Res. 09639-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Homologation of vehicle closure at Playa ConchalHomologación de cierre vehicular en Playa Conchal

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 09639 - 2024

Fecha de la Resolución: 18 de Diciembre del 2024 a las 14:09

Expediente: 17-009708-1027-CA

Redactado por: No indica redactor

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

17-009708-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Y OTROS

 

 N° 2024009639

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con nueve minutos del dieciocho de Diciembre del dos mil veinticuatro.-

Se conoce solicitud de homologación de arreglo extrajudicial realizada por las partes principales de este proceso, la actora Desarrollos Hoteleros Guanacaste, Sociedad Anónima, representada por su apoderado generalísimo Marco Antonio López Volio, cédula de identidad N° 1-1074-933 y carné profesional de abogado N° 16191 y la Municipalidad de Santa Cruz, representada por su apoderado especial judicial, Verny Cordero Fonseca, carné profesional N° 3357. Dicho acuerdo cuenta con la aprobación de las partes codemandadas: el Estado, representado por la procuradora Yannia Salas Víquez, carné profesional N° 17402; el Consejo de Seguridad Vial, representado por su apoderado general judicial, Carlos Rivas Fernández, carné profesional N° 4375; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, representado por Deifilia Ávila Ruiz, carné profesional N° 8921 y el Instituto Costarricense de Turismo, representado por Ronny López Zapata, carné profesional N° 25187. Cabe acotar que los últimos dos profesionales en derecho, ostentan las calidades de apoderados especiales judiciales.-

Se indica que la presente resolución se emite previa deliberación y por unanimidad por los jueces del Equipo de Trabajo VIII (antigua Sección Octava) del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto y Jonatán Canales Hernández (quien realiza la ponencia).-

Considerando:

I) Actuaciones existentes en el legajo de la medida cautelar: el Tribunal de Apelaciones de esta jurisdicción por resolución oral N° 413-2018-II de las 16:25 horas del 16 de octubre del 2018, anuló el auto N° 1258-2018 de las 16:47 horas del 30 de julio anterior, que había adoptado una medida cautelar que a su vez ordenaba a la Municipalidad de Santa Cruz, la circulación y estacionamiento de vehículos por la playa. El mismo Tribunal de Apelaciones por resolución N° 360-2020-II de las 10:30 horas del 8 de julio del 2020, anuló el auto N° 1226-2019 de las 8 horas del 15 de julio del 2019, que disponía diversas actuaciones similares a las anteriores (véase el legajo de la medida cautelar a imágenes 570-586, 619-620, 825-842 y 1077-1092).-

Ante lo expuesto antes, la Jueza Tramitadora de este Tribunal, Godelieve Salas López, adoptó medida cautelar provisionalísima a las 12:18 horas del 5 de marzo del 2021, en que se ordenó al ayuntamiento: "(...)  que de manera inmediata proceda a impedir el tránsito y estacionamiento de vehículos automotores por la zona marítimo terrestre de Playa Conchal. Para lo anterior, deberá disponer y mantener los obstáculos que impidan el acceso y de vehículos a la zona pública. Además, deberá asegurar que las barreras impidan el tránsito de los vehículos automotores, pero no el libre acceso peatonal de las personas que quieran ingresar a Playa Conchal. No se omite indicar expresamente, que esta orden dispone el cierre inmediato para el ingreso de vehículos a la zona pública (la playa), no el cierre de accesos o caminos que se encuentren fuera de esa área". Finalmente, por auto Nº 982-2021 a las quince horas ocho minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la misma jueza mencionada, adoptó la siguiente medida cautelar: "(...) Se acoge la solicitud de medida cautelar y se ordena a la Municipalidad de Santa Cruz, disponer y mantener de forma inmediata las actuaciones administrativas que resulten necesarias para impedir el tránsito y estacionamiento de vehículos automotores (incluidos los cuadraciclos) por la zona pública de la zona marítimo terrestre de Playa Conchal. Para lo anterior, debe disponer el cierre con barreras y obstáculos de los accesos a la zona pública, así como vigilancia para evitar de la circulación de vehículos automotores por esta".  Dicha resolución se mantiene vigente hasta hoy (imágenes 1195-1197 y 1259-1271).-

II) Causa de pedir y objeto del proceso: Se reclama que con la connivencia de la Municipalidad de Santa Cruz y de la Policía de Tránsito, se ha permitido que en las playas Conchal y Puerto Viejo, se permite la circulación de vehículos automotores, lo que pone en peligro la vida y la integridad física de las personas que disfrutan de la playa, afectándose también el ecosistema de manglar que se encuentra dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal, comprobándose incluso por medio de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales privados y el estudio ACT-OR-DR-0666-17 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la existencia de importantes daños ambientales en la zona, por esa razón. Estima que se vulneran, el artículo 50 constitucional que tutela el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el deber de protección de los bienes demaniales y el numeral 133 de la Ley de Tránsito por Vías Terrestres. La legitimación procesal y en la causa, deriva de la existencia de un interés legítimo y un derecho subjetivo según lo establecido en la norma constitucional antecitada y en los incisos a) y c) del numeral 10 del Código Procesal Contencioso-Administrativo -en adelante -CPCA- (véase la demanda y específicamente imágenes 176-184).-

Asimismo, la parte actora había fijado sus pretensiones materiales en este proceso de la siguiente manera (véase la demanda y la audiencia preliminar del 1° de octubre del 2021, a imágenes 188-190 y 1147):

a) Ordenar a la Municipalidad de Santa Cruz y al Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sea la Policía de Tránsito, ambos dentro del ámbito de sus competencias, a ejecutar las conductas administrativas para evitar la circulación ilegal de vehículos automotores en la zona marítimo terrestre de Playa Conchal, incluyendo el cierre efectivo del paso vehicular hacia la playa.

b) Ordenar a todos lo codemandados dentro del ámbito de sus competencias, a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para reparar y proteger el Patrimonio Natural del Estado afectado.

c) Se condene a los codemandados al pago de costas.-

III) Que en la última audiencia señalada para realizar el juicio oral, realizada el 25 de setiembre del 2024, todas las partes pidieron un plazo para llegar a un arreglo extrajudicial y dar por terminado el presente proceso, concediéndose por el tribunal un plazo de dos meses para ese efecto; todo lo anterior en aplicación del artículo 79 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (véase la minuta correspondiente).-

IV)  Que se presentaron para conocimiento del Tribunal, los siguientes documentos:

1) Acuerdo del Concejo Municipal de Santa Cruz dado en la sesión ordinaria 41-2024 del 10 de octubre del 2024, artículo 06, inciso 02, en la que se dispuso:

(véase documento presentado el 21 de noviembre pasado en el Escritorio Virtual);

2) Arreglo extrajudicial suscrito entre la sociedad actora y la Municipalidad de Santa Cruz, que cuenta con la aprobación de los otros demandados, se acordó: "PRIMERO: La Municipalidad de Santa Cruz, se compromete a mantener el cierre de los accesos vehiculares automotores e impedir el tránsito y estacionamiento de estos, por la zona marítimo terrestre de Playa conchal, incluyendo el trayecto que efectivamente recorre la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre de las playas Conchal y Brasilito, ubicado entre los poblados de Playa Real y Brasilito del cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.//SEGUNDO: Que, en este mismo acto, la representación de la parte actora Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. manifiesta su conformidad con la solución extrajudicial propuesta para dar fin al presente litigio.// TERCERO: Cada parte correrá con las costas propias de este asunto.// CUARTO: En caso de incumplimiento, se procederá conforme al procedimiento de ejecución de sentencia. De conformidad con el artículo 117 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no siendo contrario al ordenamiento jurídico, ni lesivo al interés público, se solicita homologar el acuerdo de transacción celebrado entre las partes (...)".-

El fundamento de lo acordado es la conformidad de todas las partes con la medida cautelar dada por resolución N° 982-2021 de las 15:08 horas del 27 de julio del 2021, cuya parte dispositiva ya se transcribió. Luego se indicó: "7. Que la Municipalidad de Santa Cruz ha cumplido con lo dispuesto judicialmente vía cautelar.// 8. Que, la recuperación del ecosistema de Playa Conchal producto de la medida cautelar de cierre de automotores dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo, resulta necesaria para mitigar el daño ambiental ocasionado a la Zona Marítimo Terrestre y al Patrimonio Natural del Estado de Playa Conchal según el criterio indicado por el SINAC en informe SINAC ACT-OR-DR-0666-17 que consta en autos.// 9. Que, tratándose de Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre (oficio ZMT-971-2018 del 13 de julio de 2018 prueba del legajo principal) y el Patrimonio Natural del Estado (oficio ACT-OR-DR-790-18 del 13 de julio de 2018), dicha medida es acorde con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, el derecho fundamental

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art 50 Constitucional), al principio precautorio en materia ambiental, al de Tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, al principio de calidad ambiental y de solidaridad como Principio 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992 (...)".  Luego se cita el acuerdo del Concejo Municipal de Santa Cruz antecitado (véase documento presentado el 28 de noviembre pasado en el Escritorio Virtual).-

IV) Analizado el arreglo extrajudicial presentado por las partes, se encuentra que es conforme a derecho, por lo que se dirá a continuación:

a) En primer lugar, véase que la sociedad actora está legitimada en la causa, para plantear la presente demanda, en razón de la acción popular establecida en los numerales 50 constitucional y 10.4 CPCA, habida cuenta que si las playas son bienes demaniales protegidos por los artículos 121.14 constitucional y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, toda persona física o jurídica puede accionar para la defensa y protección de esos bienes en sede jurisdiccional.-

b) Luego, es evidente que si la medida cautelar adoptada por este Tribunal, el día 27 de julio del 2021, no fue impugnada y el ayuntamiento ha bloqueado para el tránsito de vehículos las playas que interesan, desde esa fecha, subsiste el interés actual en lo que se resuelva en el expediente;

c) En cuanto a la procedencia jurídica del acuerdo logrado por las partes, se evidencia que lo dispuesto por las partes es conforme a derecho.-

Véase que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre: "Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento  y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales.// El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva" (los subrayados son propios), por lo que la municipalidad demandada es quien tiene la competencia de administrar y proteger la integridad y garantizar el buen uso de las playas, para el aprovechamiento de todos los habitantes, por lo que el ejercicio de sus atribuciones en el sentido dado, es conforme al adecuado uso de esas facultades.-

Luego, debe recordarse también que es prohibido la circulación en vehículos automotores dentro de las playas, de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Tránsito por Vías Terrestres (N° 9078 de 4 de octubre de 2012), que dice: "Se prohíbe la circulación de los vehículos automotores en las playas del país, con las siguientes excepciones:// a) Cuando la Dirección General de Ingeniería de Tránsito lo autorice.// b) Para sacar o meter embarcaciones al mar.// c) En casos de emergencias o en los que se requiera una acción para proteger vidas humanas.// d) En el caso de los vehículos que ingresen a la playa para cargar productos provenientes de la pesca o para desarrollar otras actividades laborales debidamente autorizadas por la autoridad competente, de conformidad con los fines de la zona pública, según lo establecido en la Ley N.º 6043, Ley sobre de la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas", razón por la cual lo acordado, es precisamente el cumplimiento de lo establecido en una norma legal.-

Observado que los compromisos que adquiere el máximo órgano del ente territorial demandado, el Concejo Municipal de Santa Cruz, son conforme a derecho y satisfacen lo pretendido y que tanto la parte actora, como los otros codemandados, que tendrían competencias públicas subordinadas a las del ayuntamiento en materia de protección de la Zona Marítimo Terrestre, no queda otro camino que otorgar la homologación solicitada en todos los extremos solicitados, en aplicación del artículo 117 CPCA.-

Cabe advertir que si se incumpliera lo acordado, pueden las partes solicitar el cumplimiento compulsivo de lo aquí dispuesto, de conformidad con lo prescrito en el numeral 175 CPCA, que establece: "1) Será contraria al ordenamiento jurídico la conducta administrativa que no se ajuste a lo dispuesto en la sentencia firme.// 2) Una vez firme la sentencia, si la Administración Pública incurre en cualquier conducta contraria a aquella, en perjuicio de la parte interesada, esta última podrá solicitar al juez ejecutor su nulidad, conforme a las reglas de este capítulo, sin necesidad de incoar un nuevo proceso".-

Por tanto:

Se homologa el acuerdo extrajudicial realizado por las partes, que dispone: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz, se compromete a mantener el cierre de los accesos vehiculares automotores e impedir el tránsito y estacionamiento de estos, por la zona marítimo terrestre de Playa Conchal, incluyendo el trayecto que efectivamente recorre la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre de las playas Conchal y Brasilito, ubicado entre los poblados de Playa Real y Brasilito del cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste; 2) En caso de incumplimiento, la parte interesada pondrá en conocimiento de esa situación al Área de Ejecución de este Tribunal, para que se realice el cumplimiento forzoso de lo acordado según el procedimiento establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo; 3) Cada parte asume sus propias costas. Finalmente, se mantiene la vigencia de la medida cautelar, Nº 982-2021 de las quince horas ocho minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, hasta que adquiera firmeza lo aquí resuelto. Notifíquese.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Jueces.-

 

	


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JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 17-009708-1027-CA

Goicoechea, San Rafael de Calle Blancos, 200 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:41:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SENTENCING TRIBUNAL: CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

**Ruling No. 09639 - 2024**

**Ruling Date:** December 18, 2024 at 14:09

**Expediente:** 17-009708-1027-CA

**Drafted by:** Drafter not indicated

**Type of Matter:** Contentious-administrative proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Rulings in the same expediente**

**Text of the Ruling**

EXPEDIENTE:

17-009708-1027-CA - 1

PROCEEDING:

KNOWLEDGE

PLAINTIFF:

DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.

DEFENDANT:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ AND OTHERS

No. 2024009639

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hundred hours and nine minutes on the eighteenth of December of two thousand twenty-four.-

The request for approval (homologación) of an extrajudicial settlement made by the main parties to this proceeding is heard: the plaintiff Desarrollos Hoteleros Guanacaste, Sociedad Anónima, represented by its general attorney-in-fact Marco Antonio López Volio, identity card No. 1-1074-933 and attorney license No. 16191, and the Municipalidad de Santa Cruz, represented by its special judicial attorney-in-fact, Verny Cordero Fonseca, attorney license No. 3357. Said agreement has the approval of the co-defendant parties: the State, represented by the prosecutor Yannia Salas Víquez, attorney license No. 17402; the Consejo de Seguridad Vial, represented by its general judicial attorney-in-fact, Carlos Rivas Fernández, attorney license No. 4375; the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, represented by Deifilia Ávila Ruiz, attorney license No. 8921; and the Instituto Costarricense de Turismo, represented by Ronny López Zapata, attorney license No. 25187. It should be noted that the last two legal professionals hold the status of special judicial attorneys-in-fact.-

It is indicated that this ruling is issued after deliberation and unanimously by the judges of Work Team VIII (former Eighth Section) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, and Jonatán Canales Hernández (who presents the opinion).-

Considering:

I) Existing actions in the file for the provisional remedy (medida cautelar): The Court of Appeals of this jurisdiction, by oral resolution No. 413-2018-II at 16:25 hours on October 16, 2018, annulled order No. 1258-2018 at 16:47 hours on July 30 of the previous year, which had adopted a provisional remedy (medida cautelar) that in turn ordered the Municipalidad de Santa Cruz to allow the circulation and parking of vehicles on the beach. The same Court of Appeals, by resolution No. 360-2020-II at 10:30 hours on July 8, 2020, annulled order No. 1226-2019 at 8:00 hours on July 15, 2019, which provided for various actions similar to the previous ones (see the file for the provisional remedy (medida cautelar) at images 570-586, 619-620, 825-842, and 1077-1092).-

In light of the foregoing, the Processing Judge of this Tribunal, Godelieve Salas López, adopted a provisionalísima remedy (medida cautelar provisionalísima) at 12:18 hours on March 5, 2021, in which the municipality was ordered: "(...) to immediately proceed to prevent the transit and parking of motor vehicles in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal. For the foregoing, it must arrange and maintain obstacles that prevent the access of vehicles to the public zone (zona pública). Furthermore, it must ensure that the barriers prevent the transit of motor vehicles, but not the free pedestrian access of persons who wish to enter Playa Conchal. It is not omitted to expressly state that this order provides for the immediate closure of vehicle access to the public zone (zona pública) (the beach), not the closure of accesses or roads located outside that area." Finally, by order No. 982-2021 at fifteen hours eight minutes on the twenty-seventh of July of two thousand twenty-one, the same judge mentioned adopted the following provisional remedy (medida cautelar): "(...) The request for a provisional remedy (medida cautelar) is granted, and the Municipalidad de Santa Cruz is ordered to immediately arrange and maintain the administrative actions necessary to prevent the transit and parking of motor vehicles (including quadricycles) in the public zone (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal. For the foregoing, it must arrange the closure of accesses to the public zone (zona pública) with barriers and obstacles, as well as surveillance to prevent the circulation of motor vehicles through it." Said resolution remains in effect to this day (images 1195-1197 and 1259-1271).-

II) Cause of action and object of the proceeding: It is claimed that with the connivance of the Municipalidad de Santa Cruz and the Traffic Police, the circulation of motor vehicles has been permitted on Playa Conchal and Playa Puerto Viejo, which endangers the life and physical integrity of people enjoying the beach, also affecting the mangrove ecosystem located within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal, with the existence of significant environmental damage in the area due to that reason, having been verified even through an environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) carried out by an interdisciplinary team of private professionals and study ACT-OR-DR-0666-17 of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. It is deemed that Article 50 of the Constitution, which protects the right to a healthy and ecologically balanced environment, is violated; as well as the duty to protect public domain assets (bienes demaniales) and numeral 133 of the Ley de Tránsito por Vías Terrestres. The procedural and cause standing derives from the existence of a legitimate interest and a subjective right as established in the aforementioned constitutional norm and in subparagraphs a) and c) of numeral 10 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo -hereinafter CPCA- (see the complaint and specifically images 176-184).-

Likewise, the plaintiff had established its substantive claims in this proceeding as follows (see the complaint and the preliminary hearing of October 1, 2021, at images 188-190 and 1147):

a) Order the Municipalidad de Santa Cruz and the State, through the Ministry of Public Works and Transportation, be it the Traffic Police, both within the scope of their competencies, to execute the administrative actions to prevent the illegal circulation of motor vehicles in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal, including the effective closure of vehicular passage to the beach.

b) Order all co-defendants, within the scope of their competencies, to adopt all measures necessary to repair and protect the affected Patrimonio Natural del Estado.

c) Order the co-defendants to pay costs.-

III) That at the last hearing scheduled to hold the oral trial, held on September 25, 2024, all parties requested a period to reach an extrajudicial settlement and terminate this proceeding, the tribunal granting a period of two months for that purpose; all the foregoing in application of Article 79 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (see the corresponding minutes).-

IV) That the following documents were submitted for the Tribunal's knowledge:

1) Agreement of the Concejo Municipal de Santa Cruz given in ordinary session 41-2024 of October 10, 2024, Article 06, subsection 02, in which it was provided:

(see document submitted on November 21 past in the Escritorio Virtual);

2) Extrajudicial settlement signed between the plaintiff company and the Municipalidad de Santa Cruz, which has the approval of the other defendants, it was agreed: "FIRST: The Municipalidad de Santa Cruz commits to maintaining the closure of motor vehicular accesses and preventing the transit and parking thereof in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal, including the stretch that the Zona Pública of the Zona Marítimo Terrestre of Playa Conchal and Playa Brasilito actually covers, located between the towns of Playa Real and Brasilito in the canton of Santa Cruz, province of Guanacaste.//SECOND: That, at this same act, the representation of the plaintiff Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. expresses its conformity with the extrajudicial solution proposed to end this litigation.// THIRD: Each party shall bear its own costs in this matter.// FOURTH: In case of non-compliance, the judgment execution procedure shall be followed. Pursuant to Article 117 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it is requested to approve (homologar) the settlement agreement entered into by the parties, as it is not contrary to the legal system nor detrimental to the public interest (...)".-

The basis for what was agreed is the conformity of all parties with the provisional remedy (medida cautelar) given by resolution No. 982-2021 at 15:08 hours on July 27, 2021, the operative part of which has already been transcribed. Then it was indicated: "7. That the Municipalidad de Santa Cruz has complied with what was judicially ordered via the provisional remedy (medida cautelar).// 8. That, the recovery of the Playa Conchal ecosystem as a result of the provisional remedy (medida cautelar) to close motor vehicles ordered by the Tribunal Contencioso Administrativo, is necessary to mitigate the environmental damage caused to the Zona Marítimo Terrestre and to the Patrimonio Natural del Estado of Playa Conchal according to the criterion indicated by SINAC in report SINAC ACT-OR-DR-0666-17 which is in the case file.// 9. That, given that it concerns the Zona Pública of the Zona Marítimo Terrestre (official letter ZMT-971-2018 of July 13, 2018, evidence from the main file) and the Patrimonio Natural del Estado (official letter ACT-OR-DR-790-18 of July 13, 2018), said measure is consistent with the provisions of Article 11 of the Biodiversity Law, the fundamental right

to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50 of the Constitution), the precautionary principle in environmental matters, the principle of Environmental Law Protection by the State, the principle of environmental quality and solidarity as Principle 7 of the United Nations Conference on Environment and Development 1992 (...)". Then the aforementioned agreement of the Concejo Municipal de Santa Cruz is cited (see document submitted on November 28 past in the Escritorio Virtual).-

IV) Having analyzed the extrajudicial settlement submitted by the parties, it is found to be in accordance with the law, as will be stated below:

a) First, it is seen that the plaintiff company has standing in the cause to file this complaint, by reason of the citizen action (acción popular) established in constitutional numeral 50 and CPCA 10.4, given that if beaches are public domain assets (bienes demaniales) protected by constitutional article 121.14 and the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, any natural or legal person can bring an action for the defense and protection of those assets in the jurisdictional venue.-

b) Then, it is evident that if the provisional remedy (medida cautelar) adopted by this Tribunal on July 27, 2021, was not challenged and the municipality has blocked the beaches of interest to vehicle transit since that date, the current interest in what is decided in the expediente subsists;

c) Regarding the legal permissibility of the agreement reached by the parties, it is evident that what was provided by the parties is in accordance with the law.-

It is noted that pursuant to Article 3 of the Ley de la Zona Marítima Terrestre: "Without prejudice to the powers of that Institute, the municipalities are responsible for directly ensuring compliance with the norms of this law concerning the ownership, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and especially the tourist areas of the coastlines.// The usufruct and administration of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), both of the public zone (zona pública) and the restricted zone (zona restringida), correspond to the municipality of the respective jurisdiction" (underlining added), therefore the respondent municipality is the one with the competence to administer and protect the integrity and guarantee the proper use of the beaches for the benefit of all inhabitants, so the exercise of its powers in the given sense is consistent with the appropriate use of those faculties.-

Then, it must also be remembered that the circulation of motor vehicles on beaches is prohibited, pursuant to Article 133 of the Ley de Tránsito por Vías Terrestres (No. 9078 of October 4, 2012), which states: "The circulation of motor vehicles on the country's beaches is prohibited, with the following exceptions:// a) When the Dirección General de Ingeniería de Tránsito authorizes it.// b) To launch or retrieve vessels from the sea.// c) In cases of emergencies or when an action is required to protect human lives.// d) In the case of vehicles entering the beach to load products from fishing or to carry out other work activities duly authorized by the competent authority, in accordance with the purposes of the public zone (zona pública), as established in Law No. 6043, Ley sobre de la Zona Marítimo Terrestre, of March 2, 1977, and its reforms", which is why what was agreed upon is precisely compliance with what is established in a legal norm.-

Noting that the commitments undertaken by the highest body of the respondent territorial entity, the Concejo Municipal de Santa Cruz, are in accordance with the law and satisfy what was sought, and that both the plaintiff and the other co-defendants, which would have public competencies subordinate to those of the municipality in matters of protection of the Zona Marítimo Terrestre, no other course remains but to grant the approval (homologación) requested in all the terms sought, in application of Article 117 CPCA.-

It should be noted that if what was agreed upon is breached, the parties may request the compulsory fulfillment of what is herein provided, in accordance with what is prescribed in numeral 175 CPCA, which establishes: "1) Any administrative conduct that does not conform to the provisions of the final judgment (sentencia firme) shall be contrary to the legal system.// 2) Once the judgment is final (sentencia firme), if the Public Administration engages in any conduct contrary thereto, to the detriment of the interested party, the latter may request its nullity from the executing judge, in accordance with the rules of this chapter, without needing to initiate a new proceeding".-

Therefore:

The extrajudicial agreement reached by the parties is approved (homologa), which provides: 1) That the Municipalidad de Santa Cruz commits to maintaining the closure of motor vehicular accesses and preventing the transit and parking thereof in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal, including the stretch that the Zona Pública of the Zona Marítimo Terrestre of Playa Conchal and Playa Brasilito actually covers, located between the towns of Playa Real and Brasilito in the canton of Santa Cruz, province of Guanacaste; 2) In case of non-compliance, the interested party shall bring this situation to the attention of the Execution Area of this Tribunal, so that the compulsory fulfillment of what was agreed upon is carried out according to the procedure established in the Código Procesal Contencioso Administrativo; 3) Each party bears its own costs. Finally, the provisional remedy (medida cautelar) No. 982-2021 at fifteen hours eight minutes on the twenty-seventh of July of two thousand twenty-one remains in effect until what is resolved here becomes final (adquiera firmeza). Notify.- Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, Judges.-

JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - DECIDING JUDGE

PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - DECIDING JUDGE

ROSA MARÍA CORTES MORALES - DECIDING JUDGE

EXP: 17-009708-1027-CA

Goicoechea, San Rafael de Calle Blancos, 200 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus PJ on: 05-08-2026 16:41:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República