Res. 00060-2025 Tribunal Agrario — Ten-year possession in a protected zone allowed if ecological possession and possessory chain are provenPosesión decenal en zona protectora procede si se acredita posesión ecológica y cadena posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00060 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2025 a las 14:32

Expediente: 22-000113-0699-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Procedente cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación de área silvestre protegida y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Procedencia de la información posesoria cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

22-000113-0699-AG - 2




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

ANA JULIA ROMERO MORA

 

   

VOTO N°  N° 2025000060

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas treinta y dos minutos del veintiocho de enero de dos mil veinticinco.-

PROCESO NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN POSESORIA establecido por ANA JULIA ROMERO MORA, mayor, casada una vez, ama de casa, cédula dos- cuatrocientos cuarenta- cero cero ochenta y cinco, y vecina de Palmital de El Guarco, Cartago. Intervienen como partes el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderada general judicial, Diana Graciela Araya Rodríguez,  mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula cinco- trescientos ochenta y nueve- novecientos veintisiete, vecina de Desamparados, y el  ESTADO, por medio de su representante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, apersonándose en su representación la licenciada Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cero quinientos cuarenta y cinco - cero seiscientos uno, vecina de Alajuela. Actúa como abogado director de la parte promovente el licenciado Ronald Gerardo Cerdas Rojas, carné cinco mil doscientos uno.  Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.               

 Redacta la jueza Castro  García; y, 

CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1. La parte promovente plantea las presentes diligencias, solicitando que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, el terreno que se describe en el plano catastrado número 3-2307921-2021, y que es de solar con tres casas de habitación y un galerón, sito en Palmital, San Isidro de El Guarco, Distrito Segundo del Cantón Octavo de la Provincia de Cartago. Linda al Norte: Quebrada Palmital; al Sur: Calle pública con un frente a ella de diecinueve punto treinta metros lineales, al Este con Luis Alberto Sánchez Cerdas y Ana Julia Romero Mora, y al Oeste con Saúl Thames Alfaro y Anselmo Fallas Calderón. Mide: Diez mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados.  (escrito inicial -imágenes 1 a 4, plano imagen 7).  2. Las personas colindantes Saúl Thames Alfaro, Anselmo Fallas Calderón, Luis Alberto Sánchez Cerdas y la aquí promovente Ana Julia se dieron por notificados de la presente titulación y no se opusieron a la misma (ver imágenes 17 a 20). 3. Mediante resolución de las quince horas treinta y tres minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por apersonados al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, y al Instituto de Desarrollo Rural  (imágenes 64, 68 a 70 la PGR e imagen 71  el INDER). 4. El edicto fue publicado en el Boletín judicial número 9, de fecha jueves 19 de enero del 2023, página 37. (Ver imágenes 125 a  126).  5.- El juez José Francisco Chacón Acuña en sentencia número 2023000265 de las diez  horas quince  minutos del doce  de octubre del dos mil veintitrés, resolvió: «POR TANTO: Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. Proceda el Registro Inmobiliario a inscribir por primera vez y a nombre de ANA JULIA ROMERO MORA, cédula dos-doscientos cuarenta-ochocientos ochenta yc (sic) cinco, la finca sin inscribir que se describe así: Terreno de solar con tres casas de habitación y un galerón, sito en Palmital, San Isidro de El Guarco, Distrito Segundo del Cantón Octavo de la Provincia de Cartago. Linda al Norte: Quebrada Palmital; al Sur: Calle pública con un frente a ella de diecinueve punto treinta metros lineales. Mide: Diez mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número 3-2307921-2021. El inmueble a titular queda afectado bajo las reservas legales aplicables a la especie según los términos del ordinal 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y sus reformas en cuanto: a) El frente a caminos públicos y/o caminos vecinales, en cuanto al ancho de veinte metros para los primeros y catorce metros para los segundos, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos número 5060 del 22 de agosto de 1972 y sus reformas; y b) Lo establecido por los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal vigente. Lo anterior a fin de que sea respetado tanto por la titulante como por terceras personas (principio de publicidad registral).-» (Imágenes 138  a 144)

 II- Prueba para mejor resolver. Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se admite la prueba para mejor resolver aportada por la Procuraduría General de la República de ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992 de imagen 149 a 152 por resultar útil y pertinente a la resolución de la apelación interpuesta.       

III- Se comparten los hechos tenidos por demostrados al ser acordes con las probanzas aportadas al proceso. De tal naturaleza, se adiciona en esta instancia: 8) Que la titulante, sumando la posesión de su transmitentes Maximiliano Mora Torres, Julio Mena, han estado en posesión desde el año 1973 en resguardo del recurso forestal del inmueble a titular en forma pública, pacífica, continua y con el carácter de dueños por más de diez años antes de la Zona Protectora del Río Navarro y el Río Sombrero, protegiendo el recurso forestal. (Declaración de Rigoberto Ortega Cordero, Rubén Ortega Quirós y Ramón Fallas Torres expediente digital modo pdf audio de audiencia). 

 IV.- Apelación.  La Procuraduría General de la República apela la sentencia aprobatoria n°2023000265 de las 10:15 horas del 12 de octubre de 2023, exponiendo como agravios, que se citan a continuación: Aprobación sin demostración del ejercicio de la posesión ecológica. Adjunta prueba para mejor resolver: informe N° DIG-GGM-INF-006- 2023, del Instituto Geográfico Nacional. Alega, en lo concerniente al predio graficado en el plano N° 3- 2307921-2021, evidencia que para el año 1974 estaba cubierto de bosque en una 59.19%, y para el año 1992 el bosque cubría un 77.77% del área del inmueble. Dicha cobertura forestal fue eliminada y de conformidad con lo que consigna en el estudio de uso de suelo del 14 de abril de 2022, el predio a titular tiene un uso de suelo actual de “huerto”. Expone, en escrito agregado a la carpeta digital el 05/09/2023 hicieron ver que la promovente no acreditó el ejercicio de posesión ecológica, por cuanto de lo que se consigna en el plano, el estudio de uso de suelos y lo constatado al momento del reconocimiento judicial, se evidencia que el terreno tiene un uso actual de huerto. Además, en el predio hay construcciones, algunas recientes, así como árboles de guayaba del Perú, limón, naranja, mandarina y siembra de caña india; todas actividades contrarias a los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas. Lo que no se analizó y estima debió rechazarse el proceso. Indica, respeta, pero no se comparte, el criterio esbozado en sentencia concerniente a equiparar el “ejercicio de posesión ecológica” al “uso conforme del suelo”.  Incorpora diversos votos de este Tribunal. Falta de prueba de la posesión derivada anterior a la afectación al dominio público. Califica la sentencia de contradictoria, al reconocer que la posesión necesaria para usucapir un predio ubicado en su totalidad dentro de la Zona Protectora Río Sombrero-Río Navarro debe ejercerse al menos desde 1974. Sin embargo, se aprobó la titulación, teniendo por demostrado en el hecho probado 7 que Julio Mena Ortega le trasmitió a la titulante, en el año 2021, la posesión de “más de cuarenta años”, lo cual nos remonta apenas a 1981. Al vender, el transmitente le traspasa la totalidad de la posesión ejercida tanto por él, como por antiguos propietarios, por lo que no cabe suponer, en perjuicio del dominio público ambiental, que esos 40 años de ocupación no comprendan la ocupación del señor Maximiliano Mena, presunto primer propietario. Al respecto, acusa el testigo Ramón Antonio Fallas Torres afirmó que Julio tuvo el predio por “más de diez años” y Rigoberto Ortega Cordero aseveró que lo ocupó más de 18 o 20 años. Por otra parte, la cadena de posesión no quedó demostrada de forma diáfana. Hace ver, el testigo Rubén Ortega Quirós, pese a que dijo tener mucho tiempo de conocer el predio, no pudo concretar el tiempo de ocupación del Maximiliano Mena Torres; de ahí que no pueda sumarse a la “posesión” que alega haber ejercido el promovente. Al respecto, se cita lo resuelto por el Tribunal Agrario en voto 1434-F-2011. Reprocha, los efectos de acreditar la cadena de posesión, no basta con que los tres testigos enlisten nombres de los presuntos anteriores ocupantes, sino que deben referirse al tiempo y modo de la ocupación de cada uno de ellos, lo cual en el caso no se dio y el trámite debió improbarse (imagen 154 a 158 expediente digital modo pdf).

 V- El inmueble que se pretende titular mediante este proceso se localiza en Palmital de San Isidro de El Guarco, distrito segundo del cantón octavo de la provincia de Cartago, tiene una medida de 1 hectáreas 986 metros cuadrados y se ubica dentro de la Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero, creada mediante Decreto Ejecutivo DE 15436- MAG del 5 de junio de 1984. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular ese inmueble es preciso acreditar la posesión decenal antes de la vigencia de dicho Decreto y haber protegido el recurso forestal. Para demostrar lo anterior, la promovente ofreció la declaración de tres testigos, tal y como lo exige el numeral 6 de la citada Ley, quienes declararon el 16 de junio del 2023. Por otra parte se pretende aprovechar la posesión transmitida, ha de adjuntarse el título con el que adquirió la posesión la parte titulante según el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Los alegatos se dirigen a combatir la valoración probatoria vertida en la sentencia que aprobó el proceso interpuesto, respecto a la demostración de la posesión derivada por la titulante y demostración de la posesión ecológica sobre la finca. Cabe citarse que acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria en la sentencia han de valorarse las pruebas bajo el sistema de libre valoración que rige el proceso agrario, exponiendo las razones de hecho y derecho que fundamentan la decisión. Analizada la resolución recurrida estima esta Cámara no contiene una valoración equivocada ni contradictoria. Observa este Tribunal sobre la demostración de la antigüedad de la posesión sobre el terreno, se contó con la declaración testimonial que este Tribunal procederá a revisar.  En la prueba testimonial recabada en fecha 16 de junio del 2023 en el lugar a titularse,  se consignó lo indicado por los testigos ofrecidos. Respecto a las prueba testimonial, el testigo Rigoberto Ortega Cordero (minuto 00 a 16:00 archivo de prueba testimonial expediente modo pdf), ser nativo del lugar, tener 60 años de conocer la finca. Relató que el primer dueño que él conoció se llamaba Maximiliano Mena Torres, que se dedicó a tener el terreno tal y como se encuentra hoy, pero sin casas de habitación. Señala que había potrero, plantaciones de cabuya que eran comunes pero se dejaron de cultivar porque la fábrica desapareció y no se volvió a producir, ni comprar a las personas de la zona. Afirmó que conoció a Maximiliano o Maximino que por muchos años tuvo la propiedad. Mencionó, Julio adquiere porque era de Maximino y se lo dona a él hacía unos 18 a 20 años. Anotó, posteriormente Julio se lo traspasa o dona a la promovente de forma reciente; hacía 1 año y medio o 2 años y medio aproximadamente. Indica que en la finca no hay cuerpos de agua como nacientes, pero que al fondo rumbo norte existe un río,  que lo actual es lo que ha existido, no o hay ganado por no ser apto el suelo, pues es muy empinado, existiendo más que todo una actividad de tener árboles tipo frutal, en virtud de las características del terreno. Cita los nombres de los colindantes.  Anota los usos de la finca ha sido la misma siempre. En la población solo se cultiva de esa especia de árboles. Indicó siempre ha estado cercado y se mantienen la mismas condiciones , la finca es una sola, tiene topografía plana es pequeña en un sector y empinado en el resto, cabida de 8 mil a 10 metros. Se le conoce a doña Ana Julia como la dueña, no ha habido conflictos. La promovente la ha tenido limpia, cercada y en forma pacífica y continua, en condición de dueña. Con esta declaración se acredita una posesión de personas desde el año 1963 en condición de dueños y dueña, dado el año en que se rinde el testimonio, que el estado del fundo se mantenía en iguales condiciones que las actuales, señalando que el cultivo de cabuya cesó en virtud de haber cerrado la fábrica de la zona que tradicionalmente utilizaba esa materia prima. Además respecto a la cadena posesoria lo fueron Maximino Mena Torres, que le transmite a Julio Mena Torres hace 19 o 20 años y posteriormente a Ana Julia Romero. El testigo Ramón Fallas Torres (minutos 16::00 a 21 audio), señala ser vecino del lugar, conoce el fundo hacia 55 años, cuando era de Máximo Mena, que tenía cabuya. Luego se lo donó o heredó a Julio Mena, que lo tuvo varios años, por más de diez años. Donde lo mantuvo con la cabuya, pero como “eso quebró”, se quedó como charral. Ana Julia lo adquiere por donación de Julio, hace un par de años. Se cedió los derechos de posesión. Doña Ana Julia lo tiene como esta, no ve cultivos, están las casitas, árboles frutales. Existe una quebrada con la que colinda. Ha estado en conservación natural, hay tres o cuatro construcciones. Describe los colindantes. Encontrárse deslindado, ser un terreno, ubica físicamente la parcela, de topografía con pendiente, con una medida aproximada de una hectárea. Solo ella conoce como dueña, al igual que los vecinos. No ha habido conflictos con colindantes u otras personas, no ha sido abandonada. Su posesión ha sido pacífica. En el testimonio rendido se declara sobre una posesión desde el año 1968 en condición de dueños y dueña, considerando se evacúa la prueba en el año 2023, con una actividad igual a lo largo de los años hasta la actualidad, refiriendo al anterior cultivo de cabuya que finalizó y se generó un charral.  Sobre la cadena posesoria refiere a Maximino Mena Torres, que le transmite a Julio Mena Torres y posteriormente a Ana Julia Romero de forma reciente. Agregando no ha habido intervenciones en la vegetación de la finca, ni en las zonas cercanas al río colindante. Por lo que resulta coincidente con el testimonio de Rigoberto Ortega. El testigo Rubén Ortega Quirós  (minutos 21:00a 29:45 audio resguardado) al preguntársele por el juzgador indicara hacía cuanto tiempo conocía la finca citó en forma expresa hacía 50 años aproximadamente (minuto 22:32). En forma posterior, en lo de interés,  el juez al interrogar dice (minuto 23:20): “ me dijo que conoce el terreno hace más de 40 años correcto?” contesta el testigo:  “sí”. Afirmó el testigo, el terreno era de Maximino Mena, que lo tuvo años pues lo tenía de cabuyales, pues vivía de eso. Luego lo pasó a Julio el hijo, para que lo trabajara. Julio lo tuvo por varios años con cabuya. Ana Julia adquiere, pues Julio se lo regaló hacía un par de años. Doña Julia lo tiene con las tres casitas que hay y el resto la cabuya se fue perdiendo. Existe una quebrada al final del lindero, donde nunca se ha intervenido al estar en estado natural. Sobre actos agricultura hay limón. Conoce y describe a los colindantes y los rumbos. El fundo es quebrado y solo el plano donde están las casitas. Solo conoce a doña Julia como dueña y los vecinos la conocen en esa condición, no ha habido conflictos o abandono de la finca. Sobre los actos de mantenimiento es conservar la casa y existir cercas a las que mantienen. La posesión ha sido pública, pacífica. Luego aclara y repite que conoce el terreno desde hace cincuenta años.  Para esta Instancia en el testimonio rendido se declara sobre una posesión desde el año 1973 en condición de dueños y dueña por la cadena posesoria de Maximino Torres, a su hijo Julio Torres y luego a su esposa Ana Julio Romero, considerando se evacúa la prueba en el año 2023. Actividad de cabuya en el pasado y actualmente de mantenimiento de la finca en las condiciones encontradas. Señalando que en la zona de quebrada no se ha intervenido de manera alguna. De la relación de las tres declaraciones se concluye una congruencia de la prueba testimonial en cuanto a la demostración de la cadena posesoria citada, desde 1963, 1968 y 1973 respectivamente por cada testigo. Por otra parte no se acreditó ningún cambio de uso de suelo desde el año 1968 a la actualidad. En criterio de esta Cámara la acreditación de la cadena posesoria y la antigüedad necesaria, dada la afectación con la creación de la zona protectora en cuestión de 1984 se ha cumplido. De forma tal, la posesión debe ser demostrada al menos desde 1974 y lo relatado por los declarantes acreditan la posesión decenal anterior a la creación de la Zona Protectora Río Sombrero -Río Navarro mediante tres testigos. Los argumentos de las faltas de precisión de la cantidad de años que relatan los testigos no resultan de recibo, pues desde el sistema de libre valoración probatoria y la integración de las probanzas, la fundamental es la acreditación del ejercicio de la posesión desde vieja data, sin que se encuentren contradicciones entre los testigos. Que declaran sobre hechos ocurridos desde hace más de cincuenta años, donde no es posible exigir una mención de fechas exactas por cada uno, sino la demostración en el espacio temporal aproximado del ejercicio de la posesión.  No encuentra este Tribunal de las pruebas testimoniales se encuentren periodos en donde no logra deducirse que la finca ha estado sometida a posesión de particulares desde al menos 1973. De la escucha de los testimonios se denotan clara, creíbles y emitidos de forma segura.  Mismas que deben se contrastadas con la escritura de adquisición de la posesión y mejoras, donde Julio Mena Ortega le vende la posesión a Ana Julia Romero Mora en fecha 29 de junio del 2021 (imagen 88 expediente digital modo pdf). En el escrito inicial. Sobre el ejercicio de la posesión acreditada se mencionó en el escrito inicial y aclaración que Ana Julia Romero Mora solicita la titulación de la finca, que el 29 de junio del 2021 le transmite Julio Mena Ortega la posesión que ejerció “ mayor” a los 40 años, destinado a actos de cuido de recursos naturales, cultivo de frutales, plantas ornamentales, árboles diversos y donde habita. Describe la existencia de casas y dos galerones usados por su familia hacía 30 años. Ubicado en la Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero   (imagen 1 a 6 modo pdf escritorio digital). Se presenta el proceso en mayo del 2022 ante estrados judiciales. Sobre la transmisión de la posesión en memorial posterior (imagen 25 modo pdf) indica le enajena su esposo en escritura pública del 29 de junio del 2021 la posesión de cuarenta años. Elementos que acreditan el título traslativo de la posesión que adquiere la titulante y con la prueba testimonial se prueba la posesión ejercida (artículo 6 de la Ley de Información Posesoria). Se rechaza el agravio de la falta de demostración de la posesión derivada.

VI- Sobre el agravio respecto a la ausencia de la posesión ecológica de la finca afectada por la zona protectora en la que se encuentra inmersa, se rechaza. Cabe mencionarse por esta Instancia respecto a las áreas silvestres protegidas, que independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAE su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente y Energía, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma, que expresamente señala que su administración corresponde al MINAE. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En el caso concreto en estudio se reclama en el recurso que no se demostró una posesión ecológica,  pues existen tres casas y una galera, el estudio de suelos consignó un uso de huerto y eso demuestra el incumplimiento de ejercicio de actos posesorios que protejan los recursos naturales.  Cabe analizarse en esta instancia la prueba pertinente a este aspecto. En el reconocimiento judicial del 16 de junio del 2023, se describió que existe una explanada de unos 400 metros cuadrados donde se ubica una casa de reciente construcción, con material prefabricado y galera de madera. El sector plano se encuentra identificado del área con topografía quebrada con cerca, pues la inclinación del terreno por seguridad se colocó cerca interna para evitar paso. Se indicó la finca colinda con frente a calle pública. Se anotó que en la otra sección de la propiedad que presenta una fuerte pendiente y de difícil acceso, contiene montaña, cabuya, árboles propios de la zona y también está deslindada con alambre de púas. Se mencionó que al fondo se ubica la Quebrada Palmital, que se manifestó encontrarse en estado natural, con vegetación y sin intervención humana. Al fondo una zona boscosa autóctona, sin vestigios de intervención de humano, todo en estado natural.  Se refirió, de la entrada principal a la finca sobre carretera,  lo es en pendiente hasta la esplanada antes citada. Con presencia de caña india y , césped con buen mantenimiento. El camino, se indicó lo es en pendiente con tramos en lastre y concretos. Se menciona, existe una zona donde está la maquinaria. Hay tres casitas y la galera para guardar materiales y zona de vehículos. Las casas habitadas. Al respecto se citó de la entrada, se encuentra el galerón de vehículos, casa de la madre del promovente. Luego una cabaña en madera que contienen alrededor árboles y diversos cultivos de frutales y flores. Zona pequeña de dos a tres metros cuadrados de cultivo de culantro. Y que las otras casa son habitadas por familiares. Se incluyó en la descripción la existencia de una pequeña galera de gallinero. De este reconocimiento judicial se logra constatar que la finca tiene un área en un sector destinado a la permanencia de casas del núcleo familiar y lugares de resguardo de vehículos y enseres propios, con gallinero. Además áreas de cultivo y en su mayoría conservación de vegetación montañosa propia del ecosistema autóctono. Aunado a la protección de las márgenes de la quebrada y que no existen vestigios de tala o actividades extractivas de madera u otro elemento. Esto debe ser contrastado con el Estudio de Suelos que corresponde a un informe técnico científico respecto al uso de los recursos naturales, en específico el recurso suelo. Al respecto (imagen 11 a 14 modo pdf) describe que la finca mide 1 hectárea 986 metros cuadrados. Con un uso actual de huerto. En el ítem de observaciones se consignó que en el sector A existe: cultivos permanentes de laureles, musas, ornamentales como la caña india, frutales varios, sembrada a contorno de la pendiente vía curvas a nivel, con podas individuales, resiembras anuales, hojarasca y ramas colocadas en las calles de acceso a la plantación, fertilización edáfica cada 3 meses, con manejo de arvenses, cercas vivas de itabo, amapolas, con camino de acceso en asfaltos y caminos internos con lastre. Con cerca experimentales con 6 hilos de alambre de púa y setos bien podados punto en lo de importancia gran belleza escénica que potencializa la propiedad para las actividades agroturísticas punto con drenajes buenos con obras de amortiguamiento como canales y barreras de piedra. Cercas vivas en las colindancias. Pequeñas edificaciones habitacional y bodegas para actividades agrícolas y cuidado del inmueble. Zona de gran belleza escénica. Pequeñas edificaciones para actividades agrícolas como trojas. Se evidencian zonas de protección a pesar de que el plano no muestra restricciones. Terreno afectado por la ley forestal 7575 por cumplir con los retiros respectivos. Certificando el uso conforme de suelos en un 100%. En la sección de recomendaciones, en lo de interés describe una serie de aspectos técnicos propio de la ciencia de los suelos que son recomendables para el suelo en específico encontrado en el terreno, así como se consignó que algunos cultivos como el cafeto o bien la cabuya se han sembrado en esas áreas alrededor de 5 décadas de manera artesanal. Para esta instancia, este documento técnico evidencia que la propiedad se ha destinado al mantenimiento de la vegetación natural de la zona dada la altitud y la topografía del terreno, hay tiempo de una explotación racional mediante la cabuya, inclusión de caña india y cultivos como el culantro en muy baja escala. Además del mantenimiento de 3 casas de habitación y algunos aposentos propios para el mantenimiento de la finca y un pequeño gallinero. El estudio consigna que sea respetado la Ley Forestal dada la vegetación presente y que existen laureles que son autóctonos de la zona. No entiende esta instancia que tener lo denominado como huerto con la descripción ya citada previa, con lleva a entender una eliminación de bosques o una lesión en los recursos naturales y los fines de la zona protectora en que está inmersa la finca. Tal y como lo dice el propio estudio de suelos, respecto a cultivos, el de cabuya en esa zona se había desarrollado por casi 50 años de forma artesanal; particularidad de la comunidad en que está inmersa esa zona protectora. Sin embargo no existe ningún vestigio de eliminación de bosques o vegetación de montaña. Los elementos probatorios citados han de contrastarse con las declaraciones de los testigos ya citados supra que refirieron a la ausencia de cambio de uso de suelo o intervención humana. Contrario a lo alegado por el Ente Procurador, se considera que las personas que han ostentado la posesión de la finca objeto del proceso, más bien se ha destinado a la conservación de vegetación montañosa, conservación de los suelos y del recurso hídrico con las que colinda. Se aporta por el representante estatal prueba de “ ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992” (imagen 149 a 153 modo pdf expediente digital) en el cual   se solicitó al informante por parte de la Procuraduría General de la República: “ mucho le agradeceré indicarnos, con vista en la información que al efecto lleva ese Instituto (mapas de cobertura forestal, fotografías aéreas, imágenes satelitales, etc.) si el terreno graficado en el plano N° 3-2307921-2021, tuvo cubertura forestal (bosque) únicamente de los años 1974 y 1992 ”. En el documento se consignó: “ Año 1974 Figura 2. En el año 1974 el inmueble 3-2307921-2021 disponía de cobertura forestal (bosque) cubriendo aproximadamente el 59.19% de su área. Específicamente dos sectores al norte y sector suroeste del inmueble disponían de bosque, el porcentaje restante estuvo cubierto por pastos… Año 1992 Figura 3. El inmueble 3-2307921-2021 para el año 1992 incrementó su cobertura forestal (bosque) con respecto a lo identificado para el año 1974. Aproximadamente el 77.77% del área del inmueble contaba con bosque, el porcentaje restante correspondía a pastos.” (las negritas no corresponden a su original). Cabe reseñar que los testigos indicaron no observar intervención humana ni mencionaron acciones extractivas de madera a la actualidad. De forma tal, se concluye que si se ha ejercido una posesión en resguardo de los recursos naturales y la finca ha visto aumentada su cobertura forestal y la protección del área de protección de la quebrada con la que colinda al rumbo norte. De la integración de las pruebas citadas y según lo consignado en el reconocimiento judicial existen zonas de vegetación boscosa actuales. Para esta instancia, el que se indique en el estudio de suelos es uso de huerto como se reclama en la apelación, no conlleva a entender que media lesión a los recursos naturales, dado lo consignado en ese mismo informe técnico y todas las probanzas ya citadas y analizadas, que constituyen la evidencia técnica la propiedad se ha destinado al mantenimiento de la vegetación natural propia de la zona y la topografía del terreno a lo largo de las décadas en que ha estado en posesión la finca por particulares. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede aprobar el proceso planteado.   La categoría de manejo de Zona Protectora se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías clasificadas que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal número 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía las ha definido como: "terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “…aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió: “El término de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc.)”. Estima esta sede, del estudio de las declaraciones testimoniales, las referencias normativas y técnicas de los estudios de suelo y el reconocimiento judicial, además de la prueba denominada: ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992 al demostrarse que en el terreno existe vegetación de charral, con especies forestales propias de la zona y que se encuentra la parcela en un proceso de existencia de charrales que constituyen una regeneración forestal, las exigencias ambientales para titular han sido acatadas, sin que sea acogida la argumentación de la apelación en proceder al rechazo del proceso. Con la conducta y posesión desplegada de la titulante y los anteriores poseedores se muestra el desarrollo del dominio apegado a la conservación de los recursos naturales, en cuenta el recurso suelo. En el Derecho Ambiental priva el principio de desarrollo sostenible y el criterio técnico científico y así debe ser interpretado por los operadores del derecho, siendo el dictamen del estudio de suelos y lo acreditado en el estudio foto interpretativo criterios científicos respecto a la protección del recurso suelo y la vegetación existente. No consta en autos prevención alguna de ninguna autoridad fiscalizadora ambiental competente, que le haya indicado al titulante sobre algún acto o conducta activa u omisiva respecto a incumplimientos de la legislación ambiental a lo largo de las décadas de posesión por la persona promovente o los anteriores poseedores. Se demostró, según lo observó el certificador de uso de suelos y la persona juzgadora existe un uso conforme de suelo y presencia de vegetación de montaña, como charrales. Sin que conste en autos prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales al ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental, dada la naturaleza de esa finca. Tampoco se acredita un cambio de uso de suelo en la finca a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que sus reclamos no son atendibles. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico-científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación probatoria debida, en cuanto al motivo por el cual estima la apelante las actividades existentes o que existieran en el pasado, lesionan los fines de esa zona. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respeto del uso del suelo, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso suelo o hídrico alguno.  Se rechaza el agravio.

 VII- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1, 2 y 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, ordinales 6, 7 y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, se admite la prueba para mejor resolver ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992. En lo apelado se confirma la sentencia recurrida.

POR TANTO

 Se admite la prueba para mejor resolver ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992.  En lo apelado, se confirma la sentencia N° 2023000265 de las diez horas quince minutos del doce de octubre de dos mil veintitrés.

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-000113-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:16:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Agrario

Resolution No. 00060 - 2025

Date of Resolution: January 28, 2025 at 14:32

Case File: 22-000113-0699-AG

Drafted by: María Rosa Castro García

Type of Matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Type of Content: Majority vote
Topics (descriptors): Agrarian possessory information
Subtopics:
Admissible when decennial possession prior to the decree creating the protected wild area is proven and technical recommendations are followed.
Topics (descriptors): Protected wild area
Subtopics:
Admissibility of possessory information when decennial possession prior to the decree affecting the area is proven and technical recommendations are followed.
Rulings in the same sense

Text of the resolution

* * 2 2 0 0 0 0 1 1 3 0 6 9 9 A G *

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CASE FILE:

22-000113-0699-AG - 2

PROCEEDING:

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

PROMOTED BY:

ANA JULIA ROMERO MORA

VOTE No. No. 2025000060

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours thirty-two minutes on January twenty-eighth, two thousand twenty-five.-

NON-CONTENTIOUS PROCEEDING FOR POSSESSORY INFORMATION established by ANA JULIA ROMERO MORA, of legal age, married once, homemaker, identification number two-four hundred forty- zero zero eighty-five, and resident of Palmital de El Guarco, Cartago. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL through its general judicial attorney-in-fact, Diana Graciela Araya Rodríguez, of legal age, divorced twice, attorney, identification number five- three hundred eighty-nine- nine hundred twenty-seven, resident of Desamparados, and the STATE, through its representative the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, appearing on its behalf attorney Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, attorney, identification number two - zero five hundred forty-five - zero six hundred one, resident of Alajuela. Acting as directing attorney for the promoting party is attorney Ronald Gerardo Cerdas Rojas, bar number five thousand two hundred one. Processed before the Juzgado Agrario of Cartago.

Drafted by Judge Castro García; and,

CONSIDERING:

I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: 1. The promoting party files these proceedings, requesting that the property described in cadastral plan number 3-2307921-2021, which is a lot with three dwelling houses and a large shed, located in Palmital, San Isidro de El Guarco, Second District of the Eighth Canton of the Province of Cartago, be registered in her name in the Public Registry of Real Property. Bordered on the North: Quebrada Palmital; on the South: Public road with a frontage onto it of nineteen point thirty linear meters, on the East with Luis Alberto Sánchez Cerdas and Ana Julia Romero Mora, and on the West with Saúl Thames Alfaro and Anselmo Fallas Calderón. Area: Ten thousand nine hundred eighty-six square meters. (initial brief -images 1 to 4, plan image 7). 2. The adjoining parties Saúl Thames Alfaro, Anselmo Fallas Calderón, Luis Alberto Sánchez Cerdas and the promoter herein Ana Julia were notified of this titling and did not oppose it (see images 17 to 20). 3. By resolution of fifteen hours thirty-three minutes on November eighteenth, two thousand twenty-two, the State, through the Procuraduría General de la República, and the Instituto de Desarrollo Rural were deemed to have appeared (images 64, 68 to 70 the PGR and image 71 the INDER). 4. The edict was published in the Judicial Bulletin number 9, dated Thursday, January 19, 2023, page 37. (See images 125 to 126). 5.- Judge José Francisco Chacón Acuña, in judgment number 2023000265 of ten hours fifteen minutes on October twelfth, two thousand twenty-three, resolved: «POR TANTO: The present Possessory Information proceedings are APPROVED. The Real Property Registry shall proceed to register for the first time and in the name of ANA JULIA ROMERO MORA, identification number two-two hundred forty-eight hundred eighty and (sic) five, the unregistered property described as follows: Lot with three dwelling houses and a large shed, located in Palmital, San Isidro de El Guarco, Second District of the Eighth Canton of the Province of Cartago. Bordered on the North: Quebrada Palmital; on the South: Public road with a frontage onto it of nineteen point thirty linear meters. Area: Ten thousand nine hundred eighty-six square meters, with plan registered in the Catastro Nacional under number 3-2307921-2021. The property to be titled is subject to the legal reservations applicable to the species under the terms of Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and its amendments regarding: a) The frontage onto public roads and/or neighborhood roads, regarding the width of twenty meters for the former and fourteen meters for the latter, in accordance with the provisions of Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos number 5060 of August 22, 1972 and its amendments; and b) The provisions of Articles 33 and 34 of the current Ley Forestal. The foregoing so that it is respected both by the titleholder and by third parties (principle of registry publicity).-» (Images 138 to 144)

II- Evidence for better resolution. Based on Article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the evidence for better resolution submitted by the Procuraduría General de la República consisting of the PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER (COBERTURA FORESTAL) IN PLAN 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992 from image 149 to 152 is admitted, as it is useful and pertinent to the resolution of the appeal filed.

III- The facts deemed proven are shared, as they are consistent with the evidence provided in the proceeding. As such, the following is added at this instance: 8) That the titleholder, adding the possession of her transferors Maximiliano Mora Torres and Julio Mena, has been in possession since 1973, safeguarding the forest resource of the property to be titled in a public, peaceful, continuous manner and with the character of owners for more than ten years prior to the Zona Protectora of Río Navarro and Río Sombrero, protecting the forest resource. (Testimony of Rigoberto Ortega Cordero, Rubén Ortega Quirós and Ramón Fallas Torres, digital file in pdf audio format of the hearing).

IV.- Appeal. The Procuraduría General de la República appeals the approving judgment No. 2023000265 of 10:15 hours on October 12, 2023, setting forth the following grievances: Approval without demonstrating the exercise of ecological possession. Attaches evidence for better resolution: report No. DIG-GGM-INF-006- 2023, from the Instituto Geográfico Nacional. Alleges, regarding the property depicted in plan No. 3- 2307921-2021, that evidence shows that for the year 1974 it was covered by forest in 59.19%, and for the year 1992 the forest covered 77.77% of the property's area. Said forest cover (cobertura forestal) was eliminated and, in accordance with what is stated in the land-use study of April 14, 2022, the property to be titled has a current land use of "orchard." States, in a brief added to the digital folder on 09/05/2023, they pointed out that the promoter did not prove the exercise of ecological possession, given that from what is stated in the plan, the land-use study and what was verified at the time of the judicial inspection, it is evident that the land has a current use of orchard. In addition, there are constructions on the property, some recent, as well as Peruvian guava trees, lemon, orange, mandarin and plantings of Indian cane; all activities contrary to the conservation purposes of protected wild areas. This was not analyzed, and it is considered that the proceeding should have been rejected. Indicates, respects, but does not share, the criterion outlined in the judgment regarding equating the "exercise of ecological possession" with "conforming land use." Incorporates various votes from this Tribunal. Lack of proof of derived possession prior to the dedication to the public domain. Qualifies the judgment as contradictory, by recognizing that the possession necessary to acquire a property by adverse possession located entirely within the Zona Protectora Río Sombrero-Río Navarro must have been exercised at least since 1974. However, the titling was approved, deeming it proven in proven fact 7 that Julio Mena Ortega transferred to the titleholder, in the year 2021, the possession of "more than forty years," which only takes us back to 1981. When selling, the transferor transfers the totality of the possession exercised both by him and by former owners, so it cannot be assumed, to the detriment of the environmental public domain, that those 40 years of occupation do not include the occupation of Mr. Maximiliano Mena, the alleged first owner. In this regard, it points out that the witness Ramón Antonio Fallas Torres stated that Julio had the property for "more than ten years" and Rigoberto Ortega Cordero asserted that he occupied it for more than 18 or 20 years. Furthermore, the chain of possession was not demonstrated clearly. Points out that witness Rubén Ortega Quirós, despite saying he had known the property for a long time, could not specify the time of occupation by Maximiliano Mena Torres; hence, it cannot be added to the "possession" that the promoter claims to have exercised. In this regard, the ruling of the Tribunal Agrario in vote 1434-F-2011 is cited. Criticizes the effects of proving the chain of possession: it is not enough for the three witnesses to list the names of the alleged previous occupants, but they must refer to the time and manner of the occupation of each one of them, which in this case did not occur, and the proceeding should have been disapproved (image 154 to 158 digital file in pdf format).

V- The property sought to be titled through this proceeding is located in Palmital de San Isidro de El Guarco, second district of the eighth canton of the province of Cartago, has an area of 1 hectare 986 square meters and is located within the Zona Protectora Río Navarro and Río Sombrero, created by Decreto Ejecutivo DE 15436- MAG of June 5, 1984. In accordance with the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, in order to title that property, it is necessary to prove decennial possession prior to the effective date of said Decree and to have protected the forest resource. To demonstrate the foregoing, the promoter offered the testimony of three witnesses, as required by Article 6 of the cited Law, who testified on June 16, 2023. On the other hand, if it is intended to take advantage of transferred possession, the title by which the titleholder acquired possession must be attached, according to Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. The allegations are directed at challenging the evidentiary assessment rendered in the judgment that approved the proceeding filed, regarding the demonstration of derived possession by the titleholder and demonstration of ecological possession over the property. It should be cited that, in accordance with Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the evidence in the judgment must be assessed under the system of free evaluation that governs the agrarian process, setting forth the reasons of fact and law that support the decision. Having analyzed the appealed resolution, this Chamber considers that it does not contain an erroneous or contradictory assessment. Regarding the demonstration of the antiquity of possession over the land, this Tribunal observes that the testimonial evidence was available, which this Tribunal will proceed to review. In the testimonial evidence gathered on June 16, 2023, at the place to be titled, what was stated by the witnesses offered was recorded. Regarding the testimonial evidence, witness Rigoberto Ortega Cordero (minute 00 to 16:00 of the testimonial evidence file in pdf format), being a native of the place, having known the property for 60 years. He recounted that the first owner he knew was named Maximiliano Mena Torres, who dedicated himself to keeping the land as it is today, but without dwelling houses. He indicates that there was pastureland, cabuya plantings that were common but ceased to be cultivated because the factory disappeared and was no longer producing, nor buying from the people of the area. He stated that he knew Maximiliano or Maximino, who owned the property for many years. He mentioned that Julio acquires it because it belonged to Maximino and it was donated to him about 18 to 20 years ago. He noted that later Julio transferred or donated it to the promoter recently; about 1 and a half or 2 and a half years ago approximately. He indicates that on the property there are no bodies of water such as springs (nacientes), but that at the back, heading north, there is a river, that what exists now is what has always existed, there is no cattle because the soil is not suitable, as it is very steep, and there is mostly an activity of having fruit-type trees, due to the characteristics of the land. He mentions the names of the adjoining owners. He notes that the uses of the property have always been the same. In the locality, only that kind of tree species is cultivated. He indicated that it has always been fenced and the same conditions are maintained; the property is a single piece, it has flat topography in a small sector and is steep in the rest, with an area of 8 thousand to 10 meters. Doña Ana Julia is known as the owner, there have been no conflicts. The promoter has kept it clean, fenced, and in a peaceful and continuous manner, in the capacity of owner. This testimony proves possession by persons since the year 1963 in the capacity of owners, given the year the testimony was rendered, that the condition of the land remained in the same conditions as the current ones, noting that the cultivation of cabuya ceased due to the closure of the factory in the area that traditionally used that raw material. Furthermore, regarding the possessory chain, the owners were Maximino Mena Torres, who transferred to Julio Mena Torres 19 or 20 years ago, and subsequently to Ana Julia Romero. Witness Ramón Fallas Torres (minutes 16:00 to 21 of the audio), states he is a resident of the place, has known the land for 55 years, when it belonged to Máximo Mena, who had cabuya. Then he donated or bequeathed it to Julio Mena, who held it for several years, for more than ten years. He kept it with the cabuya, but since "that folded," it became scrubland. Ana Julia acquires it by donation from Julio, a couple of years ago. The possessory rights were transferred. Doña Ana Julia keeps it as it is, he sees no crops, there are the little houses, fruit trees. There is a creek (quebrada) with which it borders. It has been in natural conservation, there are three or four constructions. He describes the adjoining owners. It is found to be bounded, one piece of land, he physically locates the plot, of sloped topography, with an approximate measurement of one hectare. Only she is known as the owner, as well as by the neighbors. There have been no conflicts with adjoining owners or other persons, it has not been abandoned. Her possession has been peaceful. In the testimony rendered, a possession since the year 1968 is declared in the capacity of owners, considering the evidence was given in the year 2023, with an unchanged activity throughout the years up to the present, referring to the former cabuya cultivation that ended and generated scrubland. Regarding the possessory chain, he refers to Maximino Mena Torres, who transferred to Julio Mena Torres and subsequently to Ana Julia Romero recently. He adds that there have been no interventions in the vegetation of the property, nor in the areas near the bordering river. This is therefore coincident with the testimony of Rigoberto Ortega. Witness Rubén Ortega Quirós (minutes 21:00 to 29:45 of the safeguarded audio), when asked by the judge how long he had known the property, expressly stated approximately 50 years (minute 22:32). Subsequently, regarding what is of interest, the judge inquired (minute 23:20): "you told me that you know the land for more than 40 years, correct?" the witness answers: "yes." The witness stated, the land belonged to Maximino Mena, who held it for years as he had it in cabuya fields, since he lived from that. Then he passed it to Julio his son, so he could work it. Julio held it for several years with cabuya. Ana Julia acquires it, because Julio gave it to her as a gift a couple of years ago. Doña Julia has it with the three little houses that are there and the rest the cabuya was lost. There is a creek (quebrada) at the end of the boundary, where there has never been any intervention as it is in a natural state. Regarding agricultural acts, there is lemon. He knows and describes the adjoining owners and directions. The property is rough and only a flat area where the little houses are. Only Doña Julia is known as the owner, and the neighbors know her in that capacity, there have been no conflicts or abandonment of the property. Regarding maintenance acts, it is to preserve the house and there are fences that are maintained. Possession has been public, peaceful. Later he clarifies and repeats that he has known the land for fifty years. For this Instance, in the testimony rendered, a possession since the year 1973 is declared in the capacity of owners and owner through the possessory chain of Maximino Torres, to his son Julio Torres and then to his wife Ana Julio Romero, considering the evidence was given in the year 2023. Past activity of cabuya and currently of maintaining the property in the conditions found. Pointing out that in the creek (quebrada) area there has been no intervention whatsoever. From the relationship of the three declarations, a congruency of the testimonial evidence is concluded regarding the demonstration of the cited possessory chain, since 1963, 1968 and 1973 respectively for each witness. On the other hand, no land-use change (cambio de uso del suelo) was proven from the year 1968 to the present. In the opinion of this Chamber, the proof of the possessory chain and the necessary antiquity, given the dedication with the creation of the protective zone in question in 1984, has been fulfilled. As such, the possession must be demonstrated at least since 1974, and what was recounted by the declarants proves the decennial possession prior to the creation of the Zona Protectora Río Sombrero -Río Navarro through three witnesses. The arguments regarding the lack of precision in the number of years that the witnesses recount are not acceptable, since under the system of free evidentiary evaluation and the integration of the evidence, the fundamental aspect is the proof of the exercise of possession since olden times, without finding contradictions among the witnesses. They declare facts that occurred more than fifty years ago, where it is not possible to demand an exact mention of dates for each one, but rather the demonstration within the approximate time frame of the exercise of possession. This Tribunal does not find, from the testimonial evidence, periods in which it cannot be deduced that the property has been subject to possession by private individuals since at least 1973. From listening to the testimonies, they are clearly denoted, credible, and delivered in a secure manner. These must be contrasted with the deed of acquisition of possession and improvements, where Julio Mena Ortega sells the possession to Ana Julia Romero Mora on June 29, 2021 (image 88 digital file in pdf format). In the initial brief. Regarding the exercise of the possession proven, it was mentioned in the initial brief and clarification that Ana Julia Romero Mora requests the titling of the property, that on June 29, 2021, Julio Mena Ortega transferred to her the possession he exercised "greater" than 40 years, destined to acts of care of natural resources, cultivation of fruit trees, ornamental plants, diverse trees and where she dwells. She describes the existence of houses and two large sheds used by her family for 30 years. Located in the Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero (image 1 to 6 pdf format digital file). The proceeding is filed in May 2022 before judicial offices. Regarding the transfer of possession, in a later brief (image 25 pdf format) she indicates that her husband alienated to her by public deed of June 29, 2021, the possession of forty years. Elements that prove the translative title of the possession that the titleholder acquires, and with the testimonial evidence, the exercised possession is proven (Article 6 of the Ley de Información Posesoria). The grievance regarding the lack of demonstration of derived possession is rejected.

VI- Regarding the grievance concerning the absence of ecological possession of the property affected by the protective zone in which it is immersed, it is rejected. It should be mentioned by this Instance regarding protected wild areas, that regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Responsibility for their administration, management, and guardianship falls on MINAE, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Ley de Biodiversidad defines them as delimited geographical zones, formed by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent a special significance, an interest of guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes express referral to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. The administration by Law falls exclusively on the Ministerio de Ambiente y Energía, except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the Natural Heritage of the State, regulated by Article 13 of the cited norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAE. This set of regulations must be interpreted with the provisions of Article 58 in fine of the Ley de Biodiversidad, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant populations, natural or legal persons, over the lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, regardless of its management category, the titleholder must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wild area." In the specific case under study, the appeal claims that an ecological possession was not demonstrated, because there are three houses and a large shed, the land-use study recorded a use as orchard, and this demonstrates the non-compliance with the exercise of possessory acts that protect the natural resources. The evidence pertinent to this aspect should be analyzed at this instance. In the judicial inspection of June 16, 2023, it was described that there is an esplanade of about 400 square meters where a recently built house is located, with prefabricated material and a wooden large shed. The flat sector is identified from the area with rough topography with a fence, since due to the inclination of the land, an internal fence was placed for safety to prevent passage. It was indicated that the property borders with a frontage onto a public road. It was noted that in the other section of the property, which has a steep slope and is difficult to access, it contains forest (montaña), cabuya, trees typical of the area, and is also bounded with barbed wire. It was mentioned that at the back, the Quebrada Palmital is located, which was stated to be in a natural state, with vegetation and without human intervention. At the back, an autochthonous forested area, without vestiges of human intervention, all in a natural state. It was referred, from the main entrance to the property on the road, it is on a slope up to the aforementioned esplanade. With the presence of Indian cane and well-maintained grass. The road, it was indicated, is on a slope with sections of ballast and concrete. It is mentioned, there is an area where the machinery is. There are three little houses and the large shed to store materials and a vehicle area. The houses are inhabited. In this regard, it was stated, from the entrance, there is the large shed for vehicles, the house of the promoter's mother. Then a wooden cabin that contains surrounding trees and diverse crops of fruit and flowers. A small area of two to three square meters of culantro cultivation. And that the other houses are inhabited by relatives. The description included the existence of a small henhouse large shed. From this judicial inspection, it is possible to verify that the property has an area in a sector destined for the permanence of houses of the family nucleus and places for sheltering vehicles and own belongings, with a henhouse. Additionally, cultivation areas and mostly conservation of mountainous vegetation typical of the autochthonous ecosystem. Coupled with the protection of the margins of the creek (quebrada) and that there are no vestiges of logging or extractive activities of wood or other elements. This must be contrasted with the Land-Use Study (Estudio de Suelos), which corresponds to a technical-scientific report regarding the use of natural resources, specifically the soil resource. In this regard (image 11 to 14 pdf format), it describes that the property measures 1 hectare 986 square meters. With a current use of orchard. In the observations item, it was recorded that in sector A there are: permanent crops of laurels, musas, ornamental plants such as Indian cane, various fruit trees, planted along the contour of the slope via level curves, with individual pruning, annual replanting, leaf litter and branches placed in the access paths to the plantation, edaphic fertilization every 3 months, with weed management, live fences of itabo, poppies, with an asphalted access road and internal paths with ballast. With experimental fences with 6 strands of barbed wire and well-pruned hedges, importantly, great scenic beauty that enhances the property for agro-tourism activities, with good drainages with buffer works like channels and stone barriers. Live fences at the boundaries. Small residential buildings and warehouses for agricultural activities and care of the property. Area of great scenic beauty. Small buildings for agricultural activities such as granaries. Protection zones are evident even though the plan does not show restrictions. Land affected by the Ley Forestal 7575 for complying with the respective setbacks. Certifying the conforming land use at 100%. In the recommendations section, regarding what is of interest, it describes a series of technical aspects proper to the science of soils that are advisable for the specific soil found on the land, as well as it was recorded that some crops such as coffee or cabuya have been planted in those areas for around 5 decades in an artisanal manner. For this instance, this technical document shows that the property has been destined for the maintenance of the natural vegetation of the area given the altitude and topography of the land, with a history of rational exploitation through cabuya, inclusion of Indian cane and crops like culantro on a very small scale. In addition to the maintenance of 3 dwelling houses and some rooms proper for the maintenance of the property and a small henhouse. The study records that the Ley Forestal should be respected given the vegetation present and that there are laurels that are autochthonous to the area. This instance does not understand that having what is called an orchard with the description already cited above, implies an elimination of forests or damage to the natural resources and the purposes of the protective zone in which the property is immersed. As the land-use study itself says, regarding crops, the cabuya in that area had been developed for almost 50 years in an artisanal manner; a particularity of the community in which that protective zone is immersed. However, there is no vestige of elimination of forests or mountainous vegetation. The cited evidentiary elements must be contrasted with the declarations of the witnesses already cited supra who referred to the absence of land-use change (cambio de uso del suelo) or human intervention. Contrary to what was alleged by the Procurator Entity, it is considered that the persons who have held possession of the property subject to the proceeding have instead destined it to the conservation of mountainous vegetation, conservation of soils, and of the water resource with which it borders. The state representative provides as evidence the "PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER (COBERTURA FORESTAL) IN PLAN 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992" (image 149 to 153 pdf format digital file) in which the Procuraduría General de la República requested the informant: "I would greatly appreciate it if you could indicate to us, in view of the information that Institute holds for this purpose (forest cover maps, aerial photographs, satellite images, etc.), whether the land depicted in plan No. 3-2307921-2021 had forest cover (bosque) only for the years 1974 and 1992." The document recorded: "Year 1974 Figure 2. In the year 1974, property 3-2307921-2021 had forest cover (bosque) covering approximately 59.19% of its area. Specifically, two sectors to the north and the southwest sector of the property had forest (bosque), the remaining percentage was covered by pastures… Year 1992 Figure 3. Property 3-2307921-2021 for the year 1992 increased its forest cover (bosque) with respect to what was identified for the year 1974.

Approximately 77.77% of the property's area had forest cover (bosque), and the remaining percentage corresponded to pasture.” (bold text does not appear in the original). It is worth noting that the witnesses indicated they did not observe human intervention, nor did they mention any timber extraction activities up to the present. Thus, it is concluded that possession has been exercised in a manner that safeguards the natural resources, and the farm has seen its forest cover increase, as well as the protection of the protection area (área de protección) of the stream (quebrada) it borders to the north. From the integration of the cited evidence and according to what was recorded in the judicial inspection (reconocimiento judicial), there are currently areas of forest vegetation. For this court, the fact that the soil study indicates orchard use, as claimed in the appeal, does not lead to the understanding that there is harm to natural resources, given what is recorded in that same technical report and all the evidence already cited and analyzed, which constitutes the technical evidence that the property has been dedicated to the maintenance of the natural vegetation typical of the area and the topography of the land throughout the decades that the farm has been in possession by private parties. All of this evidence demonstrates compliance with the legal requirements in order to prove suitable possession (posesión idónea) as the owner (dueño) of the land subject to this proceeding. Finding no obstacle whatsoever that prevents this Tribunal from considering that the submitted proceeding should be approved. The management category (categoría de manejo) of Protective Zone (Zona Protectora) was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Said legislation omitted defining the concept of each of the classified categories regulated by that article, and the current Forest Law (Ley Forestal) number 7575 also lacks a legal definition. For its part, the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has defined them as: "lands, mostly of forest aptitude, appropriate for timber production, on which management actions are executed with sustainability criteria." (Table on Management Category, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, the repealed Forest Law number 4465 of November 25, 1969, defined the Protective Zone in Article 83 as: “…those areas of forests or forest lands that, established by provisions of law or by decree of the Executive Branch (Poder Ejecutivo), are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or environment.” Subsequently, Forest Law 7174 defined it in the same terms indicated, while, as noted, the current Forest Law number 7575 of February 13, 1996, does not refer to this management category, nor to any other. For its part, the Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República) indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: "Now, Forest Law number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned a clear environmental purpose to protective zones, since they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The environmental legislation currently in force assigns this same objective to protective zones, as a management category of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), although it does not define the term.” (Opinion C-323-2004). In the same vein, Opinion C-16-2002 defined: “The term ‘Protective Zone’ has been used in our legal system as a management category of protected wild areas whose primary purpose has been associated with the protection of the soil resource and the hydrological regime (springs (nacientes), protection zones (zonas de protección), hydrographic basins (cuencas hidrográficas), etc.).” This court considers, from the study of the testimonial statements, the normative and technical references of the soil studies and the judicial inspection, in addition to the evidence called: PHOTO-INTERPRETATION STUDY: FOREST COVER IN MAP 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992, on demonstrating that there is charral vegetation on the land, with forest species typical of the area, and that the parcel is in a process of existence of charrales that constitute forest regeneration, the environmental requirements for titling (titular) have been met, without accepting the appeal's argument to proceed with the rejection of the proceeding. The conduct and possession displayed by the titleholder (titulante) and the previous possessors shows the development of ownership (dominio) adhering to the conservation of natural resources, especially the soil resource. In Environmental Law, the principle of sustainable development and technical-scientific criteria prevail, and this is how it must be interpreted by legal operators, with the opinion of the soil study and what is proven in the photo-interpretation study being scientific criteria regarding the protection of the soil resource and the existing vegetation. There is no record in the case file of any prevention by any competent environmental oversight authority indicating to the titleholder any act or conduct, active or omissive, regarding non-compliance with environmental legislation throughout the decades of possession by the petitioner or the previous possessors. It was demonstrated, as observed by the soil use certifier and the judge, that there is a conforming use of the soil and the presence of mountain vegetation, such as charrales. There is no evidence in the case file that the petitioner or previous possessors were warned, sanctioned, or found guilty of having violated the national environmental protection legislation, from which it could be inferred that they have transgressed their obligation to exercise possession in respect of natural resources by exercising possession of a property with environmental limitations, given the nature of that farm. Nor is any land-use change (cambio de uso del suelo) on the farm to be titled, to the detriment of the environment, proven from before the creation of the management category of Protective Zone in question up to the present, or at least there is no evidence to that effect. Therefore, their claims are not admissible. Note that each management category has its own technical-scientific purposes, without it being understood that the existence of any of them absolutely excludes human activities of production or recreation. This is defined in the respective territorial planning plans (planes de ordenamiento territorial) for each one. In this case, the grievance under review is devoid of due evidentiary basis, as to the reason why the appellant considers the existing activities, or those that existed in the past, harm the purposes of that zone. It should not be forgotten that according to Article 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and regarding its use and exploitation, in ruling N. 144-96 at 4:51 p.m. on January 9, 1996, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, there is the option for the owner to keep their land, since, following the management plan, they can continue to exploit it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, so they do not render their right nugatory." In this case, the petitioner has demonstrated a use of the property in respect of land use, the witnesses did not prove timber extraction activities or activities that harm any soil or water resource. The grievance is dismissed.

VII- For the reasons stated, based on Articles 1, 2, and 52 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), articles 6, 7, and 1 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), the evidence for better provision (prueba para mejor resolver) is admitted: PHOTO-INTERPRETATION STUDY: FOREST COVER IN MAP 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992. On the appealed matters, the appealed judgment is confirmed.

THEREFORE

The evidence for better provision is admitted: PHOTO-INTERPRETATION STUDY: FOREST COVER IN MAP 3-2307921-2021. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992. On the appealed matters, judgment No. 2023000265 of ten hours fifteen minutes on October twelfth, two thousand twenty-three, is confirmed.





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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)



 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)



 



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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

 

EXP: 22-000113-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:16:42.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República