Res. 00052-2025 Tribunal Agrario — Use of timber from felled trees in a protection zone within private propertyAprovechamiento de madera de árboles talados en área de protección dentro de propiedad privada

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00052 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2025 a las 12:53

Expediente: 24-000064-0391-AG

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua

Clase de asunto: Sumario de derribo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Aprovechamiento forestal en terrenos de propiedad privada
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en área de protección ordenada en proceso sumario agrario de derribo.
Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de aprovechar la madera de árboles ubicados en área de protección dentro de propiedad privada.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

24-000064-0391-AG - 6




PROCESO:

	

SUMARIO DERRIBO




ACTOR/A:

	

HELGA GEORGINA QUESADA MONGE




DEMANDADO/A:

	

IGNORADO .

 

   

VOTO N°  N° 2025000052

 

 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las doce horas cincuenta y tres minutos del veintiocho de enero de dos mil veinticinco.-

 PROCESO SUMARIO DE DERRIBO establecido por HELGA GEORGINA QUESADA MONGE, mayor, divorciada,  cédula de identidad uno - setecientos uno - trescientos ochenta y siete,vecina de Santa Cruz; contra ignorado. Se tuvo como parte interesada a la Procuraduría General de la República, representada por Mauricio Castro Lizano, mayor, casado, cédula de identidad uno - setecientos sesenta y siete - trescientos dos, vecino de Heredia.  Actúa  como defensor público de la parte accionante el licenciado Oscar José Cerdas Fonseca. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.

Redacta la jueza Alvarado Paniagua; y,

CONSIDERANDO:

 I.- DE LAS PRETENSIONES: La parte actora solicita: «Principales: 1) Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo de los DOS ÁRBOLES, objeto de este asunto. 2) Por ser los árboles accesorio a mi derecho de propiedad, solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los cotos del derribo del árbol. Subsidiaria: 3) En caso de no autorizar la corta ó derribo del árbol, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representan mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga». (Ver expediente electrónico imágenes  1 a 5). En cumplimiento a la prevención de las 14:18 hrs del 15 de julio del 2024, se indicó:  «la parte actora no es ingeniera forestal para poder tener conocimiento de las especies forestales que se solicitan derribar, por ello, no se le puede obligar desde el inicio a especificar el nombre de los árboles, para esos efectos, el despacho solicitó el informe del Minae, sin embargo, posterior a la visita donde el ingeniero forestal aclara el nombre de las especies forestales, por medio de la presente, se cumple con la prevención que las dos especies forestales que se solicitó derribar, fue el árbol de ESPAVEL, y ALCORNOQUE, pero, de manera incorrecta en la sentencia se indicó "ojoche", cuando ninguno de los árboles corresponden a dicha especie». (Ver expediente electrónico imágenes  58 a 59).

 II.- El juez Walter Ávila Quirós, del Juzgado  Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, en sentencia N° 150-2024 de las dieciséis horas con  seis minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, resolvió:  «POR TANTO: De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara CON lugar la presente demanda establecida por HELGA GEORGINA QUESADA MONGE, de calidades que constan en autos. Se autoriza a la actora para cortar un árbol de espavel ubicado en las coordenadas 1146706 302237, un melina ubicado en las coordenadas 1146676 302256 y un ojoche 1146687 302267, objeto de éste proceso, debiendo por recomendaciones técnicas primero cortas(sic) las ramas y luego el tronco». (Ver expediente electrónico imágenes 45  a 48).

 III.-  Este Tribunal prohija la relación de hechos tenidos por probados en el fallo recurrido al ser fiel reflejo de lo constante en autos.-

IV.- La parte actora interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de instancia. Expresa como agravios que la sentencia solo se refirió a la corta del árbol de espavel, no así sobre los otros que indicó el informe técnico. Además considera debe autorizarse el aprovechamiento de la madera para sufragar los gastos de corta.  (Ver expediente electrónico imágenes 52 a 53).

V.- No se observa la omisión apuntada en el primer agravio de apelación, ya que la sentencia dispuso en lo conducente lo siguiente: " ... Se autoriza a la actora para cortar un árbol de espavel ubicado en las coordenadas 1146706 302237, un melina ubicado en las coordenadas 1146676 302256 y un ojoche 1146687 302267, objeto de éste proceso, debiendo por recomendaciones técnicas primero cortas las ramas y luego el tronco". Alli se observa se autoriza la corta de los tres árboles que técnicamente se recomendaron cortar, señalando bien las coordenadas de la ubicación de cada uno de ellos, lo que no permite confusión alguna por nomenclatura.-.

 VI.- Respecto al agravio sobre el  aprovechamiento de la madera, ha de acogerse tal pretensión. Estudiados los autos, se denota que los árboles a cortar se ubican en el área de protección de la quebrada que está dentro de la finca de la parte actora, considerando el apelante que por ello tiene el derecho de aprovechar la madera resultante. Para esta Cámara lleva razón quien recurre ya que tiene el derecho que reclama, al estar los árboles dentro de su fundo. Sobre el destino del aprovechamiento de la madera producto del derribo se  ha resuelto: “ .. Al efecto, estima el Tribunal sí existen ideas contradictorias y confusas en la sentencia. Respecto a la legislación aplicable, efectivamente, no existe norma alguna que directamente justifique la decisión tomada y emitida por el juzgador. Tan es así que en la sentencia no se cita artículo alguno que lo justifique. Se cita en la resolución que rechaza la aclaración y adición el artículo 65 de la Ley Forestal 7575 porque es mencionado por el representante del Estado en el recurso de apelación en estudio, incoado ante la denegación de tales peticiones. El Procurador indica, esa norma no es aplicable porque se refiere a procesos penales en los que se conozca de ilícitos, siendo una situación diferente a la planteada en este proceso. Al respecto debe señalarse, la norma en mención dispone literalmente: “ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados. Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia. Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. (Así adicionados estos dos últimos párrafos por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7609 de 11 de junio de 1996).” De la lectura de la norma se desprende que efectivamente, no ofrece una solución específica para el caso concreto, ventilado en sede interdictal, pues está referido a madera decomisada producto de ilícitos. No obstante, ante la ausencia de normativa que de solución a este caso, tanto en la Ley de Jurisdicción Agraria como en los artículos 474 al 476 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Ante esa situación, y existiendo una norma referida al destino y aprovechamiento de árboles, aunque esté referida a ilícitos, es aplicable analógicamente. Al respecto, el artículo 12 del Código Civil señala: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”; sin que exista norma alguna en la Ley de Jurisdicción Agraria que prohíba la aplicación analógica. El artículo 65 citado, en lo que a este caso interesa, en caso de que la madera se decomise, delega la valoración y subasta de la madera u otros productos forestales a la Administración Forestal del Estado, para lo cual le confiere un plazo no mayor de un mes. En este caso, la madera no está decomisada pues conforme a la información que consta en el expediente, está pendiente de tala. En la sentencia no se dio un plazo para la corta de los cinco árboles de laurel, omisión que debe llenarse para que el fallo sea ejecutable y se administren los riesgos que la caída de los mismos podrían generar; sin embargo se indicó, una vez talados, el Ministerio debía proceder a valorarlos, labor que estima el Tribunal es consustancial a las funciones dadas por ley al mismo, al estar integrado por funcionarias y funcionarios expertos en la temática. La norma señala además, los bienes deben rematarse en subasta pública dentro del plazo de un mes, por el monto fijado por el Ministerio; y sólo en caso de que no se logre rematar la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. En este caso, como el producto forestal no deriva de un acto ilícito, sino de una medida preventiva, la posibilidad de aprovecharlos por cualquier persona cede ante la prioridad que debe darse a la parte demandante, pues el árbol está ubicado en una propiedad en posesión del señor Aguilera Vargas, de manera tal que es ésta quien puede aprovecharlos tomando las medidas de prevención respectiva, en el entendido de que el valor de esos recursos forestales debe destinarse por parte de éste a la recuperación del área que resulte afectada con la eliminación de ese árbol, la cual necesariamente debe hacerse por parte del señor Aguilera en coordinación con las personas expertas que designe la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente y Energía., pues al ser una zona de protección, deben sembrarse árboles endémicos o nativos de ésta, de manera tal que no debe dejarse abierta la posibilidad de la demandante de sustituir por cualquier otra especie, sino solo por aquellas que dispongan el Ministerio referido. La norma plantea el supuesto, ajeno a este proceso, de que si la persona resulta absuelta del ilícito, se le entregará el dinero producto del avalúo, de lo contrario, el 50% del monto le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad del lugar donde se encuentre el fundo para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; de igual forma, se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que las personas propietarias sean desconocidas.En este caso, no se está en presencia de productos forestales vinculados con un ilícito como para asumir distribuir el valor de éstos en un 50% a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad. En relación con la participación de centros de enseñanza, la norma permite que el Ministerio del Ambiente y Energía done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos; y permite la donación de madera decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. En este caso, no se está en presencia de un desastre natural, pues el objetivo del proceso es su prevención, ni de ampliación de carreteras; y aunque tales supuestos podrían asimilarse al caso en concreto, dista el supuesto señalado por la norma en el hecho de que supone, la persona propietaria del bien donde están los árboles sea desconocida. En este caso, la demandante aportó certificación registral en la que consta es el titular registral del fundo; y aunque en procesos interdictales no es posible referirse a aspectos vinculados con el derecho de propiedad conforme lo prevé el artículo 457 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, el dato resulta de particular interés para determinar si los recursos forestales están dentro del terreno de la demandante, descartando con ello que sea desconocida la persona dueña del fundo donde está el árbol. Ahora bien, debe agregarse, la asignación de recursos forestales al Ministerio de Educación Pública producto de ilícitos o en general, de cualquier proceso judicial, debe hacerse conforme a los fines dispuestos en la norma, es decir, para que la madera se destine a “fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos”, y no simplemente pretender asignarle recursos económicos producto de los árboles sin un fin específico o sin un destino concreto, como bien lo advierte el representante estatal. De lo transcrito, concluye el Tribunal, la sentencia no es clara; sin embargo, no podría considerarse está viciada de nulidad …. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política; 6 inciso g), 31, 49 y 65 de la Ley Forestal 7575; 12 del Código Civil; 474 al 476 del Código Procesal Civil; y 1, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; deberá revocarse la sentencia en la parte en que dispone donar los productos forestales específicamente a la Junta de Educación de la Escuela más cercana y exige al demandante pagar el valor de los productos forestales que establezca el Ministerio de Ambiente y Energía. En lo demás, objeto de apelación, deberá confirmarse la sentencia en lo atinente a la autorización que se da al señor Santos Aguilera Vargas para que a partir de la firmeza de esta resolución, extraiga los cinco árboles de laurel objeto de la litis, en cuyo caso deberá tomar las medidas técnicas preventivas y precautorias que sean necesarias a fin de no causar daños a personas o bienes. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá tomar las medidas preventivas necesarias y controlar que el proceso de tala de los árboles de laurel se ejecute cumpliendo con las disposiciones de la Ley Forestal; y una vez realizada la corta, dicha Oficina procederá al avalúo de los productos forestales mencionados. El demandante podrá aprovechar la madera, sin necesidad de depósito alguno al encontrarse los árboles dentro de la finca inscrita a su nombre, en cuyo caso, el Ministerio de Ambiente y Energía debe otorgarle los permisos de transporte, procesamiento u otros que sean necesarios, para su aprovechamiento. …. “. En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan en las áreas de protección del río que discurre por esa propiedad, por lo que no encuentra fundamento legal la decisión de la pieza apelada de disponer que la madera producto del derribo de los tres árboles deban ser destinados a donación para la Junta de Educación de la escuela del lugar, al no ser esta madera resultante de la comisión en acto ilícito alguno. El área de protección como figura legal se define en el artículo 33 de la Ley Forestal y su fin es de conservación y protección de los cuerpos de agua. Tales forman parte de los inmuebles que la contienen pero su uso y disfrute contiene limitaciones de índole ambiental, tales como la prohibición de construir, cultivar o desarrollar actos que pongan en peligro los cuerpos de agua. Citó el actor de este proceso en su demanda, él fue quién cultivó los árboles que solicita hoy derribar por motivos de seguridad para las personas e infraestructura alrededor, y no encuentra norma legal este Tribunal que autorice a alguna institución o ente a tomar posesión y propiedad de la madera que resulte del derribo bajo las circunstancias de este asunto. Como lo refiere el recurrente, esos árboles son parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reuelto en el Voto 2007-10578 del 25 de julio del 2007 el contenido del derecho de propiedad de la siguiente forma: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales. En tal situación, es decir, si las limitaciones impuestas a la propiedad vulneran el contenido esencial del derecho de propiedad, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por ello. En este sentido, la Sala ha señalado: “Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o no haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”. (sentencia N° 2345-96 Sala Primera Corte Suprema de Justicia).” De tal forma, estima esta Cámara el derecho de aprovechar la madera de los árboles que nos ocupa y que será objeto de derribo, al estar ubicado en la propiedad de la actora le asiste como parte del derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de su fundo y sus productos sin ulterior trámite administrativo. Resolver lo contrario sin que mediara una conducta que hubiere sido sancionada por falta administrativa o penal, conlleva a confiscar sin fundamento legal propiedad privada. Por lo que procede revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto no dispone para el actor el aprovechamiento de la madera de los árboles  a cortar, y en su lugar disponer que la madera tales  árboles a cortar, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella sin necesidad de acudir a hacer los trámites ante las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía.-

VII.- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1, 2 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 108 del Código Procesal Civil,  33 de la Ley Forestal y 65 de su Reglamento, en lo apelado, se procede a revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto no dispone para el actor el aprovechamiento de la madera de los árboles a cortar, y en su lugar disponer que la madera de tales árboles, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella, sin necesidad de acudir a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación, salvo se requiera permiso de transporte.

 

POR TANTO

 En lo apelado, se procede a revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto no dispone para el actor el aprovechamiento de la madera de los árboles a cortar, y en su lugar disponer que la madera de tales árboles según las coordenadas dichas,  le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella, sin necesidad de acudir a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación, salvo se requiera permiso de transporte. 

 

 

 

 

 

	


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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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Z0GLFF5FNN861
MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-000064-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:12:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

24-000064-0391-AG - 6

PROCEEDING:

SUMMARY DERRIBO

PLAINTIFF:

HELGA GEORGINA QUESADA MONGE

DEFENDANT:

UNKNOWN .

VOTO N° N° 2025000052

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At twelve hours fifty-three minutes on the twenty-eighth of January of two thousand twenty-five.-

SUMMARY DERRIBO PROCEEDING brought by HELGA GEORGINA QUESADA MONGE, of legal age, divorced, identity card number one - seven hundred one - three hundred eighty-seven, resident of Santa Cruz; against unknown. The Procuraduría General de la República was admitted as an interested party, represented by Mauricio Castro Lizano, of legal age, married, identity card number one - seven hundred sixty-seven - three hundred two, resident of Heredia. The licensed attorney Oscar José Cerdas Fonseca acts as public defender for the plaintiff. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of Guanacaste.

Judge Alvarado Paniagua drafts; and,

CONSIDERANDO:

I.- OF THE CLAIMS: The plaintiff requests: «Principal: 1) To declare WITH MERIT the present summary complaint in all its aspects, and to authorize the felling of the TWO TREES, the object of this matter. 2) Since the trees are an accessory to my property right, I request to be authorized to utilize the timber at my convenience, in order to cover the costs of felling the tree. Subordinate: 3) Should the cutting or felling of the tree not be authorized, that authorization be granted to cut all the branches that represent the greatest danger and thus remove weight to prevent it from falling». (See electronic file, images 1 to 5). In compliance with the prevention of 14:18 hrs on July 15, 2024, it was indicated: «the plaintiff is not a forestry engineer so as to be able to know the forest species for which felling is requested; therefore, they cannot be obliged from the outset to specify the name of the trees. For such purposes, the court requested the report from MINAE; however, after the visit where the forestry engineer clarifies the name of the forest species, by means of this document, compliance is made with the prevention that the two forest species requested for felling were the ESPAVEL tree and ALCORNOQUE tree, but, incorrectly, the judgment indicated "ojoche," when none of the trees correspond to that species». (See electronic file, images 58 to 59).

II.- Judge Walter Ávila Quirós, of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, in judgment No. 150-2024 of sixteen hours and six minutes on the twenty-fourth of May of two thousand twenty-four, resolved: «POR TANTO: In accordance with the citations of fact and law, the present complaint established by HELGA GEORGINA QUESADA MONGE, with qualifications as stated in the record, is declared WITH MERIT. The plaintiff is authorized to cut one espavel tree located at coordinates 1146706 302237, one melina tree located at coordinates 1146676 302256, and one ojoche tree at 1146687 302267, the object of this proceeding, with the requirement, per technical recommendations, to first cut the branches and then the trunk». (See electronic file, images 45 to 48).

III.- This Tribunal adopts the relationship of facts held as proven in the appealed judgment, as it is a faithful reflection of what is contained in the record.-

IV.- The plaintiff filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the court of first instance. She expresses as grievances that the judgment only referred to the cutting of the espavel tree, but not regarding the others indicated by the technical report. Furthermore, she considers that the utilization of the timber should be authorized to defray the cutting costs. (See electronic file, images 52 to 53).

V.- The omission noted in the first grievance of appeal is not observed, since the judgment provided pertinently as follows: " ... The plaintiff is authorized to cut one espavel tree located at coordinates 1146706 302237, one melina tree located at coordinates 1146676 302256, and one ojoche tree at 1146687 302267, the object of this proceeding, with the requirement, per technical recommendations, to first cut the branches and then the trunk". There, it is observed that the cutting of the three trees that were technically recommended for cutting is authorized, clearly indicating the coordinates of the location of each one, which does not allow for any confusion by nomenclature.-

VI.- Regarding the grievance concerning the utilization of the timber, such claim must be upheld. Upon studying the record, it is noted that the trees to be cut are located in the protection area (área de protección) of the stream that is within the plaintiff's property, considering the appellant that for this reason she has the right to utilize the resulting timber. For this Chamber, the appellant is correct, as she has the right she claims, since the trees are within her property. Regarding the destination of the timber product utilized from the felling, it has been resolved: " .. To this effect, the Tribunal believes that there are indeed contradictory and confusing ideas in the judgment. Regarding the applicable legislation, effectively, no rule exists that directly justifies the decision taken and issued by the judge. So much so that the judgment does not cite any article to justify it. The resolution that denies the clarification and supplementation cites Article 65 of Law 7575, Ley Forestal, because it is mentioned by the State's representative in the appeal under study, filed against the denial of such requests. The Procurador indicates that this rule is not applicable because it refers to criminal proceedings in which illicit acts are known, a situation different from that raised in this proceeding. In this regard, it must be noted that the provision in question literally provides: “ARTICLE 65.- Auction of seized products. Infractions of this law shall be reported to the competent judicial authority and, if timber or other forest products are seized, the referred authority, after appraisal conducted by the State Forest Administration, shall auction them in a public auction, within a period not exceeding one month from the date on which the report was filed. These forest products may not be auctioned for a value lower than that set by the State Forest Administration. If after that period, the timber or forest resources have not been auctioned, any person may utilize them, upon depositing, in the Court, the value assigned by the State Forest Administration. The proceeds from the auction shall be deposited in the account of the corresponding judicial authority, while the respective process is defined. If the accused is acquitted, the money shall be delivered to them; otherwise, fifty percent (50%) shall correspond to the State Forest Administration and the other fifty percent (50%) to the municipalities of the place where the property from which the raw material was extracted is located, or where the industry is located, or to the indigenous association, if it is within an indigenous reserve, to allocate it to the development of forestry projects; all without prejudice to the criminal liabilities determined for the offenders. The Ministerio del Ambiente y Energía is authorized, through the State Forest Administration, to donate to the Ministerio de Educación Pública the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided that the owners are unknown. It shall also donate seized timber, once the conviction is final, and which has not been awarded at auction or requested by any person with the legal requirements. The Ministerio de Educación Pública shall allocate that timber to manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools, or use it as raw material in the subjects of cabinetmaking, lathe work, carpentry, and others taught by state schools and high schools. (Thus added these last two paragraphs by Article 1, subsection b), of Law No. 7609 of June 11, 1996).” From the reading of the rule, it follows that indeed, it does not offer a specific solution for the specific case, heard in interdictal venue, as it refers to timber seized from illicit activities. However, given the absence of regulations to provide a solution to this case, both in the Ley de Jurisdicción Agraria and in Articles 474 to 476 of the Code of Civil Procedure applied supplementarily. Given this situation, and since there is a rule referring to the destination and utilization of trees, even though it refers to illicit acts, it is applicable analogically. In this regard, Article 12 of the Civil Code states: “The analogical application of the rules shall proceed when they do not contemplate a specific case, but regulate another similar one in which an identity of reason is appreciated, unless some rule prohibits that application.”; without any rule existing in the Ley de Jurisdicción Agraria that prohibits analogical application. Article 65 cited, insofar as it pertains to this case, in the event that the timber is seized, delegates the assessment and auction of the timber or other forest products to the State Forest Administration, for which purpose it grants a period not exceeding one month. In this case, the timber is not seized because, according to the information in the file, it is pending felling. The judgment did not set a deadline for cutting the five laurel trees, an omission that must be rectified so that the ruling is executable and the risks that their falling could generate are managed; however, it was indicated that, once felled, the Ministry must proceed to assess them, a task that the Tribunal considers inherent to the functions given by law to it, being composed of officials who are experts on the subject. The rule also states that the goods must be auctioned in a public auction within a one-month period, for the amount set by the Ministry; and only if the timber or forest resources cannot be auctioned, any person may utilize them, upon depositing, in the Court, the value assigned by the State Forest Administration. In this case, since the forest product does not derive from an illicit act, but from a preventive measure, the possibility of utilizing them by any person yields to the priority that must be given to the plaintiff, because the tree is located on a property in the possession of Mr. Aguilera Vargas, so it is he who may utilize them by taking the respective prevention measures, on the understanding that the value of those forest resources must be allocated by him to the recovery of the area that is affected by the removal of that tree, which must necessarily be carried out by Mr. Aguilera in coordination with the experts designated by the Regional Office of the Ministerio del Ambiente y Energía, because being a protection area, endemic or native trees of this must be planted, so that the possibility of the plaintiff replacing it with any other species must not be left open, but only with those ordered by the referred Ministry. The rule raises the scenario, foreign to this proceeding, that if the person is acquitted of the illicit act, the money from the appraisal will be delivered to them; otherwise, 50% of the amount will correspond to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality of the place where the property is located to allocate it to the development of forestry projects; likewise, the Ministerio del Ambiente y Energía is authorized, through the State Forest Administration, to donate to the Ministerio de Educación Pública the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided that the owners are unknown. In this case, we are not in the presence of forest products linked to an illicit act so as to assume the distribution of their value at 50% to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality. In relation to the participation of educational centers, the rule allows the Ministerio del Ambiente y Energía to donate to the Ministerio de Educación Pública the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansion, provided that the owners are unknown; and it allows the donation of seized timber, once the conviction is final, and which has not been awarded at auction or requested by any person with the legal requirements. In this case, we are not in the presence of a natural disaster, as the objective of the proceeding is its prevention, nor of road expansion; and although such scenarios could be assimilated to the specific case, the situation described by the rule differs in that it assumes the owner of the property where the trees are is unknown. In this case, the plaintiff provided a registry certification stating she is the registered owner of the property; and although in interdictal proceedings it is not possible to refer to aspects related to the property right as provided in Article 457 of the Code of Civil Procedure applied supplementarily, the fact is of particular interest to determine whether the forest resources are within the plaintiff's land, thereby ruling out that the person owning the property where the tree is located is unknown. Now then, it must be added that the assignment of forest resources to the Ministerio de Educación Pública, product of illicit acts or, in general, of any judicial proceeding, must be done in accordance with the purposes set forth in the rule, that is, so that the timber is used to “manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools,” and not simply to attempt to assign economic resources from the trees without a specific purpose or a concrete destination, as the state representative rightly warns. From the foregoing, the Tribunal concludes that the judgment is not clear; however, it could not be considered void .... Therefore, based on Articles 50 of the Constitution; 6 subsection g), 31, 49, and 65 of Law 7575, Ley Forestal; 12 of the Civil Code; 474 to 476 of the Code of Civil Procedure; and 1, 6, 26, 54, and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria; the judgment must be revoked in the part that orders the donation of the forest products specifically to the Education Board (Junta de Educación) of the nearest School and requires the plaintiff to pay the value of the forest products established by the Ministerio del Ambiente y Energía. In all other respects, the object of appeal, the judgment must be confirmed regarding the authorization given to Mr. Santos Aguilera Vargas so that, as of the finality of this resolution, he may extract the five laurel trees that are the object of the litis, in which case he must take the necessary preventive and precautionary technical measures so as not to cause damage to persons or property. The Ministerio del Ambiente y Energía must take the necessary preventive measures and control that the felling process of the laurel trees is executed in compliance with the provisions of the Ley Forestal; and once the cutting is done, said Office shall proceed with the appraisal of the mentioned forest products. The plaintiff may utilize the timber, without any need for a deposit, as the trees are within the property registered in his name, in which case, the Ministerio del Ambiente y Energía must grant him the necessary transportation, processing, or other permits for its utilization. .... “. In the case under study, the judge determined in the judicial inspection and the MINAE report provided for that purpose, that the trees are situated in the protection areas (áreas de protección) of the river that runs through that property, so the decision of the appealed piece to order that the timber product from the felling of the three trees must be donated to the Education Board (Junta de Educación) of the local school finds no legal basis, as this timber is not the result of any illicit act. The protection area as a legal figure is defined in Article 33 of the Ley Forestal, and its purpose is the conservation and protection of water bodies. They form part of the real estate that contains them, but their use and enjoyment contain environmental limitations, such as the prohibition of building, cultivating, or carrying out acts that endanger water bodies. The plaintiff in this proceeding stated in her complaint that she was the one who cultivated the trees that she now requests to fell for reasons of safety for the people and infrastructure around them, and this Tribunal finds no legal rule that authorizes any institution or entity to take possession and ownership of the timber resulting from the felling under the circumstances of this matter. As the appellant states, those trees are part of her property in accordance with the provisions of Articles 505 and 506 of the Civil Code. In this line of thought, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has resolved in Voto 2007-10578 of July 25, 2007, the content of the property right as follows: “The property right has an essential content that the Chamber has defined as the power to enjoy and use the good for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain limitations of "social interest," the public authority, whether the Legislature or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes. In such a situation, that is, if the limitations imposed on the property violate the essential content of the property right, the owner has the right to be compensated for it. In this sense, the Chamber has pointed out: "That is, the attributes of property may be limited, insofar as the owner reserves for themselves the possibility of normally exploiting the good, obviously excluding the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if social welfare requires sacrifices from one or only a few, they must be indemnified, just as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such an identity that it makes them totally lose the good. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of the property, which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality, does not make the nature of the good disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, de facto, the impossibility of usufructing the good.” (Judgment No. 2345-96 First Chamber Supreme Court of Justice).” In such manner, this Chamber considers that the right to utilize the timber of the trees that concern us and that will be subject to felling, being located on the plaintiff's property, assists her as part of the right of use, enjoyment, and utilization of her property and its products without further administrative procedure. Resolving otherwise, without a conduct that had been sanctioned for an administrative or criminal offense, leads to confiscating private property without legal basis. Therefore, the appealed resolution must be partially revoked solely insofar as it does not provide for the plaintiff the utilization of the timber of the trees to be cut, and instead provide that the timber of such trees to be cut belongs to the plaintiff and she may dispose of it economically without needing to carry out the procedures before the offices of the Ministerio del Ambiente y Energía.-

VII.- For the reasons set forth, based on Articles 1, 2, and 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 108 of the Code of Civil Procedure, 33 of the Ley Forestal and 65 of its Regulations, in what has been appealed, we proceed to partially revoke the appealed resolution solely insofar as it does not provide for the plaintiff the utilization of the timber of the trees to be cut, and instead provide that the timber of such trees belongs to the plaintiff and she may dispose of it economically, without needing to go to the offices of the Ministerio del Ambiente y Energía for its approval, unless a transportation permit is required.

POR TANTO

In what has been appealed, we proceed to partially revoke the appealed resolution solely insofar as it does not provide for the plaintiff the utilization of the timber of the trees to be cut, and instead provide that the timber of such trees, according to the coordinates stated, belongs to the plaintiff and she may dispose of it economically, without needing to go to the offices of the Ministerio del Ambiente y Energía for its approval, unless a transportation permit is required.