Res. 00021-2025 Tribunal Agrario — Titling Within a Protected Zone: Ten-Year Ecological PossessionTitulación dentro de Zona Protectora: posesión ecológica decenal

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00021 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Enero del 2025 a las 14:53

Expediente: 23-000120-1870-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Procedente cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación de área silvestre protegida y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Procedencia de la información posesoria cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

23-000120-1870-AG - 1




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

AMPARO  CRUZ BUSTOS Y OTRO

 

   

VOTO N°  N° 2025000021

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de enero de dos mil veinticinco.-

 PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por AMPARO CRUZ BUSTOS C.C ELIZABETH CRUZ BUSTOS, quien es mayor, soltera en unión libre, agricultora, vecina de La Fresca De Jicaral de Puntarenas, cédula de identidad número seis- ciento siete - ciento diez y DANILO ESQUIVEL ÁVILA, quien es mayor, viudo y en unión libre, pensionado, vecino de La Fresca De Jicaral de Puntarenas, cédula de identidad número dos-ciento sesenta y cuatro-quinientos noventa y tres. Intervienen como partes el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderado general judicial, Juan Alberto Corrales Ramírez, mayor, divorciado, abogado, cédula uno- mil ochenta y uno- trescientos noventa y seis, vecino de San José, y el ESTADO, por medio de su representante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, apersonándose la letrada Heilyn Sáenz Calderón, mayor, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad siete - ciento veintiuno - ciento sesenta y tres. Actúa como defensora pública de la parte promovente la licenciada Ana Rodríguez Morales.Tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas, Sede Jicaral.

 Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1. La parte titulante plantea el presente proceso a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: Terreno de potrero, tacotal y agricultura, situado en La Fresca, distrito cuarto Lepanto, cantón primero de Puntarenas, Provincia de Puntarenas.- Se tiene como colindante por el rumbo NORTE: Victor Julio Reyes Reyes. SUR: Teddy Zúñiga García. ESTE Calle pública con un frente a ella de 107.72 metros lineales OESTE: Gerardo Mora León - MIDE: setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho metros cuadrados con dieciséis decímetros, tal como lo indica el plano catastrado número P-922236-2004- (escrito inicial -imágenes 1 a 3, plano imagen 14). 2. Asimismo fueron notificados y se apersonaron los colindantes, según imágenes 10, 84, 98 a 99 del expediente electrónico. 3. Se apersonaron en autos el Estado por medio de la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural. (Imágenes 43 a 49, la PGR e imágenes 63 a 69 el INDER).

 II- La jueza Erika Amador Brenes en sentencia número 2024000128 de las nueve horas treinta y ocho minutos del dieciséis de setiembre del dos mil veinticuatro, resolvió: «POR TANTO: Se aprueba la información posesoria con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez y en partes iguales, a nombre de AMPARO CRUZ BUSTOS C.C ELIZABETH CRUZ BUSTOS, quien es mayor, soltera en unión libre, agricultora, vecina de La Fresca De Jicaral de Puntarenas, 600 metros al sur de la escuela, carretera a río seco, portadora de la cédula de identidad vigente que exhibe número 6-0107-0110 y DANILO ESQUIVEL ÁVILA, quien es mayor, viudo y en unión libre, pensionado, vecino de La Fresca De Jicaral de Puntarenas, 600 metros al sur de la escuela, carretera a río seco, portador de la cédula de identidad vigente que exhibe número 2-0164-0593, la finca descrita así: Terreno de potrero, tacotal y agricultura, situado en La Fresca, distrito cuarto Lepanto, cantón primero de Puntarenas, Provincia de Puntarenas.- Se tiene como colindante por el rumbo NORTE: Victor Julio Reyes Reyes. SUR: Teddy Zúñiga García. ESTE: Calle pública con un frente a ella de 107.72 metros lineales OESTE: Gerardo Mora León - MIDE: setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho metros cuadrados con dieciséis decímetros, tal como lo indica el plano catastrado P- 922236-2004- Afirman haber poseído en forma quieta, pacífica, continua y a título de dueños por más de diez años antes de la entrada en vigencia la Zona Protectora Península de Nicoya, bajo el plano catastrado número No. P- 922236-2004-.-El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de tres millones trescientos mil de colones.- El inmueble descrito por el plano No. P-922236-2004 con una medida de 73428.16 metros cuadrados, queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de los caminos públicos que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias (al respecto, tómese en cuenta el criterio del Tribunal Agrario en voto No. 260-F-2018 de 11:17 hrs. del 23 de marzo del 2018, de reiterada cita en esa sede). III.-Sirva la certificación de esta resolución como documento para la inscripción en el Registro Público (artículo 10 de la Ley de Informaciones Posesorias.-Notifíquese». (Imágenes 180 a 184). 5. La licenciada Sáenz Calderón representante estatal interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia. (Imágenes 187 a 190).

 III- Hechos probados:  Se avalan los hechos probados de la sentencia recurrida por contener prueba que les da sustento. 

 IV- Apelación. El ente procurador interpone recurso de apelación contra la sentencia N° 2024000128 de las nueve horas treinta y ocho minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veinticuatro. Como reproches invoca se pretende titular un fundo ubicado dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 22968-MIRENEM (vigente desde el 10 de marzo de 1994). Expone, al otorgarse audiencia final previa, el Estado indicó que no se había realizado un reconocimiento judicial en la finca a titular, a fin de verificar el ejercicio de la posesión protectora de los recursos naturales que se debe realizar en las áreas silvestres protegidas, como la presente. Señala, en memorial presentado el 24 de abril de 2024, se indicó que de conformidad con el uso de suelo, el escrito inicial y la prueba testimonial, el terreno se dedica a la siembra de pasto y anteriormente se dedicó a pasturas y existen caminos del ganado y que tales actividades son contrarias a la vocación de terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas, por lo que no se denota el ejercicio de actos posesorios tendientes a la protección de los recursos naturales. Resultando indispensable verificar esa protección ecológica debida. Por lo que al concederle audiencia del reconocimiento que se realizó al sitio, indicamos en escrito del 03 de junio de 20245 que: “Hacemos ver al Despacho, para que se tome en cuenta al dictar la sentencia, que no hay congruencia entre lo que indicaron los testigos, incluso el mismo actor en su escrito inicial, sobre la dedicación a pasto mejorado y lo que se pudo observar en el reconocimiento, el cual no hace mención al pasto mejorado, ni tampoco se especifica de qué manera se ha dado la protección ecológica”. Invoca voto de este Tribunal que transcribe parcialmente. Combate, no se demostró como se ha realizado la protección ecológica en la finca y eso no se consideró en la sentencia, que omite referirse sobre la protección de los recursos naturales que se debe mantener en el terreno, por estar dentro de un área silvestre protegida, ni las limitaciones correspondientes. Explica, a pesar de que los titulantes indicaron en un escrito de aclaración, que el terreno se encuentra en regeneración y tacotal, que se dedica a conservación y que ya no se realizan labores pesadas, el Juzgado tuvo como hecho probado número 7 que el terreno se dedica. a potrero, tacotal y agricultura y así ordenó al Registro Nacional indicar su naturaleza en la inscripción. Lo que resulta contrario a lo permitido en áreas silvestres protegidas. Refuta, no se analizó el tema del ejercicio de la posesión ecológica tanto directa, como derivada, que no quedó acreditada. Solicita a este Tribunal se impruebe la información posesoria (Imagen 187 a 189 modo pdf).

V- Analizados los reclamos recursivos se rechazan. Cabe acotar respecto al tema de los efectos de la creación de áreas silvestres protegidas en la posesión de particulares y propiedades inscrita que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. Dicho artículo ha sido, en dos ocasiones, cuestionado ante la Sala Constitucional y se ha rechazado la declaratoria de su inconstitucionalidad dejando vigente así esa norma, sin que ningún órgano judicial pueda desconocer su vigencia. (ver última consulta constitucional en Sentencia N.01667 del 27/01/2010 de las 15:11: de la Sala Constitucional).Los reclamos del ente procurador en el caso en estudio, se dirigen a cuestionar la falta de acreditación del ejercicio de la posesión ecológica sobre el terreno por parte del promovente. En la sentencia recurrida, si bien no se hace una mención expresa del ejercicio de una posesión en resguardo de los recursos naturales, en los hechos probados sétimo y noveno se consignó: “7) La finca objeto de este proceso se dedica a potrero, tacotal y agricultura.(Ver escrito inicial de imagen 169 al 177 de expediente virtual y prueba declaraciones testimoniales Agustín Hernández Morales, Luis Reyes Reyes y María del Carmen Reyes Reyes, en imagen 62, 70 al 72 de expediente virtual… 9) La propiedad se ha ejercido conforme al uso de suelo establecido (Ver imagen 85 al 91 del expediente virtual)”. Tales hechos conllevan a acreditar el cumplimiento del ejercicio de la posesión ecológica en la finca en cuestión. Dados los cuestionamientos del recurso, procede esta Instancia a determinar si realmente existe insuficiencia probatoria e incumplimiento del ejercicio de la posesión ecológica sobre el terreno. En el reconocimiento judicial del 29 de mayo del 2024 se consignó que el área es de topografía quebrada en su mayoría y sólo una pequeña parte en lo alto es plana. Además se citó que es de naturaleza de tacotal, y se adjuntó fotografía adjunta al acta de reconocimiento en donde se constata vegetación forestal en regeneración. Señaló el acta que existen cercas que deslindan. Sin observarse tala de árboles y no existen cuerpos de agua. Expone el acta en forma expresa: “En general la propiedad cumple con la protección ecológica” En las fotografías adjuntas se observa una vegetación en la finca de tacotal o charral.(Imágenes 148 a 151 de expediente digital modo PDF). De dicha acta se otorgó audiencia a la Procuraduría General de la República, que manifestó la finca se ubica dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya ya referida, el SINAC señala en su certificación que la finca titular tiene un 28.6% dentro de esa área. Además, aduce, el reconocimiento judicial indica que en general la propiedad cumple con la protección ecológica. En ese memorial señala la Procuradora, ha de ser considerado que no existe congruencia entre lo que indican los testigos y el actor en escrito inicial sobre la dedicación a pasto mejorado del fundo y lo que se pudo observar en el reconocimiento, a donde no se hace mención del pasto mejorado, ni se especifica de qué manera se ha dado la protección ecológica.(Imagen 156 157 expediente digital modo PDF). De esas manifestaciones se concedió audiencia por 3 días a la parte titulante, que aclaró en escrito aportado: “ : De las manifestaciones del ente Procurador en su escrito de fecha 03 de junio 2024, acerca de lo indicado por los testigos de que el terreno se dedica a pastos mejorados, según consta en el reconocimiento judicial, la señora jueza indicó que se cumple con la protección ecológica, esto es porque el terreno tiene una pequeña parte en lo alto del terreno que tiene un repasto, sin embargo por lo quebrado de la propiedad el resto de terreno se encuentra en regeneración y tacotal, además se hace ver a dicho ente que el terreno es utilizado únicamente para conservación ya que los promoventes son personas adultas mayores que ya no hacen labores pesadas dentro del terreno” (imagen 161 expediente digital modo pdf).Del que se otorgó audiencia al ente procurador (imagen 162 modo pdf), y contestó acusar el recibido y quedar a valoración del despacho lo contestado.(imagen 165 igual ubicación previa).  De la revisión de la prueba testimonial se observa que María del Carmen Reyes Reyes (imagen 118 a 119 modo pdf expediente digital)  indicó conocer la finca hacía 55 años, fue de su padre Benito López López, que le traspasó al promovente que identifica como Danilo. Describe estar cercada por todos sus rumbos. Propiedad que no contiene ningún cuerpo de agua. Y haberse realizado como actividad el mantenimiento, chapias, arreglo de cercas, dedicarse al pasto y en época de invierno aprovecharse de maíz y matas de plátano. Con casa de habitación donde vive Danilo y su esposa, que es reconocido el dueño por la comunidad. En esta declaración no se observa se mencione alguna actividad que lesione los recursos naturales y refiere a actos realizados en el tiempo de conocer la finca que le constan a la testigo. Por su parte, el testigo Luis Reyes Reyes señaló conocer la finca 60 años antes de su declaración, cuando era propiedad de la madre de Benito López, luego pasó a ser de Benito López, quien la vende a los titulantes. Estar cercada por todos sus rumbos, no existir ríos o quebradas y como acto de mantenimiento menciona rondas, chapias y arreglos de cerca, dedicarse a pasto mejorado y cultivo de árboles como cedro, pochote, laurel, zaino entre otros. Ser reconocido como el dueño de la finca en la comunidad de La Fresca. (imagen 110 a 111 modo pdf). Para esta instancia tampoco esta declaración conlleva a tener por incumplido el requisito del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto al ejercicio de una posesión ecológica y más bien se refiere al cultivo o mantenimiento en el área a titular de especies forestales propias de la zona y actividades a lo largo de los años que se desarrollaron en el terreno. El testigo Agustín Hernández Morales, declaró conocer el fundo desde hacía 50 años cuando le pertenecía a Benito López López, que les vende a las personas promoventes hacía unos 15 años. Estar cercado en todos sus rumbos, no existir ríos o quebradas y haberse desarrollado acto de mantenimiento como chapias y arreglos de cerca, pastos mejorados. Además de la siembra de árboles de guachipelín, ronron, pochote, laurel, cedro, entre otros (imagen 109 a 110 modo PDF). Considera esta Cámara, de la declaración de este testigo se acredita la protección del recurso forestal con especias propias de la zona que benefician la diversidad biológica del lugar y protege los hábitats de la fauna. Lo cual coincide con lo de puesto por el testigo Reyes Reyes. Aunado a que también describe los actos desarrollados en el terreno durante la posesión que le consta. En el estudio de uso de suelos realizado por el INTA (imagen 90 a 92 modo pdf) se consignó que en la finca se ha ejercido en un cien por ciento el uso conforme del suelo. En lo de interés, en la sección observaciones se anotó que de la visita realizada en el sitio se consigna que el uso actual es de charral con especies de árboles de gallinazo, laurel, guachipelín, cedro. Y que la erosión que se visualizó en suelo se debió a que en años anteriores era de uso de pasturas y existen caminos de ganado, que actualmente no existe esa actividad con semovientes, por lo que ha disminuido la escorrentía, sin que se evidencie contaminación de aguas en el inmueble. Realizando recomendaciones técnicas. En las fotografías aportadas al certificado analizado se observa vegetación de charral en diversos sectores de la finca y en el plano se consignó tacotal. De la anterior probanza, se constata que el uso dado a la finca en la antigüedad fue de pasturas, que dejó de realizarse para pasar a un uso de regeneración natural, que da como resultado la presencia de la vegetación de charral existente en la actualidad, cuyo desarrollo requiere varios años para encontrarse como se consignó en este estudio de suelos.  En el escrito inicial se citó que la naturaleza del terreno era de potrero, tacotal y agricultura, se ha ejercido una posesión mayor a ochenta años y los actos desarrollados han sido: mantenimiento de ronda, cerca, linderos y carriles, siembra de pasto mejorado, preservación y protección natural del algunas áreas. (imagen 2 a 10 modo pdf). No encuentra contradicción alguna entre lo dicho por los testigos sobre las actividades en la finca, lo consignado en el reconocimiento judicial y lo citado en el escrito inicial. Al contrario, de tales elementos se deduce la finca estuvo destinada a actividades de ganado con pastos y por esa razón se hace referencia a la misma, pero luego se dejó para dar paso a la vegetación de charral. Misma que resulta beneficiosa a la conservación de suelos y cobertura vegetal.

VI-Sobre el agravio respecto a la ausencia de la posesión ecológica de la finca afectada parcialmente por la zona protectora en la que se encuentra inmersa, se rechaza. Cabe mencionarse por esta Instancia respecto a las áreas silvestres protegidas, que independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAE su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente y Energía , salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma, que expresamente señala que su administración corresponde al MINAE. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."  En el caso concreto,  estamos ante un terreno que se pide titular, ubicado en un porcentaje del 28,6 por ciento dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya creada por decreto ejecutivo N.22968-MIRENEM del 10 marzo de 1994. Lo que conlleva a entender que para poder ser inscrito debió acreditarse una posesión al menos desde el mes de marzo de 1984; lo que se probó según la sentencia y sobre no cual no medió apelación. Ha de citarse, que el decreto de creación de la zona protectora en cuestión indica en el artículo 5: "Los terrenos privados existentes en el área se considerarán parte de la Zona Protectora cuando el Estado las adquiera, mientras tanto los propietarios gozarán de todos los atributos del dominio". (negrita no corresponde al original). La categoría de manejo de Zona Protectora se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías clasificadas que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal número 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía las ha definido como: "terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “…aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió: “El término de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc.)”. Estima esta sede, del estudio de las declaraciones testimoniales, las referencias normativas y técnicas de los estudios de suelo y el reconocimiento judicial al demostrarse que en el terreno existe vegetación de charral, con especies forestales propias de la zona y que se encuentra la parcela en un proceso de regeneración forestal, las exigencias ambientales para titular han sido acatadas, sin que sea acogida la argumentación de la apelación en proceder al rechazo del proceso. Con la conducta y posesión desplegada del titulante se muestra el desarrollo del dominio apegado a la conservación de los recursos naturales, en cuenta el recurso suelo. Como se citó, el fundo está en un 28,6 por ciento dentro de la zona protectora aludida acorde con lo consignado en la certificación del SINAC (imagen 17 modo pdf) y no se ha acreditado lesión alguna a los recursos naturales. El estudio de suelo emitió un uso conforme del suelo y no se demostró daño alguno a recursos hídrico, tampoco medió tala. En el Derecho Ambiental priva el principio del criterio técnico científico y así debe ser interpretado por los operadores del derecho, siendo el dictamen del estudio de suelos un criterio científico respecto a la protección del recurso suelo y la vegetación existente. No consta en autos prevención alguna de ninguna autoridad fiscalizadora ambiental competente, que le haya indicado al titulante sobre algún acto o conducta activa u omisiva respecto a incumplimientos de la legislación ambiental a lo largo de las décadas de posesión por las personas promoventes o los anteriores poseedores. Se demostró, según lo observó el certificador de uso de suelos y la persona juzgadora existen especies forestales y coberturas de charrales. Sin que conste en autos prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales al ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental dada la naturaleza de esa finca. Tampoco se acredita un cambio de uso de suelo en la finca a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que sus reclamos no son atendibles. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico-científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación debida, en cuanto al motivo por el cual estima la apelante las actividades existentes o que existieran en el pasado, lesionan los fines de esa zona. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respeto del uso del suelo, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso suelo o hídrico alguno.  Se rechaza el agravio.

 VII- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 6, 7 y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, en lo apelado se confirma la sentencia recurrida.

POR TANTO

 En lo apelado, se confirma la sentencia N° 2024000128 de las nueve horas treinta y ocho minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veinticuatro.-

 

 

 

 

	



JU0IFKELM47E61
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



SENEJIEYHYE61
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-000120-1870-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:16:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Agrarian Tribunal

Resolution No. 00021 - 2025

Date of Resolution: January 16, 2025 at 14:53

Docket: 23-000120-1870-AG

Drafted by: María Rosa Castro García

Type of matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER


Type of content: Majority vote
Topics (descriptors): Agrarian possessory information
Subtopics:
Admissible when decennial possession prior to the decree creating the protected wilderness area is proven and technical recommendations are followed.
Topics (descriptors): Protected wilderness area
Subtopics:
Admissibility of possessory information when decennial possession prior to the decree creating the area is proven and technical recommendations are followed.
Rulings in the same vein


Text of the resolution

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DOCKET:

\t

23-000120-1870-AG - 1




PROCEEDING:

\t

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY




PROMOTED BY:

\t

AMPARO  CRUZ BUSTOS AND ANOTHER

 

   

VOTE No.  No. 2025000021

 

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours fifty-three minutes on January sixteenth, two thousand twenty-five.-

 POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING promoted by AMPARO CRUZ BUSTOS, also known as ELIZABETH CRUZ BUSTOS, who is of legal age, single in a common-law union, farmer, resident of La Fresca De Jicaral de Puntarenas, identity card number six- one hundred seven - one hundred ten and DANILO ESQUIVEL ÁVILA, who is of legal age, widower and in a common-law union, pensioner, resident of La Fresca De Jicaral de Puntarenas, identity card number two-hundred sixty-four-five hundred ninety-three. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) through its general judicial proxy, Juan Alberto Corrales Ramírez, of legal age, divorced, attorney, identity card one- one thousand eighty-one- three hundred ninety-six, resident of San José, and the STATE, through its representative the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, with attorney Heilyn Sáenz Calderón appearing, of legal age, attorney, resident of Heredia, identity card seven - one hundred twenty-one - one hundred sixty-three. Acting as public defender for the promoting party is attorney Ana Rodríguez Morales. Processed before the Agrarian Court of Puntarenas, Jicaral Venue.

 Drafted by Judge Castro García; and,

CONSIDERING:

 I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: 1. The titling party files this proceeding so that the property they describe as follows may be registered in their name in the Public Property Registry: Pasture land, fallow land (tacotal) and agriculture, located in La Fresca, fourth district Lepanto, first canton of Puntarenas, Province of Puntarenas.- Its adjoining landowners are understood to be, along the NORTH boundary: Victor Julio Reyes Reyes. SOUTH: Teddy Zúñiga García. EAST: Public road with a frontage on it of 107.72 linear meters WEST: Gerardo Mora León - IT MEASURES: seventy-three thousand four hundred twenty-eight square meters and sixteen decimeters, as indicated in cadastral map number P-922236-2004- (initial filing -images 1 to 3, map image 14). 2. The adjoining landowners were also notified and appeared, per images 10, 84, 98 to 99 of the electronic file. 3. The State appeared in the proceedings through the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural. (Images 43 to 49, the PGR and images 63 to 69 the INDER).

 II- Judge Erika Amador Brenes, in judgment number 2024000128 of nine hours thirty-eight minutes on September sixteenth, two thousand twenty-four, resolved: "THEREFORE: The possessory information is approved with the encumbrances referred to in Article 17 of the Law of Possessory Informations and without prejudice to third parties with superior right, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time and in equal parts, in the name of AMPARO CRUZ BUSTOS, also known as ELIZABETH CRUZ BUSTOS, who is of legal age, single in a common-law union, farmer, resident of La Fresca De Jicaral de Puntarenas, 600 meters south of the school, road to río seco, holder of the valid identity card she exhibits, number 6-0107-0110 and DANILO ESQUIVEL ÁVILA, who is of legal age, widower and in a common-law union, pensioner, resident of La Fresca De Jicaral de Puntarenas, 600 meters south of the school, road to río seco, holder of the valid identity card he exhibits, number 2-0164-0593, the property described thus: Pasture land, fallow land (tacotal) and agriculture, located in La Fresca, fourth district Lepanto, first canton of Puntarenas, Province of Puntarenas.- Its adjoining landowners are understood to be, along the NORTH boundary: Victor Julio Reyes Reyes. SOUTH: Teddy Zúñiga García. EAST: Public road with a frontage on it of 107.72 linear meters WEST: Gerardo Mora León - IT MEASURES: seventy-three thousand four hundred twenty-eight square meters and sixteen decimeters, as indicated in cadastral map P-922236-2004- They affirm to have possessed in a quiet, peaceful, continuous manner and as owners for more than ten years prior to the entry into force of the Zona Protectora Península de Nicoya, under cadastral map number No. P-922236-2004.- The real estate subject to this proceeding is valued at the sum of three million three hundred thousand colones.- The real estate described by map No. P-922236-2004 with an area of 73428.16 square meters, is subject to the reservations regarding rights of way of public roads provided for in Article 4 of the General Law of Public Roads and Article 19, subsection a), of the Law of Possessory Informations (in this regard, take into account the criterion of the Agrarian Tribunal in vote No. 260-F-2018 of 11:17 hrs. on March 23, 2018, repeatedly cited in this venue). III.- Let the certification of this resolution serve as the document for registration in the Public Registry (Article 10 of the Law of Possessory Informations.- Notify". (Images 180 to 184). 5. State representative Attorney Sáenz Calderón filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the trial court. (Images 187 to 190).

 III- Proven Facts:  The proven facts of the appealed judgment are endorsed as they contain evidence that supports them.

 IV- Appeal. The procuratorial entity files an appeal against judgment No. 2024000128 of nine hours thirty-eight minutes on September sixteenth, two thousand twenty-four. As objections, it argues that the aim is to title a property located within the Zona Protectora Península de Nicoya, created by Decreto Ejecutivo No. 22968-MIRENEM (in force since March 10, 1994). It states, when the final prior hearing was granted, the State indicated that a judicial inspection had not been conducted on the property to be titled, in order to verify the exercise of protective possession of natural resources that must be carried out in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), such as the present one. It points out, in a brief filed on April 24, 2024, it was indicated that in accordance with land use (uso del suelo), the initial filing and the testimonial evidence, the land is used for planting pasture and previously was used for pastures and there are cattle paths, and that such activities are contrary to the vocation of lands located in protected wilderness areas, so the exercise of possessory acts aimed at protecting natural resources is not evident. Making it essential to verify that due ecological protection. Therefore, when given a hearing regarding the inspection carried out at the site, we indicated in a brief dated June 3, 20245 that: "We point out to the Court, to be taken into account when issuing judgment, that there is no congruence between what the witnesses indicated, even the petitioner himself in his initial filing, regarding the dedication to improved pasture and what could be observed in the inspection, which does not mention improved pasture, nor is it specified in what manner the ecological protection has been provided". It cites a vote of this Tribunal, which it partially transcribes. It contends, it was not demonstrated how ecological protection has been carried out on the property and this was not considered in the judgment, which fails to refer to the protection of natural resources that must be maintained on the land, because it is within a protected wilderness area, nor to the corresponding limitations. It explains, despite the fact that the titling parties indicated in a clarification brief that the land is in regeneration and fallow land (tacotal), that it is used for conservation, and that heavy labor is no longer performed, the Court held as proven fact number 7 that the land is used for pasture, fallow land (tacotal) and agriculture and thus ordered the National Registry to indicate its nature in the registration. Which is contrary to what is permitted in protected wilderness areas. It refutes, the issue of the exercise of ecological possession, both direct and derivative, which was not accredited, was not analyzed. It requests this Tribunal to disapprove the possessory information (Image 187 to 189 pdf format).

V- Having analyzed the grievances on appeal, they are rejected. Regarding the issue of the effects of the creation of protected wilderness areas on the possession of private individuals and registered property, it should be noted that Article seventh of the Law of Possessory Informations established, from its entry into force on February 13, 1996 by amendment of the Ley Forestal No. 7575, the express possibility of titling lands located within protected wilderness areas provided that possession of ten years prior to the creation of that area, in any of its management categories, is demonstrated. This article has been, on two occasions, challenged before the Constitutional Chamber and the declaration of its unconstitutionality has been rejected, thus leaving that norm in force, without any judicial organ being able to disregard its validity (see latest constitutional review in Judgment No. 01667 of 01/27/2010 at 15:11: from the Constitutional Chamber). The complaints of the procuratorial entity in the case under study are directed at questioning the lack of proof of the exercise of ecological possession over the land by the promoting party. In the appealed judgment, although no express mention is made of the exercise of possession safeguarding natural resources, proven facts seventh and ninth state: "7) The property subject to this proceeding is used for pasture, fallow land (tacotal) and agriculture (See initial filing from image 169 to 177 of the virtual file and testimonial evidence Agustín Hernández Morales, Luis Reyes Reyes and María del Carmen Reyes Reyes, in image 62, 70 to 72 of the virtual file… 9) The property has been exercised in accordance with the established land use (See image 85 to 91 of the virtual file)". Such facts lead to proving compliance with the exercise of ecological possession on the property in question. Given the questions raised in the appeal, this Instance proceeds to determine whether there really is evidentiary insufficiency and non-compliance with the exercise of ecological possession on the land. In the judicial inspection of May 29, 2024, it was recorded that the area is mostly of rough topography and only a small part at the top is flat. Additionally, it was stated that its nature is fallow land (tacotal), and a photograph attached to the inspection minutes was provided where regenerating forest vegetation is observed. The minutes indicated that there are fences that demarcate boundaries. No tree felling was observed and there are no bodies of water. The minutes expressly state: "In general the property complies with ecological protection". In the attached photographs, vegetation of fallow land (tacotal) or scrubland (charral) is observed on the property. (Images 148 to 151 of the digital file PDF format). The Procuraduría General de la República was given a hearing regarding said minutes, and it stated that the property is located within the already referenced Zona Protectora Península de Nicoya, SINAC indicates in its certification that the titled property has 28.6% within that area. Furthermore, it argues, the judicial inspection indicates that in general the property complies with ecological protection. In that brief, the Procuradora indicates, it must be considered that there is no congruence between what the witnesses and the petitioner in the initial filing indicate about the dedication of the property to improved pasture and what could be observed in the inspection, where no mention is made of improved pasture, nor is it specified how ecological protection has been provided (Image 156 157 digital file PDF format). The titling party was given a three-day hearing regarding those statements, and clarified in a brief provided: " : Regarding the statements of the Procuraduría entity in its brief dated June 3, 2024, about what was indicated by the witnesses that the land is used for improved pastures, according to what is recorded in the judicial inspection, the judge indicated that ecological protection is complied with, this is because the land has a small part at the top of the terrain that has a pasture (repasto), however due to the roughness of the property the rest of the land is in regeneration and fallow land (tacotal), furthermore it is pointed out to said entity that the land is used solely for conservation since the promoting parties are older adults who no longer perform heavy labor within the land" (image 161 digital file pdf format). Regarding which the procuratorial entity was given a hearing (image 162 pdf format), and it responded by acknowledging receipt and leaving the response to the court's assessment. (image 165 same previous location). From the review of the testimonial evidence, it is observed that María del Carmen Reyes Reyes (image 118 to 119 pdf format digital file)  indicated she had known the property for 55 years, it belonged to her father Benito López López, who transferred it to the promoter she identifies as Danilo. She describes it as fenced on all its sides. Property that contains no body of water. And activities carried out include maintenance, clearing (chapias), fixing fences, using it for pasture and in the rainy season making use of corn and banana plants. With a dwelling house where Danilo and his wife live, and he is recognized as the owner by the community. In this testimony, no activity that harms natural resources is observed to be mentioned and it refers to acts performed over the time of knowing the property that are known to the witness. For his part, witness Luis Reyes Reyes stated he had known the property 60 years before his testimony, when it was owned by the mother of Benito López, then it passed to Benito López, who sold it to the titling parties. It is fenced on all its sides, there are no rivers or streams (quebradas) and as a maintenance act he mentions firebreaks (rondas), clearing (chapias) and fence repairs, dedication to improved pasture and cultivation of trees such as cedar (cedro), pochote, laurel, zaino among others. They are recognized as the owners of the property in the community of La Fresca. (image 110 to 111 pdf format). For this instance, this testimony also does not lead to considering the requirement of Article 7 of the Law of Possessory Informations regarding the exercise of ecological possession unfulfilled, and rather refers to the cultivation or maintenance in the area to be titled of forest species native to the area and activities over the years that were developed on the land. Witness Agustín Hernández Morales testified knowing the property since 50 years ago when it belonged to Benito López López, who sold it to the promoting persons about 15 years ago. It is fenced on all its sides, there are no rivers or streams (quebradas) and maintenance acts have been carried out such as clearing (chapias) and fence repairs, improved pastures. In addition to the planting of guachipelín, ronron, pochote, laurel, cedar (cedro) trees, among others (image 109 to 110 PDF format). This Chamber considers that from this witness's testimony, the protection of the forest resource with species native to the area that benefit the area's biological diversity and protect fauna habitats is proven. Which coincides with what was testified by witness Reyes Reyes. In addition to also describing the acts developed on the land during the possession of which he has knowledge. In the land-use study (estudio de uso de suelos) conducted by INTA (image 90 to 92 pdf format) it was recorded that on the property, one hundred percent compliant use of the soil has been exercised. Of interest, in the observations section it was noted that from the visit made to the site, it is recorded that the current use is scrubland (charral) with tree species of gallinazo, laurel, guachipelín, cedar (cedro). And that the erosion that was visualized on the soil was due to the fact that in previous years it was used for pastures and there are cattle paths, that currently that activity with livestock does not exist, so runoff has decreased, without evidence of water contamination on the real estate. Making technical recommendations. In the photographs provided with the analyzed certificate, scrubland (charral) vegetation is observed in various sectors of the property and on the map, fallow land (tacotal) was recorded. From the foregoing evidence, it is verified that the use given to the property in the past was for pastures, which ceased to be done to transition to a use of natural regeneration, which results in the presence of the existing scrubland (charral) vegetation today, whose development requires several years to be found as recorded in this soil study. In the initial filing, it was cited that the nature of the land was pasture, fallow land (tacotal) and agriculture, apossession of more than eighty years has been exercised and the acts developed have been: maintenance of firebreaks (ronda), fences, boundaries and tracks, planting of improved pasture, preservation and natural protection of some areas. (image 2 to 10 pdf format). It finds no contradiction whatsoever between what was said by the witnesses about the activities on the property, what was recorded in the judicial inspection, and what was cited in the initial filing. On the contrary, from such elements it is deduced that the property was destined for livestock activities with pastures and for that reason reference is made to them, but later they were abandoned to give way to scrubland (charral) vegetation. Which itself is beneficial to soil conservation and plant cover (cobertura vegetal).

VI-Regarding the grievance concerning the absence of ecological possession of the property partially affected by the protective zone in which it is immersed, it is rejected. This Instance should mention regarding protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), that regardless of their management category, they must be understood as zones with a specific and particular administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAE, unless a special Law indicates otherwise. Article 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) defines them as delimited geographic zones, formed by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such for representing special significance, an interest in protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a protected wilderness area of state property is declared, it must immediately become part of the Patrimonio Natural del Estado (Natural Heritage of the State), regulated by Article 13 of said norm, which expressly indicates that its administration corresponds to MINAE. That set of norms must be interpreted together with what is prescribed in Article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant communities, natural or juridical persons, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Law of Possessory Informations when it indicates: "When the real estate to which the possessory information refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the titling party must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree by which that protected wilderness area was created."  In the specific case,  we are dealing with a land sought to be titled, located with a percentage of 28.6 percent within the Zona Protectora Península de Nicoya created by Decreto Ejecutivo No. 22968-MIRENEM of March 10, 1994. Which leads to understanding that in order to be registered, possession must have been proven since at least the month of March 1984; which was proven according to the judgment and which was not appealed. It must be cited that the decree creating the protective zone in question indicates in Article 5: "The private lands existing in the area will be considered part of the Zona Protectora when the State acquires them, meanwhile the owners will enjoy all the attributes of ownership." (bold text does not correspond to the original). The Zona Protectora management category was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente. Said regulation omitted defining the concept of each of the classified categories regulated in said article, and the current Ley Forestal number 7575 also does not have a legal definition. For its part, the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) has defined them as: "lands, mostly, of forestry aptitude, appropriate for timber production, in which management actions are carried out with sustainability criteria." (Table on Management categories, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, the repealed Ley Forestal number 4465 of November 25, 1969, defined the protective zone (zona protectora) in Article 83 as: "...those areas of forests or forest lands that, established by provisions of the law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or environment.". Subsequently, Ley Forestal 7174 defined it in the same terms indicated, while, as was pointed out, the current Ley Forestal number 7575 of February 13, 1996, makes reference neither to this management category nor to any other. For its part, the Procuraduría General de la República indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: "Now, Ley Forestal number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned a clear environmental purpose to protective zones, since they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The currently effective environmental legislation assigns this same objective to protective zones, as a management category of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), although it does not define the term." (Legal Opinion C-323-2004). Similarly, in Legal Opinion C-16-2002 it was defined: "The term 'Zona Protectora' has been used in our legal system as a management category for protected wilderness areas whose primary purpose has been associated with the protection of the soil resource and the hydrological regime (springs (nacientes), protection zones, hydrographic basins, etc.)". This venue considers, from the study of the testimonial statements, the normative and technical references of the soil studies and the judicial inspection, as it was demonstrated that scrubland (charral) vegetation exists on the land, with forest species native to the area and that the parcel is in a process of forest regeneration, the environmental requirements to title have been met, without the argumentation of the appeal to proceed with the rejection of the proceeding being accepted. The conduct and possession deployed by the titling party demonstrate the development of ownership in adherence to the conservation of natural resources, especially the soil resource. As cited, the property is 28.6 percent within the aforementioned protective zone according to what was recorded in SINAC's certification (image 17 pdf format) and no harm whatsoever to natural resources has been proven. The soil study issued a conforming land use (uso conforme del suelo) and no damage to any water resource was demonstrated, nor did any felling occur. In Environmental Law, the principle of scientific technical criteria prevails and must be interpreted as such by legal practitioners, the soil study opinion being a scientific criterion regarding the protection of the soil resource and the existing vegetation. The case file does not contain any prevention from any competent environmental oversight authority, that has indicated to the titling party any act or active or omissive conduct regarding non-compliance with environmental legislation over the decades of possession by the promoting persons or the prior possessors. It was demonstrated, as observed by the land-use certifier and the judge, that forest species and scrubland (charrales) covers exist. Without any evidence appearing in the case file that the promoting party or the prior possessors had been warned, sanctioned, or blamed for having violated the national environmental protection regulations, from which it could be inferred that they have violated their obligation to exercise possession respecting natural resources when possessing real estate with environmental limitations given the nature of that property. Nor is a land-use change (cambio de uso del suelo) proven on the property to be titled to the detriment of the environment, from before the creation of the Zona Protectora management category in question to the present, or at least there is no evidence whatsoever in that regard. Therefore, their claims are not admissible. Note, that each management category has its own technical-scientific purposes, without it being possible to understand that the existence of any of them absolutely excludes human activities of production or recreation. This is defined in the respective territorial management plans for each one. In this case, the grievance under study lacks due substantiation as to the reason why the appellant considers the existing activities or those that existed in the past harm the purposes of that zone. It should not be forgotten that according to Article 82 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and regarding its use and enjoyment, in vote No. 144-96 of 16:51 hours on January 9, 1996, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved: " In the event of establishing forest reserves, protective zones (zonas protectoras) and national wildlife refuges, the option exists for the owner to keep their land, since, following the management plan they can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, so they do not make their right nugatory." In this case, the promoting party has demonstrated a use of the property respecting land use (uso del suelo), the witnesses did not prove activities of timber extraction or any that harm the soil or water resource. The grievance is rejected.

 VII- For the reasons stated, based on Articles 1 and 2 of the Law of Agrarian Jurisdiction, 6, 7 and 1 of the Law of Possessory Informations, the appealed judgment is confirmed as to what was appealed.

THEREFORE

 In what was appealed, judgment No. 2024000128 of nine hours thirty-eight minutes on September sixteenth, two thousand twenty-four is confirmed.-

 

 

 

 

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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - DECISOR JUDGE

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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECISOR JUDGE

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SENEJIEYHYE61
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECISOR JUDGE

 

EXP: 23-000120-1870-AG

II Judicial Circuit San José, 4th floor, Tribunals of Justice building, Calle Blancos de Goicoechea across from the Hospital Hotel La Católica parking lot Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381.

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