Res. 00006-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Lifting of interim measure in wildlife refuge due to lack of use permitLevantamiento de medida cautelar en refugio de vida silvestre por falta de permiso de uso

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00006 - 2025

Fecha de la Resolución: 03 de Enero del 2025 a las 14:39

Expediente: 23-007643-1027-CA

Redactado por: Alana Fonseca Lobo

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

23-007643-1027-CA - 9




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

3-101-530680 S.A.




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025000006

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del tres de Enero del dos mil venticinco.-

 

 

 

 MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, interpuesta por la sociedad 3-101-530680 S.A representado por MARCO UMAÑA FRANCESQUI ; en contra ESTADO y el SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN.

 

RESULTANDO

 I)  En fecha 22 de diciembre del 2023, la aquí actora formula medida cautelar ante causam solicitando a este Tribunal lo que se observa en la imagen que de seguido se adjunta:

 

 

 

 

 

 

 

 II)  En resolución de las veintitrés horas cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés; este tribunal acogió la medida cautelar peticionada en carácter de provisionalísima, y ordenó la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones n. SINAC-ACOSA-D-618-2023 del 10 de noviembre del 2023 y SINAC-ACOSA D-R-73 del cuatro de diciembre del 2023. Así mismo, ordenó que en forma inmediata el SINAC, o bien el accionante, en forma directa y por su propia cuenta, realicen la eliminación del zacate jaragua y arbustos de hicaco en los terrenos con permiso de uso otorgados a favor de las personas jurídicas 3-101-53080 y 3-101-530537 S.A que corresponden a los lotes 4 y 5, para lo cual, podrán utilizar el equipo o maquinaria especializada "BACK hoe" o similar, garantizando en todo momento un absoluto resguardo de las especies de flora y fauna del Refugio de Visa Silvestre Precioso-Platanares.  (imágenes 27-28 del legajo cautelar).

 III) En fecha 9 de enero del 2024, la representación del SINAC contestó de forma negativa la presente gestión cautelar y solicitó su rechazo al no concurrir, a su criterio, la totalidad de los presupuestos legales necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar; resaltando la inexistencia de permiso de uso de suelo a favor de los gestionantes  (imágenes 44-56 del legajo cautelar).

 IV)  En escrito de fecha 12 de enero del 2024, el SINAC aportó como prueba para mejor resolver las resoluciones que de seguido se observan:

 

 

 

 

 V) En fecha  26 de noviembre el Estado contestó de forma negativa la presente gestión cautelar y solicitó su rechazo al no concurrir, a su criterio, la totalidad de los presupuestos legales necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar (imágenes 325-329 del legajo cautelar).             

 VI) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones que puedan causar indefensión a las partes o nulidades futuras.

 

CONSIDERANDO

 I) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR: tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es PROTEGER Y GARANTIZAR, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar NO TIENE COMO FIN DECLARAR UN HECHO o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio; sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de quien juzga de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia de los y las particulares por un lado; y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte    instrumental y provisional.

 II)  REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR: al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional, que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida,    el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris), peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante;    la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a)    apariencia de buen derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) peligro en la mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos, por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos, en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo razonable, pero tiempo al fin. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.             

 III) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo  tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio <esto es>, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

 IV) ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONANTE: La parte actora presenta la gestión cautelar solicitando a este Tribunal la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones n. SINAC-ACOSA-D-618-2023 del 10 de noviembre del 2023 y SINAC-ACOSA D-R-73 del cuatro de diciembre del 2023, así como, ordenar que en forma inmediata el SINAC, o bien los permisionarios de los lotes 4 y 5 realicen en forma directa y por su propia cuenta,  la eliminación del zacate jaragua y arbustos de hicaco en los terrenos con permiso de uso otorgados a favor de las personas jurídicas 3-101-53080 y 3-101-530537 S.A para lo cual puedan utilizar el equipo o maquinaria especializada "BACK hoe" o similar, garantizando en todo momento un absoluto resguardo de las especies de flora y fauna del Refugio de Visa Silvestre Precioso-Platanares.  Sostiene que mediante resolución SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 del 19 de julio del 2017 y SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017 del 27 de julio del 2017, les fue otorgado permiso de uso de suelo, por lo que como consecuencia en oficio SINAC-ACOSA-D-271-2023 del 5 de julio del 2023, otorgó un visto bueno para labores de mantenimiento, las cuales consisten en eliminación del Zacate Jaragua. Sin embargo, mediante resolución SINAC-ACOSA-D-618-2023, se dispuso no autorizar la eliminación de la vegetación hasta tanto no se contara con los permisos de uso debidamente autorizados, por lo que a su criterio se denegó de forma ilegal y modificó el oficio  SINAC-ACOSA-D-271-2023 del 5 de julio del 2023. De manera que se vieron en la obligación de interponer recurso de revocatoria, el cual fue  denegado  mediante resolución SINAC-ACOSA-D-R-073-2023. Sostiene que las resoluciones que el SINAC dictó son absolutamente contrarias a lo dispuesto en el Plan General de Manejo de Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares, y que provocan una evidente violación al principio de No reforma en perjuicio al desconocer un acto declaratorio de una situación jurídica consolidada. Alega existe un peligro inminente pues las resoluciones SINAC-ACOSA-D-618-2023  y SINAC-ACOSA-D-R-073-2023 presentan obstáculos e impedimentos que provocan un daño gravísimo a los terrenos sobre los cuales se ha solicitado limpieza y eliminación de plantas exóticas como el paso de jaragua e hicacos , por lo que el no hacerlo desmejora la vegetación endémica,  la belleza escénica del lugar y se pueden provocar incendios forestales. Finalmente argumenta que es evidente la inexistencia de un interés público que se sobreponga a la medida cautelar requerida, pues no se afecta a la colectividad, sino todo lo contrario. 

 

 V) ALEGATOS DEL SINAC: De primera mano señala que desde el año 2017 mediante resolución SINAC-ACOSA-D-PV-037-2017, se le advirtió al usuario que el permiso solicitado estaba en etapa previa de aprobación y que la aprobación definitiva quedaba supeditada a la presentación de la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Ambiental una vez presentado la viabilidad ambiental y el proyecto específico de las actividades a desarrollar, por lo que el gestionante nunca ha tenido permiso de uso, y que este simple hecho le resta la apariencia de buen derecho a la medida cautelar que nos ocupa. Sostiene que no existe peligro en la demora porque el gestionante no indica cuales son los daños que se producen y no presenta tampoco prueba de los mismos.

 

    VI) ARGUMENTOS DEL ESTADO: Sostiene que  los terrenos a que se refieren las anteriores resoluciones se ubican dentro del Refugio de Vida Silvestre Mixto Preciosa Platanares, creado mediante Decreto Ejecutivo 26825-MINAE de 4 de marzo de 1998, y sobre los mismos la parte actora solicitó permisos; no obstante, según puede verse en las resoluciones SINACACOSA- D-PU-037-2017 y SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, dichos permisos no fueron otorgados (Más aún, por no haberse diligenciado, su presentación está caduca, según indica el SINAC en su contestación a esta medida), por lo que a la fecha de hoy es evidente la falta de derecho, o apariencia del mismo, porque no tiene ningún permiso de uso de los que indica en los hechos, y si bien es cierto el Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares cuente con un Plan General de Manejo, el mismo es un instrumento orientador (Art 2 del Plan General de Manejo) que no sustituye las autorizaciones específicas que otorga el SINAC dentro del Patrimonio Natural del Estado ubicado en la Zona Marítimo Terrestre como en el presente caso; recuérdese que, por lo delicado de los intereses que aquí nos ocupan, es la razón por la cual en materia ambiental ni siquiera aplica el silencio positivo a favor del administrado. A su criterio  la parte actora se aferra a que se le permita intervenir dicha zona estatal con un back hoe, con el motivo de que la vegetación podría provocar incendios, realizando un barrido a nivel del suelo, y sin contar con un permiso de uso en el área y que la supuesta relación entre la no corta con back hoe de la vegetación exótica y un inminente incendio de la misma como presupuesto para justificar el peligro en la demora tampoco se ve sustentada técnica ni jurídicamente en el escrito de la parte actora, y el que exista una disposición orientadora dentro de un instrumento general, como lo es el Plan General de Manejo del Refugio, es un argumento claramente insuficiente para que deba permitirse tales acciones dentro del dominio público doblemente protegido por el Patrimonio Natural del Estado y la Zona Marítimo Terrestre, específicamente la zona pública y por ello,  no se sustenta que pueda existir una ponderación de intereses que favorezca lo pretendido por el actor; o que justifique la intervención, invasión o accionar, de cualquier índole, por parte de personas particulares que no ostentan permiso de uso, u otro, dentro de estos bienes demaniales.

 

 VII) SOBRE EL CASO CONCRETO: partiendo de lo anteriormente expuesto, se procede a realizar el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta no está razonablemente motivada, justificada, y evidencia todo, menos una seriedad necesaria para entrar a ser conocida en un proceso de conocimiento. Hay un aspecto que en el caso concreto debe resaltarse y son la existencia de las resoluciones SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 del 27 de julio del 2017. y SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017. Según el argumento del gestionante, las resoluciones citadas le otorgaron permiso de uso de suelo; no obstante, de una simple lectura de la resolución se puede evidenciar que tal aspecto no es cierto; en este sentido a imágenes 73-87 del legajo cautelar se tiene que el por tanto de ambas resoluciones fue enfático en resolver, que el permiso de uso se otorgaba en fase previa, y previno al administrado que la aprobación definitiva del permiso estaba supeditado a la presentación de la viabilidad ambiental y  el proyecto específico de las actividades a desarrollar, e incluso otorgó una vigencia de 5 años, lo que quiere decir que desde el año 2022, el permiso de uso en fase previa estaba vencido, situación suficiente para borrar cualquier apariencia de buen derecho que la parte pretenda justificar. Llama la atención de esta juzgadora, que el gestionante afirme tener el permiso de uso, justificando en las resoluciones de cita, sin hacer mención a que tales resoluciones establecían los limitantes que se desarrollan en estas líneas, desconoce esta juzgadora si se trata de una errónea lectura, o si por el contrario media algún tipo de mala fe del actor, no obstante, tal aspecto es irrelevante para el caso concreto, pues errónea lectura o no  , lo cierto es que el actor no tiene permiso de uso. De igual forma, como se observa de la resolución SINAC-ACOSA-D-618-2023, la cual dispuso no autorizar la eliminación de la vegetación, se debe destacar que la literalidad del oficio es claro en señalar, que ese impedimento se da hasta tanto " [...] no se contara con los permisos de uso debidamente autorizados [...] ", que la parte no halla gestionando lo pertinente, es un aspecto achacable única y exclusivamente a quienes han acudido a esta vía, pues como se dijo, en el escenario mas benevolente, partiendo de una errónea lectura de las resoluciones SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017  y SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, en cuanto a la condición del permiso de uso otorgado, las mismas eran claras al señalar la vigencia por un plazo determinado, 5 años en el caso particular, por lo que no existe lógica para argumentar, que aún el permiso está vigente.   Debe tomar en cuenta quien gestiona, que existen mecanismos procedimentales, que puedieron ser utilizados dentro del mismo proceso administrativo desde el año 2017- si es que la parte se encontraba inconforme con lo resuelto en ese momento- pero no consta en autos, que posterior a esa resolución se haya otorgado ningún permiso, e incluso el mismo argumento de la parte actora es el sosten para rechazar cualquier apariencia de buen derecho, pues es justamente las resoluciones de cita, que la parte sostiene le otorgan un permiso de uso. Por ello en el caso  que nos ocupa, los argumentos que da no permiten tener por acreditado este presupuesto. En este sentido es necesario indicar que si bien es cierto el fondo del asunto no llega a ser resuelto en esta instancia, el desarrollar la teoría del caso es de vital importancia, puesto que como se desarrolló en lineas atrás, en este presupuesto se analiza la seriedad de la demanda, de modo que, se pueda analizar la posibilidad de que en un futuro proceso de conocimiento su pretensión pueda ser atendida y tenga potencial de victoria; no obstante, eso no pasa en el presente caso, todo lo contrario. Tome en cuenta la parte que no basta con indicar  que existe una apariencia de buen derecho, sino que deberá sostener ante esta instancia, argumentos que no resulten carentes de seriedad, y que le permita a la persona juzgadora,   analizar que tan factible es su teoría del caso ante un eventual proceso de conocimiento, claro está sin entrar a realizar un juicio valorativo sobre el fondo del conflicto, lo cual deberá ser resuelto en la instancia judicial correspondiente y no en este proceso cautelar. Es por ello, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta juzgadora es del criterio, de que en la presente acción, no existe una apariencia de buen derecho. Ahora bien, como se indicó desde el inicio de la presente resolución, es necesario, que concurran los 3 presupuestos cautelares para proceder a un otorgamiento, lo cual quiere decir que ante la ausencia de uno solo de ellos es imposible entrar a otorgar la medida cautelar que se plantea, y por tal motivo la medida cautelar debe de ser rechazada en los términos pedidos; toda vez que los presupuestos o requisitos para la procedencia de la misma no son excluyentes entre sí, y a falta de uno de ellos la consecuencia es el rechazo de la misma, como en efecto se dispone. Sin embargo, está juzgadora con la finalidad que la parte entienda la totalidad de los argumentos que llevan al rechazo de su medida, continuará con la explicación del por qué, tampoco los restantes dos presupuestos se cumplen.

 En cuanto al PELIGRO EN LA DEMORA: ahora bien, como se indicó en el considerando anterior, para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios, graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente. Dicho daño deberá alcanzar una magnitud de gravedad, y esa gravedad únicamente se podrá constatar con la prueba pertinente, necesaria y contundente para evidenciarlo; carga procesal que de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil, el cual por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo    resulta aplicable, le corresponde a quien formule una pretensión, respecto a los hechos constitutivos de su derecho; y a criterio de esta juzgadora, no se aporta elementos de convicción suficientes respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave. En este sentido , si bien es cierto la parte pretende justificar que el daño radica en que las resoluciones SINAC-ACOSA-D-618-2023  y SINAC-ACOSA-D-R-073-2023 presentan obstáculos e impedimentos que provocan un daño gravísimo a los terrenos sobre los cuales se ha solicitado limpieza y eliminación de plantas exóticas como el paso de jaragua e hicacos , por lo que el no hacerlo desmejora la vegetación endémica,  la belleza escénica del lugar y se pueden provocar incendios forestales; los autos y la prueba que se ha hecho llegar, no permiten tener por acreditado un daño grave, justamente porque la literalidad de los oficios que pretende la parte se dejen sin efecto, redactan de forma clara y sencilla, que la autorización se limita hasta que los gestionantes cuenten con un permiso de uso, permiso que a criterio de esta juzgadora resulta vital, pues no es controvertido, que los terrenos se encuentran en área protegida, por lo que la Administración debe ser más rigurosa con las actividades que se ejecuten en esos terrenos, justamente para garantizar en todo momento la protección del medio ambiente, y es por  este principio protector que este Tribunal tiene la obligación de ponderar y tener por no acreditado el daño. Finalmente, acerca de la PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartaron dos de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados.  Por ello, tomando en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar, y considerando además que, tampoco se configura una apariencia de buen derecho; no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público, en específico a la obligación que existe por parte de los órganos encargados de la preservación del Ambiente, de dictar resoluciones en apego al principio precautorio en materia ambiental. De modo que, por lo expuesto se declara SIN LUGAR la medida cautelar  solicitada por 3-101-530680 S.A representado por MARCO UMAÑA FRANCESQUI ; en contra ESTADO y el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.                   

 VIII) SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER APORTADA POR EL SINAC: Por la forma en la que se resuelve se omite pronunciamientos sobre la prueba aportada para mejor resolver.

 

 IX) EN CONSECUENCIA: Se levanta la medida cautelar otorgada en carácter de provisionalísima en el auto de las veintitrés horas cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

 

  X) COSTAS: La condena en costas no está prevista en razón de que los gestionantes no pueden considerarse "vencidos", puesto que no se ha emitido un pronunciamiento sobre el asunto fondo, se resuelve sin especial condenatoria en costas. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 90-2011, de las 13:30 horas, 16 de marzo, 2011).

 

POR TANTO

        De conformidad con lo expuesto en los apartados precedentes se declara SIN LUGAR la medida cautelar anticipada solicitada por   3-101-530680 S.A  ; en contra ESTADO y el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, en consecuencia SE LEVANTA la medida cautelar otorgada en carácter de provisionalísima en el auto de las veintitrés horas cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés. En su oportunidad archívese el expediente.Se resuelve sin especial condenatoria en costas.    NOTIFÍQUESE. LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUEZA.

 



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

ALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 23-007643-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:11:45.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENT:

23-007643-1027-CA - 9

PROCEEDING:

PRECAUTIONARY MEASURE

PLAINTIFF:

3-101-530680 S.A.

DEFENDANT:

THE STATE

N° 2025000006

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and thirty-nine minutes on the third of January of two thousand twenty-five.-

PRECAUTIONARY MEASURE ANTE CAUSAM, filed by the corporation 3-101-530680 S.A., represented by MARCO UMAÑA FRANCESQUI, against the STATE and the SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN.

WHEREAS

I) On December 22, 2023, the plaintiff herein filed a precautionary measure ante causam requesting this Court what is observed in the image attached below:

II) In a resolution issued at twenty-three hours and five minutes on the twenty-first of December of two thousand twenty-three, this court granted the precautionary measure requested on a provisionalísima basis, and ordered the immediate suspension of the effects of resolutions no. SINAC-ACOSA-D-618-2023 of November 10, 2023 and SINAC-ACOSA D-R-73 of December 4, 2023. Likewise, it ordered that SINAC, or the plaintiff, directly and at its own expense, immediately carry out the elimination of jaragua grass (zacate jaragua) and hicaco shrubs (arbustos de hicaco) on the lands with use permits granted in favor of legal entities 3-101-53080 and 3-101-530537 S.A., corresponding to lots 4 and 5, for which purpose they may use specialized equipment or machinery such as a "BACK hoe" or similar, guaranteeing at all times the absolute safeguarding of the flora and fauna species of the Refugio de Visa Silvestre Precioso-Platanares. (images 27-28 of the precautionary measure file).

III) On January 9, 2024, the representation of SINAC responded negatively to the present precautionary measure request and sought its rejection on the grounds that, in its view, all of the legal requirements necessary for granting the precautionary measure were not met; highlighting the nonexistence of a land-use permit (permiso de uso de suelo) in favor of the applicants (images 44-56 of the precautionary measure file).

IV) In a filing dated January 12, 2024, SINAC submitted as evidence for a better resolution the resolutions observed below:

V) On November 26, the State responded negatively to the present precautionary measure request and sought its rejection on the grounds that, in its view, all of the legal requirements necessary for granting the precautionary measure were not met (images 325-329 of the precautionary measure file).

VI) The prescriptions of law have been observed in the proceedings, and no defects or omissions are noted that could cause defenselessness to the parties or future nullities.

CONSIDERING

I) GENERALITIES FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE: as developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (resolution 7190-1994, at 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to PROTECT AND GUARANTEE, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING and the effectiveness of the judgment. Doctrine has indicated that precautionary justice DOES NOT HAVE AS ITS PURPOSE TO DECLARE A FACT or responsibility, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an uncontested right, nor to settle a litigation; but rather to prevent the damages that the litigation may bring about or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the foregoing clear, the adjudicator, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure, verifying to that effect that the claim of the proceeding on the merits is not reckless or, patently, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case in question, what doctrine and jurisprudence have called appearance of good right (apariencia de buen derecho) or fumus boni iuris exists. The rule under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subject to the proceeding produces grave damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, there exists a current, real, and objective danger that grave harm will be generated to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Under the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes the obligation of the adjudicator to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake, that is, between the circumstances of the individuals on one hand; and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, and from the same cited numeral 22, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional.

II) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ADMITTING A PRECAUTIONARY MEASURE: in this regard, it has been stated that for the fulfillment of precautionary protection, as a fundamental right derived from constitutional numeral 41, which is the right to obtain prompt and fulfilled justice, the jurisdictional body must assess, for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the requirements known in doctrine as appearance of good right (Fumus Boni Iuris), danger in delay (Periculum in Mora), as well as the balancing of interests at stake, which will be detailed further on; the verification of the presence or existence of what have been termed structural characteristics of the precautionary measure. The foregoing refers to instrumentality, provisionality, urgency, and summaria cognitio or summary nature of the proceeding. Both the indicated requirements and the noted characteristics must be present for the granting of the measure that has been requested with the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Regarding the requirements necessary for granting the precautionary measure, we find the following: a) appearance of good right: for the appropriateness of the precautionary measure, there must be "seriousness in the complaint," that is, a probability of success such that the complaint is not, on its face, patently lacking in seriousness, or is reckless. For doctrine, it is nothing other than the probable subsequent estimation of the plaintiff's substantive right in the judgment, through an analysis proper to a summary proceeding that in no way can or should determine a ruling on the merits of the matter raised, but rather, and instead, merely an approximation to it with the elements present at the time of issuing the decision that grants or denies the measure; b) danger in delay: it consists of the objectively founded and reasonable fear that the alleged substantive legal situation will be seriously damaged or injured in a grave and irreparable manner, during the course of the time necessary to issue judgment in the principal proceeding. This requirement requires the presence of two elements: the grave harm or injury and the delay in the proceeding on the merits, without setting aside, of course, that within this requirement lies what doctrine has termed the "Bilaterality of the Periculum in Mora" or, as it is commonly known, the balancing of interests at stake. This requirement alludes to the characteristic that the harms reproached must be susceptible to occurring—actually or potentially—if the requested measure is not adopted. These harms must be established as grave, in addition to being considered as derived from the alleged situation. The injuries alleged must at least be proven through the rational principle of evidence; therefore, it is not enough to allege the harm in the stated terms, but rather the circumstances must be demonstrated for it to be considered a harm and for that harm to be grave. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of grave, actual, or potential harm or injury, but rather it must be proven, which, as mentioned above, is a procedural burden that the interested party must assume to prove its claim. Regarding the delay in the proceeding on the merits: This requirement refers to the situation generated by jurisdictional proceedings that require, for their development and subsequent conclusion, the performance of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a decision that, if it cannot be carried out promptly, is at least just. Putting an end to a proceeding on the merits demands time, and it is precisely here that precautionary protection acquires special relevance, because while that decision is pending, grave harms are being avoided, which, if they were to occur, would render the right claimed nugatory. With the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, those proceedings that lasted years and even decades were largely resolved. Today, for all the efforts that have been made, although proceedings last less time due to the benefits of orality, different stages must be completed, hearings scheduled, in contrast to quite saturated dockets, etc., which means that proceedings last a reasonable time, but time nonetheless. Regarding the bilaterality of the periculum in mora: This denomination refers to the balancing of interests at stake, linked to the public interest that may need to be protected, against the interest of third parties and, of course, against the interest of the person who brings a precautionary measure; these must be evaluated comparatively, with the denial of the measure being imposed when the injury suffered or likely to be produced to the community or third parties is greater than that which the applicant for the measure could experience.

III) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE: As indicated, in addition to the requirements already mentioned, it is necessary that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: instrumentality, which means they maintain a marked relationship of accessoriness with the final judgment, since ultimately, they serve as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms raised; provisionality, which is nothing other than that what is agreed upon regarding the precautionary measure will remain in force and conditioned upon what is resolved in the proceeding on the merits. It should be noted that it can also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or, a measure that was previously rejected may be adopted, as established by numeral 29 of the Contentious-Administrative Procedural Code; therefore, its effectiveness is exhausted at the moment the judgment on the merits is issued, or what is the same, it has effects subject to the disposition adopted in the principal proceeding; urgency to avoid the danger in delay, as well as the sumaria cognitio, that is, that these types of measures are adopted by virtue of a summary cognition carried out by the jurisdictional body without entering into prejudgment on the merits of the matter, which in no way could substitute the stages of the proceeding on the merits. Based on the foregoing normative framework of analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure, we proceed to carry out the study of the specific case.

IV) ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF: The plaintiff presents the precautionary measure request seeking that this Court order the immediate suspension of the effects of resolutions no. SINAC-ACOSA-D-618-2023 of November 10, 2023 and SINAC-ACOSA D-R-73 of December 4, 2023, as well as order that SINAC, or the permit holders of lots 4 and 5, immediately carry out directly and at their own expense the elimination of jaragua grass (zacate jaragua) and hicaco shrubs (arbustos de hicaco) on the lands with use permits granted in favor of legal entities 3-101-53080 and 3-101-530537 S.A., for which purpose they may use specialized equipment or machinery such as a "BACK hoe" or similar, guaranteeing at all times the absolute safeguarding of the flora and fauna species of the Refugio de Visa Silvestre Precioso-Platanares. It maintains that by resolution SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 of July 19, 2017 and SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017 of July 27, 2017, it was granted a land-use permit (permiso de uso de suelo), and therefore, as a consequence, in official letter SINAC-ACOSA-D-271-2023 of July 5, 2023, it granted approval for maintenance tasks, which consist of the elimination of Jaragua Grass (Zacate Jaragua). However, by resolution SINAC-ACOSA-D-618-2023, it was ordered not to authorize the elimination of vegetation until the duly authorized use permits are available, thus, in its view, official letter SINAC-ACOSA-D-271-2023 of July 5, 2023 was illegally denied and modified. Consequently, it was forced to file an appeal for revocation (recurso de revocatoria), which was denied by resolution SINAC-ACOSA-D-R-073-2023. It maintains that the resolutions issued by SINAC are absolutely contrary to the provisions of the General Management Plan of the Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares, and that they cause an evident violation of the principle of non reformatio in peius by disregarding a declaratory act of a consolidated legal situation. It alleges there is imminent danger because resolutions SINAC-ACOSA-D-618-2023 and SINAC-ACOSA-D-R-073-2023 present obstacles and impediments that cause extremely grave damage to the lands for which cleaning and elimination of exotic plants such as jaragua grass and hicacos (paso de jaragua e hicacos) has been requested; therefore, not doing so degrades the endemic vegetation, the scenic beauty of the place, and forest fires may be caused. Finally, it argues that the nonexistence of a public interest that would override the requested precautionary measure is evident, since the community is not affected, but quite the opposite.

V) ALLEGATIONS OF SINAC: First of all, it points out that since 2017, by resolution SINAC-ACOSA-D-PV-037-2017, the user was warned that the requested permit was in a preliminary approval stage and that final approval was subject to the presentation of the environmental feasibility study (viabilidad ambiental) from the Secretaría Técnica Ambiental once the environmental feasibility study and the specific project of activities to be developed were presented; therefore, the applicant has never had a use permit, and this simple fact detracts from the appearance of good right (apariencia de buen derecho) of the precautionary measure at hand. It maintains that there is no danger in delay because the applicant does not indicate what damages are produced and also does not present proof thereof.

VI) ARGUMENTS OF THE STATE: It maintains that the lands referred to in the previous resolutions are located within the Refugio de Vida Silvestre Mixto Preciosa Platanares, created by Decreto Ejecutivo 26825-MINAE of March 4, 1998, and on these, the plaintiff requested permits; however, as can be seen in resolutions SINACACOSA- D-PU-037-2017 and SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, said permits were not granted (Furthermore, for not having been diligently pursued, their presentation is expired, according to SINAC in its response to this measure), so as of today, the lack of right, or appearance thereof, is evident, because it does not have any use permit of those it indicates in the facts. And while it is true that the Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares has a General Management Plan, it is a guiding instrument (Art. 2 of the General Management Plan) that does not substitute the specific authorizations granted by SINAC within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) located in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) as in the present case; let it be remembered that, due to the delicate nature of the interests at stake here, this is the reason why, in environmental matters, positive silence does not even apply in favor of the administered party. In its view, the plaintiff clings to being allowed to intervene in said state zone with a back hoe, on the grounds that the vegetation could cause fires, carrying out a sweep at ground level, and without having a use permit in the area; and the alleged relationship between the failure to cut exotic vegetation with a back hoe and an imminent fire thereof as a requirement to justify the danger in delay is also not supported technically or legally in the plaintiff's filing. And the existence of a guiding provision within a general instrument, such as the General Management Plan of the Refuge, is a clearly insufficient argument for such actions to be permitted within the public domain doubly protected by the Natural Heritage of the State and the Maritime-Terrestrial Zone, specifically the public zone, and therefore, it is not supported that there can be a balancing of interests favoring what is sought by the plaintiff, or that justifies the intervention, invasion, or action, of any kind, by private individuals who do not hold a use permit, or other title, within these public domain assets (bienes demaniales).

VII) REGARDING THE SPECIFIC CASE: based on the foregoing, we proceed to carry out the specific study of the elements required by Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code, in accordance with the arguments of both parties and the evidentiary elements contributed to the case file, noting that it is a procedural burden for the interested party, under the terms of Article 220 of the aforementioned Code and Article 41 of the Civil Procedural Code, to prove the assertions made in support of its claims. APPEARANCE OF GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO): It is observed, preliminarily, that the theory of the case presented is not reasonably reasoned, justified, and shows everything but the seriousness necessary to be heard in a proceeding on the merits. There is one aspect that must be highlighted in the specific case: the existence of resolutions SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 of July 27, 2017, and SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017. According to the applicant's argument, the cited resolutions granted it a land-use permit (permiso de uso de suelo); however, from a simple reading of the resolution, it can be evidenced that this aspect is not true. In this sense, at images 73-87 of the precautionary measure file, it is evident that the por tanto of both resolutions was emphatic in resolving that the use permit was granted in a preliminary phase, and it warned the administered party that final approval of the permit was subject to the presentation of the environmental feasibility study (viabilidad ambiental) and the specific project of activities to be developed, and it even granted a validity of 5 years, which means that since 2022, the preliminary-phase use permit was expired, a situation sufficient to erase any appearance of good right that the party intends to justify. It draws this adjudicator's attention that the applicant affirms having the use permit, justifying it on the cited resolutions, without mentioning that such resolutions established the limitations developed in these lines. This adjudicator does not know if it is an erroneous reading, or if, on the contrary, there is some type of bad faith on the part of the plaintiff; however, this aspect is irrelevant for the specific case, because erroneous reading or not, the truth is that the plaintiff does not have a use permit. Likewise, as observed from resolution SINAC-ACOSA-D-618-2023, which ordered not to authorize the elimination of vegetation, it must be noted that the literal text of the official letter is clear in stating that this impediment is in effect until " [...] there are duly authorized use permits [...] "; that the party has not been managing the pertinent matter is an aspect attributable solely and exclusively to those who have resorted to this avenue, because as stated, in the most benevolent scenario, starting from an erroneous reading of resolutions SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 and SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, regarding the condition of the use permit granted, they were clear in stating the validity for a determined period, 5 years in this particular case, so there is no logic in arguing that the permit is still in force. The applicant must take into account that there are procedural mechanisms that could have been used within the same administrative process since 2017—if the party was dissatisfied with what was resolved at that time—but it does not appear in the record that, after that resolution, any permit was granted, and even the plaintiff's own argument is the support for rejecting any appearance of good right, since it is precisely the cited resolutions that the party claims grant it a use permit. Therefore, in the case at hand, the arguments given do not allow this requirement to be considered accredited. In this sense, it is necessary to indicate that while it is true the merits of the matter are not resolved in this instance, developing the theory of the case is of vital importance, since, as developed in the preceding lines, this requirement analyzes the seriousness of the complaint, so that the possibility that in a future proceeding on the merits, its claim could be entertained and have the potential for victory can be analyzed; however, that does not happen in the present case, quite the opposite. The party should take into account that it is not enough to indicate that there is an appearance of good right, but rather it must sustain before this instance arguments that are not lacking in seriousness, and that allow the adjudicator to analyze how feasible its theory of the case is in a potential proceeding on the merits, clearly without making a value judgment on the merits of the conflict, which must be resolved in the corresponding judicial instance and not in this precautionary proceeding. It is for this reason that, under the terms of the provisions of Article 21 of the Contentious-Administrative Procedural Code, this adjudicator is of the opinion that in the present action, there is no appearance of good right. Now, as indicated from the beginning of this resolution, the three precautionary requirements must concur in order to proceed with a granting, which means that in the absence of even one of them, it is impossible to grant the precautionary measure requested, and for that reason, the precautionary measure must be rejected in the terms requested; since the requirements or requisites for its appropriateness are not mutually exclusive, and lacking one of them, the consequence is its rejection, as is hereby ordered. However, this adjudicator, in order for the party to understand the totality of the arguments that lead to the rejection of its measure, will continue with the explanation of why the remaining two requirements are also not met.

Regarding DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): now, as indicated in the preceding considering clause, for the appropriateness of precautionary protection, it is required, according to legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the proceeding produces grave, current, or potential damages or injuries to the legal situation of the moving party. Said harm must reach a magnitude of gravity, and that gravity can only be verified with pertinent, necessary, and conclusive evidence to demonstrate it; a procedural burden that, in accordance with Article 41 of the Civil Procedural Code, which by reference from numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code is applicable, corresponds to whoever formulates a claim, regarding the facts constitutive of their right. And in the opinion of this adjudicator, sufficient convincing elements regarding the existence of harm of a grave nature are not provided. In this sense, while it is true the party intends to justify that the harm lies in the fact that resolutions SINAC-ACOSA-D-618-2023 and SINAC-ACOSA-D-R-073-2023 present obstacles and impediments that cause extremely grave damage to the lands for which cleaning and elimination of exotic plants such as jaragua grass and hicacos has been requested, and that not doing so degrades the endemic vegetation, the scenic beauty of the place, and forest fires may be caused; the record and the evidence submitted do not allow a grave harm to be considered accredited, precisely because the literal text of the official letters that the party seeks to have set aside states clearly and simply that the authorization is limited until the applicants have a use permit, a permit that in the opinion of this adjudicator is vital, because it is not disputed that the lands are located in a protected area, and therefore the Administration must be more rigorous with the activities carried out on those lands, precisely to guarantee at all times the protection of the environment, and it is by this protective principle that this Court has the obligation to balance and deem the harm as not accredited. Finally, regarding the BALANCING OF THE INTERESTS AT STAKE involved in the case, it must be noted that for the appropriateness of a precautionary measure, the simultaneous verification of the legal requirements established in Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code is required; however, in this particular case, two of them were ruled out, according to what was stated in the preceding sections. Therefore, taking into consideration that to carry out the analysis of the balancing of interests and assessment of the potential affected public interest, it is necessary to start from the existence of grave harm to the alleged legal situation and the injured private interest, which in this case was not demonstrated, and considering also that an appearance of good right is not configured either; the only possible conclusion is that the private interest must yield before the public interest, specifically to the obligation that exists on the part of the bodies responsible for the preservation of the Environment to issue resolutions in adherence to the precautionary principle in environmental matters. Thus, based on the foregoing, the precautionary measure requested by 3-101-530680 S.A., represented by MARCO UMAÑA FRANCESQUI, against the STATE and the SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR).

VIII) REGARDING THE EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION PROVIDED BY SINAC: Due to the manner in which the matter is resolved, any pronouncements on the evidence provided for a better resolution are omitted.

IX) CONSEQUENTLY: The precautionary measure granted on a provisionalísima basis in the order of twenty-three hours and five minutes on the twenty-first of December of two thousand twenty-three is lifted.

X) COSTS: An award of costs is not provided for because the applicants cannot be considered "defeated," since no pronouncement on the merits of the matter has been issued; the matter is resolved without a special award of costs. (Contentious-Administrative Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo), judgment No. 90-2011, at 13:30 hours, March 16, 2011).

THEREFORE

In accordance with the foregoing paragraphs, the anticipated precautionary measure requested by 3-101-530680 S.A. against the STATE and the SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR); consequently, the precautionary measure granted on a provisionalísima basis in the order of twenty-three hours and five minutes on the twenty-first of December of two thousand twenty-three is LIFTED. In due course, let the case file be archived. Resolved without a special award of costs. NOTIFY. ALANA FONSECA LOBO, JUDGE.

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:11:45.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República