prior findings or historical information on the site that could be used as input, and reiterates the rejection of the reasons cited by Mr. [Name 001] regarding the origin of the waters, reiterating that the fact that wastewater and rainwater contaminate the spring (naciente), does not imply that it is formed by them. (Images 249-259 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8" and file on the same CD folder "prueba 18"). 27) By means of official communication DA-UHTPCOSJ-1366-2019 dated July 8, 2019, the appeals filed before the Directorate of Water against the technical study DA-UHTPCOSJ-0724-2019 are rejected outright. (image 248 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8"). 28) On August 8, 2019, SINAC, through official communication SINAC-ACC-SIG-031-2019, documents the results of the inspection carried out on August 1 of that same year with the presence of officials from SINAC, the Directorate of Water, the Municipality, and the plaintiff herein. It is concluded that the alignment corresponds to the INVU, the technical opinion of the Directorate of Water is required, and that the protection of Art. 11 of Law 7788 and Art. 33 of Law 7575 must be provisionally applied. (Images 60-70 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Name 001].pdf" on CD 5 folder "prueba 9"). 29) By means of official communication DT-CU-579-2019 dated September 17, 2019, the Urban and Rural Control Process indicates to Mr. [Name 001] that there is no problem with the granting and execution of construction permit PC 028-2019 given that it is prior to the first notice of the existence of springs (nacientes), in addition to the fact that the work is not incompatible with Art. 33 of the Forest Law (Ley Forestal). (Image 76 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Name 001].pdf" on CD 5 folder "prueba 9"). 30) In the month of November 2019, without specifying an exact date, the National Emergency Commission (CNE) issues a technical assessment of the land CNE-UIAR-INF-1000-2019, noting as relevant that "On behalf of the CNE, it establishes that there is no type of impediment to the continuity of the processing before the other institutions," referring to Mr. [Name 001]'s project. (Images 146-149 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Name 001].pdf" on CD 5 folder "prueba 9" and file "00 Prueba 11.pdf" on the same CD folder "prueba 11"). 31) On November 12, 2019, official communication DA-UHTPCOSJ-2450-2019 is issued; a new technical opinion is issued as a result of a new inspection at the request of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) given on November 1, 2019, to reassess the unnamed spring (naciente) No. 2, observing variations in its dimensions, but its flow being maintained over time. Three unnamed outflows (3, 4, and 5) were found intermittently, flow tests were conducted with fluorescent markers, comparison with visits in March, April, August 1, and November 1, 2019. (Images 261-277 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8" and images 129-146 of the digital judicial file). 32) On December 5, 2019, official communication SINAC-ACC-PNE-182-2019 is issued, in which it summarizes the findings found after the visit to the area under litigation on August 1, 2019, jointly with the Directorate of Water. It concludes that it must adhere to what said Directorate provides, and apply the precautionary principle of Art. 33 of Law 7575 on the protection area of 100 meters around the springs (nacientes) referenced in the opinion of official communication DA-UHTPCOSJ-0724-2019. (Images 101-106 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Name 001].pdf" on CD 5 folder "prueba 9"). 33) Through a submission dated February 18, 2020, Mr. [Name 001] requests that SINAC maintain the approval for the construction of the single-family dwelling he intends on his property. (Images 133-138 of file "001. 9 H EXP-SINAC-ACC-D-004-2019-[Name 001].pdf" on CD 5 folder "prueba 9"). 34) By means of official communication MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 dated March 6, 2020, the Directorate of Water re-inspects on February 10, 2020, to issue findings on the bodies of water surrounding the property subject to litigation. Two permanent springs (nacientes), three intermittent springs (nacientes), and three streams (quebradas) are confirmed (Images 279-288 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8" and images 56-65 of the digital judicial file). 35) By means of official communication SINAC-ACC-0475-2020 dated March 27, 2020, the Regional Directorate of the Central Conservation Area of SINAC reiterates that, in addition to the technical studies of protected water sources MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 that include two springs (nacientes), two intermittent springs (nacientes), and three streams (quebradas), the property under discussion in this proceeding is located within the Protected Wild Area "Cerros de la Carpintera Protective Zone" created in 1976 by Decree 6112-A and its amendments (Decree 29278-MINAE of 2001). It notes that the alignment corresponds to the INVU. (Images 191-192 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8"). 36) On March 27, 2020, the Ombudsman's Office issues its opinion on the situation of Mr. [Name 001], through official communication 03683-2020-DHR, recommending that the competent institutions coordinate to analyze "possible solutions adjusted to the corresponding legal regulations" and to keep the complainant informed. (file "10 2020 mar 27 defensoria 03683-2020-DHR-GA-285570-2019-SI.pdf" on CD 5 folder "prueba 10"). 37) On August 12, 2020, Mr. [Name 001] requests before the INVU the Fluvial alignment for the property under litigation. (Images 52-55 of the digital judicial file). 38) On August 13, 2020, Juan Jorge Delgado Cervantes, an official of the Department of Urbanism, Oversight Unit, INVU, issues the fluvial channel or spring (naciente) alignment AL-00101-V, indicating a setback of 15 meters from the edge of the stream (quebrada) channels and 100 meters of horizontal radius for a permanent uncaptured spring (naciente) according to official communication MINAE DA-UHTPCOSJ-0512-2020 dated March 6, 2020. (File "001 H INVU AL-00101-V.pdf" on CD 5 folder "prueba 7"). 39) By means of official communication DU-UFIS-083-2020 dated September 2, 2020, the Oversight Unit and the Head of the Department of Urbanism of the INVU indicate to Mr. [Name 001] that alignment AL-00101-V does not include the demarcation of the protection zone, given that this is a municipal or MINAE competence, and that determining whether the property is totally or partially within said radius is the competence of those authorities. (File "002 H INVU DU-UFIS-083-2019 Unidad fiscalización aclaración al. fluvial AL-00101-V.pdf" on CD 5 folder "prueba 7" and images 68-69 of the digital judicial file). 40) By means of official communication DT-CU-391-2020 dated September 9, 2020, the Urban and Rural Control Process of the Municipality of Desamparados issues a graphic delimitation of the protection areas using as inputs the MINAE report DA-UHTPCOSJ-0512-2020 dated March 6, 2020. (Images 357-358 of file "003 8 H MD PC 642-2018.pdf" on CD 5 folder "prueba 8" and file "004 8 H DT-CU-391-2018.pdf" on CD 5 folder). 41) In the oral and public trial, the testimony of Luis Rodolfo Gabelman Serrano was received: Certified Public Accountant (CPA) since 1985, business administrator since 1985, work like this since 1986 as an expert witness for the Judicial Branch. The documentation used was that incorporated into the case file; he only additionally requested proof of disbursements and investments in the property, pursuant to Article 44.3 of the Civil Procedure Code (CPC). He explains that the object of study was the review of a report made by a professional that included the disbursements for a housing matter; it was reviewed and the external opinion was issued, detailing the disbursements, expenses, and investments for each of the supporting documents incorporated into the file in detail in the annex of the expert report (pages 4-6), as for the numbering, the date, and the amount were verified. In conclusions, he agrees with a certain limitation that the same report indicates regarding the linking of those disbursements with the normal process of building a dwelling house as was the plaintiffs' project, determining amounts similar to the other professional's report for the period 2016-2020, except for some amounts he excluded for lack of reasonableness, but in general, the figures were similar; nothing is qualified regarding the propriety or not of the disbursement. In questions from the plaintiff party, he clarifies that he made a field visit, he was attended to by the female plaintiff at the property, it was not built up, it was in grass with some constructions (walls, fences), it is on page 2. He clarifies that the amount is what he verifies, not if the amount "is correct or not," for example, the documents say the wall is worth 3 million, and the amounts are verified, but not if these are "correct or not." On page 2, he rejects some expenses for formalities, but they have "alternative supporting documents" for the classification of expenses, such as "receipts and sworn statements." (Audio and video in SIGAO, expert report at images 471-476 of the digital judicial file). 42) Subsequently, the testimony of María Chaves Cordero was received, an accountant since 2001, a private accountant since 1985. She has carried out a similar expert report in labor matters. She explains that she was hired by the plaintiff to certify expenses incurred on a property they had acquired to build a home. The work was considered simple, given that the plaintiffs were very organized and specific regarding the expenses being certified: water consumption, electricity, attorney, architect services, maintenance of facilities, rent they had paid near the acquired lot, all against supporting documents provided by them. It was basically compilation, addition, and relevance of the expense. She explains that they had incurred a specific amount from 2015-2020. In questions from the plaintiff party, she clarifies that it was from August 2015 to October 2020. She notes that the invoices were issued for the construction on the female plaintiff's project, specifically its location, to link them with the project, the same as the sworn statements and the expenses related to the process they were initiating. She used the 2015 CPA circular with quality standards for that type of work. The inputs complied with the formalities of the Tax Code; she clarifies that there was no "fiscal law" (ley fiscal), so they have documents before and after the reform, as is the case of the "rent" which previously were informal and then with invoices, but which were backed by the contract. The same applies to the architect's sworn statements, given that there was no need for invoices as later, but it was associated with a CFIA permit, which identified that it was from that place, as well as the sworn statement of Don Alcides, an informal worker, who performed maintenance on the site, as observed on the site; that is why it is concluded that the expenses are linked. After the reform, we already find invoices with the requirements of the Tax Code. (Audio and video in SIGAO and expert report on CD 5 folder "prueba 4", as well as supplementary evidence at images 280-345 of the digital judicial file). 43) Next, the testimony of Liz Mar García Trejos was received, a psychologist since 2016, with a master's degree in legal psychology in 2015, with many works like this one, without specifying how many. She explains that, by November 2020, she carried out 2 expert reports to determine if there was damage on the part of the female plaintiff and her husband. Forensic psychological evaluations were conducted to identify damage; the evaluations were done virtually, specifying that the methodology describes the tests that were performed: an interview and the PAI personality traits test and the symptom severity scale for trauma, for indicators of post-traumatic stress and to what degree; it is the forensic version. In the case of the female plaintiff's husband, she states that there were no documented prior pathologies; an adjustment disorder was diagnosed, which is an alteration in the way of coping with a traumatic event that differentiates them from other people with the same event, being that what other people suffer is surpassed, it takes them more time to overcome the traumatic events. It is the stage prior to post-traumatic stress. In the case of the female plaintiff, it is ruled out that there were prior pathologies or circumstances that affected her capacity to act, identifying a depressive disorder between mild and moderate. She specifies that the event is what the interviewees indicate as such, and it is the refusal to be able to build their house. In questions from the plaintiff party, she explains that they came like any client; the sessions were virtual given that it was done during the pandemic. The classifications are the result of the tests applied for both cases; she rejects that they are subjective assessments. The recommendation given is general: that an intervention is recommended, which is different from therapy, since the latter aims at therapeutic improvement over time, whereas an intervention is an assessment of a person's current state to decide what to do at that moment, recommending a psychiatric intervention for the decedent's case, in search of suitable treatment and, if medication is required, resorting to the intervention of a psychiatrist. The event will vary depending on the person; it is not about the denial of permits, but rather a frustration of the life project. She recognizes that processes are tiring and tedious, but this type of project and the importance given to it is what matters, being for this case that the male plaintiff's way of validating his identity as a person and provider for his home. The risks if the male plaintiff's disorder was not treated have implications at the level of ability and concentrating on an activity, his capacity for enjoyment, and the most complicated part is that if it is not worked on, be it in therapy or interventions, it can trigger post-traumatic stress and a personality disorder, given that it is something where the severity of the sequelae increases. Given the recurrent re-experiencing of the events that occur, in this case, of his own feelings, as well as the notable difficulty in taking on daily tasks, in coexisting, relating to others. She clarifies that the adjustment disorder is, in itself, chronic, since it will not be resolved without intervention, it does not disappear on its own over time. Regarding interpersonal relationships, it was something present in both. For Mr. Solís, the issue of the house was a reaffirmation of his identity; he was destined to give security to his family, it had to do with success and progress (parents and siblings); the lack of a near-term solution led him to distance himself from his family group, the same as for the female plaintiff. Similarly, in work scenarios, since more time and energy are needed to do the same tasks. The causality with suicide is not something she is in a position to determine, and she clarifies that she is not a specialist in suicide, but at least, in the literature, the presence of a crisis is recurrent, which alters one's capacity to identify the consequences of their acts; they are not planned events, nor is analyzing objectively and rationally what is happening to them at that moment. In questions from the Tribunal, she clarifies that it had already been six months from when the process or the denial itself occurred; at that moment, the personality, which is not static, had traits of vulnerability, as explained in point 5.1, third paragraph; it is ruled out that there is distortion of the results, being a worried, hopeless, misunderstood person, and he did not see the solution he desired, and he dedicated a lot of time trying to "find a solution" as he "saw the solution" but was not understood and supported. (Audio and video in SIGAO and expert reports on CD 5 folder "prueba 5"). 44) Finally, the statement of Vilma Patricia Leitón Jiménez was received, a clinical and health psychologist for 20 years, a master's in clinical and health psychology since 2010, with international certifications from different institutions, an expert witness for 16 years. Expert reports of this type, about 6 or 8 for this Tribunal, but she has done them for other jurisdictions. She explains that she was asked to assess the emotional and psychological disturbance of the plaintiffs in light of what happened with the purchase of the property. An evaluation divided into three parts was carried out: the collection of information (review of the file, contact with the persons, interview, selection and application of tests), all in accordance with the request. The review of the material is the second, with integration and elaboration of results, and finally the elaboration of the report as such. She clarifies that, at the time of the expert report, only the female plaintiff's tests were performed, given that the male plaintiff had died by suicide. Diagnostic tests were performed to clarify what was presented; the entire material was reviewed to provide an opinion on the evolution of the male plaintiff's situation, as well as the previous colleague's file; it was assessed, and with all of that, the report was constructed. In the case of the female plaintiff, the most relevant findings are that she presented a persistent depressive disorder, longer in time, less severe, but with episodes of major depression and generalized anxiety; it was a mixed picture, with panic attacks, and with a clear impact, given that when she arrives for the evaluation, it is when she speaks, having not previously notified, of the male plaintiff's death. In the case of Mr. [Name 001], the death certificate was requested to include it; the previously prepared reports were requested; the history is investigated with the female plaintiff to search for antecedents, pre-existing disorders, and to seek a context; nothing relevant was found, only the colleague's report, where 7 months earlier he was diagnosed with an adjustment disorder, where the stressful situation triggers the subsequent behavioral picture, characterized by anxiety, depression, and behavioral disorders; the person fails to adapt to the new situation. The female plaintiff indicated that it was an essential family project, as a male provider, which leads to the fatal outcome. In questions from the male plaintiff, she indicates that the event of the property, given that it is not the purchase, but the subsequent events that lead to the resounding "no" that frustrates the project of building, is what leads to that despair. She clarifies that she did not know him personally, given that they married in 2011, bought in 2015, and began the corresponding procedures, at the municipality, until reaching the major denial in 2019, with no documented adaptation problems during that lapse. Upon receiving the news that construction was not possible, that is where there begins to be a deterioration in his functioning, according to the history collected, at a social, work, and couple level, which is the characteristic of the adjustment disorder, with high levels of stress, cortisol, blockages in the frontal lobes that serve for decision-making, and that affect decision-making. She explains that there are psychological models where stress gives a warning, then resistance (where the adjustment disorder is generated), since the person fails to adapt, and then a phase of exhaustion, which in this case is the outcome. She explains that the theory is sequential, but in practice, each person is different, but for this case, it seems that it developed in that way; it is not possible to speak of timelines, but with the female plaintiff's narrative, there are indicators of isolation and behavior that denote a worsening of his condition until the outcome. She insists that upon conducting the evaluation after he had died, according to what the wife narrated, isolation, depression, irritability, frequent crying were noted, which are indicators that preceded and that increased; subsequently, no other events could be identified other than the issue of the house; they were sought, but were not found in the background; the project was the center of his activity. In the case of the female plaintiff, the impact of the project affected her vision of the future with her husband and child; she had also invested desires, expectations, money, which was truncated with her husband's death; it is a non-recovery event. The female plaintiff's health degenerates with cephalalgia and others, given that it fell to her to have to contain the entire picture presented by her husband. For the first evaluation, 7 months had passed plus the time she had presented symptoms, so she occupied double support, for herself and her husband, the body being what somatizes the stress she was experiencing, even causing panic attacks, high cortisol levels, and so on. She comments that, "if" the house had been able to be built, despite stating that "what ifs don't exist," it would be supposed that they would have continued with personal and family projects. (Audio and video in SIGAO and expert report at images 392-400 and 435-438 of the digital judicial file). 45) On the second day of the trial, the private expert testimony of Pamela María Arias Retana was received, a surveyor (topógrafa) since 2014 and a civil engineer since 2022. She works as a specialist consultant in expropriations, with approximately more than 1,500 works of this type. She explains that the work performed was to do an expert appraisal of the property and improvements made, on the occasion of a construction permit that was denied. The field was visited, the construction plans for the wall were analyzed as the most important civil improvement; the appraisal was carried out with a study, determination of the value per meter, as well as the valuation of the existing work on it. There was access to cadastral plans, the national registry system (SIRI); the property's liens, land uses, plans, and information provided by the owner were reviewed. The findings are the verified prices of the lot and the improvements, with a final amount for the property plus the improvements made thereto; particularities of the property were considered, such as frontage to the street, regularity of the land shape, as well as slope. In questions from the female plaintiff, she clarifies that the methodologies used were several: the land value was the market value, with a search for nearby properties for sale, with visits to these to corroborate locations and regularization; homologation factors for slopes, regularity, area, frontage to the street were applied, to obtain a value or unit price per square meter for the property. For the improvements, aspects such as walls and fences were used, the treasury typologies (2019) without depreciation, to determine the restitution value of the price invested; electrical service connections, ornamental items, to provide a value. Each typology includes characteristics to be used, which were corroborated with the field visit, and from there the treasury value is extracted, multiplied by the linear meter, as provided by the same treasury methodology. Given the area, the slope and the frontage have weight for the specific case, as well as the area; they are the factors used in the homologation practice. The report includes extraordinary assumptions; it is stated that the information from cadastral and registry plans is correct, although it was corroborated; the zoning and topics such as regulatory plans and others are considered. The socioeconomic conditions were used to search for lots in similar sectors, with access to the same services and that are in the same category; it is so that similar lots are compared. In cross-examination, by the municipal representation, the issue of the water spring (naciente de agua) and its protection radius was known; it was not considered in the appraisal. What was done was to value it for restitution. The presence of protection radii limits constructive aspects; it affects the value for future use; everything depends on the final use sought; it is not a factor of value decrease. Methodologically, it yields a lower price, but it is not an impact. In a question from the INVU, she does not specify the type of spring (naciente) that affected the land, but it was not specified; what she learned is that this was the cause of discussion with the municipality for a previous permit. The presence of this type of impact is not valued for restitution, but if it were another type of expert report, such as depreciation of the land value (damage), it would be considered. In a question from SINAC, the presence of a hill protection zone is visualized in the zoning value; it is seen in the land-use value; it is something seen in the value of the zone, and in this case, subject lots were used that are also in the same protection zone; it is one of the similar characteristics considered. And regarding whether it was considered that it is a lot in a Protected Wild Area, she indicates that what impacts is the land-use permit, buildable areas, or others that affect it; so, for the work, that characteristic was considered. (Audio and video in SIGAO, as well as expert report on CD 5 in folder "prueba 3"). 46) And lastly, the judicial expert testimony of Luis Jonathan González Portuguez was received, a surveyor engineer (ingeniero topógrafo) since 2010, an expert witness since 2013, he has had many expert reports in this venue and in the agrarian court of the same nature. A topographic survey was conducted of walls, the gutter cord, infrastructure costs of the perimeter wall facing a public street, a gabion slope with an incline, located in an area as if it were an entrance to a condominium. The object was to appraise the land; the property plan was mounted along with a field survey. In front there were lands from the same owner that he sold; nearby there was an Asada. He used a Sokkia X10 total station, serving to survey the cost, as part of the costs of the linear wall with fences, to verify the coherence of reality with the plan, confirming the correspondence between both. The problem was in the gabions, given that it represented a landslide risk, but it was resolved with the gabion structure. In questions from the plaintiff party, he explains that the 2011 values were used given that it was the data he considered most credible, the closest to 2014, according to the linear meter and width, as well as the value of the fences. It is possible to update it, but a depreciation value for things would have to be used. The gutter cords, pipes, and meters were not considered, given that it is outside the polygon, but it was considered in the value of the environmental factor. Inputs from homogeneous zones and constructive typology were used, therefore the land was located, plus field investigation; he does not specify the age of both; if not specified, it was one from 2010, and what he did was bring that value to present value (2023). He used his private inputs, as well as information found on the internet. The valuation methodology was based on experience in seeing lands similar to the one discussed here, using field description. The methodology used was experience in valuing similar lands. He clarifies that the technical standards applied are those referenced in image 553, but insists on the IVSC 2005 standards, but reiterates that experience was the most used method. Ornamental aspects were not included; the value of plantings is not weighted; that would be an agronomist expert; he considers he is not authorized. In questions from the INVU, in image 618, reference is made to a spring (naciente), explaining that, on the day of the visit, he found out that on the slope facing the land, or nearby, there was a spring (naciente), an eye of water; he details that he did not have access to the information on the spring. He explains that, in this type of work, the existence of a spring (naciente) can be considered, given that it does not impact the value of the spring, but it is taken into account, although it is not required to measure the radius or resort to instances to seek the competent authority, given that it is they who have to calculate the radius and the area that may cut the land, but it was not available for this case. (Audio and video in SIGAO, and expert report at images 477-575, 606-637 of the digital judicial file).

III.- REGARDING THE UNPROVEN FACTS: The following are taken as relevant elements not demonstrated for this matter: 1) That the female plaintiff [Name 002] is the owner or co-owner of the property with San José registration number [Value 002], or that the community property status was declared premaritally or on the occasion of the succession of the co-plaintiff [Name 001]. (There is no evidence in the case file). 2) That the action of ending the life of the plaintiff [Name 001] is causally attributable to the defendants. (There is no evidence in the case file). 3) That there is an administrative error in the conduct of the defendants that are the object of this proceeding. (There is no evidence in the case file). 4) That the conduct that is the object of the litigation issued by the defendants "dispossessed" the plaintiffs of the value of the property that is the object of the litigation. (There is no evidence in the case file).

5) That the demolition of the works resulting from construction permits PC-022-2016 and PC-578-2016 has been administratively or judicially ordered, or that the detrimental nature (lesividad) of those acts has been declared, as well as the approvals (visados) that gave rise to the real property registration under dispute, and that the plaintiff succession has obtained a construction license for the building of gabions on the property under dispute. (No evidence is on record). 6) That there is an official or unofficial record of the springs (nacientes) and bodies of water affecting the property under dispute, prior to the year 2019. (No evidence is on record). 7) That the “Quintas de Veramont” development is the product of a formal urbanization process authorized by the Municipality of Desamparados. (No evidence is on record).

IV.- REGARDING THE PLAINTIFF'S ARGUMENTS: In summary, in its complaint and closing arguments, it indicates that in September 1997, as a result of the segregation of the San José Registry [Value 006] (Quintas Veramont Property), the registration [Value 002] was created, with the approval (visado) of SINAC 537-97, located within the Cerros de la Carpintera Protection Zone. By 2013, according to a consultation before SINAC OC-116-2013, there were 12 dwelling houses, 3 under construction, and 20 lots ready to build, highlighting the need for a Management Plan, and by October 11, 2013, the Municipality, despite the erroneous approval of the development, did not oppose the construction of sidewalks there, reiterating that future developments must adhere to the General Management Plan of the Protected Zone. On December 12, 2014, through official communication OC-1122-2014, SINAC conducted a legal and field study on protection zones for rivers and springs and gave its approval (visto bueno) for the construction of a dwelling of no more than 150m2, with environmental feasibility (viabilidad ambiental) management being mandatory. By the year 2015, the Municipality of Desamparados, considering SINAC's official communication OC-1122-2014, certified the land-use (uso de suelo) and reiterated the mandatory nature of environmental feasibility (viabilidad ambiental). The plaintiff [Name 001] made a purchase option on July 7, 2015, paying an advance of 3 million. By August 5, the sum of ₡93,615 was paid for a water meter connection to the ASADA, a service they have paid for since then. By September 1, the purchase of the property was completed, paying ₡21,400,000, plus ₡980,000 for notary fees, it being registered on November 5 of the same year, described as land ready to build, with no annotations or encumbrances and without any construction. On January 25, 2016, the Municipality approved permit A-CU-022-16 for the construction of a sidewalk and curb of 77.53 linear meters, at a cost of ₡1,575,000 plus ₡350,000 for an electrical connection according to contract with CFIA OC 713368. Afterwards, on December 1, also of 2016, the Municipality also approved permit A-CU-578-16 to build walls with bars and a gate of 13 linear meters, at a cost of ₡3,725,000, having had electricity from CNFL from September 15 of that same year onwards, with a deposit of ₡46,295 for such purposes. Starting in 2017, the plaintiffs planted sweet grass, palm trees, and performed maintenance on the land, which by October 2020 had involved a disbursement of ₡1,160,000. By September 15, 2018, and onwards, they began renting a dwelling house near the property, paying a monthly rent of ₡200,000 and a security deposit for the same amount. On October 4, 2018, water availability was reiterated, and on the 8th of the same month, the CFIA approved construction plans to build a 146m2 structure with an appraisal of ₡46,060,000 according to CFIA contract OC 843626 and they paid the architect the sum of ₡2,533,300. On November 8, 2018, the municipality, through resolution R-CU-642-18, rejected the construction permit for the plaintiffs, due to a lack of environmental feasibility (viabilidad ambiental), the implementation of a septic tank, and a slope stability study. As a result of this, a gabion wall was built by Eli Marco Amador Abarca at a cost of ₡9,735,000 for labor and materials plus ₡50,000 for engineering studies for the CNFL to move a tension pole. By January 23, 2019, SETENA, through official communication SETENA-SG-1118-2019, stated that, despite being in a special forest protection zone, environmental feasibility (viabilidad ambiental) was not required because it was a work of very low environmental impact. During that time, a fiber optic network was installed on the property, paying $200 each on November 30, 2018, and January 10, 2019, for a total of ₡234,044. On February 4, 2019, the modifications were delivered to the municipality with the adjusted CFIA plans for resealing, the required septic tank, the gabion walls, as well as photos of them and the SETENA response, with the purpose of awaiting the construction permit. On February 19, 2019, the Municipality halted the construction procedure through act R-CU-642-18-A because there was a spring (naciente) pending to be officially recognized by the Water Directorate of MINAE, given that SINAC, through official communication OSC-122 of the 20th of that month, reported two bodies of water. Through official communication DA-UHTPCOSJ-0724-2019 of April 9, 2019, the Water Directorate of MINAE, after inspecting on March 11 and April 4 of that year, determined by a technical report that there were two permanent springs (nacientes), confirmed by official communication DA-UHTPCOSJ-1669-2019. Based on this and on internal communication DT-AP-100-19, the Municipality rejected the construction permit through resolution R-CU-642-18 B on May 8, 2019, as the project was within the protection zone of the springs (nacientes), a decision confirmed by resolutions UCU-REV-003-2019 and MD-AM-66-19. SINAC, through official communication SINAC-ACC-SIG-031-19, indicated that the body of water was 37 meters from vertex No. 3 of the plan of the plaintiff's property, outside of it, and inside property 592647-000 of the same registry. On the other hand, through official communication OSC-702, SINAC recognized that there was an error by the State Forestry Administration/User Service Office, which in 1997 had endorsed the subdivision (fraccionamiento) and approved (visado) the plans. According to official communication DT-CU-579-2019, it was processed as a segregation facing a public street. In November 2019, the National Emergency Commission, through official communication CNE-UIAR-INF-1000-2019, indicated that there was no impediment to building the plaintiff's project. Subsequently, at the plaintiff's request, the Water Directorate re-inspected and, in official communications DA-UHTPCOSJ-2450-2019 and DA-UHTPCOSJ-2729-2019, 3 unnamed streams and 2 additional intermittent springs (nacientes) were identified. SINAC indicated in December 2019, through official communication SINAC-ACC-PNE-182-19 and SINAC-ACC-D-0475-2020, that the alignment corresponded to INVU. By 2020, a final inspection was conducted by the Water Directorate at the plaintiff's request, and technical criterion DA-UHTPCOSJ-512-2020 was issued, confirming a total of 2 unnamed permanent springs (nacientes), 3 streams, and 2 intermittent springs (nacientes), rejecting the revocation appeal filed against communication 1277-2019. The plaintiff explains that they filed a complaint before the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), which, after the procedures, ordered the Municipality, SINAC, and the Water Directorate to seek a solution adjusted to the legal framework through communication 3683-2020-DHR. Through communication SINAC-ACC-OSC-343-2020, that instance was informed that the rejection of the construction permit would be maintained, as well as the position of respecting the protection area under Art. 33 of the Ley Forestal. By September 2020, INVU issued alignment AL-101-V on the plan of the plaintiff's property, setting 15 meters of protection area over the stream and a 100-meter radius over the spring (naciente), referring back to the municipality for it to graphically mark these protected areas. On September 9, 2020, the Municipality, through communication DT-CU-391-2020, stated that the unnamed permanent spring (naciente) 2 generates a protection area affecting 100% of the plaintiff's property. This factual framework, the plaintiff party asserts, causes liability to the detriment of the plaintiffs, as it induced error, given that the property under litigation was acquired and invested in, causing the value of the asset to be stripped away and generating moral and psychological harm (daño moral y psicológico) because of the defendants’ application of Art. 33 of the Ley Forestal. As a result, they claim ₡25,421,552 for the value of the land plus ₡24,515,000 in improvements, for a total material damages claim of ₡49,936,552. Additionally, expenses up to October 2020 for water of ₡196,586.45, electricity of ₡258,935, house rental of ₡5,000,000, as well as professional expenses for appraisal, psychology, public accounting, and legal fees of ₡626,501.09, for a total of ₡10,210,530.14; furthermore, expenses from November 1, 2020, to October 31, 2025, for green area maintenance, rental of another dwelling, water, and electricity estimated at ₡14,064,269.11. In the same sense, they state that the events have emotionally affected the plaintiffs, causing frustration of their housing project, emotional instability, hopelessness, feelings of defeat, frustration, and lack of motivation, as subjective moral harm (daño moral) and psychological harm (daño psicológico) arising, in the case of the plaintiff, from a chronic adaptive disorder affecting their personal, social, and work functioning, while the female plaintiff suffers from mild to moderate depression, according to expert criteria. In their statement of grievances, they explain that there is a double criterion for imputation, based on the normal and abnormal functioning of the defendants. Under the first criterion, they point to the "error" since 1997 by SINAC in allowing the subdivisions (fraccionamientos) of Quintas Veramont, not opposing the construction of houses, limiting itself to stating that they had to be subject to the Management Plan of the Zone; this is ratified by SINAC in 2019 when referring to the administrative error. For its part, the Municipality contributed to the problem by subdividing (fraccionar) and approving (visar) the plans of the urban development, as it also acknowledged in 2019. In the same vein, the irregularity of SINAC in communication OC-1122-2014, which inspected the area and gave the approval (visto bueno) for the construction of the dwelling, despite supposedly having assessed the protection area of rivers and springs (nacientes), an error perpetuated by the municipality when granting the land-use (uso de suelo), generating legitimate expectations (confianza legítima) in both institutions at the time of acquiring the land in 2015, coupled with the granting of two construction permits for the sidewalk, curb, wall, bars, and gate. It is this appearance that made the plaintiffs maintain the land, plant grass and palm trees, rent nearby, and install fiber optics; and the CFIA approved construction plans in 2016 and 2018, they made the corrections required in the process and clarified why SETENA consent was not needed according to the criterion it issued, and they found no opposition from the CNE. They explain that the springs (nacientes) were easy to find, so there is a contradiction with communication OC-1122-2014, which had previously assessed the area. Hence the unexpected turn with SINAC's statements to prevent activities in the area and the referral to INVU for a definitive alignment in 2019 and 2020. Once the latter marked the alignment and then the municipality indicated the 100% affectation of the lot, it is confirmed that both SINAC and the Municipality mistakenly led the plaintiffs to believe they could build their house, constituting a clear failure of service (abnormal conduct) generating damages (daños y perjuicios). Under the second criterion, which it qualifies as subsidiary, it states that Art. 33 of the Ley Forestal generates civil liability, given that the protection radius of the spring (naciente) applies to a small portion of owners, with an intensity that causes the loss of the registered nature (naturaleza registral) and its intended use as land for building a dwelling, also preventing the economic use of the property, being unable to plant or cut trees, citing Art. 45 of the Constitution and Ruling 796-1991 of the Constitutional Chamber, generating an obligation to expropriate under Art. 2 of Law 7575. In the reply, it rejects INVU's position, recalling that it is not necessary to challenge administrative acts, given that we are in a civil treasury process. Regarding the invoked standing (legitimación) of the female plaintiff, it recalls that she suffered the effects of the frustration of the housing project, causing the moral and psychological harm (daño moral y psicológico) claimed.

V. REGARDING THE MUNICIPALITY'S ARGUMENTS: In summary, in both its answer and closing arguments, it indicates that the housing construction project of plaintiff [Name 001] was halted due to the notice given by SINAC through communication OSC-122-2019 to the Municipality's Environmental Department, which notified the Construction Control office, due to the presence of bodies of water, which was finally marked graphically by communication DT-CU-391-2020, after the technical studies of the Water Directorate DA-UHTPCOSJ-512-2020 and the INVU alignment DU-UFIS-083-2020. Therefore, it clarifies that it is not the municipality that determines the existence of the spring (naciente) nor the lengths graphed at the request of plaintiff [Name 001]. It invokes the defense of lack of right (falta de derecho), rejecting the plaintiffs' case theory that the principle of legitimate expectations (confianza legítima) was violated. They do not specifically identify municipal actions or omissions in the history of the creation of registration [Value 002]-000, which had SINAC's approval (visado), nor at the time of issuing the 2015 land-use (uso de suelo), or construction permits A-CU-22-216 and A-CU-578-16. It was not until the moment of studying permit A-CU-642-18 that the rejection occurred for reasons beyond the municipality's control of a supervening nature, which is the determination of public domain bodies of water affecting the property. Contrary to what the appealing party affirmed, it acted diligently upon SINAC's notice, suspending the process as a consequence of the precautionary principle and in dubio pro natura, which was duly informed to plaintiff [Name 001], making it necessary for the competent body to intervene to determine the presence of the bodies of water and the protection radii according to Art. 33 of the Ley Forestal, this being the expected administrative behavior, adjusted to the law. It insists that at the time of issuing both the land-use and the two construction permits for sidewalks, gutters, walls, and a gate, there was no impediment to their approval. The Municipality has a Partial Regulating Plan, including the area of the Quebrada Honda del Cerro de la Carpintera, following the guidelines of the GAM plan, in its 1997 reform, being cataloged as a Forest Protection Area of the GAM Plan, created in 1976. Said regulating plan generally allows one dwelling per property, but for this specific case, upon finding the spring (naciente), it prevented the construction of the dwelling in late 2018, which was previously unknown (the plaintiff party did not prove that the municipality had knowledge of the spring for the land-use and construction permits), and it was not until SINAC reported it on February 20, 2019. The property can be exploited, but for forest use. It invokes rulings 2019-010962, contained in 2021-020271 of the Constitutional Chamber, which indicate that the land-use certificate is not binding for the construction permit, given the change in information between the issuance of the use certificate and other subsequent actions, and it is not necessary to annul the use certificate or proceed with a lesividad action. Regarding the grievance of liability for lawful conduct, it indicates that it does not fit the requirements of Art. 194 of the LGAP, especially the absence of a limited number of affected parties, since the rule applies to all owners under equal conditions, not being an expropriation, but a non-compensable limitation, invoking ruling 4205-96 of the Constitutional Chamber. It claims a lack of passive standing (legitimación pasiva), since the rejection of construction permit CU-642-18 originates from Art. 33 of the Ley Forestal, issued by the State – Legislative Branch, not from a municipal action, and, in any case, the notice of the situation comes from SINAC through its communication OSC-122, with the municipality acting consistently with such information. It claims a lack of active standing (legitimación activa) regarding co-plaintiff [Name 002], given that she is not the titleholder of the property, nor does she possess a legitimate right or interest in the object of this process, and the plaintiff did not develop an analysis of causality between the facts, claims, and the co-plaintiff. Regarding the damages claimed, it highlights the inconsistency between the alleged purchase price and the one recorded in the real property registration, as well as the differences between the construction permit for the sidewalk and curb, the wall and gate, and the alleged amount paid for labor, rejecting the submission of suitable evidence. It requests the condemnation for costs of the process.

VI. REGARDING INVU'S ARGUMENTS: In summary, in both its answer and closing arguments, it states that its responsibility is limited to issuing the fluvial alignment for the permanent, non-captured springs (nacientes) and streams AL-00101-V. This is an exercise of its competence under the Ley Forestal, Arts. 33, subsections a, b, and 34. It indicates that intermittent springs (nacientes) are not the jurisdiction of INVU but of the municipality or MINAE, according to Art. 149 of the Water Law (Ley de Aguas); hence, the alignment mapping was sent by plaintiff [Name 001] to the municipality for its corresponding action. The alignment does not define whether one can build or not; that is a municipal authority. In fact, the specific graphic plotting was done by the municipality, not INVU. It states that there is no causation between the damages and the conduct claimed, highlighting that INVU did not participate in the purchase process or the negotiation for the acquisition of the property, nor in the constructions or expenses made by the plaintiff. Furthermore, no defect in the content of the granted alignment was proven. Meanwhile, according to the second position of the plaintiff's case theory, the requirements for liability for lawful conduct are not met. It invokes the defense of lack of right (falta de derecho), as well as lack of passive standing ad causam (legitimación ad causam pasiva) regarding the expenses it seeks to claim and because the construction rejection due to the limitation was issued by another entity. It requests the charging of costs.

VII. REGARDING SINAC'S ARGUMENTS: In summary, in both its answer and closing arguments, it indicates that it is part of this process for two acts, one from 2013 and another from 2014, being acts issued within the framework of its competences under the Ley Forestal. It states there is no causation of the damages with its represented entity. The plaintiff has never been told that "the property cannot be used," it is not a suppression of the property's activity (ruling 199-F-S1-2010 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice and ruling 4205-96 of the Constitutional Chamber), but its use is regulated according to the management plan implemented in 2012, with an indemnification for expropriation not being applicable, and pointing out that the plaintiff has always had technical accompaniment, with warnings to the Municipality. The plaintiff party attempts to link it with a personal and subjective decision to purchase. It indicates that SINAC's approval (visado) of 1997, and OSC 2013 and 2014, do not refer to the specific property, but to an issue of roads in the conservation area. The error referred to in the 1997 approval relates to the subdivision (fraccionamiento), not to the issue of water protection, and in any case, it is not a guarantee of construction since that corresponds to other competent entities. According to ruling 9221-2019 of the Constitutional Chamber, it is the Water Directorate's responsibility to recognize bodies of water under the Water Law (Ley de Aguas) since 1942. It points out that the requirements for liability for lawful conduct are not met. It invokes the lack of right (falta de derecho) and requests the charging of costs and their interests.

VIII. REGARDING THE STATE'S ARGUMENTS: In summary, in both its answer and closing arguments, it indicates that the State has no passive standing (legitimación pasiva) to be sued in this process, given SINAC's legal personhood, as well as the lack of right (falta de derecho) over the action. An abnormal functioning of the co-defendant institutions is not proven, and in fact, no specific formal or material conduct of the State is detailed that can be classified as abnormal. What was done was carried out within the framework of the legal and constitutional attributions for a healthy and ecologically balanced environment, as well as the effective use of the precautionary principle (ruling 2006-171216 of the Constitutional Chamber), dismissing the grievance of a violation of the principle of legitimate expectations (confianza legítima). At the time of the purchase, there were no records of the springs (nacientes) that were identified in 2019-2020, the moment when the limitation arose upon their official registration (ruling 199-2010 of the First Chamber) and, in fact, since 2013 and 2014 it was known that the property under litigation was in a Protection Zone, an aspect the plaintiffs knew about before acquiring the property through the land-use certificate. The UCR registry or study does not substitute the exercise of the excluded competence of the Water Directorate. There is no causation of the damages towards the defendants, especially the State. These are non-compensable limitations, as indicated in ruling 199-2010 of the First Chamber and 4205-1996 of the Constitutional Chamber. It considers that, should the obligation to indemnify arise, the exonerating circumstances of force majeure would apply, due to the emergence of springs (nacientes) and streams over the years, as well as the victim's own fault, given that the plaintiffs acquired property in a protected zone, with environmental limitations on property rights, as indeed happened, in addition to the act of a third party, given that it was not the State that sold the land to the plaintiffs, it being at best a hidden defect (vicio oculto) that must be addressed in a civil venue. Regarding the evidence taken at trial, there are contradictions between Chaves and Gabelman, the latter detracting from the former. In the case of the psychological evidence, the judicial one is a reference to the first, private one, and Vilma's study is not conclusive. It is not possible to impute the plaintiff's outcome to the actions in the trial, and the female plaintiff's condition is due to the death of her husband, in a supervening and indirect manner, causing his death, and this cannot be transferred to the defendants, with all the invoked damages lacking causation towards the defendants, as well as the underlying unlawfulness. The judicial topographer expert is subjective and without foundation. Nor is there liability for lawful conduct, since limitations of this nature do not meet the requirements of Art. 194 of the LGAP, and in any case, if such liability existed, the norm of Art. 194.2 of the LGAP does not allow for the recognition of damages (perjuicios). It invokes the lack of right (falta de derecho) and requests the condemnation for costs to be borne by the plaintiff party.

IX. DELIMITATIONS OF THE OBJECT OF THE LITIGATION. JOINT FACTUAL ACTION, INDIVIDUAL LIABILITY. EX OFFICIO ANALYSIS OF ACTIVE STANDING AND ON THE DEFENSES OF LACK OF PASSIVE STANDING INVOKED: The Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) came to modify the paradigm of jurisdictional control of administrative activity in many ways, one of them being the validation of questioning by formal and informal associative groups of persons, when they have a common interest in having a certain formal or material conduct or conducts of the Administration subjected to the scrutiny of the contentious-administrative judge. This becomes particularly relevant when the conduct is an act of general scope or when it affects a group or collectivity of subjects. The foregoing can be observed in the way Art. 9 of the CPCA was drafted when it states: "ARTICLE 9.- The following will have procedural capacity before the Administrative Contentious and Civil Treasury Jurisdiction, in addition to the subjects who have it in accordance with common legislation: (…) b) Groups, unincorporated associations, or independent or autonomous patrimonies, affected in their legitimate interests, without needing to be integrated into formal structures of legal entities…". As can be seen, the idea was to allow a collectivity, finite or not, of subjects to sue insofar as they are affected. This is the reason why, in this specific case, it is viable that the holder of a property (ergo, one who holds a real property right) claims an affectation to the effective exercise of their right and is joined by their spouse, who does not hold any real right, at least not declared. The hypothetical composition of the undeclared community property (haber ganancial), as well as the absence of elements for the liquidation of community property, mean that the wife of the registered owner has, at least, a legitimate interest to question in this matter the same actions as her husband. However, this is in no way diminished by the supervening death of the plaintiff and the procedural succession through his probate proceedings, who through the executor continues with the proceedings until the moment of issuance of this ruling. Notwithstanding what has been said so far, it is important to note that, despite the general authorization of Art. 9, there is an accompanying restriction of direct impact on some of the claims in the proceedings, which obliges the Chamber of Judges to carry out an ex officio analysis of the Active Standing (Legitimación Activa) of both plaintiffs. In the case of Mr. [Name 001], now represented by his succession, it is clear that his condition as property owner allows him, in application of the provisions of Art. 264 of the Civil Code (CC), particularly subsections 4 and 5 which contemplate the attributes of ownership for defense, exclusion, restitution, and indemnification, to thus hold active standing for each and every one of the claims in the lawsuit, which will be analyzed infra, regarding their legal viability. In contrast, co-plaintiff [Name 002] does not directly benefit from the aforementioned Art. 264 of the CC, as she does not have a declared ownership relationship, but rather an indirect potential relationship, due to the phenomenon of community property (ganancialidad), which, it is insisted, has not been declared or at least demonstrated in the record. As a consequence of the foregoing, the final part of Art. 9.b of the CPCA must be applied to her, which states: “…For the claim of damages (daños y perjuicios) in the cases of this subsection, it will be necessary to prove the ownership of the injured legal situation of the person suing. The same rule shall apply for the cases contained in subsections c) and d) of Article 10 of this Code” (emphasis is ours). Thus, given the circumstances of plaintiff Cordero's relationship to the facts, the Court determines that she would have standing based on legitimate interest (potential community property) for the first, second, third claims and in part the fifth, sixth, and eighth claims, these insofar as it is interpreted pro actione that said petitions are limited exclusively to the plaintiff here. However, she would lack standing, given that it is a situation of apparent direct patrimonial injury, for the claims contained in the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and tenth claims, regarding material damages and associated losses (perjuicios) to the property, whose standing rests exclusively with the [Name 001] succession, as inheritance assets (haber sucesorio), given that the plaintiff [Name 002] did not prove with suitable evidence how she contributed to the expenses she claims, but rather the evidence in the record, specifically the accounting expert report provided by the plaintiffs, its complementary evidence admitted by the First Considerando of this judgment, and the sworn statements used by them seen on CD 5, folder No. 1, refer to the real estate actions of the property owner, without the correct differentiation having been made in the lawsuit between each of the parties suing. Thus, by accession, the Chamber presumes that the alleged expenses claimed in those claims are derivations of the right to indemnification referred to in subsection 4 of Art. 264 of the CC, without this venue being the competent one to declare in a judgment the community property nature of such items (both positive and negative community property), and active standing for plaintiff Cordero cannot be recognized in the terms indicated. Therefore, regarding the co-plaintiff, a lack of active standing is partially appreciated ex officio with respect to the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and tenth claims, regarding material damages and losses associated with the property. In the State's case, the grievance regarding passive standing must be rejected for a double reason; the first is that, despite the position referenced regarding SINAC's legal capacity, Art. 12.2 of the CPCA imperatively ordered the incorporation of the entity to which the body with its own personality belongs, regardless of whether or not it participated in the actions of the person-body and its capacity to hypothetically independently assume the action, this being a non-dispositive norm that implies the State's integration into the proceedings. However, beyond the foregoing, there is a literal claim that, on its own, is directed against the State, forcing it to be a party to this process, that being the tenth claim, while the first and third through ninth claims place the State, jointly with the other defendants, as the addressee of those claims for the creation of indemnification obligations.

Now, regarding the defenses of lack of passive standing raised by both INVU and the respondent Municipality, these are grievances of lack of right, insofar as they argue that the claim for the remedies is not opposable to them, an aspect that will be assessed below; therefore, in terms of passive standing, since there are claims against each of these defendants, the passive configuration is correctly directed, and thus it must be rejected.

X. ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE: Before analyzing the merits of the matter, this Chamber considers it necessary to briefly recall the general elements of extracontractual civil liability in administrative matters: Although the General Public Administration Act (Ley General de Administración Pública, LGAP), starting from Article 190 and following, has been doctrinally categorized as objective, in reality it is a liability system based on objectified criteria, where the conduct of the subject in the classic model of action imputation (dolus and culpa) is replaced by the phenomenological characterization of the Administration's behavior under criteria of functionality and legality, these being the criteria of normal and abnormal function and lawful and unlawful conduct. Thus, the exercise or analysis of reproach for generating an indemnification obligation is configured in two major stages: one factual and one legal. In the first, the claimant must prove the existence of conduct by a specific subject (liable party, passive standing), which is usually the Administration, either directly through one of its officials or through a third party whose action is imputable to it (a concessionaire, for example). It is to this conduct, which must be proven in manner, time, and place, that one of the indicated imputation criteria must be applied (normal or abnormal conduct, lawful or unlawful, which gives rise to the requirement of base unlawfulness); this conduct must be proven capable of producing (causation) a specific type of injury (damage in all its meanings, loss, or loss of a chance) and, specifically, a certain concrete result, which must meet the characteristics of being certain, demonstrable, assessable, individualizable, and current, to the detriment of a victim, who would be the holder of the claim (active standing). Once this stage is overcome, it would proceed to the second, where the liable party assumes the role of debtor and the victim the role of creditor, who are linked by obligation through a performance, in which the coherence between the repair or indemnification of the injury and what is requested in the remedies must be proven. Having said the above, we must consider that the lawsuit proposes two lines of grievances, each with a liability imputation criterion: on one hand, the grievance of abnormal function, in which the plaintiff invokes an alleged error since 1997 in Quintas Veramont manifested by the approval (visado) of SINAC and the subdivision (fraccionamiento) authorized by the municipality; an alleged error in the issuance of the land use (uso de suelo) for the plaintiff estate's property by SINAC, the incorrect inspection to issue such an act by not identifying the springs (nacientes) "of easy detection" and the pre-existence of the UCR study; as well as the two municipal construction permits, all of which are amalgamated into a general grievance of inducing error in acquiring the property, the false appearance of being able to build that infringes the principle of legitimate trust (principio de confianza legítima). As well as a second grievance, of liability for lawful function, which seeks a declaration of an indemnification duty for the impossibility of residential exploitation of the property and the apparent emptying of domain over the property in question. These grievances are not expressly linked to the remedies in the action; however, under a pro actione principle, this Collegiate Court understands that the grievance of abnormal function encompasses the first and third remedies; the grievance of normal function refers to the tenth remedy; and the indemnification requests from both grievances would be the second, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth remedies. It is on these axes that the Chamber will issue a ruling, but not without first addressing the exclusion of manifestly improper claims. X.1 The exclusion of claimed damages that are not direct and legally non-indemnifiable: From the analysis of the evidence in the record, this Court detects a set of requests that cannot be granted in this venue, either due to lack of causation or because they are not legally viable for indemnification, which allows their outright rejection, for the reasons detailed immediately below. The first component refers to the assessment of psychological damage and subjective moral damage (daño moral subjetivo), in part, both of the plaintiff and of the now-deceased [Name 001], originating from the latter's death by his own hand. Although the only input referring to this aspect is the judicial psychological expert opinion of professional Leitón Jiménez, as well as partly the trial testimony of expert García Trejos (proven facts 43 and 44), this is a harmful result not imputable to the defendants, because it must have the characterization required by Art. 197 of the LGAP, which states: "There shall be liability for damage to purely moral assets, as well as for moral suffering and physical pain caused by death or by the injury inflicted, respectively," which must be complemented by Art. 704 of the Civil Code (Código Civil), of general scope in the matter, which indicates: "In the indemnification of damages and losses, only those that, as an immediate and direct consequence of the failure to fulfill the obligation, have been caused or must necessarily be caused shall be included" (emphasis ours). As can be observed, to comply with the provisions of both articles, the administrative action must directly cause the death, or it must be a result derived from it, but with the mandatory characteristic of being a necessary outcome. It is in this component that causation against the defendants is broken. Even without having to refer to specific administrative acts, but rather staying within the general discourse set forth in the lawsuit and the plaintiff's conclusions, the impossibility of developing a housing project for the plaintiffs is not capable of necessarily producing the suicide result, thus being one of the grounds for exclusion of liability under Art. 190.1 of the LGAP, fault of the victim. Now, for further elaboration, even in an expanded analysis under the criterion not of fact generator but of relevant contribution to the result, we similarly find an interruption of causation narrated by the party's own expert García Trejos and detailed in the expert opinion conducted (proven fact 43). In both pieces of evidence, the expert is emphatic that Mr. [Name 001] was diagnosed with a psychopathology of chronic adaptive disorder, making the express recommendation for psychiatric intervention, reassessment, and accompaniment, which is not on record, while expert Leitón Jiménez affirms that the suicide is the culmination of the degenerative inability suffered by the plaintiff to manage the situation subject to litigation, without it being proven in the record that the plaintiff undertook any conduct to prevent the deterioration of his condition. Thus, the Court does not detect that the parties were aware of the decedent's psychopathological situation, nor that they undertook any action to directly aggravate such a situation, while it cannot be proven that any conduct was undertaken by the plaintiff to prevent the degeneration of his state, which he had known about since being diagnosed by the aforementioned psychology professional. It is thus that the aggravation of the plaintiff's psychological condition culminating in his death cannot be assessed by this Chamber as causally imputable to the defendants. In a parallel and consequential manner, the aggravation of the plaintiff's situation, who had been diagnosed with mild to moderate depression, cannot be considered by the Court for the same reasons, given that it is not on record that she attended to the clinical recommendations; therefore, the course of events, including the psychological impact of her husband's death, are aspects that cannot be assessed as part of the claim being resolved in this record. The second component refers to part of the material damages contained in the remedies, which we break down below. In the case of the fiber optic service (part of remedies 5 and 7), it has two fundamental problems: the first is that the evidence provided as part of the economic expert opinion (images 314-328 of the judicial file) concerns a contract (No. 2018000087) in the name of a third party that is neither the plaintiff estate nor the co-plaintiff (and the assignment or succession of said contractual relationship with ICE to the parties is not on record); and on the other hand, it concerns a property without residential construction development, so there is no valid justification for it to be supplied with said service in a necessary manner so as to transfer such costs to the defendants. Moreover, there is the issue of rent (part of remedies 5 and 7), which, according to the proven facts, we find began on September 15, 2018 (images 282-283 of the judicial file, part of the economic expert opinion), a decision taken by the plaintiffs without having an approved housing construction; in fact, this action was taken just over a month before the plaintiff submitted the construction permit application (proven fact 8), since that application is dated October 19, 2018. Thus, there is a risk and venture on the part of the plaintiffs in choosing to rent without having, at least, the respective approved construction permit, which could, in the best of cases, have generated a reasonable expectation of right to have a property to inhabit within a certain timeframe, though this could be affected by causes completely unrelated to the defendants (weather issues, technical aspects in the execution of work, financial limitations, etc.) that could not project a certain date by which the party would have an effective dwelling to inhabit; but this is not that case, rather it was, with the exclusive responsibility of the plaintiffs, who decided to contract the rental of the dwelling under those conditions, not being a result imputable to the defendants here. Regarding the claim for reimbursement for the construction of the sidewalk and curb and gutter (cordón de caño) (part of remedies 2 and 4), this lacks legal basis, as it is a propter rem urbanistic obligation that has complete disconnection from the utility of the property, arising directly from the Municipal Code (Código Municipal) and encumbering any property that borders a public street; specifically, for the version of said code in force for 2015 (version 23), Article 75 provided: "In accordance with the municipal regulatory plan (plan regulador municipal), individuals or legal entities, owners or possessors, by any title, of real property, must fulfill the following obligations: (...) d) Build sidewalks in front of their properties and maintain them," a norm that has been maintained in the current text of the norm (version 57) in Arts. 83 bis and 84.d, with the difference that, currently, the sidewalk must adhere to municipal guidelines and designs, and that, in case of omission, the municipality can construct it at the owner's expense. As can be seen, this is a real charge imposed by the mere fact of being an owner, totally disconnected from the use or purpose to which the property will be put, thus breaking the link that the plaintiffs seek to the limitation on the property. In that same line, we also find within remedies 2 and 4 the construction of the gabions (gaviones), which, according to the record, was built without the respective municipal permit; this, pursuant to Art. 195 of the LGAP, which states: "Neither the State nor the Administration shall be liable, even if they cause a special damage in the foregoing terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public order, morality, or good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the harmful event," means that the expenditure on said construction is not indemnifiable, recalling that having a construction permit is a requirement of normative imperative under the Construction Law (Ley de Construcciones) (Art. 2). In a similar sense, the recognition of the construction of the wall, fence, and gate (permit PC-578-2016) in the referenced requests 2 and 4 also lacks a manifest basis for two reasons: the first is the inconsistency, as the municipality points out, between the amount reported in the construction permit and the amount actually expended, given that the difference is substantial, placing an eventual consideration for reimbursement exclusively on the declared value of the work; otherwise, it would violate the cited Art. 195 of the LGAP, since the excess value would not have been endorsed by the urbanistic oversight authority, nor would the respective correlative tax have been paid. The second aspect, of greater weight, is the fact that the party requests recognition of the value of the property as such, which would imply that, in an indemnification projection, it would not be possible to recognize the value of the wall, fence, and gate and, in turn, their value incorporated into the total value of the property (as done in the appraisal expert opinions of proven facts 45 and 46), since this would entail a double payment, which is legally unviable, especially given the municipality's own statement that the work does not need to be demolished, as it is not incompatible with the urbanistic limitation of the spring (naciente) being discussed in this proceeding (proven fact 29 of this judgment). Finally, the issue of reimbursement for potable water, electricity, and property maintenance services (part of remedies 5 and 7) is, in the same vein, legally unviable for three reasons: the first, which will be developed in depth below, is that the property was not emptied of the objective possibility of use, so it remains compatible with non-residential activities where property maintenance, as well as public water and eventually electricity services, may be of benefit to the owner; the second is the fact that maintaining the property as green or unbuilt is an urbanistic duty of every owner, regardless of whether or not it is used by him, as indicated by the referenced Art. 75 of the Municipal Code, now Art. 84, specifically subsection b) which states that it is an obligation of the owner to "Fence and clean both lots where there are no constructions and those with uninhabited or demolished dwellings"; therefore, not developing the housing that the plaintiffs expected is not a legally valid justification for neglecting the legal obligation to maintain the property; and third, the fact that there is no obligation or mandatory conduct for the plaintiffs to keep public services in general active, as it is their own decision whether to continue the service or not. On the other hand, the claim for reimbursement of appraisal, accounting, legal, and psychology expenses (remedy 5) is improper as indemnification under the heading of patrimonial damage, as these are expenditures for the pre-constitution of evidence for the present proceeding; that is, they would be channeled through costs (costas) and not as material damage, so their incorporation in that manner is improper, and as to their assessment as costs, they must adhere to what this ruling provides in the considering below. Thus, all these claims of a patrimonial nature must be rejected, without needing to analyze the merits of the matter, given their manifest impropriety, regardless of what will be discussed further on. X.2. Regarding the reproaches for abnormal function. The "civil de hacienda" claim originating from formal administrative acts that were not challenged: The plaintiff groups the grievance of abnormal function into three specific aspects, setting as a temporal milestone the moment when plaintiff [Name 001] purchased the property. It refers to three alleged "errors": one in the approval (visado) by SINAC of the subdivision (fraccionamiento) in 1997 of Quintas Veramont; the second, in the approval (visto bueno) of the land use (uso de suelo) that SINAC gave and the municipal use as such; and the third, the granting of two construction permits for sidewalks, gutters, and front enclosure, affirming that the presence of the springs (nacientes) (and their consequent limitation on the property) were "of easy detection," were in a UCR study, and that the error is acknowledged by SINAC itself, which generated legitimate trust to build that was subsequently frustrated, causing the damages claimed. In opposition, the defendants affirm that each limited itself to the exercise of its competencies, application of the precautionary principle (principio precautorio), environmental protection, and application of the limitations imposed by the regulations on the matter, without the party challenging specific acts or demonstrating their illegality, and that, in none of the cases, did they form part, directly or indirectly, of the purchase action by plaintiff [Name 001].

COURT'S CRITERION: Before addressing the merits of the grievance, it is of utmost importance to settle one of the peripheral discussions between the parties to the litigation that directly impacts the merits of the matter. The defendants indicate that the plaintiff errs in its action by not specifically challenging any administrative act, an aspect refuted by the plaintiff, stating that it is not necessary because this is a pure civil de hacienda case. In this regard, the plaintiff is correct in that, in judicial liability proceedings, those categorized as civil de hacienda, it is not necessary to specifically challenge any administrative action; however, it errs in the consequence that such a premise entails. As explained supra in the introduction to this considering, part of the requirements of the first phase of the liability analysis is the selection of an imputation criterion, in order to configure the requirement of unlawfulness (antijuridicidad) of both the conduct and the harmful result. It is precisely at this point that there is a risk for the party that does not challenge specific acts in a civil de hacienda proceeding, because if the source of the unlawfulness is the irregularity of an administrative conduct, the only way to consider it as a source generating liability is precisely by directly questioning the conduct (Art. 200 of the LGAP). What occurs is that, tied to this relationship between suppression of the act to generate civil de hacienda liability, are the temporality rules for managing the suppression (expiry (caducidad) under the terms of Arts. 39 and 40 of the CPCA), as well as norms for accessing the judicial venue, such as the mandatory exhaustion of administrative remedies (agotamiento preceptivo) in municipal matters. To accept the contrary would imply rendering such controls on the exercise of jurisdictional action nugatory, under the pretext that only civil de hacienda liability is sought. Thereby, a relationship is generated of a conditioning presupposition of the nullity or suppression of the act to the conditioned effect of the creation of the indemnification obligation. The failure to comply with this situation directly impacts the liability analysis, given that, if a conduct reproached as harmful arises from a specific administrative act and that act is not challenged, the resulting assessment would be that the affectation is not unlawful because it comes from a final administrative act that was not challenged in time and form. This reasoning is of great relevance in this matter, as will be seen below. In this case, although there is a third remedy seeking a declaration of an "error" in actions of the defendants, the truth is that it is a generic and indeterminate remedy, since it does not specify which of all the relevant actions in the record it imputes as an "erroneous action" (bear in mind, for example, that in the proven facts of this judgment, 29 acts are counted at different times by the defendants and for different factual situations, not counting the act of the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias) and the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) that are not part of this matter). In this sense, representations such as that of the State are correct in claiming that a severe imprecision is generated by the lawsuit, by lacking clarity for them to defend themselves, regarding what specifically the plaintiffs seek to be declared as irregular conduct, from which to derive a liability analysis, forcing the defendants to have to suppose what, of all that was done, is being questioned and to have to make a discharge based on assumptions, causing an inversion of the burden that forces them to have to demonstrate that everything was done correctly, provoking a clear imbalance between the parties and infringing the duty contained in Arts. 36.c, 42.2.a, 42.2.b, and 58.1, subsections b, c, and d, of the CPCA, providing sufficient grounds for the rejection of the remedy as it was formulated. However, applying the pro actione principle, and considering what the plaintiff's representative stated in his opening statement and conclusions on the day of the oral and public trial, as well as in his case theory, the Court assesses the alleged "errors" indicated by the party in the approval of Quintas Veramont, the approval (visto bueno) by SINAC and municipal land use (uso de suelo municipal), in addition to the two construction permits, discarding the presence of a generic administrative abnormality that impacts the purchase act of plaintiff [Name 001]. For the plaintiff's thesis to be plausible, and making use of an eclectic analysis of the grievance, there had to be convincing elements proving that, despite the existence of the springs (nacientes) and streams (quebradas) being declared by the Water Directorate (Dirección de Aguas) in 2019, the respondent authorities must have somehow known that the spring existed, and hence the alleged "error" in granting approval (visto bueno), land use (uso de suelo), and construction permits to give "legitimate trust." The plaintiffs seek that conviction to come from the fact that the springs were "of easy detection" and that they were indicated in the 2014 UCR study, aspects with which the Court does not agree, in light of the plaintiffs' own facts and arguments. On one hand, we find that the appreciation that the springs were "of easy detection" lacks evidentiary support; moreover, we can observe from the proven facts that plaintiff [Name 001] himself presented his technical position that the water bodies present at the site were not springs (proven facts 19, 20, and 26) and even noted the need for multiple technical studies to map all water bodies in the area (see, for example, study DA-UHTPCOSJ-2450-2019 in proven fact 31). On the other hand, as the Water Directorate authorities indicated at the time, the 2014 UCR study did not inventory water bodies but rather conducted a general study on the La Carpintera protective zone (zona protectora La Carpintera), from which information is compiled about the zone's characteristics from a lithographic and hydrogeological perspective (proven fact 19). Consequently, it is not held as proven that any of the defendants knew, prior to 2019, of the existence of the water bodies that generate urbanistic limitations on the property in litigation. Hence, the referred administrative actions were issued with the information current at that time and were in accordance with the law. Thus, the grievance raised by the plaintiff is entirely discarded. In another argumentative vertex, the alleged error in the approval of "Quintas Veramont" also does not provide grounds to make the plaintiffs' position attainable, because not only is the review of that act not being requested, but, in the context in which this information is issued, the conclusion reached by the plaintiffs is not extracted. With the high possibility of being described as a subjective comment by the drafter of official communication OC-116-2013 (proven fact 1), the truth is that such characterization never generates a result or consequence of any nature regarding the property subject to litigation. From the record, it is clear that said official communication, contrary to what the plaintiff derives, does recognize an urbanistic consolidation of the project, since it merely refers to the possibility of road expansion in the protection zone, an act that is later reiterated and complemented by the possibility of building sidewalks in 2014 in response to a municipal consultation, always recalling that the 2012 Management Plan (Plan de Manejo) for the zone and the limitations to be applied to existing funds in the place must be respected (proven fact 2). This consolidation came about not only through the registration of the property registration number that remains to this day, the issuance of the approval (visto bueno) of land use in December 2014 (proven fact 3), and the municipal land use in December 2015 (proven fact 4), which materialized in construction permits PC 022-2016 and PC 578-2016 (proven facts 6 and 7). The efficient cause of the impossibility of building a single-family dwelling did not come from the 1997 approval of the Quintas Veramont project or from the referred acts, but from the existence of the springs identified in 2019, with both conducts lacking linkage. In fact, it must be emphasized that the municipality processed said approvals not under the legal figure of urbanization (urbanización) under the terms of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and the former regulation for the national control of subdivisions and urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), now repealed, but under the figure of a subdivision (fraccionamiento) fronting a public road, administrative acts that, in this proceeding, are not being questioned or challenged in any way. Thus, this reproach must also be rejected. Finally, we must address whether these actions constitute, or not, a determining or essential element in the purchase action, which the party indicates as originating a legitimate trust and, therefore, a defect of consent at the time of acquiring the property for consideration. To this, first, the liability of INVU, as well as the State under the representation of the Water Directorate's actions, must be directly discarded, because none of them were present in events before or at the time of acquiring the property in 2015, resulting in an evident lack of passive standing ad causam. Now, entering specifically into the grievance, the Court considers that the plaintiff omits to indicate what the basis is for all the defendants to be considered as necessary participants in its purchase action, specifically, in the manner in which its will as a buyer is formed (imputation criterion) to indicate that the administrative conduct directly vitiates consent and fractures the so-called legitimate trust. Our legal system, both civil and commercial, does not have public order norms that force any of the defendants to participate during the pre-contractual or contractual negotiations of property acquisition, thereby proving a lack of right in the plaintiffs' grievance. Neither INVU, SINAC, the State, nor the Municipality are part of the property acquisition process subject to this case; rather, it is an eminently private action (proven fact 5), where there is no guarantee from the respondent entities regarding the content of the acquisition of the real property. In fact, the Urban Planning Law provides exactly the opposite, as Article 35 states: "Whoever has acquired by sale or other onerous title a property or a real right over a property, and is harmed by said ineffectiveness of the acquisitive act, may demand its rescission and the consequent civil reparation," a norm that supports the action for contractual rescission due to hidden urbanistic defects. For this, as is consistent, the passive standing, being of a contractual nature, is opposable to the seller, given conventional relativity, and would not be opposable to the defendants who are classified as penitus extranei, that is, strangers to the contractual property acquisition relationship. In any case, as set forth supra, the existence of the irregularity or "error" by the defendants that would ground an infringement of the principle of legitimate trust is not determined, so the grievance must be entirely discarded. As is proven in the record, the identification and registration of the springs and streams occurred subsequent to the moment of purchase of the property in dispute.

Consequently, the necessary unlawfulness to support the indemnification obligation opposable to all defendants has not been proven, so the patrimonial claims of both plaintiffs must be rejected, as no reproach against any of the defendants has been established. Accordingly, claims 1 and 3 through 8 must be denied in their entirety, since the damages claimed are not attributable due to lack of right against the defendants.

X.3. Regarding the reproaches for normal functioning. Failure to meet requirements for indemnification. Non-indemnifiable environmental limitations. Nonexistence of the "dispossession" of the property's value: In the alternative, the plaintiffs consider that the urban planning limitation entails a loss of value of their property and an obligation of the defendants to indemnify its value. In response, the defendants argue that the prerequisites of Article 194 of the LGAP for generating this type of liability are not met and, in any event, it would not cover the scenario of losses.

CRITERION OF THE TRIBUNAL: To address this grievance, it is necessary to take into consideration a relevant antecedent: the nature of the property, given that part of the discourse used in the plaintiffs' theory of the case revolves around referring to it as susceptible to the construction of a single-family dwelling. In this regard, it is the frustration of that use that the plaintiffs invoke as a "dispossession" of the value of the property and of what was invested in it. Now, it is clear that such a position is based on a comparative analysis between the expected use and the effective use, insofar as the difference between the two produces a diminution in "value." To this, the plaintiffs proceed from the idea that the nature of the property is a lot "for construction," since the Real Estate Registry and the purchase deed so indicate—a thesis not shared by this Tribunal.

From a legal perspective, with the advent of urban planning, land-use, and environmental norms—which give rise to what is known in modern law as territorial planning regulations—the formerly absolute content referred to in the first statement of Article 264 of the Civil Code, with the emblematic Article 505 that granted the real property owner availability over the surface, subsoil, and airspace, was radically transformed through limits and limitations where private ownership is circumscribed to what public policy norms authorize. An aspect that, constitutionally, is supported by the first paragraph of Article 45 of the Magna Carta and the ample jurisprudence of the Constitutional Chamber that uses the expression "social function of property."

Now, in the specific case, the Tribunal determines that the nature of the property subject to litigation is not urban, given that it lies within the so-called Cerros de la Carpintera Protective Zone (Zona Protectora Cerros de la Carpintera), created by Decree 6112-A published in Gazette 136 of July 17, 1976. A zone that, as of 2007, was incorporated as a Special Forest Protection Zone (Zona Especial de Protección Forestal) in the Land-Use Zoning Regulation (Reglamento de Zonificación de Uso de Suelo) that is part of the Territorial Planning Plan of the Canton of Desamparados (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Desamparados), published in Gazette 243 and in force since December 18, 2007. For its part, through Resolution R-SINAC-CONAC-09-2012, the Council of SINAC approved the General Management Plan (Plan General de Manejo) for said Protective Zone, published in Gazette 96 and in force since May 18, 2012, which was later used as input for the approval (visto bueno) of SINAC and the municipal land-use certificate (certified facts 3 and 4). As can be observed, the farm of the Partido de San José under identification [Valor 002] has never had the classification of a residential or housing zone, as the plaintiffs seek to portray in their theory of the case. It is reiterated that this was fully known to the titleholder of the property at the time of acquisition and even beforehand.

Now, having determined the nature of the property, we find that the dominant or predominant use is defined by the aforementioned Management Plan for the case at hand, being located in the Restricted Use Zone (Zona de Uso Restringido), subzones 1 and 2 (certified fact 3), as follows: "ZUR… Included here are those forest areas, whether primary or secondary, where the regulations established by Articles 18, 19, and 20 of the Ley Forestal and Executive Decree No. 34559-MINAE apply; the protection areas of springs (nacientes) and rivers according to Articles 33 and 34 of the Ley Forestal and Article 31 of the Ley de Aguas; and the aquifer recharge zones (Ley de Biodiversidad, Article 114). Also included are those areas that are vulnerable from the geological point of view (risk zones) plus class VII and VIII soils (Ley de Suelos, Executive Decree No. 23214-MAG-MIRENEM). In the case of aquifer recharge zones (which are a priority for absolute protection), they will be included in the Restricted Use Zone with limitations on land use. They will only pass to absolute protection in the event of expropriation or purchase in favor of the State. The ZUR is divided into two subzones according to current land use and applicable legislation… Sub-Zone 1 includes all those areas of primary or secondary forest, the protection areas of captured springs (nacientes) (200 m radius) and uncaptured springs (100 m radius), and of riverbanks on flat terrain (15 m on each side) and broken terrain (50 m on each side), according to what the Law stipulates for each case. This subzone is identified as an aquifer recharge zone and class VII and VIII soils of land-use capacity. Those areas within this subzone that lack forest cover (cobertura forestal) must be dedicated to the recovery or restoration of the forest. Included are areas of high seismic vulnerability that are covered by forests… Permitted activities… 1. Research and education in a controlled manner, so as not to cause deterioration of biodiversity, soils, and surface and groundwater, complying with the requirements established by the Ley de Conservación de la Vida Silvestre and the Ley de Biodiversidad (such as research permits, collection, others). 2. Recreation and ecotourism (canopy, hiking, birdwatching, and similar), carried out at an intensity that does not lead to deterioration of biodiversity, soils, and surface and groundwater. These activities require periodic monitoring of the impact they may exert on biodiversity (for example, on ecosystems and species populations) and natural resources. 3. Timber harvesting (aprovechamiento maderable) of forest on private property, only if there is a management plan that contains the impact it may cause on the environment. The management plans must comply with the requirements of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), in accordance with Article 20 of the Ley Forestal and Executive Decree No. 34559-MINAE regarding Sustainable Forest Management (Manejo Forestal Sostenible), and must have the environmental viability approval of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) (Regulation on SETENA Procedures No. 25705-MINAE). 4. Reforestation with native and pioneer species to recover forest cover (cobertura boscosa) for conservation purposes. Buildings and infrastructure. 5. One dwelling per farm for the use of the owner or owners and other buildings necessary for the use or service of the farm (Article 19 of the Ley Forestal, Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 6. Non-permanent buildings linked to recreation or ecotourism activities on privately owned farms of no less than five hectares. 7. The development of basic service infrastructure (sanitary facilities, water intakes) for tourist services, provided they have a technical evaluation of the terrain and its environmental impact. Basic services, especially sanitary facilities, must be located in such a way that they do not represent a risk of contamination of groundwater and surface water, nor of soils, and must have treatment systems for black water or wastewater (aguas negras o servidas) and a solid waste management plan, with prior approval from the Ministry of Health (Ministerio de Salud). These services must have an operational monitoring plan. 8. Waste generators of any type and managers have the responsibility to manage waste in a way that does not contaminate soils, subsoils, water, air, and ecosystems. 9. Use of treatment systems, individual or collective, for black water or wastewater (aguas negras o servidas) that are environmentally friendly, for example FAFA-type treatment systems, biopurifiers (separation of solids and liquids), and similar systems that prevent contamination of groundwater, surface water, and soil. In some cases of domestic use, the use of non-conventional septic tanks may be considered, by carrying out environmentally friendly practices for the proper functioning of this system, thus guaranteeing a long useful life, such as the use of efficient microorganisms and environmentally friendly or organic cleaning substances (not using chemical substances such as chlorine, detergents, and disinfectants). Modern tanks available in the country include the use of filters. The treatment systems for black water or wastewater (aguas negras o servidas) must have a technical evaluation of the terrain for their placement and an operating permit issued by the Ministry of Health (Ministerio de Salud). The design must overcome technical limitations so that the infrastructure does not represent a risk of contamination of groundwater and surface water and soils. Other bodies with competence on this matter include: A y A, SENARA, and the municipalities. 10. Maintenance of existing roads, without this entailing the widening of said roads. Waste from maintenance must not be left within the ZPCC."

For its part, ZUR Subzone 2 is defined as "…those areas where regulations under the Law apply, but which are currently devoid of forest. These areas are considered within the ZUR because they are identified as aquifer recharge zones and because of the predominance of highly to very steep relief, falling into categories VII and VIII of land-use capacity, corresponding to lands of forestry suitability and to zones for the preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty, respectively… Permitted activities. 1. In the short term, current land uses are maintained, but due to their importance as an aquifer recharge zone, land-use capacity (VII and VIII), and high vulnerability to severe erosion processes, a transition toward better (environmentally friendly) productive practices that contribute to the conservation of biodiversity, soils, and surface and groundwater must be promoted in the medium term. 2. Diversified ecological agriculture for self-consumption in small areas within the farm that are identified as suitable for this practice and do not compromise the conservation of soils and water. 3. Permanent crops of fruit trees and coffee, combined with intensive conservation practices for soils and surface and groundwater. 4. Research and education in a controlled manner, so as not to cause deterioration of biodiversity, soils, and surface and groundwater, complying with the requirements established by the Ley de Conservación de la Vida Silvestre and the Ley de Biodiversidad (such as research permits, collection, others). 5. Recreation and ecotourism (canopy, hiking, birdwatching, and similar), carried out at an intensity that does not lead to deterioration of biodiversity, soils, and surface and groundwater. These activities require periodic monitoring of the impact they may exert on biodiversity (for example, on ecosystems and species populations) and natural resources. 6. Reforestation with native and pioneer species to recover forest cover (cobertura boscosa) for conservation purposes. 7. Forest plantations for commercial purposes and their harvesting on non-broken terrain, with slopes less than 40%, subject to a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and with intensive conservation practices for soils and water. 8. Timber harvesting (aprovechamiento maderable) of forest on private property, only if there is a management plan that contains the impact it may cause on the environment. The management plans must comply with the requirements of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), in accordance with Article 20 of the Ley Forestal and Executive Decree No. 34559-MINAE regarding Sustainable Forest Management (Manejo Forestal Sostenible), and must have the environmental viability approval of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) (Regulation on SETENA Procedures No. 25705-MINAE). This point is considered for areas destined for forest recovery, which in the future may be of interest for timber production. Buildings and infrastructure. 1. One dwelling per farm for the use of the owner or owners and other buildings necessary for the use or service of the farm (Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 2. Buildings related to local agricultural activity (Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE). 3. Non-permanent buildings linked to recreation or ecotourism activities on privately owned farms of no less than five hectares. Permanent buildings may be considered if their importance for the activity is justified and subject to a prior environmental impact assessment, being allowed only if the design overcomes the technical limitations of the terrain, does not lead to visual contamination or landscape deterioration, and does not contemplate tree felling. 4. The development of basic service infrastructure (sanitary facilities, water intakes) for tourist services, provided they have a technical evaluation of the terrain and its environmental impact. Basic services, especially sanitary facilities, must be located in such a way that they do not represent a risk of contamination of groundwater and surface water, nor of soils, and must have treatment systems for black water or wastewater (aguas negras o servidas) and a solid waste management plan. These services must have an operational monitoring plan. 5. Waste generators of any type and managers have the responsibility to manage waste in a way that does not contaminate soils, subsoils, water, air, and ecosystems. 6. Use of treatment systems, individual or collective, for black water or wastewater (aguas negras o servidas) that are environmentally friendly, for example FAFA-type treatment systems, biopurifiers (separation of solids and liquids), and similar systems that prevent contamination of groundwater, surface water, and soil. In some cases of domestic use, the use of non-conventional septic tanks may be considered, by carrying out environmentally friendly practices for the proper functioning of this system, thus guaranteeing a long useful life, such as the use of efficient microorganisms and environmentally friendly or organic cleaning substances (not using chemical substances such as chlorine, detergents, and disinfectants). Modern tanks available in the country include the use of filters. The treatment systems for black water or wastewater (aguas negras o servidas) must have a technical evaluation of the terrain for their placement and an operating permit issued by the Ministry of Health (Ministerio de Salud). The design must overcome technical limitations so that the infrastructure does not represent a risk of contamination of groundwater and surface water and soils. 7. Maintenance of existing roads, without this entailing the widening of said roads. Waste from maintenance must not be left within the ZPCC."

For its part, the aforementioned Territorial Planning Plan of Desamparados indicates as possible buildings within the Special Forest Protection Zone (Zona Especial de Protección Forestal): "a. One dwelling per farm for the use of the owner or owners and other buildings necessary for the use or services of existing farms. b. Related to local agricultural activity. c. For country clubs on lands no smaller than 5 hectares and with a building coverage no greater than 10%" (Article 147 of the zoning regulation). Thus, with the cited regulations, we can conclude that the dominant purpose refers to activities other than residential; however, accessorily, the construction of a dwelling for the owner's use is permitted. With this, the Tribunal departs from the real estate appraisal reports, both from the private appraiser Arias Retana and from the judicial appraiser González Portuguez, for determining a value of the property, since they were based on the idea that it was a residential property for construction purposes, which, as has been explained, is not the case for the property in dispute.

On the other hand, it must also be considered that the nature indicated has been maintained over time, whether since the creation of the protective zone, the territorial planning plan, or the general management plan; it is consistent with this condition, it being extraordinarily evident that the zone is highly prone to having water bodies susceptible to protection, to the extent of being incorporated into the very definition of the zone. Hence, the Tribunal categorically rejects the plaintiffs' assertion that, in this case, the appearance of unregistered springs (nacientes) after the purchase of the property was an unforeseen event or a surprise. This leads us to consider two aspects: first, that this was a known risk accepted by plaintiff [Name 001] at the time of acquisition of his property, which generates a severe component of self-assumption of risk and acquiescence to the conditions of acquisition; while second, we have that these conditions that define the material and effective content of the real property ownership of plaintiff [Name 001] are not an original condition (that happened to the promoter of the action), but a derivative one, which already existed in the property, and it is possible to apply the Latin principle "Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" ("no one may transfer more right to another than he himself has," Ulpian: Digest 50,17,54), with the plaintiff having to bear the risk, the limits, and the limitations that the property possessed at the time of its acquisition. Limits and limitations which, it should be noted in passing, are not indemnifiable, as this Tribunal developed in Judgment 2024003530 at 4:03 p.m. on June 3, 2024, which on this point stated: "... Regarding the limits, limitations, and charges on property, Articles 383 and 384 of the Civil Code provide: 'Article 383. Private property over real estate is subject to certain charges or obligations that the law imposes on it in favor of neighboring properties, or for reasons of public utility. Article 384. Obligations for reasons of public utility are governed by special regulations. Those referring to water matters are also governed by special laws, even if established in the interest or for the direct benefit of an individual.' (Emphasis not in original). Among the limits, limitations, or charges that are constitutionally permissible are those derived from the environmental regime, as in the instant case. In this sense, the Constitutional Tribunal has held that there exists a regime of limits and/or limitations that, so long as they do not empty the content of the property right nor are disproportionate or unreasonable, do not require indemnification, a position shared by this Chamber of Judges. Now, upon examining the arguments that the plaintiffs put forward as the basis for their claim for indemnification, and over which there is controversy between them and the State's representatives, it concerns the proportionality and reasonableness of the environmental limitations weighing on the real properties that are the object of this case. From this lack of reasonableness or disproportionality, the plaintiffs derive a liability of the State as Legislator, which grounds their claim that expropriation proceedings be carried out, because they consider that their property right is being emptied. Thus, this Chamber of Judges notes that there is no controversy that, in this case, the plaintiffs' properties are under an environmental limitation (See Certified Facts No. 10, 12, and 13); rather, the divergence lies in the effects these have on the content of the fundamental right to private property. In this sense, for this Jurisdictional Body, these environmental limitations must be analyzed from the perspective of the social function of property, and from there determine whether the plaintiffs are correct regarding the matters sought. On the social function of property, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has extensively developed this topic, highlighting, for purposes of elucidating the instant case, that the second paragraph of Article 45 of the Fundamental Norm allows the legislator, by qualified majority, to establish limitations of social interest on property, as a way to balance the liberal ideology that proposed broad freedom of private initiative and limited public action to promoting that spectrum of freedom within which private property had a purpose exclusively seen from or in favor of its owner. A thesis that gave way to theories more focused on safeguarding collective interests, so the framers valued that: 'Property is a legal institution that has been formed to respond to an economic need and that inexorably evolves like economic needs themselves. Now, in our modern societies, the economic need to which property has come to respond is profoundly transformed: consequently, property, as a legal institution, must also be transformed. The evolution of the concept of property is also determined by an increasingly closer interdependence of the different social elements. Hence, property, so to speak, becomes socialized. This does not mean that it becomes collective, in the sense of collectivist doctrines, but it meant two things: first, that individual property ceases to be a right of the individual to become a social function; and, second, that the cases of allocation of wealth to collectivities that must be legally protected are more and more numerous ...' (Comments of Deputy Volio Sancho. Records of the National Constituent Assembly of 1949, Volume I, page 505)." (See Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Resolution No. 2007-006581 of 3:39 p.m. on May 15, 2007). In this manner, our Constitutional Tribunal has held that this social function, although not expressly stated in Article 45 of the Constitution, is inferred from that precept, determining that the framers recognized that this social function has a universal character that is supported as part of the very existence of the community, where it is established that '(...) "Such limitations on the right to property are the product of the very fact of forming part of a community, the same one that guarantees that right, but subjects it to certain regulations with the purpose of achieving an optimal and harmonious enjoyment of the rights of all individuals and which are characterized, as a matter of principle, by not being indemnifiable" (judgment number 04205-96, cited above).' (See Resolution No. 2005-004926 of 11:59 a.m. on April 29, 2005, of the Constitutional Chamber). So that, for this Jurisdictional Body, when analyzing the reasonableness or proportionality of an environmental limitation, it entails performing a balancing between the principles of respect for private property and the public or collective interest, which are derived from constitutional precepts 45 first and second paragraphs, 46, and 50. Where, in the opinion of this Chamber of Judges, in the face of a presumed conflict between the dimensions or scopes of the right to individual private property, it must yield to the pursuit of the interest of the community, which translates into the pursuit and protection of the environment, not only the merely natural environment, but also the urban-environmental one. In other words, this Tribunal is of the opinion that the current constitutional framework in Costa Rica has given greater weight to environmental protection relative to private property, taking into account that from the fundamental right to a sustainable environment derive the fundamental rights to life and health of persons (including future generations), and as part of this, the right to access water and all the protection regimes for this water resource have been recognized. (On the right to access water, see inter alia Resolutions No. 2004-12263 of 2:49 p.m. on October 29, 2004, and No. 2011-6949 of 12:55 p.m. on May 27, 2011, issued by the Constitutional Chamber). In this case, the plaintiffs base their theory of the case on maintaining that there exists a disproportionate environmental limitation (collective interest) that empties their property right (individual interest) and therefore constitutes a de facto expropriation, from which arises a patrimonial liability of the State as Legislator, which is advanced as not shared by this Collective Chamber, as will be developed in the following lines… as noted, there is an error in equating the impossibility of constructing a dwelling with the utilization (aprovechamiento) as such of a property, which is not exhausted by the construction of a dwelling, but rather there exist different purposes or benefits that can be exercised as an owner. According to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, the word "aprovechar" is defined as "To usefully employ something, to make it profitable or to get the most out of it. To make good use of the cloth, time, the occasion." (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2023 Edition, consulted at: https://dle.rae.es/aprovechar). Therefore, that utilization must be analyzed with respect to all the rights arising from being the holder of an asset, and as cited, within the scope of the different types of property that exist, and the purposes of assets at the service of human beings. In this regard, precisely the Constitutional Tribunal has developed the topic of the different vocations of properties, that is, the purposes and different utilizations of real estate within the concept of social function, especially the environmental one, a topic of national public interest, in the sense that, from Article 50 of the Constitution, the right to health and life can be derived, such that the protection of the environment and water are vital to achieving harmonious coexistence of humanity. Thus, the Constitutional Chamber in Resolution No. 2007-006581-2007 at 3:39 p.m. on May 15, 2007, extensively reviewed the different types of social interest that conform to the constitutional block, and which the plaintiffs are setting aside... In this manner, we would only be in the scenario of emptying the property right when, due to the State's conduct (active or omissive), the possibility of exercising each and every one of the stated attributes or faculties is annulled, which has also not been proven by the plaintiffs. Although there is an environmental limitation and certain types of activities cannot be carried out on those properties, the truth of the matter is that the powers remain to utilize (usufructuar) them, for example, through crops, agricultural or livestock activities, or commercial activities that do not entail the complete transformation or the erection of permanent works on the property, so that it cannot be deduced from the record that the limitations contained in Articles 33 and 34 of the Ley Forestal and Article 149 of the Ley de Aguas make impossible the exercise of each and every one of the rights contained within the absolute ownership of their property…" It is this reasoning that applies identically to the case at bar. Although, as a result of the existence of a spring (una naciente) (of several, in fact), an impossibility arises of constructing a dwelling (an accessory use, not a dominant or principal one), this does not imply that the entirety of the principal and accessory uses that have been transcribed expressly in this section, and that are in force at the time of issuing this ruling, have been diminished, and which constitute the legal-economic value of the property in dispute. Thus, the defendants are correct in asserting that the indemnification obligation for normal functioning is inapplicable to the case at bar, given that, as has been set forth in detail, an injury of special intensity has not been proven, because an accessory and not a principal use of the property was disabled, and the impact affects not a limited group of subjects, but all those in the same factual condition, making Article 194 of the LGAP inapplicable, and consequently leading to the rejection of claims 2 and 10.

X.4. Corollary.

Regarding the specific claims and the defense of lack of right: As set forth in the preceding considerandos, the general grievances of liability for abnormal and normal functioning must be dismissed for lack of right, thus upholding the defense invoked by the defendants in that regard. Given the absence of proof of the essential elements for the generation of the indemnification obligation (lack of basic unlawfulness and causality attributable to the defendants), the claims must be dismissed in their entirety and the lawsuit declared without merit.

XI.- ON THE AWARD OF COSTS: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. Dispensation from this award is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and break the principle of awarding costs to the losing party; therefore, procedural and personal costs are borne by both plaintiffs. In the same vein, having been expressly requested, legal interest is recognized from the finality of the resolution setting them until their effective payment in favor of the State and SINAC.

 

POR TANTO

A partial lack of standing is noticed ex officio regarding the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and tenth claims, concerning material damages and losses associated with the property with respect to co-plaintiff [Name 002]. The defense of lack of right regarding all claims is upheld. Consequently, the lawsuit filed by the ESTATE OF [Name 001] and [Name 002] against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), and the STATE is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. Both costs are borne by the plaintiff and in favor of all defendants. Having been expressly requested, legal interest is recognized on said items from the finality of the resolution setting them until their effective payment in favor of the State and SINAC. Notify.-

Carlos José Mejías Rodríguez

Claudia Bolaños Salazar    Laura Gómez Chacón

 

	

M8V7R5ZXVRC61
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

CXDXUTOJF1K61
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

 

	

QMWEQCLYA43G61
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-005426-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-03-2026 14:05:02.

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