Res. 00017-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Acquittal for Prevarication in the Crucitas Mining Project National Convenience DecreeAbsolución por prevaricato en Decreto de Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00017 - 2025

Fecha de la Resolución: 08 de Enero del 2025 a las 09:00

Expediente: 08-000011-0033-PE

Redactado por: Jorge Luis Arce Víquez

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Testigo sospechoso

Subtemas:

Motivo para sospechar de la participación de una persona en la comisión de un delito no tiene que surgir necesariamente de lo que declare en juicio, sino que también puede derivar de otras fuentes.

"VIII.– [...] Ambos apelantes alegan que determinar la existencia de una autoincriminación solo es posible a partir de lo que declaren los testigos y no de forma anticipada a su declaración, por lo que sostienen que el tribunal penal adelantó criterio al considerar que eran testigos sospechosos, antes de que estos dieran su testimonio en juicio, sin que existiera ningún elemento para que el tribunal de juicio estimara que el interrogatorio de estos testigos los pudiera incriminar. Estos reparos no son atendibles. A criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, no hay razón alguna por la cual se deba considerar que el motivo para sospechar de la participación de una persona en la comisión de un determinado hecho delictivo, tiene que surgir necesariamente de lo que esta persona declare en juicio como testigo, sino que el motivo de sospecha también puede derivar de otras fuentes diferentes, como sucedió en el presente caso, en vista de que los testigos [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012] quienes optaron por abstenerse de declarar, en condición de testigos sospechosos, porque haber sido funcionarios que intervinieron y suscribieron parte de los actos o resoluciones que el Ministerio Público describe en la acusación, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Contencioso Administrativo (cfr. Sentencia, págs. 100 a 101), por lo que no resultó arbitraria la decisión del tribunal, sino ajustada a los lineamientos de la citada jurisprudencia constitucional. En el artículo 204 párrafo primero del Código Penal se dispone con claridad que el "El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que puedan depararle responsabilidad penal" y la jurisprudencia de Sala Constitucional advierte que "el testigo sospechoso podrá abstenerse de indicar todo aquello que pueda implicarle responsabilidad penal y el juez de la causa deberá valorar esta circunstancia en el caso concreto, advertirle las consecuencias de su dicho y que le asiste el derecho al silencio. La declaración recibida en contravención con lo anterior, no podrá surtir efectos y será absolutamente nula por violación a los principio que integran el debido proceso. Por otra parte, nada impide al juez permitir al testigo sospechoso que se haga asesorar de un letrado a efecto de que pueda enterarse de cuáles manifestaciones pueden implicarle responsabilidad penal." (Sala Constitucional N° 5630 de las 16:06 horas del 28 de setiembre de 1994, reiterada en la N° 8733 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2004). Adicionalmente, ninguno de estos tres testigos sería determinante para la decisión del caso, pues ninguno fue ofrecido para demostrar que el imputado [Nombre 001] actuó dolosamente al firmar el Decreto Ejecutivo 34801-MINAE. [...]"

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Texto de la resolución

Resolución: 2025-0017

Expediente: 08-000011-0033-PE (2)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas del ocho de enero de dos mil veinticinco.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...]; [Nombre 002], [...]; [Nombre 003], [...]; [Nombre 004], [...]; [Nombre 005], [...]; [Nombre 006], [...]; y [Nombre 009], [...]; por el delito de PREVARICATO, en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Intervienen en la decisión los jueces Jorge Luis Arce Víquez, Manuel Gómez Delgado y Ana Isabel Solís Zamora. Se apersonaron en esta sede el licenciado Christian Hugo Barrero Godínez, Procurador de la Ética Pública; el licenciado Carlos Manuel Jiménez Robleto, fiscal del Ministerio Público; y el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, defensor particular.

RESULTANDO:

 1°.– Que mediante sentencia número 876-2023 de las trece horas con treinta minutos del día veinte de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: «POR TANTO: Conforme lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 30, 47, 69, 71 y el 357 del Código Penal; 1, 141 al 144, 324, 360, 361, 364 al 366 del Código Procesal Penal; por unanimidad este Tribunal resuelve: Se absuelve de toda pena y responsabilidad al encartado [Nombre 008] por los hechos acusados y querellados, calificados como constitutivos de dos delitos de PREVARICATO, que en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA se le venía atribuyendo. Además, se absuelve de toda pena y responsabilidad a las imputadas [Nombre 006] Y A [Nombre 009], por los hechos acusados en calidad de CÓMPLICES para la comisión del delito de PREVARICATO, como cometidos en daño de los DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Finalmente, se absuelve de toda pena y responsabilidad a los imputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] Y [Nombre 005], por los hechos acusados y querellados, calificados como configurativos de un delito de PREVARICATO, como cometido en daño de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Los gastos del proceso penal son a cargo del Estado. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que con ocasión de la presente causa se hubiere decretado en contra de los aquí imputados. Para la lectura integral de la sentencia se fija el próximo treinta de noviembre a las quince y treinta horas. Jorge Tabash Forbes - Yorleny Campos Campos - José Pablo Alvarado Cascante - Jueces y Jueza de juicio» (sic).

 2°.– Que contra el anterior pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación de sentencia el licenciado Christian Barrero Godínez, Procurador de la Ética Pública; y el licenciado Carlos Manuel Jiménez Robleto, fiscal del Ministerio Público. A solicitud de la defensa del imputado [Nombre 001], se realizó una vista a las 9:30 horas del 30 de setiembre de 2024.

 3°.– Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó todas las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 4°.– Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Arce Víquez; y

CONSIDERANDO:

 I.– Antecedentes. Para una mejor comprensión de las cuestiones a resolver, resulta necesario hacer un resumen de los antecedentes del caso. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, dictó la sentencia N° 32-2015 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2015, que dispuso:

«POR TANTO De conformidad con los artículos 39, 41, 140, 146 de La Constitución Política, artículos 1, 9, 37 a 41, 180 a 184, 324 a 367, 376 al 379 del Código Procesal Penal, 1, 57, 58, 59 a 63, 71, 74, 357, 365 del Código Penal, 3 y 84 del Código de Minería, 164, 187, 188, 189, 361 de la Ley General de la Administración Pública, 6, 17, 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, 3 inciso m, 19, 34 de la Ley Forestal, 2 del Reglamento a la Ley Forestal, por unanimidad, se declara a [Nombre 001] autor responsable de UN delito de PREVARICATO por el Decreto Ejecutivo 34801-MINAS, en perjuicio de la LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y en tal concepto se le impone la pena de TRES DE PRISIÓN, pena que deberán descontar, previo abono de la preventiva cumplida, en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Se le impone a [Nombre 001] una INHABILITACIÓN de TRES AÑOS para el ejercicio de cargos públicos. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001], [Nombre 006], [Nombre 009], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] y [Nombre 005] de un delito de Prevaricato. Por calificar para ello a [Nombre 001] se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de CINCO años, lapso durante el cual no deberá cometer delito doloso sancionado con pena de prisión superior a seis meses pues, si así lo hace, se le revocará el beneficio aquí concedido y deberá descontar efectivamente la pena impuesta. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes y comuníquese al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución Penal. Notifíquese mediante lectura. Hugo Porter Aguilar. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza. Jueces» (sic).

 

Ese mismo tribunal, mediante resolución de las 13:05 horas del 19 de marzo de 2015, adicionó la sentencia N° 32-2015 y resolvió:

«POR TANTO Así pues de conformidad con lo establecido en los numerales 15 y 147 del Código Procesal Penal se adiciona la sentencia de las diez horas del veintiocho de enero del año dos mil quince, para que en las páginas 182, 190 y 217 del fallo en cuestión en lugar de la palabra “peculado” se lea “prevaricato”. Se rechaza la pretensión de aclaración y adición de la defensa del acusado [Nombre 001]. Notifíquese Hugo Porter Aguilar - Mercedes Muñoz Campos - Sergio Quesada Carranza» (sic).

 

Contra la sentencia N° 32-2015 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2015 interpusieron sendos recursos de apelación de sentencia del imputado [Nombre 001]; su defensor particular, el licenciado Laureano Castro Sancho; la licenciada Natalia Rojas Méndez (fiscal del Ministerio Público); y el licenciado Ronald Víquez Solís (en representación de la Procuraduría General de la República). El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, mediante resolución N° 2015-1539 de las 13:30 horas del 19 de noviembre de 2015, dispuso:

«POR TANTO: Se declaran admisibles los recursos interpuestos. Se acogen totalmente las apelaciones incoadas por el licenciado Luis Diego Hernández Araya y la licenciada Natalia Rojas Méndez, como fiscales del Ministerio Público y por el licenciado Ronald Víquez en representación de la Procuraduría General de la República y parcialmente las presentadas por el licenciado Laureano Castro Sancho como defensor de [Nombre 001] y por este imputado a título personal. En consecuencia, se rechaza la excepción de cosa juzgada constitucional y se anula integralmente la sentencia y el debate que le precedió, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que resuelva lo que en Derecho proceda, debiéndose respetar el principio de prohibición de reforma en perjuicio solo en cuanto a los hechos por los que recayó la condena contra [Nombre 001], aquí anulada y el desistimiento tácito de la acción penal efectuado por la Procuraduría General de la República respecto a dos imputadas otrora absueltas, porque dicha entidad no impugnó. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre la falta de condena en costas de las absolutorias. Tome nota el Tribunal de instancia de lo indicado en el considerando VII. NOTIFÍQUESE. Rosaura Chinchilla Calderón - Joe Campos Bonilla - Lilliana García Vargas - Juezas y Juez» (sic).

 

Con estos antecedentes es que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó la sentencia N° 876-2023 de las 13:30 horas del 20 de noviembre de 2023 –cuya parte dispositiva se describe en el Resultando 1° de la presente resolución–, que es objeto de los dos recursos de apelación de sentencia que nos ocupan, que han sido interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

En cuanto a la admisibilidad formal de esos dos recursos, este Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante resolución N° 1289 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2024, resolvió:

«Se admiten parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, y la Procuraduría General de la República, únicamente en cuanto la sentencia N° 876-2023 dispuso absolver al imputado [Nombre 001] por el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET de las 13:00 horas del 13 de octubre de 2008, publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008, que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Con fundamento en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no son admisibles los reclamos dirigidos en contra la sentencia N° 876-2023, en cuanto esta reitera la absolución de los imputados [Nombre 009], [Nombre 006], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] y [Nombre 003] por los hechos acusados en su contra y en cuanto reitera la absolución del imputado [Nombre 001] por uno de los delitos de prevaricato acusados en su contra (el referido al Decreto Ejecutivo N° R-217-2008-MINAE)...»

 

 II.– RECURSO DEL MINISTERIO PÚBLICO. El licenciado Carlos Manuel Jiménez Robleto, fiscal del Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia que el tribunal penal dictó en juicio de reenvío, N° 876-2023 de las 13:30 horas del 20 de noviembre de 2023. El recurrente sostiene que, en vista de que esta segunda sentencia reiteró, por una parte, la absolución de los imputados [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] y [Nombre 003] por hechos acusados en contra de ellos y, por otra parte, también reiteró la absolución del imputado [Nombre 001] por uno de los dos delitos de prevaricato acusados su contra (el referido al dictado del Decreto Ejecutivo N° R-217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008), en este caso no es de aplicación la reforma introducida al artículo 466 bis del Código Procesal Penal (en adelante CPP) por el artículo único de la Ley N° 10200 de 5 de mayo de 2022, en el sentido de que el Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de juicio que se produzca en juicio de reenvío que reitere la absolución de la persona imputada dispuesta en un juicio anterior. Esto así, alega, por la tesis seguida por la Sala Tercera en cuanto a la irretroactividad de la ley procesal. Hace notar que la sentencia absolutoria anterior (N° 32-2015 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2015), se dictó mucho antes de la indicada reforma al artículo 466 bis CPP. El fiscal incluye en su recurso extensas citas de un voto salvado del magistrado Salazar Alvarado en el voto de la Sala Constitucional N° 2023-8843, en el sentido de que el principio de aplicación retroactiva de la norma penal más favorable se refiere únicamente a la ley sustantiva (no a la ley de naturaleza procesal). En igual sentido, también hace citas de resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (N° 1993-416 de las 10:50 horas del 30 de setiembre de 1993; N° 2002-883 de las 13:40 horas del 12 de setiembre de 2002; N° 2004-115 de las 10:10 horas del 20 de febrero de 2004; N° 2005-1422 de las 10:15 horas del 7 de diciembre de 2005; y N° 2022-680 de las 10:24 horas del 24 de junio de 2022). Agrega que en esta causa no ha operado el llamado principio de doble conformidad previsto en el artículo 466 bis CPP, porque según el principio tempus regit actum (locución latina que en español significa "el tiempo rige el acto") la norma a aplicar sería aquella que se encontraba vigente al momento en que el hecho juzgado se produjo. Concluye, entonces, que la reforma introducida al artículo 466 bis CPP no es aplicable, porque se trata de una norma de naturaleza claramente procesal y la primera absolutoria se dictó el 28 de enero de 2015, mucho antes de la reforma legal del año 2022. Hace notar que su recurso se presenta dentro del plazo de 30 días previsto en el procedimiento para asuntos de tramitación compleja, en los artículos 378 inciso e) y 460 del CPP. El fiscal Jiménez Robleto indica que se ha causado un agravio al Ministerio Público al absolver de toda pena y responsabilidad a los imputados [Nombre 001], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] y [Nombre 003], por lo que solicita que se anule la sentencia y se ordene un juicio de reenvío para su nueva sustanciación.

Es necesario tener presente, como se adelantó en el Considerando I de la presente resolución, que este Tribunal de Apelación de Sentencia, mediante resolución N° 1289 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2024, resolvió admitir parcialmente la apelación interpuesta por el Ministerio Público, únicamente en cuanto la sentencia N° 876-2023 dispuso absolver al imputado [Nombre 001] por el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE de las 13:00 horas del 13 de octubre de 2008, publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008, que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Además, con fundamento en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, se declararon inadmisibles los reclamos dirigidos en contra la sentencia N° 876-2023, en cuanto esta reitera la absolución de los imputados [Nombre 009], [Nombre 006], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] y [Nombre 003] por los hechos acusados en su contra y en cuanto reitera la absolución del imputado [Nombre 001] por uno de los delitos de prevaricato acusados en su contra (el referido al Decreto Ejecutivo N° R-217-2008-MINAE). Por lo anterior, en adelante se hará referencia a los reclamos planteados por el Ministerio Público, únicamente respecto a la cuestión que fue admitida.

 III.– Primer motivo del recurso del Ministerio Público. En cuanto a la absolutoria de [Nombre 001] por el delito de prevaricato, que se acusa cometido mediante el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE, el fiscal Carlos Manuel Jiménez Robleto acusa la infracción de los artículos 31, 45, 357 y 363 del CPP, por "Inconformidad con la fundamentación jurídica." Esto así, alega, porque el tribunal incurrió en un error al considerar que la conducta del señor [Nombre 001] es atípica porque no actuó con dolo. La sentencia tiene un yerro en su fundamentación jurídica, al concluir que una de las razones por las que no hay dolo, es que el Ministerio Público no pudo establecer un acuerdo de voluntades entre los imputados, para la realización del delito de prevaricato. Si bien es cierto no existe prueba de que hubo un acuerdo de voluntades entre [Nombre 001] y los miembros de la Comisión Plenaria para suscribir cada una de las resoluciones ilegales –dice el recurrente–, ese elemento no es necesario demostrarlo para la manifestación del dolo, en el tanto que no se acusó una coautoría o complicidad.

 IV.– Segundo motivo del recurso del Ministerio Público. Se acusa la violación de los artículos 142, 182, 183, 303, 304, 349, 351 y 352 del CPP, por "Inconformidad en la incorporación y valoración de la prueba." El fiscal alega que, en relación a la ilegalidad del Decreto de Conveniencia Nacional N° 34801-MINAE, uno de los argumentos del tribunal penal para absolver al imputado [Nombre 001] fue que no se demostró ninguna presión política o irregular para que se diera la concesión del proyecto Crucitas, sin embargó "cercenó" o "sepultó" la posibilidad al Ministerio Público de demostrar que efectivamente había una presión del Poder Ejecutivo de que otorgara la concesión del proyecto Crucitas. Esto así, porque el tribunal penal resolvió declarar como testigos sospechosos a [Nombre 010] y a [Nombre 011].(en relación a lo que declaró [Nombre 012], director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte). Don [Nombre 010], quien fue geólogo en la Dirección de Geología y Minas, declararía todo lo relacionado a la aprobación de la concesión minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., los alcances, limitaciones del decreto de moratoria nacional. Don Eduardo declararía que para el año 2008, había ejercido el cargo de jefe de la subregión San Carlos, Los Chiles, fue convocado por directrices del señor [Nombre 001], a una reunión urgente en el MINAE, para que se finiquitaran los permisos forestales a favor de la empresa Industrias Infinito, incluyendo tomar la decisión de la emisión del decreto de conveniencia nacional, así como el conocimiento que tenía el señor [Nombre 001] sobre el tema. Para el Ministerio Público esos testimonios eran fundamentales para demostrar su teoría del caso, de que había una presión política para que se aprobara la concesión, de que el señor [Nombre 001] tenía conocimiento de los pormenores del proyecto y de las dificultades que estaban teniendo, al tener una resistencia del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) al no otorgar el permiso de cambio de suelo. Para el momento de que iniciara el interrogatorio de estos testigos, respectivamente, una de las defensas de los imputados solicitó que se les tuviera como testigos sospechosos, alegando que estarían involucrados en alguna de las acciones descritas en los hechos acusados por el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, lo que fue rechazado por el Ministerio Público, que consideró que era necesario escuchar a los testigos, ya que de los hechos acusados no se desprende ninguna responsabilidad penal, por lo que no se podría hacer un análisis previo sin haber escuchado a los testigos, criterio que no atendió el tribunal penal, pues más bien acogió las solicitudes de la defensa y determinó, de manera anticipada, que efectivamente dichos testigos eran considerados sospechosos, por lo que solicitó que se les nombrara un defensor a cada uno de ellos, lo que ocasionó, por el poco tiempo que tuvieron para estudiar el expediente, que los defensores aconsejaron a los testigos abstenerse de declarar y estos, por ser legos, aceptaron ese consejo. El Ministerio Público concluye que no existía ningún elemento para que el tribunal de juicio estimara que el interrogatorio de estos testigos los pudiera incriminar, por lo que debió permitir el interrogatorio y, en caso de que surgiera alguna manifestación autoincriminatoria, detener la entrevista y nombrarle, en ese momento, un defensor para que lo asesorara. No obstante, el tribunal consideró que esas personas eran testigos sospechosos, por la simple razón de las solicitudes de las defensas de los imputados, las cuales acogió sin sustento alguno, cuando ni siquiera el Ministerio Público les otorgó ese calificativo.

 V.– Tercer motivo del recurso del Ministerio Público. Se acusa la inobservancia de los artículos 142, 184, 363 inciso b del Código Procesal Penal, por "Inconformidad con la valoración de la prueba, propiamente por falta de fundamentación intelectiva [...] en razón de haberse omitido en sentencia el análisis de los indicios [...] los cuales de haberse analizado, permitirían demostrar que los imputados cometieron el delito de prevaricato". El fiscal Jiménez Robleto critica que el tribunal penal concluyó que el imputado [Nombre 001] suscribió el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE sin saber que este era ilegal. El recurrente hace hincapié en que ese decreto es ilegal y que lo que lo hace contrario al ordenamiento jurídico es el fundamento de que existía un estudio de costo-beneficio que establecía que el beneficio social y económico era superior al daño ambiental que se iba a ocasionar con la tala del bosque, por lo que el argumento del tribunal de que habían dudas por parte de las diferentes dependencias jurídicas de SETENA (Secretaría Técnica Nacional) y SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) sobre la necesidad o no del Decreto de Conveniencia para el otorgamiento del uso del suelo, no tiene relación con los hechos acusados, ya que de eso no versa el cuadro fáctico acusado. El argumento del tribunal de que el señor [Nombre 001] tenía un total desconocimiento del contenido del decreto, lo sustenta solo en la declaración de este imputado, dejando de lado la demás prueba testimonial y documental en la que se observa con claridad el papel que, como ministro del MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), jugó para que Industrias Infinito tuviera la concesión de explotación del proyecto Crucitas. Su primera injerencia en el proyecto fue el 21 de noviembre de 2007, cuando en su condición de ministro presentó solicitud de adición y aclaración del voto N° 13414-2004 de la Sala Constitucional, con la que quería saber si la Sala había anulado o no la concesión del proyecto Crucitas. Posteriormente, el 3 de marzo de 2008, el entonces presidente Oscar Arias Sánchez y el ministro [Nombre 001] anularon la resolución R-613-2007-MINAE, en la que se había declarado con lugar un recurso de reposición y se expresó la nulidad de la concesión del proyecto Crucitas por parte del MINAE. Sin embargo, el imputado [Nombre 001], en vez de mantener dicha resolución, lo que hizo fue archivarla sin resolverla, al declarar el recurso como falto de interés actual. El 18 de abril de 2008, el presidente Arias Sánchez y el ministro [Nombre 001] suscribieron el decreto 34492, el cual derogaba la moratoria nacional de actividad minera metálica de oro (30477-MINAE) Publicado el 4 de junio de 2008 y casi inmediatamente, el 21 de abril de 2008 el endilgado [Nombre 001] en su condición de Ministro del MINAE ordenó la conversión del acto de otorgamiento de la concesión minera, pese a que la Sala Constitucional ya había anulado dicha concesión. Ante la negativa del Área de Conservación Huetar Norte de dar el permiso de uso de suelo, sin que exista un decreto de conveniencia nacional que así lo fundamente, el 13 de octubre de 2008 el imputado [Nombre 001] suscribió el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE y el 17 de octubre se publicó en La Gaceta. Esto denota una participación activa de ese acusado en diferentes etapas del proyecto Crucitas, situación que no fue analizada por el tribunal penal en la sentencia. Otro indicio es el corto plazo en que se tramitó el decreto de conveniencia, el tribunal no analiza que la solicitud de cambio de uso de suelo la presentó Industrias Infinito el 9 de setiembre de 2008. El 13 de octubre de 2008 se redactó el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE y el 17 de octubre se dio el permiso de cambio de suelo y la tala de árboles. A criterio del Ministerio Público, se redactó el decreto de conveniencia nacional con conocimiento de que carecía de los requisitos para su fundamentación, sólo para cumplir con la exigencia del Área de Conservación Huetar Norte y que este otorgara el permiso de cambio de uso de suelo. El estudio que pondera el beneficio social y económico respecto al daño ambiental no se podría haber hecho en menos de un mes. Tampoco se analiza la forma irregular en que se tramitó el decreto de conveniencia nacional, según la testigo [Nombre 013], testigo que, para el momento de los hechos, trabajaba como directora en la Dirección de Leyes y Decretos y refiere que el llegó a su oficina ya firmado por el presidente Arias Sánchez. La testigo [Nombre 014], quien trabajaba en el departamento legal del SINAC, evidenció otra irregularidad porque nunca les solicitaron el aval o visto bueno, respecto al requisito del estudio de costo-beneficio. El fiscal concluye que de haber analizado estos elementos de prueba se hubiera establecido la responsabilidad penal del imputado [Nombre 001].

 VI.– RECURSO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El licenciado Christian Hugo Barrero Godínez, Procurador de la Ética Pública ha interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia que el tribunal penal dictó en juicio de reenvío, N° 876-2023 de las 13:30 horas del 20 de noviembre de 2023. Desde un inicio advierte que su recurso se dirige únicamente contra la absolutoria del imputado [Nombre 001], por el Decreto Ejecutivo (N° 34801-MINAE del 13 de octubre de 2008, publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008), que declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Sostiene que el tribunal penal dictó sentencia absolutoria contra el imputado [Nombre 001], por cuanto consideró erróneamente que el material probatorio ofrecido y recibido en juicio era insuficiente para tener por probado el elemento volitivo del tipo penal de prevaricato, en cuanto al conocimiento y voluntad de las ilegalidades que presentaba el Decreto de Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas, firmado por este. Plantea dos motivos de impugnación y solicita que se acojan los motivos del recurso, en cuanto se absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre 001] por la comisión del delito de prevaricato acusado en relación al decreto de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas; que se declare ineficaz la sentencia N° 876-2023 y se reenvíen los autos para su nueva sustanciación. Primer motivo. Acusa la violación de los artículos 142, 182, 183, 303, 304, 349, 351 y 352 del CPP por "Violación a los principios de inmediación y contradicción, por adelanto de criterio." Esto así, alega, en relación a los testimonios de [Nombre 010] (geólogo de la Dirección de Geología y Minas del MINAE, quien declararía todo los relacionado a la aprobación de la concesión minera a favor de la empresa Industrias Infinito, los alcances, limitaciones del decreto de moratoria nacional y la conversión del acto de concesión minera), [Nombre 012] (director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, quien declararía que para el año 2008, ejerciendo el cargo de Director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, fue convocado a una reunión urgente en el MINAE, para que finiquitaran los permisos forestales a favor de la empresa Industrias Infinito, incluyendo tomar la decisión de la emisión del decreto de conveniencia nacional, así como el conocimiento que tenía el señor [Nombre 001] sobre el tema) y [Nombre 011] (quien declararía que para el año 2008 había ejercido el cargo de Jefe de la Subregión San Carlos Los Chiles, y que fue convocado por directrices del señor [Nombre 001] a una reunión urgente en el MINAE, para que se finiquitaran los permisos forestales a favor de la empresa Industrias Infinito, incluyendo tomar la decisión de la emisión del decreto de conveniencia nacional, así como el conocimiento que tenía el señor [Nombre 001] sobre el tema). Cuando iba a iniciar el interrogatorio de cada uno de estos testigos, una de las defensas de los imputados solicitó que se les tuviera como testigos sospechosos, alegando que estarían involucrados en alguna de las acciones descritas en los hechos acusados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, a lo que se opusieron los representantes de estas dos entidades, por las razones que la jurisprudencia ha resuelto, de que no se puede adelantar un criterio por parte de los juzgadores, sino es hasta que se demuestre en el propio relato de los deponentes si existe o no una auto incriminación, criterio que no atendió el tribunal penal, pues más bien acogió las solicitudes de la defensa y determinó, de manera anticipada, que efectivamente dichos testigos eran considerados sospechosos, por lo que solicitó que se les nombrara un defensor a cada uno de ellos. Por razones obvias de tiempo, los defensores optaron por lo más sano y rápido, como fue recomendar a sus representados que se abstuvieran de declarar, sin saber a fondo si los presuntos testigos sospechosos se encontraban o no involucrados, por lo que considera que el tribunal penal actuó de manera arbitraria, al adelantar criterios infundados, sin que los testigos se hubieran auto incriminado, coartando el acceso del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República a la prueba. Subraya que en este asunto no concurrió ningún dato objetivo revelador de que el interrogatorio en juicio propiciara una autoincriminación de estos testigos; que la existencia de una autoincriminación se debe determinar a partir del propio relato de los deponentes y no de forma anticipada, como fue en el presente caso, por un adelanto de criterio. El tribunal consideró que dichas personas eran sospechosas, por la simple solicitud de las defensas de los imputados, las cuales acogieron sin sustento alguno y adelantando criterio, cuando ni siquiera el Ministerio Público les otorgó ese calificativo, ni siguió algún tipo de investigación en su contra, solo se les menciona en los hechos acusados pero no se les imputa ninguna acción punible, por lo que no había impedimento alguno para evacuar sus testimonios. El proceder del tribunal "sepultó" una prueba fundamental para el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, al anticiparse injustificadamente a hacer las advertencias legales a los testigos referidos sin haber escuchado sus manifestaciones en el plenario, lo que causa un agravio a los intereses del Estado en su papel de actor penal, porque "suprimió indebidamente pruebas que pudieron ser esenciales, para comprobar el elemento doloso del delito de prevaricato, que el mismo tribunal argumenta en sentencia, que no fue comprobado en su criterio con la prueba recibida en juicio, debido a la propia actuación del tribunal de lesionar los principios de inmediación y contradicción en el proceso, al prescindir de forma arbitraria de estas pruebas."

 VII.– Segundo motivo del recurso de la Procuraduría General de la República. Se acusa la violación de los artículos 142, 182 y 184 del Código Procesal Penal, por "Falta de fundamentación intelectiva en la valoración de la prueba". Alega que el tribunal incumplió ese articulado porque, en lugar de indicar los motivos por los cuales le otorgó un determinado valor a las pruebas, únicamente explicó las razones por las cuales consideró que no hay prueba directa ni indicios suficientes que permitan tener por probado el elemento volitivo del tipo penal de prevaricato, pero sin establecer qué valor le otorga a las pruebas debidamente ofrecidas y recibidas en juicio. Únicamente realiza una transcripción de los testimonios recibidos en juicio, no valora los indicios que se extraen de la prueba, que demuestran las irregularidades presentes en la tramitación, firma y publicación del decreto de interés público y conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas N° 34801 del 13 de octubre de 2008, que denotan la intención del imputado de agilizar el trámite de aprobación del decreto y con ello evitar los controles de otros departamentos que intervienen en este proceso, con la finalidad de que no fuera conocida la falta de requisitos necesarios para proceder con la declaratoria de conveniencia nacional.

Los testigos [Nombre 014], [Nombre 018], [Nombre 015], son contestes en mostrar las irregularidades que presentaba el decreto N° 34801, que requería estar fundamentado en un estudio de costo-beneficio y formar parte de la fundamentación del decreto y se puede derivar razonablemente que el imputado, que era ministro de Ambiente, conocía esa falencia.

Otra irregularidad en la aprobación del decreto fue la urgencia en su tramitación, aspecto que refieren los testigos [Nombre 015] y [Nombre 016], [Nombre 017] y [Nombre 013] y que es concordante con la prueba documental ofrecida y recibida en juicio, la cual demuestra la rapidez con que fue publicado el decreto, el cual fue emitido el 3 de octubre de 2008 y ya para el 17 de octubre de ese mismo año había sido publicado en La Gaceta N° 201, el mismo día que se aprobó la solicitud de cambio de uso de suelo por el Área de Conservación Arenal Huetar Norte.

Con base en los testimonios indicados se pueden tener por acreditadas las irregularidades presentes en el trámite de aprobación del decreto N° 34801, la agilización del procedimiento es un claro indicio de la intención del imputado de favorecer al proyecto minero Crucitas y de evadir revisiones, como la revisión que se realiza en la Dirección de Leyes y Decretos, al llegar el decreto firmado por el presidente Arias Sánchez.

Por lo anterior yerra el tribunal penal al fundamentar la absolutoria en una supuesta falta de prueba directa o indicios que comprueben el elemento subjetivo del tipo penal de prevaricato, pues los indicios sí permitirían comprobar el conocimiento que tenía el imputado [Nombre 001] de las falencias e ilegalidades que tenía el decreto firmado por su persona. Conforme al principio de libertad probatoria, en este caso sí se podría demostrar que el acusado actuó con dolo a partir de una análisis conjunto y armónico de la prueba testimonial y documental, pero que no realizado por el tribunal penal, causando un agravio al Estado, específicamente a los Deberes de la Función Pública y al ambiente, por lo que solicita que se declare ineficaz la sentencia impugnada y que se ordene el reenvío para su nueva sustanciación.

 VIII.– Se resuelven los reclamos planteados. Como se adelantó en los Considerandos I y II de la presente resolución, los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, fueron formalmente admitidos –por efecto del artículo 466 bis del Código Procesal Penal– únicamente en cuanto la sentencia N° 876-2023 dispuso absolver al imputado [Nombre 001] por el dictado del Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE de las 13:00 horas del 13 de octubre de 2008 (publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008), que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas.

A partir de esa delimitación, se observa que los motivos planteados en ambos recursos de apelación, en síntesis, tienen en común una crítica del análisis y valoración de la prueba que realizó el tribunal en torno a la determinación del conocimiento y voluntad (dolo) que orientó la conducta del imputado [Nombre 001] y el reclamo por la incidencia que las conclusiones del tribunal penal al respecto tuvieron en la aplicación de la ley sustantiva, pues ambos recurrentes consideran que un correcto examen de la prueba hubiera permitido extraer una serie de indicios tales que, unidos entre sí, permitirían sustentar, con certeza, que el imputado [Nombre 001] sí tuvo conocimiento y voluntad de dictar el Decreto Ejecutivo N° 34801, a sabiendas de que era una resolución contraria a la ley o de que se fundaba en hechos falsos, por lo que –sostienen ambos recurrentes– sí se le podría considerar autor de un delito de prevaricato, previsto y sancionado en el artículo 357 del Código Penal. Al existir esa coincidencia en los reclamos planteados, se procede a resolverlos de manera conjunta, para evitar reiteraciones innecesarias.

En el Considerando II de la sentencia examinada –en lo que aquí interesa– el tribunal penal advierte que en las acusaciones no se estableció de manera concreta y específica la determinación del aspecto subjetivo del tipo penal (dolo) en cuanto a la confluencia de voluntades o plan común por parte de los imputados para que se otorgara de manera ilícita la concesión minera a favor de Industrias Infinito S.A.; y que del examen de la prueba, concretamente de los indicios, no se deriva la existencia de una conducta dolosa (cfr. Sentencia, págs. 128 a 135).

Entre las páginas 135 a 144 de la Sentencia, se desarrolla un examen general sobre la responsabilidad de todos los acusados, según el cual sus conductas son atípicas respecto al delito de prevaricato que se les ha venido atribuyendo, por ausencia de dolo. La circunstancia de que el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAE haya sido anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo (mediante resolución N° 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010, que devino confirmada por la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 1469 de las 9:00 horas del del 30 de noviembre de 2011), no implica que los funcionarios implicados en su dictado tuvieran el conocimiento y voluntad de resolver en contra de la ley o basándose en hechos falsos:

«Cabe acotar que, no se descarta que las infracciones al Ordenamiento Jurídico que fueron constatadas y puestas de manifiesto por el Tribunal Contencioso Administrativo hayan obedecido a falencia, desconocimiento o simple error por parte de los imputados, pero para los efectos que aquí interesan, tenemos que no se acreditó que ello se debió a un actuar deliberado en el accionar de los acriminados. Considerar que la simple declaratoria de nulidad de las resoluciones realizada por el Tribunal Contencioso Administrativo es suficiente para tener como prevaricadora la actuación de un funcionario público conllevaría en la práctica a la desaparición de la responsabilidad disciplinaria y restaría consecuentemente para los jueces o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley, la perenne situación de verse sometidos al escarnio de un proceso penal, esto por cuanto existe un innegable margen de apreciación cuando se procede a aplicar la ley a un caso concreto, cuando se definen sus alcances, al darle sentido, interpretar lo que ella establece para una generalidad de casos y en esto hay que tener presente siempre que el Ordenamiento Jurídico es un todo sistemático, pero también bajo la consideración de que es un sistema, que de acuerdo con los más reconocidos autores, nunca habrá de considerarse como algo definitivo y acabado –lo cual resulta lógico–, sino siempre como algo susceptible de modificación y de nueva armonización cuando sea preciso incorporar a el nuevos principios de enfrentamiento con nuevos problemas. La tarea del intérprete entonces no es ni será nada fácil, hay que ir superando todas las aparentes contradicciones que van surgiendo de las soluciones de los distintos problemas y en ir armonizando esas soluciones en un sistema en constante cambio, por lo que –se insiste– la labor de interpretación es una actividad que implica un análisis agudo y elaborado...» (sic, Sentencia, págs. 137 a 138).

 

Entre las páginas 144 a 146 se hacen algunas explicaciones generales sobre el examen y valoración de la prueba indiciaria.

Respecto al imputado [Nombre 001], entre las páginas 146 a 174 de la sentencia, el tribunal penal explica las razones por las cuales considera que son atípicos los dos hechos acusados en su contra: a) el referido al Decreto Ejecutivo N° R-217-2008-MINAE (respecto al cual operó el efecto previsto en el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, porque la sentencia impugnada reiteró la absolución que había sido dispuesta en la sentencia N° 32-2015); y b) el que se refiere al Decreto Ejecutivo N° 34801, que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas y que es objeto del presente examen. Con relación a este último, el núcleo del hecho acusado por el Ministerio dice así:

«30. Es así como la cómplice [Nombre 006] para ese entonces en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con el fin de favorecer los intereses del desarrollador y prestar colaboración al coencartado [Nombre 001], a sabiendas que la emisión de decretos ejecutivos de conveniencia nacional, así como su necesario presupuesto de balance beneficio social-costo socio ambiental, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según la excepción prevista en los artículos 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, atribuyéndose funciones que no le corresponde, emitió el oficio número SG-ASA-259-2008 de 10 de octubre de 2008, dirigido al señor [Nombre 019], e indicó que el balance obtenido mediante los instrumentos apropiados permitió establecer que los beneficios sociales económicos son mayores que los costos ambientales, instrumentos que no se aplicaron para la emisión del decreto ejecutivo de conveniencia nacional.

31. Es así como el encausado [Nombre 001] en calidad de Ministro de ambiente Energía y Telecomunicaciones actuando como Poder Ejecutivo, sin que el proyecto reuniera las condiciones legales para ser declarado de conveniencia nacional, con el auxilio prestado por la cómplice [Nombre 006] al suscribir el oficio número SG-ASA-259-2008, emitió el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, de fecha 3 de octubre del año 2008, publicado en la Gaceta N° 201, del 17 de octubre del 2008, con lo que declaró de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, contrariando de esta forma lo dispuesto en los artículos 3 inciso m, 19 inciso b y 34 de la ley forestal, así como el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública» (sic, Sentencia, págs. 11 a 12).

 

Mientras que en la querella de la Procuraduría General de la República se describe así:

«45.-A raíz de la solicitud del Director del Área de Conservación Arenal- Huetar Norte, la encartada [Nombre 006], actuando en su condición de Secretaria General de la SETENA, con el fin de favorecer los intereses de las empresa Minera industrias Infinito S.A. y de colaborar con el también coimputado [Nombre 001], teniendo pleno conocimiento que los Decretos de Conveniencia Nacional resultan ser una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según la excepción prevista en el artículo 19 inciso m) y 34 de la Ley Forestal, tomándose atribuciones que no le competían, emite el oficio SG- ASA-259-2008 del 10 de octubre de 2008 dirigido al señor [Nombre 019], mediante el cual, asevera que el balance obtenido mediante los instrumentos apropiados permitió establecer que los beneficios sociales económicos son mayores que los costos ambiéntale. Esta afirmación la realiza la encartada [Nombre 006] sin que tuviese fundamento alguno, pues no existe evidencia que los instrumentos a que hace referencia en el oficio de referencia fueran aplicados para emitir el decreto de conveniencia nacional.

46.-Es así como, con la ayuda de la imputada [Nombre 006] al suscribir el oficio SG-ASA-259-2008, el Ministro de Ambiente de entonces y ahora imputado, [Nombre 001], emite ilícitamente, en conjunto con el Presidente de la República para la fecha, Oscar Arias Sánchez, el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, publicado en La Gaceta N° 201 del 17 de octubre del 2008, el cual declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Decreto que resulta violatorio del ordenamiento que rige la materia, en cuanto al procedimiento, el motivo y la fundamentación, pues se inobservó groseramente la normativa establecida en el artículo 3 inciso m de Ley Forestal y artículo 2 del Reglamento a la Ley 7575 sobre requisitos de declaratoria de conveniencia nacional, así como el numeral 6. 6 del Código de Minería sobre declaratoria de utilidad pública. Entre las violaciones al procedimiento se encuentra -entre otros aspectos-, que se omitió conceder a las entidades representativas de interés, ya sea de carácter general o corporativo, los plazos establecidos en la Ley, para que estás organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran sobre el proyecto; en cuanto a aspectos de fundamentación, no tiene un asidero técnico para su declaratoria, pues no se realizó análisis sobre variables sociales y económicas de la zona del proyecto.» (sic, Sentencia, pág. 24).

 

Entre las páginas 153 a 174 se examina propiamente este extremo de las acusaciones, desarrollando la tesis central de que:

«No basta, entonces que se disponga una resolución administrativa objetivamente contraria a la ley para que existe el delito de Prevaricato, sino que es necesario que el autor realice la acción con conocimiento de que la resolución que se adopte es ilegítima y su deseo de actuar con ese conocimiento, lo que debe quedar acreditado, no se puede presumir ni verificarse por simple ficción, por exigencia del artículo 34 del Código Penal, a partir de ese numeral, es claro deducir que el sujeto activo debe conocer las circunstancias fácticas descritas en el tipo penal» (Sentencia, pág, 156).

 

El tribunal penal valora que en el dictado del Decreto Ejecutivo N° 34801 intervinieron varios órganos administrativos, se dieron varios criterios, incluso encontrados, pero que nunca fue advertida ninguna ilicitud o contradicción con el ordenamiento jurídico, algún vicio en el procedimiento, en el motivo o en su fundamentación. La redacción del decreto se encomendó a la Dirección Jurídica del Ministerio del ambiente, que está compuesta por varios abogados. La Oficina de Leyes y Decretos de la Casa Presidencial, conformada también por abogados expertos, que también es un filtro de control de la corrección y legalidad de los decretos antes de que estos sean publicados, tampoco detectó los vicios que señaló el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que el tribunal penal considera que no se visualiza la existencia del dolo que supone el delito de prevaricato, sino un decreto viciado por errores en el procedimiento administrativo o en la interpretación de sus requisitos legales, lo que desarrolla en los siguientes términos:

«Siguiendo esa inteligencia, dado que el delito de Prevaricato prevé como elemento objetivo que la decisión que se adopta sea contraria al Ordenamiento Jurídico y que su acción es voluntaria, no es suficiente para tener por configurado esta delincuencia la sola constatación del quebranto de las normas -en la forma y de acuerdo con lo que de manera detallada lo tuvo por acreditado el Tribunal Contencioso Administrativo, «pues sin duda se borraría esa la línea a la que aludimos en las líneas del considerando inicial de esta sentencia y llevaría a la desaparición de la responsabilidad disciplinaria, normalizando la persecución penal contra los funcionarios públicos en todos aquellos supuestos en que el Tribunal Contencioso Administrativo o un Tribunal de alzada (en los casos judiciales) disponga la anulación del acto o de la resolución, por considerar que son contrarios a derecho. Pero además, en esta inteligencia, es preciso tener en cuenta, por ser el rasgo tradicional del concepto de dolo, la exigencia de que el conocimiento se configura como un fenómeno cuya concurrencia deba darse en el momento de la realización delictiva, por lo tanto dicho proceso fenoménico debe ser efectivamente constatado en el proceso penal. En el presente caso no existe fundamento a partir del cual se pueda establecer válida y convincentemente que el imputado [Nombre 001], en su condición de Ministro del Ambiente emitió el Decreto al que se viene haciendo referencia, con consciencia y voluntad de violentar el Ordenamiento Jurídico, lo cual resulta esencial -no tangencial-, ya que el Prevaricato al ser una ilicitud intencionada, es decir, fundamentalmente dolosa, para su configuración debe demostrarse que el sujeto activo actuó con voluntad y conocimiento de que al resolver un asunto lo está haciendo en contra de la ley o bien partiendo de hechos falsos. De la transcripción que se hizo en lo conducente del voto del Tribunal Contencioso Administrativo y que constituye la hipótesis acusada y querellada, este Tribunal logra establecer básicamente que el aquí encartado [Nombre 001], en ese tiempo Ministro de Ambiente, actuando conjuntamente con el Presidente de la República, suscribió el Decreto de Conveniencia Nacional que al final fue anulado por el Tribunal Contencioso -nada más-. La atribución de responsabilidad por parte de los acusadores en el presente caso no aparece sustentada en prueba directa y los indicios que se mencionan no son suficientes para acreditar una actuación dolosa; y por otra parte, se detecta que por parte de los acusadores no hay coherencia ni corrección argumental en la subsunción del tema del dolo. Siendo así, al quedar desvirtuado el dolo en el proceder del aquí imputado [Nombre 001], no puede configurarse el delito que se le atribuyó y consecuentemente su conducta resulta atípica. En todo caso, como vamos a ver en detalle, a partir de las pruebas que se introdujeron al juicio y de la declaración rendida por el imputado [Nombre 001], tenemos que el comportamiento que se le ha venido endilgando no está tampoco cercano a lo que pueda válidamente considerarse como una conducta prevaricadora. Como punto de partida tenemos entonces que ni se sostuvo correctamente por los acusadores, ni se acreditó con grado de certeza un comportamiento intencional, doloso por parte del señor [Nombre 001]. Para respaldar lo que hemos indicado, no puede negarse que para la emisión del Decreto de Conveniencia Nacional se tuvo que ponderar los intereses en juego, sin que pueda perderse de vista la relación que existe siempre entre el tema del impacto al Ambiente y los Derechos Humanos, tema ya hemos puesto de relieve aquí, pero basta con mencionar que indiscutiblemente la temática del ambiente, tratándose de un derecho fundamental, recorre transversalmente todo el Ordenamiento Jurídico y precisamente por ello, todas las decisiones que se toman comportan cierta complejidad, pues están involucradas muchas leyes, decretos, participan varias dependencias administrativas -algunas en cuestiones meramente técnicas y otras en cuestiones jurídicas-, lo que no puede dejarse de lado por la importancia que tienen para la solución de este caso, por lo que vamos a volver luego. Cabe acotar además que no puede escindirse este Decreto de Conveniencia Nacional con el tema del permiso de cambio de Uso de suelo en el terreno que es propiedad de la empresa. Al respecto, el artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal establece una excepción a la protección general del bosque, cuando está de por medio la "conveniencia nacional", es en este supuesto que debe hacerse el balance entre los beneficios sociales, los cuales deben ser mayores que los costos socio-ambientales. La norma ciertamente establece una regulación amplia en cuanto a sus términos y es bastante compleja de captar, por lo que debe admitirse de manera tranquilizante que su aplicación es tarea nada fácil. Se hace ver que fue objeto de una acción y hubo pronunciamiento por parte de la Sala Constitucional en la sentencia número 2006-17126. Parafraseando a la Sala, se resolvió que analizados los principios rectores en materia ambiental, dicha norma, en relación con el 34 del mismo cuerpo legal, no resultan contrarios al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre y cuando no sea una autorización para que las instituciones públicas lesionen "legítimamente" el ambiente, ni tampoco de un régimen de excepción. (Cfr. Voto número 2006-17126 de la Sala Constitucional). De acuerdo con este fallo, la posibilidad de cambio de uso del suelo queda reservada únicamente al patrimonio forestal privado, por lo tanto, es claro que las normas que fueron cuestionadas en la jurisdicción constitucional sí prevén la posibilidad del cambio del uso del suelo en los inmuebles privados sobre los que pesa la afectación cuando exista cobertura boscosa, lo cual resulta necesario, ya que solo así es posible permitir la construcción de las obras de infraestructura, pues es sería iluso pensar en una actividad minera sin la construcción de obras de infraestructura necesarias para la materialización de la extracción de los minerales, como caminos, lagunas de deslave, casetillas y demás. En consecuencia todo queda sujeto desde luego a la normativa ambiental vigente en el momento. Así, ante la finalidad del interés general de la colectividad nacional se deben ponderar ambos derechos y equilibrar su utilización atendiendo al principio de desarrollo humano sostenible, lo que se entiende como la necesidad de una inter-relación equilibrada entre los elementos críticos del desarrollo económico (turismo, inversión, empleo, infraestructura, finanzas sanas y sistema tributario) de la política social (educación, salud, seguridad) y de la protección medio ambiental. Al respecto, por la importancia que tiene para lo que se resuelve, se indicó en ese voto: "Este desarrollo ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas, como la ampliación de las opciones para todas las personas de una sociedad, el cual es un concepto comprensivo porque incluye a los hombres y mujeres como centro del desarrollo, la protección de las oportunidades en la vida de las futuras generaciones y los sistemas naturales de los que depende la vida en su totalidad. El propósito fundamental es la creación de un ámbito posibilitante en que todos puedan disfrutar de vidas largas, saludables y creativas, ya que el crecimiento económico también es un medio para el desarrollo humano. De ahí que lo relevante es permitir un desarrollo industrial y tecnológico de los pueblos, pero tolerable al utilizar el entorno físico y social, con el fin de logra un progreso económico y social. La responsabilidad consiste en equilibrar la protección del ambiente, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, que justifique la intervención del Estado." (Cfr. Voto 2006-17126 de la Sala Constitucional). De acuerdo con esto, siguiendo lo que hemos venido sosteniendo, de que es preciso situar el análisis del comportamiento que se atribuye como prevaricador en el momento histórico en que se adopta el mismo, ya que el dolo como conocimiento concurre al momento de la realización delictiva, entendido esto de otra manera, habría un mal entendimiento del merecimiento de la pena como factor corrector de la imputación penal y no puede dejar de decirse que gran parte de los errores que se han presentado con la imputación penal en este caso, obedece a esta visión distorcionada de las cosas, lo que puede verse sin esfuerzo que la disyuntiva que intuititva y tácitamente se ha venido planteando desde el inicio, y como se ha podido ver, en el desarrollo del estudio de los casos, hay una diferencia importante entre lo que deba entenderse como "determinación" o "atribución" del dolo. Siguiendo con esto, es entonces cuando se sopesó ese "equilibrio" que debe darse entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, esto es precisamente ese engarce o correspondencia entre los fines declarados en el Plan Nacional de Desarrollo que menciona el imputado [Nombre 001] en su declaración y que el Tribunal ha podido constatar, siendo que en ese Plan Nacional asumido por la Administración del gobierno en el que figuró como Ministro, se aprecia que efectivamente la actividad minera -en términos generales y no exclusivamente el proyecto Crucitas-, se tenía como importante para generar fuentes de empleo y bienestar a las comunidades, por lo que era meta de encumbrado interés impulsarla y eso lo aceptó el imputado cuando declaró, siendo patente que el tema de la minería en dicho gobierno no era un tema arcano. Solo a partir de este esquema de análisis se puede determinar si el comportamiento que se le enrostra al aquí imputado y a la supuesta cómplice la coimputada [Nombre 006], puede considerse doloso y consecuentemente típico, si es que queremos acercarnos al ideal del derecho como lo justo , y de esta manera evitar el grave riesgo de desplazamiento del centro de gravedad del injusto, desde lo imprudente o impune hacia lo doloso y eliminar toda posibilidad de atribución de una responsabilidad objetiva determinada por el simple hecho de ser el máximo jerarca del Ministerio de Ambiente en cuyo seno se generó el Decreto. En el contradictorio el imputado [Nombre 001] no solo ha negado los cargos sino que se ha referido de manera puntual y amplia a los cargos que se le han endilgado. Con respecto a lo declarado por el testigo [Nombre 020], advierte que entre ellos ha existido -viene de viejo- desaveniencias importantes por sus diferentes posiciones políticas en temas que evidentemente tienen incidencia sobre el ambiente, como la explotación petrolera y la minería: "antes de las elecciones de febrero de dos mil seis, mi relación con él no era buena, fui Ministro de Ciencia y Tecnología, Presidente del ICE y de RECOPE, las relaciones no eran buenas, ya que yo formé parte durante el gobierno de una Comisión especial mixta en la Asamblea, se buscaba la reforma del ICE. Tuvimos discusiones, él continuó con cierta rivalidad conmigo, antes de las elecciones de 2006 no tuvimos rivalidad. En cuanto al período de transición, don Oscar Arias, manifestaciones sobre lo que Abel venía haciendo, muchas diferencias, por eso muchos Ministros no se reunieron, no hay ninguna normativa que obliga a reunirse con lo ex ministros, yo les explique lo que el gobierno iba a hacer relación con el Plan Nacional de Desarrollo, Mideplan, aquí tengo una copia de este plan, que sale publicado vía decreto, primero no es cierto que yo fui a hablar solo de minería y petróleo, él no estaba contento con la nueva visión del gobierno entrante, las telecomunicaciones pasaron al Ministerio de Energía y Minas, se pasó a llamar MINAET. Se buscaba que el I.C.E. tuviera un solo Ministro rector. No hablamos del tema petróleo. Con relación a este tema, yo conocía la posición de ellos, por eso las dos exploraciones petroleras habían sido dadas en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Él era viceministro cuando se dio la primera concesión a Industrias Infinito, yo ya sabía que el gobierno de Abel Pacheco se oponía a todo lo que era exploración petrolera y minería." Y agregó también: "Luego de ser Ministro él siguió con bastante animosidad contra mí, muestra un titular del Semanario Universidad, que no soy experto en cambio climático y nos representa mal. Antes de este debate no he conversado con él, participé en un foro, él era expositor, por video conferencia, pero no conversamos." Siguiendo, el imputado [Nombre 001] dejó en claro que él no participó personalmente en la redacción del Decreto número 34801-MINAET por ser esta una labor eminentemente jurídica y que además porque su confección involucraba, desde el punto de vista técnico, a otras dependencias administrativas del Ministerio. Al respecto fue enfático al reconocer que todos estos funcionarios él los conocía y eran de su entera confianza y que fue a ellos a quienes les encargó la labor de la redacción del Decreto. Indicó que dentro del organigrama del Ministerio se dieron cambios importantes a partir del momento en que él asumió el cargo de Ministro de Ambiente, en concreto afirma que el Ministerio se fortaleció con la creación de los Viceministerios que a su vez asumían Áreas específicas, siendo que el Ministro se encargaría de ejercer de coordinador de las políticas públicas, particularmente las que en ese momento eran de interés del gobierno y que habían sido anunciados públicamente y aparecen definidos en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo, en el que se contemplaba la minería como actividad que vendría a generar fuentes de empleo para el país, por lo que era de interés del gobierno fomentar dicha actividad, cabe destacar de su declaración en juicio lo siguiente: "La visión del nuevo gobierno, el país debía buscar fuentes de desarrollo, estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, en las discusiones políticas, pero todo conforme a la Ley. En tema de minería, el nuevo gobierno no veía la minería mal, pero en el tanto que se hiciera todo conforme a la ley. La gente que participó, despacho del Ministro, Departamento de Asesoría legal, los del Sistema de Áreas de conservación, es decir, todos los despachos participaron de acuerdo con la ley." El señor [Nombre 001] niega cualquier tipo de injerencia sobre la SETENA. En lo que concierne a la redacción de los documentos, decretos y demás actos administrativos, incluyendo el Decreto de Conveniencia Nacional del proyecto Crucitas, reconoce que efectivamente él giró la instrucción de que ello fuera redactado, porque así lo había solicitado el Director del Área de Conservación Huetar Norte, pero eso, como todo lo que pasaba para ser firmado al Despacho del Ministro, seguía un rigoroso íter, pasaba por diferentes Oficinas, primordialmente destaca que se encomendó la redacción del Decreto a la Dirección Jurídica del Ministerio de Ambiente, haciendo ver como otro de los cambios a partir de su paso por el Ministerio, que este Departamento era el otrora Departamento Legal, además, pasaba por el filtro de la abogada del Despacho del Ministro, quien tenía la labor de revisar previamente lo que venía de la Dirección Jurídica, además, tenía que ser enviado al Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial y ellos lo tenían que revisar. Sobre esto el imputado declaró lo siguiente: "En el caso de la concesión minera a Crucitas, yo no tuve ninguna injerencia en la SETENA. En cuanto a la clasificación de los dos tipos de decretos, yo había sido antes Ministro, hay uno solo, Decretos Ejecutivos y punto. Había un equipo que revisaba, tengo una guía con datos sobre este tema, es importante, es una guía sobre cómo se manejó este tema, es importante indicar que el Ministerio iba tener cuatro Vice Ministerios, cada Viceministerio iba tener un Viceministro, uno de Energía, Comunicaciones, Agua, cada uno coordinaba sus diferentes Áreas. Todos estaban bajo supervisión, los viceministros, todo sale en el nombramiento del Presidente, quien los nombra. Cuando me llega para la firma un documento, primero el Departamento legal, Dirección de Asesoría jurídica, antes se llamaba Departamento Legal, todos los documentos que el Ministro firmaba, para esto de la concesión minera, primero el Viceministerio, luego a la Dirección de Asesoría jurídica, la Dirección de Geología y Minas, SETENA y el SINAC, el SINAC es muy grande, tiene once Áreas, con su autonomía y tiene un Director Ejecutivo y cada Área tiene un Director. Son seis instituciones dentro del MINAE que tuvieron que ver con esto, conocían bien esto, además de esto, en el Despacho yo tenía una abogada Ana Luisa Leiva, ella estaba en despacho, ella revisaba todo lo que el Ministro iba firmar, a veces grandes cantidades, si había algo que no le parecía, ella lo devolvía, una vez pasado por todo este trámite, el Ministro firmaba por disposición legal, son actos del Poder Ejecutivo. La resolución que otorgó la concesión, Ana Luisa recogió la firma, se devolvía a la Dirección de Asesoría Jurídica para enviarlo a la Dirección de Leyes y Decretos, ubicada en Zapote, luego de aquí, pasaba nuevamente a la Dirección de Asesoría Jurídica, al despacho del Ministro solo llegaba una vez. En relación con el Decreto de Conveniencia Nacional, en relación con la tramitología la respuesta es la misma, mismo trámite. Nadie me llamó para insistirme que agilizara estos trámites de estos dos documentos. Nadie me indicó que no debía firmar estos documentos, además venía con nota formal, señor Ministro sírvase firmar, venía con la firma del Viceministro, para mi ello me llegaba y que todo estaba correcto." Se infiere también de su declaración que cuando se le presentó para firmar el Decreto éste venía con el visto bueno de la Jefa del Departamento Legal, la licenciada [Nombre 018], siendo una costumbre en la tramitación de este tipo de actos, anotar para su validación por parte de la Jefatura de la Dirección Jurídica que lo que se le presentaba para firmar contaba con el "visto bueno" y se estampaba el sello respectivo de dicha Dirección, sobre este particular el imputado dijo: "La solicitud del dictado de Decreto de Conveniencia sale del Área de Conservación Huetar Norte, que era necesario, todo eso va a la Asesoría Jurídica, yo no participé en la redacción, yo tenía plena confianza, se me manda formalmente, como todo lo que yo tenía que firmar, todo tiempo había concesiones, de telecomunicaciones, de aguas, yo no firmaba nada si no venía con el visto bueno del Área legal, e incluso se le ponía el sello. En el momento de la firma, yo firmé con toda confianza." En el debate se pudo corroborar que efectivamente en el expediente en que se tramitó el Decreto Ejecutivo, se aprecia el visto bueno de la Jefe licenciada [Nombre 018], seguido de la leyenda: "sírvase encontrar adjunto para su respectiva firma..." En su declaración niega haberse reunido con personeros de Industrias Infinito, nunca visitó el proyecto minero Crucitas y en cuanto al ex Presidente Oscar Arias, afirma que él nunca lo presionó por este tema de la concesión y en general nadie lo presionó. Finalmente, el imputado en su declaración menciona la existencia del Voto de la Sala Constitucional que validó lo actuado con respecto a este Decreto de declaratoria de Conveniencia Nacional, indica que la Sala consideró que todo estaba bien. Además, refiere que le causa extrañeza que la Procuraduría dentro del proceso Contencioso Administrativo defendió todas las actuaciones de los funcionarios administrativos en torno a la concesión minera a favor de Industrias Infinito. El Tribunal ha hecho lectura del Voto, vemos que cuando se refiere al balance de los beneficios económicos y sociales para la autorización del cambio de suelo, ante la solicitud presentada por Industrias Infinito para el cambio del uso del suelo ante el Área de Conservación Huetar Norte, de previo a conocer y valorar el punto, se solicitó la declaratoria de conveniencia nacional y se deja constancia en el fallo que sobre este tema se había dado una discusión sobre la necesidad o no de solicitar tal declaratoria y no fue sino hasta el 24 de setiembre de dos mil ocho, mediante el Oficio número 695-2008 SC, que la Subregión San Carlos-Los Chiles, del Área de Conservación Huetar Norte del SINAC le comunica a la empresa Industrias Infinito que sí se requiere el Decreto de conveniencia nacional para poder resolver la solicitud de cambio de uso de suelo. Con esto lo que se quiere dejar de manifiesto es que no era algo que se podía dar por sentado por ser claridad y las discusiones tuvieron lugar en el seno precisamente del Área de Conservación, que la dependencia administrativa encargada de velar cumplidamente por la normativa forestal y más concretamente, tenemos con la intervención de la asesoría jurídica, no es era un tema pacífico. Como la solicitud de condena en contra del encartado [Nombre 001] se ha sustentado en el hecho de considerar que el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET se fundamenta en un hecho falso, propiamente por haberse omitido el estudio de balance entre los beneficios socio económicos y los costos ambientales. A esto se abona que al aquí imputado le correspondía preparar el Decreto para presentarlo al Presidente; Que el Decreto se enmarca dentro del Plan Nacional del Desarrollo, por lo que hubo "presión política" para que el proyecto se concretara; y, se destaca que se tramitó en tiempo muy corto, refiriéndose a la emisión del Decreto y el otorgamiento del permiso de corta de los árboles por parte del SINAC (mediante la resolución número 244-2008-SCH). Con respecto a esta forma de sustentar la solicitud de condena en contra del aquí imputado, lo primero que salta a la vista es que no hay una correspondencia clara con la premisa de la intimación de la acusación, pues aquí lo que se indica es que se emitió el Decreto sin que el proyecto minero Crucitas reuniera las condiciones legales para ser declarado de conveniencia nacional, contrariando los artículos 3 inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal. Para una mejor claridad, sí es importante conocer el contenido del Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, publicado en La Gaceta número 201, del 17 de octubre de dos mil ocho, expresamente y en lo conducente dispone que:

"VII. El proyecto Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. Entre estos beneficios están los siguientes: i) La mina tendrá una operación cercana a los 11 años (incluye construcción, operación y cierre técnico). Esto significa que durante ese tiempo habrá desarrollo de las comunidades cercanas a Crucitas y necesidad de mano de obra; ii)La inversión inicial para construir la mina Crucitas es cercana a US$65.000.000. Se calcula que gran parte de ese monto se usará para compra de servicios profesionales, pago de contratistas, compra de materiales y maquinaria; muchos de estos adquiridos en la zona de San Carlos; iii)Se estima que dará empleo a 253 personas directas. En minería se calcula que por cada empleado directo, se da empleo a 5 empleados indirectos; por lo que tendremos 1.265 empleados indirectos; iv)Dentro de los compromisos sociales se procurará que al menos el 75 % de los empleados sean de la zona cercana a Crucitas; v)Planilla: La planilla anual para pagar a los empleados se estima en US$4.132.859; vi)Impuesto local: El Código de minería establece que las empresas mineras deberán pagar al 2% de su utilidad bruta a la comunidad; por lo que la Municipalidad de San Carlos y la comunidad del área de influencia a Crucitas recibiría anualmente un aproximado de US$1,441.158 durante ocho años (para un total de US$11.529.263); vii)Se maneja un fideicomiso para desarrollar obras sociales y las acciones de la comisión de monitoreo del Proyecto Crucitas, que recibiría anualmente la suma de US$364.063 y viii)El proyecto Crucitas pagará impuestos al gobierno central, se tiene calculado un pago anual por impuesto de renta de US$8.790.289 para un total por la vida de la mina de US$70.322.309. VIII.-Para la construcción y desarrollo del Proyecto Crucitas se requiere la corta de árboles en 191 Ha 7782,66 m2 que poseen bosque, lo cual representa el 19.93% del bosque existente en todas las propiedades, la corta de los árboles en 66 Ha 9474,53m2 en áreas de uso agropecuario sin bosque, lo cual representa el 14% de las áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas las propiedades y la corta de árboles de 4Ha 1 751.38m2 que poseen plantaciones forestales, lo cual representa el 12.33% de las plantaciones forestales existentes en todas las propiedades. Dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas, de acuerdo con el Voto de la Sala Constitucional N° 2486 de las 10 horas 54 minutos del 8 de marzo de 2002 y el Decreto Ejecutivo N°25700 del quince de noviembre de 1996. IX. Como compensación por el cambio de uso, Industrias Infinito, S.A. propuso las siguientes medidas de compensación: i)Apoyo para la compra de un terreno para conservación por un monto de doscientos cincuenta mil dólares; ii)La siembra de 49.8 árboles por cada árbol que se requiera cortar y iii)La creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus propiedades. Por tanto,

DECRETAN

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIENCIA NACIONAL DEL PROYECTO MINERO CRUCITAS

Artículo 1°-Se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S.A.

Artículo 2°-En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. (...)".

Con respecto a la supuesta presión política, no hay ningún elemento de convicción recibido en el contradictorio que dé cuenta que se diera una presión indebida por parte del aquí imputado o de algún jerarca con respecto al trámite que se le dio a la concesión minera como un todo unitario, en ninguna fase, ante ninguna dependencia y ningún funcionario público da cuenta que haya recibido algún tipo de presión incorrecta para resolver en sentido de favorecer a la empresa Industrias Infinito, por ello este argumento es especulativo y sin sustento alguno. Con respecto a que estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo el impulso que el gobierno le iba dar a la actividad minera, eso no era algo oculto, se manejó con total transparencia y de todas maneras en el Código de Minería, la actividad minera era considerada de interés nacional, por lo tanto, los fines declarados en la Ley tenía que de alguna manera materializarse por parte de los gestores de la política pública. Sobre el corto tiempo que menciona el señor fiscal, esta afirmación presenta un sesgo importante, ya que desconoce que la empresa Industrias Infinito había iniciado los trámites para obtener la concesión minera muchos años atrás y tuvo marchas y retromarchas por las situaciones que se fueron presentando en el devenir y nada más como ejemplo, por estar muy próximo a la publicación del Decreto, se infiere del oficio número SG-ASA-259-2008, del diez de octubre de 2008, que la SETENA comunicó al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, que la evaluación para determinar el balance del costo ambiental en relación con los beneficios socio-económicos del proyecto se realizó ante la SETENA en un plazo de tres años. De la lectura de los considerandos que se enlistan en el Decreto en cuestión, no logra inferir el Tribunal algo que pueda ser tachado de falso, por el contrario, lo que se aprecia más bien es que la Administración -concretamente el encartado en su calidad de Ministro y el Presidente de la República-, al momento de emitir el Decreto, tenían claro que el proyecto sí iba impactar el ambiente, es decir, sí iba tener costos ambientales, pero de acuerdo con lo que es le presentó por parte de las Dependencias administrativas que se ocuparon de valorar estos temas, por ser técnicos y jurídicos, también iba a generar empleo en la zona de Crucitas, dinero al Estado y a la Municipalidad, entre otros. Aquí, no hay que perder de vista que tratándose de derecho ambiental, entendido como un sistema complejo, como conjunto de normas y principios, nacionales y de derecho internacional, que regulan y orientan las relaciones entre el ser humano y su entorno natural y urbano, buscan también la finalidad de alcanzar un equilibrio que permita la satisfacción de las necesidades humanas a través de procesos sociales, productivos y culturales, resguardando la integridad y conservación de la biodiversidad, es por esto que en todo este proceso en que aparece como fruto el Decreto de Conveniencia, se involucraron los órganos de Gestión ambiental y se valoraron los distintos elementos y los resultados de la evaluación, primero ante la Dirección de Geología y Minas para el otorgamiento de la concesión tanto de la exploración como en su momento de la concesión para explotación, y luego ante la SETENA, para obtener la viabilidad ambiental, la participación que tuvo la Dirección Jurídica del MINAET, del Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, y por supuesto, la abogada del Despacho del Ministro [Nombre 001], que revisaron las actuaciones, y el Decreto y sólo cuando se consideró que estaba listo para ser firmado y publicado, así se procedió, en esto no hay ninguna conducta intencionada encaminada a infringir el Ordenamiento Jurídico. Pese a lo que resolvió el Tribunal Contencioso sobre los vicios detectados en el Decreto de Conveniencia Nacional, tenemos que cosa muy distinta es, sostener en esta sede que el aquí imputado [Nombre 001] actuó dolosamente, es decir, con conocimiento y voluntad. El Tribunal Contencioso ya definió la forma en que debía establecerse el estudio que se menciona en la Ley Forestal, pero para los efectos de lo que nos ha correspondido determinar, lo que se tiene es que el Decreto al menos cumple con mencionar y exponer lo que en ese momento se tenía como beneficios que iba generar el proyecto, los costos ambientales -que no necesariamente comportan daños ambientales- y la forma en que iban a ser de alguna manera compensados, por lo que desde el punto de vista penal, no puede ser configurativo del delito de Prevaricato, ya que para definir sus alcances se tuvo que apreciar lo que la Ley Forestal, la que no define de forma clara el tema, por lo que hubo por parte de los funcionarios, un margen de interpretación de la Ley y esto excluye la posibilidad la adecuación típica. No está demás hacer ver que conforme a los principios que rigen para una correcta argumentación, cuando la conclusión se sigue de las premisas, para obtener una conclusión segura, hay que tener presente que un argumento no es en sí mismo una afirmación, sino un conjunto o serie de afirmaciones con la característica de que unas se siguen a otras, un intento de apoyar ciertas opiniones con razones; dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. De esta manera, las premisas o conclusiones en sí podrán ser verdaderas o falsas, pero ello no impacta sobre la calificación del argumento. Un argumento puede ser válido o inválido, correcto o incorrecto, pero no verdadero o falso, cualidad que solo puede predicarse respecto de las premisas o conclusiones. Será válido o correcto si las premisas apoyan efectivamente la conclusión y será inválido o incorrecto en el caso contrario. Así es como este Tribunal penal aprecia la emisión del Decreto, solo de esta manera es posible incardinar la conducta atribuida al encartado [Nombre 001] en el precepto penal que se le ha atribuido.

Del contenido de las actuaciones, de la prueba y demás probanzas analizadas, en todo esto de la concesión minera a Industrias Infinito vemos que hubo intervención de varios órganos administrativos, se vertieron varios criterios -incluso contradictorios entre los Departamentos legales del mismo Ministerio de Ambiente-, la cantidad de abogados intervinientes durante el procedimiento administrativo y para más ahínco, tenemos que la Sala Constitucional resolvió algunos temas con respecto a la Concesión minera en cuestión. Es oportuno tener presente que la Sala Constitucional en el Voto mencionado por el aquí imputado, fue clara al señalar también que: "no resulta necesario que en el mismo decreto se haga constar de manera expresa toda la valoración efectuada, los instrumentos aplicados, la metodología utilizada, o los puntajes obtenidos y asignados en cada ítem, aspectos que sí deben cumplirse en sede administrativa pero sin que sea necesario realizar una transcripción de toda la evaluación en el cuerpo del decreto, pues para los efectos de la fundamentación del instrumento normativo basta con referir la realización del procedimiento de evaluación del balance, explicar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios a obtener, es decir, que el decreto demuestre con datos concretos y exactos que la evaluación sí fue realizada..." (Cfr. sentencia 4399-2010, de la Sala Constitucional). Esto lo dice el más alto Tribunal de la República, cómo entonces venir a sostener que el imputado [Nombre 001] haya actuado dolosamente al firmar el Decreto que se afirma adolecía del "instrumento de valoración y medición", lo expuesto exime en realidad de cualquier comentario, ya que queda evidenciado que como tal, el Decreto en la forma que se le presentó para ser firmado, cumplía objetivamente con lo que el encartado podría asimilar como válido, correcto y legal y con respecto a lo que la Sala puntualiza, tenemos también que la intimación de la acusación no va en ese sentido. Aunque el tema en realidad es complejo de exponer acá, sí debe reflexionarse sobre las discusiones que se han dado y que cobran sentido acá, con respecto a la concepción del derecho penal como tecnología social, al respecto el debate entre Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, lo que originó una intensa polémica y en el que han tomado partido varios autores de renombre mundial. En definitiva, puede concluirse que en el marco de una tecnología social, la verdad sirve al mantenimiento del orden existente, sirviendo como medio de reducción de la complejidad del entorno y como garantía de invariabilidad, transfriendo seguridad sobre la base de una generalización empírica del reconocimiento que se le preste a una tesis determinada. No hay entonces posibilidad alguna de considerar doloso el comportamiento del imputado [Nombre 001], pues en medio de ese piélago normativo se dieron las valoraciones e interpretaciones por parte de los encartados, con prescindencia de que el Tribunal Contencioso -desde su atalaya de contralor de legalidad- , resolviera después que dichas actuaciones, resoluciones y decretos eran contrarias a derecho. Corolario de lo anterior, en este proceso penal no se acreditó que el actuar de los imputados fuera deliberado, tenemos ausencia del elemento cognoscitivo del dolo del tipo penal de Prevaricato, aunado a la imposibilidad de visualizar el elemento volitivo de querer dictar una resolución en contra de la ley y de los deberes de la Función Pública. Los acusadores tenían que demostrar el conocimiento cierto o al menos potencial de los elementos objetivos del tipo penal del Prevaricato, además de la voluntad de realizarlo con ese conocimiento; estos elementos no se observan en el presente caso sometido al escrutinio de esta integración del Tribunal. No puede negarse o descartarse que las infracciones al Ordenamiento Jurídico que fueron constatadas y puestas de manifiesto por el Tribunal Contencioso Administrativo hayan obedecido a falencia, desconocimiento o simple error por parte de los imputados, pero para los efectos que aquí interesan, tenemos que no se acreditó que ello se debió a un actuar deliberado en el accionar de los acriminados, esto por cuanto existe un innegable margen de apreciación cuando se procede a aplicar la ley a un caso concreto, cuando se definen sus alcances, al darle sentido, interpretar lo que ella establece para una generalidad de casos y en esto hay que tener presente siempre que el Ordenamiento Jurídico es un todo sistemático, pero también bajo la consideración de que es un sistema, que de acuerdo con los más reconocidos autores, nunca habrá de considerarse como algo definitivo y acabado -lo cual resulta lógico-, sino siempre como algo susceptible de modificación y de nueva armonización cuando sea preciso incorporar a el nuevos principios de enfrentamiento con nuevos problemas. Por las razones dichas, se absuelve al aquí encartado [Nombre 001] por los dos delitos de Prevaricato que se le venían atribuyendo, como cometidos en daño de los Deberes de la Función Pública.» (sic, Sentencia, págs. 160 a 174).

 

Luego, el tribunal penal examina en concreto el caso de los coimputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] y [Nombre 005], entre las páginas 175 y a 188; respecto a la acusada [Nombre 009], entre las páginas 216 a 219 de la sentencia; y en cuanto a la encartada [Nombre 006], entre las páginas 219 a 222. Respecto a esta última, llama la atención de este Tribunal de Apelación que en las acusaciones se atribuyó a la señora [Nombre 006] haber actuado como cómplice del acusado [Nombre 001] (respecto al delito relacionado al dictado del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE), sin embargo el propio Ministerio Público solicitó que se dictara una sentencia absolutoria en favor de aquella, petición que atendió el tribunal penal, señalando que "la investigación no arrojó prueba testimonial o documental que estableciera ni por sospecha, vínculo alguno entre [Nombre 001] y [Nombre 006], por lo que resulta imposible atribuir una vinculación como cómplice de esta última por los actos ilegales atribuidos a [Nombre 001]" (cfr. Sentencia, págs. 219 a 222). Así las cosas, concluye el tribunal penal, se absuelve de toda pena y responsabilidad: a) al imputado [Nombre 001] por los hechos acusados y querellados, calificados como constitutivos de dos delitos de prevaricato en perjuicio de los deberes de la función pública; b) a las imputadas [Nombre 006] y [Nombre 009] por los hechos acusados en calidad de cómplices de [Nombre 001] para la comisión del delito de prevaricato; c) a los imputados [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] y [Nombre 005], por los hechos acusados como configurativos de un delito de prevaricato en daño de los deberes de la función pública.

Por otra parte, los recurrentes sostienen que de la prueba examinada se derivan indicios que permiten considerar que el imputado [Nombre 001] sí actuó dolosamente; y, además, que el tribunal penal arbitrariamente excluyó prueba testimonial que pudo ser esencial para comprobar el dolo, aludiendo concretamente a los testigos [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012], quienes se abstuvieron de declarar con ocasión de que el tribunal penal, ante el criterio de la defensa técnica de los imputados, consideró que se trata de testigos sospechosos. Ambos apelantes alegan que determinar la existencia de una autoincriminación solo es posible a partir de lo que declaren los testigos y no de forma anticipada a su declaración, por lo que sostienen que el tribunal penal adelantó criterio al considerar que eran testigos sospechosos, antes de que estos dieran su testimonio en juicio, sin que existiera ningún elemento para que el tribunal de juicio estimara que el interrogatorio de estos testigos los pudiera incriminar. Estos reparos no son atendibles. A criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, no hay razón alguna por la cual se deba considerar que el motivo para sospechar de la participación de una persona en la comisión de un determinado hecho delictivo, tiene que surgir necesariamente de lo que esta persona declare en juicio como testigo, sino que el motivo de sospecha también puede derivar de otras fuentes diferentes, como sucedió en el presente caso, en vista de que los testigos [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012] quienes optaron por abstenerse de declarar, en condición de testigos sospechosos, porque haber sido funcionarios que intervinieron y suscribieron parte de los actos o resoluciones que el Ministerio Público describe en la acusación, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Contencioso Administrativo (cfr. Sentencia, págs. 100 a 101), por lo que no resultó arbitraria la decisión del tribunal, sino ajustada a los lineamientos de la citada jurisprudencia constitucional. En el artículo 204 párrafo primero del Código Penal se dispone con claridad que el "El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que puedan depararle responsabilidad penal" y la jurisprudencia de Sala Constitucional advierte que "el testigo sospechoso podrá abstenerse de indicar todo aquello que pueda implicarle responsabilidad penal y el juez de la causa deberá valorar esta circunstancia en el caso concreto, advertirle las consecuencias de su dicho y que le asiste el derecho al silencio. La declaración recibida en contravención con lo anterior, no podrá surtir efectos y será absolutamente nula por violación a los principio que integran el debido proceso. Por otra parte, nada impide al juez permitir al testigo sospechoso que se haga asesorar de un letrado a efecto de que pueda enterarse de cuáles manifestaciones pueden implicarle responsabilidad penal." (Sala Constitucional N° 5630 de las 16:06 horas del 28 de setiembre de 1994, reiterada en la N° 8733 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2004). Adicionalmente, ninguno de estos tres testigos sería determinante para la decisión del caso, pues ninguno fue ofrecido para demostrar que el imputado [Nombre 001] actuó dolosamente al firmar el Decreto Ejecutivo 34801-MINAE. En cuanto al examen y valoración de los testigos que sí declararon en juicio (particularmente de las declaraciones de [Nombre 014], [Nombre 018] y [Nombre 015]) y de la prueba documental, tampoco resulta atendible la tesis de que estos arrojan indicios que permiten tener seguridad de que el encartado actuó dolosamente, cuestión que fue resuelta con amplitud por el tribunal de juicio, al advertir que los indicios que plantean los acusadores no son precisos sino que carecen de idoneidad suficiente para tener certeza de que el acusado [Nombre 001] haya actuado con el conocimiento y voluntad (dolo) que requiere el tipo penal de prevaricato, ya que él no es la persona que redactó el texto del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE (lo redactó un departamento legal), él no fue advertido de que este acto pudiera ser ilegal, sino que lo firmó porque traía visto bueno del departamento legal del ministerio. En la página 187 de la sentencia, hace notar el tribunal penal que, durante el procedimiento contencioso administrativo, la Procuraduría General de la República más bien defendió la legalidad de las resoluciones dadas por la Administración Pública, lo que evidencia que no se trata de un tema sencillo establecer si los decretos indicados en la acusación (particularmente el 34801-MINAE) estaban o no conformes con el ordenamiento jurídico costarricense.

Conforme a lo expuesto, no se observa ningún defecto que determine la ineficacia de la sentencia que absolvió al imputado [Nombre 001] por un delito de prevaricato en relación al dictado del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE, por lo que se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

POR TANTO:

 Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Notifíquese.–

 

 

 

Jorge Luis Arce Víquez

 

Ana Isabel Solís Zamora                                                        Manuel Gómez Delgado

Jueces y jueza de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 08-000011-0033-PE (2).

Imputado: [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006] Y [Nombre 009].

Ofendido: LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Delito: PREVARICATO.

IMENDEZST

 

Exp.: 08-000011-0033-PE(2) - VOTO 2025-0017 - pág.: 1

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:11:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**1°.**– That through judgment number 876-2023 of thirteen hours thirty minutes on the twentieth of November two thousand twenty-three, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José resolved: «**POR TANTO:** In accordance with the foregoing and articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 of the American Convention on Human Rights; 1, 30, 47, 69, 71 and 357 of the Penal Code; 1, 141 to 144, 324, 360, 361, 364 to 366 of the Code of Criminal Procedure; by unanimity this Court resolves: [Nombre 008] is acquitted of all penalty and liability for the acts accused and brought in the complaint, classified as constituting two crimes of PREVARICATO, which to the detriment of LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA were being attributed to him. Furthermore, the defendants [Nombre 006] AND [Nombre 009] are acquitted of all penalty and liability for the acts accused as ACCESSORIES for the commission of the crime of PREVARICATO, as committed in damage of LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Finally, the defendants [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] AND [Nombre 005] are acquitted of all penalty and liability for the acts accused and brought in the complaint, classified as constituting a crime of PREVARICATO, as committed in damage of LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. The costs of the criminal proceedings are borne by the State. The cessation of any precautionary measure that on the occasion of this case may have been decreed against the defendants herein is ordered. For the integral reading of the judgment, the thirtieth of November at fifteen thirty hours is set. Jorge Tabash Forbes - Yorleny Campos Campos - José Pablo Alvarado Cascante - Trial Judges» (sic).

**2°.**– That against the preceding pronouncement, the attorney Christian Barrero Godínez, Procurador de la Ética Pública; and the attorney Carlos Manuel Jiménez Robleto, prosecutor of the Public Ministry, each filed appeals of judgment. At the request of the defense of the defendant [Nombre 001], a hearing was held at 9:30 hours on September 30, 2024.

**3°.**– That once the respective deliberation was completed, in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered all the questions raised in the appeal of judgment.

**4°.**– That the relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Judge of Sentence Appeal Arce Víquez writes; and

**CONSIDERANDO:**

**I.–** Background. For a better understanding of the issues to be resolved, it is necessary to summarize the background of the case. The Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, issued judgment No. 32-2015 at 10:00 hours on January 28, 2015, which ordered:

«**POR TANTO** In accordance with articles 39, 41, 140, 146 of the Political Constitution, articles 1, 9, 37 to 41, 180 to 184, 324 to 367, 376 to 379 of the Code of Criminal Procedure, 1, 57, 58, 59 to 63, 71, 74, 357, 365 of the Penal Code, 3 and 84 of the Mining Code, 164, 187, 188, 189, 361 of the General Law of Public Administration, 6, 17, 22 of the Organic Law of the Environment, 3 subsection m, 19, 34 of the Forest Law (Ley Forestal), 2 of the Regulation to the Forest Law (Reglamento a la Ley Forestal), by unanimity, [Nombre 001] is declared the responsible author of ONE crime of PREVARICATO for the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 34801-MINAS, to the detriment of LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA and as such he is imposed the penalty of THREE YEARS OF PRISON, a penalty which he must serve, after credit for preventive detention served, in the place and manner determined by the respective penitentiary regulations. [Nombre 001] is imposed a DISQUALIFICATION of THREE YEARS for the exercise of public offices. [Nombre 001], [Nombre 006], [Nombre 009], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004] and [Nombre 005] are acquitted of all penalty and liability for a crime of Prevaricato. As he qualifies for it, [Nombre 001] is granted the benefit of conditional execution of the sentence for a period of FIVE years, during which he must not commit an intentional crime punishable by a prison sentence exceeding six months because, if he does so, the benefit granted herein will be revoked and he must effectively serve the imposed penalty. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry of Delinquents and communicate it to the Instituto Nacional de Criminología and the Court of Sentence Execution. Notify by reading. Hugo Porter Aguilar. Mercedes Muñoz Campos. Sergio Quesada Carranza. Judges» (sic).

The same court, by resolution at 13:05 hours on March 19, 2015, added to judgment No. 32-2015 and resolved:

«**POR TANTO** Therefore, in accordance with the provisions of numerals 15 and 147 of the Code of Criminal Procedure, the judgment of ten hours on January twenty-eighth of the year two thousand fifteen is added to, so that on pages 182, 190 and 217 of the judgment in question, instead of the word “peculado” it should read “prevaricato”. The request for clarification and addition by the defense of the accused [Nombre 001] is rejected. Notify Hugo Porter Aguilar - Mercedes Muñoz Campos - Sergio Quesada Carranza» (sic).

Against judgment No. 32-2015 at 10:00 hours on January 28, 2015, the defendant [Nombre 001]; his private defender, attorney Laureano Castro Sancho; attorney Natalia Rojas Méndez (prosecutor of the Public Ministry); and attorney Ronald Víquez Solís (representing the Procuraduría General de la República) filed their respective appeals of judgment. The Court of Sentence Appeal, by resolution No. 2015-1539 at 13:30 hours on November 19, 2015, ordered:

«**POR TANTO:** The filed appeals are declared admissible. The appeals brought by attorney Luis Diego Hernández Araya and attorney Natalia Rojas Méndez, as prosecutors of the Public Ministry, and by attorney Ronald Víquez representing the Procuraduría General de la República are fully upheld, and those filed by attorney Laureano Castro Sancho as defender of [Nombre 001] and by this defendant personally are partially upheld. Consequently, the exception of constitutional res judicata is rejected, and the judgment and the debate that preceded it are integrally annulled, ordering the remand before a new panel of the lower court body to resolve what is appropriate in Law, the principle of prohibition of reformatio in pejus must be respected only regarding the facts for which the conviction against [Nombre 001] was handed down, here annulled, and the tacit withdrawal of the criminal action by the Procuraduría General de la República regarding two formerly acquitted female defendants, because said entity did not appeal. As unnecessary, a pronouncement on the lack of condemnation of costs of the acquittals is omitted. Let the Trial Court take note of what is indicated in Considerando VII. NOTIFY. Rosaura Chinchilla Calderón - Joe Campos Bonilla - Lilliana García Vargas - Judges» (sic).

With this background, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José issued judgment No. 876-2023 at 13:30 hours on November 20, 2023 –whose operative part is described in the 1st Resultando of this resolution–, which is the subject of the two appeals of judgment that concern us, which have been filed by the Public Ministry and the Procuraduría General de la República.

Regarding the formal admissibility of these two appeals, this Court of Sentence Appeal, through resolution No. 1289 at 14:30 hours on August 6, 2024, resolved:

«The appeals of judgment filed by the Public Ministry and the Procuraduría General de la República are partially admitted, only insofar as judgment No. 876-2023 ordered the acquittal of the defendant [Nombre 001] for Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAET at 13:00 hours on October 13, 2008, published in La Gaceta No. 201 on October 17, 2008, which declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience. Based on article 466 bis of the Code of Criminal Procedure, the claims directed against judgment No. 876-2023 are not admissible, insofar as it reiterates the acquittal of the defendants [Nombre 009], [Nombre 006], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] and [Nombre 003] for the acts accused against them and insofar as it reiterates the acquittal of the defendant [Nombre 001] for one of the crimes of prevaricato accused against him (that referring to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. R-217-2008-MINAE)...»

**II.–** PUBLIC MINISTRY'S APPEAL. Attorney Carlos Manuel Jiménez Robleto, prosecutor of the Public Ministry, has filed an appeal of judgment against the judgment that the criminal trial court issued in the retrial, No. 876-2023 at 13:30 hours on November 20, 2023. The appellant maintains that, given that this second judgment reiterated, on one hand, the acquittal of the defendants [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] and [Nombre 003] for acts accused against them and, on the other hand, also reiterated the acquittal of the defendant [Nombre 001] for one of the two crimes of prevaricato accused against him (that referring to the issuance of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. R-217-2008-MINAE at 15:00 hours on April 21, 2008), in this case the reform introduced to article 466 bis of the Code of Criminal Procedure (hereinafter CPP) by the sole article of Law (Ley) No. 10200 of May 5, 2022, to the effect that the Public Ministry, the plaintiff and the civil actor may not file an appeal against the trial court's judgment produced in a retrial that reiterates the acquittal of the accused person ordered in a previous trial, is not applicable. This is so, he alleges, due to the thesis followed by the Third Chamber regarding the non-retroactivity of procedural law. He notes that the previous acquittal judgment (No. 32-2015 at 10:00 hours on January 28, 2015) was issued long before the indicated reform to article 466 bis CPP. The prosecutor includes in his appeal extensive quotes from a dissenting vote of Judge Salazar Alvarado in the vote of the Constitutional Chamber No. 2023-8843, to the effect that the principle of retroactive application of the more favorable criminal norm refers only to substantive law (not to procedural law). In the same vein, he also quotes resolutions from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice (No. 1993-416 at 10:50 hours on September 30, 1993; No. 2002-883 at 13:40 hours on September 12, 2002; No. 2004-115 at 10:10 hours on February 20, 2004; No. 2005-1422 at 10:15 hours on December 7, 2005; and No. 2022-680 at 10:24 hours on June 24, 2022). He adds that in this case the so-called principle of double conformity provided for in article 466 bis CPP has not operated, because according to the principle tempus regit actum (Latin phrase meaning "time governs the act") the applicable norm would be that which was in force at the time the judged act occurred. He concludes, then, that the reform introduced to article 466 bis CPP is not applicable, because it is a clearly procedural norm and the first acquittal was issued on January 28, 2015, long before the legal reform of 2022. He notes that his appeal is filed within the 30-day period provided for in the procedure for complex matters, in articles 378 subsection e) and 460 of the CPP. Prosecutor Jiménez Robleto indicates that a grievance has been caused to the Public Ministry by acquitting the defendants [Nombre 001], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] and [Nombre 003] of all penalty and liability, for which reason he requests that the judgment be annulled and a retrial be ordered for its new substantiation.

It is necessary to keep in mind, as was anticipated in Considerando I of this resolution, that this Court of Sentence Appeal, through resolution No. 1289 at 14:30 hours on August 6, 2024, resolved to partially admit the appeal filed by the Public Ministry, only insofar as judgment No. 876-2023 ordered the acquittal of the defendant [Nombre 001] for Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE at 13:00 hours on October 13, 2008, published in La Gaceta No. 201 on October 17, 2008, which declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience. Additionally, based on article 466 bis of the Code of Criminal Procedure, the claims directed against judgment No. 876-2023 were declared inadmissible, insofar as it reiterates the acquittal of the defendants [Nombre 009], [Nombre 006], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 002] and [Nombre 003] for the acts accused against them and insofar as it reiterates the acquittal of the defendant [Nombre 001] for one of the crimes of prevaricato accused against him (that referring to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. R-217-2008-MINAE). Therefore, hereinafter reference will be made to the claims raised by the Public Ministry, only regarding the issue that was admitted.

**III.–** First ground of the Public Ministry's appeal. Regarding the acquittal of [Nombre 001] for the crime of prevaricato, which is accused to have been committed through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE, prosecutor Carlos Manuel Jiménez Robleto accuses the violation of articles 31, 45, 357 and 363 of the CPP, for "Disagreement with the legal reasoning." This is so, he alleges, because the court incurred an error in considering that the conduct of Mr. [Nombre 001] is atypical because he did not act with intent (dolo). The judgment contains an error in its legal reasoning, by concluding that one of the reasons there is no intent (dolo) is that the Public Ministry could not establish an agreement of wills among the defendants for the commission of the crime of prevaricato. Although it is true there is no proof that there was an agreement of wills between [Nombre 001] and the members of the Plenary Commission to sign each of the illegal resolutions – says the appellant –, this element does not need to be demonstrated for the manifestation of intent (dolo), insofar as a co-perpetration or accessorial participation was not accused.

**IV.–** Second ground of the Public Ministry's appeal. The violation of articles 142, 182, 183, 303, 304, 349, 351 and 352 of the CPP is accused, for "Disagreement in the incorporation and assessment of the evidence." The prosecutor alleges that, in relation to the illegality of the Decree of National Convenience (Decreto de Conveniencia Nacional) No. 34801-MINAE, one of the arguments of the criminal trial court to acquit the defendant [Nombre 001] was that no political or irregular pressure was demonstrated for the granting of the Crucitas project concession, however it "curtailed" or "buried" the Public Ministry's possibility of demonstrating that there was indeed pressure from the Executive Branch for the Crucitas project concession to be granted. This is so, because the criminal trial court decided to declare [Nombre 010] and [Nombre 011] as suspicious witnesses (testigos sospechosos) (in relation to what [Nombre 012], director of the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, declared). Mr. [Nombre 010], who was a geologist in the Dirección de Geología y Minas, would declare everything related to the approval of the mining concession in favor of the company Industrias Infinito S.A., the scope, limitations of the national moratorium decree. Mr. Eduardo would declare that for the year 2008, he had held the position of head of the San Carlos, Los Chiles subregion, he was summoned by directives of Mr. [Nombre 001] to an urgent meeting at MINAE, to finalize the forestry permits in favor of the company Industrias Infinito, including making the decision to issue the decree of national convenience, as well as the knowledge that Mr. [Nombre 001] had on the subject. For the Public Ministry, these testimonies were fundamental to demonstrate its theory of the case, that there was political pressure for the concession to be approved, that Mr. [Nombre 001] had knowledge of the details of the project and the difficulties they were having, given resistance from SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) in not granting the land-use change permit. When the interrogation of these witnesses was to begin, respectively, one of the defenses of the defendants requested that they be considered suspicious witnesses (testigos sospechosos), alleging that they would be involved in some of the actions described in the acts accused by the Public Ministry or the Procuraduría General de la República, which was rejected by the Public Ministry, which considered it necessary to hear the witnesses, since no criminal liability emerges from the accused acts, so a prior analysis could not be made without having heard the witnesses, an opinion the criminal trial court did not heed, as it rather upheld the defense's requests and determined, in advance, that indeed said witnesses were considered suspicious, so it requested that a defense attorney be appointed for each of them, which caused, due to the short time they had to study the case file, the defense attorneys to advise the witnesses to abstain from testifying, and these, being laypersons, accepted that advice. The Public Ministry concludes that there was no element for the trial court to consider that interrogating these witnesses could incriminate them, so it should have allowed the interrogation and, should any self-incriminating statement arise, stop the interview and appoint, at that moment, a defense attorney to advise them. However, the court considered these persons to be suspicious witnesses (testigos sospechosos), for the simple reason of the requests by the defendants' defenses, which it upheld without any support, when not even the Public Ministry gave them that classification.

**V.–** Third ground of the Public Ministry's appeal. The non-observance of articles 142, 184, 363 subsection b of the Code of Criminal Procedure is accused, for "Disagreement with the assessment of the evidence, specifically due to lack of intellectual reasoning [...] because the analysis of the circumstantial evidence (indicios) was omitted in the judgment [...] which if analyzed, would allow demonstrating that the defendants committed the crime of prevaricato". Prosecutor Jiménez Robleto criticizes that the criminal trial court concluded that the defendant [Nombre 001] signed Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE without knowing it was illegal. The appellant emphasizes that this decree is illegal and that what makes it contrary to the legal system is the basis that there existed a cost-benefit study which established that the social and economic benefit was greater than the environmental damage that would be caused by the forest clearing (tala del bosque), so the court's argument that there were doubts on the part of the different legal departments of SETENA (Secretaría Técnica Nacional) and SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) about the need or not for the Decree of Convenience for granting land use is not related to the accused facts, since this is not what the accused factual framework addresses. The court's argument that Mr. [Nombre 001] had a total ignorance of the decree's content is supported only by the testimony of this defendant, leaving aside the rest of the testimonial and documentary evidence in which the role he played, as minister of MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), is clearly observed so that Industrias Infinito would have the exploitation concession for the Crucitas project. His first interference in the project was on November 21, 2007, when in his capacity as minister he presented a request for addition and clarification of vote No. 13414-2004 of the Constitutional Chamber, with which he wanted to know if the Chamber had annulled or not the concession for the Crucitas project. Subsequently, on March 3, 2008, the then president Oscar Arias Sánchez and minister [Nombre 001] annulled resolution R-613-2007-MINAE, in which an appeal for reconsideration had been found with merit and the nullity of the Crucitas project concession by MINAE was expressed. However, the defendant [Nombre 001], instead of maintaining said resolution, archived it without resolving it, by declaring the appeal as lacking current interest. On April 18, 2008, president Arias Sánchez and minister [Nombre 001] signed decree 34492, which repealed the national moratorium on metallic gold mining activity (30477-MINAE) published on June 4, 2008, and almost immediately, on April 21, 2008, the accused [Nombre 001] in his capacity as Minister of MINAE ordered the conversion of the act granting the mining concession, despite the fact that the Constitutional Chamber had already annulled said concession. Given the refusal of the Área de Conservación Huetar Norte to grant the land-use permit, without a decree of national convenience to support it, on October 13, 2008, the defendant [Nombre 001] signed Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE, and on October 17, it was published in La Gaceta. This denotes active participation by this accused in different stages of the Crucitas project, a situation that was not analyzed by the criminal trial court in the judgment. Another piece of circumstantial evidence (indicio) is the short time in which the decree of convenience was processed; the court does not analyze that the request for land-use change was submitted by Industrias Infinito on September 9, 2008. On October 13, 2008, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE was drafted, and on October 17, the land-use change permit and tree felling were granted. In the opinion of the Public Ministry, the decree of national convenience was drafted with the knowledge that it lacked the requirements for its basis, only to comply with the requirement of the Área de Conservación Huetar Norte so that it would grant the land-use change permit. The study that weighs the social and economic benefit against the environmental damage could not have been done in less than a month. Nor is the irregular manner in which the decree of national convenience was processed analyzed, according to the witness [Nombre 013], a witness who, at the time of the events, worked as director in the Dirección de Leyes y Decretos and states that it arrived at her office already signed by president Arias Sánchez. The witness [Nombre 014], who worked in the legal department of SINAC, evidenced another irregularity because they were never asked for the endorsement or approval regarding the requirement of the cost-benefit study. The prosecutor concludes that had these pieces of evidence been analyzed, the criminal liability of the defendant [Nombre 001] would have been established.

**VI.–** APPEAL OF THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Attorney Christian Hugo Barrero Godínez, Procurador de la Ética Pública, has filed an appeal of judgment against the judgment that the criminal trial court issued in retrial, No. 876-2023 at 13:30 hours on November 20, 2023. From the outset, he warns that his appeal is directed solely against the acquittal of the defendant [Nombre 001], for Executive Decree (Decreto Ejecutivo) (No. 34801-MINAE of October 13, 2008, published in La Gaceta No. 201 of October 17, 2008), which declares the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience. He maintains that the criminal trial court issued an acquittal judgment for the defendant [Nombre 001], because it erroneously considered that the evidentiary material offered and received in trial was insufficient to consider proven the volitional element of the criminal type of prevaricato, regarding the knowledge and willingness of the illegalities presented by the Decree of National Convenience for the Crucitas Mining Project, signed by him. He raises two grounds of appeal and requests that the grounds of the appeal be upheld, insofar as the defendant [Nombre 001] is acquitted of all penalty and liability for the commission of the crime of prevaricato accused in relation to the decree of public interest and national convenience of the Crucitas Mining Project; that judgment No. 876-2023 be declared ineffective and the case remanded for new substantiation. **First ground.**

It alleges the violation of articles 142, 182, 183, 303, 304, 349, 351, and 352 of the CPP due to "Violation of the principles of immediacy and contradiction, by prejudging the issue." This is so, it argues, in relation to the testimonies of [Name 010] (geologist from the MINAE Directorate of Geology and Mines, who would testify about everything related to the approval of the mining concession in favor of the company Industrias Infinito, the scope and limitations of the national moratorium decree, and the conversion of the mining concession act), [Name 012] (director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, who would testify that in 2008, while serving as Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, he was summoned to an urgent meeting at MINAE to finalize the forestry permits in favor of the company Industrias Infinito, including making the decision on the issuance of the national convenience decree, as well as the knowledge that Mr. [Name 001] had on the matter), and [Name 011] (who would testify that in 2008 he had served as Head of the San Carlos Los Chiles Sub-region, and that he was summoned, by directives from Mr. [Name 001], to an urgent meeting at MINAE to finalize the forestry permits in favor of the company Industrias Infinito, including making the decision on the issuance of the national convenience decree, as well as the knowledge that Mr. [Name 001] had on the matter). When the examination of each of these witnesses was about to begin, one of the defense counsel for the defendants requested that they be treated as suspicious witnesses, alleging that they would be involved in some of the actions described in the events charged by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic, which the representatives of these two entities opposed, for the reasons resolved by jurisprudence, that the judges cannot prejudge an issue until the deponents' own account demonstrates whether or not self-incrimination exists, a criterion that the criminal trial court did not heed, as it instead granted the defense's requests and determined, in an anticipatory manner, that these witnesses were indeed considered suspicious, and therefore requested that a defender be appointed for each of them. For obvious reasons of time, the defenders opted for the soundest and quickest solution, which was to recommend their clients abstain from testifying, without knowing in depth whether the presumed suspicious witnesses were involved or not, which is why it considers that the criminal trial court acted arbitrarily, by prejudging with unfounded criteria, without the witnesses having incriminated themselves, curtailing the access of the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic to the evidence. It emphasizes that in this matter there was no objective revealing data that the interrogation at trial would lead to self-incrimination of these witnesses; that the existence of self-incrimination must be determined from the deponents' own account and not in an anticipatory manner, as was the case here, due to prejudging the issue. The court considered that these persons were suspicious, based on the simple request of the defendants' defense counsel, which it granted without any support and while prejudging the issue, when not even the Public Prosecutor's Office gave them that classification, nor pursued any type of investigation against them; they are only mentioned in the charged events but no punishable action is attributed to them, so there was no impediment to receiving their testimonies. The court's conduct "buried" fundamental evidence for the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic, by unjustifiably anticipating and giving the legal warnings to the referred witnesses without having heard their statements in the plenary, which causes harm to the State's interests in its role as a criminal party, because "it improperly suppressed evidence that could have been essential to prove the willful element of the crime of prevarication, which the same court argues in its judgment was not proven, in its opinion, with the evidence received at trial, due to the court's own action of violating the principles of immediacy and contradiction in the proceeding, by arbitrarily dispensing with this evidence."

VII.– Second ground of the appeal by the Office of the Attorney General of the Republic. It alleges the violation of articles 142, 182, and 184 of the Code of Criminal Procedure, due to "Lack of intellectual reasoning in the assessment of evidence." It argues that the court breached these articles because, instead of indicating the reasons for which it assigned a certain value to the evidence, it only explained the reasons why it considered there is no direct evidence or sufficient indicia to establish the volitional element of the criminal type of prevarication, but without establishing what value it assigns to the evidence duly offered and received at trial. It only transcribes the testimonies received at trial, and does not assess the indicia extracted from the evidence that demonstrate the irregularities present in the processing, signing, and publication of the decree of public interest and national convenience for the Crucitas mining project, No. 34801 of October 13, 2008, which denote the defendant's intention to expedite the decree's approval process and thereby avoid the controls of other departments involved in this process, in order that the lack of necessary requirements to proceed with the declaration of national convenience would not be known.

Witnesses [Name 014], [Name 018], [Name 015] are consistent in showing the irregularities present in Decree No. 34801, which required being based on a cost-benefit study and forming part of the decree's justification, and it can be reasonably derived that the defendant, who was the Minister of the Environment, was aware of this deficiency.

Another irregularity in the decree's approval was the urgency in its processing, an aspect referred to by witnesses [Name 015] and [Name 016], [Name 017], and [Name 013], and which is consistent with the documentary evidence offered and received at trial, which demonstrates the speed with which the decree was published; it was issued on October 3, 2008, and by October 17 of that same year it had been published in La Gaceta No. 201, the same day the application for land-use change (cambio de uso del suelo) was approved by the Arenal Huetar Norte Conservation Area.

Based on the indicated testimonies, the irregularities present in the approval process of Decree No. 34801 can be considered accredited; the expediting of the procedure is a clear indicia of the defendant's intention to favor the Crucitas mining project and evade reviews, such as the review carried out by the Directorate of Laws and Decrees, as the decree arrived signed by President Arias Sánchez.

Therefore, the criminal trial court erred in basing the acquittal on an alleged lack of direct evidence or indicia proving the subjective element of the criminal type of prevarication, since the indicia would allow proving the knowledge that defendant [Name 001] had of the deficiencies and illegalities present in the decree he signed. In accordance with the principle of freedom of proof, in this case, it could be demonstrated that the accused acted with intent (dolo) based on a joint and harmonious analysis of the testimonial and documentary evidence, but this was not carried out by the criminal trial court, causing harm to the State, specifically to the Duties of the Public Function and the environment, for which it requests that the challenged judgment be declared ineffective and a new referral ordered for a new proceeding.

VIII.– The claims raised are resolved. As indicated in Whereas Clauses I and II of this resolution, the appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic were formally admitted –by effect of article 466 bis of the Code of Criminal Procedure– only insofar as Judgment No. 876-2023 ordered the acquittal of defendant [Name 001] for the issuance of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34801-MINAE at 1:00 p.m. on October 13, 2008 (published in La Gaceta No. 201 of October 17, 2008), which declared of public interest and national convenience the Crucitas Mining Project.

Following this delimitation, it is observed that the grounds raised in both appeals, in synthesis, share a critique of the analysis and assessment of the evidence conducted by the court regarding the determination of the knowledge and will (intent) that guided the conduct of defendant [Name 001], and the claim concerning the incidence that the criminal trial court's conclusions in this regard had on the application of substantive law, since both appellants consider that a correct examination of the evidence would have allowed the extraction of a series of indicia which, linked together, would allow supporting, with certainty, that defendant [Name 001] did have knowledge and will to issue Executive Decree No. 34801, knowing that it was a resolution contrary to law or based on false facts, for which reason –both appellants maintain– he could indeed be considered the perpetrator of a crime of prevarication, as provided for and penalized in article 357 of the Penal Code. Given this coincidence in the claims raised, we proceed to resolve them jointly, to avoid unnecessary reiterations.

In Whereas Clause II of the examined judgment –in what is relevant here– the criminal trial court warns that the accusations did not concretely and specifically establish the determination of the subjective aspect of the criminal type (intent) regarding the confluence of wills or common plan on the part of the defendants to illicitly grant the mining concession in favor of Industrias Infinito S.A.; and that from the examination of the evidence, specifically the indicia, the existence of willful conduct is not derived (cf. Judgment, pp. 128 to 135).

Between pages 135 to 144 of the Judgment, a general examination of the responsibility of all the accused is developed, according to which their conducts are atypical with respect to the crime of prevarication attributed to them, due to absence of intent. The circumstance that Executive Decree No. 34801-MINAE was annulled by the Administrative Litigation Court (through resolution No. 4399-2010 at 10:40 a.m. on December 14, 2010, which became confirmed by resolution of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 1469 at 9:00 a.m. on November 30, 2011), does not imply that the officials involved in its issuance had the knowledge and will to resolve against the law or based on false facts:

«It must be noted that it is not ruled out that the infractions of the Legal System that were verified and brought to light by the Administrative Litigation Court may have been due to deficiency, ignorance, or simple error on the part of the defendants, but for the purposes relevant here, we have that it was not accredited that this was due to deliberate action in the actions of the accused. To consider that the simple declaration of nullity of the resolutions made by the Administrative Litigation Court is sufficient to consider the action of a public official as prevaricating would lead, in practice, to the disappearance of disciplinary responsibility and would consequently subject any judge or administrative officer who issues resolutions contrary to law to the perpetual situation of being subjected to the ordeal of a criminal process; this is because there is an undeniable margin of appreciation when proceeding to apply the law to a specific case, when defining its scope, when giving it meaning, interpreting what it establishes for a generality of cases, and in this, one must always keep in mind that the Legal System is a systematic whole, but also under the consideration that it is a system which, according to the most recognized authors, will never be considered as something definitive and finished –which is logical–, but always as something susceptible to modification and new harmonization when it is necessary to incorporate new principles in confronting new problems. The interpreter's work, then, is not and will not be easy; one must go beyond all the apparent contradictions that arise from the solutions to the various problems and in harmonizing those solutions in a constantly changing system, for which –it is insisted– the work of interpretation is an activity that implies a sharp and elaborate analysis...» (sic, Judgment, pp. 137 to 138).

 
Between pages 144 to 146, some general explanations are made about the examination and assessment of indiciary evidence.

Regarding defendant [Name 001], between pages 146 to 174 of the judgment, the criminal trial court explains the reasons why it considers the two events charged against him to be atypical: a) that referred to Executive Decree No. R-217-2008-MINAE (regarding which the effect provided for in article 466 bis of the Code of Criminal Procedure operated, because the challenged judgment reiterated the acquittal that had been ordered in Judgment No. 32-2015); and b) that which refers to Executive Decree No. 34801, which declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, and which is the subject of this examination. In relation to the latter, the core of the event charged by the Public Prosecutor's Office reads as follows:

«30. This is how the accomplice [Name 006], at that time in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, with the purpose of favoring the developer's interests and lending collaboration to co-defendant [Name 001], knowing that the issuance of executive decrees of national convenience, as well as their necessary prerequisite of the social benefit-socio-environmental cost balance, is the exclusive competence of the Executive Branch, according to the exception provided for in articles 19 subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), attributing functions to herself that do not correspond, issued official letter SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008, addressed to Mr. [Name 019], and indicated that the balance obtained through appropriate instruments allowed establishing that the social economic benefits are greater than the environmental costs, instruments that were not applied for the issuance of the executive decree of national convenience.

31. This is how accused [Name 001], in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications acting as the Executive Branch, without the project meeting the legal conditions to be declared of national convenience, with the assistance lent by accomplice [Name 006] in signing official letter SG-ASA-259-2008, issued Executive Decree No. 34801-MINAET, dated October 3, 2008, published in La Gaceta No. 201, of October 17, 2008, thereby declaring the Crucitas Mining Project of national convenience, thus contravening the provisions of articles 3 subsection m, 19 subsection b and 34 of the Forestry Law, as well as article 361 of the General Law of Public Administration» (sic, Judgment, pp. 11 to 12).

 
While in the complaint by the Office of the Attorney General of the Republic, it is described as follows:

«45.-As a result of the request by the Director of the Arenal-Huetar Norte Conservation Area, defendant [Name 006], acting in her capacity as General Secretary of SETENA, with the aim of favoring the interests of the mining company Industrias Infinito S.A. and of collaborating with co-defendant [Name 001], having full knowledge that the National Convenience Decrees are the exclusive competence of the Executive Branch, according to the exception provided for in article 19 subsection m) and 34 of the Forestry Law, arrogating powers that did not pertain to her, issues official letter SG-ASA-259-2008 of October 10, 2008, addressed to Mr. [Name 019], through which she asserts that the balance obtained through appropriate instruments allowed establishing that the social economic benefits are greater than the environmental costs. Defendant [Name 006] makes this assertion without any basis, since there is no evidence that the instruments referred to in the aforementioned official letter were applied to issue the national convenience decree.

46.-This is how, with the help of defendant [Name 006] in signing official letter SG-ASA-259-2008, the then Minister of the Environment and now defendant, [Name 001], illicitly issues, together with the President of the Republic at the time, Oscar Arias Sánchez, Executive Decree No. 34801-MINAET, published in La Gaceta No. 201 of October 17, 2008, which declares the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience. A decree that proves violative of the regulatory framework governing the matter, regarding the procedure, the motive, and the justification, since the rules established in article 3 subsection m of the Forestry Law and article 2 of the Regulation to Law 7575 on requirements for declaration of national convenience, as well as numeral 6. 6 of the Mining Code on declaration of public utility, were grossly disregarded. Among the violations to the procedure is -among other aspects- that it omitted granting the representative entities of interest, whether of a general or corporate nature, the deadlines established in the Law for these civil society organizations to express their opinion on the project; regarding justification aspects, it has no technical basis for its declaration, since no analysis was carried out on the social and economic variables of the project area.» (sic, Judgment, p. 24).

 
Between pages 153 to 174, this part of the accusations is properly examined, developing the central thesis that:

«It is not enough, then, that an administrative resolution objectively contrary to the law is issued for the crime of Prevarication to exist; rather, it is necessary that the perpetrator performs the action with knowledge that the resolution adopted is illegitimate and with the desire to act with that knowledge, which must be accredited, cannot be presumed nor verified by simple fiction, as required by article 34 of the Penal Code; from that numeral, it is clearly deducible that the active subject must know the factual circumstances described in the criminal type» (Judgment, p. 156).

 
The criminal trial court assesses that several administrative bodies intervened in the issuance of Executive Decree No. 34801, various opinions were given, even conflicting ones, but that no illegality or contradiction with the legal system, any defect in the procedure, in the motive, or in its justification was ever warned. The drafting of the decree was entrusted to the Legal Directorate of the Ministry of the Environment, which is composed of several lawyers. The Office of Laws and Decrees of the Presidential House, also composed of expert lawyers, which is also a control filter for the correctness and legality of decrees before they are published, also did not detect the defects that the Administrative Litigation Court pointed out, which is why the criminal trial court considers that the existence of the intent (dolo) that the crime of prevarication supposes is not visualized, but rather a decree flawed by errors in the administrative procedure or in the interpretation of its legal requirements, which it develops in the following terms:

«Following this understanding, given that the crime of Prevarication foresees as an objective element that the decision adopted is contrary to the Legal System and that its action is voluntary, the mere verification of the breach of the norms -in the manner and according to what the Administrative Litigation Court held as accredited in detail- is not sufficient to consider this crime configured, «as it would undoubtedly blur that line to which we alluded in the lines of the initial whereas clause of this judgment and would lead to the disappearance of disciplinary responsibility, normalizing criminal prosecution against public officials in all those cases in which the Administrative Litigation Court or a Court of Appeal (in judicial cases) orders the annulment of the act or resolution, considering it contrary to law. But also, in this understanding, it is necessary to keep in mind, as it is the traditional feature of the concept of intent, the requirement that knowledge is configured as a phenomenon whose concurrence must occur at the moment of the criminal act's execution; therefore, said phenomenological process must be effectively verified in the criminal process. In the present case, there is no basis from which it can be validly and convincingly established that defendant [Name 001], in his capacity as Minister of the Environment, issued the Decree referred to, with awareness and will to violate the Legal System, which is essential -not tangential-, since Prevarication, being an intentional illegality, that is, fundamentally willful, its configuration requires demonstrating that the active subject acted with will and knowledge that, in resolving a matter, he is doing so against the law or based on false facts. From the leading transcription made of the vote of the Administrative Litigation Court, which constitutes the hypothesis accused and complained of, this Court manages to basically establish that the accused [Name 001], then Minister of the Environment, acting jointly with the President of the Republic, signed the National Convenience Decree that was ultimately annulled by the Administrative Litigation Court -nothing more-. The attribution of responsibility by the accusers in the present case is not supported by direct evidence, and the indicia mentioned are insufficient to accredit a willful action; and on the other hand, it is detected that on the part of the accusers there is no coherence nor correct argumentation in subsuming the issue of intent. This being so, since the intent in the action of defendant [Name 001] here is disproven, the crime attributed to him cannot be configured and consequently, his conduct proves to be atypical. In any case, as we will see in detail, from the evidence introduced at trial and the statement given by defendant [Name 001], we have that the behavior that has been attributed to him is not even close to what can validly be considered prevaricating conduct. As a starting point, we have, then, that an intentional, willful behavior on the part of Mr. [Name 001] was neither correctly sustained by the accusers nor accredited with a degree of certainty. To support what we have indicated, it cannot be denied that for the issuance of the National Convenience Decree, the interests at play had to be weighed, without losing sight of the relationship that always exists between the issue of the environmental impact and Human Rights, a theme we have already highlighted here, but it suffices to mention that undoubtedly the environmental theme, being a fundamental right, transversely covers the entire Legal System, and precisely for this reason, all decisions made involve a certain complexity, as many laws and decrees are involved, and several administrative departments participate -some in purely technical matters and others in legal matters-, which cannot be overlooked due to the importance they hold for the solution of this case, and we will return to this later. It should also be noted that this National Convenience Decree cannot be separated from the issue of the land-use change permit on the land owned by the company. In this regard, article 19 subsection b) of the Forestry Law establishes an exception to the general protection of the forest, when "national convenience" is at stake; it is in this situation that the balance between social benefits, which must be greater than socio-environmental costs, must be made. The norm certainly establishes a broad regulation in its terms and is quite complex to grasp, which is why it must be readily admitted that its application is no easy task. It is pointed out that it was the subject of an action and there was a pronouncement by the Constitutional Chamber in judgment number 2006-17126. Paraphrasing the Chamber, it was resolved that, upon analyzing the guiding principles in environmental matters, said norm, in relation to article 34 of the same legal body, are not contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as long as it is not an authorization for public institutions to "legitimately" harm the environment, nor a regime of exception. (Cf. Vote number 2006-17126 of the Constitutional Chamber). According to this ruling, the possibility of land-use change is reserved solely for private forest heritage; therefore, it is clear that the norms questioned in the constitutional jurisdiction do foresee the possibility of land-use change on private properties subject to the encumbrance when forest cover exists, which is necessary, as it is only in this way that the construction of infrastructure works can be permitted, since it would be naive to think of mining activity without the construction of the infrastructure works necessary for the materialization of mineral extraction, such as roads, tailings ponds, small buildings, and others. Consequently, everything is subject, of course, to the environmental regulations in force at the time. Thus, given the purpose of the general interest of the national community, both rights must be weighed and their use balanced, attending to the principle of sustainable human development, which is understood as the need for a balanced inter-relationship between the critical elements of economic development (tourism, investment, employment, infrastructure, healthy finances, and the tax system), social policy (education, health, security), and environmental protection. In this regard, due to the importance it holds for what is resolved, it was indicated in that vote: "This development has been defined by the United Nations as the expansion of options for all the people in a society, which is a comprehensive concept because it includes men and women as the center of development, the protection of life opportunities for future generations, and the natural systems on which all life depends. The fundamental purpose is the creation of an enabling environment in which everyone can enjoy long, healthy, and creative lives, since economic growth is also a means for human development. Hence, what is relevant is to allow industrial and technological development for people, but tolerable by using the physical and social environment, in order to achieve economic and social progress. The responsibility consists of balancing environmental protection, economic development, and the activities of private individuals, which justifies State intervention." (Cf. Vote 2006-17126 of the Constitutional Chamber). In accordance with this, following what we have been sustaining, that it is necessary to situate the analysis of the behavior attributed as prevaricating in the historical moment when it is adopted, since intent as knowledge concurs at the moment of the criminal act's execution; understood otherwise, there would be a misunderstanding of the deservingness of punishment as a corrective factor in criminal attribution, and it cannot be left unsaid that a great part of the errors presented in the criminal attribution in this case is due to this distorted vision of things, which can be seen without effort that the disjunctive that has been intuitively and tacitly posed from the beginning, and as has been seen in the development of the case studies, there is an important difference between what should be understood as "determination" or "attribution" of intent. Continuing with this, it is when that "balance" that must exist between environmental protection and economic development was weighed, that is precisely that linkage or correspondence between the goals declared in the National Development Plan that defendant [Name 001] mentions in his statement and that the Court has been able to verify, given that in that National Plan assumed by the government administration in which he served as Minister, it is observed that mining activity indeed -in general terms and not exclusively the Crucitas project- was considered important for generating sources of employment and well-being for the communities, which is why it was a goal of paramount interest to promote it, and that was accepted by the defendant when he testified, it being evident that the topic of mining in said government was not an arcane topic.

Only from this framework of analysis can it be determined whether the conduct attributed to the accused herein and to the alleged accomplice, the co-accused [Name 006], can be considered intentional and consequently typical, if we wish to approach the ideal of law as what is just, and in this way avoid the serious risk of shifting the center of gravity of the wrongfulness from the reckless or unpunished toward the intentional and eliminate any possibility of attributing objective liability determined by the mere fact of being the highest authority of the Ministry of Environment within whose purview the Decree was generated. In the adversarial proceeding, the accused [Name 001] not only denied the charges but also addressed specifically and extensively the charges leveled against him. Regarding the testimony of witness [Name 020], he notes that there have existed—dating back a long time—significant disagreements between them due to their differing political positions on issues that clearly have an impact on the environment, such as petroleum exploitation and mining: "before the elections of February two thousand six, my relationship with him was not good, I was Minister of Science and Technology, President of ICE and RECOPE, relations were not good, since I formed part during the government of a special mixed Commission in the Assembly, the reform of ICE was being sought. We had discussions, he continued with a certain rivalry with me, before the 2006 elections we had no rivalry. As for the transition period, don Oscar Arias, statements about what Abel had been doing, many differences, that is why many Ministers did not meet, there is no regulation that obliges meeting with former ministers, I explained to them what the government was going to do regarding the National Development Plan, Mideplan, here I have a copy of this plan, which is published via decree, first it is not true that I went to speak only about mining and petroleum, he was not happy with the new vision of the incoming government, telecommunications passed to the Ministry of Energy and Mines, it was renamed MINAET. The aim was for I.C.E. to have a single governing Minister. We did not speak about the petroleum issue. Regarding this issue, I knew their position, that is why the two petroleum explorations had been granted in the government of Miguel Ángel Rodríguez. He was vice-minister when the first concession to Industrias Infinito was granted, I already knew that Abel Pacheco's government opposed everything related to petroleum exploration and mining." And he also added: "After being Minister, he continued with considerable animosity against me, a headline from Semanario Universidad shows that I am not an expert in climate change and that I represent us poorly. Before this debate, I have not spoken with him, I participated in a forum, he was an exhibitor, via video conference, but we did not talk." Continuing, the accused [Name 001] made it clear that he did not personally participate in the drafting of Decree number 34801-MINAET because this is an eminently legal task and also because its preparation involved, from a technical point of view, other administrative units of the Ministry. In this regard, he was emphatic in acknowledging that he knew all these officials and they had his full trust and that it was to them that he entrusted the task of drafting the Decree. He indicated that within the Ministry's organizational chart, important changes occurred from the moment he assumed the position of Minister of Environment; specifically, he states that the Ministry was strengthened with the creation of the Vice-Ministries, which in turn assumed specific Areas, with the Minister being responsible for coordinating public policies, particularly those that at that time were of interest to the government and that had been publicly announced and are defined in the corresponding National Development Plan, which contemplated mining as an activity that would generate sources of employment for the country, and therefore it was in the government's interest to promote said activity. It is worth highlighting the following from his testimony at trial: "The vision of the new government, the country should seek sources of development, it was in the National Development Plan, in political discussions, but always in accordance with the Law. On the issue of mining, the new government did not see mining as bad, but as long as everything was done in accordance with the law. The people who participated, the Minister's office, the Legal Advisory Department, those from the System of Conservation Areas, that is to say, all offices participated in accordance with the law." Mr. [Name 001] denies any type of interference with SETENA. Regarding the drafting of documents, decrees, and other administrative acts, including the National Convenience Decree for the Crucitas project, he acknowledges that he did indeed issue the instruction for it to be drafted, because the Director of the Huetar Norte Conservation Area had requested it, but that, like everything that came to the Minister's Office for signature, it followed a rigorous iterative process, passing through different Offices; he primarily highlights that the drafting of the Decree was entrusted to the Legal Directorate of the Ministry of Environment, pointing out as another change after his time in the Ministry, that this Department was formerly the Legal Department; furthermore, it passed through the filter of the lawyer of the Minister's Office, whose job was to previously review what came from the Legal Directorate; additionally, it had to be sent to the Department of Laws and Decrees of the Presidential Office and they had to review it. On this matter, the accused stated the following: "In the case of the Crucitas mining concession, I had no interference with SETENA. Regarding the classification of the two types of decrees, I had previously been a Minister, there is only one, Executive Decrees, period. There was a team that reviewed, I have a guide with data on this topic, it is important, it is a guide on how this matter was handled, it is important to indicate that the Ministry was going to have four Vice Ministries, each Vice Ministry would have a Vice Minister, one for Energy, Communications, Water, each coordinated its different Areas. Everyone was under supervision, the Vice Ministers, everything comes out in the President's appointment, who appoints them. When a document reached me for signature, first the Legal Department, Legal Advisory Directorate, previously called the Legal Department, all documents the Minister signed, for this mining concession matter, first the Vice Ministry, then to the Legal Advisory Directorate, the Directorate of Geology and Mines, SETENA and SINAC, SINAC is very large, it has eleven Areas, with their autonomy and has an Executive Director and each Area has a Director. There are six institutions within MINAE that were involved in this, they knew this well, in addition to this, in the Office I had a lawyer, Ana Luisa Leiva, she was in the office, she reviewed everything the Minister would sign, sometimes large quantities, if there was something she did not approve of, she returned it. Once it had passed through all this procedure, the Minister signed by legal provision, they are acts of the Executive Power. The resolution that granted the concession, Ana Luisa collected the signature, it was returned to the Legal Advisory Directorate to be sent to the Directorate of Laws and Decrees, located in Zapote, after this, it passed again to the Legal Advisory Directorate, it reached the Minister's Office only once. In relation to the National Convenience Decree, in relation to the process, the answer is the same, the same procedure. Nobody called me to insist that I expedite these procedures for these two documents. Nobody told me that I should not sign these documents, moreover it came with a formal note, Mr. Minister please sign, it came with the signature of the Vice Minister, for me, it arrived and meant everything was correct." It is also inferred from his statement that when the Decree was presented to him for signing, it came with the approval of the Head of the Legal Department, Ms. [Name 018], it being customary in the processing of this type of act, to note for validation by the Head of the Legal Directorate that what was presented for signing had the "approval" ("visto bueno") and the respective stamp of said Directorate was affixed. On this particular point, the accused said: "The request for the issuance of the Convenience Decree comes from the Huetar Norte Conservation Area, which was necessary, all of that goes to the Legal Advisory Office, I did not participate in the drafting, I had full confidence, it is sent to me formally, like everything I had to sign, there were always concessions, for telecommunications, for water, I did not sign anything if it did not come with the approval ("visto bueno") of the Legal Area, and it was even stamped. At the time of signing, I signed with full confidence." In the proceedings, it was corroborated that indeed, in the file where the Executive Decree was processed, the approval ("visto bueno") of the Head Ms. [Name 018] is observed, followed by the legend: "please find attached for your respective signature..." In his statement, he denies having met with representatives of Industrias Infinito, he never visited the Crucitas mining project, and regarding former President Oscar Arias, he asserts that he never pressured him on this issue of the concession, and in general, nobody pressured him. Finally, the accused in his statement mentions the existence of the Ruling of the Constitutional Chamber that validated what was done regarding this Decree declaring National Convenience, and indicates that the Chamber considered that everything was in order. Furthermore, he states that he finds it strange that the Procuraduría, within the Administrative Contentious process, defended all the actions of the administrative officials regarding the mining concession in favor of Industrias Infinito. This Tribunal has read the Ruling; we see that when referring to the balance of economic and social benefits for the authorization of the land-use change, given the request presented by Industrias Infinito for the land-use change before the Huetar Norte Conservation Area, prior to hearing and assessing the point, the declaration of national convenience was requested, and the ruling records that on this matter there had been a discussion on the necessity or not of requesting such a declaration, and it was not until September 24, two thousand eight, through Official Letter number 695-2008 SC, that the San Carlos-Los Chiles Subregion of the Huetar Norte Conservation Area of SINAC communicated to the company Industrias Infinito that the National Convenience Decree is indeed required to resolve the land-use change request. The purpose of this is to make clear that it was not something that could be taken for granted due to clarity, and the discussions took place precisely within the Conservation Area, that the administrative unit responsible for diligently ensuring compliance with forestry regulations, and more specifically, we have with the intervention of the legal advisory office, it was not a settled matter. As the request for conviction against the accused [Name 001] has been based on the fact of considering that Executive Decree number 34801-MINAET is founded on a false fact, specifically because the study balancing the socio-economic benefits and the environmental costs was omitted. To this is added that the accused herein was responsible for preparing the Decree to present it to the President; that the Decree falls within the National Development Plan, therefore there was "political pressure" for the project to materialize; and, it is highlighted that it was processed in a very short time, referring to the issuance of the Decree and the granting of the tree-cutting permit by SINAC (through resolution number 244-2008-SCH). Regarding this way of supporting the request for conviction against the accused herein, the first thing that stands out is that there is no clear correspondence with the premise of the accusation's notice, because what is indicated here is that the Decree was issued without the Crucitas mining project meeting the legal conditions to be declared of national convenience, contravening articles 3 subsection m), 19 subsection b), and 34 of the Forestry Law. For better clarity, it is indeed important to know the content of Executive Decree number 34801-MINAET, published in La Gaceta number 201, of October 17, two thousand eight, which specifically and to the extent relevant provisions that:

"VII. The Crucitas project will bring several economic benefits to the community of San Carlos and the central government. Among these benefits are the following: i) The mine will have an operation of approximately 11 years (includes construction, operation, and technical closure). This means that during that time there will be development in the communities near Crucitas and a need for labor; ii) The initial investment to build the Crucitas mine is approximately US$65,000,000. It is calculated that a large part of that amount will be used for the purchase of professional services, payment of contractors, purchase of materials and machinery; many of these acquired in the San Carlos area; iii) It is estimated that it will employ 253 direct persons. In mining, it is calculated that for each direct employee, 5 indirect employees are employed; therefore we will have 1,265 indirect employees; iv) Within the social commitments, efforts will be made for at least 75% of the employees to be from the area near Crucitas; v) Payroll: The annual payroll to pay employees is estimated at US$4,132,859; vi) Local tax: The Mining Code establishes that mining companies must pay 2% of their gross profit to the community; therefore, the Municipality of San Carlos and the community in the area of influence of Crucitas would receive annually an approximate amount of US$1,441,158 for eight years (for a total of US$11,529,263); vii) A trust fund is managed to develop social works and the actions of the monitoring commission for the Crucitas Project, which would receive annually the sum of US$364,063, and viii) The Crucitas project will pay taxes to the central government, an annual income tax payment of US$8,790,289 is calculated for a total over the life of the mine of US$70,322,309. VIII.- For the construction and development of the Crucitas Project, the cutting of trees is required in 191 Ha 7782.66 m2 that possess forest cover, which represents 19.93% of the existing forest on all the properties, the cutting of trees in 66 Ha 9474.53 m2 in areas of agricultural use without forest, which represents 14% of the areas of agricultural use without forest existing on all the properties, and the cutting of trees in 4 Ha 1751.38 m2 that possess forest plantations, which represents 12.33% of the forest plantations existing on all the properties. Among the forest species in the area, there are some prohibited species, according to the Ruling of the Constitutional Chamber No. 2486 of 10 hours 54 minutes of March 8, 2002 and Executive Decree No. 25700 of November fifteen, nineteen ninety-six. IX. As compensation for the land-use change, Industrias Infinito, S.A. proposed the following compensation measures: i) Support for the purchase of land for conservation in the amount of two hundred and fifty thousand dollars; ii) The planting of 49.8 trees for each tree that needs to be cut, and iii) The creation and conservation of a biological corridor within its properties. Therefore,

THEY DECREE:

DECLARATION OF PUBLIC INTEREST AND NATIONAL CONVENIENCE OF THE CRUCITAS MINING PROJECT

Article 1°- The Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito, S.A. is declared of public interest and national convenience.

Article 2°- By virtue of this declaration, the developing company, upon prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas, may proceed with the cutting of trees (including species that are prohibited) and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project. (...)"

Regarding the alleged political pressure, there is no piece of evidence received in the adversarial proceeding that shows that there was undue pressure from the accused herein or from any superior regarding the process given to the mining concession as a unitary whole, at any phase, before any unit, and no public official accounts for having received any type of improper pressure to decide in favor of the company Industrias Infinito; therefore, this argument is speculative and without any support. Regarding the fact that the government's drive for mining activity was contemplated in the National Development Plan, that was not something hidden, it was handled with total transparency, and in any case, in the Mining Code, mining activity was considered of national interest, therefore, the aims declared in the Law had to be somehow materialized by the public policy managers. Regarding the short time mentioned by the prosecutor, this assertion presents a significant bias, since it ignores that the company Industrias Infinito had begun the process to obtain the mining concession many years earlier and had advances and setbacks due to situations that arose over time, and just as an example, because it is very close to the publication of the Decree, it is inferred from Official Letter number SG-ASA-259-2008, of October tenth, two thousand eight, that SETENA informed the Department of Environmental Auditing and Monitoring that the evaluation to determine the balance of the environmental cost in relation to the socio-economic benefits of the project was conducted before SETENA over a period of three years. From the reading of the consideranda (Considerando) listed in the Decree in question, this Tribunal cannot infer anything that could be labeled as false; on the contrary, what is observed rather is that the Administration—specifically the accused in his capacity as Minister and the President of the Republic—at the time of issuing the Decree, were clear that the project would indeed impact the environment, that is, it would have environmental costs, but according to what was presented to them by the Administrative units that undertook to assess these issues, being technical and legal, it would also generate employment in the Crucitas area, money for the State and the Municipality, among others. Here, one must not lose sight that in the case of environmental law, understood as a complex system, as a set of norms and principles, national and international, that regulate and guide the relations between human beings and their natural and urban environment, they also seek the goal of achieving a balance that allows the satisfaction of human needs through social, productive, and cultural processes, safeguarding the integrity and conservation of biodiversity. It is for this reason that throughout this process in which the Convenience Decree appears as the result, the Environmental Management bodies were involved and the different elements and the results of the evaluation were assessed, first before the Directorate of Geology and Mines for the granting of the concession both for exploration and, in due course, of the concession for exploitation, and then before SETENA, to obtain environmental viability, the participation of the Legal Directorate of MINAET, the Department of Laws and Decrees of the Presidential Office, and of course, the lawyer of the Office of Minister [Name 001], who reviewed the proceedings and the Decree, and only when it was considered ready to be signed and published, was it proceeded with. In this, there is no intentional conduct aimed at infringing the Legal System. Despite what the Contentious Administrative Tribunal resolved regarding the defects detected in the National Convenience Decree, we have that it is a very different matter to maintain, in this venue, that the accused herein [Name 001] acted intentionally, that is, with knowledge and will. The Contentious Administrative Tribunal already defined the way in which the study mentioned in the Forestry Law should be established, but for the purposes of what we have been tasked with determining, what is had is that the Decree at least complies with mentioning and setting forth what at that moment were considered benefits that the project would generate, the environmental costs—which do not necessarily entail environmental damages—and the way in which they were going to be somehow compensated; therefore, from a criminal law point of view, it cannot be constitutive of the crime of Prevaricato, given that to define its scope, it was necessary to appreciate what the Forestry Law states, which does not clearly define the issue, so there was, on the part of the officials, a margin of interpretation of the Law, and this excludes the possibility of typical classification. It is not superfluous to note that according to the principles governing proper argumentation, when the conclusion follows from the premises, in order to obtain a secure conclusion, one must bear in mind that an argument is not in itself a statement, but a set or series of statements characterized by some following from others, an attempt to support certain opinions with reasons; giving an argument means offering a set of reasons or evidence in support of a conclusion. In this way, the premises or conclusions themselves may be true or false, but this does not impact the qualification of the argument. An argument can be valid or invalid, correct or incorrect, but not true or false, a quality that can only be predicated of the premises or conclusions. It will be valid or correct if the premises indeed support the conclusion, and it will be invalid or incorrect in the contrary case. This is how this criminal Tribunal views the issuance of the Decree; only in this way is it possible to fit the conduct attributed to the accused [Name 001] into the criminal precept that has been attributed to him.

From the content of the proceedings, the evidence, and other proofs analyzed, in all of this matter of the mining concession to Industrias Infinito, we see that there was intervention by several administrative bodies, various opinions were rendered—even contradictory ones among the Legal Departments of the same Ministry of Environment—, the number of intervening lawyers during the administrative proceeding, and for greater emphasis, the Constitutional Chamber resolved some issues regarding the mining concession in question. It is timely to bear in mind that the Constitutional Chamber, in the Ruling mentioned by the accused herein, was clear in also stating that: "it is not necessary for the decree itself to expressly record the entire assessment carried out, the instruments applied, the methodology used, or the scores obtained and assigned to each item; aspects that must indeed be fulfilled at the administrative level but without it being necessary to transcribe the entire evaluation into the body of the decree, since for the purposes of the grounding of the normative instrument it is sufficient to refer to the carrying out of the balance assessment procedure, explain what the costs are and what the benefits to be obtained are, that is, that the decree demonstrates with concrete and exact data that the evaluation was indeed carried out..." (Cf. judgment 4399-2010, of the Constitutional Chamber). This is stated by the highest Tribunal of the Republic; how, then, can one come to maintain that the accused [Name 001] acted intentionally by signing the Decree that is claimed to lack the "assessment and measurement instrument"? What has been set forth actually excuses any comment, as it is evidenced that as such, the Decree, in the form in which it was presented to him for signature, objectively complied with what the accused could assimilate as valid, correct, and legal, and regarding what the Chamber points out, the accusation's notice does not go in that sense. Although the matter is actually complex to set forth here, reflection is warranted on the discussions that have taken place and that make sense here, regarding the conception of criminal law as social technology; in this respect, the debate between Jürgen Habermas and Niklas Luhmann, which gave rise to an intense controversy and in which several world-renowned authors have taken sides. Ultimately, it can be concluded that within the framework of a social technology, truth serves the maintenance of the existing order, serving as a means of reducing the complexity of the environment and as a guarantee of invariability, transmitting security based on an empirical generalization of the recognition given to a specific thesis. There is therefore no possibility whatsoever of considering the conduct of the accused [Name 001] as intentional, because in the midst of that sea of regulations, the assessments and interpretations were made by the accused, irrespective of the fact that the Contentious Administrative Tribunal – from its vantage point as controller of legality – later resolved that said actions, resolutions, and decrees were contrary to law. As a corollary to the foregoing, in this criminal proceeding, it was not proven that the actions of the accused were deliberate; we have the absence of the cognitive element of the intent (dolo) of the criminal offense of Prevaricato, coupled with the impossibility of visualizing the volitional element of wanting to issue a resolution against the law and the duties of the Public Function. The accusers had to demonstrate the certain or at least potential knowledge of the objective elements of the criminal offense of Prevaricato, in addition to the will to carry it out with that knowledge; these elements are not observed in the present case subjected to the scrutiny of this panel of the Tribunal. It cannot be denied or ruled out that the infractions of the Legal System that were confirmed and highlighted by the Contentious Administrative Tribunal may have been due to shortcomings, ignorance, or simple error on the part of the accused, but for the purposes that concern us here, it was not proven that this was due to deliberate conduct in the actions of the accused, this because there is an undeniable margin of appreciation when proceeding to apply the law to a specific case, when defining its scope, giving it meaning, interpreting what it establishes for a generality of cases, and in this, one must always bear in mind that the Legal System is a systematic whole, but also under the consideration that it is a system, which according to the most recognized authors, should never be considered as something definitive and finished—which is logical—but rather always as something susceptible to modification and new harmonization when it is necessary to incorporate new principles for confronting new problems. For the stated reasons, the accused herein [Name 001] is acquitted of the two crimes of Prevaricato that were attributed to him, committed to the detriment of the Duties of the Public Function." (sic, Judgment, pp. 160 to 174).

Later, the criminal tribunal specifically examines the case of the co-accused [Name 002], [Name 003], [Name 004], and [Name 005], between pages 175 and 188; regarding the accused [Name 009], between pages 216 and 219 of the judgment; and as for the accused [Name 006], between pages 219 and 222. Regarding this latter one, this Court of Appeals is struck by the fact that in the accusations, Mrs. [Name 006] was attributed with having acted as an accomplice of accused [Name 001] (regarding the crime related to the issuance of Executive Decree 34801-MINAE); however, the Public Prosecutor's Office itself requested that an acquittal judgment be issued in favor of her, a request that the criminal tribunal granted, stating that "the investigation yielded no testimonial or documentary evidence that established, even by suspicion, any link whatsoever between [Name 001] and [Name 006], such that it is impossible to attribute a link as an accomplice to this latter party for the illegal acts attributed to [Name 001]" (cf. Judgment, pp. 219 to 222). This being the case, the criminal tribunal concludes, they are acquitted of all penalty and responsibility: a) the accused [Name 001] for the facts accused and complained of, classified as constituting two crimes of prevaricato to the detriment of the duties of the public function; b) the accused [Name 006] and [Name 009] for the facts accused in their capacity as accomplices of [Name 001] for the commission of the crime of prevaricato; c) the accused [Name 002], [Name 003], [Name 004], and [Name 005], for the facts accused as constitutive of a crime of prevaricato to the detriment of the duties of the public function.

On the other hand, the appellants maintain that from the evidence examined, indications arise that allow for consideration that the accused [Name 001] did act intentionally; and, furthermore, that the criminal tribunal arbitrarily excluded testimonial evidence that could have been essential to prove intent, specifically alluding to witnesses [Name 010], [Name 011], and [Name 012], who refrained from testifying due to the criminal tribunal, given the opinion of the technical defense of the accused, considering them to be suspicious witnesses.

Both appellants claim that determining the existence of self-incrimination is only possible based on what the witnesses declare and not in advance of their declaration, and therefore they maintain that the criminal trial court prematurely formed an opinion by considering them to be suspect witnesses before they gave their testimony at trial, without any element existing for the trial court to consider that the questioning of these witnesses could incriminate them. These objections are not admissible. In the opinion of this Criminal Sentence Appeals Court, there is no reason whatsoever to consider that the grounds for suspecting a person's participation in the commission of a specific criminal act must necessarily arise from what that person declares at trial as a witness; rather, the grounds for suspicion can also derive from other different sources, as occurred in the present case, given that the witnesses [Name 010], [Name 011] and [Name 012] chose to abstain from testifying, in their capacity as suspect witnesses, because they were officials who took part in and signed some of the acts or resolutions that the Public Prosecutor's Office describes in the accusation, which were declared illegal by the Administrative Court (cf. Judgment, pp. 100 to 101). Therefore, the court's decision was not arbitrary, but rather in accordance with the guidelines of the cited constitutional jurisprudence. Article 204, first paragraph of the Penal Code clearly provides that "The witness shall not be obliged to declare regarding facts that could entail criminal liability for him," and the jurisprudence of the Constitutional Chamber warns that "the suspect witness may abstain from indicating anything that could imply criminal liability for him, and the judge of the case must assess this circumstance in the specific case, warn him of the consequences of his statements, and inform him of his right to silence. Testimony received in contravention of the foregoing shall have no effect and shall be absolutely null and void due to violation of the principles that comprise due process. Furthermore, nothing prevents the judge from allowing the suspect witness to be assisted by a lawyer so that he may ascertain which statements could entail criminal liability for him." (Constitutional Chamber, Ruling No. 5630 of 4:06 p.m. on September 28, 1994, reiterated in Ruling No. 8733 of 8:30 a.m. on August 13, 2004). Additionally, none of these three witnesses would be determining for the decision in the case, since none were offered to demonstrate that the defendant [Name 001] acted willfully (dolosamente) when signing Decreto Ejecutivo 34801-MINAE. Regarding the examination and assessment of the witnesses who did testify at trial (particularly the testimonies of [Name 014], [Name 018] and [Name 015]) and of the documentary evidence, the thesis that these yield indications allowing certainty that the accused acted willfully is also not admissible. This matter was extensively resolved by the trial court, noting that the indications raised by the prosecutors are not precise but rather lack sufficient suitability to establish certainty that the accused [Name 001] acted with the knowledge and intent (dolo) required by the criminal offense of prevarication (prevaricato), given that he is not the person who drafted the text of Decreto Ejecutivo 34801-MINAE (it was drafted by a legal department), he was not warned that this act could be illegal, and he signed it because it came with the approval of the ministry's legal department. On page 187 of the judgment, the criminal court points out that, during the administrative proceeding, the Procuraduría General de la República instead defended the legality of the resolutions issued by the Public Administration, which demonstrates that establishing whether the decrees indicated in the accusation (particularly Decreto Ejecutivo 34801-MINAE) were or were not in conformity with the Costa Rican legal system is not a simple matter.

In accordance with the foregoing, no defect is observed that would render ineffective the judgment acquitting the defendant [Name 001] for the offense of prevarication (prevaricato) in relation to the issuance of Decreto Ejecutivo 34801-MINAE; therefore, the appeals of the judgment filed by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República are dismissed.

POR TANTO:

The appeals of the judgment filed by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República are dismissed. Let it be notified.–

 

 

 

Jorge Luis Arce Víquez

 

Ana Isabel Solís Zamora                                                                     Manuel Gómez Delgado

Judges of Criminal Sentence Appeals

 

Expediente: 08-000011-0033-PE (2).

Accused: [Name 001], [Name 002], [Name 003], [Name 004], [Name 005], [Name 006] AND [Name 009].

Victim: THE DUTIES OF PUBLIC OFFICE.

Offense: PREVARICATO.

IMENDEZST

 

Exp.: 08-000011-0033-PE(2) - VOTO 2025-0017 - pág.: 1

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